Neuquén atraviesa uno de los momentos de mayor dinamismo comercial de su historia. El crecimiento demográfico, la expansión urbana y el impacto directo de Vaca Muerta están transformando la matriz económica de la ciudad. Las marcas quieren estar. El problema es que muchas veces no encuentran dónde instalarse.En los últimos años el desembarco de cadenas nacionales e internacionales se volvió constante. La capital neuquina dejó de ser una plaza secundaria para convertirse en un mercado estratégico dentro del mapa argentino. El consumo crece, el flujo de personas aumenta y el poder adquisitivo vinculado a la industria energética reconfigura la demanda.Cadenas como McDonald’s abrió el año pasado un nuevo local en el oeste de la ciudad, consolidando su presencia en la capital. Mostaza también profundizó su expansión y ya cuenta con 6 locales en funcionamiento, incluyendo su último desembarco sobre la Ruta 22, en un espacio de gran superficie pensado para alto tránsito vehicular. Las cadenas analizan ubicación, accesibilidad y estacionamiento con un criterio cada vez más profesionalizado.

En el aeropuerto internacional de Neuquén, la llegada de Juan Valdez con dos locales —uno en el hall público y otro en el sector de embarque nacional— marca otro síntoma de consolidación. La inversión fue impulsada por socios locales en articulación con Aeropuertos Argentina y el representante de la marca en el país. La apuesta se explica en números: más de 1,2 millones de pasajeros durante 2025 y un crecimiento del 23%. El aeropuerto dejó de ser solo una terminal aérea y se convirtió en plataforma comercial.

Pero no todas las marcas que miran a Neuquén han concretado su desembarco. Fuentes del sector inmobiliario aseguran que cadenas gastronómicas reconocidas continúan evaluando alternativas de ubicación y analizando el mercado local. El principal desafío es la disponibilidad: faltan grandes superficies en zonas estratégicas y los espacios que aparecen se ocupan rápidamente.Faltan metros comerciales. Y los que existen están caros.En el centro de la ciudad, según referentes del sector inmobiliario, ya se escuchan valores que oscilan entre 10, 20 o hasta 30 millones de pesos mensuales para locales bien ubicados. En contratos dolarizados, los números pueden ir de 7.000 a 20.000 dólares por mes según superficie y ubicación. Son cifras que comienzan a compararse con corredores comerciales tradicionales de grandes capitales, algo impensado para Neuquén hace apenas unos años.El impacto es evidente: comercios históricos no logran sostener renovaciones contractuales y deben cerrar, mientras cadenas con mayor respaldo financiero pueden absorber esos costos. El recambio comercial no es casual, es estructural. El crecimiento genera oportunidades, pero también desplaza.Ante la falta de oferta disponible, algunas empresas optaron por construir sus propios espacios. El sector automotor es un ejemplo. A fines del año pasado, la marca china BAIC abrió un concesionario sobre Avenida Mosconi, mientras que otras firmas amplían instalaciones o desarrollan edificios a medida cuando no encuentran superficies adecuadas en el mercado. El parque automotor crece al ritmo de la actividad económica y obliga a repensar también la infraestructura comercial asociada.La ciudad, sin embargo, sigue operando con una estructura de centros comerciales limitada. Hoy Neuquén cuenta con el Alto Comahue Shopping, perteneciente a IRSA; el complejo Portal Patagonia, que integra Jumbo y Easy bajo la órbita de Cencosud; y el Paseo de la Patagonia de La Anónima, de menor escala. Incluso fuera de horarios pico, estos espacios muestran señales de saturación, especialmente en materia de estacionamiento. Encontrar lugar no siempre es sencillo y los perímetros suelen estar colmados de vehículos.

En paralelo, comienzan a desarrollarse proyectos que buscan aliviar esa presión. En el acceso norte de la ciudad, Ruta Provincial 7 hacia Diagonal 9 de Julio, avanza la construcción de un Polo Gastronómico que incluirá un estacionamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 800 vehículos y un complejo con 4000 metros cuadrados destinados a restaurantes y actividades culturales. Es una respuesta concreta al déficit de infraestructura comercial de escala.Además, se confirmó en estos días la construcción de un nuevo estacionamiento en altura en el sector del Parque Central, detrás de los Arcos Romanos sobre Avenida Olascoaga, con capacidad para cerca de 500 vehículos. El proyecto no solo apunta a resolver la histórica falta de estacionamiento en el centro, sino también a incorporar espacios gastronómicos, una terraza verde con roof bar y una confitería, integrando movilidad y ocio en una superficie superior a los 16.000 metros cuadrados.La demanda gastronómica también expone el crecimiento. Hoy salir a comer en Neuquén, si uno no quiere esperar, implica reservar. Algo que años atrás no era habitual. Restaurantes llenos en días de semana ya no sorprenden. Sin embargo, la cantidad de parrillas tradicionales es limitada y la oferta de gastronomía de alto nivel continúa concentrada en pocos espacios, muchos de ellos vinculados a hoteles de categoría.La ciudad crece más rápido que su infraestructura comercial. Ese es el punto.Las marcas quieren aterrizar en Neuquén porque el mercado responde. La economía vinculada a Vaca Muerta genera consumo, movilidad y circulación de capital. Pero si no se desarrollan nuevos centros comerciales, corredores planificados y superficies de gran escala, el crecimiento comenzará a chocar contra su propio techo.El desafío ya no es atraer inversiones. El desafío es generar el espacio físico que permita sostenerlas. Porque en Neuquén las marcas están listas para aterrizar. Lo que falta es pista suficiente.

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por 380 millones de dólares en la provincia de San Juan. La iniciativa corresponde al consorcio Minera Andina, que fue adherido al régimen con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de la mina Veladero, uno de los principales yacimientos auríferos del país.

El proyecto prevé la generación de más de 1.100 empleos directos e indirectos y un potencial exportador de 425 millones de dólares, consolidando el perfil minero-exportador de la región. En este marco, desde el oficialismo destacan que el RIGI ya acumula cerca de 100.000 millones de dólares en proyectos presentados, lo que anticipa un fuerte impacto en la creación de empleo formal y en el ingreso de divisas.

En paralelo, la petrolera estatal YPF avanza con el desarrollo del área La Angostura Sur en Vaca Muerta, donde logró multiplicar por 20 su producción en tiempo récord. Este crecimiento se enmarca en la estrategia de la compañía de potenciar sus activos no convencionales y aumentar su capacidad exportadora.

El avance en esta área refuerza el posicionamiento de Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos a nivel global, con impacto directo en la balanza energética argentina y en la atracción de inversiones internacionales.

A su vez, YPF impulsa un cambio de estrategia orientado a mejorar su liquidez y ampliar la base de inversores. La compañía busca “popularizar” sus acciones, facilitando el acceso al mercado de capitales y fortaleciendo su perfil financiero.

Este giro responde a la necesidad de sostener el ambicioso plan de inversiones, especialmente en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, al tiempo que mejora su posicionamiento frente a eventuales escenarios de volatilidad económica.

Por otra parte, el Gobierno reglamentó el esquema de concesiones de obra pública para expandir el sistema de transporte eléctrico. La medida apunta a incentivar la participación privada en proyectos de infraestructura clave, necesarios para acompañar el crecimiento de la demanda energética y evitar cuellos de botella en la distribución.

La norma estipuló, por ejemplo, que los pagos destinados a estas nuevas concesiones de transporte tendrán prioridad de cobro, buscando garantizar un flujo de fondos previsible para los inversores.

La ampliación del sistema eléctrico resulta estratégica para sostener tanto el desarrollo industrial como el crecimiento de sectores intensivos en energía, en un contexto donde las inversiones impulsadas por el RIGI y el auge de Vaca Muerta demandan mayor capacidad de transporte y distribución.

Como lo planteara el mensaje de la Oficina del Presidente (OPRA) en su envío al Honorable Congreso de la Nación el día 15 de diciembre de 2025: “a más de 15 años de su sanción, esta ley ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica”, paralizando no solamente inversiones productivas y de explotación minera sino también las actividades de prospección y exploración. Justamente, la ley vigente viola los dos artículos de la Constitución Nacional (CN) que se pretende defender y que usan para atacar la reforma, afectando el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Art. 41 de la CN (párrafo 1): todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Art. 124 de la CN: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

La reforma de la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639 tiene dos ejes centrales. Por un lado, aclarar el objeto de protección de la ley que, por la confusa redacción de la norma, se presta a ciertas dudas interpretativas que dan cabida a que se asigne a sus disposiciones un alcance que choca contra el mandato constitucional de someter a los recursos naturales a una utilización racional; y, por el otro, fortalece el federalismo, mediante la atribución a las provincias de facultades más amplias en la materia, lo cual les permitirá desarrollar los recursos de su dominio originario de un modo compatible con la protección del ambiente.

