La siguiente crónica alarmante rompe con todos los estándares de seguridad y el buena vida que permanentemente ostenta o quiere intentar ostentar la Ciudad de Buenos Aires. Newstad escuchó de primera mano el infierno de un menor abusado y maltratado en instituciones porteñas. También escuchamos la súplica de su madre, que vivió esta pesadilla mientras su hijo, además, también estuvo desaparecido. 

Todo acá, ni en la frontera, ni en Formosa, ni en ningún país vecinos. Acá, en la Ciudad de todos los argentinos, B. de sólo 11 años, sufrió todos los maltratos posibles. 

Al menor lo llamaremos a partir de ahora “B” para preservar su identidad. Pero los datos bien duros y ciertos son que B tiene apenas 11 años y fue abusado en el Centro de Atención Transitoria III y el Hogar La Casa de Coca , un centro dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se describe en documentos públicos de la Ciudad, La Casa de Coca “garantiza la adecuada cobertura de necesidades de protección de los niños y adolescentes que allí se alojan”. Pero esta no pareció ser la experiencia que vivió B. 

Según su madre, Giselle, su hijo, con Trastorno Oposicionista Desafiante, sufrió en ambos establecimientos un notorio descuido de su salud integral. “En el CAT III sufrió abusos físicos y psicológicos. Lo mismo pasó en La Casa de Coca. Ahí fue evidente el maltrato, el descuído. Se le hacía infección en los pies. Le robaban y le rompían sus cosas. También estuvo muy golpeado. Él nunca se animó a decirme si fueron sus compañeritos o quienes debían cuidarlo, que desde ya no lo hicieron”. 

Todo esto ocurrió debido a que en su momento Giselle quedó en la calle. La mujer afirma que fueron insistentes sus pedidos para recibir algún tipo de subsidio habitacional, teniendo en cuenta la urgencia de tener a B. y otra hija con ella. La respuesta fue tajante y carente de empatía: “Cuando te quedes en la calle llamá al 108”, dice Giselle que escuchó del otro lado del teléfono por parte de la Defensoría Zonal Nro 12. Por lo tanto a la madre no le quedó otra opción que entregarlo a estos centros de cuidado de la Ciudad. 

Luego de estas vivencias traumáticas años atrás, el calvario para B fue hasta hace horas todavía peor. El menor que hoy tiene 11 años, salió de su casa y se perdió….. y termina internado en el Hospital Ramos Mejía bajo condiciones de supervisión por demás irregulares. 

“El 30 de septiembre ingresó al Ramos Mejía. Estuvo sin colegio 10 semanas. Solicité la orden de retención del menor y no me la daban”, denuncia la mamá de B. Los audios del menor, a los que tuvo acceso Newstad, son escalofriantes: "“No quiero estar mas en el hospital, ya van 7 semanas y no aguanto más. No quiero estar más acá, quiero ir con mi mamá, estoy harto, no aguanto más. Por favor hagan algo, no aguanto más”.

Y hubo un hecho inaceptable, otro más, relatado por el menor: “Un oficial amenazó con fracturarle un dedo. Dijo que están autorizados a esposarlos y golpearlos. Pero tiene 11 años, no es un delincuente", relata la madre, como puede, a este periodista. 

B no soportó más y escapó, por lo que estuvo desaparecido durante casi un día hasta que fue encontrado este lunes por la tarde. B estuvo, siendo menor y con un trastorno, expuesto durante horas a cualquier otro desastre, a la trata, el peor escenario para una infancia. Pero el miedo no termina: “Mi terror más grande es que la fiscalía dictamine que yo tenga que llevar a mi hijo a estos centros donde ya fue abusado o de nuevo al hospital donde fue amenazado y escapó”. 

Giselle hizo estas denuncias en la Fiscalía 22 y continuará en contacto con Newstad en horas en las que todo es incertidumbre para ella y su hijo B. 

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual que operaba entre la ciudad de Corrientes y la localidad turística de Paso de la Patria. Luego de meses de seguimiento y siete allanamientos simultáneos, las fuerzas federales detuvieron a dos sospechosos, quienes serían los responsables de captar y trasladar a las víctimas. Entre los investigados habría una agente del Servicio Penitenciario provincial, lo que complica aún más el caso.

El operativo fue llevado a cabo durante el último fin de semana por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) de Corrientes. La pesquisa comenzó a partir de un oficio judicial que ordenaba investigar el accionar de una mujer señalada como la encargada de contactar a los clientes. Según los investigadores, ella coordinaba el traslado de mujeres desde la capital provincial hasta Paso de la Patria, donde eran explotadas sexualmente en fechas y horarios previamente concertados.

Durante los procedimientos, la PFA logró:

La víctima fue puesta bajo resguardo y asistida por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que ordenó su retorno al domicilio, acompañada por personal policial.

La investigación continúa abierta, ya que las autoridades ahora buscan determinar el rol de una funcionaria del Servicio Penitenciario de Corrientes que habría colaborado con la red. El Ministerio de Seguridad de la Nación destacó la labor de la PFA en su esfuerzo sostenido por combatir el delito de trata de personas en la región.

La trata de seres humanos constituye un delito aberrante que convierte a las personas en simples mercancías, despojándolas de sus derechos y de su libertad. La gran mayoría de las víctimas sufren explotación sexual y/o laboral, y un alto porcentaje son menores de edad.

Las víctimas suelen ser captadas en contextos de vulnerabilidad: migran desde sus países de origen por pobreza o necesidades urgentes, son engañadas con promesas de trabajos legales y formales, o son captadas a través de internet y redes sociales, como ocurre con el grooming en menores. Siempre existe un engaño inicial, seguido del sometimiento. Una vez atrapadas, no pueden escapar: les retiran sus documentos y pasaportes, son aisladas de sus familias y entornos, se les impide comunicarse y son amenazadas constantemente, lo que las paraliza.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 68/192 en el año 2014.

En las campañas de prevención se utiliza como símbolo un corazón azul, que representa tanto la tristeza de las víctimas como la frialdad de quienes trafican con personas. Esta imagen busca generar conciencia social y visibilizar este delito, promoviendo la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es:“La trata de personas es un crimen organizado. Pongamos fin a la explotación”.

Escuchar a las víctimas es esencial. Comprender cómo fueron captadas, qué padecieron, cómo vivieron el proceso y qué recuerdos conservan permite diseñar mejores estrategias de prevención, rescate y acompañamiento, y ayuda a salvar a otras personas que aún están atrapadas.

Se estima que más de 2.500.000 personas son víctimas de trata en el mundo, aunque se calcula que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar.

A pesar de la dificultad para obtener datos precisos, las cifras estimadas indican que este delito creció un 25% en los últimos años. Más del 61% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 70% de las organizaciones criminales están conformadas por hombres.

Se trata de un negocio ilegal que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales, una cifra que invita a reflexionar sobre quiénes están detrás y cómo se sostiene esta red internacional de crimen e impunidad.

Una de las frases más contundentes en la lucha contra la prostitución y la trata es:“Sin clientes, no hay trata de personas”.

Numerosas producciones cinematográficas y televisivas han abordado esta problemática. Entre ellas, se destaca la miniserie española Sky Rojo (estrenada en 2021 por Netflix), protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que expone la brutalidad y el cinismo detrás del sistema de explotación sexual.

La lucha contra la trata se estructura en torno a las 4 P:

En Argentina, el marco legal fue fortalecido con la promulgación de la Ley 26.364 el 29 de abril de 2008, que establece penas de 3 a 20 años de prisión para quienes participen en la trata de personas. Aunque representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y gratuita en la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Es fundamental visibilizar esta problemática. Combatir la trata implica enfrentarse a redes con poder económico, conexiones políticas y protección institucional. En algunos casos, hay personas influyentes involucradas, lo que dificulta aún más la erradicación del delito.

La situación en Argentina refleja una realidad global. En regiones como África, Asia y otras zonas del mundo, las cifras son incluso más alarmantes.

El abordaje debe ser integral y coordinado: con el compromiso de las autoridades, la Justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las redes sociales, y organizaciones como Missing Children, que realizan búsquedas activas de personas desaparecidas.

En esta jornada, edificios públicos y monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul para honrar a las víctimas, visibilizar la problemática y renovar el compromiso colectivo en la lucha contra la trata de personas.

Un operativo judicial y policial dejó al descubierto una red de explotación sexual que funcionaba en pleno centro de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La investigación culminó el sábado por la tarde con un allanamiento al "Nuevo Cine Ciudadela", ubicado frente a la estación del tren Sarmiento, donde se rescataron a seis víctimas, todas mujeres trans, y se detuvo a los responsables del lugar.

