El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el desarrollo de Vaca Muerta permitirá transformar la economía argentina y reclamó previsibilidad para sostener el flujo de inversiones. Durante su participación en distintos encuentros empresariales en Córdoba, el ejecutivo afirmó que el país está frente a una oportunidad histórica para convertirse en un gran exportador de energía y defendió la estrategia de la petrolera estatal.

Marín pidió que "no especulen con la reelección, inviertan", al señalar que los proyectos energéticos tienen horizontes de largo plazo y exceden cualquier proceso electoral. También proyectó que el desarrollo de Vaca Muerta generará alrededor de 90.000 nuevos puestos de trabajo y reiteró que la Argentina podría exportar unos US$ 50.000 millones anuales en energía hacia 2031. "Argentina exportará US$ 50.000 millones en energía desde 2031 gracias a Vaca Muerta", afirmó.

"Si ustedes quieren un cambio en la Argentina no hay que especular si hay un presidente reelecto. Están jugando a un cambio de ciclo. Si tienen los incentivos correctos, hay que invertir. El Estado no genera riqueza, la generan los privados", reforzó.

El titular de YPF también defendió la política de actualización de los combustibles, explicó que la empresa busca trasladar los precios internacionales con criterios de eficiencia y destacó la gestión del Gobierno de Javier Milei. Además, expresó su admiración por el mandatario y respaldó el rumbo económico oficial, al considerar que las reformas permitirán consolidar las inversiones de largo plazo en el sector energético.

La actividad en Vaca Muerta registró un nuevo máximo durante el primer semestre del año, al completarse cerca de 15.000 etapas de fractura, un indicador que refleja la aceleración de los desarrollos no convencionales y anticipa otro récord anual para la industria petrolera. El incremento estuvo impulsado principalmente por las principales operadoras que concentran inversiones en la cuenca neuquina.

El aumento de las fracturas acompaña el fuerte crecimiento de la producción de petróleo y gas, en un contexto de expansión de la infraestructura de transporte y de nuevos proyectos orientados a incrementar las exportaciones. El ritmo de actividad también responde a la incorporación de equipos de perforación y de servicios especializados, que permitieron elevar la productividad de los pozos.

Las perspectivas del sector siguen siendo favorables para la segunda mitad del año, con nuevos desarrollos vinculados a los proyectos de exportación de crudo y gas natural licuado. Las empresas estiman que la mayor capacidad de evacuación permitirá sostener el crecimiento de la producción y consolidar a Vaca Muerta como el principal motor energético del país.

El Gobierno nacional anunció el desarrollo de una nueva central nuclear mediante una inversión privada estimada en US$ 1.200 millones, en un proyecto que busca ampliar la capacidad de generación eléctrica y atraer capitales al sector energético. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para diversificar la matriz energética y fortalecer la oferta de electricidad de cara a la próxima década.

Según se informó, el emprendimiento será financiado íntegramente por capitales privados, una modalidad que el Ejecutivo considera clave para impulsar grandes obras de infraestructura sin comprometer recursos fiscales. El proyecto contempla tecnología de última generación y apunta a mejorar la seguridad y la eficiencia de la generación nuclear.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa complementará el crecimiento esperado de la demanda eléctrica, impulsada por la expansión industrial, la minería, los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial. Además, remarcan que la energía nuclear seguirá siendo una fuente estratégica para garantizar un suministro estable y con bajas emisiones de carbono.

La Unión Europea produjo durante el primer semestre del año más del 45% de su electricidad a partir de fuentes renovables, el nivel más alto registrado hasta el momento, de acuerdo con los últimos datos difundidos sobre el sistema energético europeo.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la expansión de la energía solar y eólica, que continuaron ganando participación en la matriz eléctrica del bloque. La menor generación con combustibles fósiles y el aumento de las inversiones en infraestructura permitieron consolidar la tendencia hacia un sistema de menor intensidad de emisiones.

El nuevo récord refuerza la estrategia europea de acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los hidrocarburos importados. Los resultados también muestran el avance de las políticas climáticas del bloque, que buscan combinar seguridad energética con una mayor participación de tecnologías limpias en la generación de electricidad.

El futuro ya se está cocinando y esta vez YPF quiere sentarse en la mesa principal. En un movimiento que sacude al sector, la conducción de la petrolera local metió los pies en territorio de Tesla para ver de primera mano el trabajo de vanguardia que hacen los dirigidos por Elon Musk. El objetivo está clarísimo: absorber innovación, entender hacia dónde va la infraestructura energética global y traer esas tendencias directo a la Argentina.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación", dijo Marín tras la recorrida, dejando en claro que para competir a nivel global ya no alcanza con mirar el pozo de petróleo.

Pero la visita no fue solo para sacarse fotos o intercambiar miradas sobre abastecimiento eléctrico. Las dos compañías pasaron a los papeles y firmaron una carta de intención para explorar negocios concretos. ¿El plan principal? Unir la experiencia mundial que tiene Tesla en cargadores para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía con la gigantesca red de estaciones y la presencia nacional que ya tiene YPF en cada rincón del país.

Además del despliegue de cables y cargadores rápidos, los ejecutivos pusieron sobre la mesa carpetas clave: soluciones de almacenamiento energético a gran escala e iniciativas de innovación tecnológica pura aplicada al sector. Con este paso, YPF busca acelerar a fondo en su compromiso de modernizar la infraestructura actual y subirse, de una vez por todas, a la ola de la movilidad del futuro. 

La alianza con Tesla no es un hecho aislado, sino la frutilla del postre de una gestión que viene pateando los tableros financieros. Tras la implementación del ambicioso plan de gestión diseñado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín —reelecto recientemente para consolidar el rumbo—, YPF cerró el primer trimestre de 2026 con una ganancia neta de 409 millones de dólares y un EBITDA ajustado histórico que trepó a los 1.594 millones de dólares. Con un margen del 32% sobre los ingresos impulsado netamente por mejoras brutales en la productividad, la petrolera de bandera registró el mejor arranque de año de toda su historia, dejando atrás los balances viciados por el gasto político.

La clave del éxito financiero radica en un drástico cambio de enfoque: dejar de perder plata en pozos maduros convencionales para poner toda la carne al asador en el oro negro no convencional. Durante el último año, YPF concentró el 78% de sus inversiones directamente en Vaca Muerta, lo que disparó la producción de shale a un récord absoluto de 205.000 barriles diarios (un salto interanual del 39%) y llevó la refinación a un tope histórico de 344.000 barriles por día. "Hacemos más pozos con la misma inversión por pura eficiencia tecnológica", repiten en los pasillos de la empresa, sacando chapa de una aceleración operativa que la gestión anterior ni soñaba.

Con un flujo de caja libre que superó los 870 millones de dólares en apenas tres meses y una liquidez reforzada en USD 1.700 millones, la YPF libertaria ya no mira el mercado local de reojo, sino que apunta a transformarse en un jugador global de peso pesado. Mientras avanza a paso firme el megaproyecto de exportación de GNL (Argentina LNG) tras sellar acuerdos vinculantes con gigantes de la talla de la italiana ENI, el management de la compañía ya fijó la meta en el horizonte: limpiar los cuellos de botella de transporte para que el país pase a exportar 30.000 millones de dólares anuales en el corto plazo. Una corporación normalizada, generando divisas reales para un país que busca dejar atrás la crisis.

En un mundo más digitalizado y con recursos estratégicos cada vez más disputados, la seguridad del agua se ha convertido en una cuestión de interés público.

Abrimos una canilla y el agua sale. Lo hacemos varias veces por día, casi sin pensar. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano existe una de las infraestructuras más complejas y estratégicas de cualquier país: plantas de energía hidráulica o hidroeléctica, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, laboratorios, centros de control, miles de kilómetros de cañerías y sistemas informáticos que trabajan las 24 horas para que millones de personas puedan acceder a agua segura.

La mayoría de las veces hablamos de las pérdidas de agua en términos de fugas o roturas de caños. Pero existe otro tipo de "leaks" mucho más preocupante: las vulnerabilidades de seguridad que pueden afectar la continuidad, calidad o disponibilidad del servicio.

Y no se trata de una hipótesis futurista.

En febrero de 2021, un operador de una planta potabilizadora en Florida, Estados Unidos, observó algo extraño en la pantalla de su computadora. Un intruso había logrado acceder remotamente al sistema y estaba modificando los niveles de hidróxido de sodio utilizados en el tratamiento del agua. De haberse concretado la maniobra, miles de personas podrían haber recibido agua contaminada. El ataque fue detectado a tiempo, pero sirvió como una advertencia para operadores de todo el mundo.

Los sistemas de agua se han convertido en objetivos potenciales porque constituyen una infraestructura crítica. Es decir, instalaciones cuya interrupción puede afectar directamente la salud pública, la economía, la seguridad y el funcionamiento de una sociedad.

La amenaza puede adoptar distintas formas. La más visible es el daño físico a la infraestructura. Estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, válvulas estratégicas o grandes conductos pueden ser objeto de vandalismo, sabotaje o ataques deliberados. La historia reciente muestra numerosos casos en los que instalaciones hídricas fueron utilizadas como objetivos en conflictos armados o disputas sociales.

Existe también la posibilidad de contaminación intencional de fuentes o instalaciones. Aunque los sistemas modernos cuentan con múltiples barreras de protección y controles de calidad permanentes, la necesidad de prevenir este tipo de eventos obliga a mantener niveles crecientes de vigilancia y monitoreo.

Pero quizás el riesgo que más crece en la actualidad sea el digital. Las empresas de agua utilizan sistemas automatizados para controlar presiones, caudales, niveles de tanques, dosificación de productos químicos y calidad del agua en tiempo real. Estas herramientas permiten operar con mayor eficiencia, pero también abren nuevas puertas de entrada para actores maliciosos.

