La próxima etapa de reformas que prevé el Gobierno de cara a la nueva conformación de legisladores oficialistas en el Congreso incluye uno de los caballos de batalla de la gestión libertaria: el orden y la seguridad.

Para ello, el nuevo Código Penal que debe ser aprobado en el Congreso será uno de los próximos temas de debates públicos. Y puntualmente una de esas discusiones girará en torno a un apartado específico sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y una “presunción en favor de la autoridad pública”. 

La norma establece que no será punible quien actúe “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Además, excluye de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario que, “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causaren lesiones o muerte”.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respaldó la reforma y explicó la necesidad de actualizar el marco legal: “Siempre ha habido una confusión, y viene porque el Código es de 1921. Es muy distinta la legítima defensa al cumplimiento del deber”, señaló.

Consultada por Newstad en el ministerio de Seguridad Nacional, Bullrich aclaró que el cambio apunta a distinguir el accionar de un civil del de un miembro de las fuerzas: “Un policía federal que se encuentra frente a un delincuente que está in fraganti cometiendo un delito, o le está cometiendo el delito al propio policía —trabajando o de franco—, no solo se está defendiendo a sí mismo, sino también a la población, con el arma aportada por la ciudadanía con sus impuestos para que los cuide”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que el efectivo debe “poder actuar de manera inmediata esté en la situación que esté” y que el nuevo Código busca delimitar claramente el cumplimiento del deber del agente de seguridad respecto de la legítima defensa civil.

“La legítima defensa es un concepto más civil, y el cumplimiento del deber es un concepto más policial. Hoy hay que hacer esta diferenciación porque hay enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con delincuentes en distintas ocasiones”, sostuvo la ministra.

Bullrich remarcó que el objetivo es evitar que los efectivos terminen procesados por cumplir su función: “Lo que hacemos es dejar en claro que el hombre o la mujer de la fuerza que defiende a la sociedad o a su propia familia está cumpliendo con su deber. Y dejamos para los civiles el concepto de la legítima defensa”, agregó.

La titular de Seguridad destacó que países como Uruguay y Chile ya avanzaron en legislaciones similares y que Argentina debe seguir ese camino: “Queremos avanzar también para que los hombres y mujeres de las fuerzas no terminen en la comisaría como victimarios, cuando son víctimas o están protegiendo a la sociedad”, concluyó.

Las declaraciones a Newstad de la ministra se dieron luego de la presentación del programa de ingreso para profesionales a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El programa, afirman en la cartera, representa un cambio total en el paradigma de trabajo de ambas instituciones.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó el Plan Paraná, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, el principal corredor fluvial del país y una vía crítica para el comercio y la producción nacional.

Durante el lanzamiento, Bullrich destacó que el plan marca un paso decisivo en la recuperación del control estatal sobre el corredor fluvial, con un mensaje enfático contra el crimen organizado. “Dijimos que no íbamos a dejar un solo milímetro de territorio argentino bajo el control de las bandas y hoy lo reafirmamos: tampoco un solo milímetro de nuestras aguas”, afirmó.

La ministra subrayó que el operativo tiene como objetivo “blindar” los 3.400 kilómetros de hidrovía que atraviesan cinco países y constituyen la columna vertebral logística de la Argentina. “La frontera es el primer bastión que debemos proteger para evitar que la droga, la trata de personas y todo tipo de delito ingresen o salgan del país. El corredor fluvial va a dejar de superponer flujos legales e ilegales. No va a ser una autopista del crimen”, sostuvo.

El Plan Paraná combina tecnología, inteligencia y despliegue territorial, e incluye la reactivación de equipamiento que se encontraba inactivo desde 2018, junto con el despliegue de unidades especiales en puntos estratégicos como la Isla del Cerrito, en el límite entre Chaco y Corrientes.

