YPF dio a conocer el proyecto de inversión más ambicioso presentado hasta ahora en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla un desembolso de US$ 25.000 millones destinado al desarrollo integral de shale oil en Vaca Muerta, con el objetivo de acelerar la producción y consolidar el perfil exportador de la Argentina.

El plan prevé la perforación de 1.152 pozos horizontales y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo. El proyecto será desarrollado por etapas y se apalancará en la expansión de infraestructura de transporte y evacuación, incluyendo el oleoducto Vaca Muerta Sur, pieza clave para incrementar las exportaciones de crudo desde la cuenca neuquina.

La magnitud del anuncio refuerza la estrategia que impulsa el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien sostiene que el país puede convertirse en uno de los principales exportadores de energía de la región. La iniciativa también representa una señal para los inversores internacionales, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer capitales de largo plazo para desarrollar los recursos no convencionales argentinos.

La provincia de Mendoza inauguró el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, con una capacidad instalada de 305 MW. La puesta en marcha del emprendimiento permitió que Mendoza supere los 700 MW de potencia solar instalada, consolidando su liderazgo en generación fotovoltaica a nivel nacional.

El proyecto demandó una inversión de aproximadamente US$ 220 millones y se convirtió en el primer emprendimiento de energías renovables ejecutado bajo el RIGI. Ubicado en el departamento de Las Heras, ocupa unas 620 hectáreas y cuenta con más de 511.000 paneles solares bifaciales. Su generación equivale al consumo eléctrico de unos 233.000 hogares.

El acto de inauguración fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y contó con la participación de Horacio Marín, además de funcionarios nacionales. La obra ratifica el potencial de las energías renovables como complemento del desarrollo hidrocarburífero y como eje para diversificar la matriz energética argentina.

Los gobiernos de Argentina y Chile exploran un nuevo acuerdo de integración energética orientado a profundizar el intercambio de gas natural, electricidad y eventualmente petróleo entre ambos países.

La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y la creciente demanda regional de energía, con la posibilidad de ampliar exportaciones hacia el mercado chileno y utilizar la infraestructura existente a ambos lados de la cordillera. El entendimiento también podría sentar las bases para nuevos proyectos conjuntos de infraestructura y logística energética.

YPF consolidó su liderazgo en el sector energético con un primer trimestre histórico en materia de resultados financieros y una batería de anuncios orientados a diversificar su negocio. La petrolera registró un EBITDA ajustado de US$ 1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre, impulsado por el fuerte crecimiento del shale oil en Vaca Muerta. En paralelo, confirmó el lanzamiento del diésel minero, un combustible especialmente diseñado para la industria extractiva, y respaldó nuevas medidas oficiales para fortalecer las inversiones en energías renovables.

El balance del primer trimestre de 2026 mostró que YPF atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. La compañía obtuvo una ganancia neta de US$ 409 millones y un EBITDA ajustado récord de US$ 1.594 millones, con un margen del 32% sobre ingresos. Los ingresos totalizaron US$ 4.946 millones, mientras que la producción de shale oil creció 39% interanual hasta alcanzar los 205.000 barriles diarios.

El desempeño estuvo motorizado por la expansión de la producción no convencional, la reducción de costos operativos y un contexto internacional de precios favorable. Cerca del 78% de las inversiones trimestrales, que sumaron US$ 980 millones, se destinaron al desarrollo de Vaca Muerta, principal apuesta de la empresa para incrementar exportaciones y generación de divisas para la Argentina.

Durante la Expo Minera de San Juan, YPF confirmó que a partir de agosto comenzará a distribuir en todo el país el nuevo “diésel minero”, un combustible formulado específicamente para abastecer la maquinaria de gran porte utilizada en proyectos metalíferos.

El producto fue desarrollado para responder a las exigencias operativas de minas de cobre, oro y litio, en un contexto de fuerte expansión de inversiones en provincias como San Juan, Catamarca y Salta. Con esta iniciativa, la petrolera busca consolidarse como proveedor estratégico de un sector que promete convertirse en uno de los grandes motores exportadores del país.

Se trata de un nuevo ámbito de articulación entre el Estado, las provincias y el sector privado destinado a impulsar inversiones en una actividad considerada estratégica para el desarrollo económico del país. La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y sus pares de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, además de funcionarios nacionales y representantes de las principales cámaras empresarias.

Durante el encuentro se destacó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que actualmente concentra proyectos mineros por US$ 42.000 millones, con seis iniciativas ya aprobadas por más de US$ 7.188 millones. También se subrayó que, de mantenerse las condiciones de estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$ 20.000 millones hacia 2035. “Argentina siempre tuvo un enorme potencial minero, pero nunca supo aprovecharlo”, afirmó Karina Milei, al comparar las exportaciones locales con las de Chile.

Los gobernadores y referentes del sector coincidieron en que la minería atraviesa un momento bisagra. El gobernador Orrego señaló que "hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país" en los que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica". "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino", expresó.

El ministro del Interior en tanto agregó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.

En paralelo, el Gobierno avanza con medidas regulatorias para mejorar la competitividad de los proyectos eólicos y solares. La decisión de eliminar cargos que encarecían la generación renovable apunta a dar mayor previsibilidad y a blindar inversiones en un sector clave para diversificar la matriz energética.

La medida beneficia tanto a grandes generadores como a empresas industriales con contratos de abastecimiento de energía limpia, y complementa la estrategia de YPF de ampliar su presencia en negocios vinculados a la transición energética.

El CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un escenario de fuerte expansión para la industria petrolera argentina, con un objetivo ambicioso: alcanzar niveles de exportación cercanos al millón de barriles diarios en los próximos años.

“Argentina va a terminar exportando el millón de barriles”, afirmó el ejecutivo durante su exposición en la Feria del Libro, aunque aclaró que ese hito podría concretarse recién hacia 2033 o 2034.

Marín insistió en que el crecimiento no dependerá exclusivamente de la petrolera estatal, sino de todo el ecosistema energético: “No depende solo de YPF, sino de toda la Argentina y de toda la industria”.

En esa línea, remarcó el rol clave del nuevo marco económico y regulatorio: “Para desarrollar Vaca Muerta hay que entender que hay que exportar. No se van a invertir millones si no se va a poder exportar”.