Un ciberataque exitoso podría intentar alterar parámetros operativos, interrumpir procesos, bloquear sistemas o generar información falsa para los operadores. No hace falta imaginar escenarios cinematográficos: en los últimos años se registraron incidentes en distintos países que demostraron que las infraestructuras hídricas son un objetivo atractivo para hackers, grupos criminales e incluso actores vinculados a conflictos geopolíticos.

La creciente preocupación internacional responde a una realidad simple: pocas infraestructuras tienen un impacto tan directo sobre la vida cotidiana como el agua.

Si una ciudad pierde energía eléctrica durante algunas horas, muchas actividades pueden continuar parcialmente. Si falla internet, existen alternativas temporales. Pero cuando se interrumpe el acceso al agua potable, las consecuencias aparecen rápidamente en hospitales, escuelas, industrias, comercios y hogares.

Por eso la seguridad hídrica ya no puede limitarse únicamente a garantizar la disponibilidad del recurso. También implica proteger los sistemas que permiten captarlo, potabilizarlo, distribuirlo y monitorearlo.

Esto requiere inversiones permanentes en infraestructura, actualización tecnológica, capacitación del personal, protocolos de emergencia, simulacros, sistemas de detección temprana y una estrecha cooperación entre operadores, organismos de seguridad y autoridades gubernamentales.

Argentina posee una posición privilegiada en materia de recursos hídricos. Sin embargo, contar con abundancia de agua no elimina la necesidad de proteger las infraestructuras que la hacen llegar a la población. En un contexto global donde el agua adquiere cada vez más valor estratégico, la resiliencia de estos sistemas será tan importante como la disponibilidad misma del recurso.

Quizás la mayor lección sea que los nuevos leaks del agua no siempre se encuentran bajo tierra.

A veces aparecen en una contraseña débil, en un sistema informático desactualizado, en una cámara de seguridad que dejó de funcionar o en un protocolo que nunca fue puesto a prueba.

Y cuando hablamos de agua, identificar esas vulnerabilidades antes de que se conviertan en una crisis no es solamente una cuestión tecnológica. Es una cuestión de seguridad pública.

*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezaron la inauguración de la primera estación RefiPlus de la Argentina. El nuevo formato marca el inicio de la transformación de la red de estaciones que pertenecían a Refinor y que ahora pasan a integrarse bajo la marca YPF con una propuesta renovada de servicios y experiencia para los usuarios.

La apertura tiene un valor estratégico porque Salta fue elegida como punto de partida para el despliegue nacional de este esquema. Según informó el gobierno provincial, la iniciativa busca modernizar la infraestructura de expendio de combustibles, ampliar la oferta comercial y reforzar la presencia de la petrolera en el norte argentino. La reconversión incluye mejoras tecnológicas, actualización de imagen y nuevos estándares operativos.

Durante el acto, Sáenz destacó la importancia de las inversiones privadas y públicas vinculadas al sector energético y remarcó el potencial de Salta como actor clave en la transición energética y en el desarrollo de proyectos de hidrocarburos, minería y energías renovables. Marín, por su parte, presentó la estación como parte de una estrategia más amplia de expansión y modernización de la compañía.

YPF y la automotriz Prestige Auto firmaron un acuerdo orientado a desarrollar soluciones para la movilidad y el transporte en Argentina. El convenio prevé que vehículos utilitarios producidos localmente utilicen combustibles y lubricantes de YPF, además de acciones conjuntas vinculadas a innovación tecnológica, capacitación y actividades relacionadas con el automovilismo.

La alianza busca integrar a la industria energética y la automotriz en un contexto de transformación del transporte, donde conviven la necesidad de mejorar la eficiencia logística, incorporar nuevas tecnologías y avanzar hacia esquemas de movilidad más sustentables. Las empresas señalaron que el acuerdo también incluirá iniciativas de formación para estudiantes de escuelas técnicas, con foco en competencias vinculadas a la industria y la innovación.

El entendimiento refleja una tendencia creciente en el mercado: las compañías energéticas buscan posicionarse no sólo como proveedoras de combustible, sino como actores integrales de la movilidad. En ese esquema, el vínculo con fabricantes y desarrolladores de vehículos se vuelve una pieza central de la estrategia comercial y tecnológica.

La petrolera avanza en una herramienta que permitiría a sus usuarios comprar acciones de YPF directamente desde la aplicación móvil de la compañía. El objetivo es acercar el mercado de capitales a una base mucho más amplia de clientes y facilitar el acceso a instrumentos financieros sin necesidad de operar mediante los mecanismos tradicionales.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de digitalización y expansión de servicios. La empresa busca aprovechar el alcance masivo de su aplicación —utilizada para pagos, descuentos y programas de fidelización— para incorporar funcionalidades vinculadas al ahorro y la inversión. La propuesta apunta especialmente a usuarios que hoy no participan activamente del mercado bursátil.

De concretarse, el sistema permitiría comprar acciones de la compañía desde el entorno digital habitual del cliente, reduciendo barreras de entrada y simplificando el proceso operativo. La medida también podría tener impacto en el desarrollo del mercado local, al sumar nuevos perfiles de inversores minoristas.

El debate por el régimen de zona fría sumó nuevos capítulos en el Congreso. Las negociaciones en el Senado registraron un freno temporal mientras continúan las discusiones sobre el futuro del esquema de subsidios y tarifas para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

El tema tiene una fuerte dimensión política y fiscal. Las conversaciones incluyen gestiones del ministro de Economía, Luis Caputo, ante el gobernador neuquino Rolando Figueroa, y se desarrollan en un contexto de diferencias internas dentro de la representación de Neuquén en la Comisión de Energía. El régimen de zona fría beneficia a millones de usuarios con descuentos en sus facturas de gas, por lo que cualquier modificación podría generar sensibilidad social.

La discusión ocurre además en un momento de revisión general del gasto público y de los subsidios energéticos. El Gobierno busca ordenar las cuentas fiscales, mientras provincias y legisladores presionan para mantener beneficios que consideran esenciales para regiones con condiciones climáticas adversas. El resultado de la negociación tendrá impacto directo sobre las tarifas y sobre el equilibrio político entre Nación y provincias productoras.

El Gobierno de Jujuy presentó “Un minuto por la Energía”, un nuevo trayecto educativo que premiará producciones audiovisuales realizadas por estudiantes de nivel secundario. La iniciativa busca acercar a los jóvenes a temas vinculados con la energía, la transición energética, la eficiencia y el desarrollo sustentable.

El programa propone que los alumnos elaboren piezas audiovisuales breves sobre problemáticas y desafíos energéticos actuales. La idea es combinar educación, creatividad y herramientas digitales para fomentar la participación de los estudiantes y generar contenidos que puedan circular en redes sociales y plataformas digitales.

Desde la provincia destacaron que el proyecto apunta a fortalecer la cultura energética y ambiental en las nuevas generaciones, promoviendo el análisis crítico y la comunicación de temas que serán centrales en los próximos años, desde las energías renovables hasta el uso eficiente de los recursos.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y la Dirección General de Escuelas realizaron una jornada de aprendizaje en la naturaleza destinada a alumnos de nivel primario. La actividad formó parte de una estrategia de educación ambiental que busca combinar contenidos escolares con experiencias directas en entornos naturales.

Durante la jornada, los estudiantes participaron de actividades vinculadas al conocimiento de ecosistemas, el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. El objetivo es que los contenidos sobre sostenibilidad, energía y conservación no queden restringidos al aula, sino que puedan experimentarse en territorio.

La iniciativa se inscribe en una política provincial más amplia orientada a incorporar la educación ambiental de manera transversal en la formación escolar. Mendoza viene desarrollando programas vinculados al agua, la energía, la biodiversidad y la gestión de residuos, con la intención de generar hábitos y conciencia desde edades tempranas.

YPF dio un nuevo paso en su estrategia para monetizar el crecimiento de Vaca Muerta al aprobar su ingreso al proyecto NGL de Transportadora de Gas del Sur (TGS), una iniciativa valuada en unos US$ 3.000 millones que apunta a procesar e industrializar los líquidos asociados al gas natural extraído de la cuenca neuquina. El proyecto buscará acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla infraestructura entre Neuquén y Bahía Blanca.

La iniciativa permitirá separar y comercializar productos de alto valor agregado, como propano, butano y gasolinas naturales, incrementando las exportaciones energéticas argentinas. La incorporación de YPF refuerza la apuesta impulsada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien viene sosteniendo que el desafío ya no es solamente aumentar la producción de Vaca Muerta, sino desarrollar la infraestructura necesaria para transformar esos recursos en divisas y exportaciones.

En paralelo, YPF busca llevar tranquilidad a los sectores productivos y políticos de Bahía Blanca tras los cambios registrados en algunos proyectos energéticos de gran escala. La compañía ratificó que continuará impulsando inversiones en la región, considerada clave para la industrialización de los recursos provenientes de Vaca Muerta y para el desarrollo de nuevos polos exportadores.

La ciudad bonaerense concentra infraestructura energética estratégica, puertos de aguas profundas y complejos industriales que la posicionan como uno de los principales nodos para la cadena de valor del gas y el petróleo. En ese contexto, la participación de YPF en nuevos proyectos vinculados al procesamiento de hidrocarburos aparece como una señal destinada a sostener la actividad económica y el empleo en la región.

Mientras Vaca Muerta continúa liderando las inversiones hidrocarburíferas, Mendoza consolida su perfil renovable. Con la entrada en operación plena del Parque Solar San Rafael, la provincia alcanzó una capacidad instalada de 774,4 megavatios de energía solar y se acerca a la meta de 800 MW. Además, proyecta superar los 1.000 MW hacia 2030 mediante nuevos desarrollos actualmente en carpeta.

La obra refuerza la estrategia provincial de diversificar la matriz energética y posicionarse como uno de los principales polos de generación renovable del país.

