La Corte Suprema encara un año de producción récord a pesar de estar funcionando con tres miembros encabezados por Horacio Rosatti. La máxima autoridad judicial de Argentina se encontró ayer con un caso sin precedentes: la comunidad aborigen Tica exigió revisión para frenar una obra en Córdoba y se olvidaron de firmar el documento. No hubo entonces ni análisis por parte del cuerpo por ser expediente sin firma. Los Ticas, indios sin pluma.

Hay desprolijidades, hay errores de primer año de abogacía y, después, está el bochorno puro y duro. La comunidad aborigen Ticas, acompañada por un puñado de agrupaciones, pretendía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pusiera un freno de mano a dos obras viales clave para la provincia de Córdoba: la Ruta Provincial 5 y la Ruta 38. Querían parar el desarrollo, querían llevar la discusión a la cima del Poder Judicial, pero se mandaron un blooper inolvidable: enviaron el expediente sin poner la firma.

Sí, lograron sobrevivir a los tiempos de la conquista, pero no firmaron el papel, viajaron con el reclamo hasta la calle Talcahuano, armaron ruido mediático, pero la abogada patrocinante presentó el escrito a la Corte sin la firma de los propios integrantes de la comunidad y sin un poder legal que acreditara que actuaba en su nombre. Ni hablar de justificar alguna urgencia real. Un papelón a cancha abierta.

En tiempos donde la tribuna y el relato pretenden correr a la Justicia, la respuesta del Máximo Tribunal fue una verdadera lección de rigor técnico. La Corte no está para resolver caprichos ideológicos ni para enmendar las macanas de abogados descuidados. Está para hacer cumplir la Constitución y el Código Procesal.

El fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no dejó margen para la especulación:

"El escrito de interposición del recurso ha sido firmado únicamente por la letrada patrocinante, quien no ha invocado poder para representar a las recurrentes ni razones de urgencia que hagan aplicable lo dispuesto en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En tales condiciones, la presentación en examen constituye un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior. Por ello, se lo desestima."

Cortito y al pie. En el idioma de la calle: si no firmás el papel, la demanda directamente no existe.

El reclamo venía de rebotar en la justicia federal cordobesa porque ni siquiera pudieron probar que las autovías provocaran un daño ambiental interjurisdiccional. Sin embargo, en vez de revisar la consistencia técnica de lo que pedían, prefirieron ir a golpear la puerta de la Corte. Les duró lo que un estornudo: la propia torpeza de la defensa volteó la causa antes de que los jueces pudieran mirar el fondo.

La gestión de Horacio Rosatti al frente de la Corte Suprema ratifica una premisa central para el país: la seguridad jurídica y las reglas de juego son infranqueables. Se terminó la época en la que cualquier presentación mal armada pasaba por el costado si venía envuelta en un discurso simpático. Acá hay ley, hay procedimiento y hay respeto institucional. Y si no sabés usar la lapicera, la Corte te manda a marzo.

“Nosotros somos mileistas, es decir, hacemos mileismo, gastamos poco, sacamos contratos, achicamos la estructura y somos independientes, es lo que dice la ley". La definición es entre expedientes y café, eso que se consume en la Corte Suprema en cantidades industriales. Son tiempos de espera, estrategia y distancia de un Gobierno nacional que nunca logró acceder a un vínculo confiable con el Máximo Tribunal. Hoy el Gobierno se entera por los medios en qué anda la Corte; un cambio de época al compás del desgaste del Gobierno por sus propias internas.

La mirada del Máximo Tribunal es clara: el vínculo con el Gobierno es vago, esporádico y con muy bajo seniority por parte de los representantes del mileísmo. No son muchos los que saben el idioma judicial, y los jueces y colaboradores que integran la Corte no ven jugadores de envergadura. “Tenemos demasiados quilombos como para empezar a explicar dónde están las cosas, nosotros laburamos, tenemos récord de expedientes y el más bajo gasto en décadas, eso somos hoy”, resumen. 

“Vemos al Gobierno demasiado empecinado en pelearse con muchos actores mientras el tiempo se va y la oposición genera un candidato de peso”, consideran sobre la feroz pelea de Karina Milei y Santiago Caputo. Y aclaran que ven un escenario complejo para el Gobierno si no logra domar su internismo y abocarse a gestionar para evitar perder el año que viene. Por eso la iniciativa de la semana pasada incluyó temas de las provincias, de política y de distintas áreas para exhibir trabajo con visión federal y de gestión.  Muchos ahí ven a Axel Kicillof participando de una PASO con el líder santiagueño Gerardo Zamora, y no dudan, prefieren a Zamora . “No queremos un centro de estudiantes, queremos un Gobierno”.

Yendo al laburo de la semana pasada, el golpe con mayor voltaje político de las puso en el centro del scanner a la diputada Marcela Pagano que estrenó rostro y maternidad el último trimestre y es una de las figuras más enfrentadas con Javier y Karina Milei, a quienes directamente acusa de corruptos y mafiosos. Junto a su pareja, el abogado Franco Bindi, la legisladora buscaba desesperadamente tener acceso como imputada a la causa penal iniciada a raíz del escándalo por la filtración de escuchas que involucraron al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Todavía se deben estar acomodando la nariz del portazo que recibieron: la Corte convalidó lo  actuado por el juez Julián Ercolini, la Cámara Federal y Casación, desestimando la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva. Lejos de arbitrar en favor de los tironeos de la coyuntura, el Tribunal aplicó con rigurosidad el Código Procesal. Pagano se haya más cómoda en en otra posición, equidistante de la argumentación legal y los datos, se mueve mejor en lo mediático. Así se hizo de abajo.

Esa misma línea de laburo se reflejó en otros despachos clave de la jornada última. En materia de transparencia en la función pública, el Tribunal dejó firme la condena por concusión contra Rafael Resnick Brenner, ex hombre fuerte de la AFIP de Ricardo Echegaray y salpicado en el caso Ciccone. Al rechazar las quejas de la defensa, dejó expedita la vía para que el ex funcionario vuelva a sentarse en el banquillo por el presunto cobro de coimas a empresarios mineros en Salta a cambio de “protección tributaria”.

En simultáneo, ratificó la condena a cuatro años de prisión para Pablo Carlos Molina, ex secretario judicial de Corrientes que uso causas de narcotráfico para armar intervenciones telefónicas ilegales sobre su propia esposa y un tercero. Los riesgos del lumpenaje; es que cada tanto se ven los hilos. Sin importar la envergadura ni la filiación de los involucrados, las decisiones mantuvieron un trazado técnico impecable.

El mensaje hacia afuera es sutil pero contundente: la Justicia funciona a pleno rendimiento, fijando límites procesales claros tanto a los acusados de espionaje como a los ex funcionarios sospechados de corrupción. Mientras la política vacila, la lapicera de Talcahuano no pide permiso. Habrá que ver si en la Casa Rosada alcanzan a interpretar el movimiento antes de que el próximo fallo los obligue a reaccionar tarde, otra vez.