La causa, que lleva adelante la Fiscalía N°14, fue impulsada a partir de una denuncia de la Municipalidad de Tres de Febrero, que había recibido múltiples reclamos de vecinos sobre la actividad irregular del establecimiento. Durante el operativo, encabezado por la División de Trata de Personas de la Policía Federal y coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, las autoridades encontraron en el lugar a unos 50 hombres en calidad de clientes, quienes fueron identificados y prestaron declaración testimonial.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, los encargados del cine eran una pareja domiciliada en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ambos gestionaban el ingreso de los consumidores, quienes pagaban por ver una película pornográfica para luego mantener encuentros sexuales pagos con las víctimas en el interior del local.

Los detenidos fueron localizados horas después en su vivienda de la calle Adrogué al 600, donde se concretó su arresto. Quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín, a cargo del juez Alberto Brizuela, por violación a la Ley 26.842 sobre trata de personas. Además del arresto, se incautaron teléfonos celulares, preservativos, anotaciones, dinero en efectivo y documentación relevante para la investigación.

Uno de los responsables del comercio también fue detenido en el lugar. A las seis víctimas se las resguardó de inmediato mediante el Programa Municipal de Rescate, que intervino para asistirlas y brindarles contención.

El cine, clausurado de forma inmediata, había sido motivo de preocupación desde hace años por sus actividades irregulares, sus horarios llamativos y el constante ingreso de personas. La intervención fue celebrada por el intendente Diego Valenzuela, quien sostuvo: “Era una deuda pendiente con los vecinos. Este lugar no podía seguir funcionando bajo la fachada de una sala de cine cuando era en realidad un espacio de explotación humana”.

La clausura fue ejecutada con apoyo del Ministerio de Seguridad nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, como parte de un plan más amplio para combatir la trata de personas y cerrar espacios donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.

Con la causa ahora en manos de la Justicia, se abre una nueva etapa para determinar si hubo más implicados, redes de complicidad y si esta modalidad operaba en otros puntos del conurbano bajo apariencias similares.

Desde aquel 13 de junio de 2024 en el que desapareció Loan Danilo Peña, de 5 años, se inició una investigación plagada de giros, contradicciones, encubrimientos y pistas falsas. Sin embargo, el paradero del niño sigue siendo un misterio que exponen las falencias del sistema para estos casos y una política que niega la trata de personas en el norte argentino.

La tarde de la desaparición, Loan se encontraba junto a su padre, su abuela Catalina y una decena de familiares y allegados. Fue un almuerzo transcurrió con normalidad hasta que un grupo salió al naranjal cercano: ese fue el último rastro del niño. Primero se pensó que se había perdido. Se inició una búsqueda desesperada que abarcó más de 12 mil hectáreas de monte, con participación de policías, bomberos, rescatistas y vecinos.

Mientras se desplegaban las primeras tareas, el entonces comisario de la localidad, Walter Maciel, llegó a declarar falsamente que el niño había sido hallado, lo que retrasó las acciones iniciales. En ese primer tramo de la causa, tres personas fueron detenidas por supuesto abandono del menor: Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Antonio Benítez.

La política aportó contradicciones y metió la cola. Al show de rastrillajes para las cámaras de televisión se sumaron cambios en la cúpula policial correntina e inclusive el nombramiento de un nuevo ministro de Seguridad en Corrientes.

Se trata de Alfredo Vallejos, quien apenas asumió su cargo se encargó rápidamente de desterrar la existencia de la trata de personas en Corrientes: "A nivel nacional tenemos un registro de niños y adolescentes desaparecidos y el anterior archivo en la provincia data de casi 30 años", afirmó en medios nacionales.

“Se habla mucho de trata pero también los investigadores dicen que hay cuestiones que llevan a pensar que no es un caso de trata. Hay que poner las esperanzas en el trabajo que está haciendo la Justicia. Es la primera vez en 30 años que está la prensa nacional en Corrientes por un caso así. Esto llama la atención porque es algo que no pasa habitualmente en esta provincia", insistió Vallejos.

El ministro de Seguridad de Corrientes quedó expuesto con estas declaraciones. El caso dio un vuelco el 21 de junio de 2024, cuando se ordenó la detención de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su pareja, el exmarino Carlos Pérez, por sospechas de secuestro con fines de trata de personas. Este rumbo en la investigación fue señalado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. También lo admitió el gobernador Gustavo Valdés, que también hizo publicaciones apresuradas: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”, lanzó livinamente en las redes el 29 de junio del año pasado. 

La clave para este giro fue el hallazgo de rastros odoríferos de Loan en dos vehículos del matrimonio. Ese mismo día fue detenido el comisario Maciel, acusado de encubrimiento agravado. La causa pasó al fuero federal, bajo la órbita de la jueza Cristina Pozzer Penzo y los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. La hipótesis principal dejó de ser la desaparición accidental para concentrarse en una presunta red de trata.

Poco después, la tía de Loan, Laudelina Peña, prestó declaración en el fuero provincial afirmando que su sobrino había sido atropellado por Caillava y Pérez, quienes posteriormente descartaron su cuerpo. Según su testimonio, el comisario Maciel habría colaborado en la colocación de una zapatilla del niño para desviar la investigación. Debido a las contradicciones e inconsistencias de su relato, Laudelina también fue detenida.

Durante los meses posteriores se multiplicaron las denuncias, muchas de ellas falsas. Se llegó a especular que Loan había sido trasladado ilegalmente a Paraguay, o que había sido visto en un shopping en Barranquilla, Colombia. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada. Incluso se escanearon estómagos de animales salvajes de la zona, en una línea de investigación desesperada.

Se realizaron operativos en Santa Cruz y Chubut tras denuncias sobre un niño que habría dicho "yo soy Loan". Todas las líneas de búsqueda dieron resultado negativo. 

A un año de la desaparición, siete personas están procesadas con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento del menor: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel y Laudelina Peña.

Los fiscales solicitaron la elevación a juicio oral, que se espera sea uno de los procesos judiciales más importantes del año. La acusación plantea que en el naranjal se produjo un hecho desencadenante que derivó en la sustracción deliberada del niño, quien habría sido transportado en la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. También se señala la participación activa del comisario Maciel en el montaje de un escenario falso de búsqueda, con el objetivo de obstruir la investigación.

El caso Loan expone con crudeza, otra vez, las fallas institucionales, la debilidad de los protocolos de búsqueda y la posible complicidad de funcionarios públicos. 

En consecuencia, un año después, no hay cuerpo, no hay certezas, y no hay paz.

América Latina, el continente más desigual del mundo y el más peligroso para las mujeres, ha dado el primer paso hacia la abolición de la explotación reproductiva: dimensionar el inminente peligro que acecha a la región. A tal fin se reunieron destacados expertos en derecho, bioética, salud, filosofía y comunicaciones así como legisladores y defensores de derechos humanos provenientes de Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Francia y España para celebrar en Lima la III Conferencia de Casablanca los días 4 y 5 de junio. Casablanca es la mayor organización internacional que trabaja para la prohibición internacional de la maternidad subrogada en todas sus formas. La agrupación nació en el año 2023 bajo la dirección ejecutiva del jurista Bernard García Larraín, cuando tuvo lugar su primera Conferencia en la ciudad homónima (Marruecos, 2023). Fruto de esa reunión es la Declaración internacional por la abolición de la maternidad subrogada, que contó con la firma de más de 100 expertos de 75 nacionalidades. La segunda Conferencia tuvo lugar en Roma (Italia, 2024), donde sus promotores fueron recibidos por el Papa Francisco.

La elección de Lima como sede de la III Conferencia internacional responde al exponencial crecimiento de esta práctica en América Latina, nuevo epicentro del turismo reproductivo global. Varios factores geopolíticos han convertido a América Latina en un foco de explotación reproductiva. Entre ellos, ser el continente más desigual, violento y peligroso para las mujeres, la mitad de las cuales viven en condiciones de pobreza. La debilidad institucional, la inseguridad jurídica y la corrupción endémica contribuyen a hacer de la región un enorme yacimiento de materia prima reproductiva. A esto se suma el bajo costo comparativo de dicha práctica que en países como Estados Unidos o Canadá supera los 100.000 dólares, mientras que por ejemplo en Argentina oscila entre 20.000 y 50.000. Hablamos de un mercado global de mujeres y niños que según un estudio de Global Market Insights alcanzará en 2032 los 129 mil millones de dólares. América Latina ofrece grandes posibilidades de expansión comercial.