1.El fin “aclaratorio”. El proyecto propone, fundamentalmente, adecuar el modo en que se encuentra enunciado el objeto de protección de la ley, a fin de dejar en claro que los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que se protegen son las que cumplen con funciones hídricas, es decir, las que “actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y/o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Hoy la norma ya lo prevé así, pero de un modo no suficientemente claro, lo que llevó a muchas personas a entender que el “objeto protegido” es todo ambiente periglacial, cumpla o no funciones hídricas relevantes, limitando así la explotación de los recursos naturales de un modo que no es acorde al artículo 41 de la Constitución Nacional, cláusula ésta que consagra el derecho a un ambiente sano, pero promueve, al propio tiempo, la utilización racional de dichos recursos.

En línea con lo anterior, se adecúa lo referido a las prohibiciones para que quede claro que las actividades estarán prohibidas únicamente en la medida en que ocasionen una alteración de los glaciares y del ambiente perigracial contraria a la protección que el legislador les otorga, lo cual deberá ser determinado en cada caso por la autoridad competente provincial (o nacional, si se tratara de un tema interjurisdiccional o área protegida nacional). Esto ya debería interpretarse así, pero, como se mencionó anteriormente, la redacción actual presta a confusión.

2.El fin competencial. El proyecto reconoce a las provincias la competencia para identificar qué glaciares y qué porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante y, por lo tanto, se encuentran protegidos por la ley. Esto impacta en dos puntos principales: Aprobación de actividades: al momento de realizar evaluaciones de impacto ambiental, deberán las provincias estudiar los glaciares o el ambiente periglacial y determinar, frente a cada proyecto, si la actividad involucrada está permitida o prohibida en función de los criterios fijados por el legislador.

Inventario Nacional de Glaciares: cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), quien tiene a cargo el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de que lo incluya en el mencionado inventario. Asimismo, cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial no cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al IANIGLA para que se elimine del Inventario.

La trampa intelectual resulta clara: la oposición a tocar la actual ley se hace invocando la violación de dos principios básicos con estatura constitucional y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia: la regresividad y el respeto de los presupuestos mínimos acordados como estándar nacional por la CN (art. 41, párrafo 3). Lo cierto es que una limitación extrema (prohibición absoluta) torna regresiva cualquier acción por menor que sea. Lo hacen ignorando los avances tecnológicos y el aumento de responsabilidad por parte de la minería moderna. Resulta autocumplida la profecía de quienes se oponen a la minería. La peor forma de proteger es prohibir. La incertidumbre se cumple no solamente para la empresa inversora, sino también para las autoridades de aplicación de la ley. La imprecisión acerca de lo que es un “ambiente periglacial”, en lugar de especificar un área con dos dimensiones: espacial (territorial) y temporal (perennidad), da lugar a la discrecionalidad. Esta ambigüedad ha quedado subsanada con el Inventario Nacional de Glaciares realizado por el IANIGLA (organismo científico del CONICET) publicado en el año 2018, que cubrió los estudios de Fase 1 (relevamiento satelital) quedando por hacer en cada caso los estudios de Fase 2 y 3 en el terreno, para determinar el potencial hídrico relevante de cada glaciar.

El Inventario Nacional de Glaciares contará con un rol “precautorio” a fin de que no se critique una regresividad de la norma. En este sentido, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el mencionado Inventario, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de glaciares, pero cuando una provincia determine que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y deberá ser eliminado del Inventario.

No se debe entender que el IANIGLA será eliminado ni dejará de estar a cargo del Inventario. Por el contrario, sólo se incorpora que deberá, necesariamente, adecuar el Inventario Nacional de Glaciares en función de lo que informen las provincias, lo cual dará al Inventario una utilidad más eficiente de cara al alcance de la tutela ambiental que la ley persigue.

El Acuerdo de Escazú exige la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones ambientales. Por ello, se asegurará en el Congreso Nacional y legislaturas provinciales que se oigan las voces de los actores que deseen intervenir.

La plena vigencia de toda la legislación nacional y provincial a cargo de las autoridades competentes, exige un adecuado poder judicial que garantice el cumplimiento pleno del Código de Minería Argentino (CMA), sancionado como ley 24.585 en 1995, al año siguiente de modificarse la Constitución Nacional (1994), el cual incorpora en sus artículos 246 al 268 todo un capítulo sobre protección ambiental. Consagra “como fin supremo la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural frente a los impactos potenciales de la actividad minera” (CMA art. 246), estableciendo severas penas que van desde sanciones correctivas, operativas, reparatorias, cese de actividad y cierre definitivo (3 reincidencias o falta grave), además de las responsabilidades penales.

Asimismo, toda actividad productiva debe presentar un informe de impacto ambiental (CMA art.251) para ser sometida a aprobación, dando lugar a la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) así como a la Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la provincia o provincias correspondientes. Cabe destacar que estos estudios deben actualizarse cada dos años.

Cuando se trate de eventuales cuencas de recurso hídrico compartido entre provincias, entra en vigencia el régimen de la Ley 25.688, o Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (art. 3: las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles; (art.4), creándose comités de cuenca interjurisdiccionales; de carácter vinculante cuando el impacto sea relevante (art.6).

La reforma propuesta no deja de proteger ni protege menos, protege mejor. Por el contrario, deja de hacer discurso y protección abstracta y mantiene el objetivo prioritario de preservar las fuentes de agua (vecinas y de cuenca hídrica), por encima de los beneficios económicos y sociales que se puedan invocar en cada caso. Ante las fotos catastróficas que usan los extremistas ambientalistas, de más está decir que las áreas protegidas no se tocan. (parques nacionales como Los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno, la Antártida Argentina, etc.).

No se debe tratar la reforma como una “modificación” de fondo de la ley de glaciares. Lo que se hace es adecuar su redacción a fin de que quede clara la interpretación correcta y modificar, sí, algunas cuestiones de orden competencial para fortalecer las atribuciones que constitucionalmente les corresponden a las provincias en su condición de titulares del dominio originario de los recursos naturales. Entender esto como una reforma que habilita nuevas actividades podría llevar a que las actividades que actualmente se realizan en los glaciares o el ambiente periglacial deberían estar prohibidas. Por ello, para no generar efectos adversos, se debe siempre afirmar que esto es reformular (para decirlo más claramente) lo que actualmente prevé, de modo deficiente, la ley de glaciares actual.

La reforma es necesaria porque la cancha está desnivelada en favor de no permitir nada, y solamente con ciencia aportada por el CONICET y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y adecuada prospección y exploración, podremos lograr que las provincias (anteriores a la Nación) a través de sus gobernadores y legisladores, y poder judicial, transformen sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, poniendo en valor actual y futuro sus riquezas naturales, dando trabajo digno y progreso a sus habitantes, aportando crecimiento, inversiones , tecnología y divisas al país.

Estamos alineados con la protección del ambiente y la liberación de las fuerzas productivas que permita generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales en dos minerales básicos (cobre y litio) para la transición energética que el mundo reclama, pasando de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica. Son los gobernadores, las legislaturas y la justicia de las provincias que cuentan con dichos recursos quienes deben armonizar la producción con triple impacto económico, social y ambiental positivo.

Libertad con legalidad y responsabilidad. Son los conceptos con los que llevamos adelante la gestión ambiental en Argentina.

La demanda total de energía eléctrica de nuestro país tuvo en el mes de febrero una disminución del 8,9 % respecto al mismo mes del año 2025 con temperaturas en este mes algo inferiores (0,8° Centígrados) respecto a las del mismo mes del año pasado.

Pero, la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios (sobre la que tiene muy poca influencia la temperatura), tuvo una disminución del 7 % (sin incluir a Aluar), respecto de febrero del año pasado.

La demanda de energía eléctrica del sector industrial tuvo también una fuerte caída del 6,9 %. Esto último es un indicador confiable de que no ha comenzado la recuperación de la actividad industrial ni del empleo en nuestro país.

Hay una relación directa entre la demanda de Grandes Usuarios del MEM (GU) registrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero). Este último incluye el relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

El IPI mide la evolución del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción, ventas, utilización de insumos, consumo aparente (todo en unidades físicas), cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas

Por lo tanto, el comportamiento de la demanda de grandes usuarios nos indica la situación real de la industria en nuestro país.

Debemos tener en cuenta que la disminución de la producción industrial no necesariamente refleja una crisis estructural de las empresas sino la perdida sostenida de la capacidad de consumo de la población que, a su vez, arrastra a la industria.

Es en la gente, no en las empresas, donde comienza la crisis, aunque a veces suceda a la inversa.

Este mes las industrias han tenido una fuerte disminución de su demanda de electricidad y también, disminuyo aun en mayor magnitud la demanda de la rama de Alimentación, Comercio y Servicios lo que indica que la crisis ya llego a la calle.

Es importante aclarar que en el caso de la demanda de electricidad de los GU y de la industria se suele excluir a la demanda de la industria Aluar porque el valor de demanda de esta Empresa que registra CAMMESA es solo lo que adquieren en el Mercado Eléctrico Mayorista y este valor, aunque es muy importante, no depende solo de su actividad, sino de su generación propia.

A continuación, se puede apreciar la evolución de la demanda de energía eléctrica del conjunto de los grandes usuarios de febrero de este año respecto del mismo mes del año anterior.