La industria nuclear argentina sumó un nuevo hito con la primera exportación de componentes fabricados por Nucleoeléctrica Argentina para centrales nucleares del exterior. La operación, superior al millón de dólares, consistió en la venta de tapones de restricción de flujo destinados a reactores de tecnología CANDU.

La empresa estatal modificó recientemente su estructura para desarrollar una unidad de negocios orientada a la exportación de servicios y componentes nucleares, buscando aprovechar la experiencia acumulada durante décadas en la operación de las centrales Atucha y Embalse.

El fuerte aumento de la producción de petróleo y gas no convencional también comienza a generar tensiones en la cadena de abastecimiento. Uno de los principales desafíos identificados por la industria es la provisión de arena para fractura hidráulica, un insumo esencial para el desarrollo del shale.

Actualmente Vaca Muerta consume cerca de siete millones de toneladas de arena por año, pero las proyecciones indican que esa cifra podría escalar a nueve millones de toneladas hacia 2028. Especialistas y empresas advierten que la capacidad instalada, la logística de transporte y la infraestructura disponible podrían transformarse en factores limitantes para sostener el ritmo de crecimiento previsto para los próximos años.

La discusión sobre la velocidad con la que la Argentina logrará consolidar su autonomía energética y el humor del consumidor frente a las pizarras de las estaciones de servicio encontró un baño de crudo realismo técnico. En declaraciones exclusivas para el programa Sin Verso de Ciudadano News, el ingeniero, consultor y ex secretario de Energía y Minería de la Nación, Emilio Apud, desmenuzó la compleja coyuntura que enfrenta el sector en pleno año 2026. Lejos de los discursos triunfalistas del círculo rojo, el especialista advirtió que el reciente incremento de los combustibles y el posterior acuerdo de estabilización de precios responden a una fuerte contracción del mercado interno, al tiempo que arrojó luz sobre la paradoja que obliga al país a seguir importando barcos de Gas Natural Licuado (GNL) a pesar del potencial geológico de la Cuenca Neuquina.

El impacto inmediato en los bolsillos se analizó bajo la lupa de la oferta y la demanda. Al evaluar el reciente aumento de los combustibles y el posterior entendimiento para congelar las tarifas por 45 días, Apud detalló que las refinerías y petroleras debieron recalibrar su botonera comercial al fleje. La decisión corporativa de no aplicar subas drásticas no obedeció a una concesión altruista, sino al enfriamiento directo del consumo de naftas y gasoil. Las empresas entendieron que presionar aún más los surtidores hubiese disparado una migración masiva de usuarios hacia segmentos de menor calidad o, lisa y llanamente, una parálisis mayor de la circulación, forzando un esquema de contención temporal frente al humor social general.

El verdadero debate estratégico de la temporada radica en la infraestructura de transporte antes que en la capacidad de extracción de las cuencas operadas por YPF y sus socios privados. Apud abordó con crudeza la paradoja de Vaca Muerta: cómo un yacimiento con capacidad de escala exportadora mundial convive con la necesidad de amarrar buques regasificadores para cubrir el pico de demanda residencial durante las semanas más frías del año.

"Vaca Muerta tiene todo el recurso, pero la paradoja es que seguimos dependiendo de la importación de barcos de GNL para cubrir el invierno. Esto pasa porque la finalización de las obras clave de infraestructura y las plantas de compresión no alcanzaron el ritmo necesario para procesar y distribuir el fluido hacia los grandes centros urbanos a tiempo para el inicio del ciclo estacional", puntualizó el consultor energético.

Esta restricción logística opera como un cuello de botella financiero para el Palacio de Hacienda. Si bien la balanza comercial del sector camina hacia un superávit estructural irreversible en el mediano plazo gracias al petróleo crudo, el invierno obliga a liquidar divisas de forma anticipada para adquirir cargamentos externos. La autosuficiencia absoluta y el despegue de los proyectos de licuefacción a gran escala demandarán sostener las reglas de juego y la estabilidad regulatoria para canalizar los flujos de inversión privada necesarios para ampliar la red troncal de gasoductos.

El armado de los subsidios a las tarifas públicas fue otro de los puntos álgidos analizados por el exfuncionario de la Nación. Apud plantó bandera contra el actual régimen de la denominada "Zona Fría", un beneficio que históricamente otorgó descuentos masivos en el servicio de gas por criterios estrictamente geográficos. Para el especialista, el modelo actual arrastra distorsiones de manual que asfixian el equilibrio fiscal del Estado al subsidiar de igual manera a hogares de ingresos altos y bajos dentro de una misma región de la Argentina.

La propuesta de sintonía fina que barajan los equipos técnicos del sector apunta a una reforma estructural del beneficio. La meta es migrar desde un subsidio geográfico generalizado hacia una tarifa social focalizada basada estrictamente en la situación socioeconómica verificable del usuario. Bajo este esquema, el Estado nacional mantendría el auxilio financiero únicamente para aquellos hogares e industrias que demuestren fehacientemente la imposibilidad de afrontar el costo real de la energía, desarmando un esquema general de transferencias cruzadas que el mercado energético corporativo considera indispensable corregir para limpiar los balances del sistema regulado.

Este es un nuevo capítulo de esos cables que estamos cortando para que la Argentina deje de vivir con el riesgo permanente de que algo explote.

Esta historia, que parece sacada de una película de terror, no es más que una parte de la historia de los argentinos. Pasamos de los creadores del "te pongo este impuesto por única vez" a los creadores de una versión invertida de Robin Hood: sacarle a los pobres para pagarles a los ricos.

¿Cómo hacía el kirchnerismo para decir que bajaba la inflación? Primero, prohibía medirla. Recuerden las multas a las consultoras que publicaban índices inflacionarios. Segundo, recurría al negacionismo. Los psicólogos sabrán bien a qué me refiero. La inflación, simplemente, no existía.

¿Recuerdan al entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cuando dijo "me quiero ir" para evitar responder una pregunta en una entrevista televisiva? Los argentinos nos acordamos. ¿Se acuerdan de los chalecos azules recorriendo pymes, supermercados y almacenes para poner multas a quienes aumentaban los precios? Eso pasó en la Argentina.

Pero el broche de oro fue el congelamiento de tarifas. No decidieron bajar la inflación como verdaderamente se hace, es decir, eliminando gasto público improductivo y dejando de emitir dinero para financiarlo. En lugar de eso, congelaron, entre otras cosas, la tarifa del gas.

Claro que no se puede tapar el sol con las manos. Los costos seguían aumentando. Entonces, ¿qué hicieron? Las distribuidoras dejaron de pagarles a las generadoras y así se acumuló una enorme deuda que ahora estamos tratando de solucionar.

Pero hubo algo peor. En algún momento tuvieron que habilitar aumentos en la tarifa del gas porque la situación era insostenible. Entonces apareció el Plan B del famoso "pan platita": subsidios para todo el mundo.

Trazaron una línea imaginaria para definir dónde hacía frío y dónde no. Pero esa no era la verdadera razón. El objetivo era transferir recursos a sectores que podían advertir que el relato sobre la inflación era falso. Empezaron con subsidios asignados por manchas geográficas y eligieron beneficiar a las zonas con mayor cantidad de habitantes.

Voy a hablar varias veces de Córdoba, presidente, porque allí estamos tratando de solucionar este problema. En mi provincia trazaron una línea imaginaria que dividió al territorio entre zonas frías o tibias y el resto. ¿Y saben a quién dejaron afuera? Al sector más pobre, más humilde y más vulnerable de Córdoba. Pero como allí vive menos gente, electoralmente parecía no importar.

Así financiaron algo tremendo: el subsidio a los ricos en el gas. Porque no importó aplicar el criterio correcto, que es ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan.

Quiero dejar clara nuestra postura. Nadie está en contra de asistir a quienes no pueden afrontar el costo de calefaccionarse. Nadie está en contra de que las regiones con frío extremo tengan herramientas diferenciales. Nadie está en contra de ayudar a familias en situación de vulnerabilidad social.

Lo que rechazamos es que se subsidie a quienes no lo necesitan. ¿Por qué? Porque creyeron que así los iban a votar. Eso es lo que cuestionamos. Por eso, lo que vamos a hacer es modificar esa conducta.

Durante toda su historia los de la izquierda defendieron los subsidios y hoy tienen la oportunidad de votar para quitarles subsidios a los ricos. Sin embargo, votan en contra. Es increíble.

Pero además de los zurdos, hay varios más que cuestionan la medida. Dicen: "¿Cómo van a hacer para que el subsidio llegue a quienes más lo necesitan? ¿Cómo van a hacer para que se inscriban en una web?".

A ellos les digo que los sectores vulnerables que necesiten mantener el subsidio pueden anotarse en el registro correspondiente y seguir recibiéndolo.

Y le recuerdo al gobernador y al exgobernador Juan Schiaretti —que hoy no está presente, pero seguramente le habría costado votar en contra de una ley como esta— que tanto él como José Manuel de la Sota implementaron mecanismos similares en Córdoba mediante la Tarifa Social y la Tarifa Solidaria. También segmentaban y focalizaban la ayuda en los sectores vulnerables. Y también pedían que se anoten mediante una web. 

Nosotros también queremos demostrarles a los ciudadanos que en la misma factura donde reciben un subsidio también se les cobra para financiarlo. Porque lo que el Estado da por un lado, muchas veces lo quita por el otro. Los recursos para estos programas salen de los impuestos que pagan los argentinos.

Suena muy bien en el discurso, pero quienes sostienen al Tesoro Nacional son los que pagan IVA cuando compran pan o leche, las pymes y los productores que pagan retenciones, impuestos que nosotros queremos reducir mientras ustedes siguen votando este tipo de esquemas.

Nosotros cuidamos el dinero de los contribuyentes asignando los recursos a quienes verdaderamente los necesitan. Ustedes los distribuyen con criterios políticos para no perder votos, aunque finalmente los perdieron porque la gente no es tonta.