A diferencia de Europa, donde la mayoría de países han impuesto a la subrogación prohibiciones cada vez más estrictas, en América Latina esta práctica se mantiene en gran medida sin control. Si bien en la mayor parte de la región el alquiler materno es ilegal porque la filiación se establece por parto, sin embargo la presión del lobby internacional ha favorecido un enfoque tolerante y permisivo de la explotación de mujeres pobres, y la producción y venta de niños. Igualmente ilegal es el contrato sobre órganos o funciones reproductivas, la patrimonialización del cuerpo o la compra-venta de biomateriales. A fin de desmentir esta ostensible ilegalidad, las narrativas culturales pro-subrogación instalaron la falsa idea de una donación altruísta de materiales, órganos y funciones reproductivas, que en virtud de su generosidad harían posible el imperativo deseo de ser padres, como si los sentimientos privados de algunos justificaran violar derechos fundamentales. 

Reunidos por Casablanca, los expertos latinoamericanos coincidieron en que se trata de un mercado global de tráfico de personas que debe ser abolido. Desde las ciencias biológicas, explicaron la existencia de apego intrauterino y diálogo celular entre la madre y el hijo. Los vínculos de apego e intercambio generados durante el embarazo son una respuesta biológica y psicológica tendiente a la supervivencia y seguridad emocional de la cría, que ningún contrato oneroso puede borrar. La separación planificada de la madre los arranca e impone una traumática disociación y fragmentación biopsicosocial. Se entiende entonces que los contratos de subrogación adviertan a la madre sobre la necesidad de no generar vínculos afectivos, e incluyan terapias psicológicas de desapego y disociación. 

Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas de Argentina, conectó la subrogación con la trata de mujeres y explicó el estado de situación en Argentina, donde a partir de diciembre de 2023 una serie de sucesos policiales revelaron numerosas redes de trata reproductiva activas en el país. Desde entonces hasta la fecha, la justicia argentina ha abierto 4 causas que involucran a unos 67 sujetos –reclutadores, abogados, escribanos, clínicas y demás gestores e intermediarios– actualmente bajo investigación por presunta reducción a la servidumbre de decenas de mujeres y producción de bebés para la venta. El gobierno argentino trabaja actualmente junto con la Protex –la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas–, otras fiscalías, Migraciones y Cancillería para esclarecer estos casos y desalentar además la demanda transnacional de compra-venta en vientres argentinos.

El jurista Jorge Cardona Llorens (España), ex-miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dejó en claro que no existe el derecho al hijo propio, que contenga la misma información genética o la de terceros seleccionados por catálogo. El interés superior del niño exige conocer su origen y ser criado por sus padres, no por quienes los han adquirido como objetos de contrato oneroso, selección eu-genética y fabricación comercial. Olivia Maurel (Francia), portavoz de la Declaración de Casablanca, cerró la Conferencia con su testimonio como niña nacida por maternidad subrogada. Su primer libro “Where are you Mommy?” –que pronto estará disponible en español– reflexiona sobre su historia de desapego, arrancada de su madre y entregada a los comitentes. 

Los lobistas de la subrogación aseguran que es necesario legalizarla para evitar excesos y proteger a los más débiles. Los firmantes, expertos y partidarios de Casablanca sostienen que ninguna legalización haría aceptable una práctica de suyo indigna e inhumana. Ni las mujeres son recursos reproductivos de terceros, ni los hijos son objeto de contrato y cadena de producción. Casablanca dió el primer paso, el decisivo. Ahora es nuestro turno de exigirle al Estado el reconocimiento de la persona humana como fin per se e impedir que los más débiles sean dejados al arbitrio de los deseos e intereses privados de los más poderosos. Del nacimiento materno depende seguir siendo humanos. 

Elon Musk intensificó su enfrentamiento con el presidente de EE. UU., Donald Trump, al acusarlo públicamente de estar implicado en el caso Epstein. 

En una publicación en su red social X, Musk afirmó: "Es hora de soltar la bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!" .

Esta declaración surge tras la amenaza de Trump de cancelar todos los contratos gubernamentales con las empresas de Musk, como Tesla, SpaceX y Starlink, en respuesta a las críticas del empresario hacia un nuevo plan fiscal que elimina subsidios para vehículos eléctricos. 

La acusación de Musk generó reacciones mixtas. Mientras algunos líderes demócratas aprovecharon la disputa para destacar divisiones dentro del Partido Republicano, otros resaltaron su escepticismo debido a la falta de pruebas concretas que respalden las afirmaciones de Musk. 

En el ámbito financiero, las acciones de Tesla experimentaron una caída significativa, reflejando la preocupación de los inversores ante la posibilidad de pérdida de contratos gubernamentales y la creciente tensión entre Musk y Trump.

El caso Epstein, que involucra a figuras prominentes acusadas de delitos sexuales y trata de personas, incluidos menores, sigue siendo un tema sensible y de alto perfil en la política estadounidense. 

La implicación de Trump en estos archivos, según Musk, sería la razón por la cual ciertos documentos no se han hecho públicos, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes al respecto. 

Lo que parece un punto sin retorno en la relación de esta poderosa dupla incluyó la rápida respuesta del presidente de EE.UU: “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”, lamentó. 

“No es el primero. Hay gente que deja mi administración... y luego, en algún momento, la extrañan muchísimo, y algunos la aceptan y otros, incluso, se vuelven hostiles”, analizó.

No es preciso secuestrar mujeres a punta de cuchillo, ni transportarlas en contenedores sin agua ni ventilación, ni tenerlas amordazadas en un sótano dando a luz. De hecho, pocas formas de trata reúnen tantos elementos —tantas conductas, tantos medios— y de manera tan evidente como la gestación subrogada, lo que permite calificarla, sin rodeos, como trata de personas. De mujeres, concretamente. En el año 2000, el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños —conocido como Protocolo de Palermo— estableció que la trata de personas involucra conductas (como el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas en situación de vulnerabilidad), medios (como la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la recepción de pagos o beneficios), con la finalidad de obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación, siendo irrelevante dicho consentimiento por parte de la víctima.

El engaño en la captación de mujeres

La gestación subrogada es trata de personas en la medida en que todas las mujeres son captadas para ser madres “subrogadas” mediante el siguiente engaño: que no son madres de las criaturas que traen al mundo o, dicho de otro modo, que esas criaturas que traen al mundo no son hijas ni hijos suyos; que, al no ser madres de esas criaturas, no las venden -aunque reciban dinero en mayor o menor cuantía-, sólo las devuelven a los contratantes una vez dan a luz, porque se considera que ellos son los propietarios de esa criatura recién nacida, como si nada la vinculara con su madre. Si no fuera por este engaño sistémico en la captación de mujeres, no habría gestación subrogada, porque muy pocas mujeres aceptarían vender o regalar sus criaturas recién nacidas. Un engaño que queda desmentido por el hecho de que todas las madres “subrogadas”, sea cual sea la legislación o el modelo (comercial o altruista), tienen que renunciar antes o después del parto a la filiación materna, ya que en todo el mundo la maternidad viene determinada por el parto, incluso en aquellos países donde la gestación subrogada es legal. Este engaño viene además acompañado de otro: el que afirma que el proceso al que  se someten las madres “subrogadas” es una técnica de reproducción humana asistida, lo que otorga interesadamente a la práctica un sesgo de autoridad. Pero la gestación subrogada no es en absoluto una técnica, ya que usar a una mujer fértil para que geste y traiga al mundo una criatura por encargo y contrato no cura ni revierte la infertilidad de nadie. 

La coacción en la captación de mujeres

La gestación subrogada es trata de personas en la medida en que todas las mujeres son captadas para ser madres “subrogadas” mediante coacción, que puede operar en el plano psicológico, familiar, social, cultural, religioso y, sobre todo, económico, ya que el dinero constituye un importante aliciente, si no el mayor, a la hora de prestar consentimiento para ser madre subrogada. La principal vulnerabilidad de las mujeres es la económica. La feminización de la pobreza es global, agravada de manera desproporcionada desde la pandemia por COVID-19, siendo las mujeres las que más sufren el desempleo, la precarización de los contratos, el empleo temporal y a tiempo parcial y la brecha salarial, y es mayoritariamente sobre las mujeres sobre las que recae el trabajo no remunerado y de cuidados. A la precariedad económica se suma el estereotipo sexista que presupone a las mujeres una inclinación innata a sacrificarse por los demás, un factor más de vulnerabilidad que convierte a las mujeres, sobre todo a las más pobres, en víctimas perfectas de trata de personas. Y opera así “Si me pagan lo que no ganaría ni en diez años por ayudar a cumplir un sueño tan hermoso como ser padre o madre y si yo no soy madre del bebé ni ese bebé es hijo mío, así que no lo vendo…”. 

