Gastón Guillemet continúa en el centro de una de las búsquedas más insistentes del sistema judicial argentino. Casi dos años después de que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, fijara una recompensa de cinco millones de pesos por información que permita localizarlo, el empresario sigue sin aparecer. Es considerado uno de los prófugos más peligrosos e importantes, acusado de tratar de personas y de haber captado a adolescentes y jóvenes mediante engaños vinculados a supuestos empleos en Buenos Aires.

Los hechos que lo involucran se remontan a diciembre de 2010, cuando él tenía 22 años. De acuerdo con la investigación, viajó a Villa Berthet, en Chaco, con el objetivo de reclutar víctimas, aprovechando la situación de vulnerabilidad de chicas de 14, 17 y 19 años. A todas les prometió oportunidades laborales en Buenos Aires. Sin embargo, una vez que llegaron a la ciudad, fueron sometidas a explotación sexual. Las jóvenes desconocían completamente la intención real del empresario, que habría actuado con planificación y aprovechándose de su necesidad económica y emocional.

Cuando se libró la orden de detención, los vecinos de su entorno en Adrogué quedaron conmocionados. Allí vivía junto a su familia, en un barrio residencial del partido bonaerense de Almirante Brown, y muchos lo conocían como un hombre dedicado al trabajo en la empresa familiar, que distribuía materiales para la construcción. Esa imagen de “buen padre” se derrumbó de un día para otro cuando la policía acudió a buscarlo. Su fuga consistió en un movimiento rápido y calculado, según describieron investigadores que siguieron sus últimos pasos.

El caso retomó actualidad en las últimas horas, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por su defensa. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no hicieron lugar a la queja que buscaba anular el segundo juicio pendiente. La estrategia de la defensa apuntaba a declarar extinguida la acción penal, pero el máximo tribunal mantuvo firme la continuidad del proceso y dejó en claro que no habrá ningún avance mientras el acusado se mantenga en rebeldía.

Guillemet, de 37 años, está prófugo desde el 9 de octubre de 2023. Logró escapar justo antes de que comenzara el nuevo debate oral ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal. En el primer juicio, el Tribunal Oral Federal N.º 7 lo había condenado a tres años de prisión por dos de los hechos, al considerar que no sabía que una de las víctimas tenía 17 años, y lo absolvió por el caso de la adolescente de 14. El fiscal general Diego Luciani había solicitado una pena de 11 años. La Casación revocó ese fallo y pidió un nuevo juicio, pero el acusado nunca se presentó.

La Secretaría de Captura de Prófugos (Secap), dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri) a cargo de José María Campagnoli, lo considera un objetivo prioritario. Las autoridades sostienen que su detención es crucial para evitar nuevos riesgos y garantizar que el juicio pendiente pueda desarrollarse.

En paralelo, la Cámara de Casación dispuso suspender todos los recursos de la defensa hasta que Guillemet se presente ante la Justicia. Ese freno motivó un nuevo planteo ante la Corte Suprema, que volvió a cerrar las puertas. La jurisprudencia del máximo tribunal es contundente: un prófugo no puede dialogar procesalmente con la Justicia mientras se mantenga en esa situación. Esto implica que no podrá reclamar, apelar ni solicitar decisiones favorables hasta que se entregue.

Mientras tanto, la orden de captura nacional e internacional sigue vigente. La causa continúa abierta, y la búsqueda del empresario es considerada una prioridad para las autoridades judiciales y policiales. Cada intento de la defensa por frenar el avance del expediente encuentra la misma respuesta: primero debe presentarse.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual que operaba entre la ciudad de Corrientes y la localidad turística de Paso de la Patria. Luego de meses de seguimiento y siete allanamientos simultáneos, las fuerzas federales detuvieron a dos sospechosos, quienes serían los responsables de captar y trasladar a las víctimas. Entre los investigados habría una agente del Servicio Penitenciario provincial, lo que complica aún más el caso.

El operativo fue llevado a cabo durante el último fin de semana por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) de Corrientes. La pesquisa comenzó a partir de un oficio judicial que ordenaba investigar el accionar de una mujer señalada como la encargada de contactar a los clientes. Según los investigadores, ella coordinaba el traslado de mujeres desde la capital provincial hasta Paso de la Patria, donde eran explotadas sexualmente en fechas y horarios previamente concertados.

Durante los procedimientos, la PFA logró:

La víctima fue puesta bajo resguardo y asistida por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que ordenó su retorno al domicilio, acompañada por personal policial.

La investigación continúa abierta, ya que las autoridades ahora buscan determinar el rol de una funcionaria del Servicio Penitenciario de Corrientes que habría colaborado con la red. El Ministerio de Seguridad de la Nación destacó la labor de la PFA en su esfuerzo sostenido por combatir el delito de trata de personas en la región.

La trata de seres humanos constituye un delito aberrante que convierte a las personas en simples mercancías, despojándolas de sus derechos y de su libertad. La gran mayoría de las víctimas sufren explotación sexual y/o laboral, y un alto porcentaje son menores de edad.

Las víctimas suelen ser captadas en contextos de vulnerabilidad: migran desde sus países de origen por pobreza o necesidades urgentes, son engañadas con promesas de trabajos legales y formales, o son captadas a través de internet y redes sociales, como ocurre con el grooming en menores. Siempre existe un engaño inicial, seguido del sometimiento. Una vez atrapadas, no pueden escapar: les retiran sus documentos y pasaportes, son aisladas de sus familias y entornos, se les impide comunicarse y son amenazadas constantemente, lo que las paraliza.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 68/192 en el año 2014.

En las campañas de prevención se utiliza como símbolo un corazón azul, que representa tanto la tristeza de las víctimas como la frialdad de quienes trafican con personas. Esta imagen busca generar conciencia social y visibilizar este delito, promoviendo la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es:“La trata de personas es un crimen organizado. Pongamos fin a la explotación”.

Escuchar a las víctimas es esencial. Comprender cómo fueron captadas, qué padecieron, cómo vivieron el proceso y qué recuerdos conservan permite diseñar mejores estrategias de prevención, rescate y acompañamiento, y ayuda a salvar a otras personas que aún están atrapadas.

Se estima que más de 2.500.000 personas son víctimas de trata en el mundo, aunque se calcula que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar.

A pesar de la dificultad para obtener datos precisos, las cifras estimadas indican que este delito creció un 25% en los últimos años. Más del 61% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 70% de las organizaciones criminales están conformadas por hombres.

Se trata de un negocio ilegal que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales, una cifra que invita a reflexionar sobre quiénes están detrás y cómo se sostiene esta red internacional de crimen e impunidad.

Una de las frases más contundentes en la lucha contra la prostitución y la trata es:“Sin clientes, no hay trata de personas”.

Numerosas producciones cinematográficas y televisivas han abordado esta problemática. Entre ellas, se destaca la miniserie española Sky Rojo (estrenada en 2021 por Netflix), protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que expone la brutalidad y el cinismo detrás del sistema de explotación sexual.

La lucha contra la trata se estructura en torno a las 4 P:

En Argentina, el marco legal fue fortalecido con la promulgación de la Ley 26.364 el 29 de abril de 2008, que establece penas de 3 a 20 años de prisión para quienes participen en la trata de personas. Aunque representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y gratuita en la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Es fundamental visibilizar esta problemática. Combatir la trata implica enfrentarse a redes con poder económico, conexiones políticas y protección institucional. En algunos casos, hay personas influyentes involucradas, lo que dificulta aún más la erradicación del delito.

La situación en Argentina refleja una realidad global. En regiones como África, Asia y otras zonas del mundo, las cifras son incluso más alarmantes.

El abordaje debe ser integral y coordinado: con el compromiso de las autoridades, la Justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las redes sociales, y organizaciones como Missing Children, que realizan búsquedas activas de personas desaparecidas.

En esta jornada, edificios públicos y monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul para honrar a las víctimas, visibilizar la problemática y renovar el compromiso colectivo en la lucha contra la trata de personas.

Un operativo judicial y policial dejó al descubierto una red de explotación sexual que funcionaba en pleno centro de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La investigación culminó el sábado por la tarde con un allanamiento al "Nuevo Cine Ciudadela", ubicado frente a la estación del tren Sarmiento, donde se rescataron a seis víctimas, todas mujeres trans, y se detuvo a los responsables del lugar.

