Las tensiones entre Irán y otros actores de Medio Oriente suelen analizarse desde la geopolítica energética o la seguridad militar. Sin embargo, hay otra dimensión menos visible pero profundamente estratégica: el impacto que estos conflictos pueden tener sobre el agua.

El primer punto clave es la relación entre agua y energía. Las operadoras de agua suelen ser uno de los mayores consumidores de energía de las ciudades, junto con industrias intensivas como la siderurgia o la química. Bombear agua desde ríos o acuíferos, potabilizarla, transportarla cientos de kilómetros o desalinizar agua de mar requiere enormes cantidades de electricidad y combustibles. Por eso, cuando un conflicto eleva el precio de la energía, también aumenta inmediatamente el costo del agua.

Esta relación se vuelve aún más crítica en regiones áridas. En muchos países del Golfo, gran parte del agua potable proviene de plantas desalinizadoras gigantes, que dependen directamente del suministro energético. En un escenario de guerra, estas instalaciones pueden convertirse en objetivos estratégicos o quedar paralizadas por cortes de energía o problemas logísticos.

A esto se suma la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales. Uno de los puntos más sensibles del planeta es el Estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por allí circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y más de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo.

Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, se encarece el transporte marítimo global y se dispara el precio de la energía. Eso repercute directamente en el agua: desde el costo de operación de los sistemas urbanos hasta el transporte de equipos, productos químicos y membranas utilizadas en la potabilización y la desalinización.

Pero el agua también puede ser un objetivo o incluso un arma en los conflictos. La contaminación deliberada de fuentes de agua —reservorios, ríos o redes de distribución— es una amenaza reconocida en escenarios de guerra y terrorismo. Atacar la calidad del agua puede generar crisis sanitarias masivas con relativamente pocos recursos, lo que convierte al agua en una infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad.

Además, los conflictos suelen provocar movimientos masivos de población. Cuando millones de personas se desplazan por guerras o crisis humanitarias, los sistemas de agua de las regiones receptoras pueden verse rápidamente desbordados, especialmente en zonas con estrés hídrico.

También hay un impacto menos visible pero muy importante en el comercio internacional: el llamado “agua virtual”, es decir, el agua utilizada para producir alimentos y bienes agrícolas. Si una guerra altera los mercados de energía o fertilizantes, los países pueden cambiar sus patrones de producción agrícola, modificando indirectamente los flujos globales de agua.

Sin embargo, el agua no solo genera tensiones; también puede impulsar cooperación entre países. Existen casos en los que el abastecimiento compartido de agua obliga a mantener mecanismos de cooperación incluso en contextos políticos complejos.

Uno de los ejemplos más conocidos es el acuerdo entre Malasia y Singapur, donde este último depende en parte del agua proveniente del estado malasio de Johor, lo que ha llevado a décadas de acuerdos bilaterales de suministro.

Otro caso relevante es el tratado hídrico entre Israel y Jordania, firmado en el marco del acuerdo de paz de 1994, que regula el uso del río Jordán y otros recursos compartidos, y ha sido ampliado con intercambios de agua y energía en los últimos años.

Estos ejemplos muestran que el agua puede ser tanto un factor de conflicto como una base para la cooperación. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos regionales pueden tener efectos sistémicos sobre la seguridad hídrica global.

Por eso, entender la geopolítica del agua no es solo una cuestión ambiental o técnica. Es también una cuestión estratégica. En un planeta donde el acceso al agua es cada vez más crítico, proteger la infraestructura hídrica y fortalecer la cooperación internacional será tan importante como garantizar la seguridad energética o alimentaria.

*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua

El Presidente que se ufana de haber terminado guerras y no haber empezado ninguna, atraviesa días desafiantes para su gestión, y más en un año donde las elecciones de medio término lo encuentran con demasiados frentes abiertos. Donald Trump atraviesa su hora más crítica tras la apertura de un frente militar contra Irán. Lo que el Salón Oval define como una "acción defensiva necesaria", el renunciante experto en contraterrorismo, Joe Kent, describe como un error garrafal que podría redefinir el mapa político de los Estados Unidos. La salida de Kent no es una baja menor: es el portazo de un leal que advierte sobre las consecuencias de una guerra que, según su visión, carece de un objetivo estratégico claro.

Dos días atrás, Joe Kent presentó su dimisión indeclinable generando un caos en el país, pero esencialmente en el Gobierno. El ex boina verde fue determinante: Estados Unidos fue "inducido al error" por informes de inteligencia que no reflejaban una amenaza inminente. Kent sostiene que la ofensiva ignora las lecciones de las últimas décadas en Medio Oriente. Esta fractura interna expone a Donald Trump a un costado débil: la pérdida de confianza de los "halcones realistas" que lo acompañaron en su promesa de no malgastar recursos en conflictos interminables.

Con las elecciones de medio término a meses, la gran pregunta es cómo reaccionará el votante del cinturón industrial. Trump cimentó su identidad política sobre el regreso de las tropas y la priorización de la economía interna. Sin embargo, el inicio de las hostilidades ya generó una presión alcista en los precios del petróleo, afectando directamente el bolsillo del ciudadano promedio.

¿Puede un presidente retener su hegemonía mientras los costos de la energía suben y los despliegues militares aumentan? El riesgo de alienar al electorado independiente es altísimo. Si el conflicto se empantana, el relato de "paz a través de la fuerza" podría transformarse en una percepción de caos geopolítico, dándole a la oposición un argumento central para las legislativas de noviembre.

Analistas internacionales intentan descifrar qué llevó al mandatario a cambiar su doctrina de aislamiento por una de intervención directa. Se especula con que Trump buscó un golpe de efecto para consolidar su liderazgo ante desafíos internos, o que fue persuadido por un círculo de asesores que subestimaron la capacidad de respuesta de Teherán. El vacío de poder en Irán, tras la muerte del Líder Supremo, lejos de pacificar la región, ha generado una anarquía que amenaza con exportar inestabilidad hacia Occidente.

La partida de Kent deja al Centro Nacional de Contraterrorismo en una situación de vulnerabilidad administrativa. Sin una voz que contraste la narrativa de guerra, Trump queda expuesto a una cámara de eco que podría profundizar el despliegue de tropas. Mientras tanto, rivales estratégicos como Rusia y China observan con atención cómo el foco estadounidense se desvía de Ucrania y el Indo-Pacífico para hundirse, una vez más, en las arenas del Golfo Pérsico. El legado de la doctrina America First pende hoy de un hilo de incertidumbre militar.

El ingeniero especialista en energía y sector nuclear, Nicolás Malinovsky, analizó la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y advirtió sobre su impacto en los mercados energéticos globales y en la economía argentina.

“Es la realidad que está sufriendo el mundo”, señaló, y sostuvo que estamos ante “un ataque persistente de Estados Unidos a Irán, donde asesinó a toda la cúpula dirigencial de ese país”. En ese marco, describió que “las reacciones están habiendo por todos lados y sobre todo en sectores críticos donde pasan nada más y nada menos que las principales reservas y flujos energéticos a nivel mundial”.

Para dimensionar el escenario, Malinovsky recordó un antecedente reciente: “Lo que tenemos más cerca para entender es lo que pasó cuando sucedió algo similar entre Rusia y Ucrania, cuando se cortaron los gasoductos que conectaban Rusia con Europa y se encarecieron los sectores energéticos y el mercado energético”. Aquel proceso, dijo, “vulneró la economía argentina”, y advirtió que hoy “estamos también ante una posibilidad de ese tipo de vulneración”.

Según explicó el experto a Newstad, el conflicto no muestra señales de distensión: “Esto no se está enfriando, sino que está escalando”. En ese contexto, alertó que el impacto podría profundizarse “si los precios del barril de petróleo superan los 80, los 90 dólares o hasta los 100 dólares, como están hablando”. Además, remarcó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz: “El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho, pero también por ahí pasan grandes reservas de gas, con barcos de GNL, que hoy representan aproximadamente el 20 o 25% del mercado mundial”.

Sobre el efecto en la Argentina, planteó un escenario de “doble cara”. Por un lado, “aumenta el ingreso de divisas por exportación, que después hay que discutir quién se queda con ese margen de renta excedente”. Pero, por otro, advirtió que “vulnera la economía interna porque se eliminaron todos los mecanismos de diferenciación entre precio internacional y precio interno, lo que en Argentina conocíamos como el ‘barril criollo’ en el caso del petróleo y los precios internos del gas”. En consecuencia, señaló que esta dinámica “puede elevar los costos de los combustibles y todo lo que eso repercute en la cadena económica”.

Malinovsky también recordó que el conflicto entre Rusia y Ucrania “elevó los commodities, tanto los precios energéticos como otros sectores, y eso impactó en toda la economía argentina”. En ese momento, explicó, “Argentina estaba más vulnerable en términos de importación de gas porque todavía no teníamos finalizado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, inaugurado el 9 de julio de 2023, lo que hoy “minora un poco el golpe internacional”.

Finalmente, el especialista marcó lo que considera una contradicción en la argumentación de la Casa Blanca. “Donald Trump dice que uno de los ejes por los cuales ataca a Irán es porque Irán estaba teniendo avances en el enriquecimiento de uranio que podían ser utilizados para producir bombas nucleares”, señaló. Sin embargo, recordó que “el año pasado Estados Unidos atacó instalaciones nucleares donde se producía uranio y, en esa operación que fueron los ‘12 días exitosos’, él dijo que había eliminado la amenaza nuclear”. Por eso, concluyó, “ahora vuelven a poner ese argumento como eje del ataque, con lo cual hay contradicciones en lo que está diciendo el propio presidente del imperio norteamericano”, en referencia a Donald Trump.

*Nicolás Malinovsky es Ingeniero especialista en el sector energético y en el sector nuclear. Es autor del libro “Critica de la energía política”.

La política se metió de lleno en la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 noches de secuestro en la dictadura venezolana de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, a quien Marcela Pagano agradeció la colaboración para la vuelta de Gallo. La diputada, hoy en el ostracismo político, agradeció en X y a la periodista Natasha Niebieskikwiat por el trabajo realizado para lograr el hecho que intentó dejar mal parado al Gobierno en medio de la tensión con la AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. 