“Hoy estamos trabajando exactamente en el punto caliente de la Isla del Cerrito, en el triángulo estratégico que compartimos con Chaco y Corrientes. Desde ahí, no podrán avanzar las bandas”, explicó Bullrich.

El operativo involucra la acción conjunta del Estado Nacional, las provincias de Chaco y Corrientes, las cinco fuerzas federales, y organismos como Migraciones y Aduana. La ministra enfatizó que se trata de un esfuerzo coordinado: “Este es un plan integral que involucra al Estado Nacional, a las provincias y a las fuerzas federales. Es la Argentina actuando de manera coordinada”.

Bullrich también destacó la cooperación con Paraguay, país clave en el trazado de la hidrovía, y aseguró que el trabajo conjunto es fundamental para frenar el tráfico ilícito en la región.

Finalmente, la titular de Seguridad reafirmó la decisión del Gobierno de mantener una ofensiva permanente contra el narcotráfico: “Vamos con todo. Vamos a seguir luchando contra el narcotráfico como lo estamos demostrando: con las cifras de decomisos más altas de la historia y con las bandas más peligrosas tras las rejas. Hemos planteado una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, en cada metro de tierra y ahora también en cada kilómetro de nuestras aguas.”

La trata de seres humanos constituye un delito aberrante que convierte a las personas en simples mercancías, despojándolas de sus derechos y de su libertad. La gran mayoría de las víctimas sufren explotación sexual y/o laboral, y un alto porcentaje son menores de edad.

Las víctimas suelen ser captadas en contextos de vulnerabilidad: migran desde sus países de origen por pobreza o necesidades urgentes, son engañadas con promesas de trabajos legales y formales, o son captadas a través de internet y redes sociales, como ocurre con el grooming en menores. Siempre existe un engaño inicial, seguido del sometimiento. Una vez atrapadas, no pueden escapar: les retiran sus documentos y pasaportes, son aisladas de sus familias y entornos, se les impide comunicarse y son amenazadas constantemente, lo que las paraliza.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 68/192 en el año 2014.

En las campañas de prevención se utiliza como símbolo un corazón azul, que representa tanto la tristeza de las víctimas como la frialdad de quienes trafican con personas. Esta imagen busca generar conciencia social y visibilizar este delito, promoviendo la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es:“La trata de personas es un crimen organizado. Pongamos fin a la explotación”.

Escuchar a las víctimas es esencial. Comprender cómo fueron captadas, qué padecieron, cómo vivieron el proceso y qué recuerdos conservan permite diseñar mejores estrategias de prevención, rescate y acompañamiento, y ayuda a salvar a otras personas que aún están atrapadas.

Se estima que más de 2.500.000 personas son víctimas de trata en el mundo, aunque se calcula que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar.

A pesar de la dificultad para obtener datos precisos, las cifras estimadas indican que este delito creció un 25% en los últimos años. Más del 61% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 70% de las organizaciones criminales están conformadas por hombres.

Se trata de un negocio ilegal que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales, una cifra que invita a reflexionar sobre quiénes están detrás y cómo se sostiene esta red internacional de crimen e impunidad.

Una de las frases más contundentes en la lucha contra la prostitución y la trata es:“Sin clientes, no hay trata de personas”.

Numerosas producciones cinematográficas y televisivas han abordado esta problemática. Entre ellas, se destaca la miniserie española Sky Rojo (estrenada en 2021 por Netflix), protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que expone la brutalidad y el cinismo detrás del sistema de explotación sexual.

La lucha contra la trata se estructura en torno a las 4 P:

En Argentina, el marco legal fue fortalecido con la promulgación de la Ley 26.364 el 29 de abril de 2008, que establece penas de 3 a 20 años de prisión para quienes participen en la trata de personas. Aunque representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y gratuita en la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Es fundamental visibilizar esta problemática. Combatir la trata implica enfrentarse a redes con poder económico, conexiones políticas y protección institucional. En algunos casos, hay personas influyentes involucradas, lo que dificulta aún más la erradicación del delito.