El traslado de mujeres y el fraude en la captación

El traslado de mujeres en contextos de gestación subrogada añade otro ingrediente no menor a la trata. Mujeres que migran con un proyecto personal distinto a la subrogación y son captadas después en el país de destino; mujeres captadas en su país y después trasladadas a otro, a veces para dar a luz en el país de los compradores del bebé, para comodidad de éstos, para abaratar el proceso de la subrogación (véase la modalidad cross-border entre México y EEUU), para eludir determinados aspectos de una legislación (ucranianas dando a luz en Chipre para parejas homosexuales, por ejemplo) o para llevar a cabo con ellas prácticas médicas que no existen en el país de origen o son más baratas en el país de destino.

Todas estas mujeres tienen un perfil muy similar, encontrándose en una situación de gran precariedad económica y de vulnerabilidad, incrementada por la migración, en un país con una lengua y unas costumbres que no conocen y alejadas de su entorno social y familiar y de sus hijos e hijas de corta edad. 

Existen cientos de grupos en Facebook donde se lleva a cabo la oferta y la demanda de mujeres con fines de explotación reproductiva y donde queda patente que se busca a mujeres para ser explotadas en otro país y que se buscan mujeres migrantes ya en el país de destino para ser explotadas allí.Estas mujeres migrantes son víctimas de trata de personas y a menudo también de tráfico, de violencia física y psicológica y de partos que con demasiada frecuencia se realizan innecesariamente por cesárea, a lo que hay que añadir el más que probable abandono a su suerte una vez entreguen el bebé, encontrándose en un serio riesgo de volver a ser víctimas de otra clase de trata de mujeres, como la explotación sexual o para la mendicidad. 

También son víctimas de fraude -otro ingrediente de la trata- en no pocas ocasiones, al no percibir la retribución pactada, ya que muchas agencias de gestación subrogada captan mujeres de manera fraudulenta, prometiendo pagos que no se corresponden con la realidad o eludiendo decir que en esa cantidad va incluido el embarazo múltiple, el parto por cesárea, la pérdida del útero y hasta bonificaciones por buena conducta. 

Confinamiento y privación de libertad

En general y en cualquier país, los contratos de gestación subrogada incluyen cláusulas sobre el radio de libre circulación y desplazamiento que la embarazada no puede sobrepasar sin autorización expresa. Si a esto añadimos la recepción de mujeres, a menudo en régimen de confinamiento o semiconfinamiento, sometidas a horarios estrictos y a toque de queda, se suman conductas que corresponden a la trata de personas. 

Por lo general, la recepción de mujeres se da en el último trimestre del embarazo, hacinadas en apartamentos, pero también durante todo el período de gestación y tras el alumbramiento. La situación de vulnerabilidad se agrava por el aislamiento familiar y la cercanía del parto o el reciente posparto —frecuentemente por cesárea—, cuando muchas mujeres son obligadas a desplazarse para realizar trámites aun con los puntos de sutura sin cicatrizar

Vulneración de derechos sexuales y reproductivos

Hay que añadir las restricciones impuestas a las mujeres en su libertad sexual, la obligación de someterse a reducciones embrionarias (abortos selectivos) si así lo deciden los contratantes, o la imposibilidad de abortar si así lo decidieran ellas, debido a las condiciones leoninas recogidas en el contrato ante esta contingencia (devolución de todos los pagos percibidos y del coste de la fecundación in vitro y las pruebas realizadas, de la póliza de seguro, más  otras indemnizaciones previstas por los clientes). 

Pierden su autonomía como pacientes y deben someterse a tratamientos, pruebas y controles médicos impuestos por la agencia y los clientes. Ni siquiera el paisaje interior de su cuerpo en estado de gestación les pertenece a ellas y es muy frecuente ver a los compradores exhibiendo las ecografías de “su gestante” en redes sociales, como si la embarazada fuera de su propiedad. Pueden decidir ellos la modalidad y fecha del parto a conveniencia y si se practican o no se practican intervenciones médicas con el fin de evitar sufrimiento vital a la parturienta o al feto, como hemos podido constatar recientemente en un vídeo de Marley que se ha hecho viral.

Todas estas conductas y medios propios de la trata se dan siempre aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres, por lo que la gestación subrogada en todas sus modalidades debe ser encuadrada como delito universal. Un delito que tiene varias causas de fondo: pobreza, desigualdad, ausencia de oportunidades de empleo viables o de apoyo social, discriminación y sexismo que hacen que, en especial las mujeres y los menores, sean vulnerables a la trata. Y por supuesto el sexo, ya que son siempre mujeres las utilizadas como madres subrogadas.

Los países democráticos y avanzados deberían comprometerse en la abolición de esta práctica heredera de la esclavitud y demostrar respeto por los derechos humanos básicos de las mujeres y de las niñas y los niños, al menos en la misma medida en que las leyes de protección animal dictan cómo se deben respetar los derechos de los animales de compañía, porque es escandaloso constatar que las madres “subrogadas” y sus hijas e hijos gozan de menos consideración social que perros, gatos y hamsters.

La gestación subrogada, también conocida como maternidad por encargo, es un tema que divide aguas en el plano jurídico internacional. Mientras algunos países la prohíben por completo, otros la permiten bajo marcos más o menos regulados, y una tercera zona ambigua la tolera bajo supuestos de "altruismo". El panorama global revela profundas tensiones entre el deseo de formar una familia y la protección de los derechos humanos.

En países como España, Francia, Alemania, Italia y Suecia, la subrogación está prohibida en todas sus formas. La legislación considera que la maternidad no puede ser objeto de contrato, y que la filiación debe derivar del parto. En estos países, cualquier acuerdo para gestar a cambio de dinero (o incluso sin él) se considera nulo, y puede ser penado como un delito contra el orden público o incluso como trata de personas.

En el extremo opuesto, Estados Unidos presenta un mosaico complejo. Mientras que algunos estados como California, Nevada o Illinois permiten la subrogación comercial con contratos detallados y aval judicial, otros como Michigan o Nueva York la prohíben o la restringen severamente. Esta diversidad convierte al país en uno de los principales destinos globales para el “turismo reproductivo”, con costos que superan los 150.000 dólares por proceso.

Otros países que permiten la subrogación con fines comerciales son Rusia, Ucrania, Georgia, Tailandia, Nigeria y algunos sectores de India, aunque este último ha restringido en los últimos años el acceso solo a parejas heterosexuales casadas y nacionales. Estos mercados han crecido por su bajo costo y escasa supervisión, lo que los convierte en focos de preocupación por explotación reproductiva.

En un tercer grupo se ubican países como Reino Unido, Canadá, Portugal, Brasil o Australia, que solo permiten la subrogación "altruista", es decir, sin pago directo por el embarazo, aunque se autorizan compensaciones por gastos médicos o de manutención. En teoría, esto busca reducir los riesgos de explotación. En la práctica, sin embargo, muchos expertos denuncian que esta forma "altruista" es una falacia: los contratos encubren pagos, la presión social o familiar opera como coacción, y la entrega del recién nacido se negocia como un bien más.

Organizaciones como la Declaración de Casablanca sostienen que toda subrogación, sea comercial o altruista, implica una violación a la dignidad humana, al convertir la gestación en un servicio prestado y al niño en un objeto de transacción. Denuncian además que muchas mujeres firmantes de estos contratos lo hacen en contextos de pobreza, migración forzada o desigualdad estructural, lo que invalida cualquier supuesto de “consentimiento libre”.

Por otro lado, la falta de legislación clara en muchos países (como ocurre actualmente en Argentina o Colombia) favorece la creación de mercados grises, donde operan clínicas privadas, estudios jurídicos y agencias internacionales que se amparan en vacíos legales para facilitar procesos de subrogación a extranjeros, muchas veces sin protección legal real para las gestantes ni para los bebés.

El debate legal sobre la subrogación no es solo jurídico o médico: es ético. ¿Puede una sociedad democrática permitir la firma de contratos donde se estipula la entrega de un ser humano? ¿Es justo equiparar el deseo de tener un hijo con un derecho absoluto, aunque implique vulnerar otros?

El mapa legal actual muestra que el mundo todavía está lejos de un consenso. Pero cada vez más voces —sobre todo las de quienes nacieron por esta vía— reclaman que se escuche no solo a los adultos deseantes, sino también a las mujeres gestantes y a los hijos que un día preguntarán de dónde vienen… y por qué fueron separados.

Basta con leer algunos portales para comprobarlo: la industria de la subrogación de vientre se nos presenta cada vez más como una historia de amor que desafía obstáculos, y no como lo que verdaderamente es: un negocio multimillonario de compra y venta de personas que se esconde detrás del dolor legítimo de no poder tener hijos.