Franco Bindi y Marcela Pagano quedaron en medio de una situación alarmante: son acusados de financiarse con Venezuela durante el chavismo, tiempos en los que los dólares viajaron comprobados por la justicia en bolsos sin declarar, tal como sucedió con Alejandro Antonini Wilson. La abogada Giselle Robles conversó con Newstad y explicó el mapa de relaciones que incluyen al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Alvarez por maniobras ilegales de traslado de personas. El ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, también quedó en la mira tras las declaraciones de Robles, por contactos con Bindi para negocios y financiamiento.

La abogada Robles describió los profundos vínculos entre Santiago del Estero, la provincia gobernada por Gerardo Zamora, quien tiene sociedad comprobada. De hecho, Gerardo Zamora, quien este verano decidió cambiar su lugar en Pinamar y alquilo un lugar Luxury en la avenida Bunge donde el metro cuadrado es de los más caros de la ciudad, sostiene su relación con Sergio Massa y según el periodista Ricardo Roa, llamaron al juez Carlos Mahiques para evitar un desastre político de Toviggino que pueda arrastrar a Zamora. 

Venezuela, Santiago del Estero y una vida de lujos. Marcela Pagano y Franco Bindi cultivan un nivel de vida imposible para un diputado que no llega a ganar cinco mil dólares mensuales. Fuentes del sector inmobiliario aseguraron a este medio que la casa que habitan en Nordelta fue comprada para uso del matrimonio por un valor superior al millón de dólares. Marcela Pagano nunca tuvo un rol de director o conductor jerárquico en su carrera periodística salvo cuando condujo “Momento Pagano” durante su noviazgo con el gerente de programación del canal donde se emitía el programa. 

Robles asegura que Alejandro Ciro Alvarez mantuvo una red de traslado de personas durante la Pandemia a la Argentina de forma clandestina. Así lo describió Robles durante la entrevista exclusiva que hoy emite Newstad. 

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un enfrentamiento con fuerzas militares en Jalisco cerró uno de los capítulos más violentos del narcotráfico contemporáneo en México. Fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue durante años uno de los hombres más buscados del mundo, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos.

Su organización no solo expandió el tráfico de drogas a escala internacional: impuso una lógica de terror que redefinió la violencia criminal en el país. Estos son los crímenes más graves atribuidos al CJNG bajo su liderazgo.

En el marco de un operativo para capturarlo, integrantes del CJNG derribaron un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación, Jalisco. La aeronave fue alcanzada con armamento de alto poder. Murieron militares y policías federales.

El hecho marcó un antes y un después: era la primera vez que un cártel demostraba capacidad para neutralizar una aeronave militar en pleno operativo, exhibiendo poder de fuego y organización táctica propios de un grupo paramilitar.

Ese mismo 2015 y en años posteriores, el CJNG ejecutó emboscadas coordinadas contra policías estatales y federales en Jalisco y estados vecinos. Patrullas fueron atacadas con fusiles de asalto y granadas en operativos planificados con inteligencia previa sobre movimientos oficiales.

En varios episodios murieron numerosos agentes. Las autoridades señalaron al cártel como responsable de una estrategia deliberada de intimidación institucional. El mensaje era claro: el grupo disputaba al Estado el control territorial.

En junio de 2020, el entonces secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió a un atentado con armas de alto calibre en Paseo de la Reforma. El ataque involucró a decenas de sicarios y armamento pesado. Murieron escoltas y una mujer que transitaba por la zona.

Las investigaciones oficiales atribuyeron la autoría intelectual al CJNG. Fue una acción que mostró la capacidad del grupo para golpear en el corazón político del país, a plena luz del día.

Durante la expansión del CJNG hacia estados como Guanajuato, Veracruz y Michoacán, se multiplicaron los hallazgos de fosas clandestinas y escenas de ejecuciones múltiples vinculadas a disputas con organizaciones rivales.

Si bien en muchos casos los procesos judiciales siguen abiertos, autoridades federales y estatales identificaron al CJNG como actor central en estas dinámicas de violencia extrema. La práctica sistemática de desapariciones forzadas y asesinatos colectivos consolidó su reputación como uno de los grupos más brutales del país.

Bajo el mando de Oseguera, el CJNG se convirtió en uno de los principales exportadores de metanfetamina hacia Estados Unidos y fue vinculado al tráfico de fentanilo, droga asociada a miles de muertes por sobredosis.

La expansión de estas redes colocó al líder del cártel en la mira prioritaria de agencias estadounidenses. El impacto del fentanilo en la crisis sanitaria norteamericana elevó el caso a una dimensión geopolítica, intensificando la cooperación bilateral para capturarlo.

MADRID (Corresponsal) — Quizá Peter Morgan, el creador de la exitosa serie The Crown, esté pensando en una nueva temporada o en otra serie sobre la familia real. Porque lo que ocurrió este jueves, en Norfolk, Inglaterra, seguramente, supera su fructífera imaginación.

Alrededor de las ocho de la mañana, seis coches de policía y una decena de efectivos llamaron a la puerta de la casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, quien estaba a punto de festejar sus 66 años.

Lejos de entregarle una torta o un regalo, los policías introdujeron a Andrés en uno de los coches y se lo llevaron detenido para interrogarlo por sus relaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein (1953-2019).

Los vínculos entre Andrés y Epstein están cada vez más comprobados. Por eso, en octubre pasado, posiblemente por presiones del rey Carlos III, su hermano renunció a todos sus títulos, incluido el de duque de York. El monarca le pidió que abandonara el Palacio de Windsor y Andrés estableció su nuevo domicilio en una urbanización de Norfolk, lugar del operativo de este jueves.

La situación de Andrés se complicó el pasado 31 de enero cuando varios diarios británicos difundieron fotos donde aparece junto a una mujer tirada sobre el piso. Vestido de manera informal, en una mira a la cámara y en la otra posa su mano sobre el abdomen de la mujer, cuyo rostro ha sido ocultado.

Los archivos también contienen mensajes de correo electrónico comprometedores. En uno de ellos Epstein promete enviarle “una rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar". En septiembre de 2010, cuando la pésima fama de Epstein se había extendido, el entonces príncipe lo invitó al Palacio de Buckingham.

El diario El Mundo destaca las declaraciones de la familia de Virginia Giuffre (1983-2025), víctima de Epstein que acusó a Andrés de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad. "Nuestros corazones rotos han sido reconfortados por la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", señalaron el hermano y la cuñada en un comunicado. Agregaron: “Andrés nunca fue un príncipe".

El diario también recuerda que Andrés indemnizó con unos doce millones de euros a la joven, pero sin aceptar responsabilidad alguna. Giuffre se suicidó el año pasado luego de haber encabezado varias campañas de denuncia contra Epstein.

Mientras la policía británica investiga los registros de vuelos privados en Stanstead y Birmingham en busca de pruebas de una presunta red de trata armada por Epstein en el Reino Unido, la acusación iría por otro lado. Según la información policial, Andrés fue detenido “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”. Un término bastante amplio y hasta impreciso.

Más allá de las implicancias sexuales, el hermano del Rey está acusado de facilitar informes oficiales sobre viajes al sudeste asiático en noviembre de 2010, según ha revelado The Telegraph. El diario también asegura que tuvieron conversaciones sobre una inversión de Epstein en China. La cuestión es que, en ese momento, Andrés representaba a la Corona y, de comprobarse todo esto, habría incumplido con sus deberes de funcionario público.

El rey Carlos III emitió un comunicado donde anticipa que “ahora sigue un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro pleno apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”.

Abandonado por la Corona, festejando su cumpleaños en una celda, Andrés ahora deberá dar explicaciones. ¿Una serie basada en su vida? ¿Por qué no, Morton?

Perú volvió a sumergirse en una transición abrupta. El Congreso eligió como presidente interino a José María Balcázar, un abogado y exjuez de 83 años, que asumió el poder tras la destitución del mandatario anterior en medio de un nuevo episodio de inestabilidad institucional. Su llegada no sólo confirma la fragilidad política del país —que suma varios jefes de Estado en menos de una década— sino que abre una controversia inmediata por investigaciones judiciales y declaraciones públicas ampliamente repudiadas.

Balcázar accedió a la presidencia por sucesión constitucional luego de ser elegido titular del Congreso, tras la destitución de José Jerí. Gobernará de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando asuma el mandatario elegido en los comicios previstos para abril. Su designación confirma la prolongada inestabilidad política peruana, que ha llevado al país a encadenar múltiples presidentes en pocos años y a sostener gobiernos de duración cada vez más breve.

Nacido en Cajamarca en 1943, Balcázar es abogado, exmagistrado y docente universitario, con trayectoria parlamentaria desde 2021 y vínculos con distintas agrupaciones políticas a lo largo de su carrera. Al asumir, se convirtió además en el presidente de mayor edad en la historia del Perú y en otro eslabón de la sucesión acelerada que caracteriza al sistema político del país en la última década.

Uno de los aspectos más sensibles de su perfil son las acusaciones e investigaciones que lo acompañan desde antes de llegar al poder. Reportes periodísticos señalan que enfrentó denuncias por presunta apropiación indebida de fondos en su paso por el Colegio de Abogados de Lambayeque, además de cuestionamientos por supuesto tráfico de influencias.

Estas controversias judiciales no impidieron que obtuviera los votos necesarios en el Parlamento para imponerse en la elección interna y asumir la conducción del Estado, lo que ha reavivado el debate sobre ética pública, idoneidad y estándares institucionales en el sistema político peruano.

El punto más crítico de su trayectoria pública son sus declaraciones en defensa del matrimonio infantil y de relaciones desde los 14 años, realizadas durante debates legislativos previos. Dichos comentarios fueron condenados por organismos de derechos humanos y autoridades estatales, que los consideraron incompatibles con la protección de la niñez.

Las expresiones del ahora presidente interino provocaron un rechazo extendido en la sociedad peruana y se convirtieron en el eje de la polémica que acompaña su llegada al poder. Para sectores críticos, estas posturas representan un retroceso en materia de derechos infantiles y un motivo adicional de preocupación en un contexto político ya marcado por la desconfianza ciudadana.

Más allá de la controversia, la tarea formal de Balcázar será garantizar estabilidad política, continuidad institucional y elecciones transparentes durante los pocos meses que dure su gestión. El país enfrenta simultáneamente crisis de representación, fragmentación parlamentaria y desgaste social, factores que condicionan cualquier intento de gobernabilidad en el corto plazo.

Su presidencia, por lo tanto, nace marcada por una doble tensión: la urgencia de conducir una transición ordenada y el peso de un pasado político y judicial que divide opiniones.