La causa, que lleva adelante la Fiscalía N°14, fue impulsada a partir de una denuncia de la Municipalidad de Tres de Febrero, que había recibido múltiples reclamos de vecinos sobre la actividad irregular del establecimiento. Durante el operativo, encabezado por la División de Trata de Personas de la Policía Federal y coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, las autoridades encontraron en el lugar a unos 50 hombres en calidad de clientes, quienes fueron identificados y prestaron declaración testimonial.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, los encargados del cine eran una pareja domiciliada en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Ambos gestionaban el ingreso de los consumidores, quienes pagaban por ver una película pornográfica para luego mantener encuentros sexuales pagos con las víctimas en el interior del local.

Los detenidos fueron localizados horas después en su vivienda de la calle Adrogué al 600, donde se concretó su arresto. Quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín, a cargo del juez Alberto Brizuela, por violación a la Ley 26.842 sobre trata de personas. Además del arresto, se incautaron teléfonos celulares, preservativos, anotaciones, dinero en efectivo y documentación relevante para la investigación.

Uno de los responsables del comercio también fue detenido en el lugar. A las seis víctimas se las resguardó de inmediato mediante el Programa Municipal de Rescate, que intervino para asistirlas y brindarles contención.

El cine, clausurado de forma inmediata, había sido motivo de preocupación desde hace años por sus actividades irregulares, sus horarios llamativos y el constante ingreso de personas. La intervención fue celebrada por el intendente Diego Valenzuela, quien sostuvo: “Era una deuda pendiente con los vecinos. Este lugar no podía seguir funcionando bajo la fachada de una sala de cine cuando era en realidad un espacio de explotación humana”.

La clausura fue ejecutada con apoyo del Ministerio de Seguridad nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, como parte de un plan más amplio para combatir la trata de personas y cerrar espacios donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.

Con la causa ahora en manos de la Justicia, se abre una nueva etapa para determinar si hubo más implicados, redes de complicidad y si esta modalidad operaba en otros puntos del conurbano bajo apariencias similares.

En el marco de la Ley Bases recientemente sancionada, el Gobierno oficializó una reforma integral de la Policía Federal, orientada a convertirla en una fuerza federal de investigación, especializada en delitos complejos y crimen organizado. Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron la medida este martes por la tarde. 

A través de un decreto presidencial, se aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal y se dispuso un proceso de reestructuración y modernización institucional que incluye cambios en su misión principal, su estructura organizativa, su sistema de formación y su presupuesto.

Los cambios ya fueron detallados en el Boletín Oficial. El texto argumenta que el traspaso de competencias locales a la Ciudad de Buenos Aires y los nuevos desafíos en materia de seguridad exigen una redefinición del rol de la Policía Federal (PFA). La institución dejará de cumplir funciones de seguridad urbana en la Capital Federal para concentrarse exclusivamente en la prevención, detección e investigación de delitos federales, como el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos y cibernéticos, entre otros.

Asimismo, se subraya que la actual Ley Orgánica de la PFA, sancionada en 1958, quedó obsoleta frente a la evolución normativa, tecnológica y criminal de las últimas décadas.

Entre los principales ejes del plan se destacan:

Nueva estructura más eficiente: se apunta a una fuerza más reducida, con mejor rendimiento operativo y mayor capacidad investigativa.

Control interno reforzado: la Dirección General de Asuntos Internos ampliará su autonomía y reportará funcionalmente al Ministerio de Seguridad Nacional.

Revisión del personal: se redefinirá el perfil de los agentes y se reducirá progresivamente el número de nuevos ingresantes, priorizando calidad sobre cantidad.

Ingreso de universitarios: se lanzará un programa para incorporar profesionales ya graduados, replicando modelos como el del FBI estadounidense.

Modernización tecnológica y formativa: se invertirá en herramientas informáticas, tecnología forense y programas de capacitación adecuados a la nueva misión.

Además, el decreto faculta al Ministerio de Seguridad a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores y, si fuera necesario, reincorporar efectivos retirados para colaborar con la transición.

La reforma estará acompañada por la creación de un Programa Presupuestario de Modernización, financiado mediante los ahorros que genere la reducción del ingreso de personal. Los recursos se destinarán a equipamiento, infraestructura y soluciones tecnológicas.

La reasignación del personal y el despliegue territorial de la fuerza se definirá según criterios  que establecerá el Ministerio de Seguridad, en función de las amenazas federales más relevantes. Los objetivos estratégios del nuevo estatuto de la PFA son: 

El nuevo empoderamiento a la Policía Federal generó cuestionamientos desde la oposición, organismos de DDHH y sociales. Dos puntos en particular activaron la controversia: el patrullaje virtual sin orden judicial y la posibilidad de detenciones preventivas sin intervención de un juez.

Uno de los cambios más significativos que se prevé implementar es la habilitación para que los efectivos policiales puedan monitorear redes sociales de manera autónoma, sin requerir autorización judicial, como método de prevención e identificación de presuntos delitos. 

Según cirucula en el documento que circula en la PFA, esta medida deberá “respetar la libertad de expresión, la intimidad y los datos personales”, pero no establece mecanismos concretos de control o supervisión externa.

Otro de los puntos más cuestionados es la habilitación para que los agentes puedan detener a una persona sin intervención judicial previa, siempre que existan “elementos suficientes” que les permitan presumir que esa persona hubiera cometido o pudiera cometer un delito. No queda claro qué son elementos suficientes y quien lo determina. 

Con esta reforma, el Ejecutivo busca alinear la actuación de la Policía Federal con los desafíos actuales de la criminalidad transnacional, en línea con las prácticas de fuerzas investigativas internacionales. El nuevo Estatuto constituye —según el Gobierno— un paso clave hacia una fuerza más profesional, moderna y efectiva en la lucha contra el crimen organizado.

Desde aquel 13 de junio de 2024 en el que desapareció Loan Danilo Peña, de 5 años, se inició una investigación plagada de giros, contradicciones, encubrimientos y pistas falsas. Sin embargo, el paradero del niño sigue siendo un misterio que exponen las falencias del sistema para estos casos y una política que niega la trata de personas en el norte argentino.

La tarde de la desaparición, Loan se encontraba junto a su padre, su abuela Catalina y una decena de familiares y allegados. Fue un almuerzo transcurrió con normalidad hasta que un grupo salió al naranjal cercano: ese fue el último rastro del niño. Primero se pensó que se había perdido. Se inició una búsqueda desesperada que abarcó más de 12 mil hectáreas de monte, con participación de policías, bomberos, rescatistas y vecinos.

Mientras se desplegaban las primeras tareas, el entonces comisario de la localidad, Walter Maciel, llegó a declarar falsamente que el niño había sido hallado, lo que retrasó las acciones iniciales. En ese primer tramo de la causa, tres personas fueron detenidas por supuesto abandono del menor: Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Antonio Benítez.

La política aportó contradicciones y metió la cola. Al show de rastrillajes para las cámaras de televisión se sumaron cambios en la cúpula policial correntina e inclusive el nombramiento de un nuevo ministro de Seguridad en Corrientes.

Se trata de Alfredo Vallejos, quien apenas asumió su cargo se encargó rápidamente de desterrar la existencia de la trata de personas en Corrientes: "A nivel nacional tenemos un registro de niños y adolescentes desaparecidos y el anterior archivo en la provincia data de casi 30 años", afirmó en medios nacionales.

“Se habla mucho de trata pero también los investigadores dicen que hay cuestiones que llevan a pensar que no es un caso de trata. Hay que poner las esperanzas en el trabajo que está haciendo la Justicia. Es la primera vez en 30 años que está la prensa nacional en Corrientes por un caso así. Esto llama la atención porque es algo que no pasa habitualmente en esta provincia", insistió Vallejos.

El ministro de Seguridad de Corrientes quedó expuesto con estas declaraciones. El caso dio un vuelco el 21 de junio de 2024, cuando se ordenó la detención de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su pareja, el exmarino Carlos Pérez, por sospechas de secuestro con fines de trata de personas. Este rumbo en la investigación fue señalado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. También lo admitió el gobernador Gustavo Valdés, que también hizo publicaciones apresuradas: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”, lanzó livinamente en las redes el 29 de junio del año pasado. 

La clave para este giro fue el hallazgo de rastros odoríferos de Loan en dos vehículos del matrimonio. Ese mismo día fue detenido el comisario Maciel, acusado de encubrimiento agravado. La causa pasó al fuero federal, bajo la órbita de la jueza Cristina Pozzer Penzo y los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. La hipótesis principal dejó de ser la desaparición accidental para concentrarse en una presunta red de trata.