En estos relatos mediáticos, el foco está puesto —casi exclusivamente— en quienes “lo intentaron todo” y finalmente “cumplieron el sueño de ser padres”. Se apela a la empatía del lector, se edulcora la crudeza de los hechos, se invisibiliza toda la cadena comercial que hay detrás y, sobre todo, se cosifica el cuerpo de las mujeres más vulnerables del mundo.

Un caso reciente publicado por uno de los medios nacionales de mayor difusión es ilustrativo: una pareja de hombres con alto poder adquisitivo recurre a una gestante en el extranjero para “formar una familia”. Luego, cuando reciben a una niña con una condición de salud inesperada, comienzan los reproches contra la clínica que “falló”, como si se tratara de un producto defectuoso. No hay autocrítica. No hay conciencia del abuso. Hay quejas. Como si el problema fuera el control de calidad y no la lógica de producción de seres humanos.

Detrás de estas narrativas se esconde una trampa comunicacional peligrosa. Los medios —y lo digo con dolor desde adentro— están naturalizando prácticas que atentan contra la dignidad humana. Se nos pide conmovernos con el deseo de los adultos y se omite deliberadamente la situación de las mujeres gestantes, a menudo empujadas por la pobreza a prestar su cuerpo a cambio de dinero. Mujeres que no tienen derecho ni siquiera a mirar al hijo que gestaron. Mujeres que —por contrato— renuncian a toda humanidad.

Como comunicadora social, me siento obligada a decirlo: no todo lo que genera lágrimas es justo. No todo lo que toca una fibra íntima es bueno. Y no todo deseo, por legítimo que sea, se convierte en derecho. El periodismo tiene la responsabilidad de mostrar toda la escena, incluso —y especialmente— cuando lo que se muestra no encaja con la sensibilidad hegemónica de la época.

Llamar “gestación por sustitución” a la subrogación no cambia su naturaleza. Las palabras suaves no blanquean lo inaceptable. No estamos hablando de un acto de amor, sino de contratos firmados ante escribanos, en clínicas que cotizan en dólares, con abogados que asesoran cómo “proteger al comitente” ante imprevistos. Esos comitentes son los adultos. Las madres gestantes, simples proveedoras del “servicio”. Los niños, mercancía.

Muchos de estos artículos periodísticos terminan pidiendo más regulación. Que haya controles, que se prohíba la explotación, que se reconozcan derechos básicos de las gestantes. Pero ninguna regulación convierte un delito en algo aceptable. Si se regula la trata de personas, sigue siendo trata. Si se regula la compra de niños, sigue siendo compra. La única regulación ética posible frente a esta práctica es su prohibición.

Hay voces lúcidas que acompañan esta convicción. La filósofa feminista Sylviane Agacinski denuncia sin rodeos esta práctica como una “nueva forma de esclavitud reproductiva” y alerta sobre la ilusión del consentimiento libre en contextos de desigualdad. La médica y activista Renate Klein llama a la subrogación “la explotación del siglo XXI”, donde las mujeres pobres son “colonizadas” por los deseos de los ricos. Y no es solo una cuestión religiosa o ideológica: países como Francia, Alemania, Suecia o Italia prohíben tajantemente esta práctica por considerar que vulnera derechos fundamentales.

Desde Newstad, creemos en un periodismo comprometido con la verdad, la justicia y la dignidad de cada persona. No nos corresponde adoctrinar, pero sí nombrar con claridad lo que otros disfrazan con eufemismos. La subrogación no es un gesto de amor, es una industria. No es solidaridad, es negocio. No es familia, es mercado. Y en el centro de ese mercado hay mujeres sin derechos y niños producidos como objetos de deseo.

Decimos no a la trata, sí a la vida. No al contrato que mercantiliza la maternidad. No al periodismo que silencia la injusticia en nombre de la emoción.

Informar bien no es emocionar. Informar bien es distinguir. Distinguir el bien del mal.

La Maternidad subrogada es un fenómeno que existe hace más de 40 años y al que dio origen la fecundación in vitro, que comenzó a practicarse en la década de los 70 aproximadamente. A diferencia de la adopción, esta práctica le da la posibilidad a las personas de tener hijos biológicos, ya que en el proceso pueden utilizarse los gametos de uno o de los dos padres de intención. 

Desde entonces, esta práctica viene en creciente aumento, y junto con ella la empatía generalizada con aquellas personas que, víctimas supuestamente de alguna circunstancia que les impide tener hijos biológicos, acuden a este tipo de prácticas. Sin embargo, la enorme industria que lucra con el deseo de estas personas, es quien se encarga de invisibilizar a las verdaderas víctimas: las madres subrogantes y sus hijos. 

Argentina, junto con Colombia, son los principales destinos turísticos por subrogación en  Latinoamérica. Son numerosos los factores por los que personas y parejas eligen este país para encargar a sus hijos. 

En primer lugar, si bien Argentina no cuenta con una ley expresa que prohíba la maternidad subrogada las clínicas de fertilidad que ofrecen este “tratamiento”, como Biotex, hacen creer a los futuros padres que en virtud del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que establece el derecho a la intimidad, ni el Estado ni el poder punitivo deben interferir. Este ofrecimiento es un enorme engaño ya que la patria potestad es un asunto de orden público que trasciende la intimidad de las personas y en lo que el Estado sí tiene injerencia. Además, Argentina cuenta con una ley anti trata de personas (Ley 26.364) que enmarca la gestación por subrogación en el delito de trata. Es decir, ofrecer a una mujer para que geste un bebé para luego entregarlo, a través del pago de un precio, es una compra-venta de personas, es trata de personas y reducción a la servidumbre. Esto no lo aborda Biotex ni ninguna otra clínica de fertilidad. En nuestro país, las clínicas cobran a los futuros padres entre 50.000 y 60.000 dólares, esto es relativamente económico en comparación con Estados Unidos, Canadá o Europa que cobran entre USD 80.000 a 150.000. 

En Argentina son numerosas las clínicas que operan. Y ¿cómo lo hacen? Life Analytics ha denunciado ante el ministerio de Salud y la Dirección de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires anuncios en la vía pública que alientan a las mujeres a “alquilar” su vientre a cambio del pago de USD 10.000. Parece una oferta tentadora. Pero la realidad, es que muchas veces quedan desamparadas. Les hacen firmar a las mujeres un contrato en el que les hacen creer que ellas están obligadas a entregar al bebé a cambio del pago. La realidad es que según el Código Civil y Comercial de la Nación, la maternidad se establece con el nacimiento. Es decir, se realizan contratos nulos de nulidad absoluta, debido a que el objeto del contrato es una persona y nadie le dice a esa mujer, que la madre del bebé es ella y que tiene derechos parentales irrenunciables sobre ese niño y de los que sólo queda desligada a través de un proceso judicial de adopción. Es cierto que el Código también prevé la llamada “voluntad procreacional”, establece que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre. Mediante esta disposición, uno de los dos padres queda registrado como padre del bebé. 

En este proceso no sólo intervienen las clínicas de fertilidad. También intervienen estudios jurídicos y notariales que se encargan de los contratos, de las partidas de nacimiento de los menores y de todos los trámites para la salida del país. 

En Argentina hay tres casos que se encuentran en investigación por presunta red de trata. El primero es el Caso Bonn del año 2023. Alemania denunció al Consulado Argentino en Bonn la aparición de una mujer alemana de 58 años que llevó al hospital local a una bebé de 3 meses en pésimas condiciones de salud nacida en Argentina con documentación del registro Civil de CABA y pasaporte argentino. La mujer alemana no estaba en condiciones de brindarle salud ni seguridad y quedó en evidencia una mecánica empresarial y operatoria nacional e internacional. La Policía local le quitó la tenencia de la bebé, la entregaron a una familia sustituta; se localizó en qué clínica se produjo la fertilización y quién fue la gestante. Se investigaron a partir de allí 147 legajos entre 2018 y abril de 2024 en los que habían casos similares al de la mujer alemana. 

Luego en Córdoba, se investigó trata de personas. Actualmente hay 9 imputados y procesados. Se han detectado 14 mujeres víctimas en situación de vulnerabilidad, contratadas para gestar y luego dejadas desamparadas. Todas ellas han dado testimonio de que en los casos en los que perdían el bebé eran dejadas a su suerte y no se les abonaba ningún tratamiento ni les brindaban ningún tipo de acompañamiento psicológico o emocional. 

Por último, una pareja homosexual de italianos, que fueron detenidos por Migraciones en pre-embarque simulando que la madre subrogante era pareja de uno de ellos y le daba un permiso para que salga del país con la recién nacida. 