En mi provincia, nosotros levantamos la bandera de la defensa de los sectores vulnerables. Por eso creemos que esta ley debe ser apoyada.

Mientras el sector energético consolida su aporte al superávit comercial argentino, YPF avanza con nuevos proyectos industriales y busca posicionarse como uno de los principales motores exportadores del país. En ese escenario, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, volvió a ocupar el centro de la escena al defender la política de precios de los combustibles y encabezar iniciativas vinculadas al desarrollo de biocombustibles y la expansión de Vaca Muerta.

Horacio Marín aseguró que la petrolera mantendrá una política de estabilidad en los surtidores pese a la volatilidad internacional del petróleo y afirmó que “no va a haber picos” en los precios de los combustibles. El titular de YPF explicó que la compañía continuará aplicando mecanismos de compensación para amortiguar el impacto de las subas externas sobre el mercado local.

La estrategia impulsada por la empresa apunta a evitar fuertes aumentos en períodos de tensión geopolítica, como ocurrió recientemente con la suba del crudo a nivel internacional. Marín remarcó que YPF buscará trasladar únicamente “el impacto real de los costos” y sostuvo que el objetivo es darle previsibilidad tanto a consumidores como a estaciones de servicio.

En paralelo, YPF avanza en la reconversión de la ex refinería de San Lorenzo, en Santa Fe, para transformarla en una biorrefinería destinada a producir combustibles sostenibles para aviación (SAF). El proyecto se desarrolla junto a Essential Energy y contempla inversiones cercanas a los US$ 400 millones.

La iniciativa fue presentada por Horacio Marín como una apuesta estratégica para insertar a la Argentina en el mercado global de combustibles renovables. Según las proyecciones difundidas, el emprendimiento podría generar exportaciones por hasta US$ 600 millones anuales y convertir a Santa Fe en un polo regional de energía sustentable.

Además de la producción de combustible sostenible para aviones, el complejo buscará impulsar nuevas cadenas agroindustriales y sumar valor agregado a la producción local de biocombustibles.

El buen desempeño del sector energético volvió a reflejarse en el comercio exterior argentino. De acuerdo con distintos reportes difundidos esta semana, la balanza energética explicó el 52% del superávit comercial registrado en abril.

El saldo positivo del segmento alcanzó unos US$ 1.402 millones y consolidó la tendencia de crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la producción no convencional.

En el primer cuatrimestre del año, la mejora de la balanza energética superó los US$ 1.100 millones respecto del mismo período de 2025, fortaleciendo el rol del sector como generador de divisas para la economía argentina.

En el frente de inversiones, la petrolera GeoPark solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un hub petrolero en Vaca Muerta con una inversión estimada en más de US$ 1.000 millones.

El proyecto se llevará adelante junto a GyP Neuquén y prevé multiplicar la producción de la compañía desde los actuales 1.500 barriles diarios hasta unos 20.000 barriles por día en los próximos tres años.

La presentación se suma a la ola de proyectos energéticos vinculados al RIGI y acompaña el fuerte despliegue inversor que lidera YPF en la cuenca neuquina. En los últimos días, la petrolera estatal también presentó iniciativas millonarias para acelerar la producción y exportación de crudo desde Vaca Muerta.

YPF dio a conocer el proyecto de inversión más ambicioso presentado hasta ahora en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla un desembolso de US$ 25.000 millones destinado al desarrollo integral de shale oil en Vaca Muerta, con el objetivo de acelerar la producción y consolidar el perfil exportador de la Argentina.

El plan prevé la perforación de 1.152 pozos horizontales y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo. El proyecto será desarrollado por etapas y se apalancará en la expansión de infraestructura de transporte y evacuación, incluyendo el oleoducto Vaca Muerta Sur, pieza clave para incrementar las exportaciones de crudo desde la cuenca neuquina.

La magnitud del anuncio refuerza la estrategia que impulsa el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien sostiene que el país puede convertirse en uno de los principales exportadores de energía de la región. La iniciativa también representa una señal para los inversores internacionales, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer capitales de largo plazo para desarrollar los recursos no convencionales argentinos.

La provincia de Mendoza inauguró el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, con una capacidad instalada de 305 MW. La puesta en marcha del emprendimiento permitió que Mendoza supere los 700 MW de potencia solar instalada, consolidando su liderazgo en generación fotovoltaica a nivel nacional.

El proyecto demandó una inversión de aproximadamente US$ 220 millones y se convirtió en el primer emprendimiento de energías renovables ejecutado bajo el RIGI. Ubicado en el departamento de Las Heras, ocupa unas 620 hectáreas y cuenta con más de 511.000 paneles solares bifaciales. Su generación equivale al consumo eléctrico de unos 233.000 hogares.

El acto de inauguración fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y contó con la participación de Horacio Marín, además de funcionarios nacionales. La obra ratifica el potencial de las energías renovables como complemento del desarrollo hidrocarburífero y como eje para diversificar la matriz energética argentina.

Los gobiernos de Argentina y Chile exploran un nuevo acuerdo de integración energética orientado a profundizar el intercambio de gas natural, electricidad y eventualmente petróleo entre ambos países.

La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y la creciente demanda regional de energía, con la posibilidad de ampliar exportaciones hacia el mercado chileno y utilizar la infraestructura existente a ambos lados de la cordillera. El entendimiento también podría sentar las bases para nuevos proyectos conjuntos de infraestructura y logística energética.

YPF consolidó su liderazgo en el sector energético con un primer trimestre histórico en materia de resultados financieros y una batería de anuncios orientados a diversificar su negocio. La petrolera registró un EBITDA ajustado de US$ 1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre, impulsado por el fuerte crecimiento del shale oil en Vaca Muerta. En paralelo, confirmó el lanzamiento del diésel minero, un combustible especialmente diseñado para la industria extractiva, y respaldó nuevas medidas oficiales para fortalecer las inversiones en energías renovables.

El balance del primer trimestre de 2026 mostró que YPF atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. La compañía obtuvo una ganancia neta de US$ 409 millones y un EBITDA ajustado récord de US$ 1.594 millones, con un margen del 32% sobre ingresos. Los ingresos totalizaron US$ 4.946 millones, mientras que la producción de shale oil creció 39% interanual hasta alcanzar los 205.000 barriles diarios.

El desempeño estuvo motorizado por la expansión de la producción no convencional, la reducción de costos operativos y un contexto internacional de precios favorable. Cerca del 78% de las inversiones trimestrales, que sumaron US$ 980 millones, se destinaron al desarrollo de Vaca Muerta, principal apuesta de la empresa para incrementar exportaciones y generación de divisas para la Argentina.

Durante la Expo Minera de San Juan, YPF confirmó que a partir de agosto comenzará a distribuir en todo el país el nuevo “diésel minero”, un combustible formulado específicamente para abastecer la maquinaria de gran porte utilizada en proyectos metalíferos.

El producto fue desarrollado para responder a las exigencias operativas de minas de cobre, oro y litio, en un contexto de fuerte expansión de inversiones en provincias como San Juan, Catamarca y Salta. Con esta iniciativa, la petrolera busca consolidarse como proveedor estratégico de un sector que promete convertirse en uno de los grandes motores exportadores del país.

Se trata de un nuevo ámbito de articulación entre el Estado, las provincias y el sector privado destinado a impulsar inversiones en una actividad considerada estratégica para el desarrollo económico del país. La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y sus pares de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, además de funcionarios nacionales y representantes de las principales cámaras empresarias.

Durante el encuentro se destacó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que actualmente concentra proyectos mineros por US$ 42.000 millones, con seis iniciativas ya aprobadas por más de US$ 7.188 millones. También se subrayó que, de mantenerse las condiciones de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$ 20.000 millones hacia 2035. “Argentina siempre tuvo un enorme potencial minero, pero nunca supo aprovecharlo”, afirmó Karina Milei, al comparar las exportaciones locales con las de Chile.

Los gobernadores y referentes del sector coincidieron en que la minería atraviesa un momento bisagra. El gobernador Orrego señaló que "hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país" en los que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica". "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino", expresó.

El ministro del Interior en tanto agregó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.

En paralelo, el Gobierno avanza con medidas regulatorias para mejorar la competitividad de los proyectos eólicos y solares. La decisión de eliminar cargos que encarecían la generación renovable apunta a dar mayor previsibilidad y a blindar inversiones en un sector clave para diversificar la matriz energética.

La medida beneficia tanto a grandes generadores como a empresas industriales con contratos de abastecimiento de energía limpia, y complementa la estrategia de YPF de ampliar su presencia en negocios vinculados a la transición energética.

El CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un escenario de fuerte expansión para la industria petrolera argentina, con un objetivo ambicioso: alcanzar niveles de exportación cercanos al millón de barriles diarios en los próximos años.

“Argentina va a terminar exportando el millón de barriles”, afirmó el ejecutivo durante su exposición en la Feria del Libro, aunque aclaró que ese hito podría concretarse recién hacia 2033 o 2034.

Marín insistió en que el crecimiento no dependerá exclusivamente de la petrolera estatal, sino de todo el ecosistema energético: “No depende solo de YPF, sino de toda la Argentina y de toda la industria”.

En esa línea, remarcó el rol clave del nuevo marco económico y regulatorio: “Para desarrollar Vaca Muerta hay que entender que hay que exportar. No se van a invertir millones si no se va a poder exportar”.

El titular de YPF también vinculó este proceso con la generación de empleo y la expansión de infraestructura: proyectó una demanda de “alrededor de 40.000 puestos de trabajo” en los próximos años, asociada a obras como oleoductos, gasoductos y proyectos de GNL.

Actualmente, la producción argentina ya se acerca a niveles récord y el crecimiento de Vaca Muerta permite vislumbrar un saldo exportable creciente, en un contexto donde el consumo interno es significativamente menor al potencial productivo.