Poco después, la tía de Loan, Laudelina Peña, prestó declaración en el fuero provincial afirmando que su sobrino había sido atropellado por Caillava y Pérez, quienes posteriormente descartaron su cuerpo. Según su testimonio, el comisario Maciel habría colaborado en la colocación de una zapatilla del niño para desviar la investigación. Debido a las contradicciones e inconsistencias de su relato, Laudelina también fue detenida.

Durante los meses posteriores se multiplicaron las denuncias, muchas de ellas falsas. Se llegó a especular que Loan había sido trasladado ilegalmente a Paraguay, o que había sido visto en un shopping en Barranquilla, Colombia. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada. Incluso se escanearon estómagos de animales salvajes de la zona, en una línea de investigación desesperada.

Se realizaron operativos en Santa Cruz y Chubut tras denuncias sobre un niño que habría dicho "yo soy Loan". Todas las líneas de búsqueda dieron resultado negativo. 

A un año de la desaparición, siete personas están procesadas con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento del menor: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel y Laudelina Peña.

Los fiscales solicitaron la elevación a juicio oral, que se espera sea uno de los procesos judiciales más importantes del año. La acusación plantea que en el naranjal se produjo un hecho desencadenante que derivó en la sustracción deliberada del niño, quien habría sido transportado en la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. También se señala la participación activa del comisario Maciel en el montaje de un escenario falso de búsqueda, con el objetivo de obstruir la investigación.

El caso Loan expone con crudeza, otra vez, las fallas institucionales, la debilidad de los protocolos de búsqueda y la posible complicidad de funcionarios públicos. 

En consecuencia, un año después, no hay cuerpo, no hay certezas, y no hay paz.

América Latina, el continente más desigual del mundo y el más peligroso para las mujeres, ha dado el primer paso hacia la abolición de la explotación reproductiva: dimensionar el inminente peligro que acecha a la región. A tal fin se reunieron destacados expertos en derecho, bioética, salud, filosofía y comunicaciones así como legisladores y defensores de derechos humanos provenientes de Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Francia y España para celebrar en Lima la III Conferencia de Casablanca los días 4 y 5 de junio. Casablanca es la mayor organización internacional que trabaja para la prohibición internacional de la maternidad subrogada en todas sus formas. La agrupación nació en el año 2023 bajo la dirección ejecutiva del jurista Bernard García Larraín, cuando tuvo lugar su primera Conferencia en la ciudad homónima (Marruecos, 2023). Fruto de esa reunión es la Declaración internacional por la abolición de la maternidad subrogada, que contó con la firma de más de 100 expertos de 75 nacionalidades. La segunda Conferencia tuvo lugar en Roma (Italia, 2024), donde sus promotores fueron recibidos por el Papa Francisco.

La elección de Lima como sede de la III Conferencia internacional responde al exponencial crecimiento de esta práctica en América Latina, nuevo epicentro del turismo reproductivo global. Varios factores geopolíticos han convertido a América Latina en un foco de explotación reproductiva. Entre ellos, ser el continente más desigual, violento y peligroso para las mujeres, la mitad de las cuales viven en condiciones de pobreza. La debilidad institucional, la inseguridad jurídica y la corrupción endémica contribuyen a hacer de la región un enorme yacimiento de materia prima reproductiva. A esto se suma el bajo costo comparativo de dicha práctica que en países como Estados Unidos o Canadá supera los 100.000 dólares, mientras que por ejemplo en Argentina oscila entre 20.000 y 50.000. Hablamos de un mercado global de mujeres y niños que según un estudio de Global Market Insights alcanzará en 2032 los 129 mil millones de dólares. América Latina ofrece grandes posibilidades de expansión comercial.

A diferencia de Europa, donde la mayoría de países han impuesto a la subrogación prohibiciones cada vez más estrictas, en América Latina esta práctica se mantiene en gran medida sin control. Si bien en la mayor parte de la región el alquiler materno es ilegal porque la filiación se establece por parto, sin embargo la presión del lobby internacional ha favorecido un enfoque tolerante y permisivo de la explotación de mujeres pobres, y la producción y venta de niños. Igualmente ilegal es el contrato sobre órganos o funciones reproductivas, la patrimonialización del cuerpo o la compra-venta de biomateriales. A fin de desmentir esta ostensible ilegalidad, las narrativas culturales pro-subrogación instalaron la falsa idea de una donación altruísta de materiales, órganos y funciones reproductivas, que en virtud de su generosidad harían posible el imperativo deseo de ser padres, como si los sentimientos privados de algunos justificaran violar derechos fundamentales. 

Reunidos por Casablanca, los expertos latinoamericanos coincidieron en que se trata de un mercado global de tráfico de personas que debe ser abolido. Desde las ciencias biológicas, explicaron la existencia de apego intrauterino y diálogo celular entre la madre y el hijo. Los vínculos de apego e intercambio generados durante el embarazo son una respuesta biológica y psicológica tendiente a la supervivencia y seguridad emocional de la cría, que ningún contrato oneroso puede borrar. La separación planificada de la madre los arranca e impone una traumática disociación y fragmentación biopsicosocial. Se entiende entonces que los contratos de subrogación adviertan a la madre sobre la necesidad de no generar vínculos afectivos, e incluyan terapias psicológicas de desapego y disociación. 

Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas de Argentina, conectó la subrogación con la trata de mujeres y explicó el estado de situación en Argentina, donde a partir de diciembre de 2023 una serie de sucesos policiales revelaron numerosas redes de trata reproductiva activas en el país. Desde entonces hasta la fecha, la justicia argentina ha abierto 4 causas que involucran a unos 67 sujetos –reclutadores, abogados, escribanos, clínicas y demás gestores e intermediarios– actualmente bajo investigación por presunta reducción a la servidumbre de decenas de mujeres y producción de bebés para la venta. El gobierno argentino trabaja actualmente junto con la Protex –la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas–, otras fiscalías, Migraciones y Cancillería para esclarecer estos casos y desalentar además la demanda transnacional de compra-venta en vientres argentinos.

El jurista Jorge Cardona Llorens (España), ex-miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dejó en claro que no existe el derecho al hijo propio, que contenga la misma información genética o la de terceros seleccionados por catálogo. El interés superior del niño exige conocer su origen y ser criado por sus padres, no por quienes los han adquirido como objetos de contrato oneroso, selección eu-genética y fabricación comercial. Olivia Maurel (Francia), portavoz de la Declaración de Casablanca, cerró la Conferencia con su testimonio como niña nacida por maternidad subrogada. Su primer libro “Where are you Mommy?” –que pronto estará disponible en español– reflexiona sobre su historia de desapego, arrancada de su madre y entregada a los comitentes. 

Los lobistas de la subrogación aseguran que es necesario legalizarla para evitar excesos y proteger a los más débiles. Los firmantes, expertos y partidarios de Casablanca sostienen que ninguna legalización haría aceptable una práctica de suyo indigna e inhumana. Ni las mujeres son recursos reproductivos de terceros, ni los hijos son objeto de contrato y cadena de producción. Casablanca dió el primer paso, el decisivo. Ahora es nuestro turno de exigirle al Estado el reconocimiento de la persona humana como fin per se e impedir que los más débiles sean dejados al arbitrio de los deseos e intereses privados de los más poderosos. Del nacimiento materno depende seguir siendo humanos. 

Basta con leer algunos portales para comprobarlo: la industria de la subrogación de vientre se nos presenta cada vez más como una historia de amor que desafía obstáculos, y no como lo que verdaderamente es: un negocio multimillonario de compra y venta de personas que se esconde detrás del dolor legítimo de no poder tener hijos.

En estos relatos mediáticos, el foco está puesto —casi exclusivamente— en quienes “lo intentaron todo” y finalmente “cumplieron el sueño de ser padres”. Se apela a la empatía del lector, se edulcora la crudeza de los hechos, se invisibiliza toda la cadena comercial que hay detrás y, sobre todo, se cosifica el cuerpo de las mujeres más vulnerables del mundo.

Un caso reciente publicado por uno de los medios nacionales de mayor difusión es ilustrativo: una pareja de hombres con alto poder adquisitivo recurre a una gestante en el extranjero para “formar una familia”. Luego, cuando reciben a una niña con una condición de salud inesperada, comienzan los reproches contra la clínica que “falló”, como si se tratara de un producto defectuoso. No hay autocrítica. No hay conciencia del abuso. Hay quejas. Como si el problema fuera el control de calidad y no la lógica de producción de seres humanos.