En Octubre del año pasado, finalmente la Corte Suprema de la Nación se pronunció sobre el caso A., C. L. s/ impugnación de filiación en la que una pareja homosexual, con el consentimiento de la madre gestante querían sacar de la partida de nacimiento el nombre de la madre en virtud de que quien había otorgado su voluntad procreacional no era quien había aportado el gameto para el proceso de fertilización. A este pedido la Corte rechazó este pedido diciendo, entre otras cosas, que la ley de filiación del código civil es por demás clara en establecer la filiación y que no corresponde a los jueces realizar una interpretación de una norma expresa. 

La práctica de la maternidad subrogada trae consigo un atropello de derechos y genera las condiciones idóneas para la realización de un negocio internacional que no le interesa el bienestar de ninguno de los intervinientes sino que juegan a ser el hada madrina de personas cegadas por un deseo que creen un derecho. El dinero que hay en juego para las clínicas de fertilidad, para notarios y abogados es motivación suficiente para hacer el montaje. Es por ello que se genera la reducción a servidumbre de las personas y  se las capta para explotarlas. 

Se desconoce por completo el derecho de identidad de los niños nacidos por técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) produciéndose una discriminación en relación a los niños nacidos de manera natural. Mientras que éstos conocen a sus progenitores desde el día uno, los nacidos por TRHA no pueden saber quien es su padre biológico con una orden judicial que se los permita. Esto genera una profunda crisis de identidad y puede acarrearles problemas psicológicos, como fue el caso de Olivia Maurel. 

Recientes estudios han demostrado también consecuencias biológicas como el caso de un donante con una mutación genética que causó múltiples casos de cáncer infantil. De los 67 niños engendrados con su material genético, 10 de ellos desarrollaron la enfermedad. 

No se puede dejar de remarcar tampoco la manipulación de la vida humana en donde se acepta el daño colateral que configura la pérdida de embriones humanos, dentro y fuera del útero de la madre, para la supervivencia de otros; sin contar con los problemas con los embriones crioconservados cuyos progenitores, teniendo ya su deseo satisfecho, no tienen intención de implantarlos. En países como la Argentina donde el embrión tiene estatus jurídico de ser humano, se estudia la posibilidad de aplicarles el régimen de adopción.

Esta situación plantea muchos desafíos tanto en la Argentina como en el contexto global. Lo primero es mostrar el panorama completo. Salir del relato romántico del hada madrina que ayuda a complir los deseos de las personas. Los hijos no son derechos y el deseo de formar una familia no puede justificar la vulneración de los derechos de las gestantes ni de los niños. La abolición de esta práctica, como propone la Declaración de Casablanca, es un objetivo que busca proteger la dignidad humana frente a la explotación. Los desafíos incluyen fortalecer la regulación, garantizar la aplicación de las leyes contra la trata y visibilizar las consecuencias de una industria que prioriza el lucro sobre el bienestar humano.

En marzo de 2023, en la ciudad marroquí de Casablanca, se firmó un documento que marca un antes y un después en la defensa de los derechos humanos: la Declaración de Casablanca. Lejos de ser un manifiesto aislado, se trata de una iniciativa internacional con un objetivo claro y ambicioso: abolir globalmente la práctica de la maternidad subrogada, tanto comercial como altruista.

Esta declaración nace del consenso entre profesionales del derecho, la medicina, la filosofía, el feminismo y la infancia, provenientes de más de 75 países. Todos ellos coinciden en una verdad incómoda que el mercado global suele maquillar con ternura mediática: la subrogación convierte a las mujeres en instrumentos y a los niños en objetos de deseo o mercancía. Aunque se disfrace de acto solidario o de contrato entre adultos libres, la gestación por encargo implica siempre una asimetría de poder, donde la vulnerabilidad es explotada con fines reproductivos.

Desde esta perspectiva, la Declaración de Casablanca no propone una regulación de la práctica, sino su prohibición, en nombre de la dignidad humana. Llama a los Estados a declarar nulos los contratos de subrogación, a impedir la inscripción automática de hijos nacidos por esta vía en el extranjero, y a desarticular las redes de intermediarios —clínicas, abogados, agencias— que se enriquecen con este modelo.

Uno de los puntos más innovadores de la Declaración es su propuesta de impulsar un tratado internacional vinculante, que blinde los derechos de mujeres y niños contra la lógica del mercado. Al igual que se ha logrado consenso global en la lucha contra la trata de personas o el tráfico de órganos, este movimiento busca trascender las fronteras nacionales para enfrentar una práctica que opera a escala global, especialmente en países con vacíos legales o estructuras institucionales frágiles.

En América Latina, Argentina y Colombia se han convertido en destinos frecuentes de subrogación internacional debido a sus costos accesibles y marcos jurídicos difusos. La Declaración pone la lupa en estos contextos, denunciando cómo la pobreza, la falta de educación legal y la precariedad institucional facilitan la mercantilización del cuerpo femenino y la manipulación de la filiación.

En este marco, se celebrará en Lima, Perú, los días 4 y 5 de junio de 2025, la III Conferencia de Casablanca, un espacio de encuentro para expertos, legisladores y defensores de derechos humanos que buscan avanzar hacia la erradicación de esta práctica y promover un nuevo paradigma: uno en el que la maternidad, la infancia y la vida misma no sean bienes a negociar, sino realidades que se respetan y protegen.

Olivia Maurel nació en 1991 en Louisville, Kentucky, pero creció en la Riviera Francesa. Desde chica, algo no encajaba. Tenía una familia que la cuidaba, estabilidad económica, vacaciones, colegio privado. Pero había un hueco que no se llenaba. Un silencio denso, un presentimiento sin nombre: “¿De dónde vengo realmente?”.

A los 17 años, una noche cualquiera, ese vacío tomó forma. “Abrí la laptop y, sin saber bien por qué, busqué en Google ‘agencias de adopción en Louisville’. En cambio, encontré agencias de subrogación”, contó Olivia en diálogo con Newstad. “Recuerdo el momento exacto en que la palabra surrogacy se me clavó en el pecho. No sabía explicarlo, pero supe que eso era yo. Me quedé toda la noche leyendo, llorando en silencio, armando un rompecabezas que no sabía que existía.”

Aquella revelación no trajo consuelo. Trajo un dolor nuevo, pero con nombre. “Mi cuerpo, mi alma ya lo sabían. Nadie me lo había dicho. Pero yo ya lo sentía.” No fue sino hasta los 30 años, gracias a un test de ADN que le regaló su suegra, que Olivia encontró pruebas: un primo desconocido, medios hermanos, y finalmente un mensaje de su madre gestante por Facebook. “Fue abrumador. Surreal. Como ver abrirse la tierra bajo tus pies después de años de estar quieta.”

Pero para ella, el verdadero punto de quiebre ocurrió aquella noche, sola frente a la pantalla. “Ese momento me cambió para siempre. No curó el dolor, pero le dio dirección. Y con el tiempo, propósito.”

En septiembre de 2023, Olivia decidió romper el silencio y convertirse en activista por la abolición de la gestación subrogada. Desde entonces, no volvió a hablar con sus padres legales. “No hubo diálogo. No hubo intento de sanar. Nada. Fue doloroso, pero no me arrepiento. Sabía que mi verdad iba a tener un precio. Y lo pagué. Elegí dejar de proteger una paz frágil basada en el silencio, para hablar no solo por mí, sino por todos los hijos nacidos como yo que todavía no encuentran las palabras.”

Olivia no guarda odio, pero sí un amor triste. “Contar la verdad, incluso cuando duele, también es una forma de amor.”

Cuando le preguntamos qué le diría a una mujer que está considerando alquilar su vientre por dinero, su respuesta fue profunda y directa:

“Le tomaría las manos, la miraría a los ojos y le diría: ‘Por favor, no lo hagas. No por nadie. No por ningún monto’. Sé lo que es la pobreza. Sé cómo tu realidad puede torcer tu percepción. Pero esto no te va a dejar entera.Yo soy la hija de una mujer que tomó esa decisión. Crecí en un vientre al que le dijeron: ‘Este hijo no será tuyo’.Y eso importa. Esa conexión no es imaginaria. Es todo.”

“Cuando una mujer renta su vientre no da solo nueve meses. Da una parte de sí que no se puede recuperar. Aprende a amar desde el cuerpo, y luego le piden que se vaya como si nada hubiera pasado.Pero sí pasa. Siempre pasa.El hijo no olvida.Incluso si nadie se lo dice. Incluso si es amado. Lleva esa herida. Yo la llevo.”

“Tu cuerpo no es un servicio. Tu útero no es una estrategia de supervivencia. No sos un recipiente.No dejes que te convenzan de que esto es empoderamiento.No lo es. Es borrarte.Yo soy la prueba viviente de que lo que parece una solución puede ser una condena silenciosa: para vos, y para el hijo.”