La historia reciente muestra que los cambios de presidente en Perú no siempre traen estabilidad. En este escenario, la figura de Balcázar sintetiza la paradoja del momento: un gobierno pensado para cerrar una crisis que comienza envuelto en nuevas controversias.

El desenlace dependerá de si la transición logra cumplir su objetivo esencial —elecciones legítimas y traspaso pacífico del poder— o si el país vuelve a quedar atrapado en el ciclo de presidencias breves, disputas institucionales y desconfianza social que define su política reciente.

Hace exactamente un mes, Venezuela vivió uno de los episodios más determinantes de su historia reciente: la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en una operación militar que desató reacciones en todo el mundo. Desde entonces, el país caribeño ha experimentado transformaciones políticas, económicas, sociales e internacionales profundas, aunque muchos de estos cambios están en plena evolución y generan tanto esperanza como incertidumbre entre la población y la comunidad internacional.

1. Fin del culto personalista en la propaganda estatal

Desaparecieron progresivamente imágenes, consignas y menciones directas al liderazgo anterior en edificios públicos, actos oficiales y transmisiones estatales. Sin grandes anuncios, el Estado comenzó a despersonalizar su narrativa y a reemplazarla por un discurso más institucional y menos ideológico.

2. Reformas históricas en la industria petrolera

Uno de los cambios más notables ha sido una reforma legal integral al sector petrolero que rompe con dos décadas de nacionalización absoluta y abre el camino a la participación del sector privado, tanto nacional como internacional, en la producción, comercialización y manejo de ingresos. Esta transformación busca reactivar la industria más importante de Venezuela, hoy en grave crisis.

3. Reapertura de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos

Después de siete años sin representación formal, Estados Unidos reabrió su misión diplomática en Caracas, lo que representa un giro significativo en la política exterior venezolana y una señal de acercamiento entre ambos gobiernos tras años de tensiones y sanciones.

La presidenta interina Delcy Rodríguez y la nueva encargada de negocios de EE. UU. sostuvieron la primera reunión oficial cara a cara, discutiendo un plan de estabilización y transición democrática que podría guiar los próximos meses de la política venezolana.

4. Revisión de causas judiciales emblemáticas

Se habilitó la revisión administrativa y judicial de expedientes sensibles, especialmente aquellos vinculados a opositores, periodistas y dirigentes sociales. Aunque no hubo anulaciones masivas, el simple gesto de abrir archivos marcó un quiebre con la lógica de persecución automática.

5. Descompresión del miedo cotidiano

Sin que hayan desaparecido los aparatos de control, se redujo la lógica del castigo inmediato, los arrestos arbitrarios y las demostraciones de fuerza pública. Para una sociedad acostumbrada al disciplinamiento permanente, esa descompresión también es un cambio tangible.

6. Reestructuración interna y nombramientos clave

El gobierno interino ha realizado movimientos estratégicos dentro de su gabinete, incluyendo el nombramiento de figuras ligadas históricamente al chavismo, lo que ha levantado debates sobre la verdadera profundidad de la transformación política.

7. Apertura parcial del sistema electoral

Comenzaron conversaciones técnicas sobre actualización del padrón, observación internacional y cronograma, algo inexistente hasta hace pocas semanas. No hay fechas, pero sí mesas de trabajo formales, lo que ya implica un cambio estructural.

8. Reordenamiento del control militar

En el último mes se produjo un reacomodamiento silencioso en la cúpula de las Fuerzas Armadas, con relevos, pases a retiro y ascensos estratégicos. Aunque no se anunció como una depuración, el movimiento buscó asegurar lealtades internas y evitar fracturas en un momento de extrema fragilidad institucional.

9. Libertad de expresión y derechos humanos bajo escrutinio

Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han observado que, si bien hay señales de apertura, las libertades fundamentales, incluidas la libertad de prensa y la liberación completa de presos políticos, avanzan de forma desigual y a veces limitada, lo que mantiene preocupaciones sobre el respeto pleno a los derechos humanos.

10. Reconfiguración del relato histórico reciente

Desde el Estado se abandonó la narrativa épica y confrontativa para adoptar un lenguaje de transición, daño institucional y reconstrucción, incluso reconociendo errores sin asumir responsabilidades penales. El cambio discursivo no es menor: redefine el marco del debate público.

Estados Unidos ya puso en marcha la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que será la más grande de la historia del fútbol. Con un formato ampliado a 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede —11 de ellas en territorio estadounidense—, el torneo no solo promete récords deportivos, sino también una demostración global de capacidad organizativa, seguridad y hospitalidad por parte del país anfitrión.

El Mundial de 2026 será, además, una verdadera celebración internacional, con millones de aficionados provenientes de todos los continentes. Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos está desplegando la alfombra roja para recibir al mundo. Tal como lo expresó el presidente Donald Trump, distintas agencias del gobierno federal —entre ellas el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional— trabajan de manera coordinada para garantizar que el evento sea seguro, eficiente y una experiencia inolvidable para los visitantes.

Uno de los puntos centrales del operativo es la facilitación del ingreso al país para los aficionados internacionales, sin descuidar los estándares de control fronterizo. Actualmente, cientos de millones de personas de Canadá y de los 42 países que integran el Programa de Exención de Visado pueden viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar un visado. A eso se suman otros 55 millones de extranjeros que ya cuentan con visados de visitante válidos, lo que amplía notablemente el universo de potenciales asistentes al torneo.

Para quienes sí necesitan un visado, las autoridades estadounidenses anunciaron una fuerte reducción en los tiempos de espera. Las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo están ofreciendo más de dos millones de citas adicionales para entrevistas, con el refuerzo de cientos de funcionarios consulares. El resultado es significativo: en países como Brasil y Argentina, donde antes las demoras podían superar el año, hoy es posible obtener una entrevista en menos de 60 días. Según datos oficiales, esta mejora ya se observa en más del 80% de los países del mundo.

Este esfuerzo logístico busca equilibrar dos objetivos centrales: dar la bienvenida a los visitantes y garantizar la seguridad nacional. Todos los solicitantes de visado serán sometidos a exhaustivos controles, un requisito que el gobierno estadounidense considera innegociable para proteger tanto a los ciudadanos como a los millones de espectadores que asistirán a los partidos. En ese marco, las autoridades recomiendan iniciar los trámites con anticipación a través del sitio oficial del Departamento de Estado dedicado al Mundial 2026.

Una de las novedades más destacadas es la implementación del sistema “FIFA PASS”, una herramienta pensada específicamente para los aficionados que ya cuenten con entradas oficiales adquiridas a través de la FIFA. Este mecanismo permitirá acceder a citas prioritarias para entrevistas de visado, asegurando que los hinchas puedan completar el proceso antes del inicio del torneo. Si bien el beneficio agiliza los plazos, las condiciones de fondo se mantienen: los solicitantes deberán demostrar que cumplen con los requisitos legales, que respetarán las leyes estadounidenses y que abandonarán el país una vez finalizada la competencia. La seguridad fronteriza, subrayan desde Washington, seguirá siendo la prioridad absoluta.

Más allá de la logística migratoria, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se proyecta como un fenómeno económico y cultural de enorme magnitud. De acuerdo con un estudio conjunto de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, el torneo generará miles de millones de dólares en actividad económica y permitirá la creación de 185.000 puestos de trabajo a tiempo completo en Estados Unidos. Hoteles, transporte, gastronomía, comercio y turismo serán algunos de los sectores más beneficiados.

El contexto histórico suma un condimento especial: el Mundial coincidirá con los 250 años de la independencia de Estados Unidos, lo que convierte al evento en una vitrina privilegiada para mostrar la diversidad, la infraestructura y el dinamismo del país. Desde las calles vibrantes de Los Ángeles hasta el icónico paisaje urbano de Nueva York, pasando por ciudades del sur, el medio oeste y la costa este, los aficionados vivirán una experiencia que combina fútbol de élite, cultura urbana y hospitalidad estadounidense.

En definitiva, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no será solo una competencia deportiva. Será una puesta en escena global, un desafío organizativo sin precedentes y una oportunidad estratégica para que Estados Unidos reafirme su lugar como anfitrión de grandes eventos internacionales. El balón todavía no empezó a rodar, pero el operativo ya está en marcha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba se encuentra al borde del colapso como consecuencia directa del corte en el suministro de petróleo proveniente de Venezuela, un factor que —según afirmó— sostenía buena parte del funcionamiento económico de la isla. Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa en la previa de un mitin político en el estado de Iowa y provocaron una inmediata reacción del régimen cubano.

“Cuba está a punto de caer. Es una nación que está muy cerca del colapso”, sostuvo al describir la situación económica y política del país caribeño. El mandatario remarcó que durante años el gobierno cubano dependió del apoyo financiero y energético de su aliado ideológico en Caracas, una relación que, según indicó, se quebró tras los recientes cambios de poder en Venezuela.

Trump explicó que el suministro de petróleo venezolano resultaba clave no sólo para el abastecimiento energético, sino también como una fuente indirecta de ingresos que permitía sostener el sistema económico de la isla. “Obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”, afirmó, subrayando que esa pérdida dejó a Cuba en una situación de extrema fragilidad estructural.

En ese mismo marco, se refirió a la situación venezolana y aseguró que Estados Unidos mantiene una presencia muy fuerte en el país sudamericano, al que describió como poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump sostuvo que Washington cumple un rol central en el nuevo escenario regional y que su administración trabaja activamente en ese proceso.

Según el mandatario, la relación con las actuales autoridades venezolanas es positiva y permitirá generar beneficios económicos tanto para Venezuela como para Estados Unidos. “Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país”, afirmó, reforzando la idea de que el reordenamiento energético regional tendrá consecuencias directas sobre países históricamente dependientes de Caracas, como Cuba.

Las declaraciones del presidente estadounidense fueron rápidamente condenadas desde La Habana. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó de manera tajante cualquier escenario de negociación, reafirmando el discurso de resistencia del régimen.

Sin embargo, más allá del cruce diplomático, las afirmaciones de Trump vuelven a poner el foco sobre una realidad que resulta imposible de ocultar: la lamentable situación de la isla y su población. Las imágenes que ofrece Cuba son claras desde hace años: edificios derruidos en La Habana, barrios detenidos en el tiempo, vehículos antiguos que continúan circulando por falta de renovación y largas filas para conseguir alimentos o artículos de higiene, señales visibles de una economía agotada.