Detrás de estas narrativas se esconde una trampa comunicacional peligrosa. Los medios —y lo digo con dolor desde adentro— están naturalizando prácticas que atentan contra la dignidad humana. Se nos pide conmovernos con el deseo de los adultos y se omite deliberadamente la situación de las mujeres gestantes, a menudo empujadas por la pobreza a prestar su cuerpo a cambio de dinero. Mujeres que no tienen derecho ni siquiera a mirar al hijo que gestaron. Mujeres que —por contrato— renuncian a toda humanidad.

Como comunicadora social, me siento obligada a decirlo: no todo lo que genera lágrimas es justo. No todo lo que toca una fibra íntima es bueno. Y no todo deseo, por legítimo que sea, se convierte en derecho. El periodismo tiene la responsabilidad de mostrar toda la escena, incluso —y especialmente— cuando lo que se muestra no encaja con la sensibilidad hegemónica de la época.

Llamar “gestación por sustitución” a la subrogación no cambia su naturaleza. Las palabras suaves no blanquean lo inaceptable. No estamos hablando de un acto de amor, sino de contratos firmados ante escribanos, en clínicas que cotizan en dólares, con abogados que asesoran cómo “proteger al comitente” ante imprevistos. Esos comitentes son los adultos. Las madres gestantes, simples proveedoras del “servicio”. Los niños, mercancía.

Muchos de estos artículos periodísticos terminan pidiendo más regulación. Que haya controles, que se prohíba la explotación, que se reconozcan derechos básicos de las gestantes. Pero ninguna regulación convierte un delito en algo aceptable. Si se regula la trata de personas, sigue siendo trata. Si se regula la compra de niños, sigue siendo compra. La única regulación ética posible frente a esta práctica es su prohibición.

Hay voces lúcidas que acompañan esta convicción. La filósofa feminista Sylviane Agacinski denuncia sin rodeos esta práctica como una “nueva forma de esclavitud reproductiva” y alerta sobre la ilusión del consentimiento libre en contextos de desigualdad. La médica y activista Renate Klein llama a la subrogación “la explotación del siglo XXI”, donde las mujeres pobres son “colonizadas” por los deseos de los ricos. Y no es solo una cuestión religiosa o ideológica: países como Francia, Alemania, Suecia o Italia prohíben tajantemente esta práctica por considerar que vulnera derechos fundamentales.

Desde Newstad, creemos en un periodismo comprometido con la verdad, la justicia y la dignidad de cada persona. No nos corresponde adoctrinar, pero sí nombrar con claridad lo que otros disfrazan con eufemismos. La subrogación no es un gesto de amor, es una industria. No es solidaridad, es negocio. No es familia, es mercado. Y en el centro de ese mercado hay mujeres sin derechos y niños producidos como objetos de deseo.

Decimos no a la trata, sí a la vida. No al contrato que mercantiliza la maternidad. No al periodismo que silencia la injusticia en nombre de la emoción.

Informar bien no es emocionar. Informar bien es distinguir. Distinguir el bien del mal.

En una medida clave para el combate al crimen organizado en la región, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó un nuevo Acuerdo Interministerial de Cooperación Policial junto a sus pares de Brasil, Enrique Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública), y de Paraguay, Enrique Riera Escudero (Interior).

El pacto que entra en vigencia de manera inmediata, actualiza y fortalece el Comando Tripartito de la Triple Frontera, un mecanismo de coordinación creado en 1996 entre las fuerzas de seguridad de los tres países. 

El foco estará puesto en delitos complejos como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero.

“Firmamos varios documentos muy importantes. Hemos trabajado en materia de incendios y desastres. También hemos rubricado un protocolo para un control integrado de fuerzas de seguridad en frontera. Hemos armado una hoja de ruta para la implementación de un sistema de intercambio de información de seguridad que se llama SISME. Además, actualizamos la información en materia de eventos futbolísticos internacionales, ya que todos pertenecemos a la CONMEBOL y tenemos permanentes partidos en conjunto”, explicó Bullrich.

Con el nuevo acuerdo, el Comando Tripartito contará con mayores atribuciones y capacidades operativas, lo que permitirá una respuesta más ágil y eficaz ante amenazas del crimen organizado que afectan a la región fronteriza que comparten las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

Bullrich, junto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, el ministro del Interior de la República del Paraguay y la viceministra del Interior de la República Oriental del Uruguay, acordaron aprobar la “Hoja de Ruta del SISME” para fortalecer los mecanismos de monitoreo y funcionamiento del sistema, estableciendo que se deberán realizar testeos diarios de manera automática sobre los servicios y la disponibilidad de datos, lo cual también podrá ser realizado por cada país.

Reconociendo la frecuencia, intensidad y complejidad de los desastres que afectan a nuestra región, así como sus graves consecuencias sobre las poblaciones, infraestructuras, economías y el ambiente, los ministros participantes declararon la creación de la Unidad de Cooperación Operativa Permanente de Gestión de Emergencias Complejas del Mercosur, como mecanismo técnico-operativo de respuesta ante desastres de gran magnitud que afecten a uno o más Estados Parte o Asociados.

Al considerar que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza creciente que trasciende fronteras, adoptando modalidades cada vez más complejas que afectan la seguridad de los países de la región, los funcionarios acordaron fortalecer los controles establecidos entre los países del Mercosur mediante una hoja de ruta que determine las autoridades nacionales competentes, quienes establecerán los puntos fronterizos específicos en dos o más países para coordinar tareas de seguridad y establecer estándares conjuntos y comunes para un control más eficiente.

Respecto a la problemática de la violencia en eventos deportivos, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, el Ministerio del Interior de la República del Paraguay, el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay (Estados Parte del Mercado Común del Sur - MERCOSUR), junto a Estados Asociados y el Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, firmaron un acuerdo operativo.

En el documento se subrayó la necesidad de promover una convivencia armoniosa en todos los aspectos sociales, incluyendo el deportivo, considerando que en algunos eventos futbolísticos llevados a cabo a nivel regional e internacional se han producido hechos de violencia. En ese sentido, a los efectos del intercambio de información en ocasión de partidos internacionales a nivel de selecciones o clubes, se considerarán las faltas administrativas generadas por cada uno de los Estados Parte y Asociados, conforme a sus respectivas regulaciones na

La causa por la desaparición de Loan Peña avanza hacia su etapa de juicio oral tras la firma de un requerimiento de elevación impulsado por el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, en conjunto con Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La Agencia Noticias Argentinas accedió al documento que formaliza este paso clave en el proceso judicial. A partir de ahora, los abogados defensores cuentan con un plazo de seis días para presentar su oposición.

El caso principal, que investiga la desaparición del niño de cinco años ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de Nueve de Julio, involucra a siete personas ya procesadas. Entre ellas figuran Laudelina Peña, tía de Loan, imputada por falso testimonio y sustracción de menores; su esposo Antonio Bernardino Benítez, acusado de sustracción y ocultamiento de un menor; y la pareja compuesta por María Victoria Caillava, funcionaria pública amiga de la familia, y Carlos Pérez, marino retirado, ambos imputados por trata de personas. También están implicados Daniel "Fierrito" Ramírez y su esposa Mónica del Carmen Millapi, acusados de abandono de persona, y el ex comisario Walter Adrián Maciel, imputado por encubrimiento agravado.

A la par de esta causa principal, se tramita un expediente conexo que involucra a otras diez personas. El Tribunal Oral Federal rechazó recientemente la posibilidad de realizar un debate separado para estos procesados, y determinó que el juicio debe desarrollarse en una única instancia. Los imputados en esta causa paralela son Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Leonardo Daniel Rubio, Pablo Javier Noguera y Delfina Taborda.

Según fuentes judiciales, el Tribunal consideró que la elevación anterior de este expediente era de carácter "parcial", ya que no se había concluido completamente la investigación del hecho original. Ahora, con nuevas pruebas incorporadas, la causa adquiere un nuevo impulso en el fuero federal.

Uno de los elementos clave en la investigación ha sido el análisis de comunicaciones telefónicas entre los acusados, registradas durante momentos críticos del día en que Loan fue visto por última vez en la casa de su abuela. Estas interacciones fueron incorporadas al expediente como pruebas relevantes para sostener las imputaciones.

Mientras tanto, el paradero de Loan Peña continúa siendo un misterio. La magnitud del caso, la implicancia de funcionarios públicos y la gravedad de los delitos atribuidos —desde abandono de persona hasta trata y encubrimiento— hacen de este proceso uno de los más delicados y observados del sistema judicial argentino en los últimos tiempos. La fecha del juicio oral quedará definida una vez finalizado el plazo para las impugnaciones.