La situación en Argentina refleja una realidad global. En regiones como África, Asia y otras zonas del mundo, las cifras son incluso más alarmantes.

El abordaje debe ser integral y coordinado: con el compromiso de las autoridades, la Justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las redes sociales, y organizaciones como Missing Children, que realizan búsquedas activas de personas desaparecidas.

En esta jornada, edificios públicos y monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul para honrar a las víctimas, visibilizar la problemática y renovar el compromiso colectivo en la lucha contra la trata de personas.

Un tema que mezcla todos los condimentos para ser atractivo: Sexo, erotismo, sensualidad, deseo, engaño, drogas, alcohol, excesos, mentiras, app de citas, boliches, robo, y hasta poner en riesgo la vida de las personas, y matarlas…

“Viudas negras” es una serie de Flow que se acaba de estrenar con éxito, y que toma parte de hechos de la vida real, para crear esa ficción. Que atrapa. Que da a conocer algo que se calla…

Se repiten los casos de las denominadas “Viudas negras”, que son mujeres que mediante las app de citas o en un boliche, conocen a hombres, los seducen, se muestran atraídas y cautivadas, y acceden ir a la casa de esa persona. Ahí lo drogan, lo duermen, y le roban. No trabajan solas, son un grupo, del cual inclusive participan varones.

Hay más casos de los que se conocen, ya que por miedo o vergüenza, muchos  no lo denuncian. Porque son casados o tienen pareja, porque se sienten tontos al contarlo, porque es una ofensa al machismo, porque no pueden tolerar haber confiado de esa manera, simplemente ante la posibilidad de una noche de sexo, con una o varias mujeres…

Desde lo policial podemos decir que lamentablemente esta forma de actuar se llevó la vida de Williams Jonathan Quispe Quent, de apenas 19 años, que el fin de semana pasado salió con tres amigos a bailar al boliche Equinoxio en Liniers. Ahí conocieron a tres mujeres, las llevaron a su departamento con la idea de una gran noche de diversión, lujuria y seguramente muy sexual, pero nada de eso pasó: cuando se despertaron sus amigos notaron que Williams no reaccionaba, había vomitado y estaba sin vida. Lo habían drogado, y eso lo descompensó, con una peligrosa mezcla de psicofármacos, alcohol y otras sustancias.

Pero no es algo aislado, ya que hace unos días un turista francés conoció algunas mujeres, las invitó a su casa, y cuando se despertó se dió cuenta que le habían robado y le sacaron hasta el pasaporte. Las cámaras de seguridad del edificio muestran que participaron cinco mujeres… Por ahora, ninguna está detenida.

Y en junio, murió el economista y docente Juan Pablo Jimenez de 61 años, a quién lo encontraron con la boca tapada con una remera, todo revuelto porque le habían robado. Está detenida una dama C.A.M de 23 años y se busca a 2 cómplices más.

Ficción y realidad, nos debe llevar a conocer el riesgo para la salud y la vida, de mezclar sustancias: usan Alprazolam, Clonazepam, Escopolamina (conocida como “Burundanga”), entre otros psicofármacos o drogas, que se mezcla con alcohol en exceso:  un combo peligroso, que puede ser mortal.

La escopolamina es una droga que se usa en medicina para evitar las náuseas y  vómitos por algunos medicamentos usados luego de una cirugía. Afecta el cerebro, y  puede llevar a doblegar la voluntad, generando confusión, o imposibilidad de recordar lo que sucedió, mareos, visión borrosa, taquicardia, boca pastosa, sensación de ahogo, somnolencia, y alucinaciones.