“Merecés dignidad. Merecés opciones que no te pidan desaparecer. Elegí la vida. Pero empezá por la tuya.”

Entre tantos mensajes que recibió en estos años, uno la marcó para siempre. “Fue una mujer que pensaba ser madre subrogada. Me escribió tras leer mi historia. Me dijo: ‘Lloré toda la noche. Nunca había pensado en lo que significaba esto para el bebé. Vos me diste una perspectiva que jamás había escuchado. Decidí no seguir adelante’. Ese mensaje me rompió y me sanó a la vez.”

“Durante años sentí que hablaba al vacío. Que nadie quería escuchar. Pero esa mujer fue la prueba de que sí importa. Que una sola voz, una sola verdad, puede cambiar un camino y tal vez salvar a un niño de la misma herida que yo cargo.”

En una medida clave para el combate al crimen organizado en la región, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó un nuevo Acuerdo Interministerial de Cooperación Policial junto a sus pares de Brasil, Enrique Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), y de Paraguay, Enrique Riera Escudero (Interior).

El pacto que entra en vigencia de manera inmediata, actualiza y fortalece el Comando Tripartito de la Triple Frontera, un mecanismo de coordinación creado en 1996 entre las fuerzas de seguridad de los tres países. 

El foco estará puesto en delitos complejos como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero.

“Firmamos varios documentos muy importantes. Hemos trabajado en materia de incendios y desastres. También hemos rubricado un protocolo para un control integrado de fuerzas de seguridad en frontera. Hemos armado una hoja de ruta para la implementación de un sistema de intercambio de información de seguridad que se llama SISME. Además, actualizamos la información en materia de eventos futbolísticos internacionales, ya que todos pertenecemos a la CONMEBOL y tenemos permanentes partidos en conjunto”, explicó Bullrich.

Con el nuevo acuerdo, el Comando Tripartito contará con mayores atribuciones y capacidades operativas, lo que permitirá una respuesta más ágil y eficaz ante amenazas del crimen organizado que afectan a la región fronteriza que comparten las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

Bullrich, junto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, el ministro del Interior de la República del Paraguay y la viceministra del Interior de la República Oriental del Uruguay, acordaron aprobar la “Hoja de Ruta del SISME” para fortalecer los mecanismos de monitoreo y funcionamiento del sistema, estableciendo que se deberán realizar testeos diarios de manera automática sobre los servicios y la disponibilidad de datos, lo cual también podrá ser realizado por cada país.

Reconociendo la frecuencia, intensidad y complejidad de los desastres que afectan a nuestra región, así como sus graves consecuencias sobre las poblaciones, infraestructuras, economías y el ambiente, los ministros participantes declararon la creación de la Unidad de Cooperación Operativa Permanente de Gestión de Emergencias Complejas del Mercosur, como mecanismo técnico-operativo de respuesta ante desastres de gran magnitud que afecten a uno o más Estados Parte o Asociados.

Al considerar que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza creciente que trasciende fronteras, adoptando modalidades cada vez más complejas que afectan la seguridad de los países de la región, los funcionarios acordaron fortalecer los controles establecidos entre los países del Mercosur mediante una hoja de ruta que determine las autoridades nacionales competentes, quienes establecerán los puntos fronterizos específicos en dos o más países para coordinar tareas de seguridad y establecer estándares conjuntos y comunes para un control más eficiente.

Respecto a la problemática de la violencia en eventos deportivos, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, el Ministerio del Interior de la República del Paraguay, el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay (Estados Parte del Mercado Común del Sur - MERCOSUR), junto a Estados Asociados y el Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, firmaron un acuerdo operativo.

En el documento se subrayó la necesidad de promover una convivencia armoniosa en todos los aspectos sociales, incluyendo el deportivo, considerando que en algunos eventos futbolísticos llevados a cabo a nivel regional e internacional se han producido hechos de violencia. En ese sentido, a los efectos del intercambio de información en ocasión de partidos internacionales a nivel de selecciones o clubes, se considerarán las faltas administrativas generadas por cada uno de los Estados Parte y Asociados, conforme a sus respectivas regulaciones na

La causa por la desaparición de Loan Peña avanza hacia su etapa de juicio oral tras la firma de un requerimiento de elevación impulsado por el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, en conjunto con Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La Agencia Noticias Argentinas accedió al documento que formaliza este paso clave en el proceso judicial. A partir de ahora, los abogados defensores cuentan con un plazo de seis días para presentar su oposición.

El caso principal, que investiga la desaparición del niño de cinco años ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de Nueve de Julio, involucra a siete personas ya procesadas. Entre ellas figuran Laudelina Peña, tía de Loan, imputada por falso testimonio y sustracción de menores; su esposo Antonio Bernardino Benítez, acusado de sustracción y ocultamiento de un menor; y la pareja compuesta por María Victoria Caillava, funcionaria pública amiga de la familia, y Carlos Pérez, marino retirado, ambos imputados por trata de personas. También están implicados Daniel "Fierrito" Ramírez y su esposa Mónica del Carmen Millapi, acusados de abandono de persona, y el ex comisario Walter Adrián Maciel, imputado por encubrimiento agravado.

A la par de esta causa principal, se tramita un expediente conexo que involucra a otras diez personas. El Tribunal Oral Federal rechazó recientemente la posibilidad de realizar un debate separado para estos procesados, y determinó que el juicio debe desarrollarse en una única instancia. Los imputados en esta causa paralela son Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Leonardo Daniel Rubio, Pablo Javier Noguera y Delfina Taborda.

Según fuentes judiciales, el Tribunal consideró que la elevación anterior de este expediente era de carácter "parcial", ya que no se había concluido completamente la investigación del hecho original. Ahora, con nuevas pruebas incorporadas, la causa adquiere un nuevo impulso en el fuero federal.

Uno de los elementos clave en la investigación ha sido el análisis de comunicaciones telefónicas entre los acusados, registradas durante momentos críticos del día en que Loan fue visto por última vez en la casa de su abuela. Estas interacciones fueron incorporadas al expediente como pruebas relevantes para sostener las imputaciones.

Mientras tanto, el paradero de Loan Peña continúa siendo un misterio. La magnitud del caso, la implicancia de funcionarios públicos y la gravedad de los delitos atribuidos —desde abandono de persona hasta trata y encubrimiento— hacen de este proceso uno de los más delicados y observados del sistema judicial argentino en los últimos tiempos. La fecha del juicio oral quedará definida una vez finalizado el plazo para las impugnaciones.

La Policía Federal Argentina (PFA) rescató a un hombre de 70 años que era sometido a condiciones de explotación laboral en un campo del partido bonaerense de Benito Juárez. La víctima, de nacionalidad chilena, fue hallada en un entorno insalubre y altamente precario.

El operativo fue en coordinación con el ministerio de Seguridad Nacional realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Tandil en el marco de una investigación iniciada en marzo de 2022 por la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Marcos Silvagni. 

Las tareas de inteligencia permitieron determinar que en el predio rural había un trabajador en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Con esa información, el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio y la Secretaría N.º 4 del Dr. López, ordenó el allanamiento del establecimiento. La intervención se realizó en conjunto con personal del Ministerio de Trabajo bonaerense y médicos del Hospital Eva Perón de Benito Juárez.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre vivía en condiciones de total precariedad y sin acceso a servicios básicos. Tras una primera evaluación médica en el lugar, fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y contención psicológica.

Por el caso fue detenido un hombre argentino de 78 años, acusado de violar la ley N.º 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Quedó a disposición del juzgado interviniente.

Los lectores de Newstad saben que este medio expone como nadie a Alejandro Roemmers y la denuncia que lo involucra en una red de trata de personas. Los demás quizá se enteran por por estas horas mediante otros medios tradicionales que indican muy prolijamente que el farmacéutico fue beneficiado por la Justicia. 

El juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento del Alejandro Roemmers, del dirigente de River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales Juan Matías Barreiro, y de otros imputados en una causa que investigaba la existencia de una presunta red de trata de personas y tráfico de drogas.

La denuncia original fue realizada en 2023 por Roberto Mazzoni durante una audiencia pública en el Congreso de la Nación, y generó fuerte repercusión en redes sociales. Sin embargo, Lijo concluyó que no existían elementos que permitieran sostener la hipótesis delictiva.

En la resolución de 27 páginas firmada el viernes, Lijo también sobreseyó a Daniel Santiago Durán, Enzo Pérez Pallota y Pedro Quintana, todos señalados por Mazzoni como organizadores de fiestas privadas en las que supuestamente se cometían abusos y explotación sexual.

