Alguien miente en Argentina. “Somos un país pagando el mínimo de la tarjeta, esto ya pasó y es un clásico: dólar planchado, un veranito financiero, la gente endeudada y sin consumir y la apertura de las importaciones, si no hacen algo, vamos a tener que vivir otro 2001”. Lo dice un gobernador con experiencia en la gestión y que ocupó casi todos los cargos en la carrera política. Refleja lo que conversa en privado con los que llevan las riendas de las provincias del Interior, ahí donde la motosierra pasó y no quedó nada. 

Newstad conversó con dirigentes del interior y del Gobierno: uno de los dos miente. La mirada sobre las dificultades del interior con caída de recaudación y un consumo que no repunta se contrapone con una narrativa de revolución liberal inmejorable en un sendero de prosperidad y libertad individual con inserción en un mundo moderno que plantea la gestión de Javier y Karina Milei. 

El optimismo de Javier Milei durante las amigables charlas con periodistas está intacto. El Presidente y el equipo económico ven insoslayable el éxito. Creen que ordenada la macro, el bolsillo se va a sentir lleno antes de la elección y que así entonces empieza una segunda gestión con inflación tendiente a cero y un nuevo paradigma económico con apertura al mundo y cambio de sectores productivos preponderantes.

Los gobernadores ven un atraso cambiario con mala acumulación de reservas y una inflación que ya debería haber perforado el 1% y sigue en tres. Creen que la baja recaudación del interior presiona sobre el proyecto político liberal y que el 7.9% de caída en manufacturas combinado con la bajada de comercio en 3.2 interanual y el 20% de los nuevos desocupados que representa la construcción puede ser la criptonita que amenace a Javier Milei. 

Un dato de microconsumo que ven de cerca: morosidad como método de vida. En tarjetas de crédito y billeteras virtuales está la clave. En plásticos bancarios tenemos una mora promedio cercana al 25%. Casos específicos como Tarjeta Naranja muestran una irregularidad del 35,7%, mientras que Cencosud llega al 25,5%. El Gobierno plantea una forma de vivir como muchos otros países que todos viven endeudados, para los gobernadores es el principio del fin.

El Gobierno está confiado en que los números son mejores y exhiben la baja de la pobreza como indiscutible, pero la consulta a dirigentes opositores despeja dudas: no creen que la metodología del Gobierno para medir pobreza sea seria. Creen que bajó la pobreza en números porque se congeló la economía que y Milei hubiera volado por los aires si Donald Trump en octubre pasado no pagaba las cuentas nacionales para evitar que una pequeña corrida eclipsara el modelo violeta. 

En el medio la oposición sigue huérfana, con Cristina Kirchner presa y Axel Kicillof como garante de la ancha avenida del medio, distante de la casi extinguida Cámpora y con ambiciones intactas de llegar la poder. Juan Grabois intenta aunar miradas pero desde una postura violenta en lo discursivo, ese techo que su propia impronta le pone. El Gobierno descansa en la ausencia de contraposición, tal vez su mayor destreza en términos de construcción política. 

Un hecho puede cuajar y catalizar un candidato para enfrentar a Javier Milei, y en general, la forma de construcción en política es inversamente proporcional a lo dolorosa que es la caída. En criollo: el menemismo logró que ni los opositores puedan odiar a Menem, muchos dirigentes y guapos digitales han logrado hacer desparecer el voto independiente y que miles de argentinos dejen de pensar en votar a Milei por las formas. Alguien podría avisarle: con dogmaticos no se ganan elecciones, los 20% de indecisos deciden.

No alcanzó un salón, tampoco dos. El Azul y De las Provincias del Senado de la Nación se vieron colapsados ante una nueva convocatoria para poner de nuevo en agenda el drama social de las falsas denuncias de violencia de género y abusos. Teléfono para quienes niegan el problema o argumentan que la cantidad de estas causas es ínfima. Parece que no, porque además hubo mucho más convocados que no pudieron ingresar. 

La jornada  se convirtió un desfile de la injusticia con casos que fueron pasando por un atril y otros tantos que escuchaban y dejaban caer sus lágrimas mientras se sentían identificados con los relatos. La convocatoria también sirvió para reforzar la necesidad de un pronto tratamiento en el recinto de un proyecto de ley que establece prisión efectiva para denunciantes y profesionales que promueven falsas denuncias de violencia de género, acoso o abuso sexual a menores. 

Martiniano Correcher tiene solo 18 años pero ya vivió en carne propia el calvario: estuvo 654 días preso por una causa de abuso de la cual fue absuelto hace pocos días. Lo dejaron sin uno de los momentos más importantes de su edad, el viaje de egresados. 

“Vinieron los móviles policiales a buscarme, fui detenido y empecé a ver en primera persona la injusticia. Cuando recién cumplí mis 18 años sentí como me arrebataron mi vida”, comenzó a recordar el joven, uno de los cuatro absueltos luego de una causa de abuso en Biallet Massé, Córdoba. 

“Pasé a sobrevivir, mi presunción de inocencia se fue por la basura”, expuso al borde de quebrarse Martiniano ante los ojos de su madre. Y describió esos casi dos años tras las rejas: “654 días sin ver a mi hermano de tres años. Inviernos de temperaturas bajo cero con baños a agua fría, veranos hacinados en una celda de tres por cinco, con quince internos y sin ventilación. Mi madre desagarrándose en cada día de visitas cuando yo iba a la celda”. Relato ejemplar de cómo una mentira arruina una psiquis, una familia. De esto se trata. 

“Hoy siento que puedo contar mi historia desde otro lugar y ayudar a que otros chicos no pasen lo mismo que nosotros. El tiempo perdido y lo causado en mi familia es irrecuperable. Pero hace 10 días recuperé mi libertad y ahora empezaré a reordenar mi vida”, cierra esperanzado un joven todavía demolido por un sistema que falló por todos lados. 

El caso de Pablo Ghisoni, claro exponente de cómo uno de los dos progenitores inserta un relato mentiroso en la mente de un hijo para incriminar al otro, también estuvo presente. El médico de Lomas de Zamora, cuya absolución se confirmó a fines de marzo, se sumó al atril junto a sus hijos. Uno de ellos, Tomás, el que reveló que su madre lo hizo ensuciar el buen nombre de su papá. 

Antes de su mensaje público, Ghisoni le dejó a Newstad un mensaje enfocado hacia adelante: “Si hay vida hay esperanza. A pesar de todo lo transitado que es inolvidable, la vida da revancha y terminás cultivando lo que sembras. A mi la justicia no me devolvió los hijos. Me los devolvió el tiempo, porque se dieron cuenta solos de que es lo que pasa”

Pero tampoco dejó pasar la chance de dejar un reclamo: "Quisiera una Justicia que esté a la altura. Que nos evite todo esto, porque se trata de impericia de la Justicia. Una Justicia que tarda 10 años no es Justicia. Fiscales que actúen de oficio cuando hay una absolución, que levanten las medidas reestrictivas y digan ‘acá hay una falsa denuncia’. 

“Voy a seguir ayudando a todas las familias que están en este maldito camino”, cierra convencido Ghisoni. 

 La expareja de Andrea del Boca no tuvo una exposición esperanzadora, ya que las consecuencias son irreparables y continúan: el vínculo con su hija está roto a pesar de que también fue absuelto de todas las acusaciones de agresión sexual contra ella: “Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

Su derrotero judicial también es un copy paste de un modus operandi para estas causas: “Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009, la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo. Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006″. 

Finalmente, citó el fallo. Quedó la verdad, pero también quedaron los daños familiares: “Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico, que el relato formulado en la denuncia y la rectificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas”. 

Con el inicio fuerte del año político, la senadora Carolina Losada se mostó esperanzada en que durante abril avanzará el proyecto de ley en comisiones y en los respectivos recintos.

Hay acompañamiento del PRO, LLA y la UCR. Quienes aún no se sacan las anteojeras ideológicas para ver con humanidad este problema, están a tiempo de informarse y quizas escuchar de primera mano a estos casos que siguen llenando auditorios y se van quebrados, porque aún siguen esperando Justicia.

Horacio Rodríguez Larreta volvió a su vieja casa: la mesa del fondo de Tabac, al lado del biorsi, donde la puerta lateral le permite entrar y salir sin tanto alboroto. Se sentó con muchos, casi todos los días, temprano, llega con el perfume de las medialunas y se va en silencio. Consultores, lobbistas, dirigentes, Felipe Miguel, todos desfilan por el café que combina política, Tinder, levante, rosca y familia en menos de doce horas. Pepín Rodríguez Simón también volvió un día. 

La Ciudad enfrenta una anomalia impensada: el PRO sabe que necesita mejorar y agrandar la pecera para evitar una derrota, sea Jorge Macri o la interna que abra si es que cede al pedido interno y la permite como presidente del PRO. La Libertad Avanza vio caer en batalla su soldado más preparado para el suelo porteño, Manuel Adorni no será candidato, pero esencialmente porque en privado dice que jamás quiso serlo. 

Fiel a su estilo, Jorge Macri le empapa la oreja seguido a su ex socio y jefe Horacio Rodriguez Larreta. Condena lo hecho en política social sobre la urbanización de las villas, desarmó la política de urbanismo y tránsito, endilga la presencia de piquetes de otros tiempos versus su logro en las calles sin cortar, todo está apuntado a Larreta. Los violetas creen que Macri muere por ser el candidato de la unidad liberal macrista en la Ciudad, pero ellos no quieren. A nadie le sobra nada, tal vez sean los tiempos de postergar la pedantería y reemplazarla por la escucha humilde.

Así entonces, Jorge Macri ahora exporta una figura de tolerancia cero al delito y alcalde mano dura de ciudad cosmopolita que le arrimó un consultor privado en un paper tiempo atrás en forma gratuita. “Serás Giuliani o no serás nada”, le dijeron y tomó el consejo al pie de la letra. Echa usurpadores de propiedades, comunica intolerancia a los intolerantes con un discurso complejo que mira de cerca el rechazo a los pobres y extranjeros en un distrito fuertemente poblado. 

El PRO tuvo mejores momentos, casi todos los que gobernó fueron mejores, pero no es el único, la política en general está rota en la Ciudad. Horacio Rodríguez Larreta teje de día pero de noche descansa, no desarma nada. Cree que las PASO amarillas no le suman, que en su FODA personal está el buen recuerdo del intendente gestor imparable que sabe qué pasa en cada cuadra y que escucha a todos. Así llegó a construir un bloque de reforma constitucional automática, un volumen sin precedentes en el distrito que hoy ni es ni un sueño. 