El titular de YPF también vinculó este proceso con la generación de empleo y la expansión de infraestructura: proyectó una demanda de “alrededor de 40.000 puestos de trabajo” en los próximos años, asociada a obras como oleoductos, gasoductos y proyectos de GNL.

Actualmente, la producción argentina ya se acerca a niveles récord y el crecimiento de Vaca Muerta permite vislumbrar un saldo exportable creciente, en un contexto donde el consumo interno es significativamente menor al potencial productivo.

En paralelo al impulso hidrocarburífero, las energías renovables siguen captando inversiones. La segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, en La Pampa, despertó el interés de empresas del sector energético que analizaron su esquema de negocios.

El proyecto combina inversión público-privada con participación mayoritaria del sector privado y beneficios fiscales como exenciones impositivas por 20 años, lo que mejora su ecuación económico-financiera.

Además, incorpora mecanismos como el “Procedimiento de Igualación de Condiciones Económicas”, diseñado para ampliar la escala del proyecto y diversificar riesgos, facilitando la participación de más actores.

La iniciativa busca consolidar el crecimiento de la energía solar en el país, que ya muestra una expansión sostenida en los últimos años, apoyada en condiciones naturales favorables y en políticas de incentivo.

Mientras la producción crece, las provincias avanzan en regulaciones ambientales más estrictas. El gobierno de Neuquén estableció la obligatoriedad de que las petroleras informen sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El nuevo sistema exige mediciones estandarizadas para todas las operadoras de la Cuenca Neuquina y forma parte de un plan a 2030 que apunta a reducir la huella ambiental del sector.

“Estamos alineando a Neuquén y Vaca Muerta con los estándares más altos de reporte”, señaló el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira.

El esquema introduce distintos niveles de exigencia y prevé auditorías y validaciones externas, con el objetivo de construir un sistema homogéneo y comparable de datos, en un sector donde hasta ahora predominaban metodologías dispares.

En el norte del país, la transición energética también se expresa en el turismo. El Tren Solar de la Quebrada —primer servicio ferroviario turístico de América impulsado con energía solar— continúa sumando iniciativas para atraer visitantes.

El proyecto, que recorre la Quebrada de Humahuaca, funciona con baterías de litio recargadas mediante energía solar y se posiciona como una propuesta sustentable dentro del sector turístico.

La incorporación de beneficios y promociones apunta a consolidar su uso y potenciar el desarrollo regional, integrando innovación tecnológica con actividad económica.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, impulsa un cambio profundo en la compañía con el objetivo de posicionarla como un jugador competitivo a nivel internacional, en un contexto donde el sector energético global también atraviesa una fuerte reconfiguración tecnológica y productiva.

Durante una exposición ante técnicos del sector, Marín describió su estrategia para transformar YPF, basada en tres pilares: empoderamiento interno, metas exigentes e incentivos económicos.

Uno de los ejemplos más simbólicos fue la eliminación de una sala interna bautizada por el propio ejecutivo como “Avocado Toast Room”, que reflejaba una cultura corporativa ineficiente. “Fui tres veces seguido y lo único que vi es que desayunaban avocado toast… Ahora no está más”, señaló.

El ejecutivo fue contundente respecto al rumbo de la compañía: “Se terminó la época del subsidio”, insistió, al remarcar que los precios artificiales desalientan la actividad y la productividad.

En esa línea, subrayó que el desafío central no es reducir personal sino mejorar procesos: “Cuando uno habla de productividad… no tiene nada que ver con echar gente”, aclaró.

Marín también defendió un modelo de gestión “desde abajo”, donde los cambios surgen de equipos operativos con poder real de decisión. Como ejemplo, relató el caso de un técnico que, con autonomía y un incentivo de doble bono, logró completar un proyecto en cuatro meses en lugar de los 18 previstos.

“El cambio no se hace con vicepresidentes, se hace empoderando a los niveles más bajos”, resumió.

El CEO destacó el potencial de Vaca Muerta, al asegurar que sus costos de desarrollo ya son comparables con los de la cuenca Permian de Estados Unidos, uno de los principales polos no convencionales del mundo.

“El breakeven de Vaca Muerta es comparable”, afirmó, aunque reconoció que el país aún debe mejorar en productividad para competir globalmente.

En paralelo, remarcó la incorporación de inteligencia artificial en distintas áreas de la empresa: “Es imposible hacer lo que estamos haciendo sin el algoritmo”, sostuvo, en referencia a su uso en logística, compras y fijación de precios.

Además, adelantó que la compañía apuesta al offshore en el margen atlántico, con acuerdos internacionales y exploraciones previstas hacia 2027-2028.

La petrolera Pluspetrol presentó su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un megaproyecto de US$12.000 millones destinado al desarrollo del bloque Bajo del Choique–La Invernada, en Vaca Muerta. La iniciativa, en conjunto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), apunta a consolidar uno de los proyectos más ambiciosos del shale argentino y marcar un salto de escala en la producción hidrocarburífera.

El plan contempla la perforación de más de 600 pozos, la construcción de cuatro plantas de procesamiento y nueva infraestructura de evacuación, con el objetivo de alcanzar una producción de hasta 100.000 barriles diarios en un horizonte de 25 años. El desarrollo se ejecutará en dos etapas: una primera fase en la zona sur, que permitirá llegar a 50.000 barriles diarios y 6 millones de m³ de gas por día, y una segunda etapa en el norte que duplicará esos niveles productivos.

La compañía destacó que el proyecto tendrá impacto directo en la actividad económica regional, especialmente en Rincón de los Sauces, y contribuirá a fortalecer la cadena de valor del sector energético.

Las energías renovables continúan ganando participación en la generación eléctrica, consolidándose como un componente estructural del sistema y no solo complementario. La energía solar ya representa el 6% del mix total, con una capacidad instalada de 2.574 MW. 

La energía eólica, por su parte, reafirmó su crecimiento con una suba interanual del 13,2% y una generación de 1.627 GWh. Con una capacidad instalada de 4.559 MW, representa alrededor del 10% del total y se posiciona como la principal fuente renovable después de la hidráulica. En conjunto, la eólica y la solar explican cerca del 16% de la matriz energética, evidenciando un cambio estructural.