A ese panorama se suma una realidad aún más cruda. Hombres y mujeres que, ante la falta de oportunidades reales, se ven empujados a la prostitución como único recurso de subsistencia, en un contexto donde el trabajo formal no garantiza ingresos suficientes ni condiciones de vida dignas.

El atraso estructural se combina con un férreo sistema de prohibiciones y censura, que limita el acceso a internet, restringe la información y bloquea cualquier intento de organización independiente. La ausencia de horizontes de progreso, junto al desabastecimiento crónico, configura desde hace años una crisis humanitaria silenciosa, naturalizada por el régimen pero padecida a diario por la población.

Cuba no enfrenta únicamente las consecuencias de un modelo económico fallido. El problema es más profundo y tiene raíces políticas. El Estado persigue a los disidentes, reprime las protestas y castiga toda manifestación que cuestione el orden establecido, cerrando cualquier vía de transformación interna y profundizando una crisis que ya no depende sólo de factores externos.

Sin lugar a dudas, que el régimen cubano esté tambaleando, como afirmó Trump, representa una noticia alentadora para quienes esperan un cambio real en la isla y para todos los que amamos la libertad.

Winston Churchill murió el 24 de enero de 1965, a los 90 años, y su despedida marcó un antes y un después en la historia británica y mundial. No solo se trató del adiós a uno de los líderes más decisivos del siglo XX, sino también de un acontecimiento político, simbólico y mediático sin precedentes. Su funeral de Estado fue, durante décadas, la mayor ceremonia de este tipo jamás realizada y condensó la memoria del Imperio, la Segunda Guerra Mundial y el lugar que Gran Bretaña aún ocupaba —o creía ocupar— en el mundo.

Churchill murió en su casa de Hyde Park Gate, en Londres. Tras una vida atravesada por la guerra, la política y la palabra, pasó sus últimos días mayormente en coma. Su médico personal notificó primero a la Reina y luego al primer ministro Harold Wilson. A las pocas horas, la noticia recorrió el mundo y desató una ola de homenajes internacionales pocas veces vista.

Por decreto real, el cuerpo del ex primer ministro fue expuesto durante tres días en Westminster Hall, permitiendo que la población le rindiera tributo. Más de 321.000 personas hicieron fila —en algunos casos durante horas— para despedirse. El funeral oficial se celebró el 30 de enero de 1965 en la catedral de San Pablo, un honor reservado a contadas figuras históricas. Asistieron representantes de más de 120 países, jefes de Estado, monarcas, ex primeros ministros y líderes militares. Fue, hasta ese momento, la mayor concentración de poder político reunida en un funeral, sólo superado por el de Juan Pablo II.

Pero más allá de su solemnidad, el funeral de Churchill estuvo cargado de gestos, símbolos y episodios singulares. Aquí, cinco curiosidades que explican por qué su despedida fue única en la historia.

1. Murió el mismo día que su padre

Winston falleció exactamente setenta años después que su padre, Lord Randolph Churchill. La coincidencia no pasó inadvertida ni para la familia ni para los biógrafos, y fue leída como uno de esos guiños del destino que parecen cerrar un círculo vital. La relación entre ambos fue compleja, marcada por la admiración, la distancia emocional y una permanente necesidad de reconocimiento. Randolph Churchill, brillante pero autodestructivo, murió joven, a los 45 años, dejando en su hijo la convicción —equivocada— de que él también tendría una vida corta. Durante décadas, Winston vivió con la certeza de no superar la edad de su padre; esa expectativa influyó en su ambición, su urgencia por dejar huella y su voracidad política.

2. La Reina rompió el protocolo realIsabel II asistió al funeral, algo extremadamente inusual. No solo estuvo presente, sino que llegó antes que el féretro y la familia Churchill, y salió después de ellos. En términos de protocolo, fue un gesto excepcional de respeto personal y político, ya que los reyes son los últimos en llegar. El nieto del viejo ministro, Nicholas Soames, lo definiría más tarde como un acto “hermoso y profundamente conmovedor”.

3. Un funeral planificado durante doce añosDesde hacía años, el final de Churchill era esperado con una mezcla de respeto y temor institucional. En 1953, durante su segundo mandato como primer ministro, había sufrido un grave derrame cerebral. A partir de ese episodio, y por orden directa de la joven Isabel II, se puso en marcha un plan secreto y minucioso para su funeral, conocido como Operación Hope Not. El dispositivo fue ajustado durante más de una década, en parte porque muchos de los encargados originales fueron falleciendo antes que el propio Churchill, un detalle tan irónico como revelador de su longevidad política y biológica.

4. El viaje final por el TámesisTras el servicio religioso, el ataúd fue trasladado en una embarcación especial, el MV Havengore, por el río Támesis. Durante el recorrido, las grúas del puerto inclinaron sus brazos en señal de saludo, un gesto espontáneo que se convirtió en una de las imágenes más recordadas del siglo XX británico.

5. Un récord mediático globalEl funeral fue seguido por unos 350 millones de personas en todo el mundo. En el Reino Unido lo vieron 25 millones, y en Estados Unidos tuvo más audiencia que el propio funeral de John F. Kennedy. Se trató, durante años, el evento televisado más visto de la historia.

Churchill fue finalmente enterrado en la iglesia de San Martín, en Bladon, junto a sus antepasados. Días después, su esposa resumió la magnitud del acontecimiento con una frase inolvidable: “No fue un funeral, fue un triunfo”. Y quizás ahí esté la clave: su despedida no solo cerró una vida, sino también una era. Como escribió The Observer, aquel día Londres fue, por última vez, la capital del mundo.

Como historiadora, siempre me ha parecido profundamente fascinante la historia de Venezuela. Fue uno de los espacios tempranos de la emancipación americana, un territorio donde a comienzos del siglo XIX se pensó la libertad antes que en muchos otros rincones del continente. Allí actuaron hombres como Francisco de Miranda, precursor incansable, y Simón Bolívar, figura central de la independencia sudamericana, portadores de un proyecto político que combinaba soberanía, ciudadanía y modernidad. Por eso resulta todavía más devastador observar el estado actual de ese país, no solo empobrecido materialmente, sino desgarrado en su entramado social, cultural y moral. La destrucción de una nación rica en recursos, historia y capital humano no fue producto de una catástrofe natural ni de una guerra externa, sino de un proceso político interno iniciado con Hugo Chávez y profundizado de manera brutal bajo el mando de Nicolás Maduro.

Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue sinónimo de oportunidades. La riqueza petrolera, bien o mal administrada, permitió niveles de vida que atrajeron inmigrantes, desarrollaron universidades, industrias culturales y una clase media extensa. Ese equilibrio comenzó a resquebrajarse cuando el poder político empezó a concentrarse de forma sistemática, debilitando los contrapesos institucionales y reemplazando el pluralismo por una lógica de amigo-enemigo. El chavismo se presentó como redención social, pero pronto mostró su rostro autoritario: colonización de la Justicia, subordinación del Parlamento, control de los medios y militarización creciente de la vida pública. Con Maduro, ese proceso derivó abiertamente en un régimen represivo, sostenido por el miedo y la violencia.

Las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Nicolás Maduro no pueden entenderse como excesos aislados ni como respuestas coyunturales a momentos de tensión política. La documentación acumulada por organismos internacionales demuestra la existencia de un patrón sostenido de violaciones a los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, persecuciones políticas, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas y violencia sexual conforman un entramado propio de las peores dictaduras. No se trató simplemente de reprimir protestas: el objetivo fue disciplinar a la sociedad, desarticular cualquier forma de disidencia y sembrar el terror como mecanismo de control.

Desde 2014 en adelante, miles de personas fueron privadas de su libertad sin orden judicial, muchas veces en el marco de operativos nocturnos, allanamientos irregulares o controles callejeros. Las víctimas incluyeron dirigentes opositores, estudiantes, militares disidentes, periodistas y ciudadanos comunes. Una vez detenidos, muchos fueron trasladados a centros de reclusión donde la incomunicación, la falta de acceso a abogados y las condiciones inhumanas fueron la norma. Allí comenzaron los tormentos: golpes reiterados, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, privación del sueño y posiciones forzadas durante horas o días.

La violencia sexual ocupa un lugar especialmente siniestro en este repertorio. Mujeres y hombres fueron sometidos a abusos, desnudez forzada, amenazas de violación y agresiones sexuales directas, utilizadas deliberadamente para humillar y quebrar psicológicamente a las víctimas. Estas prácticas no solo afectaron a adultos: también se documentaron casos que involucraron a adolescentes. El mensaje fue claro: el cuerpo del detenido quedaba a merced del Estado, convertido en territorio de castigo. Llamativamente esto no generó el repudio de los militantes kirchneritas, quienes se caracterizan por denunciar las mismas atrocidades ocurridas en la Argentina de los 70’s.

A la par de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales se consolidaron como una herramienta de control social. Operativos de fuerzas de seguridad culminaron en muertes presentadas como enfrentamientos armados, aun cuando múltiples pericias y testimonios demostraron que muchas de las víctimas estaban desarmadas o ya se encontraban bajo custodia. Estas ejecuciones se concentraron especialmente en barrios populares, configurando una violencia selectiva que castigó a los sectores más vulnerables. Hubo total ausencia de investigaciones serias y la impunidad casi absoluta se alimentó desde las más altas esferas del poder.

Ante esta situación, hace algunos años, la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Las conclusiones fueron contundentes: existían bases razonables para afirmar que en Venezuela se cometieron asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y persecuciones políticas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El argumento del régimen, según el cual el sistema judicial venezolano podía juzgar estos delitos, se desmoronó ante la evidencia de jueces subordinados, fiscales inactivos y causas cerradas sin investigación real.

En paralelo, los informes de la Organización de las Naciones Unidas y de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos aportaron un caudal de pruebas adicionales. Allí se detallaron las condiciones infrahumanas de detención, la responsabilidad directa de organismos de inteligencia y fuerzas armadas, y la connivencia de grupos civiles armados afines al régimen. Incluso figuras que en el pasado mantuvieron posiciones de diálogo con el chavismo terminaron denunciando con crudeza la persistencia de torturas, abusos y ejecuciones extrajudiciales, subrayando la responsabilidad estatal en estos crímenes.

Las misiones internacionales independientes identificaron métodos de tortura que evocan las peores prácticas de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta: asfixias con bolsas plásticas, sumersiones forzadas, golpes con objetos contundentes, aplicación de electricidad en zonas sensibles del cuerpo, encadenamientos prolongados y amenazas de muerte contra familiares.