La Coalicion Civica es un recuerdo, el radicalismo ya se calzó el disfraz de rémora para ver qué oceano le toca nadar, el Peronismo está en silencio pero sueña con Larreta, La Cámpora es una mala palabra y ni los líderes opinan de política, la izquierda siempre será la izquierda, no más que eso. 

Volviendo a Horacio. Todo voló por los aires, su campaña presidencial no fue lo que soñó, el PRO le ganó la interna a Martín Lousteau por un pelo y finalmente Jorge Macri llegó a gobernar por quinta vez consecutiva la Ciudad en nombre de los amarillos. Macri tiene el apellido más ganador de la historia, un perfil de hombre duro y va a ser papá, en un votante como el porteño, le sobran motivos para ganar y para perder, depende cómo comunique su campaña, algo que podría ser mucho mejor de lo que es. 

Ahora bien, ni el PRO es lo que era, ni Horacio es el PRO, ni los violetas tienen chances de ganar solos si no tienden puentes en vez de destruir los que hay. La marca nacional violeta también tiene esquirlas con formas de libra, Adorni, Andis y vuelos privados que no colaboraron con el posicionamiento de una marca que nació para repudiar los beneficios de los políticos y rápidamente se vio envuelta en situaciones de dudosa originalidad. 

Pilar Ramirez no quiere ser aunque es el cuadro más complejo y empezó un raid de bajadas con vecinos que tiene contentos a los hermanos Milei. Es agradable, no estridente, es un cuadro técnico que siembra sin pausa y representa un votante no progresista pero republicano y sin despreciar ni insultar a nadie.  Manuel Adorni ni quiere ni puede ser, y Patricia Bullrich puede ganar sin problemas, pero antes deberá hacerse de la confianza de Karina Milei, un oxímoron. Un trasnochado podría recordar que Martin Menem es un porteño con domicilio porteño, estilo porteño y apellido que hoy cotiza más que la mayoría de los apellidos políticos. 

Si Larreta acepta las PASO que propone un sector del PRO, le aporta el voto progresista no duro ni derecha que logró arrimar tiempo atrás y que se ve espantado cuando Macri habla de tolerancia cero y prioridad de los porteños. El peligro del PRO es entonces la reedición de un cordón humanitario a la francesa que una a Daniel Angelici, por ende Nosiglia, la Coalición Civica, el radicalismo más allá de lo que quiera Martín Lousteau, parte del PRO que no se identifica con Jorge Macri y logre meterse en un balotaje. Algo que perfectamente puede pasar y Macri lo sabe. 

Clara Muzzio corre por su cuenta, la relación con Jorge Macri es institucional y el vuelo propio de la vice jefa se percibe en cada acto. Toma café con vecinos, pregunta y responde en carácter personal y avanza. Soporta estoica el vaciamiento de absolutamente todo lo que le pueden vaciar desde el jorgismo y cultiva un perfil de mujer desarrollada, liberal y mano dura que en Capital es algo seductor. 

Horacio Rodriguez Larreta hizo una excelente elección, sin los “fierros” millonarios que supo tener, con los medios tradicionales haciéndole bullying constantemente y un perfil de dirigente calmo y metódico en una Argentina estridente e dinámica, logró cinco diputados en blanco y otro tanto en voz baja. Más de un legislador porteño habla, se reúne y arma agenda con Larreta mientras jura pleitesía a algún otro. 

Será Larreta y su campaña el que decida el rumbo del año electoral porteño: será con o contra Jorge Macri. Será una campaña en soledad o con todo el cordón humanitario. 

Hay algo profundamente irónico —y peligrosamente ridículo— en ver cómo quienes se autoproclaman defensores de derechos terminan convirtiéndose en administradores del silencio. El progresismo, ese movimiento que alguna vez se vendió como la vanguardia de la libertad, parece haber desarrollado una curiosa alergia a la libertad de expresión… siempre y cuando esa expresión no coincida con su catecismo.

Porque de eso se trata, en el fondo: no de ampliar derechos, sino de delimitar cuidadosamente cuáles son aceptables y cuáles deben ser castigados. Una especie de libertad con manual de instrucciones. Una libertad condicionada. Una libertad, en definitiva, bastante poco libre.

Tomemos un caso emblemático en Argentina: la sacralización de una cifra. Los “30.000 desaparecidos”. Un número que, más allá de su carga simbólica y política, ha sido elevado a la categoría de verdad indiscutible. Tanto, que cuestionarlo —no negarlo, cuestionarlo— puede derivar en sanciones, multas o escraches públicos. Durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se impulsaron normativas que abrían la puerta a sancionar expresiones consideradas negacionistas en el ámbito educativo.

El mensaje es claro: hay temas que no se discuten. No porque estén completamente saldados desde el punto de vista histórico, sino porque han sido blindados políticamente. Y ahí es donde la cosa se pone incómoda. Porque cuando una sociedad deja de debatir por miedo a la sanción, deja de ser una sociedad libre para convertirse en una donde el consenso se impone por coerción, no por convicción.

Pero no hace falta quedarse en Argentina para ver este fenómeno. En Brasil, el caso de una abogada que realizó un gesto imitando a un chimpancé en una discusión se convirtió rápidamente en un escándalo judicial, con pedidos de prisión incluidos. Más allá de lo desagradable o repudiable del gesto, la pregunta incómoda es otra: ¿desde cuándo la estupidez es un delito penal?

Porque ese es el punto. No se trata de defender el contenido de ciertas expresiones —muchas son ofensivas, desagradables o directamente idiotas— sino de defender el principio de que el Estado no puede convertirse en árbitro de lo que se puede o no decir sin abrir la puerta a abusos mucho más graves.

Y ejemplos sobran.

En distintos países occidentales, se han multiplicado los casos de personas sancionadas, multadas o incluso detenidas por comentarios en redes sociales. En algunos lugares de Europa, hacer chistes considerados ofensivos puede derivar en consecuencias legales. En Canadá y el Reino Unido, hay antecedentes de investigaciones policiales por “discursos de odio” que incluyen desde opiniones polémicas hasta comentarios irónicos mal interpretados.

El problema no es solo jurídico. Es cultural.

Se ha instalado la idea de que ciertas sensibilidades deben ser protegidas por ley. Que el derecho a no sentirse ofendido está por encima del derecho a expresarse. Y eso, llevado al extremo, convierte a la sociedad en una especie de campo minado donde cualquier palabra puede detonar consecuencias.

Pero lo más contradictorio es que esta lógica convive con un discurso permanente sobre la igualdad.

Porque si algo queda claro en este esquema es que no todos son iguales ante la ley. Hay discursos permitidos y discursos prohibidos. Hay personas que pueden decir ciertas cosas y otras que no. Hay ideologías que gozan de protección y otras que son directamente penalizadas.

La igualdad, entonces, deja de ser un principio para convertirse en una herramienta selectiva.

Y eso es profundamente peligroso.

Porque cuando la ley deja de ser neutral y empieza a reflejar preferencias ideológicas, deja de ser ley en el sentido pleno. Pasa a ser otra cosa: un instrumento de disciplinamiento.

Y la historia —esa que algunos quieren convertir en intocable— está llena de ejemplos de cómo termina eso.

La defensa de la libertad de expresión no es una defensa de lo agradable, ni de lo correcto, ni de lo políticamente conveniente. Es, justamente, la defensa de lo incómodo. De lo que molesta. De lo que incomoda al poder, sea del signo que sea.

Porque si solo podemos decir lo que está permitido, entonces no estamos hablando de libertad.

Estamos hablando de permiso.

Y lo mismo aplica a la igualdad ante la ley. No puede ser un principio flexible, adaptable según quién habla o qué dice. O somos todos iguales, o no lo es nadie.

Perder cualquiera de estas dos cosas —la libertad de expresión o la igualdad ante la ley— no es un detalle menor. Es el inicio de algo mucho más serio.

Y lo más irónico de todo es que ese camino suele empezar con gente convencida de que está haciendo exactamente lo contrario.

Lo anunció Newstad y se confirmó. Marcela Pagano habita el ostracismo desde la ira tuitera, ahí donde parece hoy haber desembarcado la política. Hoy fuera del bloque de LLA y buscando dónde desembarcar, usa sus redes para condicionar al Presidente con sus habituales amenazas. El objetivo: el desplazamiento de Alejandro Ciro Álvarez. El detonante: un posteo de la abogada Giselle Robles que desató la furia de la ex periodista.

La interna libertaria escaló ayer a un nivel de peligrosidad institucional inédito que incluyen a Javier Milei tras una jornada de violencia tuitera total. Marcela Pagano, ex integrante del bloque de La Libertad Avanza, lanzó una ofensiva pública contra el Ejecutivo que en los pasillos de la Casa Rosada no dudan en calificar como una extorsión lisa y llana. Pagano juega su juego: la violencia y la extorsión sin argumentos. 

Lilia Lemoine anunció en 2024 la situación de Pagano al querer quedarse con la comisión de Juicio Político en Diputados. Allí nació la hipótesis de la traición asesorada por Giselle Robles, una abogada que hoy es parte de la investigación sobre el financiamiento y las movidas de Pagano y su marido. Lemoine apuntó a Pagano, que dejó el bloque liberal primero y mutó a opositora férrea denunciando a Martín Menem y amenazando a cuanto dirigente liberal tuvo enfrente con tuits ofensivos y extorsivos. 

El blanco de la diputada es Alejandro Ciro Álvarez, actual Subsecretario de Políticas Universitarias y pieza de confianza en el armado oficial. Según se desprende de la actividad de Pagano en X, la legisladora exige su salida inmediata. El detonante de este "apriete" digital fue un posteo previo de Giselle Robles, la abogada vinculada a Lilia Lemoine, que habría tocado fibras sensibles del entorno de Pagano. Robles publico información precisa del pasado de Bindi, que quedó expuesto él y Alejandro Ciro Alvarez.

Lo que eleva el tono de esta disputa por encima de una simple interna partidaria es el trasfondo de Pagano. Casada con el abogado Franco Bindi, la diputada habita un ecosistema de relaciones que inquieta a la inteligencia local. A Bindi se lo vincula históricamente con terminales de servicios de inteligencia y con aceitados nexos diplomáticos y comerciales con el eje Rusia-Irán-Venezuela-Bolivia. Pagano es su pareja y vocera, hace las veces de interolcutora con los países con los que Bindi busca hacer negocios. 

Esta red de contactos internacionales y acceso a información sensible es lo que le da a la presión de Pagano un cariz oscuro. No es solo una diputada pidiendo un cambio de gabinete; es un sector con terminales en el espionaje internacional enviando un mensaje directo al despacho de Javier Milei.

En la vereda de enfrente, la resistencia al avance de Pagano está liderada por la "leal" Lilia Lemoine. Su abogada, Giselle Robles, fue quien encendió la mecha con una publicación que Pagano leyó como una declaración de guerra. Robles se ha convertido en la estratega legal que el oficialismo utiliza para blindar a sus funcionarios del asedio de quienes, habiendo pertenecido al espacio, hoy operan desde las sombras.

El mensaje de Pagano en redes no deja lugar a segundas lecturas: es una demostración de fuerza dirigida a que el Presidente elija entre sostener a Ciro Álvarez o enfrentar las consecuencias de lo que la diputada y su entorno puedan filtrar o accionar desde el Congreso. El Gobierno, por ahora, mantiene un silencio tenso, evaluando hasta dónde llega el poder de daño del tándem Pagano-Bindi.

La demanda total de energía eléctrica de nuestro país tuvo en el mes de febrero una disminución del 8,9 % respecto al mismo mes del año 2025 con temperaturas en este mes algo inferiores (0,8° Centígrados) respecto a las del mismo mes del año pasado.

Pero, la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios (sobre la que tiene muy poca influencia la temperatura), tuvo una disminución del 7 % (sin incluir a Aluar), respecto de febrero del año pasado.

La demanda de energía eléctrica del sector industrial tuvo también una fuerte caída del 6,9 %. Esto último es un indicador confiable de que no ha comenzado la recuperación de la actividad industrial ni del empleo en nuestro país.

Hay una relación directa entre la demanda de Grandes Usuarios del MEM (GU) registrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero). Este último incluye el relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria manufacturera, con cobertura para el total del país.

El IPI mide la evolución del sector con periodicidad mensual y se calcula a partir de las variables de producción, ventas, utilización de insumos, consumo aparente (todo en unidades físicas), cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas

Por lo tanto, el comportamiento de la demanda de grandes usuarios nos indica la situación real de la industria en nuestro país.

Debemos tener en cuenta que la disminución de la producción industrial no necesariamente refleja una crisis estructural de las empresas sino la perdida sostenida de la capacidad de consumo de la población que, a su vez, arrastra a la industria.

Es en la gente, no en las empresas, donde comienza la crisis, aunque a veces suceda a la inversa.

Este mes las industrias han tenido una fuerte disminución de su demanda de electricidad y también, disminuyo aun en mayor magnitud la demanda de la rama de Alimentación, Comercio y Servicios lo que indica que la crisis ya llego a la calle.

Es importante aclarar que en el caso de la demanda de electricidad de los GU y de la industria se suele excluir a la demanda de la industria Aluar porque el valor de demanda de esta Empresa que registra CAMMESA es solo lo que adquieren en el Mercado Eléctrico Mayorista y este valor, aunque es muy importante, no depende solo de su actividad, sino de su generación propia.

A continuación, se puede apreciar la evolución de la demanda de energía eléctrica del conjunto de los grandes usuarios de febrero de este año respecto del mismo mes del año anterior.

Fuente de los datos: Informes de Demanda de grandes Usuarios del MEM de CAMMESA de febrero del 2026

Se observa que, en el mes de febrero del año 2026, la demanda de electricidad de los GU (sin incluir a Aluar), presentó una disminución del 7 % respecto al mismo mes del año 2025. 

Si bien se ve una caída en la mayoría de las actividades, se destacan principalmente la caída de la demanda eléctrica en aquellas actividades relacionadas con la rama industrial especialmente en la producción de bienes como las relacionadas a la, “industria textil” (-29,3 %), la gran siderurgia (-18,2 %), “de la construcción” (-10,9 %) y la automotriz (-10%).

Esta disminución de la demanda eléctrica en los distintos sectores de nuestra actividad industrial es un reflejo de una mayor caída en el nivel de actividad de estos sectores y que, aunque con algún retraso, también en el nivel de empleo y en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país.

Especialmente en aquellos sectores más vulnerables, dado que este deterioro profundiza su vulnerabilidad, por lo que requieren de políticas sectoriales que apuntalen su desarrollo.

Debemos destacar que la disminución de la producción no necesariamente refleja una crisis estructural en las empresas, aunque esta crisis exista, sino que indica: la perdida sostenida de la capacidad de consumo de la población y que esta a su vez arrastra a la industria.

*Francisco Carlos Rey es Investigador consulto y ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

La Ley Nacional 26.639, sancionada originalmente en el año 2010, estableció un paradigma de vanguardia a nivel mundial en materia de derecho ambiental. Su objetivo central fue preservar las masas de hielo y sus entornos como reservas estratégicas inalienables de recursos hídricos, garantizando el consumo humano, sosteniendo la agricultura de los oasis cordilleranos, permitiendo la recarga de las cuencas hidrográficas y asegurando la protección de la biodiversidad de alta montaña.

La Ley ordenó la creación del Inventario Nacional de Glaciares. Esta tarea, quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que, con financiamiento estatal, debía cartografiar el hielo del país. Publicado oficialmente de manera completa en 2018, este inventario logró identificar y caracterizar científicamente un total de 16.968 cuerpos de hielo, abarcando una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados a lo largo de toda la extensión de la Cordillera de los Andes.

Sin embargo, desde el mismo instante de su promulgación, la ley fue cuestionada por los sectores corporativo, extractivo y financiero. Luego de una larga batalla judicial, en la cual el Juzgado Federal N.º 1 de San Juan llegó a conceder medidas cautelares que suspendían artículos clave de la Ley 26.639 para proyectos mineros, la Corte Suprema dictó un fallo histórico ratificando su plena constitucionalidad, validando así el "bloqueo" a la actividad extractiva en las áreas protegidas por la ley.

Clausurada la vía judicial, el sector corporativo y sus aliados políticos redirigieron sus esfuerzos hacia la modificación de la ley. El nuevo capítulo de esta pugna se inauguró a principios de 2026.

El 26 de febrero de 2026, en un trámite exprés, el Senado de la Nación aprobó, con 69 votos afirmativos y 3 negativos, un proyecto de reforma que transfiere a las jurisdicciones provinciales una mayor laxitud institucional para autorizar actividades extractivas si logran demostrar —mediante estudios que las propias empresas suelen financiar— que no se ve afectado el recurso hídrico, invirtiendo de manera alarmante el principio precautorio que rige de forma supranacional el derecho ambiental. También queda a cargo de las provincias determinar qué glaciares o ambientes periglaciales merecen protección.

La inminencia de un dictamen exprés en las comisiones de la Cámara de Diputados, que el oficialismo pretendía firmar el 11 de marzo para llevar al recinto a mediados de mes, encendió las alarmas de la sociedad civil organizada. Diferentes organizaciones, junto con legisladores de bloques opositores, exigieron a las autoridades de la Cámara Baja la apertura de una instancia participativa, pública y de información transparente, de alcance federal.

Ante esta presión social, el oficialismo cedió parcialmente. En la reunión plenaria del 4 de marzo de 2026, las autoridades de las comisiones competentes —la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado José Peluc (La Libertad Avanza), y la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)— acordaron formalmente convocar a una audiencia pública para debatir el proyecto en revisión.

El registro de participantes se habilitó el 5 de marzo a través de un formulario disponible en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, con fecha límite para la inscripción el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas. Lo ocurrido en las dos semanas siguientes fue un hecho político sin precedentes. En un fenómeno de participación masiva sin antecedentes en la historia legislativa de la República Argentina y probablemente del mundo, el padrón oficial cerró con un asombroso récord histórico: más de 100.000 habitantes de todas las latitudes del país completaron el formulario con sus datos personales, exigiendo ser escuchados en el recinto.

Lejos de celebrar este compromiso ciudadano y adaptar el cronograma del Congreso de la Nación para dar cauce institucional a este fenómeno democrático, las autoridades de las comisiones optaron por una estrategia de restricción y censura. Al constatar que el aluvión de inscripciones haría matemáticamente imposible despachar la ley en los tiempos políticos, se desató una cascada de irregularidades procedimentales sin precedentes.

La primera maniobra de clausura institucional se llevó a cabo el martes 10 de marzo de 2026. En pleno período legal de inscripción, la página web oficial de la Cámara de Diputados sufrió una modificación informática subrepticia y unilateral. Las personas que estaban siendo registradas y que habían recibido su confirmación dejaron de ser denominadas "participantes inscriptos" para pasar a ser catalogadas, bajo un nuevo y sugerente rótulo, como "solicitantes de inscripción". Esta grave alteración semántica transformó de un plumazo lo que era un derecho constitucional adquirido de participación en una mera expectativa de derecho, sujeta ahora a la total discrecionalidad y al poder de veto de las autoridades de las comisiones

Apenas 48 horas después, el jueves 12 de marzo, los presidentes de las comisiones (los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz) decidieron, de forma unilateral, que solo se concedería el uso de la palabra oral a un grupo minúsculo. Para eso, inventaron un criterio de selección basado exclusivamente en el orden cronológico estricto de inscripción, determinando que solo hablarían "los primeros inscriptos de cada jurisdicción" provincial. Este mecanismo implicaba, en los hechos, la exclusión absoluta del 99,8% de la población registrada.

La consumación final del cercenamiento masivo del ejercicio de hacer uso de la palabra en la audiencia pública se materializó el mismo viernes 20 de marzo cuando decenas de miles de ciudadanos inscriptos recibieron un mensaje, firmado conjuntamente por los diputados Peluc y Mayoraz, informando que, "atento al número de inscriptos”, la intervención directa quedaba suprimida y que la participación de los destinatarios se concretaría obligatoriamente en dos modalidades alternativas impuestas. Por escrito, mediante el envío de un documento de texto al correo electrónico de la comisión. Y por audiovisual a través de un video grabado por sus propios medios.

Esta decisión administrativa vació por completo de contenido la figura jurídica y política de la "Audiencia Pública", sustituyendo la esencia de la deliberación sincrónica, el debate oral cara a cara, el derecho a réplica y la inmediatez —elementos constitutivos insustituibles de esta instancia participativa— por un mero buzón de sugerencias digital, asincrónico y unidireccional.

Estas decisiones altamente discrecionales desencadenaron respuestas jurídicas e institucionales inmediatas. Un bloque transversal, integrado por once diputados nacionales, presentó un contundente documento formal de 16 páginas que impugnó la totalidad de la audiencia. 

Paralelamente y en una carrera contra el reloj, se presentaron varios amparos colectivos cuyas cautelares fueron rechazadas. Aún queda pendiente de resolución un amparo colectivo presentado en defensa de los inscriptos domiciliados en la Provincia de Buenos Aires, que se tramita en el Juzgado Federal de La Plata N° 2, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

La Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, representada por Roberto Daniel Rodríguez y el ingeniero Néstor Pedro Lastiri, obtuvo una sentencia favorable para participar en la Audiencia Pública.

De los más de 100.000 inscriptos originalmente registrados, sólo fueron habilitados para exponer 444 personas. De ese padrón hiperfiltrado, finalmente 207 personas lograron hacer uso efectivo de la palabra en tiempo y forma (lo que representa la irrisoria cifra de aproximadamente un 0,2% del padrón original total). A continuación, presentamos los resultados de las intervenciones duranta la audiencia:

·         Cantidad EN CONTRA de la reforma de la Ley de Glaciares: 183 (88.4% del total).

Cantidad A FAVOR de la reforma de la Ley de Glaciares: 22 (10.6% del total).

Cantidad NEUTRAL / Técnico: 2 (1%).

Cantidad que CUESTIONÓ LA METODOLOGÍA de la Audiencia Pública: 163 (Aprox. 78.7% del total). La abrumadora mayoría de los participantes manifestó que la audiencia era un "simulacro", una "farsa", que incumplía con el Acuerdo de Escazú, con la Ley de Ambiente y con el Convenio 169 de la OIT, denunciando sistemáticamente que se había censurado a más de 100.000 ciudadanos inscriptos.

La farsa de la audiencia no solo excluyó a más de 100.000 inscriptos de la posibilidad de hacer uso de la palabra, sino que además adulteró los listados de los supuestos “primeros inscriptos habilitados para hablar”. Y así fue como personas que estaban anotadas en la audiencia, pero que no habían sido seleccionadas para hablar, lograron hablar. Lo insólito es que les permitieron el uso de la palabra a personas que ni siquiera se habían inscripto en la audiencia, casualmente, la mayoría de ellos, representantes del lobby minero sanjuanino. 

La pretendida y publicitada "modalidad audiovisual" —que consistía en el mandato de subir videos personales al canal de YouTube de la Cámara— resultó ser un rotundo y humillante fracaso en la accesibilidad técnica, operativa y democrática. Según relevamientos posteriores, apenas un microscópico 0,07% de los ciudadanos marginados de la oralidad presencial logró cargar sus ponencias con éxito en la plataforma oficial.

La República Argentina, en ejercicio pleno de su soberanía, ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo dictamina que los procesos participativos deben cumplir con estándares mínimos: deben ser indiscutiblemente abiertos (prohibiendo censuras previas o cierres de padrón arbitrarios), profundamente inclusivos, materiales y efectivamente incidentes en la formación de la decisión, y deben instrumentarse siempre en las etapas más tempranas de la discusión.

La doctrina jurídica subraya que la "efectividad" real de la participación ciudadana exigida por Escazú no se satisface jamás con la recepción mecánica, pasiva y burocrática de un correo electrónico institucional, ni con la lectura aislada de un PDF estático de 10 carillas. La verdadera participación efectiva requiere la interacción dinámica, la inmediación física o telemática sincrónica, la oralidad y, sobre todo, la capacidad real del ciudadano de influir persuasivamente en los tomadores de decisiones (los legisladores) mediante el intercambio de argumentos en tiempo real.

Al obligar compulsivamente a decenas de miles de inscriptos válidos a utilizar modalidades asincrónicas y escritas, y a depender de plataformas privadas de video (como YouTube), el Estado argentino cercenó de raíz la naturaleza deliberativa y democrática de la audiencia, convirtiéndola en un grotesco simulacro burocrático y receptor.

El mensaje es inequívoco: si el Congreso de la Nación Argentina decide avanzar y sancionar la reforma legislativa apoyándose de forma irresponsable sobre los cimientos de una audiencia pública ostensiblemente viciada de nulidad desde su concepción, la nueva ley de glaciares nacerá a la vida jurídica envuelta, desde el día uno, en un espeso manto de ilegitimidad procedimental y constitucional. Y como consecuencia lógica y previsible, la norma será impugnada en su aplicación concreta, artículo por artículo y proyecto por proyecto minero, en una interminable guerra de desgaste judicial.

*La Ing. Eva Koutsovitis. es docente e investigadora de la FIUBA. Fundadora de El Movimiento La Ciudad de Buenos Aires. * El abogado Jonatan Baldiviezo es Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad

En un contexto de volatilidad internacional del precio del petróleo, YPF decidió mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, una medida que fue acompañada por otras petroleras y que, en la práctica, configura un esquema de contención en el mercado local. La decisión apunta a evitar un traslado inmediato de las subas internacionales al surtidor y sostener el nivel de consumo interno.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia busca amortiguar el impacto de la coyuntura externa: “Decidimos crear un buffer (amortiguador) para que el consumo no baje”. En la misma línea, afirmó que “YPF va a mantener los precios estables durante 45 días”, al tiempo que aclaró que no se trata de un congelamiento formal: “No hay ni precios fijos ni subsidios”.

La iniciativa surge en un escenario de caída de la demanda tras los últimos aumentos y refleja un rol activo de la petrolera estatal: “Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, explicó Marín.

Vista Energy colocó 500 millones de dólares en el mercado internacional mediante obligaciones negociables a largo plazo, en una operación que fortalece su plan de crecimiento en Vaca Muerta. La compañía busca consolidar su perfil exportador y aumentar su producción de petróleo no convencional en los próximos años.

El acceso al crédito externo confirma el interés de los inversores por el potencial del shale argentino, en un contexto donde Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento del sector energético. La estrategia de la empresa apunta a escalar producción y aprovechar la ventana de precios internacionales.

Pampa Energía logró captar 200 millones de dólares en el mercado local a través de obligaciones negociables, con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial. Los fondos estarán destinados a financiar inversiones en proyectos vinculados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

El resultado refuerza la idea de que las compañías con activos en Vaca Muerta mantienen acceso al financiamiento y capacidad de expansión.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".

El sector de energías renovables avanza en la promoción de un proyecto de Ley de Transición Energética, con el objetivo de establecer reglas claras y de largo plazo que impulsen inversiones y aceleren la descarbonización de la matriz energética. La iniciativa es impulsada por actores de la industria que buscan mayor previsibilidad regulatoria.

El proyecto plantea no solo beneficios ambientales, sino también económicos, al facilitar el ingreso de financiamiento internacional y permitir una mejor utilización de los recursos energéticos del país. En ese marco, la transición energética aparece como un complemento al desarrollo de Vaca Muerta, en un esquema que combina expansión hidrocarburífera con diversificación hacia fuentes limpias.

Ahora todos figen demencia, pero en el mundillo de trabajadores de salud las “Propofest” eran por lo menos un secreto a voces, sino hechos bien conocidos en guardias y quirófanos. Tuvo que morirse Alejandro Salazar, con una vía atada a su pie, para que se active una denuncia por robo de fármacos. 

La punta del iceberg es el Hospital Italiano. Según la trasabilidad de los fármacos encontrados en la escena fatal, el departamento del anestesiólogo en Palermo, los fármacos pertenecían a ese centro de salud privado. Pero ya es innegable que el robo de propofol y fentanilo, dos drogas intrahospitalarias cuyo riesgo de muerte es cuestión de “pasarse” dos gotas más, ocurrió (¿ocurre?) también en hospitales públicos. Ya hay por lo menos seis centros de salud de ambos ámbitos señalados en esta presunta red de ladrones de fármacos. 

Este periodista pidió alguna reflexión sobre este caso al ministerio de Salud de la Ciudad. La fuente fue tajante, quizás apresurada: “No sucedió en el ámbito de los hospitales públicos”. 

La Justicia tiene en su poder por estas horas laptos, tablets y pendrives de los imputados por estos robos: Hernán Boveri de 45 años y Delfina Lanusse de 29, ambos expulsados del Hospital Italiano. Se vendrán acusaciones cruzadas entre ellos sobre el rol de cada uno en estas “filtraciones” en ese centro. De sus domicilios secuestraron insumos médicos necesarios para estas fiestas de “viajes controlados”. 

Pero será clave lo que se encuentre en los dispositivos tecnológicos, y ni hablar en el celular del anestesiólogo fallecido: una caja de pandora de nombres y lugares sobre estas “propofest” que tenían un precio de entrada, inclusive en dólares. El precio incluía orgías y los insumos necesarios para “administrar” el propofol y el fentanilo de manera “controlada”. Un delirio en el límite constante con la muerte, el destino final de Salazar.  

Respecto de la víctima hay un dato inquietante para todos los que estuvimos y estaremos expuestos a intervenciones a lo largo de la vida. Salazar había dado positivo en un control antidoping aleatorio del Hospital Italiano y algún superior lo dejó pasar con esa frase que nunca se cumple en un contexto de consumo problemático: “que no vuelva a pasar”. Por este antecedente ya citaron a declarar a un amigo de Salazar, y habrá más médicos involucrados. 

En esta presunta red de fiestas se usa también fentanilo, llamada “la droga zombie” en Estados Unidos por los dramáticos efectos visibles luego de su uso ilegal. En Argentina el problema ya pegó fuerte, con una causa que investiga más de 100 muertes por fentanilo adulterado.

Alejandro Ayala es hermano de Lionel y una de las víctimas de este listado y reclama que con este nuevo escándalo se debe poner “el foco en una debilidad estructural que impacta directamente en la seguridad sanitaria”. En su contacto con este medio aprovecha para “reforzar el pedido de una ley nacional de trazabilidad integral  que garantice seguridad farmacologica para evitar que medicamentos de alto riesgos lleguen contaminados a hospitales, se desvíen en el mercado y se use inadecuadamente por fuerza del circuito medico”.