El alprazolam o clonazepam se usan exclusivamente bajo prescripción médica en determinados problemas de salud, se indica  como sedantes, ante ataques de pánico, para dormir, como  anticonvusivos, para bajar la presión, pero su exceso o mezcla con otros medicamentos y/o alcohol, puede generar gran somnolencia, descompensar a la persona, o que entre en coma…

Lo que tenemos que pensar es como esas personas tienen tan fácil acceso a estos medicamentos, que son de uso hospitalario y médico, y que se venden bajo receta. Falsifican sellos?. Roban Farmacias?. Tienen un circuito ilegal donde las consiguen?. Muchas preguntas para pocas respuestas.

La atracción, y el deseo sexual de pasar una gran noche a puro descontrol, en una fiesta interminable con una o varias mujeres, lleva a los varones a ponerse vulnerables y cometer actos riesgos, como llevar a su casa a desconocidas…

Como Médico Sexólogo UBA y Divulgador en Salud considero que es fundamental concientizar para cuidar y proteger, enseñado que no se debe confiar en las personas que se conoce  a por intermedio de las app de citas, que si se encuentran debe ser en un lugar público, y dar la ubicación en tiempo real en el celular y tener a algún familiar o amigo avisado para que de el alerta de considerar necesario. Además estar muy atentos al vaso con bebida para que no le pongan nada extraño. No es muy erótico todo eso, pero es seguro.

Lamentablemente a Williams nadie le podrá devolver la vida, pero desde Newstad proponemos que los medios de comunicación y las redes sociales sean espacio de prevención, y no solamente donde se escriba o cuente una historia “amarillista” de impacto. Para que nadie más deje su vida, por la acción de “Las viudas negras”.

El especialista en seguridad, Daniel Adler, analizó los cambios anunciados en la Policía Federal Argentina, que ahora se concentrará en la lucha contra el delito complejo. Adler destacó que la iniciativa implica una reforma profunda en materia de capacitación, despliegue logístico y reingeniería operativa, con el objetivo de combatir al narcotráfico, el crimen organizado y las redes internacionales de trata.

“Venimos de muchos años de inacción en la lucha real contra el narcoterrorismo y el delito complejo. Esta reforma apunta a modernizar la institución, capacitar a los cuadros y actualizar las estrategias de seguridad”, explicó Adler.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo organismo que, según Adler, podría funcionar como una suerte de "FBI argentino".

“Son dos cosas distintas: por un lado, la reforma general de la Policía, y por otro, la creación del DFI. Este nuevo departamento se enfocará en operaciones encubiertas, infiltración y contrainteligencia civil. Se trata de una unidad especializada para anticiparse al crimen”, remarcó.

Adler subrayó que el modelo propuesto busca emular sistemas de alerta temprana como los aplicados en Israel o Estados Unidos, que detectan comportamientos sospechosos a través de análisis del lenguaje no verbal, la psicología gestual y hasta la vestimenta.

“Estos métodos tienen hasta un 93% de efectividad en la detección de predadores sexuales, psicópatas y criminales. Es tecnología de rápida implementación, si hay voluntad política. Y la hubo: ayer quedó claro en el mensaje del presidente y la ministra”, aseguró.

El experto también alertó sobre el crecimiento de organizaciones criminales extranjeras en el país: “Argentina tiene al menos cuatro triples fronteras y en ellas ya operan el Tren de Aragua, el PCC, el Comando Vermelho, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, mafias albanesas, la Cosa Nostra y el Clan Rotela. Hay que dar una respuesta a la altura del problema”, advirtió.

Adler consideró que si bien muchas veces estos temas no se discuten abiertamente, es fundamental que el Estado asuma su rol.

Adler es optimista en cuanto a los recursos humanos disponibles para encarar esta transformación profunda en la PFA: “El talento argentino es espectacular. Hay que buscar especialistas incluso en el exterior, sí, pero también valorar la calidad de nuestras fuerzas. Lo más importante es tener apertura mental y capacidad para implementar nuevas tácticas.”