Todo este entramado de violencia se sostuvo, además, sobre el control informativo y la censura. Medios cerrados, periodistas perseguidos, autocensura forzada y propaganda oficial permanente contribuyeron a ocultar o relativizar los crímenes. Sin embargo, las víctimas persistieron. Denunciaron, documentaron, recurrieron a instancias internacionales y mantuvieron viva la exigencia de justicia, aun sabiendo que ese gesto podía costarles la libertad o la vida.

Hoy, con la captura de Nicolás Maduro, resulta imprescindible recordar que el centro de esta historia no es un dictador, sino un pueblo. Un pueblo que sufrió hambre, exilio, represión y muerte; que vio partir a millones de sus hijos; que resistió en silencio o en las calles; que se negó a naturalizar el horror. La memoria de las víctimas y la verdad documentada son el primer paso para cualquier reconstrucción posible.

La historia es implacable con los regímenes que hacen del terror su lenguaje cotidiano. Ningún poder sostenido en la tortura perdura sin dejar huellas profundas, y ninguna nación puede reconstruirse sin enfrentar su verdad. Venezuela deberá atravesar un proceso doloroso pero imprescindible: nombrar los crímenes, reconocer a las víctimas y desmontar la impunidad que protegió a los responsables. No habrá futuro sólido sin justicia, ni reconciliación verdadera sin memoria.

Las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro quedarán registradas en los tribunales, en los informes internacionales y, sobre todo, en la memoria histórica. Pero Venezuela no está condenada a quedar atrapada en ese horror. Después de la noche más oscura, la historia siempre vuelve a abrir una posibilidad. Y esa posibilidad, hoy, pertenece al pueblo venezolano.

Roberto Durrieu, Doctor en Derecho recibido en la Universidad de Oxford y la UCA, especializado en derecho penal internacional, explica para Newstad por qué la intervención de Donald Trump en Venezuela es legítima. El especialista afirma que hubo “un pacto de hecho” para entregar a Maduro y evalúa como debe seguir la transición para que el regreso de la democracia sea auténtico. 

El análisis del experto coincidió con lo que se supo sobre el inicio de este fin de semana: el gobierno de transición de Delcy Rodríguez “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", confirmó la cancillería venezolana. 

- ¿Donald Trump violó el derecho internacional con su intervención en Venezuela?

Para el Consejo de Seguridad es muy probable, conociendo otros antecedentes, es muy probable que existe una sanción primaria, básicamente por afectar la carta orgánica de Naciones Unidas y la intervención territorial, desde ese punto de vista. Lo que pasa es que las resoluciones del Consejo de Seguridad no son la única fuente del derecho internacional.

Si lo analizamos desde el punto de vista del derecho doméstico de Estados Unidos, es muy probable que indiquen que fue todo legítimo, que fue una intervención legítima.

Hay otros antecedentes del derecho internacional y de Estados Unidos. Yo tenía anotado, por ejemplo, un caso que se estudia mucho en derecho internacional: el caso de Adolf Eichmann. Recordarán el asunto del jerarca nazi, la operación Garibaldi en 1960, cuando gobernaba en la Argentina Frondizi. La película lo expresa de manera brillante. Hubo fuerzas de inteligencia durante varios meses, con algún apoyo logístico local de la Argentina, identificaron a Adolf Eichmann, lo detuvieron, lo subieron a un avión en toda una representación, haciendo un simulacro de arresto.

Lo llevaron a ser juzgado por delitos de lesa humanidad y genocidio en Israel, bajo las cortes de Israel, y fue condenado a pena de prisión.

Ese ejemplo se estudia mucho en el derecho internacional y no tuvo más que tres o cuatro días de manifestaciones diplomáticas encontradas entre la Argentina e Israel. No pasó a mayores. La Argentina llevó el caso a las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad le pidió explicaciones a Israel e Israel negó los acontecimientos, dijo que eran hechos aislados, que no había cuestiones de Estado.

Finalmente hubo que esperar hasta el año 2005 para que Israel reconociera oficialmente cómo había sido la trama de aprehensión y arresto del jerarca nazi Adolf Eichmann en nuestro territorio, afectando nuestra soberanía.

- ¿Maduro se entregó? ¿Lo entregaron? 

Pareciera que hubo una entrega del mandatario. No hubo ningún fallecido. Los únicos declarados fallecidos en el acontecimiento son cubanos y tampoco sabemos a ciencia cierta cuántas personas fallecieron, porque el presidente de Cuba habla de 30 personas, pero ni siquiera sabemos si son 30.

Además, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí la custodia de Maduro, que era de un país extranjero? Es decir, pareciera que hubo una entrega y esa entrega también podría ser interpretada como un pacto, un pacto entre dos Estados.

Maduro, está siendo juzgado, dice el tribunal, con abundante prueba por delitos de narcotráfico transnacional, crimen organizado transnacional y acumulación de armas de guerra, y por sus operaciones de narcoterrorismo.

-  Decís que a Maduro lo entregaron, se entregó. Delcy Rodríguez ahora entregó efectivamente el poder a Donald Trump. ¿Hay un pacto o Delcy Rodríguez va a intentar mantener el poder del régimen en Venezuela? ¿Tiene con qué? 

Bueno, si hay un pacto o no, es un pacto de hecho. No hay ningún documento firmado oficialmente entre los Estados. Pero la manera en que se comunican de manera pública, la manera en que actúan, todo indica que hay un pacto.

De hecho, en el mundo diplomático es más importante cómo terminan actuando los Estados. Entonces pareciera que Rodríguez está actuando acorde a un pacto. Ese pacto comenzaba con la entrega de Maduro y después en tres estadios, según lo dio a entender el propio Trump en sus declaraciones que fue haciendo. el chavismo dirigido constitucionalmente por Rodríguez, va a tener que llevar a cabo una serie de acciones que desembocan en un llamado a elecciones, dentro de un tiempo.

- ¿Cuánto podría durar esta transición?

Cuando los pactos son de hecho, es muy difícil interpretar eso. También puede pasar que una de las partes no cumpla. Lo que yo puedo transmitir en base al derecho comparado y otras intervenciones de Estados Unidos en otros países, es que esta es la que menor grado de violentamiento a los derechos humanos y el derecho internacional se pueden observar. No nos olvidemos de la invasión en Irak, Afganistán, Somalía. 

El otro ángulo de análisis que me parece interesante mencionar, respecto a lo que muchos colegas hablaron sobre el delito internacional de agresión. Luis Moreno Ocampo opina que esto se dio en esta circunstancia. Yo creo que no porque no hubo invasión y todo indica que no lo va a haber, por este pacto de hecho, debido a los diálogos públicos que hay entre ambas partes. No hubo violación a la independencia de otro estado. Con las pruebas que hay respecto a la entrega de Maduro y de que no hubo ocupación, y que hay una causa penal en la que Maduro tiene su defensa, que aún no sabemos quién la paga.

- En esta transición, ¿quién es el responsable a partir de ahora de los presos políticos que siguen capturados, y los que eventualmente se sumen?

Sin lugar a dudas, Delcy Rodríguez. El chavismo está a cargo del poder ejecutivo en Venezuela y este proceso fue aceptadao por ella. Han reconocido diálogos inclusive anteriores a los acontecimientos. Maduro reconoció conversaciones con Trump y que le ofreció otras salidas para evitar ser arrestado. Maduro evidentemente no creyó. Insisto con lo del pacto porque todo parece darse con bastante orden, la situación se va resolviendo acorde con lo planeado. Los muertos no son ni venezolanos ni estadounidenses, ninguno de los estados denunció fallecidos. 

- ¿Puede haber una escalada violenta con Delcy Rodríguez fomentando al pueblo a salir a la calle? ¿Sos optimista con que esto no pase?

Soy muy optimista. Creo que esta transición tiene que ser hecha por los chavistas, y está siendo hecha por ellos. El próximo paso fundamental para democratizar el país es rendir cuentas de dónde están los por lo menos 950 presos políticos. 

- Donald Trump prometió cerrar el Helicoide, porque hasta ahora sólo habló del petróleo. 

Eso es fundamental, y volviendo al derecho, es fundamental recordar que Maduro está arrestado con cargos muy graves por narcoterrorismo, narcolavado. Pero también tengamos en cuenta la causa por lesa humanidad en Argentina, de jurisdicción universal y la causa que pesa sobre él en la Corte Penal Internacional por delitos gravísimos de lesa humanidad con abundante prueba. Por eso, desde el punto de vista moral, la intervención puede ser abolutamente legítima. Es volver a la democracia en un país devastado económicamente y desde lo humanitario. Resulta una liberación para las américas.

Conocí a Evelyn Rodríguez Moreira hace algunos años, asistiendo a uno de sus maravillosos cursos sobre el mundo funerario, una verdadera pasión que desarrolla a pleno y que muchos disfrutamos a través de sus clases y de sus redes sociales. Su mirada sensible, profunda y comprometida con la memoria y los rituales humanos deja huella en quienes la escuchan.

Evelyn es venezolana y se encuentra hoy en Venezuela. Desde allí, desde el interior mismo del país, su palabra adquiere un valor singular: no es una mirada a distancia ni un análisis externo, sino el testimonio directo de quien atraviesa la realidad cotidiana. A través de esta entrevista, su voz nos permite conocer qué está ocurriendo puertas adentro, cómo se vive el día a día y cuáles son las sensaciones que recorren a la sociedad venezolana tras la caída de Nicolás Maduro, en un escenario marcado por la incertidumbre. 

Luciana Sabina: ¿Qué es lo que se informa a los venezolanos desde los medios oficiales? ¿Cómo se informa la gente hoy de lo que pasa, en general?

Evelyn Rodríguez Moreira:En los medios oficiales, como ha pasado durante décadas, ellos han elegido no informar. No estar al lado de la verdadera libertad de expresión. Para estos tiempos, hablar de “imparcialidad” es elegir una posición clara y concisa a los que hoy se mantienen en un poder descontrolado. Claramente muchos de nosotros, para no decir la mayoría, no sabemos exactamente cuáles son las directrices en los medios de comunicación. Pues no es tu posición como comunicador, sino la de una institución y/o empresa que debe mantenerse en funcionamiento por cientos de familias —trabajadores— que necesitan laborar para mantenerse a flote en el país. Es complejo aseverar el 100 % su posición, pero por otro lado lo que se ve en muchas ocasiones no necesita anteojos, y ya la consulta a los medios nacionales no es una opción para la nación.