Este caso destapa una situación macro que requiere más abordajes. El médico emergentólogo Eduardo Arellano resalta a Newstad que “el trabajador de la salud tiene un alto estrés y no hay ninguna red pública ni privada de contención y encuentran éstas vías de escape en estos eventos que terminan bien o muy mal”.

“No hay ningún ambito de control de médicos de guardia que trabajan en turnos de 24 horas y quizás después van corriendo a otro centro de salud. Tienen bajos sueldos, acumulan estrés y encima tienen acceso a estas drogas. Todo esto implica riesgo para los pacientes”, cierra el profesional de la salud. 

Cada vez que la fragata ARA “Libertad” zarpa, no solo parte un buque: parte una tradición, una historia y una escuela flotante que lleva décadas formando a los futuros oficiales de la Armada Argentina. Este año, ese momento cargado de simbolismo tendrá un ingrediente especial: el público podrá ser parte.

La Armada Argentina lanzó un sorteo abierto que permitirá a los ganadores integrar la tripulación de una de las embarcaciones que escoltarán al emblemático buque escuela en el inicio de su 54º Viaje de Instrucción, una travesía que combina formación, diplomacia y representación nacional.

Botada en 1956 e incorporada oficialmente en 1963, la fragata ARA “Libertad” es mucho más que un buque: es un símbolo del país en el mundo. Con sus velas desplegadas y su silueta inconfundible, ha recorrido cientos de miles de millas náuticas y visitado decenas de puertos internacionales.

A bordo, generaciones de marinos argentinos aprendieron no solo técnicas de navegación, sino también valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Cada viaje de instrucción es, en esencia, una travesía formativa que combina exigencia, aventura y representación diplomática.

En cada escala, la fragata se convierte en embajada flotante: recibe autoridades, abre sus puertas al público y proyecta una imagen de Argentina vinculada al mar, la tradición y la formación profesional.

En este contexto, la propuesta de la Armada busca acercar esa experiencia al público. Por primera vez, civiles podrán acompañar la zarpada desde el agua, formando parte del operativo de escolta.

Para participar, los interesados deben cumplir con algunos pasos simples:

Dar “me gusta” a la publicación del sorteo: 

Además, los participantes deben ser mayores de edad o contar con autorización de un adulto responsable, un requisito clave para poder embarcar.

El embarque de los ganadores está previsto para el sábado 11 de abril a las 10.00 horas, en el Apostadero Naval Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde allí, las embarcaciones partirán para escoltar a la fragata en el momento de su salida, uno de los instantes más impactantes del calendario naval. Ver a la “Libertad” desplegar sus velas y comenzar su travesía es una experiencia difícil de olvidar.

El nuevo Viaje de Instrucción tendrá una duración aproximada de seis meses. Durante ese tiempo, la fragata arribará a nueve puertos extranjeros ubicados sobre la costa este del continente americano, consolidando su rol como embajadora argentina.

A bordo viajarán los guardiamarinas que completan su formación, enfrentando desafíos reales de navegación, convivencia y disciplina. No es solo un recorrido geográfico: es un proceso de transformación personal y profesional.

La iniciativa de la Armada no es solo una propuesta recreativa. Es también una forma de acercar a la sociedad a una institución muchas veces percibida como distante, mostrando su funcionamiento, sus tradiciones y su importancia.

Participar del sorteo implica la posibilidad de vivir en primera persona un momento que, hasta ahora, estaba reservado casi exclusivamente al ámbito naval. Ser testigo directo de la partida de la fragata es, en definitiva, asomarse a una de las tradiciones más profundas del país.

Porque cuando la ARA “Libertad” deja el puerto, no solo inicia un viaje: renueva un legado que une historia, formación y mar bajo una misma bandera.

Zuccardi Valle de Uco celebra el décimo aniversario de su bodega ubicada en Finca Piedra Infinita, en Paraje Altamira, en el sur del Valle de Uco. Inaugurada en marzo de 2016, la bodega representa un hito en la historia de la familia Zuccardi y una nueva forma de entender la vitivinicultura en la región: desde el viñedo hacia la bodega.

El proyecto comenzó muchos años antes de su inauguración. La plantación de Finca Piedra Infinita se inició en 2009 y, a partir del trabajo en el viñedo y del descubrimiento de la extrema diversidad de sus suelos, surgió la necesidad de construir una bodega especialmente diseñada para vinificar cada parcela por separado, con precisión y respetando la identidad de cada suelo. La construcción comenzó en 2013, concebida como una aliada en la interpretación del lugar.

“Nos gusta pensar que la bodega nació en el viñedo. Siempre pensamos la bodega desde afuera hacia adentro: desde el viñedo hacia la enología”, explica Laura Principiano, Head Winemaker.

Diseñada para realizar microvinificaciones de cada tipo de suelo, la bodega utiliza el concreto como material principal, un material natural que permite fermentar y criar los vinos en contacto con materiales naturales provenientes de la tierra y el agua del lugar, como parte de la búsqueda por interpretar con fidelidad la identidad del Valle de Uco.

En estos diez años – un período relativamente breve en el mundo del vino – Zuccardi Valle de Uco ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la vitivinicultura mundial. La bodega fue elegida tres años consecutivos como World’s Best Vineyard, ingresando en 2022 al Hall of Fame de este ranking internacional. Además, once de los vinos elaborados allí han obtenido la calificación perfecta de 100 puntos por parte de los principales críticos internacionales.

Para Sebastián Zuccardi, Winemaking Director, estos reconocimientos no fueron un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia del camino recorrido: “fueron algo que nos pasó a través de la búsqueda de hacer lo mejor posible en el lugar donde estábamos cultivando. Estos reconocimientos ayudan a visibilizar lo que hacemos y también a visibilizar nuestra región como uno de los terroirs más destacados del mundo.”

“Estos diez años representan el trabajo de tres generaciones viviendo en el lugar, soñando con el lugar y creyendo en este lugar”, expresa Zuccardi. Representan la continuidad de un camino que comenzó en el Valle de Uco hace más de una década y que seguirá hacia el futuro.

Zuccardi Valle de Uco es hoy más que una bodega: es la expresión de un paisaje, de sus suelos, de su montaña y de la convicción de una familia que cree que los grandes vinos nacen en el viñedo.

www.zuccardiwines.com

¡Chin Chin!

Recuerdo con una mezcla de estupor y nostalgia la mañana en que nos juntamos con mis compañeros de primaria a juntar chocolates. Recuerdo también la inocencia con la que tratábamos de enviar en cada envoltorio la misma cantidad de gramos, como para ser justos con cada soldado. Con el tiempo, me di cuenta de que ese acto de justicia fue tal vez el único o el último que la sociedad había tenido con esos chicos que nos defendían del invasor.

La Escuela Gendarmería Nacional de la calle Juan Agustín García, en la que se cobijaba mi infancia, se había hecho eco, como tantos otros colegios, de la idea de dedicar algunas jornadas a enviar chocolates y cartas a los soldados. Necesitaban armas, abrigo, órdenes coherentes y nosotros les enviamos chocolates y dibujitos.

Con la inocencia de los doce años, llenos de esperanza, en la certeza de que estábamos ganando y envueltos en la ignorancia de creer que el imperio británico no iba a venir desde tan lejos a reclamar lo que habían robado, algunas decenas de chicos de primaria resolvieron hacer patria de la manera en que podían. En mi caso, además, era la oportunidad de estar cerca de Ana María, aquel amor esquivo del que ya hablé en esta columna. Lo cierto es que esa mezquina idea de armar paquetitos de dulces al lado de la compañera que me gustaba, más la posibilidad de dejar de sufrir con las matemáticas, puso un poco de manifiesto esa idea de que la guerra nos parecía a todos algo distante. Como un juego que, amparados en la seguridad de Buenos Aires, nunca íbamos a padecer. Porque estábamos lejos. 

Tan lejos como el principito de Buckingham o la casa de Alexander Haig. Para nosotros, la guerra era una aventura lejana, una película de las de antes, pero con nuestros colores. Y esos chocolates en bolsitas de nylon, y esas cartas, iban a ser recibidas por soldados que eran para nosotros gigantes invencibles protagonistas de una película que iba a tener final feliz.

A medida que la mañana pasaba con Ana María siempre distante y mientras las Titas y las Rhodesia se iban en tándem con los alfajores Milkybar, había algo en el aire de ese otoño que no terminábamos de entender, pero que nos llenaba el pecho de orgullo. Mis compañeros y yo teníamos la edad en la que dejábamos de jugar a los soldaditos para empezar a mirar el mapa con una seriedad impostada, creyendo que el destino del mundo pasaba por el patio de la escuela. Después, cuando meses más tarde la derrota nos puso delante de la verdad revelada, todo fue desengaño.

Recuerdo el frío de esa mañana que, más que para bufanda y guantes de lana, era como un frío conceptual que salía de la radio, de las voces graves que hablaban de una gesta mientras nosotros, en el recreo, jugábamos a ser Kempes en el Mundial 82. Recuerdo también, aunque vagamente, ver al director de la escuela, un tal Tomasi, ayudando con alegría en la logística de los chocolates. Y, en un instante, emerge de mi memoria su imagen en la Dirección. Leía el diario en silencio, encorvado sobre la tinta, con el ceño fruncido impuesto por lo que sucedía en Puerto Argentino, mientras el humo de su pipa dibujaba formas que a mí me parecían barcos hundiéndose en el techo del colegio.

En Villa Luro, las ventanas comenzaron a vestirse con las banderas que estaban guardadas desde el Mundial 78. Pero igual había una vibración sorda que no llegábamos a comprender. Creíamos en la victoria con la fe ciega de los que todavía no conocen la trampa de las palabras. De a poco, la sensación fue cambiando. El chocolate que mandábamos sabía más amargo. Las noticias empezaron a llegar con cuentagotas y el tono de la tele se volvió bastante más denso, más oscuro, parecido al cielo antes de la tormenta. Como ya no jugábamos a los soldaditos, empezamos a mirar a los pibes de veinte que caminaban por la calle con otros ojos, porque sabíamos que ellos podían ser los de las fotos. La inocencia se nos estaba escurriendo por las costuras de los bolsillos.