Fuente de los datos: Informes de Demanda de grandes Usuarios del MEM de CAMMESA de febrero del 2026

Se observa que, en el mes de febrero del año 2026, la demanda de electricidad de los GU (sin incluir a Aluar), presentó una disminución del 7 % respecto al mismo mes del año 2025. 

Si bien se ve una caída en la mayoría de las actividades, se destacan principalmente la caída de la demanda eléctrica en aquellas actividades relacionadas con la rama industrial especialmente en la producción de bienes como las relacionadas a la, “industria textil” (-29,3 %), la gran siderurgia (-18,2 %), “de la construcción” (-10,9 %) y la automotriz (-10%).

Esta disminución de la demanda eléctrica en los distintos sectores de nuestra actividad industrial es un reflejo de una mayor caída en el nivel de actividad de estos sectores y que, aunque con algún retraso, también en el nivel de empleo y en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país.

Especialmente en aquellos sectores más vulnerables, dado que este deterioro profundiza su vulnerabilidad, por lo que requieren de políticas sectoriales que apuntalen su desarrollo.

Debemos destacar que la disminución de la producción no necesariamente refleja una crisis estructural en las empresas, aunque esta crisis exista, sino que indica: la perdida sostenida de la capacidad de consumo de la población y que esta a su vez arrastra a la industria.

*Francisco Carlos Rey es Investigador consulto y ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

En un contexto de volatilidad internacional del precio del petróleo, YPF decidió mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, una medida que fue acompañada por otras petroleras y que, en la práctica, configura un esquema de contención en el mercado local. La decisión apunta a evitar un traslado inmediato de las subas internacionales al surtidor y sostener el nivel de consumo interno.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia busca amortiguar el impacto de la coyuntura externa: “Decidimos crear un buffer (amortiguador) para que el consumo no baje”. En la misma línea, afirmó que “YPF va a mantener los precios estables durante 45 días”, al tiempo que aclaró que no se trata de un congelamiento formal: “No hay ni precios fijos ni subsidios”.

La iniciativa surge en un escenario de caída de la demanda tras los últimos aumentos y refleja un rol activo de la petrolera estatal: “Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, explicó Marín.

Vista Energy colocó 500 millones de dólares en el mercado internacional mediante obligaciones negociables a largo plazo, en una operación que fortalece su plan de crecimiento en Vaca Muerta. La compañía busca consolidar su perfil exportador y aumentar su producción de petróleo no convencional en los próximos años.

El acceso al crédito externo confirma el interés de los inversores por el potencial del shale argentino, en un contexto donde Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento del sector energético. La estrategia de la empresa apunta a escalar producción y aprovechar la ventana de precios internacionales.

Pampa Energía logró captar 200 millones de dólares en el mercado local a través de obligaciones negociables, con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial. Los fondos estarán destinados a financiar inversiones en proyectos vinculados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

El resultado refuerza la idea de que las compañías con activos en Vaca Muerta mantienen acceso al financiamiento y capacidad de expansión.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".

El sector de energías renovables avanza en la promoción de un proyecto de Ley de Transición Energética, con el objetivo de establecer reglas claras y de largo plazo que impulsen inversiones y aceleren la descarbonización de la matriz energética. La iniciativa es impulsada por actores de la industria que buscan mayor previsibilidad regulatoria.

El proyecto plantea no solo beneficios ambientales, sino también económicos, al facilitar el ingreso de financiamiento internacional y permitir una mejor utilización de los recursos energéticos del país. En ese marco, la transición energética aparece como un complemento al desarrollo de Vaca Muerta, en un esquema que combina expansión hidrocarburífera con diversificación hacia fuentes limpias.

Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.

Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.

Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.

En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.

En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.

Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.

Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,

Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.

En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina. 

Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

La iniciativa oficial de adecuación de la Ley de Glaciares volvió esta semana a ser uno de los ejes de la semana. Todo en medio de una impracticable pretensión de darle espacio a 100 mil anotados para exponer en la audiencia en el anexo de Diputados, a la que finalmente acudieron 400 oradores.

Las provincias mineras, y por lo tanto protagonistas en el proceso de transición energética hacia tecnologías limpias, demandan tener la potestad de decidir sobre qué recursos naturales avanzar, siempre en base a criterios científicos objetivos y no mandatos prohibicionistas que traban posibilidades de desarrollo económico.   

En este marco, funcionarios del gobierno de San Juan expusieron una postura convergente: respaldaron el proyecto oficial de adecuación normativa, pidieron mayor precisión técnica y remarcaron que la protección de las reservas hídricas es un eje indiscutido.

Durante la audiencia pública, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, dejó en claro el acompañamiento provincial al proyecto: “Apoyamos este proyecto de adecuación de los presupuestos mínimos de la Ley de Glaciares” . En ese sentido, planteó que el debate ambiental y productivo suele estar atravesado por una tensión equivocada: “Me gustaría hacer foco sobre una falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa” .

El funcionario contextualizó su postura en las condiciones estructurales de la provincia: “San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a un oasis donde conviven población y agricultura” , y sostuvo que “la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades” . En ese marco, reafirmó: “Nadie mejor que nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua y la defensa de los glaciares” .

Fernández también destacó la diversidad de la economía sanjuanina: “Somos también una provincia con diversidad manufacturera, metalmecánica, industria de medicamentos, textiles, todas actividades que contribuyen junto con el turismo” . Sin embargo, advirtió que existen limitaciones estructurales: “Muchas de estas actividades productivas manifiestan dificultades para mejorar su competitividad” vinculadas a infraestructura, energía y uso eficiente del agua .

“La minería tiene la oportunidad de generar empleo local y tiene esa capacidad de desarrollar al resto de las actividades, porque la posibilidad de inversiones que realiza en infraestructura son una llave que abre la posibilidad de infraestructura vial, de infraestructura energética y de infraestructura en general para el desarrollo de las demás actividades productivas”, enfatizó el ministro.

En relación al recurso hídrico, aportó datos para relativizar el impacto del sector minero: “El 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y solo el 3% a la minería” . A partir de esto, señaló que “nuestro problema tiene que ver con mejorar la eficiencia” y precisó que “más de la mitad de nuestros cultivos no cuentan todavía con riegos mecanizados” .

Por su parte, el funcionario técnico de Minería de San Juan, Pablo Fernández, puso el foco en la necesidad de mejorar la calidad normativa sin modificar el objetivo central de protección ambiental. En ese sentido, afirmó que el inventario de glaciares “debe ser una herramienta central para la protección”, pero aplicada “de forma dinámica y con el respaldo de la ciencia” .

Además, subrayó la importancia de actualizar la legislación en función del conocimiento: “La ciencia no es estática y la legislación pueda aprovechar los avances tecnológicos” en áreas como la teledetección, la geología y los modelos climáticos.

En el cierre, sintetizó la postura oficial: “La protección de las reservas hídricas no está en discusión. Lo que estamos buscando es la protección eficaz, una ley que sea clara y que nos dé la certeza y seguridad jurídica necesaria” , y agregó que el objetivo es “desarrollar nuestras actividades productivas de manera responsable, conviviendo de manera armónica con el ambiente” .

De este modo, San Juan defendió en el Congreso una posición madura sobre la modificación de la Ley de Glaciares con un mensaje político y técnico unificado: la protección del agua es un consenso, pero consideran necesario redefinir con mayor precisión científica el alcance de la norma para compatibilizar desarrollo productivo en pos del emple y cuidado ambiental.

La decisión de la justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina marcó un punto de inflexión para la petrolera estatal YPF. En ese contexto, su presidente y CEO, Horacio Marín, celebró el resultado con definiciones contundentes: “Este es un fallo histórico para la Argentina y para YPF”, afirmó, y remarcó que la resolución “evita el pago de 16.000 millones de dólares”. 

El directivo sostuvo además que el desenlace judicial permite “seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”. En esa línea, también destacó el trabajo técnico detrás de la defensa: “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”.

En paralelo al frente judicial, Marín puso el foco en el crecimiento del negocio exportador, especialmente en el desarrollo del gas natural licuado. “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”, aseguró, en referencia al fuerte interés de bancos internacionales en el proyecto. El ejecutivo subrayó que este respaldo financiero no solo garantiza la viabilidad de la iniciativa, sino que posiciona al país en el mercado global energético. Según explicó, el objetivo es transformar a la Argentina en un jugador relevante en la exportación de GNL, apalancado en los recursos de Vaca Muerta y en una estrategia de largo plazo orientada a la generación de divisas.

“El diferencial hoy es el Gobierno. Si no tuviésemos el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), no hay LNG. Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios”, reforzó.

El Gobierno avanzó en una medida para flexibilizar el mercado de combustibles al modificar las especificaciones técnicas de las naftas, con el objetivo de permitir que el corte de bioetanol pueda alcanzar efectivamente el 15%. 

La decisión, instrumentada a través de la Resolución 79/2026, elevó el límite máximo de oxígeno en los combustibles hasta 5,6%, un cambio clave que habilita a las refinadoras a incrementar la proporción de biocombustible en las mezclas, algo que hasta ahora en la práctica se mantenía cerca del 12% por restricciones técnicas.