Para todo lo que hemos pasado, hemos optado por la monumentalidad de información que se maneja en las redes sociales. Tanto noticias confirmadas como las que no lo son. Debemos recurrir a un embudo de información para saber realmente qué es real y qué no lo es. Es titánica la labor que uno mismo ha tenido que aprender para saber en qué información confiar, a quién seguir y luego verificar. Ser pacientes y precavidos en lo que compartir o comentar. Porque no todos informan, no todos comunican y lamentablemente no todos mantienen la empatía de lo que una falsa noticia puede repercutir en una sociedad.

LS: ¿Qué sucede con los servicios, los trámites, la vida cotidiana?

ERM:Por los momentos y las fechas, trámites legales regionales y nacionales siguen su curso. Es bien sabido que muchas instituciones, hasta en horas no laborales, dictaminan sentencias y demás —solo con la excepción de quien convenga—.

En cuanto a otros servicios en función, progresivamente se han activado. Nos hemos acostumbrado a ciertas fechas para dar comienzo al año y eso ha sucedido en crisis, recurrentemente. Es un modo operandi infalible, pero para estos tiempos pasa factura.

LS: Durante los primeros días desde el secuestro de Nicolás Maduro, ¿qué es lo más difícil?

ERM:Desde el mes de noviembre de 2025 el transporte ha sido un caos —siempre ha sido así—. Por el alza constante de un “dólar controlado”, no ha sido un panorama que pueda beneficiar a los sectores involucrados. El pasaje lo exigen anclarlo a dólar y medio, donde no tenemos aumento de sueldo desde hace años y la inflación ha superado todas las barreras. Seguimos en aquel país dividido que muchos han escrito, entre lo que necesitamos y lo que realmente tenemos.

La expectativa nos acaba todos los días. Y que para el sector del transporte es oído sordo. Ni siquiera hacen un estudio de población; recurren al maltrato o vejación de muchos usuarios, donde el porcentaje de los mismos es tercera edad. Y siempre mantienen la excusa de “nosotros no tenemos recursos”. Es un disco que se repite y nadie soluciona absolutamente nada. Al día siguiente nos despertamos y, si están haciendo su trabajo bien; si no, toca desgastar el calzado para el traslado.

Es una realidad que vivimos fuertemente desde el 2018, que incidió inclusive en los altos índices de desnutrición en el país. Mala alimentación, más horas de caminatas, más largos trayectos, más altas temperaturas dan por resultado un caos absoluto.  

En cuanto a la compra de cualquier producto, el sistema cambiario tampoco beneficia a todos los sectores. El poder adquisitivo es muy limitado. El sueldo básico no alcanza. Entonces recurrimos a lo que bien se nos da: hacer magia y juntar lo poco que se hace en el núcleo familiar. Al sumarlo todo, pues se calcula para lo que se pueda y alcance. Ahora, con lo sucedido, toda empresa, comercio, tienda… “no puede subir los precios”, pero es absurdo si nuestra moneda nacional está supeditada a una moneda extranjera y a un sistema que el mismo gobierno antiimperialista controla a su conveniencia.

La sociedad no ha aprendido en lo absoluto que, a pesar de los tres o cuatro trabajos que podamos tener, no alcanzará ante las necesidades o quereres de cada núcleo familiar si no se controla tal sistema cambiario y el alto índice de inflación.

El dinero se vuelve sal y agua —cada quincena—, si es que a lo que nos llega a nuestras cuentas bancarias se le pudiese llamar así. Ni hablar de aquellos que solo dependen de los “bonos” que este gobierno cree que es la mejor invención del siglo. Donde la administración pública, que solo trabaja a conveniencia, gana más de 100 dólares al mes. El propio cáncer de la nación. Y a los que realmente necesitan, la respuesta es la indolencia absoluta.

LS: ¿Cómo es ahora un día común?

ERM:En un estado de alerta, con sus altos y bajos. La resiliencia ha traspasado los niveles.

Todas las mañanas, la revisión del panorama de la nación contado por otros. Recurrir a los ánimos familiares para no decaer. Aferrarse a la fe silenciosa y a veces egoísta —porque cada quien lleva su procesión, como se dice—; y hacer revisión de actividades laborales, cumplirlas a cabalidad. Dar lo mejor de uno mismo hacia los otros y esperar lo mejor de ello.

Si fuese un santo sacramento, créanme que no estaríamos en estas condiciones. Pero aquí pocos piensan en los demás, sino en sí mismos —no está mal—, ¿pero cómo se construye un país de esta manera? Desagradándonos cada vez que salimos a la calle a nuestra habitualidad, sin hacer responsables a los que dicen “dirigir”.

LS: La situación es estresante. ¿Cómo está el ánimo de la gente en la calle?

ERM:Vivimos en duelo; silentes, en negación casi constante y, en algunos sectores, con altos índices de resignación —muy peligroso, por cierto—. Pero, como siempre hemos sabido, el tiempo no se detiene y para muchas familias “hay que buscar para comer”.

Ante lo sucedido recientemente, a pesar de que todo fue avisado, controlado y hasta estratégico, no podemos hablar de ello. No hay expresión “libre” porque existe una fatal consecuencia. Realmente es peligroso limitar las emociones a tal punto de llegar a poder anularlas. Por eso no se extrañen que nos vean en procesiones, en compartir improvisados, en abrazos extendidos, en múltiples videollamadas. El mundo debe entender que no nos queda de otra, que son sentimientos disimulados para que no desaparezcamos de esta existencia. Porque aquí es un error pensar en uno como unidad; siempre pensamos en uno como colectivo, como familia.

La factura siempre se paga con la familia. Y lo inerte de la vida se ha vuelto lo más seguro para continuar en Venezuela.

LS: ¿Cómo impacta la crisis en los precios y en el acceso a lo básico?

ERM:A conveniencia de quien tiene, controla y cree que con poco se vuelve millonario. Cada vez que sales a comprar cualquier producto son 100, 200, 2000 bolívares más de lo que el día anterior costaba. Todos dicen que volvimos al 2017–2018, con interminables colas para el acceso a ciertos productos, al desabastecimiento… pero si aquellos que no tienen memoria, hay que recordarles: aquellos que iniciaron todo ese proceso tienen posición política muy clara, instrucciones precisas y el “bono” asegurado.

Si toda la población vuelve a caer en el círculo vicioso, en la mentalidad empobrecida, entonces el mundo tendrá la razón: la ciudadanía venezolana tiene lo que tanto profesa.

Starlink anunció que brindará servicio de internet gratuito en Venezuela hasta el 3 de febrero, una decisión que se conoció tras los acontecimientos políticos que derivaron en la salida de Nicolás Maduro del poder y que vuelve a poner en el centro del debate el acceso a la conectividad en un país marcado durante años por la censura digital y las restricciones al flujo de información.

La empresa, perteneciente a SpaceX y propiedad del empresario Elon Musk, comunicó que ofrecerá banda ancha móvil sin costo para los usuarios venezolanos durante un período limitado, con fecha de finalización prevista para el 3 de febrero. El anuncio fue realizado a través de una publicación oficial en la red social X, donde Starlink aseguró que ya comenzó a brindar el servicio y reafirmó su compromiso con lo que definió como “conectividad continua” para el país.

La medida se produce en un contexto especialmente sensible para Venezuela, donde el acceso a internet fue históricamente utilizado como herramienta de control. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, distintos organismos estatales aplicaron bloqueos temporales o prolongados a plataformas digitales como Facebook, YouTube, Instagram y otros servicios de mensajería y redes sociales, particularmente en momentos de crisis política, protestas masivas o difusión de información considerada incómoda para el oficialismo.

En ese escenario, la llegada de un servicio de internet satelital gratuito adquiere una relevancia estratégica. Starlink opera a través de una constelación de satélites en órbita terrestre baja, una tecnología que permite brindar conectividad directa sin depender de redes terrestres tradicionales. Esta característica resulta clave en países con infraestructura limitada, deteriorada o sujeta a controles estatales, ya que posibilita el acceso a la red incluso en zonas remotas o desconectadas.

Desde la compañía explicaron que el servicio está disponible en sectores específicos del territorio venezolano y que la iniciativa apunta especialmente a hogares y usuarios que buscan una alternativa estable frente a las fallas recurrentes del sistema de telecomunicaciones local. La propuesta se inscribe en una política más amplia de expansión de Starlink en regiones donde el acceso a internet es inestable o insuficiente.

No es la primera vez que el servicio satelital es utilizado en contextos críticos. Starlink ya fue implementado en escenarios de emergencia, conflictos armados y desastres naturales, donde la conectividad se volvió esencial para sostener comunicaciones básicas, coordinar asistencia y garantizar el flujo de información frente a cortes deliberados o colapsos estructurales.

El anuncio se conoció poco después de la operación estadounidense que derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder, un hecho que alteró de manera abrupta el escenario político venezolano. En ese marco, la provisión de internet gratuito aparece como una herramienta clave para asegurar el acceso a la información, facilitar la comunicación interna y externa y reducir el impacto de años de restricciones digitales.

Sin embargo, la empresa no detalló qué sucederá una vez finalizado el período anunciado. Hasta el momento, Starlink no precisó si el servicio continuará siendo gratuito, si se implementará un esquema pago o si se extenderá el beneficio, aunque en su mensaje público reiteró su intención de garantizar conectividad sostenida en el país.

Mientras tanto, la iniciativa es observada con atención tanto por usuarios como por analistas, que destacan el rol central que juega el acceso a internet en procesos de transición política, reconstrucción institucional y apertura informativa. En un país donde la conectividad fue históricamente frágil, vigilada y, en muchos casos, interrumpida, el anuncio de Starlink introduce un nuevo factor en la discusión sobre libertad digital y acceso a la información.

La experiencia de las próximas semanas permitirá evaluar el alcance real del servicio, su impacto en la vida cotidiana de los usuarios y el lugar que ocupará la conectividad satelital en la nueva etapa que atraviesa Venezuela.

MADRID (Corresponsal) — Al mediodía, en un día gris y frío, cientos de venezolanos llegaron a la Plaza del Sol, en pleno centro de la ciudad, para festejar la caída de Nicolás Maduro. Por la mañana, el gobierno había emitido un breve comunicado donde llama a la “desescalada” y la “moderación”, y a respetar el “derecho internacional”. En tanto, varias cuentas de la red social X vaticinaban un efecto dominó de la caída de Maduro en la política española.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez dice, en su comunicado que “España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”. Añade que “España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Es verdad que España le ha dado asilo a Edmundo González, el presidente electo en Venezuela en 2024 y que, en efecto, no ha reconocido el gigantesco fraude. Pero las declaraciones oficiales, algo descafeinadas, podrían ocultar que, para Sánchez, quien está de vacaciones en el principado de Andorra, el año empezó bastante mal.