En paralelo al impulso hidrocarburífero, las energías renovables siguen captando inversiones. La segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, en La Pampa, despertó el interés de empresas del sector energético que analizaron su esquema de negocios.

El proyecto combina inversión público-privada con participación mayoritaria del sector privado y beneficios fiscales como exenciones impositivas por 20 años, lo que mejora su ecuación económico-financiera.

Además, incorpora mecanismos como el “Procedimiento de Igualación de Condiciones Económicas”, diseñado para ampliar la escala del proyecto y diversificar riesgos, facilitando la participación de más actores.

La iniciativa busca consolidar el crecimiento de la energía solar en el país, que ya muestra una expansión sostenida en los últimos años, apoyada en condiciones naturales favorables y en políticas de incentivo.

Mientras la producción crece, las provincias avanzan en regulaciones ambientales más estrictas. El gobierno de Neuquén estableció la obligatoriedad de que las petroleras informen sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El nuevo sistema exige mediciones estandarizadas para todas las operadoras de la Cuenca Neuquina y forma parte de un plan a 2030 que apunta a reducir la huella ambiental del sector.

“Estamos alineando a Neuquén y Vaca Muerta con los estándares más altos de reporte”, señaló el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira.

El esquema introduce distintos niveles de exigencia y prevé auditorías y validaciones externas, con el objetivo de construir un sistema homogéneo y comparable de datos, en un sector donde hasta ahora predominaban metodologías dispares.

En el norte del país, la transición energética también se expresa en el turismo. El Tren Solar de la Quebrada —primer servicio ferroviario turístico de América impulsado con energía solar— continúa sumando iniciativas para atraer visitantes.

El proyecto, que recorre la Quebrada de Humahuaca, funciona con baterías de litio recargadas mediante energía solar y se posiciona como una propuesta sustentable dentro del sector turístico.

La incorporación de beneficios y promociones apunta a consolidar su uso y potenciar el desarrollo regional, integrando innovación tecnológica con actividad económica.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, impulsa un cambio profundo en la compañía con el objetivo de posicionarla como un jugador competitivo a nivel internacional, en un contexto donde el sector energético global también atraviesa una fuerte reconfiguración tecnológica y productiva.

Durante una exposición ante técnicos del sector, Marín describió su estrategia para transformar YPF, basada en tres pilares: empoderamiento interno, metas exigentes e incentivos económicos.

Uno de los ejemplos más simbólicos fue la eliminación de una sala interna bautizada por el propio ejecutivo como “Avocado Toast Room”, que reflejaba una cultura corporativa ineficiente. “Fui tres veces seguido y lo único que vi es que desayunaban avocado toast… Ahora no está más”, señaló.

El ejecutivo fue contundente respecto al rumbo de la compañía: “Se terminó la época del subsidio”, insistió, al remarcar que los precios artificiales desalientan la actividad y la productividad.

En esa línea, subrayó que el desafío central no es reducir personal sino mejorar procesos: “Cuando uno habla de productividad… no tiene nada que ver con echar gente”, aclaró.

Marín también defendió un modelo de gestión “desde abajo”, donde los cambios surgen de equipos operativos con poder real de decisión. Como ejemplo, relató el caso de un técnico que, con autonomía y un incentivo de doble bono, logró completar un proyecto en cuatro meses en lugar de los 18 previstos.

“El cambio no se hace con vicepresidentes, se hace empoderando a los niveles más bajos”, resumió.

El CEO destacó el potencial de Vaca Muerta, al asegurar que sus costos de desarrollo ya son comparables con los de la cuenca Permian de Estados Unidos, uno de los principales polos no convencionales del mundo.

“El breakeven de Vaca Muerta es comparable”, afirmó, aunque reconoció que el país aún debe mejorar en productividad para competir globalmente.

En paralelo, remarcó la incorporación de inteligencia artificial en distintas áreas de la empresa: “Es imposible hacer lo que estamos haciendo sin el algoritmo”, sostuvo, en referencia a su uso en logística, compras y fijación de precios.

Además, adelantó que la compañía apuesta al offshore en el margen atlántico, con acuerdos internacionales y exploraciones previstas hacia 2027-2028.

La petrolera Pluspetrol presentó su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un megaproyecto de US$12.000 millones destinado al desarrollo del bloque Bajo del Choique–La Invernada, en Vaca Muerta. La iniciativa, en conjunto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), apunta a consolidar uno de los proyectos más ambiciosos del shale argentino y marcar un salto de escala en la producción hidrocarburífera.

El plan contempla la perforación de más de 600 pozos, la construcción de cuatro plantas de procesamiento y nueva infraestructura de evacuación, con el objetivo de alcanzar una producción de hasta 100.000 barriles diarios en un horizonte de 25 años. El desarrollo se ejecutará en dos etapas: una primera fase en la zona sur, que permitirá llegar a 50.000 barriles diarios y 6 millones de m³ de gas por día, y una segunda etapa en el norte que duplicará esos niveles productivos.

La compañía destacó que el proyecto tendrá impacto directo en la actividad económica regional, especialmente en Rincón de los Sauces, y contribuirá a fortalecer la cadena de valor del sector energético.

Las energías renovables continúan ganando participación en la generación eléctrica, consolidándose como un componente estructural del sistema y no solo complementario. La energía solar ya representa el 6% del mix total, con una capacidad instalada de 2.574 MW. 

La energía eólica, por su parte, reafirmó su crecimiento con una suba interanual del 13,2% y una generación de 1.627 GWh. Con una capacidad instalada de 4.559 MW, representa alrededor del 10% del total y se posiciona como la principal fuente renovable después de la hidráulica. En conjunto, la eólica y la solar explican cerca del 16% de la matriz energética, evidenciando un cambio estructural.

Este crecimiento ocurre incluso en un escenario de caída de otras fuentes: la generación nuclear, por ejemplo, retrocedió más de un 35% interanual, mientras que la hidráulica también mostró descensos.

La expansión de las energías limpias, impulsada por la eólica y solar, refleja una tendencia global donde la diversificación energética y la reducción de emisiones ganan centralidad.

En el plano internacional, el debate energético también se intensifica. En Alemania, uno de los países líderes en transición energética, crecen las críticas a la decisión de abandonar la energía nuclear.

El cuestionamiento se da en medio de preocupaciones por costos elevados y falta de capacidad de generación, lo que pone en tensión el modelo basado fuertemente en renovables.

Este escenario refleja los desafíos de equilibrar sostenibilidad, seguridad energética y competitividad económica, un dilema que también impacta en países emergentes como Argentina.

YPF fue distinguida esta semana con el certificado de Marca País Argentina, en reconocimiento a su aporte estratégico a la economía nacional. Este hito destaca a la compañía como un actor clave en la proyección global de la identidad productiva argentina, considerando su trayectoria, escala operativa y peso en el sector energético. 

La Marca País Argentina es una herramienta que impulsa la percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo, y promueve el talento argentino en los mercados globales.

YPF selló un acuerdo estratégico con la empresa estadounidense Halliburton para modernizar las operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta mediante la incorporación de tecnología avanzada, incluida la fracturación eléctrica. El contrato, de largo plazo, apunta a mejorar la eficiencia operativa y acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales, en un contexto de creciente demanda energética.

La iniciativa busca optimizar costos, reducir emisiones y aumentar la productividad de los pozos, consolidando a Vaca Muerta como uno de los principales polos de desarrollo shale a nivel global. Además, refuerza la capacidad del país para atraer inversiones tecnológicas y financiamiento internacional en el sector energético.

En paralelo al impulso de los hidrocarburos, el sector energético argentino avanza en la diversificación de su matriz. Parque Arauco completó el montaje del parque solar Arauco I, en La Rioja, un paso clave dentro de su proyecto híbrido que integra generación solar y eólica.

Esta iniciativa apunta a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y a incrementar la participación de fuentes limpias, en línea con los objetivos de transición energética. La complementariedad entre energías renovables permite optimizar la producción y reducir la huella de carbono del sector.

Por otro lado, el gobierno de La Pampa lanzó la licitación pública para la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, en el marco de una estrategia orientada a ampliar la generación de energía renovable y fortalecer el desarrollo productivo provincial. El anuncio fue realizado por el gobernador Sergio Ziliotto, quien destacó que la iniciativa forma parte de un plan integral basado en inversión, planificación y articulación público-privada.

La nueva etapa sumará 15 megavatios (MW) a los 15 MW ya contemplados en la fase inicial, con el objetivo de alcanzar una capacidad total proyectada de 50 MW. La energía generada estará destinada a abastecer la creciente demanda del entramado productivo del norte provincial, acompañando la expansión industrial y garantizando disponibilidad energética para nuevos proyectos.

El proyecto se desarrollará bajo un esquema de asociación entre la empresa estatal Pampetrol y un socio privado, que tendrá participación mayoritaria. Incluye todas las etapas, desde el diseño y la construcción hasta la operación y comercialización de la energía, con un contrato de abastecimiento a 20 años que asegura previsibilidad para las inversiones. La iniciativa se inscribe en una política de largo plazo que busca diversificar la matriz energética y promover el crecimiento económico con mayor participación de energías limpias.

Las perspectivas para Vaca Muerta anticipan un fuerte ciclo de expansión, con inversiones que podrían alcanzar los 60.000 millones de dólares en los próximos cinco años, según proyecciones de Goldman Sachs.

El informe señala que este flujo de capital estará impulsado por el desarrollo de petróleo y gas no convencional y por la necesidad de ampliar la infraestructura energética, con un rol clave del financiamiento internacional.