El esquema es de aplicación voluntaria, por lo que su impacto dependerá de la estrategia comercial de cada empresa del sector, que podrá optar por aumentar el uso de bioetanol en función de su conveniencia económica. En este contexto, el incentivo principal radica en el diferencial de costos: con los precios actuales del crudo, el bioetanol resulta más competitivo que la nafta fósil, lo que permitiría abaratar la producción de combustibles y, eventualmente, moderar la presión sobre los precios en surtidor.

El avance de los hidrocarburos convive con un crecimiento sostenido de las energías limpias. En los últimos registros, las fuentes renovables llegaron a cubrir hasta el 40% de la demanda eléctrica en determinados momentos, reflejando un cambio estructural en la matriz energética argentina. Este fenómeno responde tanto a nuevas inversiones como a políticas de diversificación que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la sustentabilidad del sistema energético nacional.

Como parte de esta transformación, la Argentina dio un paso simbólico y tecnológico con la inauguración de su primera ruta 100% solar, una obra que combina innovación en infraestructura con generación de energía limpia. El proyecto se inscribe en una tendencia global que apunta a integrar soluciones sustentables en el desarrollo vial, y refuerza la idea de que la transición energética no solo se juega en la producción, sino también en la forma en que se consume y se distribuye la energía.

Para las empresas que analizan sumarse al ecosistema energético más dinámico de Argentina, el camino comienza construyendo alianzas inteligentes. Integrarse con firmas neuquinas activas permite comprender tiempos de decisión, estándares técnicos y dinámicas operativas, reduciendo riesgos y acelerando procesos en una industria que no admite improvisaciones.Un mercado exigente y técnicamente complejoVaca Muerta opera bajo condiciones particulares, donde evaluar una propuesta requiere analizar el esquema completo de costos y requerimientos operativos. Mirar precios de manera aislada puede generar interpretaciones incompletas en una industria que combina complejidad técnica, logística y laboral en cada contrato.Un servicio puede parecer competitivo hasta que se incorporan variables como acuerdos gremiales específicos, horas viaje, traslados a locaciones remotas, adicionales por turnos y exigencias propias de la actividad. Comprender esa estructura integral es fundamental para dimensionar correctamente cualquier propuesta dentro del sector Oil & Gas.Información y ventaja competitivaSegún informó recientemente el Centro PyME-ADENEU, apenas alrededor del 27% de los bienes y servicios demandados por la industria petrolera en Neuquén se contratan hoy a proveedores neuquinos. Ese dato refleja el enorme potencial de crecimiento existente, tanto para empresas locales como para aquellas que busquen integrarse y ampliar la oferta disponible.Se cuenta con una base de datos oficial de empresas certificadas bajo la Ley 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, conocida como “Compre Neuquino”, que puede consultarse en cadenavalorneuquina.adeneu.com.ar.Además, el entramado productivo puede explorarse en www.guiavacamuerta.com, catálogo profesional de proveedores de la industria en la región.Ventajas concretas de trabajar con una firma neuquina 

Las empresas neuquinas cuentan con experiencia operativa directa, acceso a información sectorial relevante y comprensión real del funcionamiento diario de la industria. Otras compañías pueden aportar tecnología, capital o servicios complementarios que aún no se desarrollan plenamente. Esa lógica de integración permite ampliar capacidades, generar nuevas unidades de negocio y fortalecer el entramado productivo.Confianza y profesionalismo como punto de partidaEn los negocios internacionales suele repetirse una idea simple: incluso en entornos complejos, las empresas avanzan cuando perciben compromiso y seriedad.La confianza se construye desde hechos tan simples como llegar a horario a una reunión hasta asumir compromisos más complejos y cumplirlos en el tiempo. En la industria energética, esas acciones son las que terminan concretando alianzas e inversiones reales.Un ecosistema abierto para quienes quieran sumar valorLa Ley de Compre Neuquino no le pone una tranquera a Neuquén. Ordena el acceso, genera previsibilidad y crea mejores condiciones para que las empresas locales sean más competitivas, accedan a información relevante y pongan en valor su experiencia.En esa misma línea, también representa una puerta concreta para firmas de Argentina y del mundo que quieran integrarse de manera inteligente, de la mano de actores que conocen el funcionamiento real del ecosistema, sus tiempos, sus reglas y sus exigencias.Lo cierto es que Vaca Muerta requiere más proveedores, más inversión, más tecnología y más talento. La oportunidad está abierta para quienes entiendan que el desarrollo sostenible se construye con profesionalismo, cumplimiento y visión de largo plazo.Neuquén ha crecido históricamente con los brazos abiertos para todos los que quieran venir a sumar, aportar valor y construir confianza en un mercado con enorme proyección.

La inauguración del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta en Neuquén fue el eje central de la semana energética. El acto estuvo encabezado por el CEO de YPF, Horacio Marín.

“No hay crecimiento de Vaca Muerta sin educación”, afirmó, marcando el tono de su discurso. Para el ejecutivo, el desarrollo del shale argentino no puede sostenerse únicamente en inversión y tecnología, sino que requiere una base sólida de trabajadores capacitados.

Marín fue más allá al señalar que “la industria necesita gente preparada en todos los niveles”, desde operarios hasta perfiles técnicos especializados. En esa línea, destacó que el instituto busca cerrar la brecha entre la demanda laboral y la oferta educativa: “Estamos creando un sistema que forme a las personas que realmente necesita la industria”.

El titular de YPF también planteó una visión estratégica de largo plazo: “Tenemos la responsabilidad de desarrollar Vaca Muerta de manera eficiente y segura, y eso empieza por la capacitación”. Además, subrayó que el desafío no es solo productivo sino estructural: “Si no formamos a nuestra gente, el crecimiento va a tener un límite”.

El instituto apunta a formar miles de técnicos por año, con programas diseñados junto a empresas del sector, en lo que Marín definió como “un cambio de paradigma en la relación entre educación e industria”.

En paralelo, el proyecto Delta XXI continúa avanzando en la exploración de fluorita en Sierra Grande, con el objetivo de reactivar una mina que supo ser clave para la economía regional.

La iniciativa busca posicionar a la provincia de Río Negro en la producción de minerales estratégicos, en un contexto donde crece la demanda global de insumos para la industria y la transición energética. La fluorita, en particular, tiene aplicaciones relevantes en procesos industriales y tecnológicos.

El avance del proyecto refleja una tendencia hacia la diversificación de la matriz productiva, complementando el desarrollo hidrocarburífero con nuevas oportunidades en minería.

En el frente judicial, el juicio por la expropiación de YPF volvió a generar expectativas. El proceso en Estados Unidos atraviesa una etapa determinante, con definiciones que podrían impactar de lleno en las finanzas del país.

En los últimos días, surgieron interpretaciones más optimistas en torno a la posición argentina. Analistas vinculan este escenario con un cambio en el contexto internacional y una relación más fluida entre Argentina y Estados Unidos, lo que podría influir indirectamente en el desarrollo del caso.

Si bien aún no hay resoluciones definitivas, el mercado sigue de cerca cada novedad en un litigio que se mantiene como uno de los principales focos de atención para el sector energético.

A nivel internacional, Europa reavivó el debate sobre la energía nuclear como alternativa para garantizar seguridad energética y reducir emisiones.

Frente a los desafíos de abastecimiento, los altos costos de la energía y la necesidad de acelerar la transición ecológica, varios países evalúan retomar o ampliar sus programas nucleares.

Francia cubre cerca del 65% de su demanda eléctrica con energía nuclear y ya impulsa la construcción de seis nuevos reactores EPR, mientras evalúa sumar otros ocho, en paralelo al crecimiento de las energías renovables. Otros países también muestran señales de cambio. Bélgica busca extender la vida útil de sus centrales, Italia avanza con iniciativas para revertir su histórica prohibición nuclear y Grecia abrió el debate sobre tecnologías más modernas, como los reactores avanzados y los pequeños reactores modulares (SMR).

En contraste, naciones como Suecia y Finlandia, que nunca abandonaron esta fuente, mantienen a la energía nuclear como un pilar que convive con altos niveles de renovables. En conjunto, la energía nuclear representa alrededor del 23% de la electricidad de la Unión Europea y cerca del 50% de su generación baja en carbono. Además, experiencias como la finlandesa sugieren que esta fuente puede contribuir a precios más estables frente a países que optaron por retirarla, como Alemania.

Las tensiones entre Irán y otros actores de Medio Oriente suelen analizarse desde la geopolítica energética o la seguridad militar. Sin embargo, hay otra dimensión menos visible pero profundamente estratégica: el impacto que estos conflictos pueden tener sobre el agua.

El primer punto clave es la relación entre agua y energía. Las operadoras de agua suelen ser uno de los mayores consumidores de energía de las ciudades, junto con industrias intensivas como la siderurgia o la química. Bombear agua desde ríos o acuíferos, potabilizarla, transportarla cientos de kilómetros o desalinizar agua de mar requiere enormes cantidades de electricidad y combustibles. Por eso, cuando un conflicto eleva el precio de la energía, también aumenta inmediatamente el costo del agua.