El principal problema tiene nombre y apellido: José Luis Rodríguez Zapatero (RZ), expresidente socialista, asesor de Sánchez, y considerado por Estados Unidos como “el mayor embajador del chavismo en el mundo”, según consignaba hace unas semanas el sitio Voz Pópuli. Denunciado por explotar una mina ilegal de oro en Venezuela y estar vinculado con un millonario rescate a la aerolínea Plus Ultra, de capitales venezolanos, RZ podría pasarla peor a partir de hoy. Incluso, Washington estaría acumulando pruebas para llevarlo a juicio.

El principal problema para RZ, ahora investigado por Anticorrupción, aquí, en España, es el rescate por 53 millones de euros a Plus Ultra, cuyo presidente Julio Martínez, está siendo investigado por presunto fraude. Hace poco, Martínez fue detenido y se conoció que RZ le habría avisado de la inminente medida judicial. Un “chivatazo” como dicen aquí.

La senadora del Partido Popular, Alicia García, ha pedido la comparecencia de RZ en el Senado. Quiere que dé explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra y afirma que ha mantenido una “relación opaca” con Maduro. La senadora no tiene dudas: RZ estaría implicado en el “tinglado de corrupción” que rodea a Sánchez y manejaría “todos los hilos del sanchismo”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincide con García. Hoy publicó en su cuenta de X: “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos. El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas”.

El líder de Vox, Santiago Abascal tiene una opinión similar: “Sánchez debe estar muy preocupado: la caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán (sus exfuncionarios acusados de corrupción)”.

Las pruebas más fuertes contra RZ las tendrían el general chavista Hugo El Pollo Carvajal, detenido en Estados Unidos, quien lo ha comprometido varias veces con la explotación de una mina de oro ilegal y casos de corrupción. El comisionista Víctor de Aldama, complicado en un caso de corrupción con hidrocarburos, afirma que recibió pagos millonarios de la petrolera venezolana PDVSA. Por ahora, son solo denuncias.

Rodríguez Zapatero no es el único que podría estar preocupado tras los acontecimientos de esta madrugada. El régimen chavista le dio siete millones de euros a Pablo Iglesias y sus socios para que crearan el partido de ultraizquierda Podemos. El caso estaba olvidado, pero la caída de Maduro podría convertirse en un dolor de cabeza para un partido que sigue defendiendo al régimen (para mañana la diputada Ione Belarra convoca a una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos).

La caída de Maduro, en fin, podría aclarar toda la oscuridad que rodea a Rodríguez Zapatero, quien ha acumulado miles de millas en sus viajes a Venezuela. Mientras tanto, sigamos disfrutando de ver a los venezolanos festejar en la Puerta del Sol.

En un momento en que la guerra en Ucrania se acerca a su cuarto aniversario, un discurso del presidente ruso Vladimir Putin hablando a los "ciudadanos comunes" de Occidente generó miles de reproducciones y debates en redes sociales por la certeza que plantea. La corrupción de los líderes de América es lo que sostiene países empobrecidos y no las decisiones que toma Rusia. Esa es la idea que plantea Putin en su escueto video que se viralizó rápido. 

El clip, de  46 segundos, captura a Putin en una conferencia, sentado ante banderas rusas, con un tono determinado. "Quiero que los ciudadanos comunes de los países occidentales me escuchen", dice Putin en el video. "Se les repite insistentemente que todas sus dificultades actuales son resultado de las acciones hostiles de la despiadada Rusia, y que deben pagar de su propio bolsillo la lucha contra una ficticia amenaza rusa, todo esto es mentira". Aquí es donde Putin apunta directamente al corazón del problema, según su visión: "La verdad es que los problemas que enfrentan ahora son el resultado de años de acciones de las élites gobernantes de sus propios países: sus errores, su miopía y su ambición. No piensan en cómo mejorar sus vidas; están obsesionados con sus propios intereses egoístas y sus ganancias desmedidas".

Esta acusación de "ganancias desmedidas" resuena como una denuncia clara de corrupción. Putin pinta a los líderes occidentales como una clase elitista desconectada, que sacrifica el futuro de sus naciones en pos de beneficios personales. Tanto en Argentina, como Brasil con Lula, Ecuador con Rafael Correa, la Venezuela de Maduro y otros casos más, tienen líderes condenados por corrupción. 

Hoy, en 2025, con la economía europea aún lidiando con las repercusiones de la dependencia energética de Rusia, el mensaje parece diseñado para sembrar dudas y división en Occidente. El resurgimiento del video no es casual. Publicado el 14 de diciembre de 2025, ha acumulado más de 6.650 likes, 1.991 reposts y 264 respuestas en X, reflejando una polarización profunda. 

Esta división subraya cómo el mensaje de Putin explota tensiones reales, en el caso de Argentina, una muy escueta relación por críticas explicitas de Javier Milei a Rusia en tiempos electorales. En Europa, la inflación anual en la zona euro se situó en el 2.2% en noviembre de 2025, según datos de Eurostat, un ligero aumento desde el 2.1% de octubre. Aunque lejos de los picos del 10% en 2022 provocados por la crisis energética post-invasión, persisten presiones en precios de la energía y alimentos. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo tasas de interés estables para combatir esto, pero críticos argumentan que las sanciones contra Rusia —que incluyen embargos al petróleo y gas— incrementaron la carga para los ciudadanos comunes, beneficiando a industrias armamentísticas y élites financieras. 

Por ejemplo, informes de Transparency International destacan casos de corrupción en la UE, como el escándalo Qatargate en 2022, donde eurodiputados fueron acusados de recibir sobornos, o las investigaciones sobre contratos de vacunas durante la pandemia, que involucraron a figuras como Ursula von der Leyen. Putin, en su discurso, no solo acusa de corrupción, sino que la enmarca como un patrón sistémico. "Estas élites no piensan en cómo mejorar la vida de sus ciudadanos en los países occidentales, sino que se obsesionan con intereses egoístas y super ganancias", insiste. Esta retórica se alinea con la narrativa rusa, que presenta a Occidente como decadente y manipulador. 

En 2025, con la guerra estancada y negociaciones estancadas, mensajes como este buscan erosionar el apoyo a Ucrania. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), las sanciones han costado a la UE cientos de miles de millones de euros, mientras Rusia ha pivotado hacia economías como China e India, mitigando impactos. 

Encuestas del Pew Research Center muestran que el apoyo a las sanciones ha disminuido en países como Alemania e Italia, donde el 40% de los encuestados en 2025 creen que las medidas han dañado más a sus economías que a Rusia. Partidos populistas, como Alternativa para Alemania (AfD), han usado narrativas similares para ganar terreno, acusando a líderes europeos de priorizar agendas globalistas sobre necesidades locales. 

En conclusión, el mensaje de Putin no es nuevo, pero su viralidad en 2025 destaca las fisuras en Occidente.  Para los ciudadanos occidentales, la pregunta persiste: ¿son sus líderes los verdaderos culpables, o es esto mera propaganda de un régimen ? Mientras la guerra continúa, la respuesta podría definir el futuro de Europa. 

Estados Unidos podría estar transitando un cambio profundo en su visión sobre el conflicto en Ucrania, y ese giro apunta, finalmente, hacia el reconocimiento de una realidad que Moscú sostiene desde hace una década: Crimea es Rusia, y las regiones del este también han elegido ese camino. Según reveló The Daily Telegraph, la administración estadounidense analiza aceptar formalmente la soberanía rusa sobre esos territorios con el objetivo de abrir una vía seria hacia la paz. Lo que hasta hace poco era impensado en Washington, hoy aparece como una opción pragmática frente al desgaste del conflicto y al evidente fracaso de la estrategia occidental basada en la confrontación.

El contraste con Europa es evidente. Mientras varias capitales europeas mantienen posiciones rígidas, lejos de la realidad militar y política del terreno, Washington parece comprender que insistir en que los deseos de Kiev solo prolongan un enfrentamiento sin salida. Europa, atrapada en su propia retórica, se resiste a aceptar lo que para Rusia es un hecho histórico, jurídico y cultural, pero Estados Unidos ya no estaría dispuesto a condicionar su agenda a esa visión.

De acuerdo con el medio británico, dentro de la Casa Blanca crece la convicción de que la prioridad es detener el conflicto y reconstruir canales diplomáticos. Un funcionario europeo citado por The Daily Telegraph admitió que Washington dejó claro que no esperará el consenso de Bruselas, y que cada país deberá asumir su propia postura. Para Estados Unidos, el tiempo del alineamiento automático parece estar llegando a su fin.

La filtración del plan de paz estadounidense confirma esta tendencia. El documento, que trascendió semanas atrás, plantea que Occidente debería aceptar el control ruso sobre Crimea, el Donbass y otras regiones integradas a la Federación Rusa tras los referendos locales. A cambio, Kiev recibiría garantías de seguridad que le permitirían reorganizarse dentro de nuevas fronteras. Para varios analistas, esta propuesta reconoce que seguir insistiendo en objetivos inalcanzables solo perjudica a Ucrania y deteriora aún más la estabilidad de Europa.

El borrador también contempla la creación de una zona desmilitarizada en los sectores donde Ucrania debería retirar sus tropas. Un buffer de este tipo no solo reduciría drásticamente el riesgo de nuevos enfrentamientos, sino que brindaría mayor estabilidad a las regiones que eligieron integrarse a Rusia, reforzando la seguridad de sus habitantes y normalizando la vida civil.

Uno de los elementos más significativos del reporte es el viaje que se estaría organizando hacia Moscú. The Daily Telegraph asegura que Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff viajarán a Rusia para presentar la propuesta directamente a Vladimir Putin. Este gesto demuestra que Washington reconoce que la solución no pasa por discursos en Bruselas, sino por un diálogo directo y respetuoso con Moscú, entendiendo su posición, sus preocupaciones de seguridad y su rol central en el orden euroasiático.

Para muchos analistas, este posible reconocimiento estadounidense no sería una concesión, sino un acto de realismo político. Rusia consolidó su posición militar y diplomática, mientras que Ucrania, agotada y dependiente de la ayuda exterior, enfrenta límites cada vez más visibles. Washington lo sabe, y parece entender que prolongar la guerra solo agrava la situación sin alterar el resultado final.