Como lo planteara el mensaje de la Oficina del Presidente (OPRA) en su envío al Honorable Congreso de la Nación el día 15 de diciembre de 2025: “a más de 15 años de su sanción, esta ley ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica”, paralizando no solamente inversiones productivas y de explotación minera sino también las actividades de prospección y exploración. Justamente, la ley vigente viola los dos artículos de la Constitución Nacional (CN) que se pretende defender y que usan para atacar la reforma, afectando el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Art. 41 de la CN (párrafo 1): todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Art. 124 de la CN: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

La reforma de la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639 tiene dos ejes centrales. Por un lado, aclarar el objeto de protección de la ley que, por la confusa redacción de la norma, se presta a ciertas dudas interpretativas que dan cabida a que se asigne a sus disposiciones un alcance que choca contra el mandato constitucional de someter a los recursos naturales a una utilización racional; y, por el otro, fortalece el federalismo, mediante la atribución a las provincias de facultades más amplias en la materia, lo cual les permitirá desarrollar los recursos de su dominio originario de un modo compatible con la protección del ambiente.

1.El fin “aclaratorio”. El proyecto propone, fundamentalmente, adecuar el modo en que se encuentra enunciado el objeto de protección de la ley, a fin de dejar en claro que los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que se protegen son las que cumplen con funciones hídricas, es decir, las que “actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y/o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Hoy la norma ya lo prevé así, pero de un modo no suficientemente claro, lo que llevó a muchas personas a entender que el “objeto protegido” es todo ambiente periglacial, cumpla o no funciones hídricas relevantes, limitando así la explotación de los recursos naturales de un modo que no es acorde al artículo 41 de la Constitución Nacional, cláusula ésta que consagra el derecho a un ambiente sano, pero promueve, al propio tiempo, la utilización racional de dichos recursos.

En línea con lo anterior, se adecúa lo referido a las prohibiciones para que quede claro que las actividades estarán prohibidas únicamente en la medida en que ocasionen una alteración de los glaciares y del ambiente perigracial contraria a la protección que el legislador les otorga, lo cual deberá ser determinado en cada caso por la autoridad competente provincial (o nacional, si se tratara de un tema interjurisdiccional o área protegida nacional). Esto ya debería interpretarse así, pero, como se mencionó anteriormente, la redacción actual presta a confusión.

2.El fin competencial. El proyecto reconoce a las provincias la competencia para identificar qué glaciares y qué porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante y, por lo tanto, se encuentran protegidos por la ley. Esto impacta en dos puntos principales: Aprobación de actividades: al momento de realizar evaluaciones de impacto ambiental, deberán las provincias estudiar los glaciares o el ambiente periglacial y determinar, frente a cada proyecto, si la actividad involucrada está permitida o prohibida en función de los criterios fijados por el legislador.

Inventario Nacional de Glaciares: cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), quien tiene a cargo el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de que lo incluya en el mencionado inventario. Asimismo, cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial no cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al IANIGLA para que se elimine del Inventario.

La trampa intelectual resulta clara: la oposición a tocar la actual ley se hace invocando la violación de dos principios básicos con estatura constitucional y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia: la regresividad y el respeto de los presupuestos mínimos acordados como estándar nacional por la CN (art. 41, párrafo 3). Lo cierto es que una limitación extrema (prohibición absoluta) torna regresiva cualquier acción por menor que sea. Lo hacen ignorando los avances tecnológicos y el aumento de responsabilidad por parte de la minería moderna. Resulta autocumplida la profecía de quienes se oponen a la minería. La peor forma de proteger es prohibir. La incertidumbre se cumple no solamente para la empresa inversora, sino también para las autoridades de aplicación de la ley. La imprecisión acerca de lo que es un “ambiente periglacial”, en lugar de especificar un área con dos dimensiones: espacial (territorial) y temporal (perennidad), da lugar a la discrecionalidad. Esta ambigüedad ha quedado subsanada con el Inventario Nacional de Glaciares realizado por el IANIGLA (organismo científico del CONICET) publicado en el año 2018, que cubrió los estudios de Fase 1 (relevamiento satelital) quedando por hacer en cada caso los estudios de Fase 2 y 3 en el terreno, para determinar el potencial hídrico relevante de cada glaciar.

El Inventario Nacional de Glaciares contará con un rol “precautorio” a fin de que no se critique una regresividad de la norma. En este sentido, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el mencionado Inventario, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de glaciares, pero cuando una provincia determine que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y deberá ser eliminado del Inventario.

No se debe entender que el IANIGLA será eliminado ni dejará de estar a cargo del Inventario. Por el contrario, sólo se incorpora que deberá, necesariamente, adecuar el Inventario Nacional de Glaciares en función de lo que informen las provincias, lo cual dará al Inventario una utilidad más eficiente de cara al alcance de la tutela ambiental que la ley persigue.

El Acuerdo de Escazú exige la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones ambientales. Por ello, se asegurará en el Congreso Nacional y legislaturas provinciales que se oigan las voces de los actores que deseen intervenir.

La plena vigencia de toda la legislación nacional y provincial a cargo de las autoridades competentes, exige un adecuado poder judicial que garantice el cumplimiento pleno del Código de Minería Argentino (CMA), sancionado como ley 24.585 en 1995, al año siguiente de modificarse la Constitución Nacional (1994), el cual incorpora en sus artículos 246 al 268 todo un capítulo sobre protección ambiental. Consagra “como fin supremo la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural frente a los impactos potenciales de la actividad minera” (CMA art. 246), estableciendo severas penas que van desde sanciones correctivas, operativas, reparatorias, cese de actividad y cierre definitivo (3 reincidencias o falta grave), además de las responsabilidades penales.

Asimismo, toda actividad productiva debe presentar un informe de impacto ambiental (CMA art.251) para ser sometida a aprobación, dando lugar a la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) así como a la Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la provincia o provincias correspondientes. Cabe destacar que estos estudios deben actualizarse cada dos años.

Cuando se trate de eventuales cuencas de recurso hídrico compartido entre provincias, entra en vigencia el régimen de la Ley 25.688, o Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (art. 3: las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles; (art.4), creándose comités de cuenca interjurisdiccionales; de carácter vinculante cuando el impacto sea relevante (art.6).

La reforma propuesta no deja de proteger ni protege menos, protege mejor. Por el contrario, deja de hacer discurso y protección abstracta y mantiene el objetivo prioritario de preservar las fuentes de agua (vecinas y de cuenca hídrica), por encima de los beneficios económicos y sociales que se puedan invocar en cada caso. Ante las fotos catastróficas que usan los extremistas ambientalistas, de más está decir que las áreas protegidas no se tocan. (parques nacionales como Los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno, la Antártida Argentina, etc.).

No se debe tratar la reforma como una “modificación” de fondo de la ley de glaciares. Lo que se hace es adecuar su redacción a fin de que quede clara la interpretación correcta y modificar, sí, algunas cuestiones de orden competencial para fortalecer las atribuciones que constitucionalmente les corresponden a las provincias en su condición de titulares del dominio originario de los recursos naturales. Entender esto como una reforma que habilita nuevas actividades podría llevar a que las actividades que actualmente se realizan en los glaciares o el ambiente periglacial deberían estar prohibidas. Por ello, para no generar efectos adversos, se debe siempre afirmar que esto es reformular (para decirlo más claramente) lo que actualmente prevé, de modo deficiente, la ley de glaciares actual.

La reforma es necesaria porque la cancha está desnivelada en favor de no permitir nada, y solamente con ciencia aportada por el CONICET y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y adecuada prospección y exploración, podremos lograr que las provincias (anteriores a la Nación) a través de sus gobernadores y legisladores, y poder judicial, transformen sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, poniendo en valor actual y futuro sus riquezas naturales, dando trabajo digno y progreso a sus habitantes, aportando crecimiento, inversiones , tecnología y divisas al país.

Estamos alineados con la protección del ambiente y la liberación de las fuerzas productivas que permita generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales en dos minerales básicos (cobre y litio) para la transición energética que el mundo reclama, pasando de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica. Son los gobernadores, las legislaturas y la justicia de las provincias que cuentan con dichos recursos quienes deben armonizar la producción con triple impacto económico, social y ambiental positivo.

Libertad con legalidad y responsabilidad. Son los conceptos con los que llevamos adelante la gestión ambiental en Argentina.

En un contexto de volatilidad internacional del precio del petróleo, YPF decidió mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, una medida que fue acompañada por otras petroleras y que, en la práctica, configura un esquema de contención en el mercado local. La decisión apunta a evitar un traslado inmediato de las subas internacionales al surtidor y sostener el nivel de consumo interno.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia busca amortiguar el impacto de la coyuntura externa: “Decidimos crear un buffer (amortiguador) para que el consumo no baje”. En la misma línea, afirmó que “YPF va a mantener los precios estables durante 45 días”, al tiempo que aclaró que no se trata de un congelamiento formal: “No hay ni precios fijos ni subsidios”.

La iniciativa surge en un escenario de caída de la demanda tras los últimos aumentos y refleja un rol activo de la petrolera estatal: “Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, explicó Marín.

Vista Energy colocó 500 millones de dólares en el mercado internacional mediante obligaciones negociables a largo plazo, en una operación que fortalece su plan de crecimiento en Vaca Muerta. La compañía busca consolidar su perfil exportador y aumentar su producción de petróleo no convencional en los próximos años.

El acceso al crédito externo confirma el interés de los inversores por el potencial del shale argentino, en un contexto donde Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento del sector energético. La estrategia de la empresa apunta a escalar producción y aprovechar la ventana de precios internacionales.

Pampa Energía logró captar 200 millones de dólares en el mercado local a través de obligaciones negociables, con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial. Los fondos estarán destinados a financiar inversiones en proyectos vinculados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

El resultado refuerza la idea de que las compañías con activos en Vaca Muerta mantienen acceso al financiamiento y capacidad de expansión.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".

El sector de energías renovables avanza en la promoción de un proyecto de Ley de Transición Energética, con el objetivo de establecer reglas claras y de largo plazo que impulsen inversiones y aceleren la descarbonización de la matriz energética. La iniciativa es impulsada por actores de la industria que buscan mayor previsibilidad regulatoria.