Desde nuestros doce años, lo que más nos costaba digerir no era la estrategia militar o el alineamiento de Estados Unidos con el enemigo, sino la prepotencia de lo ajeno. Para nosotros, el mapa de la Argentina en el manual de Geografía no era una opinión política, era una suerte de dibujo sagrado, como el patio de casa o el frente de la escuela. Y de repente, ese imperio que sólo conocíamos por los Beatles o por las invasiones de 1806 y 1807 que luego leeríamos en el libro de Ibañez, se volvía real, tangible y gélido. Era la sensación de que alguien, con la fuerza y la soberbia de quien se sabe superior, ponía un dedo sobre nuestro mapa y decidía que ese pedazo de turba y frío le pertenecía por un derecho de fuerza que nuestra lógica infantil no lograba procesar.

Lo que dolía, además de la muerte, por esa sensibilidad a flor de piel de la preadolescencia, era la indiferencia de esa maldita bandera cruzada. Para ellos éramos (hoy también lo somos) un punto perdido en el Atlántico Sur. Un trámite administrativo. Para nosotros, Malvinas fue el despojo de un pedazo de identidad. El colonialismo es, en el fondo, una forma de decirnos que nuestros sentimientos no valen nada frente a los intereses de la corona y el acero. El imperio británico no solo nos ganó una guerra; nos robó la idea de que el mundo era un lugar donde las cosas pertenecían a sus dueños. Nos enseñó, y de la peor manera, que la geografía se escribe con la tinta de los que mandan, aunque no tengan razón. Por eso arriesgo y digo que quien admire a ese imperio merece mi desprecio.

Volvamos a la escuela. Promediando junio y séptimo grado, el invierno se nos instaló adentro para siempre. Recuerdo la cara de Tomasi, quien debía enfrentarnos mientras izábamos la bandera sin saber qué decir. Recuerdo a Ana María llorando porque el alma de su primo se había quedado para siempre en las Islas. Recuerdo un silencio largo, espeso, que cubrió el patio del colegio y las calles del barrio con una neblina que no se iba con el sol. En esos días comprendí que se podía llorar por gente que no conocías. Aprendí que los mapas también duelen. Y que la derrota era mucho más que perder unas islas que nunca habíamos pisado. Perder también fue descubrir que nos habían mentido con la misma facilidad con la que nos cuentan un cuento antes de dormir.

A los doce años, la derrota de Malvinas tuvo para nosotros un agrio sabor a hierro y sal marina. En el momento exacto en el que supimos que los chocolates y las cartas jamás llegaron, nos dimos cuenta de que el mundo ya no era un lugar seguro, que los gigantes también caen y que, a veces, los barcos no vuelven. Nos quedamos ahí, sentados en el patio del mástil, con las banderas guardadas y el alma un poco más vieja, mirando hacia el sur, mientras el frío de Malvinas se nos quedaba a vivir en los huesos. Aquel otoño, sin darnos cuenta, y aunque el almanaque decía lo contrario, dejamos de ser chicos.

El tiempo, siempre hostil y autoritario, pasó. Para algunos, mientras tanto, las heridas de la guerra fueron sanando. Pero no para todos; porque los muertos viven en la memoria indeleble de sus familias y en el lejano cementerio de las islas.

Por vergüenza, por desinterés, por miedo, por ignorancia, por política o por lo que sea, nos fuimos olvidando de la guerra y, lamentablemente, también de los veteranos y de aquellos que murieron en ella. Recordamos su valentía y su dignidad eternas sólo en días como hoy, cuando tomamos la bandera en un puño y juramos defenderla en el café de la esquina.

En fin. Así somos. Pido perdón por la parte que me toca.

Cada 2 de abril, la Argentina se detiene, recuerda y vuelve a mirar hacia el Atlántico Sur. No es solo una efeméride: es una jornada cargada de memoria, dolor y también de sentido histórico. En este 2026, al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas en 1982, la fecha invita a ir más allá del conflicto armado y a revisar una pregunta más profunda: ¿por qué las islas Malvinas son consideradas argentinas?

Para comprender esta afirmación, hay que retroceder siglos. Las islas formaron parte del sistema colonial español en el Atlántico Sur y dependían administrativamente del Virreinato del Río de la Plata. Tras la independencia, la Argentina sostuvo el principio de sucesión de Estados, según el cual heredó los territorios que pertenecían a España en esta región.

En 1820, el coronel David Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego, en 1829, el gobierno argentino designó a Luis Vernet como comandante político y militar del archipiélago. Estos actos no fueron simbólicos: implicaron administración efectiva, población estable y ejercicio de autoridad.

Sin embargo, en 1833, fuerzas británicas desalojaron a las autoridades argentinas. Desde entonces, la Argentina sostiene que esa ocupación fue ilegítima. Este punto es central: el reclamo argentino no nace en 1982, sino que tiene casi dos siglos de continuidad.

El caso Malvinas no es solo histórico: también es jurídico. La Argentina fundamenta su posición en principios del derecho internacional como la integridad territorial. La ocupación británica de 1833, realizada por la fuerza, es considerada una violación de ese principio.

Además, la Organización de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa. En 1965, la Resolución 2065 instó a la Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

Aquí aparece otro elemento clave: la Argentina sostiene que no se trata de un caso de autodeterminación clásico, ya que la población actual de las islas es resultado de una colonización posterior a la expulsión de las autoridades argentinas. En cambio, plantea que es un caso de integridad territorial interrumpida.

El 2 de abril de 1982 marcó el inicio de la guerra, pero también reforzó una dimensión emocional de la causa. A partir de entonces, Malvinas dejó de ser solo un tema diplomático para convertirse en una herida colectiva.

Los caídos, los veteranos y sus historias transformaron el reclamo en algo profundamente humano. No se trata únicamente de mapas o documentos: es también memoria, identidad y pertenencia. Cada año, la fecha convoca a homenajes en todo el país, reafirmando que la cuestión Malvinas sigue vigente en la conciencia nacional.

Otro argumento relevante es el geográfico. Las islas Malvinas están ubicadas a unos 500 kilómetros de la costa argentina, mientras que se encuentran a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido. Esta proximidad refuerza la lógica de pertenencia regional.

Además, forman parte de la plataforma continental argentina, un dato que cobra aún más relevancia en términos económicos y estratégicos, por los recursos naturales presentes en la zona.

Hablar de Malvinas es hablar de historia, derecho, geografía y política, pero también de identidad. El 2 de abril funciona como un recordatorio de que la soberanía no es solo una cuestión diplomática, sino un componente central de la construcción nacional.

A más de cuatro décadas de la guerra y casi dos siglos de reclamo, la causa Malvinas sigue siendo uno de los consensos más firmes de la sociedad argentina. Gobiernos de distinto signo político han sostenido la misma postura, lo que demuestra su profundidad.

En este 2026, la fecha vuelve a interpelar: no solo por lo que ocurrió en 1982, sino por todo lo que hay detrás. Porque entender Malvinas es, en definitiva, entender una parte esencial de la historia argentina.

El Gobierno se anota otra cucarda innegable: el INDEC confirmó una caída histórica de la pobreza al 28,2%, el nivel más bajo desde la prepandemia con el Peronismo. Sin embargo, el consumo masivo acumula diez meses en rojo y las ventas de alimentos caen casi un 9%. El abismo entre la desinflación de los activos y el costo de vida en el mostrador.

El Gobierno de Javier Milei logró lo que parecía una quimera hace un año: perforar el piso del 30% de pobreza. El dato oficial del cierre de 2025, un 28,2%, es un triunfo político innegable. Sin embargo, en los pasillos de las grandes cadenas de supermercados y en las persianas bajas de las pymes de barrio, el clima no es de festejo. Se vive una paradoja estadística: hay menos pobres por ingresos, pero el consumo no arranca. Newstad conversó con sectores de retail y expertos en ventas y marketing del sector privado: hay suspensiones y no levanta el consumo.

La explicación de esta "economía de dos velocidades" radica en la composición de la inflación. La desaceleración de los precios de los alimentos fue más rápida que la de los servicios regulados (luz, gas, prepagas y colegios). Esto permitió que muchas familias "salgan" de la línea de pobreza estadística, ya que sus ingresos cubren la Canasta Básica Total, pero su ingreso disponible para consumir más es nulo. El salario se destina a pagar deudas del mes anterior: el uso de la tarjeta de crédito para compras de supermercado creció un 15%, un claro indicador de manotazo de ahogado. Nadie progresa pagando el mínimo de la tarjeta.

El semáforo de la economía real está en amarillo a rojo. El consumo masivo cayó un 3,4% interanual en febrero, con un dato alarmante en el rubro Alimentos y Bebidas, que se desplomó un 8,7%. Las familias están recortando lo esencial y migrando masivamente hacia segundas marcas o al canal de e-commerce, que vuela un 26,5% impulsado por la búsqueda frenética de promociones y financiamiento digital.

Desde la oposición, la lectura es lapidaria. Sergio Massa, último ministro de Economía que dejó la inflación más alta de las tres décadas, calificó el dato del INDEC como una "ficción de pizarrón". "Bajan la pobreza porque bajaron el consumo a niveles de posguerra. No hay más pobres de ingresos porque la gente ya no tiene plata ni para viajar, es una paz de cementerio", disparó. La preocupación de los movimientos sociales es que la eliminación, a partir de hoy, del plan "Volver al Trabajo" (que asistía a 900.000 personas) revierta la tendencia de la pobreza en el próximo trimestre si no hay una reinserción laboral efectiva.

En el Palacio de Hacienda mantienen la calma. Sostienen que el consumo es el último indicador en reaccionar. "Primero saneamos el balance del BCRA, luego bajamos la inflación y ahora estamos en la etapa de inversión productiva vía RIGI. El consumo va a traccionar cuando el crédito hipotecario y prendario se masifique", explican fuentes oficiales. Por ahora, la realidad es un bache. Argentina es hoy un país con activos caros, inflación baja, pero heladeras que se llenan con marcas de segunda línea y promociones de "3x2". La macro festeja; la micro espera.

Las denuncias a Manuel Adorni por supuesta corrupción sigue siendo una espada de damócles para el Gobierno. El funcionario esta convencido que todo pasará y que será un mal recuerdo. Por ahora, el tema no baja y los éxitos económicos quedan parcialmente opacados por una agenda de medios que se concentra en las denuncias.