En este contexto, el viaje de los emisarios estadounidenses podría convertirse en un punto de inflexión. Si las conversaciones avanzan, Estados Unidos podría alinearse finalmente con un planteo que Moscú sostiene desde 2014: que la estabilidad regional solo será posible cuando se reconozcan las nuevas realidades políticas y territoriales. Para Rusia, ese reconocimiento no sería una victoria improvisada, sino la confirmación internacional de una verdad que ya está firmemente asentada en la historia reciente.

La evolución del conflicto en Ucrania muestra un escenario cada vez más claro para Moscú. Después de años de guerra, las predicciones que anunciaban un colapso ruso quedaron atrás, y la realidad del terreno indica que Rusia avanza con estabilidad, consolidando posiciones que Ucrania difícilmente pueda recuperar. Este equilibrio inclina la balanza diplomática hacia el Kremlin, que hoy se encuentra mejor posicionado para moldear el futuro acuerdo de paz. En este contexto, el nuevo plan de negociación internacional revela un punto central: las condiciones que Rusia exige empiezan a ser aceptadas, aunque sea de manera implícita.

Uno de los elementos más reveladores es que ya nadie discute que Ucrania no ingresará a la OTAN. Lo que antes era motivo de choque político ahora se asume como un hecho consumado. Este cambio marca un giro fundamental, porque la exclusión formal de Ucrania de la OTAN es la principal exigencia rusa y el motor declarado de su ofensiva. Años de insistencia rusa sobre la amenaza que representaría una Ucrania armada por Occidente encontraron finalmente eco en las mesas de negociación. El propio debate internacional reconoce abiertamente que ningún país de la alianza aceptaría hoy integrar a Ucrania, incluso sin presiones rusas.

Otro dato determinante es la discusión territorial. El plan de paz contempla aceptar la actual línea del frente, lo que implica reconocer el control ruso sobre áreas clave del este y el sur. Este reconocimiento de facto es, en la práctica, una admisión de que Ucrania ya no está en condiciones de revertir la situación militar. Más todavía: la propuesta introduce la idea de crear una zona desmilitarizada en partes de Donetsk, bajo influencia o supervisión rusa, lo que supondría no solo una aceptación, sino una formalización de la presencia de Moscú en la región. Si esa zona se establece, Ucrania perdería definitivamente la posibilidad de recuperarla por medios militares.

El documento también plantea que Ucrania deberá reducir su ejército en el período posguerra. Esto, que hace dos años era impensable, ahora aparece como “inevitable”. El propio análisis occidental admite que Ucrania no puede sostener un ejército de un millón de hombres ni un conflicto prolongado. Para Rusia, este punto representa otra de sus metas declaradas: la “desmilitarización” ucraniana, concepto que el Kremlin defendió desde el inicio de la operación. Que Occidente comience a hablar en esos términos constituye un indicio claro de hacia dónde se inclina la negociación.

Tampoco sorprende que las garantías de seguridad para Ucrania propuestas en el plan eviten completamente el paraguas de la OTAN. En vez de ello, se habla de fuerzas simbólicas europeas, mecanismos de defensa sin obligaciones automáticas y compromisos difusos de apoyo. Para Rusia, esto es una confirmación de que su presión estratégica logró lo que llevaba dos décadas reclamando: que la frontera occidental no se convierta en una plataforma militar ajena a su control. El uso de fuerzas europeas —y no atlánticas— replica el modelo aplicado en Georgia, un precedente que Moscú aceptó sin objeciones mayores y que fortalece su narrativa de seguridad regional.

Mientras tanto, en Kiev crece el cansancio, y la población comienza a ver con esperanza cualquier propuesta que detenga el desgaste. Incluso se percibe una recepción positiva a iniciativas diplomáticas que antes hubieran sido impensables. Esta fatiga social, sumada a la dependencia económica y militar de Occidente, abre un escenario donde aceptar concesiones dolorosas es más probable que continuar una guerra cada vez más difícil de sostener. Moscú observa este cambio con atención: para el Kremlin, el deterioro del consenso ucraniano es otro indicio de que el conflicto se acerca a un punto de inflexión favorable.

El resultado de este panorama es evidente. Las condiciones discutidas actualmente se acercan, en varios aspectos, a las demandas estratégicas rusas: neutralidad ucraniana, límites a su ejército, reconocimiento territorial de facto y exclusión de la OTAN. Y aunque Kiev todavía intenta presentar estas ideas como parte de un acuerdo equilibrado, lo cierto es que el marco general se inclina hacia una aceptación de la nueva realidad impuesta por Rusia en el terreno. Por eso, en Moscú hay razones para el optimismo.

Si el plan avanza en esta dirección, la interpretación es clara: Rusia no solo alcanzará varios de sus objetivos declarados, sino que lo hará mediante un acuerdo internacional ampliamente legitimado. En ese escenario, Putin sonrrie, porque por primera vez desde 2022, la posibilidad de una capitulación política —aunque no verbalizada como tal— deja de ser un horizonte lejano para convertirse en una tendencia concreta y reconocida incluso por analistas occidentales.

Gabriel Boric llegó joven, estridente, comunista y aplaudido. Se va golpeado, con recetas antiguas, un capitalismo tardío y en un silencio que aturde en el país vecino. Pensó entonces el ya no joven Boric que se podía hacer populismo con distintos resultados, con planes sociales, subsidios y alianzas con partidos comunistas pero con un país ordenado, próspero y creciente. Se irá en diciembre y todo indica que la derecha volverá a instalar la coherencia en el vecino Chile.

Chile empieza hoy la sinuosa y dinámica carrera al balotaje en un momento de enorme tensión política y con un dato que ordena todo: el país debe decidir si continúa el rumbo que dejó Gabriel Boric o si se suma al nuevo eje de gobiernos de derecha que está reconfigurando la región. Jeanette Jara encarnará la dura boleta oficialista con una independencia forzada de la figura de Gabriel Boric, Jose Antonio Kasta representará lo nuevo, el vuelco a esa derecha relativa que busca ordenar sin romper, liderando ese partido Republicano que en enero lo encuentra cumpliendo 60 años y tal vez, festejando en el Palacio de la Moneda.

 Los números de la economía chilena explican por qué el oficialismo llega desgastado. Durante la gestión de Boric, Chile tuvo un crecimiento promedio de apenas 0,7%, el peor registro en décadas, y un desempleo que ronda el 8,8%, con informalidad por encima del 25%. La actividad económica recién repuntó 2,6% en 2024, un rebote insuficiente para un país que solía liderar la región. A esto se suma el fuerte aumento del gasto público que lo llevó a Boric a practicar kirchnerismo sin dinero, eso que suele traducirse en derrotas electorales. Planes, subsidios, premios y bonos, todo a cuenta del estado chileno, es decir, de los chilenos.

 La presión fiscal desordenada y la inflación estimulada por las ayudas millonarias y los “retiros” es decir, las jubilaciones como otorgó Cristina Kirchner, fueron la receta del desastre para Boric. El deterioro no es ideológico: es empírico. La administración Boric, que se presentó como renovación generacional, terminó dejando una macroeconomía sin dinamismo, baja inversión, desconfianza del círculo rojo chileno y un clima social trabado en debates identitarios sin impacto en la vida real.

Mientras Chile se estancaba, otros países de la región demostraron que la derecha puede gobernar con resultados. En Paraguay, el presidente Santi Peña consolidó un modelo ordenado, con crecimiento cercano al 4% anual, inflación controlada, disciplina fiscal y expansión agroindustrial. Paraguay es hoy uno de los países más estables de Sudamérica y atrae inversiones por su previsibilidad, un valor que escasea en el resto del continente. Argentina de Javier Milei inició una transformación más abrupta: frenó una inflación que venía aumentando su velocidad con el último gobierno populista de Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, redujo el déficit fiscal en tiempo récord y volvió a instalar el valor del sector privado, la libertad económica y la estabilidad como pilares del desarrollo. 

Tanto Peña como Milei comparten un elemento estratégico: la sintonía con Donald Trump. La región vuelve a alinearse con una potencia que prioriza la defensa del sector privado, tolerancia cero al delito, las relaciones exteriores basadas en intereses concretos y un enfoque sin complejos sobre la familia y el orden social. Este eje, que articula a Estados Unidos con los gobiernos de derecha en América Latina, ofrece estabilidad geopolítica, acceso a inversión, coordinación en seguridad y un modelo claro de modernización. El balotaje Chile 2025 no se juega solo dentro de Chile: se juega en un continente donde la derecha está reconstruyendo un bloque coherente, con visión de largo plazo y resultados medibles.

La candidatura de José Antonio Kast aparece en este contexto como una oportunidad para que Chile recupere la competitividad perdida y vuelva a integrarse a una región que dejó atrás el populismo. Su principal activo es lo que representa su rival,  Jara, que es la continuidad de un proyecto que ya mostró sus límites: bajo Boric, la economía Chile se desaceleró, se estancó la inversión, aumentó la inseguridad y se erosionó la confianza en las instituciones. La comparación es evidente. Mientras Paraguay y Argentina avanzan con reformas pro-mercado, Chile corre el riesgo de quedar aislado en una izquierda que, en Sudamérica, está en retirada. Sumado a eso, el final anunciado del dictador Nicolás Maduro en la dolorosa Venezuela.

Lo que está en juego en este balotaje es si Chile se sube al tren de modernización que hoy lideran Milei, Peña y Trump, o si queda atrapado en un modelo progresista que no genera empleo, crecimiento ni orden. Después de dos décadas donde el populismo destruyó riqueza y oportunidades en el continente, Sudamérica tiene la posibilidad histórica de cerrar ese ciclo y consolidar un eje republicano, libre y próspero. Chile puede ser la pieza que complete ese mapa o la que lo demore. La decisión será, como siempre, de los ciudadanos. Pero los datos, esta vez, son demasiado claros como para ignorarlos.

La decisión es sencilla: convocar al sector privado o aumentar subsidios y por ende la inflación que golpea a los más pobres. Es financiar la marcha LGBT y sus apéndices mediáticos o convocar a la vuelta de la vida familiar y los valores no negociables. Es bajar impuestos y ordenar el frente externo de la economía para tener crédito a tasas bajas o emitir dinero sin respaldo de forma irresponsable. En Argentina la conclusión es una tragedia, recién ahora el país empieza a despertarse de la pesadilla.