El proyecto plantea no solo beneficios ambientales, sino también económicos, al facilitar el ingreso de financiamiento internacional y permitir una mejor utilización de los recursos energéticos del país. En ese marco, la transición energética aparece como un complemento al desarrollo de Vaca Muerta, en un esquema que combina expansión hidrocarburífera con diversificación hacia fuentes limpias.

La decisión de la justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina marcó un punto de inflexión para la petrolera estatal YPF. En ese contexto, su presidente y CEO, Horacio Marín, celebró el resultado con definiciones contundentes: “Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF”, afirmó, y remarcó que la resolución “evita el pago de 16.000 millones de dólares”. 

El directivo sostuvo además que el desenlace judicial permite “seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”. En esa línea, también destacó el trabajo técnico detrás de la defensa: “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”.

En paralelo al frente judicial, Marín puso el foco en el crecimiento del negocio exportador, especialmente en el desarrollo del gas natural licuado. “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”, aseguró, en referencia al fuerte interés de bancos internacionales en el proyecto. El ejecutivo subrayó que este respaldo financiero no solo garantiza la viabilidad de la iniciativa, sino que posiciona al país en el mercado global energético. Según explicó, el objetivo es transformar a la Argentina en un jugador relevante en la exportación de GNL, apalancado en los recursos de Vaca Muerta y en una estrategia de largo plazo orientada a la generación de divisas.

“El diferencial hoy es el Gobierno. Si no tuviésemos el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), no hay LNG. Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios”, reforzó.

El Gobierno avanzó en una medida para flexibilizar el mercado de combustibles al modificar las especificaciones técnicas de las naftas, con el objetivo de permitir que el corte de bioetanol pueda alcanzar efectivamente el 15%. 

La decisión, instrumentada a través de la Resolución 79/2026, elevó el límite máximo de oxígeno en los combustibles hasta 5,6%, un cambio clave que habilita a las refinadoras a incrementar la proporción de biocombustible en las mezclas, algo que hasta ahora en la práctica se mantenía cerca del 12% por restricciones técnicas.

El esquema es de aplicación voluntaria, por lo que su impacto dependerá de la estrategia comercial de cada empresa del sector, que podrá optar por aumentar el uso de bioetanol en función de su conveniencia económica. En este contexto, el incentivo principal radica en el diferencial de costos: con los precios actuales del crudo, el bioetanol resulta más competitivo que la nafta fósil, lo que permitiría abaratar la producción de combustibles y, eventualmente, moderar la presión sobre los precios en surtidor.

El avance de los hidrocarburos convive con un crecimiento sostenido de las energías limpias. En los últimos registros, las fuentes renovables llegaron a cubrir hasta el 40% de la demanda eléctrica en determinados momentos, reflejando un cambio estructural en la matriz energética argentina. Este fenómeno responde tanto a nuevas inversiones como a políticas de diversificación que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la sustentabilidad del sistema energético nacional.

Como parte de esta transformación, la Argentina dio un paso simbólico y tecnológico con la inauguración de su primera ruta 100% solar, una obra que combina innovación en infraestructura con generación de energía limpia. El proyecto se inscribe en una tendencia global que apunta a integrar soluciones sustentables en el desarrollo vial, y refuerza la idea de que la transición energética no solo se juega en la producción, sino también en la forma en que se consume y se distribuye la energía.

La agenda energética argentina volvió a tener protagonismo durante la Argentina Week en Nueva York, donde el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expuso sobre el potencial exportador de Vaca Muerta y el rol del país en el nuevo mapa energético mundial.

Durante su presentación, Marín sostuvo que el desarrollo de infraestructura energética permitirá posicionar al país como un actor central en el comercio internacional de energía. “Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó el ejecutivo.

El titular de la petrolera también remarcó el papel de los grandes proyectos de licuefacción de gas y de transporte de hidrocarburos desde la cuenca neuquina hacia el Atlántico, lo que permitiría consolidar una plataforma exportadora energética de escala global. Según Marín, la explotación de Vaca Muerta podría llevar a que el país alcance entre USD 40.000 y 50.000 millones anuales en exportaciones energéticas hacia la próxima década, generando además miles de puestos de trabajo.

En paralelo al desarrollo del sector hidrocarburífero, la transformación energética también alcanza a la infraestructura tecnológica. En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales data centers del distrito financiero comenzó a operar con energía renovable, en línea con la creciente demanda de las empresas tecnológicas por reducir su huella de carbono.

La tendencia responde al fuerte crecimiento del consumo energético asociado al procesamiento de datos, inteligencia artificial y servicios cloud. En ese contexto, cada vez más compañías priorizan el abastecimiento con fuentes limpias para sus centros de cómputo, lo que impulsa nuevos contratos de suministro renovable y proyectos de eficiencia energética en el sector digital.

La transición energética también muestra avances significativos en Europa. En España, la energía solar fotovoltaica se consolidó como una de las principales fuentes del sistema eléctrico y contribuyó a amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios energéticos.

Durante 2025 el país incorporó cerca de 10 gigavatios de nueva potencia eléctrica, de los cuales nueve correspondieron a tecnología solar, consolidando el peso de las renovables en la matriz. De acuerdo con datos oficiales, el 55,5% de la generación eléctrica española ya proviene de fuentes renovables, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles y mejora la resiliencia frente a shocks geopolíticos. 

El complejo hidroeléctrico del Comahue es un sistema integrado por cinco represas ubicadas sobre el río Limay, en el límite entre Neuquén y Río Negro: tres centrales principales que concentran más de 1.000 megavatios de potencia instalada y dos represas de compensación destinadas a regular el caudal hidráulico del sistema.

Según explicó a Newstad la periodista especializada en Energía, Luciana Glezer, “las cinco centrales fueron concesionadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, antes de la reforma constitucional de 1994. Por ese motivo, al vencer las concesiones, en agosto de 2023, los activos debían regresar al Estado nacional, ya que no quedaron alcanzados por el régimen posterior que otorgó a las provincias la propiedad de los recursos naturales”.

La periodista recuerda que, sin embargo, “el proceso estuvo marcado por dilaciones políticas y administrativas durante la gestión de Alberto Fernández. En ese período se desarrollaron equipos técnicos dentro del área energética para avanzar en la recuperación estatal de las represas, con estudios y planes de acción que finalmente quedaron paralizados. Desde el oficialismo de entonces se argumentó que existían impedimentos jurídicos para resolver la situación en medio de la campaña electoral, ya que cualquier decisión podía derivar en litigios judiciales”.

A la par, los gobernadores patagónicos ejercieron fuerte presión política debido a que las centrales están ubicadas en sus territorios, aunque jurídicamente no les correspondía la titularidad por haber sido construidas antes de la Constitución del 94. Glezer remarca que “también hubo presiones empresarias. La compañía italiana Enel —controlante de la operadora de la central El Chocón— llegó a advertir sobre una eventual reducción de operaciones en el país hacia fines de 2022, en medio de la discusión por la continuidad de las concesiones”.

Finalmente, el gobierno nacional optó por sucesivas prórrogas de los contratos, esquema que continuó la administración siguiente mientras avanzaba el proceso licitatorio para una nueva concesión.

“La apertura de sobres para adjudicar nuevamente las represas estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre del año pasado, pero fue postergada en un contexto de fuerte opacidad” dice Glezer, según coinciden versiones del sector energético consultadas entonces. Las demoras respondieron, entre otros factores, a la escasa participación empresaria: solo tres grupos presentaron ofertas.

“Entre ellos se encuentra Central Puerto, vinculada al empresario Nicolás Caputo, actual operadora de Piedra del Águila, la segunda represa más importante del sistema. También se presentó un consorcio integrado por los hermanos Neuss junto al empresario Rubén Chernajovsky, un grupo que en los últimos años incrementó su presencia en el sector energético”.

“La tercera oferta corresponde a la empresa estadounidense AES Corporation, que actualmente opera Alicurá, una de las centrales de compensación del complejo. AES mantiene además un antecedente sensible: meses atrás obtuvo un fallo favorable contra el Estado argentino por aproximadamente US$750 millones en un litigio vinculado a incentivos para energías renovables otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa RenovAr”, enumera la comunicadora.

Glezer indica que “este antecedente abrió un debate jurídico dentro del sector: algunos especialistas sostienen que una empresa que mantiene litigios contra el Estado debería quedar limitada para participar en concesiones públicas del mismo país, aunque no existe consenso legal definitivo sobre esa interpretación”.

A su vez, en ámbitos políticos y empresariales circulan versiones sobre presiones internacionales para favorecer la continuidad de AES en el sistema hidroeléctrico argentino, en un contexto de negociaciones bilaterales con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, aunque estas hipótesis no fueron confirmadas oficialmente.

En esta historia complicada Glezer recuerda que “otro de los puntos más cuestionados del proceso es el valor económico de las concesiones. Según trascendió, el canon previsto sería de aproximadamente US$50 millones para las centrales de compensación y unos US$200 millones para cada una de las represas principales, cifras que diversos actores políticos consideran significativamente bajas para activos estratégicos de esta magnitud”

“Un grupo de legisladores patagónicos presentó una impugnación formal al proceso al señalar que no se habría seguido el protocolo de tasación correspondiente. Según el planteo, las represas debían ser valuadas por el Banco Nación, pero en cambio se contrató una consultoría privada cuyo estudio jurídico había participado previamente en la privatización original de 1993”.

Resumió la periodista que “para los denunciantes, la operación implicaría una subvaluación de infraestructura pública construida íntegramente con inversión estatal y considerada estratégica para el sistema eléctrico argentino”. 

“Las nuevas concesiones otorgan a las empresas adjudicatarias un período de 30 años de operación y mantenimiento, con ingresos atados a tarifas dolarizadas. Este esquema, advierten especialistas, tendrá impacto directo en el costo de la energía eléctrica a futuro”, destaca Glezer. 

“El complejo hidroeléctrico del Comahue representa una de las mayores obras de infraestructura energética del país. Su construcción requirió inversiones que solo el Estado nacional pudo afrontar debido al enorme capital inicial necesario, mientras que la operación posterior constituye un negocio altamente rentable por sus bajos costos variables y generación constante. En ese contexto, son relevantes no solo para definir no solo el futuro de las represas del Limay, sino también el equilibrio entre control estatal, participación privada y precio de la energía en la Argentina de las próximas décadas”, concluye Glezer. 

Finalmente, a fines de 2025, el Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su política de reorganización del sector energético al firmar los contratos de transferencia de acciones y concesión vinculados a empresas estratégicas, en un proceso que busca redefinir la participación estatal y promover inversiones privadas para mejorar la eficiencia y la infraestructura del sistema. El beneficiario finalmente fue Edison Inversiones. 

Según informó el Gobierno, los acuerdos formalizan el traspaso accionario y establecen las condiciones de explotación y operación bajo un esquema de concesión de largo plazo, con el objetivo de garantizar continuidad operativa, previsibilidad jurídica y modernización del servicio. La medida se inscribe dentro del programa oficial orientado a reducir la intervención directa del Estado en la gestión empresarial, manteniendo funciones de regulación y control.

Desde el Ejecutivo destacaron que los contratos fijan obligaciones de inversión, estándares de calidad y compromisos de mantenimiento de infraestructura, considerados claves para asegurar la prestación del servicio y evitar deterioros en la capacidad operativa. Además, se establecieron mecanismos de supervisión estatal y cláusulas destinadas a resguardar el interés público durante la vigencia de las concesiones.

El Gobierno sostuvo que la iniciativa apunta a atraer capitales, mejorar la competitividad del sector y generar condiciones para ampliar la producción y el transporte energético, en línea con la estrategia económica general orientada a ordenar las cuentas públicas y estimular la actividad privada.

La agenda energética argentina dejó tres señales fuertes durante la última semana: la consolidación de YPF como motor del crecimiento hidrocarburífero a partir de Vaca Muerta, el desembarco de nuevas apuestas privadas en energías renovables mediante el RIGI y la expansión de soluciones solares que comienzan a transformar la realidad energética de pequeñas comunidades del interior.

El hecho más relevante fue la presentación de los resultados 2025 de YPF, que confirmó el impacto estructural del desarrollo no convencional en la economía energética argentina. La compañía alcanzó un EBITDA de US$5.000 millones, el nivel más alto en una década, impulsado por la expansión del shale y un fuerte proceso de eficiencia operativa. 

El cambio estratégico es claro: la petrolera concentró el 72% de sus inversiones —unos US$4.477 millones— en proyectos no convencionales, principalmente en Vaca Muerta, consolidando el giro definitivo hacia ese recurso. 

Los resultados operativos muestran la magnitud del cambio:

Uno de los datos más relevantes fue la reducción del 44% en los costos unitarios de extracción durante el cuarto trimestre, resultado de mejoras tecnológicas, mayor escala operativa y optimización de activos maduros. 

Este desempeño consolida el plan corporativo que busca transformar a YPF en una empresa predominantemente shale, con inversiones proyectadas por hasta US$6.000 millones para 2026 y un fuerte foco exportador vinculado a infraestructura como el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y el desarrollo de GNL. 

En términos macroeconómicos, el mensaje es contundente: el crecimiento energético argentino sigue apoyado principalmente en los hidrocarburos no convencionales como generadores de divisas y competitividad.

Mientras el petróleo lidera la generación de ingresos, el frente renovable también mostró movimientos relevantes. El empresario Jorge Brito evalúa presentar bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un megaproyecto fotovoltaico que podría convertirse en el mayor parque solar del país.

La iniciativa, anticipada durante la inauguración de un parque en Mendoza, contempla una potencia cercana a 345 MW, ampliable hasta 500 MW, con una inversión estimada en torno a los US$300 millones. 

De concretarse, el proyecto posicionaría a Mendoza como uno de los principales polos solares nacionales y elevaría su capacidad instalada por encima de los 1.100 MW, consolidando el crecimiento del segmento renovable privado.

El anuncio también funciona como un primer termómetro del impacto potencial del RIGI en el sector energético: grandes grupos económicos comienzan a evaluar inversiones de escala industrial aprovechando estabilidad fiscal y beneficios regulatorios orientados a proyectos exportadores o estratégicos.

El tercer hecho energético de la semana tuvo menor escala económica pero alto impacto social. En Neuquén se anunció la inauguración del parque solar de Los Chihuidos, una obra que permitirá a esta pequeña localidad contar por primera vez con electricidad continua las 24 horas.

El proyecto, ubicado en la región de Vaca Muerta, eliminará los históricos cortes de suministro que limitaban el desarrollo local y la vida cotidiana de los habitantes. 

Hasta ahora, la comunidad disponía de electricidad solo durante parte del día. Con el nuevo sistema solar —complementado por almacenamiento en baterías— se garantizará suministro permanente, incluso ante contingencias climáticas o fallas operativas.

La obra representa un modelo distinto dentro de la transición energética: soluciones renovables descentralizadas destinadas a resolver inequidades territoriales en zonas alejadas de grandes redes eléctricas.

En una entrevista con Newstad, la intendente de Paraná, Rosario Romero cuenta los desafíos que implicaron el inicio de esta obra modelo para la región y su impacto en el objetivo de abaratar el costo de la energía y contribuir en la transición energética de la Argentina. 

NEWSTAD: ¿Cuál fue el principal desafío que enfrentó la Municipalidad para completar la instalación de los 10.400 paneles solares?

ROSARIO ROMERO: La principal dificultad del inicio de la ejecución de la obra, sucedió en el año 2023, debido a los procesos inflacionarios que sufrió el país en agosto de ese año, afectando directamente la tramitación de la importación de los paneles los cuales provenían de China, como así también el centro de trasformación compacto, los inversores y celdas. Todos los elementos claves e indispensables para la instalación del parque.

Esta obra neurálgica, financiada desde su inicio con recursos propios, logró reactivarse tras los contratiempos del contexto nacional, reafirmando el compromiso de nuestra gestión con la transición energética.

¿Cómo se logró sostener este proyecto con fondos 100 % municipales después de la paralización en 2023?

Con el objetivo de concluir la obra, conociendo su potencial de generación e impacto a largo plazo, se evaluó de común acuerdo con la empresa adjudicada extender el plazo de obra, dando margen a que el municipio pueda ir financiando gradualmente acorde al avance de obra en un periodo de 2 años (fecha prevista 20/05/2027). A mediados del 2025, el municipio asume el compromiso de agilizar los plazos para finalizar la obra en el año 2026, la cual se encuentra a la fecha con avance de casi un 70%.

¿El cronograma sigue firme para terminar la obra a mediados de 2026? ¿Qué etapas quedan por delante?

El ritmo del avance de obra ha sido constante y conforme al plan de trabajo. Sin embargo, se está evaluando una ampliación del plazo de obra, dada la acumulación de precipitaciones ocurridas en el último periodo del año 2025 que ralentizó ciertas tareas fundamentales, como por ejemplo la colocación de paneles.

Culminada la colocación de los 10.400 paneles, las tareas que restan para el correcto funcionamiento del parque son: la instalación del cableado solar que comunica los mismos con los 20 inversores, que restan colocar; los cuales se deberán conectar a suvez al Centro de Transformación Compacto que se encuentra en la mitad del predio, ya instalado. Desde el Centro de Transformación se deberá conectar a la Sala de Control donde se ubicarán las celdas MT (media tensión) que estarán vinculadas al Sistema Scada, monitoreando y vigilando los parámetros eléctricos de la planta, para la correcta inyección al sistema eléctrico. 

Se está estudiando la posibilidad de asfaltar la continuación de calle Roque Sáenz, que es el ingreso a la Planta, con el objetivo de disminuir las partículas de polvo suspendidas en el aire, que afectan directamente el rendimiento de los paneles, debido al ensuciamiento de los mismos.

Por otro lado, la construcción de una Sala de Capacitación y Visitas con terraza accesible y vista panorámica a la planta. Con la intención de fomentar y difundir la importancia de utilización de las energías renovables y contribuir en la matriz energética, se proyecta un espacio para recibir visitas educativas y de formación académica.

¿Se planifica utilizar la energía generada para algún servicio o sector municipal específico (como alumbrado público o edificios municipales)?

La energía generada por la planta solar, será inyectada a la Estación Trasformadora Paraná Este que se encuentra a 200 metros del predio. Esta energía lograra la compensación entre la energía consumida en distintas áreas de la municipalidad y lo producido por la planta.

Para tomar dimensión de la generación prevista en la planta, abarcaría el consumo de todo el alumbrado público de la ciudad, una vez que se haya completado el programa 100% led.

¿Qué rol cree que tendrá Paraná en la transición energética de la provincia de Entre Ríos y del país?

Paraná es precursor de la transición energética hacia el uso de energías renovables, ya que actualmente está culminando el parque solar fotovoltaico más grande de la provincia con recursos 100% municipales, siendo el primer municipio generador de enería con esta tecnología de la provincia.

Sumado a esto, no es la primera acción del municipio hacia esta transición energética, ya que se está implementando el plan 100% LED. Es el inicio del proceso de optimizar y mejorar la eficiencia energética en el alumbrado público de la ciudad. 

Actualmente la ciudad cuenta con una planta solar fotovoltaica en la cubierta del HCD, con objetivo de promover la disminución del consumo eléctrico en los edificios públicos.

Así también se instalaron luminarias led solares autónomas en la obra de Sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas, en el paseo Puerta del Sol.

Todo ello con el fin de contribuir a los lineamientos de esta gestión de una “Paraná Sostenible”.