Según el fallo, los testimonios recolectados —en su mayoría aportados por el propio querellante— no solo no confirmaron la denuncia, sino que la contradijeron abiertamente. Lijo remarcó que los testigos “mostraron una robusta consistencia” y que “ninguno de ellos representa una contradicción con otro”.

“Algunos testigos coincidieron en que las actividades realizadas en el marco de los eventos cuya organización se les atribuye a ciertas personas imputadas fueron voluntarias y ajenas a todo tipo de coacción”, expresó Ariel Lijo.

En relación con una fiesta mencionada por el denunciante y celebrada en Costa Salguero, los testigos aseguraron que todos los asistentes eran mayores de edad y actuaban libremente. Uno de ellos, con identidad reservada, declaró que no fue forzado a realizar ninguna acción sexual, a pesar de que incluso había recibido dinero por su participación.

En su declaración, el abogado de Alejandro Roemmers, Juan Pablo Vigliero, sostuvo que “los hechos nunca existieron y lo manifestado por el denunciante es absolutamente falso”. Añadió que  la acusación fue una “ficción construida por Mazzoni”.

También se indicó que Roemmers no conocía personalmente a Barreiro, uno de los señalados como organizador de las fiestas.

Aunque el “Hecho A” (la denuncia principal de Mazzoni) fue desestimado y cerrado, el juez aclaró que el “Hecho B” —una línea paralela de investigación con otra supuesta víctima— continúa en trámite en la fiscalía. Por ahora, su identidad se mantiene en reserva.

Mazzoni, en tanto, puede apelar la decisión ante la Cámara Federal. Previamente ese mismo tribunal había considerado “prematuro” el archivo original de la causa, lo que en su momento motivó su reapertura.

La trata de personas es uno de los delitos más complejos y mutantes del siglo XXI. Con nuevas formas de captación, redes cada vez más difusas y modalidades de explotación que exceden los marcos clásicos, el derecho penal enfrenta el desafío urgente de adaptarse a una realidad cambiante. En este contexto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley que busca actualizar el artículo 145 bis del Código Penal argentino, ampliando el alcance de la figura penal y subsanando vacíos normativos que hoy dejan desprotegidas a miles de víctimas.

El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 145 bis, que sanciona con penas de entre 4 y 8 años de prisión a quien “ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque medie el consentimiento de la víctima”.

Este cambio no es menor. Hasta ahora, la legislación penal argentina se enfocaba principalmente en los fines de explotación –sexual, laboral o de tráfico de órganos– como condición para configurar el delito de trata. Sin embargo, según el texto del proyecto y los fundamentos presentados, existen situaciones que no encuadran en esos fines tradicionales y que, por lo tanto, quedan en una zona gris: entrega de menores para adopciones ilegales, captación con fines reproductivos en el marco de maternidades subrogadas no reguladas, o incluso traslado de personas en situación de vulnerabilidad sin violencia directa, pero con daño psicológico o físico.

Brügge argumenta que estos casos son cada vez más frecuentes, y que el uso de figuras penales alternativas (como falsedad ideológica o asociación ilícita) no logra abarcar integralmente la dimensión del daño ni la necesidad de proteger a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. En sus fundamentos, el legislador señala que el delito de trata, tal como está tipificado hoy, no alcanza a cubrir las nuevas formas de sometimiento de personas, en especial de niños y adolescentes, en contextos de pobreza y falta de control institucional.

La reforma propuesta también se alinea con tendencias internacionales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, aprobó recientemente una revisión de sus normas para incluir como formas de trata el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la explotación reproductiva. La Argentina, sostiene Brügge, no puede quedarse atrás en este debate global. Más aún, teniendo en cuenta que, en el país, la mayoría de los casos detectados son de trata interna y muchas veces involucran estructuras familiares, no profesionales, que escapan al radar de las grandes investigaciones internacionales.

Otro aspecto relevante del proyecto es que consolida una perspectiva centrada en la integridad psicofísica de la persona. Deja de lado la discusión sobre el consentimiento –frecuentemente esgrimido como justificación en contextos de vulnerabilidad extrema– y pone el foco en el daño producido. Así, se avanza en una visión más moderna y protectora de los derechos humanos.

La ley 26.364 y sus reformas posteriores (como la 26.842) representaron un avance decisivo en la penalización de la trata en Argentina. Pero, como advierte Brügge, las estadísticas de condenas siguen siendo bajas y los procesos judiciales, prolongados e ineficaces. Esta nueva propuesta apunta a dar herramientas más precisas al sistema judicial, cerrar zonas grises, y ofrecer mayor cobertura legal a las víctimas de una de las formas más aberrantes de sometimiento humano.

Con este proyecto, la Cámara de Diputados se enfrenta a una oportunidad clave para fortalecer la lucha contra la trata y proteger la dignidad de los más vulnerables. La ampliación del tipo penal no solo es una actualización técnica, sino un compromiso con los derechos humanos en su sentido más profundo.

El empresario Alejandro Roemmers fue denunciado judicialmente por Roberto Mazzoni, quien lo acusó de reproducir un discurso que “banaliza y perpetúa la trata de personas” en una reciente entrevista concedida al diario La Nación. La denuncia se presenta en el marco de la causa 1052/2022, en la que Roemmers está siendo investigado por presuntos delitos vinculados a ese flagelo.

En la entrevista publicada el 11 de mayo, Roemmers relató su colaboración con el sacerdote español Ignacio Doñoro, a quien describió como alguien que “rescata chicos para que no sean comprados por mafias que luego venden sus órganos”, y afirmó: “Con 200 o 300 dólares podemos comprar nosotros al chico antes, rescatarlo y darle la posibilidad no solo de vivir, sino de desarrollarse como ser humano”.

Para Mazzoni, quien se presentó en el expediente con el patrocinio de los abogados Karina Bacci y Jorge Poblete, esas palabras configuran “una forma encubierta de normalización y reproducción del delito de trata de personas”. Según el denunciante, lejos de constituir una denuncia del crimen, las afirmaciones del empresario reproducen “la lógica mercantil de la trata” al naturalizar la idea de “comprar para salvar”.

“La figura penal no exige violencia o amenaza, ni consentimiento de la víctima. Basta con que una persona sea tratada como objeto de transacción, aunque sea con fines benéficos declarados”, sostiene el escrito judicial, que advierte sobre la gravedad de legitimar este tipo de conductas desde discursos públicos.

En su presentación, Mazzoni remarcó que “la lógica implícita es la de una ‘compra preventiva’, en la que se adquiere a un niño o niña para salvarlo”. En su visión, esto no hace más que reforzar “la idea colonialista del ‘salvador’, que paga por una vida humana y se legitima en ese acto”, lo cual —según advierte— es contrario a los principios más elementales de la dignidad humana.

La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En especial, el fallo “González, María Lucila y otros” (2013), que sostiene que la trata de personas no puede analizarse sin atender sus causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la explotación. En otra sentencia citada, el caso “Porteadoras” (2005) de Mendoza, la Corte dejó claro que incluso las acciones bienintencionadas pueden resultar violatorias de los derechos humanos si refuerzan “relaciones de dominación sobre sectores vulnerables”.

Aunque los hechos relatados por Roemmers refieren a acciones cometidas fuera del país, Mazzoni pidió que sus manifestaciones sean tenidas en cuenta por el tribunal como un agravante, ya que refuerzan la lógica que él mismo viene denunciando desde hace años.

Finalmente, el querellante solicitó al juez tres medidas: que se tome conocimiento formal de sus dichos, que se exhorte a los medios y autoridades a no legitimar discursos de compra de personas en ninguna circunstancia, y que se emita una advertencia o recomendación desde el organismo competente para prevenir este tipo de mensajes en el espacio público.

“Es lo que por derecho corresponde”, concluye el escrito, con el tono firme de quien ha decidido no callar ante lo que considera un nuevo intento de justificar lo injustificable.

Fernando Sabag Montiel, conocido por haber intentado asesinar a Cristina Kirchner en 2022, fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de explotación sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI).

La causa se inició tras su detención por el atentado contra la ex presidenta, cuando se halló en su poder una tarjeta de memoria con 119 archivos (fotos y videos) de contenido pedófilo. También se comprobó el envío de tres videos explícitos por Instagram. La investigación incluyó reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y el rastreo de su teléfono reseteado, del cual se recuperaron datos clave gracias a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Con pruebas contundentes reunidas por la fiscal Daniela Dupuy y su equipo, la jueza Julia Correa dictó la pena, que se unificó con una sentencia anterior por tenencia ilegítima de un DNI ajeno. La fiscalía destacó que el fallo representa el compromiso del sistema judicial porteño contra delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.