Esta relación se vuelve aún más crítica en regiones áridas. En muchos países del Golfo, gran parte del agua potable proviene de plantas desalinizadoras gigantes, que dependen directamente del suministro energético. En un escenario de guerra, estas instalaciones pueden convertirse en objetivos estratégicos o quedar paralizadas por cortes de energía o problemas logísticos.

A esto se suma la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales. Uno de los puntos más sensibles del planeta es el Estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por allí circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y más de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo.

Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, se encarece el transporte marítimo global y se dispara el precio de la energía. Eso repercute directamente en el agua: desde el costo de operación de los sistemas urbanos hasta el transporte de equipos, productos químicos y membranas utilizadas en la potabilización y la desalinización.

Pero el agua también puede ser un objetivo o incluso un arma en los conflictos. La contaminación deliberada de fuentes de agua —reservorios, ríos o redes de distribución— es una amenaza reconocida en escenarios de guerra y terrorismo. Atacar la calidad del agua puede generar crisis sanitarias masivas con relativamente pocos recursos, lo que convierte al agua en una infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad.

Además, los conflictos suelen provocar movimientos masivos de población. Cuando millones de personas se desplazan por guerras o crisis humanitarias, los sistemas de agua de las regiones receptoras pueden verse rápidamente desbordados, especialmente en zonas con estrés hídrico.

También hay un impacto menos visible pero muy importante en el comercio internacional: el llamado “agua virtual”, es decir, el agua utilizada para producir alimentos y bienes agrícolas. Si una guerra altera los mercados de energía o fertilizantes, los países pueden cambiar sus patrones de producción agrícola, modificando indirectamente los flujos globales de agua.

Sin embargo, el agua no solo genera tensiones; también puede impulsar cooperación entre países. Existen casos en los que el abastecimiento compartido de agua obliga a mantener mecanismos de cooperación incluso en contextos políticos complejos.

Uno de los ejemplos más conocidos es el acuerdo entre Malasia y Singapur, donde este último depende en parte del agua proveniente del estado malasio de Johor, lo que ha llevado a décadas de acuerdos bilaterales de suministro.

Otro caso relevante es el tratado hídrico entre Israel y Jordania, firmado en el marco del acuerdo de paz de 1994, que regula el uso del río Jordán y otros recursos compartidos, y ha sido ampliado con intercambios de agua y energía en los últimos años.

Estos ejemplos muestran que el agua puede ser tanto un factor de conflicto como una base para la cooperación. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos regionales pueden tener efectos sistémicos sobre la seguridad hídrica global.

Por eso, entender la geopolítica del agua no es solo una cuestión ambiental o técnica. Es también una cuestión estratégica. En un planeta donde el acceso al agua es cada vez más crítico, proteger la infraestructura hídrica y fortalecer la cooperación internacional será tan importante como garantizar la seguridad energética o alimentaria.

*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua

La agenda energética argentina volvió a tener protagonismo durante la Argentina Week en Nueva York, donde el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expuso sobre el potencial exportador de Vaca Muerta y el rol del país en el nuevo mapa energético mundial.

Durante su presentación, Marín sostuvo que el desarrollo de infraestructura energética permitirá posicionar al país como un actor central en el comercio internacional de energía. “Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó el ejecutivo.

El titular de la petrolera también remarcó el papel de los grandes proyectos de licuefacción de gas y de transporte de hidrocarburos desde la cuenca neuquina hacia el Atlántico, lo que permitiría consolidar una plataforma exportadora energética de escala global. Según Marín, la explotación de Vaca Muerta podría llevar a que el país alcance entre USD 40.000 y 50.000 millones anuales en exportaciones energéticas hacia la próxima década, generando además miles de puestos de trabajo.

En paralelo al desarrollo del sector hidrocarburífero, la transformación energética también alcanza a la infraestructura tecnológica. En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales data centers del distrito financiero comenzó a operar con energía renovable, en línea con la creciente demanda de las empresas tecnológicas por reducir su huella de carbono.

La tendencia responde al fuerte crecimiento del consumo energético asociado al procesamiento de datos, inteligencia artificial y servicios cloud. En ese contexto, cada vez más compañías priorizan el abastecimiento con fuentes limpias para sus centros de cómputo, lo que impulsa nuevos contratos de suministro renovable y proyectos de eficiencia energética en el sector digital.

La transición energética también muestra avances significativos en Europa. En España, la energía solar fotovoltaica se consolidó como una de las principales fuentes del sistema eléctrico y contribuyó a amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios energéticos.

Durante 2025 el país incorporó cerca de 10 gigavatios de nueva potencia eléctrica, de los cuales nueve correspondieron a tecnología solar, consolidando el peso de las renovables en la matriz. De acuerdo con datos oficiales, el 55,5% de la generación eléctrica española ya proviene de fuentes renovables, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles y mejora la resiliencia frente a shocks geopolíticos. 

Neuquén atraviesa hoy una presión demográfica consecuencia del crecimiento de los polos productivos como Vaca Muerta. Pongamos en cuenta que en el período 2025, según los propios datos oficiales, se anunció que se radicaron en nuestra provincia más de 20.000 personas. Esto significa que estamos hablando de 57 personas por día que ingresarían a nuestra provincia.

Eso hace imposible poder contener esa situación por un montón de cuestiones: faltan las estructuras pero, además, tenemos la migración interna de la propia provincia, lo que hace que el área de confluencia realmente no pueda dar una respuesta en lo inmediato.

En cuanto a la cuestión de la paradoja de que hay familias que no tienen vivienda, antes había obras que se financiaban a través de distintos agentes para poder poner las infraestructuras. En el caso de la Municipalidad de Neuquén, ha tenido una política acertada en cuanto a los lotes con servicios para el desarrollo de la construcción de vivienda. Por lo tanto, el municipio, por esfuerzo propio, está haciendo esos lotes

Son años de falta de construcción y de planificación en la política de vivienda: hubo abandono por parte del Estado nacional en lo que eran los planes del Fondo Nacional de la Vivienda y en la construcción de viviendas, lo que explica que hoy la provincia tenga una crisis de casi 70.000 viviendas necesarias.

En el interior de la provincia falta la radicación de profesionales de distintas áreas que no pueden instalarse por la falta de vivienda. En la zona de Confluencia, en tanto, los excesivos costos de los alquileres se convierten para algunos en un gran negocio inmobiliario, pero para muchos representan un perjuicio, porque no tienen capacidad para afrontar pagos siderales.

Es necesaria entonces para potenciar este polo productivo una política habitacional que debería estar presente en el mercado, para acompañar el crecimiento demográfico que tiene la provincia.

En los salones de Nueva York, donde el pragmatismo financiero suele enfriar cualquier entusiasmo político, Horacio Marín logró algo inusual esta semana: vender una visión de país donde el conflicto parece, al menos por un rato, haber quedado en Ezeiza. El presidente de YPF cerró el Argentina Week con una frase que resonó en el parqué de Wall Street: "Estamos construyendo el hub exportador más importante de la región en el Atlántico".

No fue una declaración aislada. Marín estuvo escoltado por una "liga de gobernadores" (Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Corrientes) que funcionó como el aval político necesario para que los inversores crean que, esta vez, las reglas del juego no van a cambiar a mitad del partido.

El plan que Marín desplegó ante más de 800 ejecutivos es ambicioso, pero con números que la industria ya empezó a validar. Según el CEO de YPF, Vaca Muerta tiene la llave para que el país exporte entre us40.000yus 50.000 millones anuales a partir de 2032.

El corazón de esta transformación tiene dos nombres técnicos que los inversores ya anotaron: VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG.

Pero Marín no solo habló de gas y petróleo no convencional. La sorpresa de la semana fue la mención a la correlación geológica con Namibia. YPF y Eni perforarán primero en Uruguay y luego en el offshore argentino, buscando replicar los hallazgos masivos del margen africano. "Confiamos en encontrar crudo porque el espejo geológico es idéntico", deslizaron en el panel.

Mientras tanto, la expansión federal no se detiene:

Marín fue tajante: "Nada de esto hubiera sido posible sin el RIGI". El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es el que permitió que empresas como Pampa Energía solicitaran esta semana entrar al esquema con un proyecto de u$s 4.500 millones en Rincón de Aranda. Para el mercado, el RIGI no es solo un beneficio fiscal; es el contrato de paz que garantiza que los caños que se entierran hoy no se expropien mañana.

La mística de la "unión" de los gobernadores en Nueva York fue potente, pero el desafío real empieza el lunes en Buenos Aires. La infraestructura (puertos, plantas de licuefacción y oleoductos) requiere que los dólares que hoy prometió Wall Street empiecen a fluir hacia la costa rionegrina. Marín volvió con la maleta llena de promesas; ahora le toca a la gestión doméstica demostrar que el "hub exportador" no es solo un sueño de primavera en Manhattan.

El ingeniero especialista en energía y sector nuclear, Nicolás Malinovsky, analizó la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y advirtió sobre su impacto en los mercados energéticos globales y en la economía argentina.