Este crecimiento ocurre incluso en un escenario de caída de otras fuentes: la generación nuclear, por ejemplo, retrocedió más de un 35% interanual, mientras que la hidráulica también mostró descensos.

La expansión de las energías limpias, impulsada por la eólica y solar, refleja una tendencia global donde la diversificación energética y la reducción de emisiones ganan centralidad.

En el plano internacional, el debate energético también se intensifica. En Alemania, uno de los países líderes en transición energética, crecen las críticas a la decisión de abandonar la energía nuclear.

El cuestionamiento se da en medio de preocupaciones por costos elevados y falta de capacidad de generación, lo que pone en tensión el modelo basado fuertemente en renovables.

Este escenario refleja los desafíos de equilibrar sostenibilidad, seguridad energética y competitividad económica, un dilema que también impacta en países emergentes como Argentina.

YPF fue distinguida esta semana con el certificado de Marca País Argentina, en reconocimiento a su aporte estratégico a la economía nacional. Este hito destaca a la compañía como un actor clave en la proyección global de la identidad productiva argentina, considerando su trayectoria, escala operativa y peso en el sector energético. 

La Marca País Argentina es una herramienta que impulsa la percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo, y promueve el talento argentino en los mercados globales.

YPF selló un acuerdo estratégico con la empresa estadounidense Halliburton para modernizar las operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta mediante la incorporación de tecnología avanzada, incluida la fracturación eléctrica. El contrato, de largo plazo, apunta a mejorar la eficiencia operativa y acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales, en un contexto de creciente demanda energética.

La iniciativa busca optimizar costos, reducir emisiones y aumentar la productividad de los pozos, consolidando a Vaca Muerta como uno de los principales polos de desarrollo shale a nivel global. Además, refuerza la capacidad del país para atraer inversiones tecnológicas y financiamiento internacional en el sector energético.

En paralelo al impulso de los hidrocarburos, el sector energético argentino avanza en la diversificación de su matriz. Parque Arauco completó el montaje del parque solar Arauco I, en La Rioja, un paso clave dentro de su proyecto híbrido que integra generación solar y eólica.

Esta iniciativa apunta a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y a incrementar la participación de fuentes limpias, en línea con los objetivos de transición energética. La complementariedad entre energías renovables permite optimizar la producción y reducir la huella de carbono del sector.

Por otro lado, el gobierno de La Pampa lanzó la licitación pública para la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, en el marco de una estrategia orientada a ampliar la generación de energía renovable y fortalecer el desarrollo productivo provincial. El anuncio fue realizado por el gobernador Sergio Ziliotto, quien destacó que la iniciativa forma parte de un plan integral basado en inversión, planificación y articulación público-privada.

La nueva etapa sumará 15 megavatios (MW) a los 15 MW ya contemplados en la fase inicial, con el objetivo de alcanzar una capacidad total proyectada de 50 MW. La energía generada estará destinada a abastecer la creciente demanda del entramado productivo del norte provincial, acompañando la expansión industrial y garantizando disponibilidad energética para nuevos proyectos.

El proyecto se desarrollará bajo un esquema de asociación entre la empresa estatal Pampetrol y un socio privado, que tendrá participación mayoritaria. Incluye todas las etapas, desde el diseño y la construcción hasta la operación y comercialización de la energía, con un contrato de abastecimiento a 20 años que asegura previsibilidad para las inversiones. La iniciativa se inscribe en una política de largo plazo que busca diversificar la matriz energética y promover el crecimiento económico con mayor participación de energías limpias.

Las perspectivas para Vaca Muerta anticipan un fuerte ciclo de expansión, con inversiones que podrían alcanzar los 60.000 millones de dólares en los próximos cinco años, según proyecciones de Goldman Sachs.

El informe señala que este flujo de capital estará impulsado por el desarrollo de petróleo y gas no convencional y por la necesidad de ampliar la infraestructura energética, con un rol clave del financiamiento internacional.

Como lo planteara el mensaje de la Oficina del Presidente (OPRA) en su envío al Honorable Congreso de la Nación el día 15 de diciembre de 2025: “a más de 15 años de su sanción, esta ley ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica”, paralizando no solamente inversiones productivas y de explotación minera sino también las actividades de prospección y exploración. Justamente, la ley vigente viola los dos artículos de la Constitución Nacional (CN) que se pretende defender y que usan para atacar la reforma, afectando el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Art. 41 de la CN (párrafo 1): todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Art. 124 de la CN: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

La reforma de la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639 tiene dos ejes centrales. Por un lado, aclarar el objeto de protección de la ley que, por la confusa redacción de la norma, se presta a ciertas dudas interpretativas que dan cabida a que se asigne a sus disposiciones un alcance que choca contra el mandato constitucional de someter a los recursos naturales a una utilización racional; y, por el otro, fortalece el federalismo, mediante la atribución a las provincias de facultades más amplias en la materia, lo cual les permitirá desarrollar los recursos de su dominio originario de un modo compatible con la protección del ambiente.

1.El fin “aclaratorio”. El proyecto propone, fundamentalmente, adecuar el modo en que se encuentra enunciado el objeto de protección de la ley, a fin de dejar en claro que los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que se protegen son las que cumplen con funciones hídricas, es decir, las que “actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y/o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Hoy la norma ya lo prevé así, pero de un modo no suficientemente claro, lo que llevó a muchas personas a entender que el “objeto protegido” es todo ambiente periglacial, cumpla o no funciones hídricas relevantes, limitando así la explotación de los recursos naturales de un modo que no es acorde al artículo 41 de la Constitución Nacional, cláusula ésta que consagra el derecho a un ambiente sano, pero promueve, al propio tiempo, la utilización racional de dichos recursos.

En línea con lo anterior, se adecúa lo referido a las prohibiciones para que quede claro que las actividades estarán prohibidas únicamente en la medida en que ocasionen una alteración de los glaciares y del ambiente perigracial contraria a la protección que el legislador les otorga, lo cual deberá ser determinado en cada caso por la autoridad competente provincial (o nacional, si se tratara de un tema interjurisdiccional o área protegida nacional). Esto ya debería interpretarse así, pero, como se mencionó anteriormente, la redacción actual presta a confusión.