La motosierra le aportó una sonrisa al Gobierno: según las cifras oficiales del segundo semestre de 2025, la pobreza retrocedió casi 10 puntos en un año. En paralelo, el Gobierno discontinúa el programa "Volver al Trabajo" para 900.000 beneficiarios. Junto con la resolución de Nueva York por YPF, dos noticias de impacto económico positivo y directo de cara al pago de vencimiento de deuda.

En un miércoles de alto voltaje político, el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, utilizó sus redes oficiales para martillar un dato que el oficialismo considera el combustible necesario para profundizar el ajuste: la pobreza en Argentina cayó al 28,2% en el cierre de 2025. La cifra, que representa un descenso de 9,9 puntosrespecto al año anterior, coloca al país en los niveles sociales previos a la crisis cambiaria de 2018. El mensaje es claro: el modelo funciona y no hay espacio para la vuelta atrás.

Dos días atrás, el Gobierno terminó de cimentar el camino para una de sus reformas más ambiciosas. A partir de hoy, 1 de abril de 2026, deja de existir el plan "Volver al Trabajo", que otorgaba una asignación directa de $78.000 a cerca de 900.000 personas. Esta fractura con el sistema de transferencias monetarias directas expone a las organizaciones sociales a su costado débil: la pérdida total de la administración de recursos.

Desde el despacho de Pettovello confirman que el dinero será reemplazado por un sistema de vouchers educativos y formación profesional obligatoria. "No se financia más la permanencia en la pobreza, se financia la salida hacia el empleo real", sostienen en el entorno de la ministra. El objetivo es redireccionar el ahorro generado hacia el sistema de alfabetización en 7.000 escuelas vulnerables, una jugada que busca blindar el relato oficial ante las críticas por el recorte.

Para evitar filtraciones, el Ejecutivo oficializó ayer la creación de un Registro Único de Beneficiarios, una base de datos centralizada que unifica todas las prestaciones sociales. Esta medida busca eliminar las "capas geológicas" de asistencia superpuesta y garantiza que el Estado tenga el control nominal de cada peso invertido. La vulnerabilidad administrativa que caracterizó a las gestiones anteriores parece haber quedado atrás bajo una lógica de auditoría permanente.

Pese al optimismo oficial por la baja de la indigencia al 6,3%, el clima en el Conurbano sigue siendo desafiante. La eliminación del ingreso directo para casi un millón de personas en edad laboral plantea un interrogante de cara a la paz social de abril. El Gobierno apuesta a que la caída de la inflación y la reactivación en sectores como Vaca Muerta —donde la propia Pettovello inauguró recientemente un centro de formación técnica— absorban la mano de obra que queda fuera del sistema de subsidios. El legado de la "motosierra" social hoy pende de un hilo de efectividad en la reinserción laboral.

Con la mirada puesta en sostener su crecimiento y reforzar su presencia en el sector energético, Pampa Energía cerró una operación clave en el mercado financiero al conseguir 200 millones de dólares mediante la emisión de Obligaciones Negociables (ON). La colocación no solo cumplió con los objetivos planteados, sino que además evidenció un fuerte respaldo de los inversores.

La compañía había previsto inicialmente una emisión más acotada, cercana a los 100 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarla. Sin embargo, la respuesta del mercado superó ampliamente esas previsiones, lo que permitió duplicar el monto final adjudicado. En total, las ofertas recibidas superaron los 425 millones de dólares, una cifra que refleja el interés sostenido por instrumentos vinculados al sector energético.

Este nivel de demanda obligó a aplicar un prorrateo cercano al 88%, lo que da cuenta del marcado apetito inversor. El resultado dejó en evidencia la confianza que genera la empresa dentro del mercado local, especialmente en un contexto financiero desafiante.

Los fondos obtenidos estarán destinados principalmente a profundizar proyectos en Vaca Muerta, uno de los principales polos de desarrollo energético del país. El objetivo es acelerar inversiones y fortalecer la capacidad operativa de la compañía, en línea con su estrategia de crecimiento sostenido.

Desde la conducción de la empresa destacaron el impacto de la operación. El CEO, Gustavo Mariani, señaló que se trata de una colocación relevante por el volumen alcanzado, el plazo obtenido y la tasa conseguida. Además, remarcó que el resultado refleja el respaldo del mercado y permitirá mejorar la estructura de financiamiento, un punto clave para acompañar los planes de expansión.

La emisión se estructuró a tres años, con vencimiento en abril de 2029, y una tasa anual del 5,49%. Este rendimiento fue considerado competitivo dentro del escenario actual, lo que también contribuyó al atractivo del instrumento entre los inversores.

En cuanto a sus características técnicas, las ON fueron emitidas bajo un esquema “bullet”, es decir, el capital será cancelado en un único pago al momento del vencimiento. Este tipo de estructura suele ser valorado en operaciones de este tipo, ya que permite una planificación financiera más clara.

Otro aspecto destacado fue la calificación crediticia obtenida. La emisión recibió la nota “AAA(arg)” con perspectiva estable por parte de FIX, el nivel más alto dentro de la escala local. Esta calificación respalda la solidez financiera de la empresa y refuerza su posicionamiento dentro del mercado energético.

La operación se inscribe en un contexto donde las empresas del sector buscan consolidar su acceso al financiamiento para sostener planes de inversión de mediano y largo plazo. En ese marco, Pampa Energía logra posicionarse como un actor confiable para el mercado, capaz de atraer capital incluso en escenarios complejos.

El foco en Vaca Muerta no es casual. Se trata de una de las principales apuestas del país en materia energética, con un potencial significativo tanto en petróleo como en gas. El avance de proyectos en esta formación es clave para incrementar la producción y fortalecer la matriz energética nacional.

En definitiva, la colocación realizada por la compañía no solo representa una herramienta financiera, sino también una señal clara de respaldo del mercado. El volumen de ofertas y las condiciones obtenidas consolidan a la empresa como un jugador relevante en el desarrollo energético argentino, con capacidad para sostener su crecimiento y expandir su participación en los próximos años.

En un análisis que combina diagnóstico histórico y mirada estratégica, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un panorama sobre la situación de la compañía y del sector energético argentino. El eje de su exposición giró en torno a las consecuencias de la estatización de la empresa y el rumbo que adoptó la firma bajo su conducción.

Durante una entrevista reciente, el ejecutivo fue tajante al referirse al proceso de expropiación llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para Marín, aquella decisión constituyó “una violación al derecho de propiedad” que impactó directamente en el desarrollo de los recursos no convencionales. Según su visión, esa medida no solo generó un conflicto jurídico, sino que también retrasó el avance de uno de los activos más importantes del país en materia energética.

El desarrollo de Vaca Muerta aparece, en este contexto, como el gran eje del presente y del futuro de la compañía. El directivo sostuvo que las decisiones del pasado implicaron una pérdida de tiempo valioso en un momento en el que el mercado internacional comenzaba a demandar cada vez más este tipo de recursos.

Desde su llegada a la conducción de la empresa, Marín impulsó una transformación profunda en la manera de gestionar la petrolera. El cambio central radica en operar con criterios propios del sector privado, incluso dentro de una compañía con mayoría accionaria estatal.

“Trabajamos como si fuese nuestra”, expresó, al describir el enfoque que guía las decisiones actuales. Según explicó, las definiciones estratégicas se toman sin interferencias políticas directas, lo que permite concentrarse en la eficiencia operativa y en la generación de resultados concretos.

En esa línea, remarcó que la finalidad de la empresa no es cumplir un rol social, sino generar valor económico. Esta concepción llevó a rediseñar el mapa de inversiones y a abandonar áreas que no resultaban rentables.

El foco, entonces, se concentró en potenciar al máximo los desarrollos vinculados a los hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta se convirtió en el corazón de la estrategia, desplazando a otras áreas con menor rendimiento.

Las cifras que maneja la compañía reflejan la magnitud del desafío. Marín detalló que existen miles de locaciones disponibles para perforación, tanto propias como en carácter de operador. En total, el potencial de inversión asciende a unos 220.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la escala del proyecto.

A partir de este desarrollo, el CEO proyecta un cambio estructural en la economía argentina. Las exportaciones energéticas podrían alcanzar los 30.000 millones de dólares hacia 2031, impulsadas principalmente por el petróleo y el gas.

Pero el escenario podría ser aún más ambicioso. Si se consolida el desarrollo del Gas Natural Licuado, los ingresos podrían escalar hasta los 45.000 millones de dólares, superando incluso a uno de los sectores históricos de la economía nacional como el agro.

El contexto internacional también ocupa un lugar relevante en el análisis del ejecutivo. La escalada del conflicto en Medio Oriente generó un fuerte incremento en el precio del petróleo, llevando el barril Brent a niveles cercanos a los 108 dólares.

Frente a este escenario, Marín aseguró que la compañía adoptó una postura prudente para evitar trasladar completamente ese impacto a los consumidores. Según explicó, los aumentos en los surtidores representaron apenas una fracción de lo que hubiera correspondido aplicar en función de los costos internacionales.

Esta situación se vincula con una particularidad del mercado local: YPF todavía debe importar cerca del 10% del combustible que comercializa. Por eso, los precios internos dependen de variables como el valor del crudo, la carga impositiva y el tipo de cambio, más que de la inflación doméstica.

En el cierre de su análisis, el CEO se refirió al reciente fallo favorable para la Argentina en tribunales de Estados Unidos por el caso YPF. Para Marín, la resolución elimina una fuente de incertidumbre que podía representar un problema financiero significativo.

El directivo consideró que este desenlace contribuye a estabilizar el panorama de la compañía y a reforzar su proyección a largo plazo. En un contexto de redefinición del sector energético, la combinación de certezas jurídicas y estrategia empresarial aparece como clave para consolidar el crecimiento.

El diputado de La Libertad Avanza, Damián Arabia, aliado de Patricia Bullrich desde sus inicios en la política responde a Newstad cuestiones centrales en la agenda, siempre con su estilo sin eufemismos. Fue quizás esa vehemencia lo que lo llevó a ser expulsado del PRO luego de que afirmara que los partidos políticos son “una herramienta anacrónica”. 

Lo dijo siendo aquel entonces el vicepresidente del partido: “No me importa”, se sinceraba. Hoy, en momentos en los que el espacio amarillo busca ser “el próximo paso”,  considera que el PRO es “ambiguo” en sus ideas y “no se adapta a las demandas de la sociedad”. 

Defensa al presidente en la Causa $LIBRA y la postura oficial frente a la guerra en Medio Oriente. 

Newstad: ¿Qué respondés ante quienes consideran que la postura en Medio Oriente expone a la Argentina a un nuevo ataque?

Damián Arabia: La Argentina no se vuelve más segura por ser ambigua o mirar para otro lado. Al contrario. Los países que se plantan con claridad en defensa de la democracia, la libertad y contra el terrorismo son los que construyen alianzas sólidas y previsibilidad internacional. Nuestra posición no es temeraria, es coherente con valores universales y con nuestra propia historia. El verdadero riesgo es la tibieza, porque deja a los países sin respaldo ni identidad.

¿Hay riesgo para el presidente con el reflote de la causa Libra?

En la Argentina hay una tendencia a sobreactuar causas que después no prosperan. Hay que dejar que la Justicia investigue con independencia y sin especulación política. Lo importante es no usar el sistema judicial como herramienta de desgaste político permanente.

El presidente prometió una agenda parlamentaria desafiante, ¿qué es lo que más te moviliza?

Lo que está en juego es si Argentina consolida un camino de libertad o vuelve a caer en el péndulo populista. A mí me moviliza avanzar con reformas estructurales que reduzcan el peso del Estado, liberen la energía productiva y le devuelvan protagonismo al individuo. Modernización laboral, simplificación impositiva, apertura al mundo. No es una agenda técnica, es una agenda de cambio cultural.

En lo personal, ¿habrá Ley Conan este año?

Estoy trabajando para que así sea. La protección de los animales de compañía, especialmente perros y gatos, necesita un marco legal específico, moderno y efectivo. No es un tema menor ni accesorio. Habla del tipo de sociedad que queremos ser.

Sobre el relanzamiento del PRO: ¿qué te dejó y qué futuro ves?

El PRO fue una herramienta valiosa para un momento de la Argentina, pero hoy el escenario cambió. Parte de su electorado encontró en Milei una expresión más clara y menos ambigua de ideas que el PRO supo representar parcialmente. Eso no invalida su historia, pero sí obliga a una redefinición profunda.

En lo personal, me queda el aprendizaje y la convicción de que las ideas son más importantes que las estructuras. Los partidos que no se adaptan a las demandas de la sociedad terminan siendo superados.

Hay algo fascinante —casi poético, si uno tiene estómago para ese tipo de ironías— en ver cómo ciertos liderazgos que alguna vez se autopercibieron eternos terminan reducidos a una versión doméstica de sí mismos. Como esas figuras que pasan de ocupar el centro del escenario a comentar la obra desde un costado, intentando convencerse —y convencernos— de que todavía son protagonistas.

En esta versión criolla del relato, Cristina Fernández de Kirchner parece haberse convertido en una especie de figura atrapada en su propio castillo narrativo. No uno de piedra medieval, claro, sino uno mucho más frágil: el de su propia construcción discursiva. Desde allí, cada tanto, abre la ventana —o más bien Twitter— y lanza sus ya característicos “che Milei”, como si todavía estuviera en condiciones de marcar el ritmo de una música que ya no dirige.

La escena tiene algo de tragicomedia. La ex figura central del poder argentino hoy ensaya una versión comentada de la política, como si estuviera reaccionando a un programa que ya no conduce. Opina de todo. Interpreta todo. Se adjudica todo. Incluso lo que no le pertenece.

El caso YPF es un ejemplo casi perfecto de esta gimnasia narrativa. Intentar apropiarse de un resultado que responde a decisiones actuales es como llegar tarde a una obra, subirse al escenario en el último acto y reclamar los aplausos. Una mezcla incómoda entre memoria selectiva y necesidad urgente de seguir siendo relevante.

Y es en este punto donde la imagen de la reina malvada de Blancanieves encaja con una precisión incómoda.

Porque durante años, Cristina no necesitaba preguntarle nada a ningún espejo. Era, sin discusión, la figura central del reino político. Pero cuando ese lugar empieza a desvanecerse, aparece la duda. Y con ella, la necesidad de confirmación constante.

“Espejito, espejito… ¿quién es la más poderosa del reino?”

Hoy, ese espejo ya no responde lo mismo. O peor: responde otra cosa.

Y entonces llegan los tweets. Los “che Milei” funcionan como esa pregunta repetida, insistente, casi desesperada. No para interpelar al otro, sino para reafirmarse a sí misma. Como si nombrar al nuevo protagonista pudiera devolverle el lugar perdido.

Pero el espejo no miente. Y la realidad tampoco.

Mientras tanto, la Argentina real —la que no vive en relatos ni en nostalgias— sigue avanzando, con cambios económicos bruscos, tensiones sociales y una reconfiguración política que ya no gira alrededor de las mismas figuras. Un país incómodo, en movimiento, donde el protagonismo no se declama: se ejerce. Y cuando no se ejerce, se pierde.

Pero desde el castillo, la voz insiste.

“Che Milei…”

Otra vez.

Como si el eco pudiera reemplazar al poder.

Y ahí es donde la escena deja de ser irónica y pasa a ser evidente.

Porque ya no estamos viendo a alguien ejerciendo poder, sino a alguien recordándolo en voz alta.

Y eso nunca termina bien.

Cristina no es ya la reina en el trono. Ni siquiera la villana en pleno poder. Es, en todo caso, su propio nombre escrito en la arena.

Durante años, ese nombre fue enorme. Ocupó todo. Tapó todo. Parecía imposible de borrar.

Pero ahora vienen las olas.

Primero una. Después otra. Y otra más.

Y con cada avance del agua, las letras se desdibujan un poco más. Ya no tienen la misma fuerza. Ya no se leen igual. Ya no imponen.

Hasta que en algún momento —no con estruendo, sino con la naturalidad de lo inevitable— dejan de estar.

Y lo único que queda es la arena.

Alguien podría pensar que si una persona no actualiza su categoría de monotributo y otro roba la sede central del Banco Nación, ambos estarían cometiendo un delito. Distintos, pero delitos al fin. Busca entonces el guión dramaturgo del kirchnerismo y sus voceros instalar en el jefe de Gabinete de Ministros una teatralización del error. ¿Estuvo el error? Sí, sin lugar a dudas. ¿Hay un delito y un merecimiento de escarnio generalizado? Es más complejo. ¿Y si las señoras lo conocen y está todo claro, legal, acordado y sin delito? ¿Cómo se suspende el sicariato?

Manuel Adorni tiene el 31 de mayo la presentación de su declaración jurada como funcionario público, algo que no era hasta hace poco. Allí se unirán las piezas de un puzzle que hoy pega debajo del cinturón al Gobierno, que le costó imagen positiva y que logró emparentar a una revolución liberal que exige la moral como política de Estado, al populismo más nefasto y corrupto que vio la Argentina en manos del matrimonio Kirchner. Hoy el kirchnerismo es el petiso orejudo explicando los estadios de Jean Piaget, pero nadie se sorprende. Creen en el Gobierno que ese día se firmará el epitafio del periodismo mal intencionado y corrupto. 

Javier y Karina Milei respaldan sin una duda a Manuel Adorni. Nunca estuvo en duda su cargo, salvo por algunos rumores periodísticos como el del biógrafo de Santiago Caputo, Manuel Jove, y algunos otros. Adorni no será candidato a jefe de Gobierno el año que viene, esencialmente porque no le interesa, menos que menos en este contexto de hostilidad. Tierra fértil para Pilar Ramirez, quien sabe que Karina Milei nunca permitiría que la ciudad quede en manos de Patricia Bullrich.

El kirchnerismo busca en intelectuales de la talla de Marcela Pagano y Nancy Pazos, acorralar a Manuel Adorni, alguien con un estilo de vida centralmente más austero que el de Pagano y Pazos, a pesar de haber tenido mejores cargos y más trayectoria que ambas. El trauma de la infancia obliga a ambas voceras de Cristina Kirchner y su guión a plantear a Adorni como el Sultán de Brunei, cuando son ellas las que usan carteras siempre discretas y de buen gusto que cuestan miles de dólares, y viajan en primera sin dar explicaciones, por ejemplo a Punta del Este con mucamas incluidas, en el caso de Pagano. ¿Algún fiscal despierto?

El departamento de Caballito lo compró Manuel Adorni el último año. Es decir, aparecerá cuando le toque acorde a lo que exige la ley. “Yo tengo todo en regla, todo declarado y lo que no vieron o no ven es porque son tontos o maliciosos”, repite en privado Adorni casi como el padrenuestro. Es sabido que el temor por el crecimiento de la inseguridad en Parque Chacabuco es lo que hizo que la familia Adorni se vaya unas cuadras más cerca de la avenida Pedro Goyena, ahí donde la tranquilidad permite vivir mejor. El departamento no habría sido comprado por sorteo, sino justamente porque permitía a alguien sin recursos, comprarlo hipoteca mediante.

Ahora bien, siempre en la tesis del error de Adorni, por inexperto, por no ser parte del Estado previamente, por no entender los riesgos de ser funcionario público y tener al kirchnerismo y media SIDE enfrente, por lo que sea. ¿Qué pasa si el 31M se comprueba que Adorni compró ese departamento a las dos señoras de 70 años que recibieron los llamados y timbrazos del periodismo, en buena ley? Qué debería hacer Pazos y Pagano, que probablemente no puedan explicar ni la marca de café que toman, si finalmente Adorni está limpio y el vínculo con las señoras se explica mediante la hipoteca y no hay delito. 

Qué pasa si Adorni conocía a las mujeres, arreglaron una forma de compra que le permita vender su anterior departamento y no hay otra cosa que un método poco ortodoxo para comprar un departamento, pero no un delito y mucho menos que menos un político corrupto viviendo como un rey. 

Finalmente, la tesis que incluye el error de Adorni y la persecución de Carnaval, Pazos, Pagano, Mauro Federico, Jorge Rial y la ex militante mileista Viviana Canosa, tiene un eslabón más. La información que cuenta este medio es que la lógica desde ahora hasta la elección presidencial va a ser hilar una acusación con otra para equiparar corrupciones. Es decir, el populismo buscará hilar un carpetazo a otro hasta que logren instalar la idea de que “los dos son ladrones, pero con uno vivías mejor”, algo así como el histórico vendedor de muletas que antes le revienta la rótula a los pacientes con un martillo para después ubicar su producto.