“Es la realidad que está sufriendo el mundo”, señaló, y sostuvo que estamos ante “un ataque persistente de Estados Unidos a Irán, donde asesinó a toda la cúpula dirigencial de ese país”. En ese marco, describió que “las reacciones están habiendo por todos lados y sobre todo en sectores críticos donde pasan nada más y nada menos que las principales reservas y flujos energéticos a nivel mundial”.

Para dimensionar el escenario, Malinovsky recordó un antecedente reciente: “Lo que tenemos más cerca para entender es lo que pasó cuando sucedió algo similar entre Rusia y Ucrania, cuando se cortaron los gasoductos que conectaban Rusia con Europa y se encarecieron los sectores energéticos y el mercado energético”. Aquel proceso, dijo, “vulneró la economía argentina”, y advirtió que hoy “estamos también ante una posibilidad de ese tipo de vulneración”.

Según explicó el experto a Newstad, el conflicto no muestra señales de distensión: “Esto no se está enfriando, sino que está escalando”. En ese contexto, alertó que el impacto podría profundizarse “si los precios del barril de petróleo superan los 80, los 90 dólares o hasta los 100 dólares, como están hablando”. Además, remarcó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz: “El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho, pero también por ahí pasan grandes reservas de gas, con barcos de GNL, que hoy representan aproximadamente el 20 o 25% del mercado mundial”.

Sobre el efecto en la Argentina, planteó un escenario de “doble cara”. Por un lado, “aumenta el ingreso de divisas por exportación, que después hay que discutir quién se queda con ese margen de renta excedente”. Pero, por otro, advirtió que “vulnera la economía interna porque se eliminaron todos los mecanismos de diferenciación entre precio internacional y precio interno, lo que en Argentina conocíamos como el ‘barril criollo’ en el caso del petróleo y los precios internos del gas”. En consecuencia, señaló que esta dinámica “puede elevar los costos de los combustibles y todo lo que eso repercute en la cadena económica”.

Malinovsky también recordó que el conflicto entre Rusia y Ucrania “elevó los commodities, tanto los precios energéticos como otros sectores, y eso impactó en toda la economía argentina”. En ese momento, explicó, “Argentina estaba más vulnerable en términos de importación de gas porque todavía no teníamos finalizado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, inaugurado el 9 de julio de 2023, lo que hoy “minora un poco el golpe internacional”.

Finalmente, el especialista marcó lo que considera una contradicción en la argumentación de la Casa Blanca. “Donald Trump dice que uno de los ejes por los cuales ataca a Irán es porque Irán estaba teniendo avances en el enriquecimiento de uranio que podían ser utilizados para producir bombas nucleares”, señaló. Sin embargo, recordó que “el año pasado Estados Unidos atacó instalaciones nucleares donde se producía uranio y, en esa operación que fueron los ‘12 días exitosos’, él dijo que había eliminado la amenaza nuclear”. Por eso, concluyó, “ahora vuelven a poner ese argumento como eje del ataque, con lo cual hay contradicciones en lo que está diciendo el propio presidente del imperio norteamericano”, en referencia a Donald Trump.

*Nicolás Malinovsky es Ingeniero especialista en el sector energético y en el sector nuclear. Es autor del libro “Critica de la energía política”.

El sector energético argentino atraviesa una etapa de definiciones en medio de un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo y la transición hacia nuevas fuentes de energía. En los últimos días, tres temas concentraron la atención del sector: la política de precios de los combustibles de YPF, los avances en la reducción de costos en Vaca Muerta y el creciente impulso global a los biocombustibles como alternativa al crudo.

En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y movimientos bruscos en el valor del petróleo, el presidente de YPF, Horacio Marín, buscó transmitir previsibilidad respecto del mercado local de combustibles. El directivo aseguró que no se esperan “cimbronazos” en el precio de las naftas y el gasoil, aun cuando el valor del crudo registre variaciones significativas en el corto plazo.

Según explicó, la petrolera aplica un mecanismo que evita trasladar automáticamente las fluctuaciones diarias del petróleo al precio final en los surtidores. La compañía analiza los movimientos del mercado internacional con una lógica de promedios y de mediano plazo, lo que permite amortiguar subas o bajas abruptas del barril.

De acuerdo con Marín, este criterio busca sostener cierta estabilidad para los consumidores y el mercado interno. En ese sentido, remarcó que las variaciones rápidas del precio del crudo suelen ser coyunturales y no necesariamente justifican ajustes inmediatos en los combustibles. La política apunta a evitar que la volatilidad global tenga un impacto directo en la economía doméstica.

“Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afectan al precio de los combustibles”, resumió Marín. 

Mientras se discute la evolución de los precios, otro de los focos del sector energético está puesto en la competitividad de la producción no convencional. En ese terreno, YPF viene registrando avances en la reducción de costos en los bloques que opera en Vaca Muerta.

Durante el último año, los desarrollos de shale oil de la compañía lograron bajar el costo de producción a 4,4 dólares por barril equivalente, un nivel que se ubica incluso por debajo del promedio de la Permian Basin, la principal región productora de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos.

El descenso de los costos responde a una combinación de factores: mayor eficiencia operativa, mejoras tecnológicas en perforación y fractura hidráulica, y el aprendizaje acumulado por las empresas que trabajan en la cuenca neuquina. Según el propio Marín, la productividad alcanzada refleja la calidad del recurso geológico de Vaca Muerta y el trabajo de optimización realizado por la compañía.

Este proceso resulta clave para la estrategia energética del país, ya que la competitividad de los proyectos no convencionales determina la capacidad de atraer inversiones, aumentar la producción y expandir las exportaciones de petróleo y gas.

En paralelo al crecimiento de los hidrocarburos no convencionales, a nivel global continúa expandiéndose la discusión sobre las fuentes de energía renovables y los combustibles alternativos. Entre ellos, los biocombustibles elaborados a partir de cultivos como el maíz y la caña de azúcar aparecen como una opción para reducir la dependencia del petróleo.

El bioetanol y el biodiésel pueden producirse a partir de biomasa vegetal y utilizarse en mezclas con combustibles tradicionales para el transporte. En varios países, estos productos ya forman parte de las políticas de transición energética destinadas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, el avance de los biocombustibles también genera debates. Entre las principales críticas se encuentran el uso intensivo de tierras agrícolas, el impacto en los precios de los alimentos y el consumo de agua que requieren algunos cultivos energéticos. Aun así, diversos especialistas sostienen que la innovación tecnológica podría mejorar su eficiencia y ampliar su participación en la matriz energética global.

La agenda energética argentina dejó tres señales fuertes durante la última semana: la consolidación de YPF como motor del crecimiento hidrocarburífero a partir de Vaca Muerta, el desembarco de nuevas apuestas privadas en energías renovables mediante el RIGI y la expansión de soluciones solares que comienzan a transformar la realidad energética de pequeñas comunidades del interior.

El hecho más relevante fue la presentación de los resultados 2025 de YPF, que confirmó el impacto estructural del desarrollo no convencional en la economía energética argentina. La compañía alcanzó un EBITDA de US$5.000 millones, el nivel más alto en una década, impulsado por la expansión del shale y un fuerte proceso de eficiencia operativa. 

El cambio estratégico es claro: la petrolera concentró el 72% de sus inversiones —unos US$4.477 millones— en proyectos no convencionales, principalmente en Vaca Muerta, consolidando el giro definitivo hacia ese recurso. 

Los resultados operativos muestran la magnitud del cambio:

Uno de los datos más relevantes fue la reducción del 44% en los costos unitarios de extracción durante el cuarto trimestre, resultado de mejoras tecnológicas, mayor escala operativa y optimización de activos maduros. 

Este desempeño consolida el plan corporativo que busca transformar a YPF en una empresa predominantemente shale, con inversiones proyectadas por hasta US$6.000 millones para 2026 y un fuerte foco exportador vinculado a infraestructura como el proyecto Vaca Muerta Oil Sur y el desarrollo de GNL. 

En términos macroeconómicos, el mensaje es contundente: el crecimiento energético argentino sigue apoyado principalmente en los hidrocarburos no convencionales como generadores de divisas y competitividad.

Mientras el petróleo lidera la generación de ingresos, el frente renovable también mostró movimientos relevantes. El empresario Jorge Brito evalúa presentar bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un megaproyecto fotovoltaico que podría convertirse en el mayor parque solar del país.

La iniciativa, anticipada durante la inauguración de un parque en Mendoza, contempla una potencia cercana a 345 MW, ampliable hasta 500 MW, con una inversión estimada en torno a los US$300 millones. 

De concretarse, el proyecto posicionaría a Mendoza como uno de los principales polos solares nacionales y elevaría su capacidad instalada por encima de los 1.100 MW, consolidando el crecimiento del segmento renovable privado.

El anuncio también funciona como un primer termómetro del impacto potencial del RIGI en el sector energético: grandes grupos económicos comienzan a evaluar inversiones de escala industrial aprovechando estabilidad fiscal y beneficios regulatorios orientados a proyectos exportadores o estratégicos.

El tercer hecho energético de la semana tuvo menor escala económica pero alto impacto social. En Neuquén se anunció la inauguración del parque solar de Los Chihuidos, una obra que permitirá a esta pequeña localidad contar por primera vez con electricidad continua las 24 horas.