2.El fin competencial. El proyecto reconoce a las provincias la competencia para identificar qué glaciares y qué porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante y, por lo tanto, se encuentran protegidos por la ley. Esto impacta en dos puntos principales: Aprobación de actividades: al momento de realizar evaluaciones de impacto ambiental, deberán las provincias estudiar los glaciares o el ambiente periglacial y determinar, frente a cada proyecto, si la actividad involucrada está permitida o prohibida en función de los criterios fijados por el legislador.

Inventario Nacional de Glaciares: cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), quien tiene a cargo el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de que lo incluya en el mencionado inventario. Asimismo, cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial no cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al IANIGLA para que se elimine del Inventario.

La trampa intelectual resulta clara: la oposición a tocar la actual ley se hace invocando la violación de dos principios básicos con estatura constitucional y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia: la regresividad y el respeto de los presupuestos mínimos acordados como estándar nacional por la CN (art. 41, párrafo 3). Lo cierto es que una limitación extrema (prohibición absoluta) torna regresiva cualquier acción por menor que sea. Lo hacen ignorando los avances tecnológicos y el aumento de responsabilidad por parte de la minería moderna. Resulta autocumplida la profecía de quienes se oponen a la minería. La peor forma de proteger es prohibir. La incertidumbre se cumple no solamente para la empresa inversora, sino también para las autoridades de aplicación de la ley. La imprecisión acerca de lo que es un “ambiente periglacial”, en lugar de especificar un área con dos dimensiones: espacial (territorial) y temporal (perennidad), da lugar a la discrecionalidad. Esta ambigüedad ha quedado subsanada con el Inventario Nacional de Glaciares realizado por el IANIGLA (organismo científico del CONICET) publicado en el año 2018, que cubrió los estudios de Fase 1 (relevamiento satelital) quedando por hacer en cada caso los estudios de Fase 2 y 3 en el terreno, para determinar el potencial hídrico relevante de cada glaciar.

El Inventario Nacional de Glaciares contará con un rol “precautorio” a fin de que no se critique una regresividad de la norma. En este sentido, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el mencionado Inventario, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de glaciares, pero cuando una provincia determine que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y deberá ser eliminado del Inventario.

No se debe entender que el IANIGLA será eliminado ni dejará de estar a cargo del Inventario. Por el contrario, sólo se incorpora que deberá, necesariamente, adecuar el Inventario Nacional de Glaciares en función de lo que informen las provincias, lo cual dará al Inventario una utilidad más eficiente de cara al alcance de la tutela ambiental que la ley persigue.

El Acuerdo de Escazú exige la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones ambientales. Por ello, se asegurará en el Congreso Nacional y legislaturas provinciales que se oigan las voces de los actores que deseen intervenir.

La plena vigencia de toda la legislación nacional y provincial a cargo de las autoridades competentes, exige un adecuado poder judicial que garantice el cumplimiento pleno del Código de Minería Argentino (CMA), sancionado como ley 24.585 en 1995, al año siguiente de modificarse la Constitución Nacional (1994), el cual incorpora en sus artículos 246 al 268 todo un capítulo sobre protección ambiental. Consagra “como fin supremo la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural frente a los impactos potenciales de la actividad minera” (CMA art. 246), estableciendo severas penas que van desde sanciones correctivas, operativas, reparatorias, cese de actividad y cierre definitivo (3 reincidencias o falta grave), además de las responsabilidades penales.

Asimismo, toda actividad productiva debe presentar un informe de impacto ambiental (CMA art.251) para ser sometida a aprobación, dando lugar a la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) así como a la Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la provincia o provincias correspondientes. Cabe destacar que estos estudios deben actualizarse cada dos años.

Cuando se trate de eventuales cuencas de recurso hídrico compartido entre provincias, entra en vigencia el régimen de la Ley 25.688, o Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (art. 3: las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles; (art.4), creándose comités de cuenca interjurisdiccionales; de carácter vinculante cuando el impacto sea relevante (art.6).

La reforma propuesta no deja de proteger ni protege menos, protege mejor. Por el contrario, deja de hacer discurso y protección abstracta y mantiene el objetivo prioritario de preservar las fuentes de agua (vecinas y de cuenca hídrica), por encima de los beneficios económicos y sociales que se puedan invocar en cada caso. Ante las fotos catastróficas que usan los extremistas ambientalistas, de más está decir que las áreas protegidas no se tocan. (parques nacionales como Los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno, la Antártida Argentina, etc.).

No se debe tratar la reforma como una “modificación” de fondo de la ley de glaciares. Lo que se hace es adecuar su redacción a fin de que quede clara la interpretación correcta y modificar, sí, algunas cuestiones de orden competencial para fortalecer las atribuciones que constitucionalmente les corresponden a las provincias en su condición de titulares del dominio originario de los recursos naturales. Entender esto como una reforma que habilita nuevas actividades podría llevar a que las actividades que actualmente se realizan en los glaciares o el ambiente periglacial deberían estar prohibidas. Por ello, para no generar efectos adversos, se debe siempre afirmar que esto es reformular (para decirlo más claramente) lo que actualmente prevé, de modo deficiente, la ley de glaciares actual.

La reforma es necesaria porque la cancha está desnivelada en favor de no permitir nada, y solamente con ciencia aportada por el CONICET y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y adecuada prospección y exploración, podremos lograr que las provincias (anteriores a la Nación) a través de sus gobernadores y legisladores, y poder judicial, transformen sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, poniendo en valor actual y futuro sus riquezas naturales, dando trabajo digno y progreso a sus habitantes, aportando crecimiento, inversiones , tecnología y divisas al país.

Estamos alineados con la protección del ambiente y la liberación de las fuerzas productivas que permita generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales en dos minerales básicos (cobre y litio) para la transición energética que el mundo reclama, pasando de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica. Son los gobernadores, las legislaturas y la justicia de las provincias que cuentan con dichos recursos quienes deben armonizar la producción con triple impacto económico, social y ambiental positivo.

Libertad con legalidad y responsabilidad. Son los conceptos con los que llevamos adelante la gestión ambiental en Argentina.