Finalmente, el especialista remarcó que el equipamiento es importante, pero que el verdadero valor reside en el factor humano: “El entrenamiento táctico y técnico se puede adquirir. Lo que no se compra es la vocación. Y en eso, nuestras fuerzas especiales destacan. Venimos de 20 años de desprecio hacia las fuerzas de seguridad, pero eso está cambiando. Vamos hacia un futuro más seguro y esperanzador.”

Este martes por la tarde se hizo oficial: Cristina Kirchner quedó presa en su casa de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Así lo dispuso la Justicia, que aclaró que la expresidente deberá usar tobillera y restringir sus visitas ya que debe presentar una nómina de quiénes podrán ingresar a su departamento. Esto sólo incluye familiares, médicos y círculo cercano de la mandataria del PJ. 

Si quisiera recibir periodistas para seguir generando presencia en los medios, se deberá tramitar una autorización. 

Además deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”. El escrito no apunta directamente a las salidas al balcón, pero este punto parece estar dirigido a esta escena que se repetía y es lo que hace permanecer a la militancia en la calle.

El Gobierno de la Ciudad , a través de la Procuración General, presentó una nota formal ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 para expresar su preocupación institucional por los efectos negativos de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en su residencia del barrio porteño de Constitución.

La iniciativa fue instruida directamente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y advierte que la presencia permanente de fuerzas de seguridad en el edificio de la exmandataria, así como el movimiento político y social que genera su figura, podrían tener un fuerte impacto en la dinámica urbana de una zona altamente transitada y densamente poblada.

Según consta en el escrito judicial, desde la confirmación de la condena a la expresidenta por la causa Vialidad, ya comenzaron a registrarse concentraciones, interrupciones del tránsito, ruidos molestos y una sobrecarga de operativos de seguridad en el perímetro del domicilio.

El Gobierno porteño también adjuntó informes técnicos elaborados por áreas operativas, donde se detallan los potenciales perjuicios sobre la circulación peatonal y vehicular, el acceso a escuelas y centros de salud, y la prestación de servicios esenciales en el macrocentro de la ciudad.

Ya formalizada la prisión domiciliaria en Constitución, la administración de Jorge Macri pidió se establezca un dispositivo coordinado entre las autoridades nacionales y locales para garantizar el orden público y minimizar las disrupciones.

En el marco de la Ley Bases recientemente sancionada, el Gobierno oficializó una reforma integral de la Policía Federal, orientada a convertirla en una fuerza federal de investigación, especializada en delitos complejos y crimen organizado. Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron la medida este martes por la tarde. 

A través de un decreto presidencial, se aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal y se dispuso un proceso de reestructuración y modernización institucional que incluye cambios en su misión principal, su estructura organizativa, su sistema de formación y su presupuesto.

Los cambios ya fueron detallados en el Boletín Oficial. El texto argumenta que el traspaso de competencias locales a la Ciudad de Buenos Aires y los nuevos desafíos en materia de seguridad exigen una redefinición del rol de la Policía Federal (PFA). La institución dejará de cumplir funciones de seguridad urbana en la Capital Federal para concentrarse exclusivamente en la prevención, detección e investigación de delitos federales, como el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos y cibernéticos, entre otros.

Asimismo, se subraya que la actual Ley Orgánica de la PFA, sancionada en 1958, quedó obsoleta frente a la evolución normativa, tecnológica y criminal de las últimas décadas.

Entre los principales ejes del plan se destacan:

Nueva estructura más eficiente: se apunta a una fuerza más reducida, con mejor rendimiento operativo y mayor capacidad investigativa.

Control interno reforzado: la Dirección General de Asuntos Internos ampliará su autonomía y reportará funcionalmente al Ministerio de Seguridad Nacional.

Revisión del personal: se redefinirá el perfil de los agentes y se reducirá progresivamente el número de nuevos ingresantes, priorizando calidad sobre cantidad.

Ingreso de universitarios: se lanzará un programa para incorporar profesionales ya graduados, replicando modelos como el del FBI estadounidense.

Modernización tecnológica y formativa: se invertirá en herramientas informáticas, tecnología forense y programas de capacitación adecuados a la nueva misión.