El proyecto, ubicado en la región de Vaca Muerta, eliminará los históricos cortes de suministro que limitaban el desarrollo local y la vida cotidiana de los habitantes. 

Hasta ahora, la comunidad disponía de electricidad solo durante parte del día. Con el nuevo sistema solar —complementado por almacenamiento en baterías— se garantizará suministro permanente, incluso ante contingencias climáticas o fallas operativas.

La obra representa un modelo distinto dentro de la transición energética: soluciones renovables descentralizadas destinadas a resolver inequidades territoriales en zonas alejadas de grandes redes eléctricas.

El complejo hidroeléctrico del Comahue es un sistema integrado por cinco represas ubicadas sobre el río Limay, en el límite entre Neuquén y Río Negro: tres centrales principales que concentran más de 1.000 megavatios de potencia instalada y dos represas de compensación destinadas a regular el caudal hidráulico del sistema.

Según explicó a Newstad la periodista especializada en Energía, Luciana Glezer, “las cinco centrales fueron concesionadas en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, antes de la reforma constitucional de 1994. Por ese motivo, al vencer las concesiones, en agosto de 2023, los activos debían regresar al Estado nacional, ya que no quedaron alcanzados por el régimen posterior que otorgó a las provincias la propiedad de los recursos naturales”.

La periodista recuerda que, sin embargo, “el proceso estuvo marcado por dilaciones políticas y administrativas durante la gestión de Alberto Fernández. En ese período se desarrollaron equipos técnicos dentro del área energética para avanzar en la recuperación estatal de las represas, con estudios y planes de acción que finalmente quedaron paralizados. Desde el oficialismo de entonces se argumentó que existían impedimentos jurídicos para resolver la situación en medio de la campaña electoral, ya que cualquier decisión podía derivar en litigios judiciales”.

A la par, los gobernadores patagónicos ejercieron fuerte presión política debido a que las centrales están ubicadas en sus territorios, aunque jurídicamente no les correspondía la titularidad por haber sido construidas antes de la Constitución del 94. Glezer remarca que “también hubo presiones empresarias. La compañía italiana Enel —controlante de la operadora de la central El Chocón— llegó a advertir sobre una eventual reducción de operaciones en el país hacia fines de 2022, en medio de la discusión por la continuidad de las concesiones”.

Finalmente, el gobierno nacional optó por sucesivas prórrogas de los contratos, esquema que continuó la administración siguiente mientras avanzaba el proceso licitatorio para una nueva concesión.

“La apertura de sobres para adjudicar nuevamente las represas estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre del año pasado, pero fue postergada en un contexto de fuerte opacidad” dice Glezer, según coinciden versiones del sector energético consultadas entonces. Las demoras respondieron, entre otros factores, a la escasa participación empresaria: solo tres grupos presentaron ofertas.

“Entre ellos se encuentra Central Puerto, vinculada al empresario Nicolás Caputo, actual operadora de Piedra del Águila, la segunda represa más importante del sistema. También se presentó un consorcio integrado por los hermanos Neuss junto al empresario Rubén Chernajovsky, un grupo que en los últimos años incrementó su presencia en el sector energético”.

“La tercera oferta corresponde a la empresa estadounidense AES Corporation, que actualmente opera Alicurá, una de las centrales de compensación del complejo. AES mantiene además un antecedente sensible: meses atrás obtuvo un fallo favorable contra el Estado argentino por aproximadamente US$750 millones en un litigio vinculado a incentivos para energías renovables otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa RenovAr”, enumera la comunicadora.

Glezer indica que “este antecedente abrió un debate jurídico dentro del sector: algunos especialistas sostienen que una empresa que mantiene litigios contra el Estado debería quedar limitada para participar en concesiones públicas del mismo país, aunque no existe consenso legal definitivo sobre esa interpretación”.

A su vez, en ámbitos políticos y empresariales circulan versiones sobre presiones internacionales para favorecer la continuidad de AES en el sistema hidroeléctrico argentino, en un contexto de negociaciones bilaterales con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, aunque estas hipótesis no fueron confirmadas oficialmente.

En esta historia complicada Glezer recuerda que “otro de los puntos más cuestionados del proceso es el valor económico de las concesiones. Según trascendió, el canon previsto sería de aproximadamente US$50 millones para las centrales de compensación y unos US$200 millones para cada una de las represas principales, cifras que diversos actores políticos consideran significativamente bajas para activos estratégicos de esta magnitud”

“Un grupo de legisladores patagónicos presentó una impugnación formal al proceso al señalar que no se habría seguido el protocolo de tasación correspondiente. Según el planteo, las represas debían ser valuadas por el Banco Nación, pero en cambio se contrató una consultoría privada cuyo estudio jurídico había participado previamente en la privatización original de 1993”.

Resumió la periodista que “para los denunciantes, la operación implicaría una subvaluación de infraestructura pública construida íntegramente con inversión estatal y considerada estratégica para el sistema eléctrico argentino”. 

“Las nuevas concesiones otorgan a las empresas adjudicatarias un período de 30 años de operación y mantenimiento, con ingresos atados a tarifas dolarizadas. Este esquema, advierten especialistas, tendrá impacto directo en el costo de la energía eléctrica a futuro”, destaca Glezer. 

“El complejo hidroeléctrico del Comahue representa una de las mayores obras de infraestructura energética del país. Su construcción requirió inversiones que solo el Estado nacional pudo afrontar debido al enorme capital inicial necesario, mientras que la operación posterior constituye un negocio altamente rentable por sus bajos costos variables y generación constante. En ese contexto, son relevantes no solo para definir no solo el futuro de las represas del Limay, sino también el equilibrio entre control estatal, participación privada y precio de la energía en la Argentina de las próximas décadas”, concluye Glezer. 

Finalmente, a fines de 2025, el Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su política de reorganización del sector energético al firmar los contratos de transferencia de acciones y concesión vinculados a empresas estratégicas, en un proceso que busca redefinir la participación estatal y promover inversiones privadas para mejorar la eficiencia y la infraestructura del sistema. El beneficiario finalmente fue Edison Inversiones. 

Según informó el Gobierno, los acuerdos formalizan el traspaso accionario y establecen las condiciones de explotación y operación bajo un esquema de concesión de largo plazo, con el objetivo de garantizar continuidad operativa, previsibilidad jurídica y modernización del servicio. La medida se inscribe dentro del programa oficial orientado a reducir la intervención directa del Estado en la gestión empresarial, manteniendo funciones de regulación y control.

Desde el Ejecutivo destacaron que los contratos fijan obligaciones de inversión, estándares de calidad y compromisos de mantenimiento de infraestructura, considerados claves para asegurar la prestación del servicio y evitar deterioros en la capacidad operativa. Además, se establecieron mecanismos de supervisión estatal y cláusulas destinadas a resguardar el interés público durante la vigencia de las concesiones.

El Gobierno sostuvo que la iniciativa apunta a atraer capitales, mejorar la competitividad del sector y generar condiciones para ampliar la producción y el transporte energético, en línea con la estrategia económica general orientada a ordenar las cuentas públicas y estimular la actividad privada.

Nuestra Constitución Nacional es explícita cuando indica que la propiedad de los recursos naturales es del pueblo argentino. Es necesaria una política energética justa, con un desarrollo genuino de las empresas vinculadas, para que la población sea partícipe de la riqueza de Vaca Muerta.

El precio de los combustibles líquidos (como naftas, gasoil, diésel, fuel oil), que derivan en principio del precio del crudo en boca de pozo, debe ser adecuadamente competitivo. Para esto último es útil una referencia concreta, como los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos (en lo posible y deseable deberían ser algo menores para que el país pudiera avanzar en su consumo y en un desarrollo sustentable).

Hoy en el mundo aparece una sobreoferta de crudo que, de acuerdo con elementales reglas de mercado, producirá una reducción de su precio. El promedio del valor actual de 70 U$/barril para este año 2026 se pronostica, por distintas fuentes (EIA entre ellas), con un descenso del precio, acercándose paulatinamente a los 60 U$/barril. Esto implica una disminución muy fuerte (del orden del 15%) que, sin embargo, permitiría un funcionamiento de la producción con márgenes de ganancias razonables, más aún si se asume un costo de producción del orden de 30 U$/barril, es decir el 50% del precio.

La producción local de crudo se proyecta para 2026 en unos 800.000 barriles por día, valor que ya se alcanzó en diciembre de 2025. Los ingresos esperables a 60 U$/barril en el año se estiman entre 16.000 y 17.000 millones de dólares. Este enorme monto, razonablemente, debiera promover el crecimiento de la actividad productiva. La venta de crudo al exterior se perfila en unos 400.000 barriles por día. Se calcula por ese origen una facturación del orden de los 9.000 millones de dólares, por lo que es necesario monitorear cuánto de ese volumen servirá para la inversión en el país y cuánto queda en el exterior con motivo de la normativa del RIGI, una estafa sobre nuestros recursos naturales para meras timbas financieras.