En un contexto de volatilidad internacional del precio del petróleo, YPF decidió mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, una medida que fue acompañada por otras petroleras y que, en la práctica, configura un esquema de contención en el mercado local. La decisión apunta a evitar un traslado inmediato de las subas internacionales al surtidor y sostener el nivel de consumo interno.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia busca amortiguar el impacto de la coyuntura externa: “Decidimos crear un buffer (amortiguador) para que el consumo no baje”. En la misma línea, afirmó que “YPF va a mantener los precios estables durante 45 días”, al tiempo que aclaró que no se trata de un congelamiento formal: “No hay ni precios fijos ni subsidios”.

La iniciativa surge en un escenario de caída de la demanda tras los últimos aumentos y refleja un rol activo de la petrolera estatal: “Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, explicó Marín.

Vista Energy colocó 500 millones de dólares en el mercado internacional mediante obligaciones negociables a largo plazo, en una operación que fortalece su plan de crecimiento en Vaca Muerta. La compañía busca consolidar su perfil exportador y aumentar su producción de petróleo no convencional en los próximos años.

El acceso al crédito externo confirma el interés de los inversores por el potencial del shale argentino, en un contexto donde Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento del sector energético. La estrategia de la empresa apunta a escalar producción y aprovechar la ventana de precios internacionales.

Pampa Energía logró captar 200 millones de dólares en el mercado local a través de obligaciones negociables, con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial. Los fondos estarán destinados a financiar inversiones en proyectos vinculados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

El resultado refuerza la idea de que las compañías con activos en Vaca Muerta mantienen acceso al financiamiento y capacidad de expansión.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".

El sector de energías renovables avanza en la promoción de un proyecto de Ley de Transición Energética, con el objetivo de establecer reglas claras y de largo plazo que impulsen inversiones y aceleren la descarbonización de la matriz energética. La iniciativa es impulsada por actores de la industria que buscan mayor previsibilidad regulatoria.

El proyecto plantea no solo beneficios ambientales, sino también económicos, al facilitar el ingreso de financiamiento internacional y permitir una mejor utilización de los recursos energéticos del país. En ese marco, la transición energética aparece como un complemento al desarrollo de Vaca Muerta, en un esquema que combina expansión hidrocarburífera con diversificación hacia fuentes limpias.

La decisión de la justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina marcó un punto de inflexión para la petrolera estatal YPF. En ese contexto, su presidente y CEO, Horacio Marín, celebró el resultado con definiciones contundentes: “Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF”, afirmó, y remarcó que la resolución “evita el pago de 16.000 millones de dólares”. 

El directivo sostuvo además que el desenlace judicial permite “seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”. En esa línea, también destacó el trabajo técnico detrás de la defensa: “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”.

En paralelo al frente judicial, Marín puso el foco en el crecimiento del negocio exportador, especialmente en el desarrollo del gas natural licuado. “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”, aseguró, en referencia al fuerte interés de bancos internacionales en el proyecto. El ejecutivo subrayó que este respaldo financiero no solo garantiza la viabilidad de la iniciativa, sino que posiciona al país en el mercado global energético. Según explicó, el objetivo es transformar a la Argentina en un jugador relevante en la exportación de GNL, apalancado en los recursos de Vaca Muerta y en una estrategia de largo plazo orientada a la generación de divisas.

“El diferencial hoy es el Gobierno. Si no tuviésemos el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), no hay LNG. Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios”, reforzó.

El Gobierno avanzó en una medida para flexibilizar el mercado de combustibles al modificar las especificaciones técnicas de las naftas, con el objetivo de permitir que el corte de bioetanol pueda alcanzar efectivamente el 15%. 

La decisión, instrumentada a través de la Resolución 79/2026, elevó el límite máximo de oxígeno en los combustibles hasta 5,6%, un cambio clave que habilita a las refinadoras a incrementar la proporción de biocombustible en las mezclas, algo que hasta ahora en la práctica se mantenía cerca del 12% por restricciones técnicas.

El esquema es de aplicación voluntaria, por lo que su impacto dependerá de la estrategia comercial de cada empresa del sector, que podrá optar por aumentar el uso de bioetanol en función de su conveniencia económica. En este contexto, el incentivo principal radica en el diferencial de costos: con los precios actuales del crudo, el bioetanol resulta más competitivo que la nafta fósil, lo que permitiría abaratar la producción de combustibles y, eventualmente, moderar la presión sobre los precios en surtidor.

El avance de los hidrocarburos convive con un crecimiento sostenido de las energías limpias. En los últimos registros, las fuentes renovables llegaron a cubrir hasta el 40% de la demanda eléctrica en determinados momentos, reflejando un cambio estructural en la matriz energética argentina. Este fenómeno responde tanto a nuevas inversiones como a políticas de diversificación que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la sustentabilidad del sistema energético nacional.

Como parte de esta transformación, la Argentina dio un paso simbólico y tecnológico con la inauguración de su primera ruta 100% solar, una obra que combina innovación en infraestructura con generación de energía limpia. El proyecto se inscribe en una tendencia global que apunta a integrar soluciones sustentables en el desarrollo vial, y refuerza la idea de que la transición energética no solo se juega en la producción, sino también en la forma en que se consume y se distribuye la energía.

La agenda energética argentina volvió a tener protagonismo durante la Argentina Week en Nueva York, donde el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expuso sobre el potencial exportador de Vaca Muerta y el rol del país en el nuevo mapa energético mundial.

Durante su presentación, Marín sostuvo que el desarrollo de infraestructura energética permitirá posicionar al país como un actor central en el comercio internacional de energía. “Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó el ejecutivo.

El titular de la petrolera también remarcó el papel de los grandes proyectos de licuefacción de gas y de transporte de hidrocarburos desde la cuenca neuquina hacia el Atlántico, lo que permitiría consolidar una plataforma exportadora energética de escala global. Según Marín, la explotación de Vaca Muerta podría llevar a que el país alcance entre USD 40.000 y 50.000 millones anuales en exportaciones energéticas hacia la próxima década, generando además miles de puestos de trabajo.

En paralelo al desarrollo del sector hidrocarburífero, la transformación energética también alcanza a la infraestructura tecnológica. En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales data centers del distrito financiero comenzó a operar con energía renovable, en línea con la creciente demanda de las empresas tecnológicas por reducir su huella de carbono.