La Policía Federal Argentina (PFA) rescató a un hombre de 70 años que era sometido a condiciones de explotación laboral en un campo del partido bonaerense de Benito Juárez. La víctima, de nacionalidad chilena, fue hallada en un entorno insalubre y altamente precario.

El operativo fue en coordinación con el ministerio de Seguridad Nacional realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Tandil en el marco de una investigación iniciada en marzo de 2022 por la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Marcos Silvagni. 

Las tareas de inteligencia permitieron determinar que en el predio rural había un trabajador en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Con esa información, el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio y la Secretaría N.º 4 del Dr. López, ordenó el allanamiento del establecimiento. La intervención se realizó en conjunto con personal del Ministerio de Trabajo bonaerense y médicos del Hospital Eva Perón de Benito Juárez.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre vivía en condiciones de total precariedad y sin acceso a servicios básicos. Tras una primera evaluación médica en el lugar, fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y contención psicológica.

Por el caso fue detenido un hombre argentino de 78 años, acusado de violar la ley N.º 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Quedó a disposición del juzgado interviniente.

Los lectores de Newstad saben que este medio expone como nadie a Alejandro Roemmers y la denuncia que lo involucra en una red de trata de personas. Los demás quizá se enteran por por estas horas mediante otros medios tradicionales que indican muy prolijamente que el farmacéutico fue beneficiado por la Justicia. 

El juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento del Alejandro Roemmers, del dirigente de River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales Juan Matías Barreiro, y de otros imputados en una causa que investigaba la existencia de una presunta red de trata de personas y tráfico de drogas.

La denuncia original fue realizada en 2023 por Roberto Mazzoni durante una audiencia pública en el Congreso de la Nación, y generó fuerte repercusión en redes sociales. Sin embargo, Lijo concluyó que no existían elementos que permitieran sostener la hipótesis delictiva.

En la resolución de 27 páginas firmada el viernes, Lijo también sobreseyó a Daniel Santiago Durán, Enzo Pérez Pallota y Pedro Quintana, todos señalados por Mazzoni como organizadores de fiestas privadas en las que supuestamente se cometían abusos y explotación sexual.

Según el fallo, los testimonios recolectados —en su mayoría aportados por el propio querellante— no solo no confirmaron la denuncia, sino que la contradijeron abiertamente. Lijo remarcó que los testigos “mostraron una robusta consistencia” y que “ninguno de ellos representa una contradicción con otro”.

“Algunos testigos coincidieron en que las actividades realizadas en el marco de los eventos cuya organización se les atribuye a ciertas personas imputadas fueron voluntarias y ajenas a todo tipo de coacción”, expresó Ariel Lijo.

En relación con una fiesta mencionada por el denunciante y celebrada en Costa Salguero, los testigos aseguraron que todos los asistentes eran mayores de edad y actuaban libremente. Uno de ellos, con identidad reservada, declaró que no fue forzado a realizar ninguna acción sexual, a pesar de que incluso había recibido dinero por su participación.

En su declaración, el abogado de Alejandro Roemmers, Juan Pablo Vigliero, sostuvo que “los hechos nunca existieron y lo manifestado por el denunciante es absolutamente falso”. Añadió que  la acusación fue una “ficción construida por Mazzoni”.

También se indicó que Roemmers no conocía personalmente a Barreiro, uno de los señalados como organizador de las fiestas.

Aunque el “Hecho A” (la denuncia principal de Mazzoni) fue desestimado y cerrado, el juez aclaró que el “Hecho B” —una línea paralela de investigación con otra supuesta víctima— continúa en trámite en la fiscalía. Por ahora, su identidad se mantiene en reserva.

Mazzoni, en tanto, puede apelar la decisión ante la Cámara Federal. Previamente ese mismo tribunal había considerado “prematuro” el archivo original de la causa, lo que en su momento motivó su reapertura.

La trata de personas es uno de los delitos más complejos y mutantes del siglo XXI. Con nuevas formas de captación, redes cada vez más difusas y modalidades de explotación que exceden los marcos clásicos, el derecho penal enfrenta el desafío urgente de adaptarse a una realidad cambiante. En este contexto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley que busca actualizar el artículo 145 bis del Código Penal argentino, ampliando el alcance de la figura penal y subsanando vacíos normativos que hoy dejan desprotegidas a miles de víctimas.

El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 145 bis, que sanciona con penas de entre 4 y 8 años de prisión a quien “ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque medie el consentimiento de la víctima”.

Este cambio no es menor. Hasta ahora, la legislación penal argentina se enfocaba principalmente en los fines de explotación –sexual, laboral o de tráfico de órganos– como condición para configurar el delito de trata. Sin embargo, según el texto del proyecto y los fundamentos presentados, existen situaciones que no encuadran en esos fines tradicionales y que, por lo tanto, quedan en una zona gris: entrega de menores para adopciones ilegales, captación con fines reproductivos en el marco de maternidades subrogadas no reguladas, o incluso traslado de personas en situación de vulnerabilidad sin violencia directa, pero con daño psicológico o físico.

Brügge argumenta que estos casos son cada vez más frecuentes, y que el uso de figuras penales alternativas (como falsedad ideológica o asociación ilícita) no logra abarcar integralmente la dimensión del daño ni la necesidad de proteger a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. En sus fundamentos, el legislador señala que el delito de trata, tal como está tipificado hoy, no alcanza a cubrir las nuevas formas de sometimiento de personas, en especial de niños y adolescentes, en contextos de pobreza y falta de control institucional.

La reforma propuesta también se alinea con tendencias internacionales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, aprobó recientemente una revisión de sus normas para incluir como formas de trata el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la explotación reproductiva. La Argentina, sostiene Brügge, no puede quedarse atrás en este debate global. Más aún, teniendo en cuenta que, en el país, la mayoría de los casos detectados son de trata interna y muchas veces involucran estructuras familiares, no profesionales, que escapan al radar de las grandes investigaciones internacionales.

Otro aspecto relevante del proyecto es que consolida una perspectiva centrada en la integridad psicofísica de la persona. Deja de lado la discusión sobre el consentimiento –frecuentemente esgrimido como justificación en contextos de vulnerabilidad extrema– y pone el foco en el daño producido. Así, se avanza en una visión más moderna y protectora de los derechos humanos.

La ley 26.364 y sus reformas posteriores (como la 26.842) representaron un avance decisivo en la penalización de la trata en Argentina. Pero, como advierte Brügge, las estadísticas de condenas siguen siendo bajas y los procesos judiciales, prolongados e ineficaces. Esta nueva propuesta apunta a dar herramientas más precisas al sistema judicial, cerrar zonas grises, y ofrecer mayor cobertura legal a las víctimas de una de las formas más aberrantes de sometimiento humano.

Con este proyecto, la Cámara de Diputados se enfrenta a una oportunidad clave para fortalecer la lucha contra la trata y proteger la dignidad de los más vulnerables. La ampliación del tipo penal no solo es una actualización técnica, sino un compromiso con los derechos humanos en su sentido más profundo.

Hoy los menores de edad tienen fácil acceso, a toda hora y momento, a Internet y las redes sociales como Tiktok, Instagram, Snapchat, Kwai y a juegos en línea, algo que parece inofensivo, pero puede ser de gran riesgo, ante la aparición de adultos que quieren contactarlos, y engañarlos.El grooming es cuando una persona adulta, denominada "groomer" se hace pasar por un menor edad, y se pone en contacto con un niño, niña, o adolescente a través de cualquier dispositivo tecnológico, con la finalidad de engañarlo. Primero establece una relación de confianza, ya que el adulto revisa los gustos y cosas que atraen al menor (se denomina "stalkear", que es ver sus redes sociales), y a partir de ahí, toma una actitud cómplice con el menor, quien confía, y cree que es un par.Luego de esto, el adulto empieza a manejar la situación, pidiendo fotos sensuales, eróticas, con ropa interior, poca ropa, o también desnudo, situación que aunque parezca increíble, el menor en muchos casos accede.Luego de eso, y al darse cuenta el adolescente de lo que está viviendo, suele arrepentirse, y no querer darle más fotos o videos a la otra persona, y ahí vienen las amenazas del groomer: "le voy a mostrar estas imágenes a tus padres"; o  "las voy a difundir entre sus amigas y amigos"; o que las va a viralizar en las redes sociales, lo cual genera miedo, temor, vergüenza y confusión en el adolescente, que no sabe qué hacer, y/o a quién recurrir para pedir ayuda.Esto es un riesgo, porque esas fotos o videos pueden ser distribuidas a grupos de pedófilos o pederastas; pero en otras ocasiones puede forzar un encuentro, al que el menor puede acceder, con el riesgo de que puede sufrir un abuso sexual, o ser raptado para una red de trata de menores.El tema es complejo, y lamentablemente, muchas familias desconocen el peligro para sus hijas e hijos, no se habla con seriedad en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, y no se hacen campañas públicas de prevención y concientización. Y si bien es cierto que es uno de los temas que trata la Educación Sexual Integral en las Escuelas, en algunos casos no se da, se da mal, y sin las herramientas para que los alumnos sepan como cuidarse.