Para proteger el mercado interno y la capacidad y competitividad del trabajo argentino, el IESO propone que sea el Congreso Nacional quien sancione que los actuales valores del crudo (hasta hace poco se establecía el llamado barril criollo, hoy anulado) se reduzcan en el semestre abril-agosto de 2026 en un 15%.

Estados Unidos, que aún importa grandes volúmenes de crudo (o se los apropia, como fue el crudo pesado de Venezuela), posee precios de combustibles más bajos que la Argentina, que exporta petróleo. El actual gobierno argentino, tan afín a la postura de la política exterior norteamericana, debiera observar que desde el inicio de su independencia Estados Unidos decidió no seguir siendo colonia y encaró un desarrollo industrial poderoso que le otorgó enormes beneficios y poder durante muchísimos años.

A todas luces, los precios al público de las naftas, el gasoil y otros productos de origen refinado en la Argentina debieran equilibrarse con los precios norteamericanos y disminuir, como mínimo, en el orden local un 10%. Ambos ajustes —el del crudo en boca de pozo y el de los combustibles en las estaciones de servicio— posibilitarán a la población, a la industria y al transporte beneficios ciertos y justos.

La tarea es lograr, a través de favorecer mesas de debate públicas y mediáticas, los consensos necesarios para obtener una legislación al respecto y la determinación de una energía competitiva, contribuyendo así con un aporte nada desdeñable a la recuperación productiva del país.

Observamos que Estados Unidos, en los últimos tres años, ha mantenido un precio promedio PIST (Precio al Ingreso del Sistema de Transporte) de entre 2,50 y 2,70 U$/MMBTU. Con estos precios, la industria extractiva estadounidense ha tenido una retribución tal que ha devenido en uno de los mayores productores de gas del mundo. Además, se perfila como el mayor exportador de gas natural licuado (GNL), con sus diez plantas de licuefacción operativas. Conste que la Argentina no pudo siquiera construir una.

Argentina posee, a través del Plan Gas AR, un precio del gas natural (PIST) dictaminado por el PEN en una media de 2,95 U$/MMBTU, es decir más del 15% por encima del valor estadounidense. Creemos adecuado que, en una pronta ley de competitividad, se establezcan por semestres precios PIST menores a los actuales, como mínimo un 10%, es decir un valor cercano a 2,75 U$/MMBTU. A medida que se incremente la exportación del gas, es posible y conveniente establecer una referencia base en torno a los 2,5 U$/MMBTU, priorizando un valor con márgenes sustentables, dado que el costo de producción se halla en torno a 1,50 U$/MMBTU.

Ello permitirá un incremento de su uso por la población, la industria y el transporte (GNC en autos y utilitarios, y GNL en grandes camiones, locomotoras, barcos y poblaciones aisladas), al servicio del desarrollo interno.

En este panorama es conveniente y posible implementar una ley sencilla pero trascendente que indique:

a) Que el PEN establecerá los precios del crudo (boca de pozo) con una reducción del 15% en forma semestral, partiendo de abril a junio de 2026 sobre los valores vigentes al 31 de marzo del mismo año. Para los combustibles y el gas natural se propone, para el mismo semestre, una disminución del 10%.

b) Para el siguiente semestre (julio-diciembre), se encomienda que el PEN establezca la competitividad interna del gas natural en torno a los 2,50 U$/MMBTU.

El IESO es consciente de la necesidad de convocar a la población a apoyar estas medidas con carácter urgente y llamar a todas las organizaciones políticas, sociales, industriales, pymes y cooperativas a promover la “Ley de Competitividad de los Hidrocarburos”, a fin de que sea votada en un plazo perentorio, es decir, antes de la llegada del invierno.

*El Dr. MARCOS REBASA y el Ing. ANDRÉS REPAR son presidente y vicepresidente del IESO-Instituto de Energía Scalabrini Ortiz

El Neuquén Arena fue anunciado por el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante.El Arena forma parte de un plan más amplio que Gaido describió como “el año de la transformación histórica”, orientado a consolidar a Neuquén capital como una ciudad moderna con infraestructura de alto nivel.Quienes hemos participado en la Offshore Technology Conference (OTC) en Houston, Texas, sabemos que la infraestructura no es un detalle: es parte estructural del evento. Allí no se improvisa. La organización descansa sobre un campus diseñado para operar con escala internacional y absorber flujos masivos sin colapsar la ciudad.

La OTC se desarrolla dentro del centro de convenciones del complejo NRG Center, que integra el NRG Park, un predio de aproximadamente 142 hectáreas con capacidad para estacionar cómodamente 26.000 vehículos. En ese mismo espacio se encuentran el NRG Arena, utilizado en ocasiones para sumar expositores, y el NRG Stadium, destinado a grandes eventos.El NRG Stadium cuenta con una capacidad aproximada para 72.000 espectadores y es uno de los recintos multipropósito más importantes de Estados Unidos. Allí se han desarrollado eventos de gran magnitud como la Copa América Centenario, el Super Bowl de la NFL y conciertos internacionales de primer nivel. Además, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.El complejo NRG Park se ubica a unos 11 kilómetros del centro administrativo de Houston, donde confluyen autopistas, transporte público y tren ligero. Esa escala permite que decenas de miles de personas ingresen y se retiren ordenadamente. Movilidad, seguridad y operación funcionan como un engranaje integrado.Esa es la diferencia entre tener un predio y tener un modelo. No se trata solo de un edificio grande, sino de un sistema pensado para que funcionen los accesos, el estacionamiento, la seguridad y la logística sin colapsar la ciudad.

Todo esto lo menciono porque el crecimiento de Vaca Muerta obliga a mirar cómo se planifican los grandes polos energéticos del mundo. Cuando una actividad alcanza escala internacional, la infraestructura deja de ser un complemento y pasa a ser una condición básica de funcionamiento.Por eso se debe pensar en un gran predio, en un estadio acorde y en una infraestructura vial que acompañe el crecimiento metropolitano. Incluso en soluciones estructurales de transporte que permitan absorber grandes flujos sin paralizar la ciudad. Hay que soñar en grande, pero sobre todo planificar en grande.Para quienes conocen Neuquén, la experiencia actual es distinta. No existen muchas opciones, y menos adecuadas.El Estadio Ruca Che, inaugurado en 1995 y con capacidad para alrededor de 6.000 personas en formato deportivo y hasta 10.000 en recitales, cumple su rol, aunque tiene mala accesibilidad y su entorno no fue concebido para absorber grandes convocatorias. Cada espectáculo implica vecinos que sufren el impacto del alto tránsito, autos estacionados hasta diez cuadras a la redonda y un caos peatonal que desborda la zona.El espacio de convenciones DUAM, en pleno acceso al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde cada dos años se realiza la Argentina Oil & Gas Patagonia, concentra hasta 20.000 personas en tres días. Sin embargo, la infraestructura circundante queda chica frente a esa magnitud: acceso al aeropuerto colapsado, calles saturadas, vehículos estacionados a decenas de cuadras y automotores vandalizados.El caso más evidente es la Isla 132, donde existe un predio pensado para eventos llamado Domuyo, emplazado en un entorno natural privilegiado, pero con un acceso extremadamente complejo. Allí se realiza la Fiesta Nacional de la Confluencia, que en sus últimas ediciones superó los 1,4 millones de asistentes acumulados durante varios días, con jornadas que reunieron más de 400.000 personas en una sola noche. A eso se suman cientos de puestos gastronómicos y más de doscientos expositores comerciales.El acceso a la Isla 132 es exclusivamente por dos puentes de una sola mano y rotondas estrechas para ingresar y salir, conectando con avenidas ya cargadas de tránsito habitual y a pocos kilómetros de la Av. Mosconi (ex Ruta Nacional 22).El impacto en los vecinos es evidente. Es común ver vehículos encadenados ante el miedo a los robos y más de 20 cuadras a la redonda completamente colapsadas.Sin ir más lejos, el último evento, atravesado por un temporal que obligó a suspender espectáculos al aire libre ante una multitud, dejó una advertencia clara. Se levantó un viento con ráfagas que superaron los 70 km por hora y fue necesario evacuar a miles de personas, generando momentos de tensión. Afortunadamente, no terminó en tragedia.Por eso celebro la decisión política y la participación de inversores privados que entendieron lo que la ciudad necesita. El crecimiento económico y demográfico asociado a Vaca Muerta exige infraestructura moderna, cubierta, segura y planificada. No podemos depender del clima ni improvisar accesos cuando llegan miles de visitantes.La clave estará en el “cómo” y el “dónde”. La ubicación será determinante: accesos amplios, estacionamientos suficientes, transporte público reforzado, sectores diferenciados para taxis y aplicaciones, corredores peatonales seguros y un diseño que minimice el impacto en barrios residenciales.Si se ejecuta con planificación real, el Neuquén Arena no será solo un estadio. Será una señal de madurez urbana. Un paso hacia una ciudad que acompaña el crecimiento de Vaca Muerta con infraestructura a la altura de su protagonismo internacional.Celebro la iniciativa. Vaca Muerta ya nos puso en el mapa del mundo. Ahora nos toca demostrar que sabemos planificar el crecimiento que generamos.