La tendencia responde al fuerte crecimiento del consumo energético asociado al procesamiento de datos, inteligencia artificial y servicios cloud. En ese contexto, cada vez más compañías priorizan el abastecimiento con fuentes limpias para sus centros de cómputo, lo que impulsa nuevos contratos de suministro renovable y proyectos de eficiencia energética en el sector digital.

La transición energética también muestra avances significativos en Europa. En España, la energía solar fotovoltaica se consolidó como una de las principales fuentes del sistema eléctrico y contribuyó a amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios energéticos.

Durante 2025 el país incorporó cerca de 10 gigavatios de nueva potencia eléctrica, de los cuales nueve correspondieron a tecnología solar, consolidando el peso de las renovables en la matriz. De acuerdo con datos oficiales, el 55,5% de la generación eléctrica española ya proviene de fuentes renovables, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles y mejora la resiliencia frente a shocks geopolíticos. 

La agenda energética argentina dejó tres señales fuertes durante la última semana: la consolidación de YPF como motor del crecimiento hidrocarburífero a partir de Vaca Muerta, el desembarco de nuevas apuestas privadas en energías renovables mediante el RIGI y la expansión de soluciones solares que comienzan a transformar la realidad energética de pequeñas comunidades del interior.

El hecho más relevante fue la presentación de los resultados 2025 de YPF, que confirmó el impacto estructural del desarrollo no convencional en la economía energética argentina. La compañía alcanzó un EBITDA de US$5.000 millones, el nivel más alto en una década, impulsado por la expansión del shale y un fuerte proceso de eficiencia operativa. 

El cambio estratégico es claro: la petrolera concentró el 72% de sus inversiones —unos US$4.477 millones— en proyectos no convencionales, principalmente en Vaca Muerta, consolidando el giro definitivo hacia ese recurso. 

Los resultados operativos muestran la magnitud del cambio:

Uno de los datos más relevantes fue la reducción del 44% en los costos unitarios de extracción durante el cuarto trimestre, resultado de mejoras tecnológicas, mayor escala operativa y optimización de activos maduros. 

Este desempeño consolida el plan corporativo que busca transformar a YPF en una empresa predominantemente shale, con inversiones proyectadas por hasta US$6.000 millones para 2026 y un fuerte foco exportador vinculado a infraestructura como el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y el desarrollo de GNL. 

En términos macroeconómicos, el mensaje es contundente: el crecimiento energético argentino sigue apoyado principalmente en los hidrocarburos no convencionales como generadores de divisas y competitividad.

Mientras el petróleo lidera la generación de ingresos, el frente renovable también mostró movimientos relevantes. El empresario Jorge Brito evalúa presentar bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un megaproyecto fotovoltaico que podría convertirse en el mayor parque solar del país.

La iniciativa, anticipada durante la inauguración de un parque en Mendoza, contempla una potencia cercana a 345 MW, ampliable hasta 500 MW, con una inversión estimada en torno a los US$300 millones. 

De concretarse, el proyecto posicionaría a Mendoza como uno de los principales polos solares nacionales y elevaría su capacidad instalada por encima de los 1.100 MW, consolidando el crecimiento del segmento renovable privado.

El anuncio también funciona como un primer termómetro del impacto potencial del RIGI en el sector energético: grandes grupos económicos comienzan a evaluar inversiones de escala industrial aprovechando estabilidad fiscal y beneficios regulatorios orientados a proyectos exportadores o estratégicos.

El tercer hecho energético de la semana tuvo menor escala económica pero alto impacto social. En Neuquén se anunció la inauguración del parque solar de Los Chihuidos, una obra que permitirá a esta pequeña localidad contar por primera vez con electricidad continua las 24 horas.

El proyecto, ubicado en la región de Vaca Muerta, eliminará los históricos cortes de suministro que limitaban el desarrollo local y la vida cotidiana de los habitantes. 

Hasta ahora, la comunidad disponía de electricidad solo durante parte del día. Con el nuevo sistema solar —complementado por almacenamiento en baterías— se garantizará suministro permanente, incluso ante contingencias climáticas o fallas operativas.

La obra representa un modelo distinto dentro de la transición energética: soluciones renovables descentralizadas destinadas a resolver inequidades territoriales en zonas alejadas de grandes redes eléctricas.

El complejo hidroeléctrico del Comahue es un sistema integrado por cinco represas ubicadas sobre el río Limay, en el límite entre Neuquén y Río Negro: tres centrales principales que concentran más de 1.000 megavatios de potencia instalada y dos represas de compensación destinadas a regular el caudal hidráulico del sistema.

Según explicó a Newstad la periodista especializada en Energía, Luciana Glezer, “las cinco centrales fueron concesionadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, antes de la reforma constitucional de 1994. Por ese motivo, al vencer las concesiones, en agosto de 2023, los activos debían regresar al Estado nacional, ya que no quedaron alcanzados por el régimen posterior que otorgó a las provincias la propiedad de los recursos naturales”.

La periodista recuerda que, sin embargo, “el proceso estuvo marcado por dilaciones políticas y administrativas durante la gestión de Alberto Fernández. En ese período se desarrollaron equipos técnicos dentro del área energética para avanzar en la recuperación estatal de las represas, con estudios y planes de acción que finalmente quedaron paralizados. Desde el oficialismo de entonces se argumentó que existían impedimentos jurídicos para resolver la situación en medio de la campaña electoral, ya que cualquier decisión podía derivar en litigios judiciales”.

A la par, los gobernadores patagónicos ejercieron fuerte presión política debido a que las centrales están ubicadas en sus territorios, aunque jurídicamente no les correspondía la titularidad por haber sido construidas antes de la Constitución del 94. Glezer remarca que “también hubo presiones empresarias. La compañía italiana Enel —controlante de la operadora de la central El Chocón— llegó a advertir sobre una eventual reducción de operaciones en el país hacia fines de 2022, en medio de la discusión por la continuidad de las concesiones”.

Finalmente, el gobierno nacional optó por sucesivas prórrogas de los contratos, esquema que continuó la administración siguiente mientras avanzaba el proceso licitatorio para una nueva concesión.

“La apertura de sobres para adjudicar nuevamente las represas estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre del año pasado, pero fue postergada en un contexto de fuerte opacidad” dice Glezer, según coinciden versiones del sector energético consultadas entonces. Las demoras respondieron, entre otros factores, a la escasa participación empresaria: solo tres grupos presentaron ofertas.

“Entre ellos se encuentra Central Puerto, vinculada al empresario Nicolás Caputo, actual operadora de Piedra del Águila, la segunda represa más importante del sistema. También se presentó un consorcio integrado por los hermanos Neuss junto al empresario Rubén Chernajovsky, un grupo que en los últimos años incrementó su presencia en el sector energético”.

“La tercera oferta corresponde a la empresa estadounidense AES Corporation, que actualmente opera Alicurá, una de las centrales de compensación del complejo. AES mantiene además un antecedente sensible: meses atrás obtuvo un fallo favorable contra el Estado argentino por aproximadamente US$750 millones en un litigio vinculado a incentivos para energías renovables otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa RenovAr”, enumera la comunicadora.

Glezer indica que “este antecedente abrió un debate jurídico dentro del sector: algunos especialistas sostienen que una empresa que mantiene litigios contra el Estado debería quedar limitada para participar en concesiones públicas del mismo país, aunque no existe consenso legal definitivo sobre esa interpretación”.

A su vez, en ámbitos políticos y empresariales circulan versiones sobre presiones internacionales para favorecer la continuidad de AES en el sistema hidroeléctrico argentino, en un contexto de negociaciones bilaterales con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, aunque estas hipótesis no fueron confirmadas oficialmente.

En esta historia complicada Glezer recuerda que “otro de los puntos más cuestionados del proceso es el valor económico de las concesiones. Según trascendió, el canon previsto sería de aproximadamente US$50 millones para las centrales de compensación y unos US$200 millones para cada una de las represas principales, cifras que diversos actores políticos consideran significativamente bajas para activos estratégicos de esta magnitud”

“Un grupo de legisladores patagónicos presentó una impugnación formal al proceso al señalar que no se habría seguido el protocolo de tasación correspondiente. Según el planteo, las represas debían ser valuadas por el Banco Nación, pero en cambio se contrató una consultoría privada cuyo estudio jurídico había participado previamente en la privatización original de 1993”.

Resumió la periodista que “para los denunciantes, la operación implicaría una subvaluación de infraestructura pública construida íntegramente con inversión estatal y considerada estratégica para el sistema eléctrico argentino”. 

“Las nuevas concesiones otorgan a las empresas adjudicatarias un período de 30 años de operación y mantenimiento, con ingresos atados a tarifas dolarizadas. Este esquema, advierten especialistas, tendrá impacto directo en el costo de la energía eléctrica a futuro”, destaca Glezer. 

“El complejo hidroeléctrico del Comahue representa una de las mayores obras de infraestructura energética del país. Su construcción requirió inversiones que solo el Estado nacional pudo afrontar debido al enorme capital inicial necesario, mientras que la operación posterior constituye un negocio altamente rentable por sus bajos costos variables y generación constante. En ese contexto, son relevantes no solo para definir no solo el futuro de las represas del Limay, sino también el equilibrio entre control estatal, participación privada y precio de la energía en la Argentina de las próximas décadas”, concluye Glezer. 

Finalmente, a fines de 2025, el Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su política de reorganización del sector energético al firmar los contratos de transferencia de acciones y concesión vinculados a empresas estratégicas, en un proceso que busca redefinir la participación estatal y promover inversiones privadas para mejorar la eficiencia y la infraestructura del sistema. El beneficiario finalmente fue Edison Inversiones. 

Según informó el Gobierno, los acuerdos formalizan el traspaso accionario y establecen las condiciones de explotación y operación bajo un esquema de concesión de largo plazo, con el objetivo de garantizar continuidad operativa, previsibilidad jurídica y modernización del servicio. La medida se inscribe dentro del programa oficial orientado a reducir la intervención directa del Estado en la gestión empresarial, manteniendo funciones de regulación y control.

Desde el Ejecutivo destacaron que los contratos fijan obligaciones de inversión, estándares de calidad y compromisos de mantenimiento de infraestructura, considerados claves para asegurar la prestación del servicio y evitar deterioros en la capacidad operativa. Además, se establecieron mecanismos de supervisión estatal y cláusulas destinadas a resguardar el interés público durante la vigencia de las concesiones.

El Gobierno sostuvo que la iniciativa apunta a atraer capitales, mejorar la competitividad del sector y generar condiciones para ampliar la producción y el transporte energético, en línea con la estrategia económica general orientada a ordenar las cuentas públicas y estimular la actividad privada.

En una entrevista con Newstad, la intendente de Paraná, Rosario Romero cuenta los desafíos que implicaron el inicio de esta obra modelo para la región y su impacto en el objetivo de abaratar el costo de la energía y contribuir en la transición energética de la Argentina. 

NEWSTAD: ¿Cuál fue el principal desafío que enfrentó la Municipalidad para completar la instalación de los 10.400 paneles solares?

ROSARIO ROMERO: La principal dificultad del inicio de la ejecución de la obra, sucedió en el año 2023, debido a los procesos inflacionarios que sufrió el país en agosto de ese año, afectando directamente la tramitación de la importación de los paneles los cuales provenían de China, como así también el centro de trasformación compacto, los inversores y celdas. Todos los elementos claves e indispensables para la instalación del parque.

Esta obra neurálgica, financiada desde su inicio con recursos propios, logró reactivarse tras los contratiempos del contexto nacional, reafirmando el compromiso de nuestra gestión con la transición energética.

¿Cómo se logró sostener este proyecto con fondos 100 % municipales después de la paralización en 2023?

Con el objetivo de concluir la obra, conociendo su potencial de generación e impacto a largo plazo, se evaluó de común acuerdo con la empresa adjudicada extender el plazo de obra, dando margen a que el municipio pueda ir financiando gradualmente acorde al avance de obra en un periodo de 2 años (fecha prevista 20/05/2027). A mediados del 2025, el municipio asume el compromiso de agilizar los plazos para finalizar la obra en el año 2026, la cual se encuentra a la fecha con avance de casi un 70%.

¿El cronograma sigue firme para terminar la obra a mediados de 2026? ¿Qué etapas quedan por delante?

El ritmo del avance de obra ha sido constante y conforme al plan de trabajo. Sin embargo, se está evaluando una ampliación del plazo de obra, dada la acumulación de precipitaciones ocurridas en el último periodo del año 2025 que ralentizó ciertas tareas fundamentales, como por ejemplo la colocación de paneles.

Culminada la colocación de los 10.400 paneles, las tareas que restan para el correcto funcionamiento del parque son: la instalación del cableado solar que comunica los mismos con los 20 inversores, que restan colocar; los cuales se deberán conectar a suvez al Centro de Transformación Compacto que se encuentra en la mitad del predio, ya instalado. Desde el Centro de Transformación se deberá conectar a la Sala de Control donde se ubicarán las celdas MT (media tensión) que estarán vinculadas al Sistema Scada, monitoreando y vigilando los parámetros eléctricos de la planta, para la correcta inyección al sistema eléctrico. 

Se está estudiando la posibilidad de asfaltar la continuación de calle Roque Sáenz, que es el ingreso a la Planta, con el objetivo de disminuir las partículas de polvo suspendidas en el aire, que afectan directamente el rendimiento de los paneles, debido al ensuciamiento de los mismos.

Por otro lado, la construcción de una Sala de Capacitación y Visitas con terraza accesible y vista panorámica a la planta. Con la intención de fomentar y difundir la importancia de utilización de las energías renovables y contribuir en la matriz energética, se proyecta un espacio para recibir visitas educativas y de formación académica.

¿Se planifica utilizar la energía generada para algún servicio o sector municipal específico (como alumbrado público o edificios municipales)?

La energía generada por la planta solar, será inyectada a la Estación Trasformadora Paraná Este que se encuentra a 200 metros del predio. Esta energía lograra la compensación entre la energía consumida en distintas áreas de la municipalidad y lo producido por la planta.

Para tomar dimensión de la generación prevista en la planta, abarcaría el consumo de todo el alumbrado público de la ciudad, una vez que se haya completado el programa 100% led.

¿Qué rol cree que tendrá Paraná en la transición energética de la provincia de Entre Ríos y del país?

Paraná es precursor de la transición energética hacia el uso de energías renovables, ya que actualmente está culminando el parque solar fotovoltaico más grande de la provincia con recursos 100% municipales, siendo el primer municipio generador de enería con esta tecnología de la provincia.

Sumado a esto, no es la primera acción del municipio hacia esta transición energética, ya que se está implementando el plan 100% LED. Es el inicio del proceso de optimizar y mejorar la eficiencia energética en el alumbrado público de la ciudad. 

Actualmente la ciudad cuenta con una planta solar fotovoltaica en la cubierta del HCD, con objetivo de promover la disminución del consumo eléctrico en los edificios públicos.

Así también se instalaron luminarias led solares autónomas en la obra de Sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas, en el paseo Puerta del Sol.

Todo ello con el fin de contribuir a los lineamientos de esta gestión de una “Paraná Sostenible”.

En Pico Truncado, el viento pasó de ser parte del paisaje a convertirse en una herramienta estratégica para el desarrollo local. Históricamente ligada a la producción petrolera, esta ciudad de Santa Cruz fue una de las primeras del país en apostar por las energías renovables y en iniciar la transformación de su matriz productiva.

El punto de partida fue la inauguración en 1995, del parque Eólico Jorge Romanutti, tras un convenio entre el gobierno municipal y provincial con apoyo internacional, que posicionó a Pico Truncado entre las localidades pioneras en el aprovechamiento del viento como fuente de energía eléctrica.

Con dos aerogeneradores y un viento patagónico promedio de 9,3 metros por segundo, el parque llegó a abastecer cerca del 30% del consumo eléctrico de la ciudad. Además, fue escenario de una experiencia inédita en la Argentina y la región: la producción de hidrógeno a partir de energía eólica, una iniciativa pionera de América Latina que buscó proyectar alternativas energéticas más allá de combustibles fósiles.

Si bien con el paso del tiempo el parque atravesó periodos de funcionamiento irregular debido a la falta de mantenimiento, el proyecto fue reinaugurado el 5 de marzo de 2001, consolidando su valor histórico y tecnológico.

Más allá de su aporte energético, el parque eólico Jorge Romanutti dejó una huella simbólica en la ciudad. Representó un cambio de paradigma y un antecedente clave en el debate sobre el desarrollo de energías renovables en la Patagonia: en Pico Truncado, el viento empezó a cambiarlo todo.

La experiencia eólica tuvo efectos que excedieron lo estrictamente ambiental. Durante sus años de funcionamiento, el parque permitió reducir parte del consumo eléctrico proveniente de fuentes tradicionales y aportó estabilidad al sistema energético local en determinados periodos. 

La puesta en marcha del parque eólico también tuvo impacto en el plano laboral. Durante su construcción y posterior operación, el proyecto demandó mano de obra local para tareas técnicas, eléctricas, y de mantenimiento, generando empleo y promoviendo la formación de trabajadores en un sector emergente. En una ciudad con una economía vinculada históricamente al petróleo, la experiencia eólica permitió diversificar perfiles laborales y desarrollar capacidades técnicas asociadas a las energías renovables, aun cuando el parque no operó de manera continua a lo largo del tiempo.

Sin embargo, sin aún convertirse en el eje central de la economía local, la energía eólica funcionó como complemento productivo y como experiencia concreta en un territorio acostumbrado a depender de una sola actividad. El parque eólico Jorge Romanutti no modificó por completo la fuente económica del pueblo, pero dejó instalada la pregunta sobre la posibilidad de diversificarla. 

El parque también comenzó a atraer visitantes interesados en conocer cómo funciona la energía eólica en la Patagonia.  Las visitas guiadas y los recorridos educativos se convirtieron en una forma de acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad y a turistas, posicionando a la ciudad no solo como un referente energético, sino como un destino que combina innovación, historia y paisaje.

Las aspas giran, las brisas no se detienen, y Pico Truncado sigue midiendo lo que significa apostar por la energía eólica. Detrás de esto, hay más que solo un pueblo que aprendió a mirar más allá del petróleo y comenzó a preguntarse: ¿Qué puede generar el viento mañana?