Qué dice la JusticiaDesde diciembre del 2013, el Código Penal estableció con la Ley 26.904 el delito de grooming, con una pena de 6 meses a 4 años, a quién engañe a un menor, para obtener material sexual, o generar un encuentro con intenciones de cometer un abuso físico/sexual.¿Alcanza? La realidad es que no, ya que aún, con esa ley vigente, la adolescente Micaela Ortega, fue víctima de de Grooming, abuso y femicidio, ocurrido el 23 de abril del 2016, en las afueras de Bahía Blanca.Lamentablemente, Micaela Ortega, de solamente 12 años, se puso en contacto con quién ella creía una niña de su edad, una amiguita, a través de Facebook; y quién luego le dijo de encontrarse.En realidad fue engañanda, porque la persona era Jonathan Luna, de 26 años, (quién estaba prófugo, porque no volvió luego de una salida transitoria en el 2014, por una condena por "robo calificado"), y quiso abusar de Mica, y ante su resistencia le robó, abusó, y asesinó, realizando un femicidio, lo que fue un agravante en la pena que recibió.Luego del hecho, fue encontrado y condenado a cadena perpetua, todavía está en la cárcel.Esto sirve para tomar real dimensión y conciencia del peligro del grooming en adolescentes. Posterior a este episodio, fue sancionada la Ley 27.590, que fue llamada "Micaela Ortega" en el 2020 y el Decreto 407/2022 creando el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niños y adolescentes, que tiene los objetivos de proteger del Grooming a las infancias y adolescencias, enseñarles el uso de Internet y redes sociales de manera responsable, capacitar a las personas que trabajan en las escuelas, dar información acerca de este delito en los medios de comunicación, y explicar cómo y dónde denunciar estos casos.

¿Qué debemos hacer?Si vemos que pasa, y nuestros hijos nos cuentan que están asustados porque entablaron comunicación con una persona extraña a quién les mandaron fotos o videos a través de las redes sociales o por WhatsApp, y ahora los amenaza, no debemos retarlos, sino acompañar con amor, comprensión y escucharlos atentamente; nunca ponerse en contacto con el groomer, ya que se va a dar cuenta, y va a desaparecer del perfil falso que tiene, y no se lo podrá localizar.Se debe sacar fotos y hacer capturas de pantalla de todo lo que este en los dispositivos tecnológicos empleados (celular y computadora), y denunciar desde todo el país a la línea 0800-222-1717, al 137 en CABA, por WhatsApp al 11 3133 1000, o por mail: brigadaninas@jus.gov.ar o ponerse en contacto con Grooming Argentina, el Instagram es: @groomingargentina Organismo especializado en realizar Campañas de educación, dirigido por Hernán Navarro.

Como Médico Sexólogo UBA, y Docente de Educación Sexual Integral es clave articularles todos los mecanismos de concientización y prevención, incentivar el diálogo en la familia, dar Educación Sexual Integral de calidad por profesionales capacitados, y utilizar los medios de comunicación y redes sociales para prevenir. Para que no haya nunca más otro caso como el de Micaela Ortega, en su recuerdo y honor, debemos trabajar como sociedad para que ningún menor sea otra víctima de grooming.

El empresario Alejandro Roemmers fue denunciado judicialmente por Roberto Mazzoni, quien lo acusó de reproducir un discurso que “banaliza y perpetúa la trata de personas” en una reciente entrevista concedida al diario La Nación. La denuncia se presenta en el marco de la causa 1052/2022, en la que Roemmers está siendo investigado por presuntos delitos vinculados a ese flagelo.

En la entrevista publicada el 11 de mayo, Roemmers relató su colaboración con el sacerdote español Ignacio Doñoro, a quien describió como alguien que “rescata chicos para que no sean comprados por mafias que luego venden sus órganos”, y afirmó: “Con 200 o 300 dólares podemos comprar nosotros al chico antes, rescatarlo y darle la posibilidad no solo de vivir, sino de desarrollarse como ser humano”.

Para Mazzoni, quien se presentó en el expediente con el patrocinio de los abogados Karina Bacci y Jorge Poblete, esas palabras configuran “una forma encubierta de normalización y reproducción del delito de trata de personas”. Según el denunciante, lejos de constituir una denuncia del crimen, las afirmaciones del empresario reproducen “la lógica mercantil de la trata” al naturalizar la idea de “comprar para salvar”.

“La figura penal no exige violencia o amenaza, ni consentimiento de la víctima. Basta con que una persona sea tratada como objeto de transacción, aunque sea con fines benéficos declarados”, sostiene el escrito judicial, que advierte sobre la gravedad de legitimar este tipo de conductas desde discursos públicos.

En su presentación, Mazzoni remarcó que “la lógica implícita es la de una ‘compra preventiva’, en la que se adquiere a un niño o niña para salvarlo”. En su visión, esto no hace más que reforzar “la idea colonialista del ‘salvador’, que paga por una vida humana y se legitima en ese acto”, lo cual —según advierte— es contrario a los principios más elementales de la dignidad humana.

La denuncia también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En especial, el fallo “González, María Lucila y otros” (2013), que sostiene que la trata de personas no puede analizarse sin atender sus causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la explotación. En otra sentencia citada, el caso “Porteadoras” (2005) de Mendoza, la Corte dejó claro que incluso las acciones bienintencionadas pueden resultar violatorias de los derechos humanos si refuerzan “relaciones de dominación sobre sectores vulnerables”.

Aunque los hechos relatados por Roemmers refieren a acciones cometidas fuera del país, Mazzoni pidió que sus manifestaciones sean tenidas en cuenta por el tribunal como un agravante, ya que refuerzan la lógica que él mismo viene denunciando desde hace años.

Finalmente, el querellante solicitó al juez tres medidas: que se tome conocimiento formal de sus dichos, que se exhorte a los medios y autoridades a no legitimar discursos de compra de personas en ninguna circunstancia, y que se emita una advertencia o recomendación desde el organismo competente para prevenir este tipo de mensajes en el espacio público.

“Es lo que por derecho corresponde”, concluye el escrito, con el tono firme de quien ha decidido no callar ante lo que considera un nuevo intento de justificar lo injustificable.

Fernando Sabag Montiel, conocido por haber intentado asesinar a Cristina Kirchner en 2022, fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de explotación sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI).

La causa se inició tras su detención por el atentado contra la ex presidenta, cuando se halló en su poder una tarjeta de memoria con 119 archivos (fotos y videos) de contenido pedófilo. También se comprobó el envío de tres videos explícitos por Instagram. La investigación incluyó reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y el rastreo de su teléfono reseteado, del cual se recuperaron datos clave gracias a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Con pruebas contundentes reunidas por la fiscal Daniela Dupuy y su equipo, la jueza Julia Correa dictó la pena, que se unificó con una sentencia anterior por tenencia ilegítima de un DNI ajeno. La fiscalía destacó que el fallo representa el compromiso del sistema judicial porteño contra delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

La trata de personas es un delito que ocurre ante nuestros ojos, todos los días. Y no, no sucede solo en el norte o sur del país. No hay que viajar tan lejos. Así lo explicaron Viviana Caminos, presidenta de la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT), y Margarita Maira, titular de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, en entrevista con Newstad. No obstante, faltaba el testimonio más importante: el de una víctima.

Para este especial de trata de personas, Newstad seleccionó la causa contra Alejandro Roemmers, Matías Barreiro y otros, no de forma arbitraria, sino porque retrata la connivencia y los socios de este delito aberrante, que involucra a poderosos empresarios, fuerzas policiales, políticas y judiciales, desde Ushuaia hasta La Quiaca.

En el marco de la causa n.° 1052/2022, declaró en Cámara Gesell una testigo de identidad reservada —luego fue aceptada como querellante—, quien conoció a Matías Barreiro durante la pandemia. De a poco, el dirigente de River Plate fue preguntándole sobre su vida, hasta que encontró lo que necesitaba: que atravesaba por problemas económicos. Obviamente, Barreiro se ofreció a ayudarla. Al principio, de manera desinteresada. Sin embargo, era una trampa. Poco tiempo después, Barreiro mostró su verdadera cara. “Es un lobo con piel de cordero. […] Yo tenía que estar con otras personas”, explicó la testigo.