Además, el decreto faculta al Ministerio de Seguridad a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores y, si fuera necesario, reincorporar efectivos retirados para colaborar con la transición.

La reforma estará acompañada por la creación de un Programa Presupuestario de Modernización, financiado mediante los ahorros que genere la reducción del ingreso de personal. Los recursos se destinarán a equipamiento, infraestructura y soluciones tecnológicas.

La reasignación del personal y el despliegue territorial de la fuerza se definirá según criterios  que establecerá el Ministerio de Seguridad, en función de las amenazas federales más relevantes. Los objetivos estratégios del nuevo estatuto de la PFA son: 

El nuevo empoderamiento a la Policía Federal generó cuestionamientos desde la oposición, organismos de DDHH y sociales. Dos puntos en particular activaron la controversia: el patrullaje virtual sin orden judicial y la posibilidad de detenciones preventivas sin intervención de un juez.

Uno de los cambios más significativos que se prevé implementar es la habilitación para que los efectivos policiales puedan monitorear redes sociales de manera autónoma, sin requerir autorización judicial, como método de prevención e identificación de presuntos delitos. 

Según cirucula en el documento que circula en la PFA, esta medida deberá “respetar la libertad de expresión, la intimidad y los datos personales”, pero no establece mecanismos concretos de control o supervisión externa.

Otro de los puntos más cuestionados es la habilitación para que los agentes puedan detener a una persona sin intervención judicial previa, siempre que existan “elementos suficientes” que les permitan presumir que esa persona hubiera cometido o pudiera cometer un delito. No queda claro qué son elementos suficientes y quien lo determina. 

Con esta reforma, el Ejecutivo busca alinear la actuación de la Policía Federal con los desafíos actuales de la criminalidad transnacional, en línea con las prácticas de fuerzas investigativas internacionales. El nuevo Estatuto constituye —según el Gobierno— un paso clave hacia una fuerza más profesional, moderna y efectiva en la lucha contra el crimen organizado.

La violencia, el miedo, la impunidad: todo forma parte del paisaje. Lo que no se ve a simple vista es su causa más profunda. La inseguridad es el síntoma más visible de un sistema corroído por la corrupción. 

Durante años, la gobernación provincial liderada por Axel Kicillof fue desmantelando las estructuras de control mientras multiplicaba cargos, cajas y contratos políticos. La Policía quedó desfinanciada, mal entrenada y sin respaldo. Las escuelas se caen a pedazos. Los docentes sobreviven con sueldos miserables. Las drogas circulan libremente porque no hay control ni inteligencia criminal. 

Mientras tanto, el Gobernador gasta 83 millones de pesos por día en pauta oficial. Son 2,5 patrulleros que no se compran. Son 916 móviles al año que no patrullan. No es un error: es una elección política. El deterioro institucional no sólo afecta a la seguridad: socava los valores, destruye la educación y rompe el contrato social más básico. El “síndrome de la ventana rota” grafica de manera certera esta realidad. Este concepto hace referencia a que la existencia constante y naturalizada de violaciones a las leyes crea un ambiente en el que tienden a aparecer delitos cada vez más graves.

No se puede pretender que una sociedad empobrecida por el clientelismo político respete las normas impuestas por los mismos que le impiden el acceso a los servicios más básicos de supervivencia. Es decir, la corrupción sistémica, cuando está profundamente normalizada y viene desde hace muchos años, da lugar al encubrimiento y la desconfianza en las autoridades y, como consecuencia, un incremento de la violencia y la inseguridad. 

¿Qué le queda a un chico que no va a la escuela, que no ve a sus padres trabajar, que crece rodeado de violencia? ¿Cómo se sostiene una sociedad donde el mérito no vale nada y el delito es parte del día a día? La corrupción no es una cuestión de moral: es una fábrica de pobreza, resentimiento y crimen. 

Mientras el Conurbano vive al límite, atrapado entre el miedo y la parálisis, hay regiones de la provincia que ni siquiera entran en el radar de la gobernación. La Sexta Sección es el ejemplo más claro del abandono. Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, distritos productivos y estratégicos, son postergados sistemáticamente por la administración de Kicillof. Cuando una tormenta letal arrasó Bahía hace unos meses y murieron 13 personas, la respuesta fue tardía, desorganizada y sin recursos. 

No fue un fenómeno imprevisible: fue otro capítulo del mismo desprecio por los ciudadanos.

Terrible. Devastador. Indignante. Doloroso. La noticia publicada en Newstad, sobre el abuso sexual que sufrió un joven de 14 años, por parte de tres hombres mayores en Dolores, en la Provincia de Buenos Aires, es un llamado de atención sobre el peligro al cual quedan expuestos adolescentes al usar aplicaciones de citas, donde no se controla, o se puede falsear la edad de quienes son parte.Sucedió que un adolescente de 14 años se unió a la App de citas Grindr el 27 de enero; al tiempo fue contactado por un docente de  37 años, quién lo citó a su casa (aún sabiendo que era menor de edad), y abusó sexualmente del menor, de lo cual también participó un diseñador de modas de 24 años (que también vive en esa casa), y al día siguiente, el menor fue llevado al domicilio de un inspector de 51, que también abusó sexualmente del adolescente.Al tiempo, el joven de 14 años se empezó a sentir mal, fue atendido en el Hospital de La Plata el 18 de febrero, donde se encontró que se había contagiado de sífilis, y dió positivo para HIV.Acá se dan situaciones que debemos conocer, donde los menores de edad quedan en riesgo, vulnerables, y a disposición de hombres que abusan.La aplicación Grindr se anuncia como: "chat y encuentros, si eres gay, bisexual, transexual o queer, o simplemente tienes curiosidad por conocer personas". Y es usada generalmente por hombres que quieren conocer hombres. Hasta ahí no hay nada extraño, ni nada que juzgar, ya que cada persona adulta puede elegir libremente participar, chatear, mandar fotos o videos, asumiendo el riesgo de contactarse con extraños, pero siempre todo realizado con consentimiento. El grave problema es que, como sucedió, también pueden participar menores de edad, cosa que no está permitido, y así, se expone al menor, a estar en contacto con adultos.Y ahí nos debemos preguntar: ¿cómo un menor puede participar? ¿Cuáles son los controles?¿Cómo se verifica la edad de los participantes?. Y ahí se encuentra un agujero negro que no puede existir, un peligroso descontrol.Y entonces los delitos son varios y muy graves: desde el intercambio de fotos y videos eróticos/sexuales entre un menor de edad y un adulto; encontrarse para abusar sexualmente y/o raptarlo para organizaciones de trata de personas.

¿Qué puede suceder con los acusados?Las 3 personas detenidas, se exponen a penas de entre 6 meses a 20 años, según la Ley 27.352 y la última modificación del artículo 119 del Código Penal Nacional, según determine la Justicia.Debemos exigir como sociedad la máxima pena posible, ante un hecho aberrante que es el abuso sexual, y transmisión de enfermedades infectocontagiosas como la sífilis y HIV.Además de la atención médica brindada, se debe dar contención psicológica al menor y a su familia, ante todo lo vivido, que fue muy traumático y doloroso.Este caso es una advertencia para hablar en casa con nuestros hijos sobre el peligro que existe en internet, las redes sociales como Instagram, Tiktok, Kwai, o Snapchat, entre otras, o los juegos en línea, ya que puede ponerlos en riesgo de sufrir grooming, y/o de que los contacten adultos mayores: "lo virtual es real".La Educación Sexual Integral de calidad y profesional, dada por personas capacitadas -yo muchas veces voy a Colegios, Instituciones y Clubes que me convocan a dar ESI- da las herramientas para prevenir, cuidar, advertir y proteger a los menores de edad.Además, debemos pedir a las autoridades que exijan a todas las app y redes sociales, que para funcionar, tengan un marco regulatorio y cumplan con medidas de seguridad extremas, para que no participen menores de edad.Y a la Justicia que de una pena máxima ejemplar, a cada uno de los responsables, que participaron en el hecho.Como Médico Sexólogo UBA y comunicador en salud, es fundamental que -como hacemos en Newstad- los medios de comunicación además de dar las noticias, trabajen en la educación y concientización de la sociedad, para evitar que estos hechos se repitan.

Días atrás, mediante la resolución 45/2025, se aprobó el trámite digital exprés para facilitar a los usuarios la tenencia de armas de fuego. Este procedimiento simplificado, aplicará a todas las compras realizadas en armerías, ya sean de usuarios individuales o miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policías y servicios penitenciarios

Celebro que hayan tomado la decisión de modernizar el trámite mediante este proceso de digitalización, -evidenciando un guiño favorable a los legítimos usuarios- pero no está demás destacar que aún no se ha avanzado en cuestiones de verdadera relevancia en la materia, principalmente en lo vinculado a la portación de armas para los civiles que se han capacitado a tal efecto.

Es sabido que las fuerzas policiales no pueden estar en todos lados al mismo tiempo, los recursos son limitados; no hay poder de policía ni sistema judicial por más punitivista que sea que pueda lograr una verdadera efectividad para combatir el crimen; de hecho, el sistema actúa generalmente luego de que el hecho ocurrió. Por tal motivo, es indispensable la autodefensa entendida como la posibilidad de toda persona de proteger su derecho a la vida, propiedad y libertad, así como las de terceros que así lo requieran. 

Las armas de fuego no son malas en sí mismas, como toda herramienta cumplen una función; son quienes las emplean los responsables de las consecuencias que las mismas generan. 

Es indispensable que la gente tome conciencia de que nadie está exento de vivir un hecho de inseguridad, y considerar las armas como el problema es un error que puede ser fatal; los delincuentes siempre tendrán armas, es un hecho, es imposible erradicarlas.

La necesidad de ser tenedor e incluso portador de armas de fuego no solo es un requisito para los que delinquen, tenemos que entender que a veces debemos protegernos nosotros mismos. El Estado es ineficiente en sí mismo y en consecuencia la mayoría de las veces no podrá salvarlos.

Sería bueno que las autoridades sean conscientes de esto y sean más permisivas en lo concerniente a la portación de armas, toda vez que los sucesos delictivos también suceden en la vía pública. Es un despropósito, por ejemplo, impedirle a un legítimo usuario portar su arma cuando conduce su auto, siendo que es más factible que sufra un ataque delincuencial en ese contexto que dentro de su casa.

La sociedad debe dejar de ver a las armas como una amenaza, estas lo son solo en las manos equivocadas. Si portar armas se naturaliza, además de estar considerablemente más protegidos ante cualquier potencial agresión, la inseguridad bajaría por una cuestión netamente de prevención general negativa; está claro que los ladrones y asesinos van a pensar dos veces antes de cometer un delito sabiendo que las víctimas muy posiblemente vayan a repeler la agresión.

En conclusión, es necesario una legislación más moderna en relación a la portación de armas que le permita a toda persona, que se capacite en la materia, poder acceder a ella; lo que en la práctica hoy día está limitado solo para personal de las fuerzas. Sería realmente una gran decisión para comenzar que todo legítimo usuario tenga derecho a portar su arma sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Los argentinos deben comenzar a tener conciencia respecto a los beneficios de estar armados y dejar de tener ese pensamiento cordial y compasivo propio de personas que viven en zonas privilegiadas; lamentablemente el amor no es suficiente para vencer al odio. Tal como afirmó Mijail Kalashnikov, las armas son un instrumento para la paz, un símbolo de resistencia y liberación contra la opresión.