“Él se aprovecha de personas que están en una situación vulnerable, con baja autoestima o con algún problema, y te hace caer en sus manos porque parece alguien amable, entrador, pero después es todo lo contrario”; así retrató a Barreiro la testigo de identidad reservada. Y no es la única. Todos los testimonios van en la misma línea. Otro hecho que se repite es que Barreiro obligaba a sus víctimas a tomar alcohol y cocaína. Esta última, muchas veces adulterada, con el fin de debilitar todavía más a sus víctimas.

Los testigos también relataron que cada vez que Barreiro tomaba cocaína se transformaba en otra persona. “Se volvía muy agresivo. Sin cocaína era normal, pero después se arrepentía de lo que hacía. Era como si fuera dos personas diferentes”, expuso una de sus víctimas. Parece la descripción del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, personaje creado por Robert Louis Stevenson, pero no lo es.

Barreiro la obligaba a ir a fiestas, bajo amenazas. “En una de ellas, me dio mucho miedo porque había muchas menores, mucha gente, drogas por todos lados: cocaína, alcohol, sexo”, retrató la testigo. Después de este episodio, quiso escapar, pero Barreiro la llamaba entre 25 y 40 veces por día, la insultaba y la amenazaba con que sabía dónde vivía. “Una vez, le llamaron a mi hija de un teléfono privado, pero no contestaron”, contó en la Cámara Gesell. Sin lugar para esconderse, tuvo que cambiar el número de teléfono y mudarse. Y agregó: “Son poderosos y les tengo terror.”

En retrospectiva, la testigo de identidad reservada describió parte del modus operandi de Barreiro: “Si yo que era grande y me angustiaba, no sé qué le puede pasar a chicas más chicas. Él está acostumbrado a todo eso, a captar menores. Porque te hace la entrada de que está todo bien y después te amenaza”. Y sentenció: “Solo sé que estoy segura de que Matías se dedica a la trata de personas.”

Un poco más de dos meses antes, en octubre de 2024, la misma testigo había declarado ante profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas. Un dato no menor es que la testigo tiene un local de ropa, en una galería, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Todos los locales pertenecen al mismo dueño, quien los alquila. Justo previo a su exposición, se produjo un allanamiento a su local. Solo a su negocio. Según pudimos reconstruir, el operativo se realizó a raíz de una llamada anónima. El hecho es, cuando menos, sugestivo.

En el escrito, producto de la declaración de la testigo de identidad reservada, al que tuvo acceso Newstad, los profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas afirmaron:

“Estos ‘favores’ que el Sr. Barreiro le exigía habrían incluido el ofrecimiento de la Sra. ‘A’ y la consecuente explotación sexual frente a terceros.”[…]“En primer lugar, es posible inferir que el Sr. Barreiro se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la Sra. ‘A’.”

El testimonio es demoledor. “[…] ‘Él agarra chicas con problemas’. Consultada a qué se refería con ello, mencionó: ‘A mujeres vulnerables’”, figura en el escrito. Barreiro no conoce límites al momento de cazar a su presa: fuertes sumas de dinero, objetos de valor, automóviles, entre otros. El dirigente de River Plate es quien organizaba las “fiestas”, con empresarios de diversos rubros, proveía las drogas e incitaba a los presentes a que “hicieran lo que quisieran” con las personas que había llevado, porque “para eso les pagamos”.

Este es uno de los testimonios. Estamos hablando de jóvenes, hombres y mujeres, mayores y menores, blancos de una red de trata que involucra y alcanza a muchos poderosos. La trata de personas es un delito que ocurre ante nuestros ojos, pero nadie la ve. O no la quieren ver.

Mientras escribo estas líneas una persona es capturada por alguna red de trata de personas. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Walk Free International, de 2022, hay más de 50 millones de personas que fueron víctimas de redes de trata. De estas, 3 de cada 10, son niños o adolescentes. Un negocio de USD 236.000 millones, según las estimaciones de ganancias globales de trata, realizados por OIT en 2022.

En Argentina, los números retratan una situación alarmante. De un total de 11.096 llamados a la línea 145, el 49,2% fue por explotación sexual y el 12,4% por posible captación con fines de explotación sexual, de acuerdo con los datos abiertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre 2017 y septiembre de 2022. 

Y las cifras van en creciente aumento. Solo en 2024, más de 1.500 personas fueron rescatadas y/o asistidas en la Argentina y, desde la sanción de la Ley N°26.364 en 2008, hasta diciembre de 2024, el total asciende a casi 22.000.

Newstad conversó con Marcela Cano, representante legal de la “Asociación Civil Madres Víctimas de Trata”, que fundó y preside Margarita Meira. Junto a la “Red Alto al Tráfico (RATT)”, que tiene al frente a Viviana Caminos, las dos organizaciones más importantes sobre trata en la Argentina. 

Para Cano, los casos de trata en el país, y en la Justicia, están en aumento. Además, que la Policía, tanto federal, como las fuerzas provinciales, no están preparadas para combatir este delito. Pero ese no es el único, ni principal problema. Como explicamos anteriormente, la política y/o la Justicia, coordina a la Policía para que retiren parte de la recaudación, que luego se reparte entre todos. También, de acuerdo con entrevistas y fuentes, son consumidores. En otras palabras, son parte del problema y no de la solución.

Esto sucede en el marco en el que Argentina es precursora y tiene normas de excelencia, contra la trata y el ciberdelito, como explicó Cano. “Al momento de aplicarlo, dejamos mucho que desear”, sentenció. Y la entrevistada no se equivoca. Muchos fiscales y jueces creen que leer la Ley es sinónimo de capacitación. Y no solo pasa con la trata de personas, también con la Ley de Acceso a la Información Pública, por mencionar otro ejemplo. 

Sin inteligencia no hay prevención. Y las fuerzas policiales no las hacen. No nos creen a nosotros, o a Cano, si no a los sumarios policiales. Son los propios documentos que generan los que los dejan en evidencia. Por ejemplo, van a visitar a una persona a una habitación, en la que supuestamente la explotan sexualmente. La Policía al no ver signos físicos de agresión o psicológicos, se van y dan por terminada la denuncia. Otro, ante la desaparición de una persona, muchas fuerzas de seguridad descartan la hipótesis de trata.

El delito de trata de personas es complejo. “La investigación, el rastreo, es muy complicado de seguir, pero lo más complicado es lograr el testimonio de las víctimas”, relató Cano. No es nada sencillo que una víctima de trata narre y reviva todo otra vez. Y la revictimización no es el único escollo. A esto hay que sumarle las amenazas y el miedo a la que fueron sometidas.

“Cada vez que me entrevisto con una víctima difiere de lo que cuenta en la Cámara Gesell. Y esta diferencia está marcada por la falta de confianza”, explicó la representante legal de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. Y se entiende cuando algunas víctimas relatan que donde las explotaban sexualmente iban policías, fiscales y/o jueces. La sola presencia de cualquiera de los involucrados es una amenaza per se.

En Argentina existe la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), como fiscalía especializada. “La PROTEX lo que puede hacer es en cada causa es solicitar diversas investigaciones, que se libren informes, pero no puede actuar directamente”, aclaró Cano. En resumen, es un órgano consultivo, pero no resolutivo. Los fiscales pueden tener en cuenta, o no, lo que expresa la PROTEX. 

Con respecto a la causa que tiene como imputados a Matías Barreiro, dirigente de River Plate, y al empresario Alejandro Roemmers, entre otros, la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata está al tanto. “Madres tiene conocimiento de la causa de Roemmers, porque se acercaron a la Asociación dos personas que manifestaron haber sido víctimas, relatan diferentes hechos y conocer y tener información precisa de esto”, aseguró Cano.

“Nosotros ingresamos a la causa con un escrito simple diciéndole al Dr. Lijo (el juez Ariel Lijo), y al fiscal Ramiro González, que teníamos a dos personas, que teníamos información y que queríamos aportarla. Cuando existe este tipo de testimonios siempre se dan en el contexto de identidad reservada, con el fin de preservar a la víctima. Literalmente, esa presentación fue rechazada por González y por Lijo, con el argumento de que la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata no tenía ningún tipo de legitimidad. Ambos desconocen las normas y la legitimidad de las organizaciones sin fines de lucro”, describió Cano.

Pero esto no terminó ahí. Uno de los querellantes apeló a la Cámara, que le ordenó al juzgado de Ariel Lijo escuchar la presentación de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. “No estaban dadas y siguen sin estar dadas las condiciones para tener una confianza en un juzgado que, sin escuchar, sin saber las pruebas que teníamos, donde se involucran a menores, captación, traslados y un delito continuado. Lo tenemos totalmente mapeado”, aseguró firmemente Cano.

En diálogo con Newstad, Cano afirmó que esta causa, como la que se abrió, producto de una exposición que realizó la periodista Viviana Canosa, hay personas muy conocidas, famosas, o de mucho poder político y/o empresarial. Y que esto, al momento de la investigación, es un obstáculo. Y hay que sumarle complicidad, inoperancia, falta de inteligencia, idoneidad, capacitación y que al frente están Ariel Lijo y Ramiro González, todo un combo para la impunidad.

Ignacio Viale es hoy quien maneja prácticamente todas las decisiones dentro del clan Legrand. Tal es así, que a pesar del escándalo por la denuncia que tiene Alejandro Roemmers en el juzgado de Ariel Lijo por presunta trata de personas y suministro de drogas, tres fuentes distintas confirmaron a Newstad que fue el nieto con propuso y logró que la conductora vaya al evento a pesar de un profundo mal estar de salud que había tenido la noche anterior. 

Mirtha Legrand apoyó la muestra de poder de Roemmers que convocó parte del lobby privado, la justicia, periodistas y empresarios que dieron presente. Mirtha Legrand está enojada y paga el costo político. Definió a Roemmers como una gran persona, y quedó en medio de una polémica porque según fuentes judiciales, el juez Lijo ahora ya afuera de la Corte Suprema avanzará con distintos expedientes, y uno clave es el de Roemmers y el del vocal de River Plate que preside Jorge Britos, Matías Barreiro por abuso.

Desde que la Sala I de la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Ariel Lijo que no se archive la causa por considerar prematuros los tiempos, aparecieron testimonios, investigaciones y declaraciones sobre el tema. Newstad impulsa una investigación junto con Federico Teijeiro y colaboran personas que se comprometieron con el tema como la usuaria @desdemona_jna en X para la apretura y profundización del tema. 

El comunicado de RATT (Red de Alto al Tráfico y la Trata) apunto directamente contra los famosos y periodistas que acudieron en lo que pareció una defensa o muestra de poder de Roemmers. La causa involucra también a Matías Barreiro, dirigente de River Plate y parte de la gestión que encabeza el empresario Jorge Britos.

La denuncia hecha por Roberto Mazzoni involucra una serie de elementos probatorios a los que Newstad tuvo acceso en los que se prueba a ojos del denunciante como se reclutan, financian, someten, aislan hombres con casos de presencia de menores para incorporar a un grupo reducido que conforman viajes, fiestas con empresarios y otras actividades. 

Desde el entorno de Mirtha Legrand aseguraron a este medio que la conductora está furiosa con haber ido y por recomendación del nieto. De hecho los rumores sobre la conducción de la familia Legrand en manos de Ignacio entró en una nube de dudas, por la línea editorial y hasta por costumbres inmorales como cobrar dinero a personas por ser invitadas al programa. Algo que se planteó desde tres fuentes distintas a este medio, incluyendo un empleado de Mirtha Legrand, quien afirmo que Ignacio Viale cobró dinero por llevar a la conductora al evento de Alejandro Roemmers.

“MIirtha sólo se encarga de medir y no mide, el problema es que el nieto no deja cagada por hacer y hace plata sin consultar ni compartir”. Es la definición quirúrgica sobre las formas de Ignacio Viale, desde adentro de la empresa que produce los almuerzos de Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale.

Entre los asistentes se encontraban:

Mirtha Legrand, quien fue recibida con un ramo de flores por parte de Roemmers y se ubicó en la primera fila del auditorio.

Hebe Roemmers, madre del autor.

María Laura Santillán, periodista.

Adriana Brodsky, actriz.

Anamá Ferreira, modelo y empresaria.

Mora Furtado, modelo y conductora.

Adriana Salonia, actriz.

Evelyn Scheidl, conductora y modelo.

Naná Gallardo, periodista.

Ana Rusconi, empresaria.

Milagros Resta, decoradora.

Josefina Villar, periodista.

María Laura Leguizamón, ex senadora nacional.

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond.

En nombre de Alejandro Roemmers, Alejandro Zárate se contactó con este cronista planteando errores en publicaciones anteriores, por lo que se invito a Roemmers a una entrevista en la redacción del diario. Zárate dirige hace 27 años una consultora. Se renueva la invitación, tanto a Roemmers como a cualquier menciónado que sienta su honor dañado por la investigación que se lleva adelante desde Newstad.

Marga habla pausado, es determinante pero sensible, una mujer potente, que dice cosas fuertes sin levantar la voz. Es una abuela buena y calma, con una mirada tierna y esperanzadora, que nada tiene que ver con lo que vivió. Amó y cuidó a su hija hasta que la trata se la arrancó para siempre. Primero el trabajo de encontrarla, de querer rescatarla de los prostíbulos que hoy siguen vigentes en Recoleta. Después encontrarla muerta y dedicar su vida desde Madres de Víctimas de Trata a salvar chicas, mayores y menores del desastre que la política avala, financia y se nutre. La trata digital en el cuarto capítulo de la investigación de Newstad.

Los prostíbulos siguen más vigentes que nunca. Los hombres repartiendo tarjetas para que entren a disfrutar del circo humano también. Camperas negras, tarjetas con fotos de chicas, venta de cocaína, todo en Recoleta, en la calle Alvear, en los bosques de Palermo. Todo, todos los días. Lo sabe y denuncia Marga Meira, lo sabe este cronista que investiga el tema: ¿Puede no saberlo la política?

Marga lo cuenta con tranquilidad, perdió su hija, hablo con violadas, confirmó los políticos que integran el desastre, la quisieron matar, la apretaron, la amenazaron. Así llegó a Newstad, para contarme por qué rescatar las chicas es lo que la saca de la cama todos los días. No tiene tiempo de deprimirse ni de putear al cielo, quiere lograr que la trata deje de existir. O rescatar a una chica, es lo mismo.

“Mi idea es mostrar al mundo lo que es la trata, mostramos en la Justicia lo que es la trata”. Ella no cree en el rol de la justicia, pero no le queda otra, acepta las reglas y las desafía. La trata cambió con el mundo y hoy es prostituyen a las chicas mediante la persuasión y el encierro para que se filmen sin parar, para que tomen cocaína, bailen, se violen al ritmo del click y la propina. Es trata digital y gobierna el mundo.

“En Only Fans, detrás de eso, hay una industria que las localiza por las redes, le hacen el novio, las entregan y no pueden salir salvo que las rescatemos nosotros”. Cuenta Marga la experiencia de la última chica que gritaba pidiendo ayuda a los vecinos. Fueron, esperando en la puerta, mintieron diciendo que eran pasajeros de un hotel de tránsito, esperaron en la puerta y la encontraron y les tomó 24 horas hacerle entender que podía escaparse y ser libre. Tenía el tabique roto, la mandíbula rota, mal alimentada, pero era libre.

La política es necesaria: “las chicas cuentan que van a cobrar la comisión la policía, los políticos van a violarlas, las chicas conocen a sus violadores, altos funcionarios políticos, por eso no las puedo llevar a charlas en el Congreso porque están los violadores”. “A nosotros no nos toca nadie, yo hago lo que quiero, no me meten preso”, les dijo un político importante la última vez que fueron al Congreso. Una de las chicas quiso ahorcar al funcionario con el pañuelo de la ONG. Nunca más volvieron.

Un día Marga caminaba con una chica, pasaron por un prostíbulo y ella saludó al transa, asustada le preguntó por qué sabía quién era. “Yo venía a punta de pistola a traer un kilo de cocaína todos los días, es lo mínimo que vende un prostíbulo por día”. Lo sabe Marga, lo saben las chicas y los policías, lo saben los políticos, una parte de ellos. Eso es hoy Argentina.

“No recibimos un peso, ni siquiera un lugar dónde tener chicas al resguardo”. Marga exige una respuesta de la política, pero no la tiene. No hay presupuesto, si hay no les llega. “No se puede mezclar una chica embarazada de violencia de género con trata, hace falta generar contextos y que estén separadas”. “Las chicas no son putas y no quieren estudiar, es mentira, es importante que la sociedad acompañe a Madres de Víctima”.

La entrevista: