El triple crimen narco que se originó en La Matanza con el secuestro de tres jóvenes, una mejor, y tuvo un sanguinario final en Florencio Varela con torturas indescriptibles para las tres, sigue siendo noticia.

Por estas horas, el juez Fernando Pinos Guevara, que tuvo a su cargo la fase inicial de la investigación, afirmó a Newstad que en este momento sus hijos deben estar escondidos y que junto a su familia están evalando irse del país ya que, luego de dos hechos claramente intimidatorios, la seguridad de él y sus seres queridos está en riesgo. 

Este medio ya había publicado que las familias de las víctimas siguen viviendo aterrorizadas, bajo amenazas y movimientos sospechosos a su alrededor.

Ahora, como un último recurso para tratar de estar protegido, Pinos Guevara, está exponiéndose para denunciar que fue víctima de dos robos en las últimas semanas y advirtió que la situación generó un temor concreto por su vida y la de su familia. 

El magistrado es juez de Garantías de La Matanza y tuvo a su cargo la fase inicial de la causa que luego pasó al fuero federal por la complejidad de las bandas criminales involucradas. Pero la falta de protección que denuncia ahora viene de hace casi una década.

En el último hecho los malvivientes no disimularon que se trataba de un mensaje de advertencia. Dejaron patas para arriba la casa de su suegra, una vivienda humilde del conurbano. Había joyas y otros objetos de valor, pero no se llevaron nada, inclusive los dejaron a la vista. No fue un robo. 

Pinos Guevara relató que desde el inicio de su carrera judicial solicitó protección oficial, sin éxito. “Hace 15 años que soy juez y el primer día que asumí pedí custodia. Estuve casi ocho años solicitándola y nunca me fue concedida”, afirmó. Según explicó, el trámite debe realizarse ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la delegación de custodias y puntos fijos de la Policía en cada departamento judicial.

El magistrado sostuvo que realizó múltiples pedidos formales durante años, pero ante la reiterada negativa terminó desistiendo. “Entendí que la idea no era concederme una custodia. Seguir pidiendo algo que me negaban una y otra vez no tenía sentido”, expresó. Sin embargo, los recientes hechos delictivos reavivaron el riesgo y obligaron a adoptar medidas extremas para proteger a su entorno más cercano.

En ese marco, Pinos Guevara reveló que sus hijos debieron trasladarse a otra propiedad y permanecer ocultos, como parte de una lamentable estrategia de resguardo. “Los chicos están escondidos, no están con nosotros en este momento. Estamos tratando de cuidarnos mucho”, insistió.

Recién en las últimas horas, tras los ataques sufridos, se dispuso una custodia policial. “Me pusieron una custodia ayer a la noche. Entiendo que hoy (viernes por la noche) seguirá, pero no sé hasta cuándo. Tampoco me lo aseguraron”, explicó el juez, quien manifestó su preocupación ante la falta de certezas sobre la continuidad de la protección.

Finalmente, el magistrado admitió que la situación lo obliga a replantear su futuro. “Espero que la custodia se mantenga en el tiempo, pero no me lo garantizaron. Tendré que reflexionar sobre nuestro destino, porque la situación es muy complicada, para mi familia y para mí”, concluyó.

 La siguiente crónica alarmante rompe con todos los estándares de seguridad y el buena vida que permanentemente ostenta o quiere intentar ostentar la Ciudad de Buenos Aires. Newstad escuchó de primera mano el infierno de un menor abusado y maltratado en instituciones porteñas. También escuchamos la súplica de su madre, que vivió esta pesadilla mientras su hijo, además, también estuvo desaparecido. 

Todo acá, ni en la frontera, ni en Formosa, ni en ningún país vecinos. Acá, en la Ciudad de todos los argentinos, B. de sólo 11 años, sufrió todos los maltratos posibles. 

Al menor lo llamaremos a partir de ahora “B” para preservar su identidad. Pero los datos bien duros y ciertos son que B tiene apenas 11 años y fue abusado en el Centro de Atención Transitoria III y el Hogar La Casa de Coca , un centro dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se describe en documentos públicos de la Ciudad, La Casa de Coca “garantiza la adecuada cobertura de necesidades de protección de los niños y adolescentes que allí se alojan”. Pero esta no pareció ser la experiencia que vivió B. 

Según su madre, Giselle, su hijo, con Trastorno Oposicionista Desafiante, sufrió en ambos establecimientos un notorio descuido de su salud integral. “En el CAT III sufrió abusos físicos y psicológicos. Lo mismo pasó en La Casa de Coca. Ahí fue evidente el maltrato, el descuído. Se le hacía infección en los pies. Le robaban y le rompían sus cosas. También estuvo muy golpeado. Él nunca se animó a decirme si fueron sus compañeritos o quienes debían cuidarlo, que desde ya no lo hicieron”. 

Todo esto ocurrió debido a que en su momento Giselle quedó en la calle. La mujer afirma que fueron insistentes sus pedidos para recibir algún tipo de subsidio habitacional, teniendo en cuenta la urgencia de tener a B. y otra hija con ella. La respuesta fue tajante y carente de empatía: “Cuando te quedes en la calle llamá al 108”, dice Giselle que escuchó del otro lado del teléfono por parte de la Defensoría Zonal Nro 12. Por lo tanto a la madre no le quedó otra opción que entregarlo a estos centros de cuidado de la Ciudad. 

Luego de estas vivencias traumáticas años atrás, el calvario para B fue hasta hace horas todavía peor. El menor que hoy tiene 11 años, salió de su casa y se perdió….. y termina internado en el Hospital Ramos Mejía bajo condiciones de supervisión por demás irregulares. 

“El 30 de septiembre ingresó al Ramos Mejía. Estuvo sin colegio 10 semanas. Solicité la orden de retención del menor y no me la daban”, denuncia la mamá de B. Los audios del menor, a los que tuvo acceso Newstad, son escalofriantes: "“No quiero estar mas en el hospital, ya van 7 semanas y no aguanto más. No quiero estar más acá, quiero ir con mi mamá, estoy harto, no aguanto más. Por favor hagan algo, no aguanto más”.

Y hubo un hecho inaceptable, otro más, relatado por el menor: “Un oficial amenazó con fracturarle un dedo. Dijo que están autorizados a esposarlos y golpearlos. Pero tiene 11 años, no es un delincuente", relata la madre, como puede, a este periodista. 

B no soportó más y escapó, por lo que estuvo desaparecido durante casi un día hasta que fue encontrado este lunes por la tarde. B estuvo, siendo menor y con un trastorno, expuesto durante horas a cualquier otro desastre, a la trata, el peor escenario para una infancia. Pero el miedo no termina: “Mi terror más grande es que la fiscalía dictamine que yo tenga que llevar a mi hijo a estos centros donde ya fue abusado o de nuevo al hospital donde fue amenazado y escapó”. 

Giselle hizo estas denuncias en la Fiscalía 22 y continuará en contacto con Newstad en horas en las que todo es incertidumbre para ella y su hijo B. 

La sociedad entre Javier Milei y la hasta ahora ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich fue sin dudas una de las que les dio más crédito a la gobernabilidad de esta gestión. A pesar de los embates constantes de un sector de la oposición que no escuchó el mensaje popular, la funcionaria se mantuvo firme en su protocolo de seguridad frente a las manifestaciones.

Los piquetes, que hasta hace dos años se repetían al menos dos veces por semana en arterias centrales de la Ciudad de Buenos Aires o accesos al Conurbano, hoy son crónicas del pasado, gracias a la tarea conjunta de Capital Humano, que les cortó el negocio a quienes “gestionaban” la pobreza desde las dirigencias de partidos de izquierda. 

Estos dos hechos devolvieron algo a lo que los argentinos estamos poco acostumbrados, por eso aún sigue cuestionándose: el orden y la previsibilidad de saber que si vas a tomar tu camino habitual a un destino, ninguna maniestación va a arruinar el día. 

Patricia Bullrich también se puso al frente de otro cambio de paradigma: le devolvió el respeto y la diginidad a las fuerzas de seguridad. Los efectivos saben que cuentan con una jefa que los apoya, que no iba a permitir un nuevo “Chocobar”, en problemas por actuar frente a los delincuentes. Así lo confirmó hace días frente a Newstad, con la iniciativa de incluir cambios en el concepto de legítima defensa para los efectivos que fueron incluídios en el próximo Código Penal que se debatirá en el Congreso. Un Código Penal que sin dudas, también es uno de los legados que deja la gestión Bullrich.

Según supo Newstad, también continuará adelante la política de asignación de viviendas Procrear para familias de todas las fuerzas de seguridad, otro gesto en el objetivo de devolverle la autoestima a los efectivos que deben cuidar a los argentinos, en especial aquellos que deben mudarse a lugares lejanos de sus familias durante mucho tiempo.

Con estos pilares bien construídos, la flamante senadora se despidió del ministerio de Seguridad Nacional frente a funcionarios nacionales y las cúpulas de todas las fuerzas federales: . “Hemos logrado la incautación de cocaína mas importante de la historia argentina, hemos logrado entre todos que la Argentina sea el país mas seguro de america del sur.  Esto lo fuimos ganando, estábamos en quinto, sexto lugar”. 

Bullrich destacó por estos logros a Javier Milei, quizás con un tiro por elevación a Mauricio Macri: “Esto fue una decisión política, un presidente que no tiene miedo. Un presidente que dice ‘hace, no tengamos miedo al que diran’, no tengamos miedo a lo políticamente incorrecto. Lo peor es que no pase nada y que la Argentina siga decadente”. 

La ministra saliente destacó a todas las fuerzas especialmente con párrafos para cada una de ellas, pero las palabras para el Servicio Penitenciario fueron ejemplo de lo que dejó su gestión: “Una fuerza olvidada, castigada, que tenia armas de 1949, con chalecos vencidos, el servicio penitenciario federal, paso a ser hoy una fuerza orgullosa. Este gobierno le devolvió la dignidad, cuando la dignidad se la daban a los presos”. 

“Estamos cambiando la argentina para siempre y estoy orgullosa de haber sido parte de este cambio. Cuando me necesiten, voy a estar”, cerró emocionada Bullrich ante los presentes. 

La flamante senadora destacó a todos los integrantes del ministerio, entre ellos Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa: “Patricia hizo un trabajo enorme para ayudar al gobierno de Milei y los argentinos. Trabajamos en circunstancias difíciles, cuidadando los recursos que tenemos, con licitaciones  transparentes, hemos equipado a las fuerzas de manera sostenida estos dos años, con mucha precisión. Estamos muy contentos con el trabajo que se pudo hacer" . 

Patricia Bullrich celebró esa precisión y daba el siguiente ejemplo: "Nosotros comprábamos 100 autos cuando había provincias que compraban 1000. O que compramos 3 helicópteros, pero con lo que tenemos estamos en cada rincón del país y recorremos toda la frontera". 

Otro funcionario mencionado fue Iván Velasco, Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, quien resumió el último acto de su hasta ahora jefa: “Fue un acto muy emotivo, se centró en agradecer a los integrantes de las cinco fuerzas que trabajan codo a codo. Nombró una por una a toda la plana del ministerio”. El funcionario aseguró que a partir de ahora “se viene una Argentina con más cambios” al mando de la sucesora, Alejandra Monteoliva. “Vamos a seguir con la doctrina de firmeza, respeto a la ley y del que las hace las paga”, subrayó Velasco. 

Se viene un futuro de desafíos para Bullrich, que será pieza clave en el objetivo de la “próxima generación de reformas para la Argentina”, tal como titulan desde el Gobierno. Cercanos a la ministra acercaron unas palabras de la flamante sendora para Newstad: “Me voy una batalla que hace falta dar. Voy a pasar de la acción a la conversación en el Senado. Lo voy a hacer con los 20 que vamos a ser ahora en el Senado y los amigos que estamos construyendo”. 

La presentación de los proyectos de ley contra las falsas denuncias de la senadora Carolina Losada y las diputadas Lilia Lemoine y Patricia Váquez indicaron a las claras que el tema ya es un drama nacional que ningún partido político puede ignorar, aunque algunos siguen mirando para otro lado.

Este nuevo contexto fue advertido por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, cuando al presentar el proyecto del nuevo Código Penal hizo un párrafo aparte para este flagelo: “El falso testimonio va a tener agravantes porque la mentira no puede ser utilizada como un instrumento de venganza”, comenzó tajante". Y anticipó: “Las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, lo vamos a incorporar por primera vez al Código Penal en la Argentina”. 

Actualmente, el artículo 245 del Código Penal sanciona la falsa denuncia genérica con prisión de dos meses a un año o multa ridícula de 12 mil pesos. 

El abogado penalista Augusto María Cassiau analizó para Newstad la problemática de las falsas denuncias y respaldó las modificaciones previstas por Bullrich. 

Según explicó, su involucramiento en el tema surgió a partir de su experiencia profesional, donde comenzó a observar un patrón en disputas patrimoniales y familiares que derivaban, en momentos de tensión, en denuncias que luego se demostraban infundadas. “Veías claramente que eran falsas, pero aun así no las archivaban, y al denunciado lo destruían en lo emocional, lo económico y lo familiar”, afirmó.

Cassiau también vinculó el fenómeno con un clima social que, a su entender, se intensificó entre 2018 y 2019, cuando —según describe— surgió una hostilidad creciente hacia los varones en el marco de debates públicos sobre violencia de género: “Empecé a ver toda una onda de odio hacia el hombre que nos querían dividir entre el hombre y la mujer por el simple hecho de dividir y reinarás para que los poderosos tengan poder y para que puedan perseguir al hombre, a todo aquel hombre que tenga un mínimo de poder o quiera hablar o se quiera meter en política, ya saben que le pueden meter una falsa denuncia y esta va a tener consecuencias ya sean jurídicas y sociales”

En ese contexto, advirtió que una denuncia sin sustento puede convertirse en una herramienta de presión que afecta tanto la reputación como la posibilidad de participación social o política. “El escrache digital deja una sospecha para toda la vida. Por eso es fundamental defender el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, señaló.

Sobre el proyecto de reforma del Código Penal, Cassiau sostuvo que coincide con la necesidad de modificar el artículo 109 para agravar las penas por imputaciones falsas, en especial cuando se realicen en el marco de violencia de género o cuando la acusación se difunda a través de medios de comunicación o plataformas digitales. Subrayó que el impacto de los escraches en redes puede ser devastador incluso sin una denuncia formal: “Tuve tres casos en los que no había proceso judicial y, solo por publicaciones en Instagram, la vida de los chicos quedó arruinada. Uno intentó suicidarse y otros dos atravesaron depresiones severas”.

El abogado, sin embargo, expresó reparos sobre otros puntos de la reforma, en particular el posible endurecimiento de penas vinculadas a delitos de odio o discriminación. Alertó que en países europeos ese tipo de figuras ha derivado en excesos y en sanciones a usuarios de redes sociales por simples publicaciones. “Ahí hay que tener cuidado. No se puede abrir la puerta a que opiniones o expresiones discutibles terminen judicializadas”, advirtió.

Los proyectos de ley en el Congreso también seguirán su curso a pesar de la inclusión de estas penas en el nuevo Código Penal. Sus aportes también son importantes porque buscan castigar, además, a los profesionales (peritos, abogados, psicólogos) que se suman a la construcción de la mentira y hacen malgastar recursos públicos en la Justicia. 

Quienes todavía se hacen los distraídos, aún pueden sumarse para frenar este flagelo que destruye familias y, lo más importante, las infancias. No hay marcha atrás. 

La próxima etapa de reformas que prevé el Gobierno de cara a la nueva conformación de legisladores oficialistas en el Congreso incluye uno de los caballos de batalla de la gestión libertaria: el orden y la seguridad.

Para ello, el nuevo Código Penal que debe ser aprobado en el Congreso será uno de los próximos temas de debates públicos. Y puntualmente una de esas discusiones girará en torno a un apartado específico sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y una “presunción en favor de la autoridad pública”. 

La norma establece que no será punible quien actúe “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Además, excluye de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad o del servicio penitenciario que, “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causaren lesiones o muerte”.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respaldó la reforma y explicó la necesidad de actualizar el marco legal: “Siempre ha habido una confusión, y viene porque el Código es de 1921. Es muy distinta la legítima defensa al cumplimiento del deber”, señaló.

Consultada por Newstad en el ministerio de Seguridad Nacional, Bullrich aclaró que el cambio apunta a distinguir el accionar de un civil del de un miembro de las fuerzas: “Un policía federal que se encuentra frente a un delincuente que está in fraganti cometiendo un delito, o le está cometiendo el delito al propio policía —trabajando o de franco—, no solo se está defendiendo a sí mismo, sino también a la población, con el arma aportada por la ciudadanía con sus impuestos para que los cuide”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que el efectivo debe “poder actuar de manera inmediata esté en la situación que esté” y que el nuevo Código busca delimitar claramente el cumplimiento del deber del agente de seguridad respecto de la legítima defensa civil.

“La legítima defensa es un concepto más civil, y el cumplimiento del deber es un concepto más policial. Hoy hay que hacer esta diferenciación porque hay enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con delincuentes en distintas ocasiones”, sostuvo la ministra.

Bullrich remarcó que el objetivo es evitar que los efectivos terminen procesados por cumplir su función: “Lo que hacemos es dejar en claro que el hombre o la mujer de la fuerza que defiende a la sociedad o a su propia familia está cumpliendo con su deber. Y dejamos para los civiles el concepto de la legítima defensa”, agregó.

La titular de Seguridad destacó que países como Uruguay y Chile ya avanzaron en legislaciones similares y que Argentina debe seguir ese camino: “Queremos avanzar también para que los hombres y mujeres de las fuerzas no terminen en la comisaría como victimarios, cuando son víctimas o están protegiendo a la sociedad”, concluyó.

Las declaraciones a Newstad de la ministra se dieron luego de la presentación del programa de ingreso para profesionales a la Policía Federal Argentina (PFA) y al Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El programa, afirman en la cartera, representa un cambio total en el paradigma de trabajo de ambas instituciones.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó el Plan Paraná, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, el principal corredor fluvial del país y una vía crítica para el comercio y la producción nacional.

Durante el lanzamiento, Bullrich destacó que el plan marca un paso decisivo en la recuperación del control estatal sobre el corredor fluvial, con un mensaje enfático contra el crimen organizado. “Dijimos que no íbamos a dejar un solo milímetro de territorio argentino bajo el control de las bandas y hoy lo reafirmamos: tampoco un solo milímetro de nuestras aguas”, afirmó.

La ministra subrayó que el operativo tiene como objetivo “blindar” los 3.400 kilómetros de hidrovía que atraviesan cinco países y constituyen la columna vertebral logística de la Argentina. “La frontera es el primer bastión que debemos proteger para evitar que la droga, la trata de personas y todo tipo de delito ingresen o salgan del país. El corredor fluvial va a dejar de superponer flujos legales e ilegales. No va a ser una autopista del crimen”, sostuvo.

El Plan Paraná combina tecnología, inteligencia y despliegue territorial, e incluye la reactivación de equipamiento que se encontraba inactivo desde 2018, junto con el despliegue de unidades especiales en puntos estratégicos como la Isla del Cerrito, en el límite entre Chaco y Corrientes.

“Hoy estamos trabajando exactamente en el punto caliente de la Isla del Cerrito, en el triángulo estratégico que compartimos con Chaco y Corrientes. Desde ahí, no podrán avanzar las bandas”, explicó Bullrich.

El operativo involucra la acción conjunta del Estado Nacional, las provincias de Chaco y Corrientes, las cinco fuerzas federales, y organismos como Migraciones y Aduana. La ministra enfatizó que se trata de un esfuerzo coordinado: “Este es un plan integral que involucra al Estado Nacional, a las provincias y a las fuerzas federales. Es la Argentina actuando de manera coordinada”.

Bullrich también destacó la cooperación con Paraguay, país clave en el trazado de la hidrovía, y aseguró que el trabajo conjunto es fundamental para frenar el tráfico ilícito en la región.

Finalmente, la titular de Seguridad reafirmó la decisión del Gobierno de mantener una ofensiva permanente contra el narcotráfico: “Vamos con todo. Vamos a seguir luchando contra el narcotráfico como lo estamos demostrando: con las cifras de decomisos más altas de la historia y con las bandas más peligrosas tras las rejas. Hemos planteado una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, en cada metro de tierra y ahora también en cada kilómetro de nuestras aguas.”

 Está todo tan sucio, tan mal en el caso de los crímenes de Morena (20), Brenda (20) y Lara (15) que es díficil ordenar esta dolorosa crónica. Una familia humilde que apañaba la prostitución de sus hijas, es decir la violación en el caso de la menor de edad, y una sucesión de fallas del Estado por donde se infiltra el narcotráfico. Para colmo, un ministro de Seguridad bonaerense que responde con el chiquitaje de “las jurisdicciones”, al referirse a la Villa 1 11 14 que está en la Ciudad de Buenos Aires. 

Lo concreto es que las tres jóvenes que desaparecieron desde el viernes fueron encontradas sin vida dentro de un pozo séptico en Florencio Varela, zona sur del conurbano bonaerense. Fueron cruelmente golpeadas y acuchilladas, según la autopsia. También hay claros signos de tortura narco: extremidades cortadas, quemaduras y los pies encintados. 

Otro elemento macabro: la tortura fue grabada y transmitida en vivo por una red social para un grupo cerrado de 45 personas, miembros de la red criminal. Este material puede ser clave para avanzar con más detenciones. Al respecto, el abogado especializado en derecho informático Hugo Sorbo, explicó a Newstad: “Los cuatro que están detenidos tienen que proveer datos de quiénes eran los usuarios en esa transmisión, para que la fiscalía oficie a Meta (la empresa detrás de Instagram)”. 

Sorbo detalla que si se logra eso “se pueden sacar direcciones de IP” y también determinar eventuales responsabilidades de esas 45 personas que vieron todo: “Encubrimiento, mínimo”, asegura el abogado. Pero aclara: “Hay que ver cada caso para ver si hay encubrimiento, o alguna participación secundaria, partícipe necesario, y tienen que tener conocimiento de lo que se iba a hacer en ese video”.

“Desde el punto de vista de la defensa, la fiscalía va a tener que probar que tenían conocimiento de lo que iba a pasar, entones ahí puede haber encubrimiento, por lo menos”, cierra el perito informático sobre este punto clave de la investigación. 

El caso expone una trama de violencia extrema, inoperancia estatal y un tejido social y familiar roto. Las tres habían desaparecido en La Matanza y sus cuerpos fueron hallados días después en el sur del conurbano bonaerense, una zona marcada por la presencia del narcotráfico y la trata de personas.

La familia sabía que eran trabajadores sexuales y que se movían habitualmente en “Didi” para ir a un boliche en Flores, pero ese viernes las pasaron a buscar. La trampa fue un supuesto evento a cambio de 300 dólares para cada una, y cayeron: en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca. El vehículo luego fue prendido fuego. Todo absolutamente planeado para descartar las pruebas de esta secuencia fatal.

Las familias de las víctimas señalaron que el sábado intentaron denunciar la desaparición, pero en la comisaría les pidieron que regresaran al día siguiente. 

El ministro de Seguridad bonaerense de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, a quien se le conoce muy poco la voz, relató que se hizo un “trabajo de investigación y de campo” para determinar que se trató de “una venganza narco”.

¿Por qué ese trabajo de investigación y de campo no se hizo antes de que las mataran? La banda secuestró, mató y enterró en terreno bonaerense, pero el funcionario se encargó de aclarar que los narcos operaban dentro de la villa porteña 1 11 14. Es harto sabido que ese barrio vulnerable también está atravesado por el narco entre una mayoría de gente trabajadora, pero evidentemente esta banda se movía con comodidad en conurbano sur. 

Leonel, el padre de Brenda expuso al intendente Fernando Espinoza: “Esto es una red. El intendente dijo que puso cámaras: “¿Dónde están?, dónde está el fiscal? Esperamos muchísimas más detenciones”. Por la tarde, el abuelo de Moreno y Brenda agregó: “Nadie vino a ponernos una mano en el hombro”. 

“Mañana van a seguir llevándose cuatro, cinco chicas” agregó en medio de lágrimas, acostumbrado al desamparo estatal. 

No importa sin eran trabajadoras sexuales, abogadas o empleadas de comercio. Lo que se evidencia una vez más es que los narcos penetran en las familias, que con su dinero fácil captan jóvenes hijos e hijas de familias que hace décadas no pueden progresar. El Estado elefantiásico no los cuidó. Pero para Espinoza, “La Matanza, avanza”. 

Situación: siete de la tarde en avenida Hipólito Yrigoyen y Laprida, Lomas de Zamora. Un colectivo frena, a un buen salto de distancia del cordón de la vereda. Un hombre baja con fatiga sobre la calle y un “Rappi” en bicileta se lo lleva puesto. El hombre cae, se levanta con dificultad pero se inicia un cruce de gritos y dedicatorias a las madres de ambos. Nadie interviene. El cansancio los gana a ambos y luego del típico amague de varones, cada uno sigue su camino. Uno, agotado luego de un día de trabajo (o quizás más de uno) y un viaje de regreso de pésima calidad. El otro, sigue entregando pedidos, ese empleo precario que le permite llegar con lo justo a fin de mes, pedaleando al menos 10 horas por día. 

Los medios y las redes vienen replicando en los últimos tiempos este tipo deescenas crudas que vi hace algunas semanas y parecen pequeños fragmentos de “relatos salvajes”. Son consencuencias de esa sociedad rota, que en el Conurbano ya estaba hecha pedazos desde hace muchos años antes y hace catársis en estas “mini explosiones” cotidianas. 

Le comparto esta anécdota a Daniel Bilotta, periodista especializado en “las delicias” del conurbano bonaerense, y comienza: “El problema del Conurbano es que viven en 3000 kilómetros cuadrados casi 10 millones de personas, es el mayor bolsón de pobreza del país. De todas maneras, la pobreza no explica el delito, pero sí la violencia. Y la falta de servicios básicos durante tantos años contribuye al hartazgo y que el Conurbano sea un lugar de violencia todos los días”. 

Bilotta describe a este territorio como un espacio con realidades muy heterogéneas: "Hay sectores comparables a ciudades modernas y otros que parecen países sumidos en pobreza extrema. Esta desigualdad genera una fractura social profunda", explica. 

El citado Lomas de Zamora, en la zona sur del Conurbano es un claro ejemplo: en 2024, registró una tasa de 6,83 homicidios cada 100.000 habitantes, superando la media provincial. Frente a estos datos hay que recordar que denunciar los ilícitos en la comisaría no es un hábito bonaerense común. Es otra consecuencia de ese divorcio entre el Estado y los bonaerenses, por lo tanto las cifras esconden una realidad mucho peor. 

Pero en el medio de este caos, en Lomas de Zamora también hay un boom inmobiliario sin pausa en su  zona céntrica, que se divide en dos: la de la peatonal Laprida, de precios más populares,  y “Las Lomitas”, que se extiendió con fuerza hacia los dos lados de Hipólito Yrigoyen. Llamativamente, las construcciones están casi monopolizadas por la Inmobiliaria Baron, algunas con dudosas habilitaciones por su cantidad de pisos. 

Pero ese sólo es un problema. La falta de planificación, un déficit clásico de la Argentina, se reproducen en Lomas. Este boom inmobiliario se está pagando con cortes de luz cada vez más frecuentes porque le red eléctria no soportó semejante crecimiento. La presión de agua también se resiente. En varias zonas, abrir la canilla en horas pico significa enfrentarse a un hilo casi inexistente. La explicación es similar: la infraestructura de AySA no fue diseñada para sostener la densidad creciente. Otro síntoma son las calles saturadas porque muchos edificios se construyen con menos espacios de estacionamiento que la cantidad de departamentos. 

Ni hablemos de ampliar de ampliar el ancho de la saturadísima calle Colombres, a pesar de que sus veredas son súper amplias. Ah, pero allí ubican sus mesas los importantes restaurantes de la zona, y tampoco hay que molestar a sus dueños, clave del éxito del centro lomense. 

Esta Lomas de Zamora “opulenta” contrasta con otras barrios que encontramos si hacemos unos pocos minutos en auto, hacia cualquier costado de la zona céntrica. Casas bajas hechas cárceles, casi con más rejas que ventanas, infraestructura que brilla por su ausencia, y cámaras de seguridad privadas para reemplazar a un Estado que no cuida al barrio hace décadas. 

Sobre estos escenarios, vuelvo acudir a Bilotta, que contextualiza: “Un Estado ausente hace 50 años. En democracia, gobernó casi siempre el peronismo y no les resolvió gran parte de los problemas. La falta de alimentos y la falta de trabajo generan violencia. En algunos casos, se expresa a través del delito. Sin alimentos no podes pedir una educación, y sin educación es muy exigente pedi que se entendienda la ley”. 

A a este combo, el autor de “Conurbano Salvaje” y columnista en el programa de Carlos Pagni en La Nación + agrega el ingrediente que hace detonar la bomba: “en el Conurbano tenés casi un 50% de desocupación, si los chicos no son contenidos en las aulas y si ser un puntero de la droga te deja 200 mil pesos por semana, el lugar que ocupa el narcotráfico es claro. Además en el Conurbano hay cocinas, hay producción de droga". 

Para el final, Bilotta destaca el rol de los intendentes, que para bien o para mal son los que le ponen la cara (excepto los que viven en Puerto Madero): “Quien no se entiende con los intendentes del Conurbano no gobierna la Argentina”. Hace pocos días el presidente tuvo que escapar de Lomas debido a un operativo absolutamente descoordinado con las fuerzas de seguridad locales. Es momento de que el Gobierno deje a un lado los insultos adolesentes y baje al barro (nunca mejor dicho) a reforzar los vínculos territoriales, con los propios y no tan propios. 

La trata de seres humanos constituye un delito aberrante que convierte a las personas en simples mercancías, despojándolas de sus derechos y de su libertad. La gran mayoría de las víctimas sufren explotación sexual y/o laboral, y un alto porcentaje son menores de edad.

Las víctimas suelen ser captadas en contextos de vulnerabilidad: migran desde sus países de origen por pobreza o necesidades urgentes, son engañadas con promesas de trabajos legales y formales, o son captadas a través de internet y redes sociales, como ocurre con el grooming en menores. Siempre existe un engaño inicial, seguido del sometimiento. Una vez atrapadas, no pueden escapar: les retiran sus documentos y pasaportes, son aisladas de sus familias y entornos, se les impide comunicarse y son amenazadas constantemente, lo que las paraliza.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 68/192 en el año 2014.

En las campañas de prevención se utiliza como símbolo un corazón azul, que representa tanto la tristeza de las víctimas como la frialdad de quienes trafican con personas. Esta imagen busca generar conciencia social y visibilizar este delito, promoviendo la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es:“La trata de personas es un crimen organizado. Pongamos fin a la explotación”.

Escuchar a las víctimas es esencial. Comprender cómo fueron captadas, qué padecieron, cómo vivieron el proceso y qué recuerdos conservan permite diseñar mejores estrategias de prevención, rescate y acompañamiento, y ayuda a salvar a otras personas que aún están atrapadas.

Se estima que más de 2.500.000 personas son víctimas de trata en el mundo, aunque se calcula que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar.

A pesar de la dificultad para obtener datos precisos, las cifras estimadas indican que este delito creció un 25% en los últimos años. Más del 61% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 70% de las organizaciones criminales están conformadas por hombres.

Se trata de un negocio ilegal que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales, una cifra que invita a reflexionar sobre quiénes están detrás y cómo se sostiene esta red internacional de crimen e impunidad.

Una de las frases más contundentes en la lucha contra la prostitución y la trata es:“Sin clientes, no hay trata de personas”.

Numerosas producciones cinematográficas y televisivas han abordado esta problemática. Entre ellas, se destaca la miniserie española Sky Rojo (estrenada en 2021 por Netflix), protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que expone la brutalidad y el cinismo detrás del sistema de explotación sexual.

La lucha contra la trata se estructura en torno a las 4 P:

En Argentina, el marco legal fue fortalecido con la promulgación de la Ley 26.364 el 29 de abril de 2008, que establece penas de 3 a 20 años de prisión para quienes participen en la trata de personas. Aunque representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y gratuita en la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Es fundamental visibilizar esta problemática. Combatir la trata implica enfrentarse a redes con poder económico, conexiones políticas y protección institucional. En algunos casos, hay personas influyentes involucradas, lo que dificulta aún más la erradicación del delito.

La situación en Argentina refleja una realidad global. En regiones como África, Asia y otras zonas del mundo, las cifras son incluso más alarmantes.

El abordaje debe ser integral y coordinado: con el compromiso de las autoridades, la Justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las redes sociales, y organizaciones como Missing Children, que realizan búsquedas activas de personas desaparecidas.

En esta jornada, edificios públicos y monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul para honrar a las víctimas, visibilizar la problemática y renovar el compromiso colectivo en la lucha contra la trata de personas.

Un tema que mezcla todos los condimentos para ser atractivo: Sexo, erotismo, sensualidad, deseo, engaño, drogas, alcohol, excesos, mentiras, app de citas, boliches, robo, y hasta poner en riesgo la vida de las personas, y matarlas…

“Viudas negras” es una serie de Flow que se acaba de estrenar con éxito, y que toma parte de hechos de la vida real, para crear esa ficción. Que atrapa. Que da a conocer algo que se calla…

Se repiten los casos de las denominadas “Viudas negras”, que son mujeres que mediante las app de citas o en un boliche, conocen a hombres, los seducen, se muestran atraídas y cautivadas, y acceden ir a la casa de esa persona. Ahí lo drogan, lo duermen, y le roban. No trabajan solas, son un grupo, del cual inclusive participan varones.

Hay más casos de los que se conocen, ya que por miedo o vergüenza, muchos  no lo denuncian. Porque son casados o tienen pareja, porque se sienten tontos al contarlo, porque es una ofensa al machismo, porque no pueden tolerar haber confiado de esa manera, simplemente ante la posibilidad de una noche de sexo, con una o varias mujeres…

Desde lo policial podemos decir que lamentablemente esta forma de actuar se llevó la vida de Williams Jonathan Quispe Quent, de apenas 19 años, que el fin de semana pasado salió con tres amigos a bailar al boliche Equinoxio en Liniers. Ahí conocieron a tres mujeres, las llevaron a su departamento con la idea de una gran noche de diversión, lujuria y seguramente muy sexual, pero nada de eso pasó: cuando se despertaron sus amigos notaron que Williams no reaccionaba, había vomitado y estaba sin vida. Lo habían drogado, y eso lo descompensó, con una peligrosa mezcla de psicofármacos, alcohol y otras sustancias.

Pero no es algo aislado, ya que hace unos días un turista francés conoció algunas mujeres, las invitó a su casa, y cuando se despertó se dió cuenta que le habían robado y le sacaron hasta el pasaporte. Las cámaras de seguridad del edificio muestran que participaron cinco mujeres… Por ahora, ninguna está detenida.

Y en junio, murió el economista y docente Juan Pablo Jimenez de 61 años, a quién lo encontraron con la boca tapada con una remera, todo revuelto porque le habían robado. Está detenida una dama C.A.M de 23 años y se busca a 2 cómplices más.

Ficción y realidad, nos debe llevar a conocer el riesgo para la salud y la vida, de mezclar sustancias: usan Alprazolam, Clonazepam, Escopolamina (conocida como “Burundanga”), entre otros psicofármacos o drogas, que se mezcla con alcohol en exceso:  un combo peligroso, que puede ser mortal.

La escopolamina es una droga que se usa en medicina para evitar las náuseas y  vómitos por algunos medicamentos usados luego de una cirugía. Afecta el cerebro, y  puede llevar a doblegar la voluntad, generando confusión, o imposibilidad de recordar lo que sucedió, mareos, visión borrosa, taquicardia, boca pastosa, sensación de ahogo, somnolencia, y alucinaciones.

El alprazolam o clonazepam se usan exclusivamente bajo prescripción médica en determinados problemas de salud, se indica  como sedantes, ante ataques de pánico, para dormir, como  anticonvusivos, para bajar la presión, pero su exceso o mezcla con otros medicamentos y/o alcohol, puede generar gran somnolencia, descompensar a la persona, o que entre en coma…

Lo que tenemos que pensar es como esas personas tienen tan fácil acceso a estos medicamentos, que son de uso hospitalario y médico, y que se venden bajo receta. Falsifican sellos?. Roban Farmacias?. Tienen un circuito ilegal donde las consiguen?. Muchas preguntas para pocas respuestas.

La atracción, y el deseo sexual de pasar una gran noche a puro descontrol, en una fiesta interminable con una o varias mujeres, lleva a los varones a ponerse vulnerables y cometer actos riesgos, como llevar a su casa a desconocidas…

Como Médico Sexólogo UBA y Divulgador en Salud considero que es fundamental concientizar para cuidar y proteger, enseñado que no se debe confiar en las personas que se conoce  a por intermedio de las app de citas, que si se encuentran debe ser en un lugar público, y dar la ubicación en tiempo real en el celular y tener a algún familiar o amigo avisado para que de el alerta de considerar necesario. Además estar muy atentos al vaso con bebida para que no le pongan nada extraño. No es muy erótico todo eso, pero es seguro.

Lamentablemente a Williams nadie le podrá devolver la vida, pero desde Newstad proponemos que los medios de comunicación y las redes sociales sean espacio de prevención, y no solamente donde se escriba o cuente una historia “amarillista” de impacto. Para que nadie más deje su vida, por la acción de “Las viudas negras”.

En una Argentina con los valores y los límites absolutamente retorcidos durante años, se lee en las redes que Alesia Abaigar, una de las siete personas detenidas por el ataque con excremento a la casa del diputado José Luis Espert, fue apresada “por ser mujer” y “peronista”. Cabe recordar que Abaigar es funcionaria del ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires.

En este marco, uno de quienes se plantó ante esta victimización de género de manual que lleva a tantas confusiones insólitas, es Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del ministerio de Seguridad Nacional. 

"Cuando un delincuente detenido está afiliado al peronismo, de golpe es un preso político. Prueben con dejar de defender delincuentes a ver si dejan de tener tantos entre sus dirigentes", publicó Siracusa en su cuenta de X.

El funcionario respondió así a la abogada Natalia Volosin, quien había denunciado que "en la Argentina hay detenciones arbitrarias de opositores políticos al régimen de Javier Milei". Como cierre, Siracusa la instó a "leer un poco sobre cómo fue la dictadura" para, según él, valorar "profundamente la figura del juez ante una detención".

En el marco de la investigación por amenazas contra Espert, este jueves el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Isidro, realizó nuevos allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la secretaría de Juan Cruz Schillizzi.

Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz. Como resultado, fueron detenidas tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, lo que eleva a siete el total de detenidos en la causa.

Entre las nuevas personas arrestadas se encuentra Eva Carina Alejandra Mieri, funcionaria municipal y concejal de Quilmes, cuya vivienda también fue allanada para el secuestro de documentación. También fueron detenidos Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, todos presuntamente vinculados a la planificación y ejecución del ataque.

Según la investigación, una de las detenidas estaría relacionada directamente con uno de los vehículos utilizados en el hecho: un Renault Clio. El otro vehículo, una camioneta Chevrolet S10, pertenece a una empresa contratista del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes que comanda la intendente kirchnerista Mayra Mendoza.

El ataque mafioso con excremento en la casa del diputado José Luis Espert sigue avanzando. En el marco de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) ya detuvo a tres personas.

En realidad, la causa se inició antes del acto intimidatorio con materia fecal. Fue el pasado 17 de junio, a raíz de mensajes intimidatorios publicados en redes sociales que ponían en riesgo la integridad del legislador. A estos hechos se sumó el ataque vandálico contra su domicilio particular en San Isidro, donde un grupo de personas, a bordo de dos vehículos, arrojó restos de excremento en la entrada del garaje.

Ante estos episodios, el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, con la intervención de la Secretaría N.º 2, encabezada por Juan Cruz Schillizzi, delegó la investigación en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro de la PFA.

A partir de tareas de análisis e inteligencia criminal, los investigadores lograron identificar diez domicilios vinculados a la causa, así como a los dos vehículos utilizados en el ataque y a sus ocupantes.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidas tres personas: dos mujeres —Eva, de 69 años, y Alesia, de 36— y un hombre, Alberto, de 33. 

Como ya informamos, la mujer de 36 años es funcionaria en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y es reconocida como militante activa de un espacio político. Además, se determinó que una de ellas estaba relacionada con uno de los autos utilizados en el hecho: un Renault Clio.

Los operativos se llevaron a cabo en las localidades bonaerenses de Vicente López, Florida, Olivos, Quilmes y La Plata, y en los barrios porteños de Villa Urquiza y Saavedra.

Durante los procedimientos, la policía secuestró tres teléfonos celulares, una notebook, restos de materia fecal animal utilizados en el ataque, documentación de interés, planillas, soportes digitales y el legajo funcional de una de las detenidas. 

También quedaron bajo investigación los dos vehículos implicados: un Renault Clio y una camioneta Chevrolet S10, esta última perteneciente a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes, conducido por Mayra Mendoza.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Hace pocos días el presidente Javier Milei firmó el Decreto 397/2025, que habilita la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas por parte de civiles bajo un régimen controlado. 

La medida pone fin a más de tres décadas de un sistema restrictivo, vigente desde el Decreto 64/1995, que prohibía a los usuarios civiles la compra y tenencia de este tipo de armas, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. Ahora, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), dependiente del Ministerio de Seguridad, es la encargada de administrar el nuevo sistema.

Según el Gobierno, el cambio responde a la necesidad de actualizar los mecanismos de control, dado que las restricciones anteriores derivaron en situaciones de irregularidad: muchos usuarios murieron sin poder transferir legalmente la titularidad de las armas a sus herederos. Además, se abre la posibilidad de utilizar estos materiales en actividades deportivas u otros usos lícitos, siempre bajo autorización y supervisión de la ANMAC.

Al respecto, el especialista en seguridad Daniel Adler explicó que "el decreto 397/2025 busca transparentar el mercado de armas. No es una liberalización como en Estados Unidos, donde cualquier persona puede comprar un arma en un supermercado. Acá solo los legítimos usuarios, que cumplan con todos los requisitos, podrán acceder a armas más sofisticadas o potentes."

Adler también sostuvo que el decreto fortalece el derecho a la autodefensa: “Si alguien irrumpe en un domicilio y la persona, siendo legítimo usuario, posee un arma, está facultada para usarla y es hasta recomenable que lo haga”. 

El experto hizo especial énfasis en la preparación que conlleva manejar un arma: "Lo recomendable es que quien decida tener un arma se capacite, no solo en la parte técnica, sino también en la emocional y fisiológica. No es lo mismo disparar en un polígono que enfrentar una situación real, con sangre, golpes y personas llorando alrededor."

Finalmente, Daniel Adler consideró que hoy por hoy estas medidas son necesarias: "Ojalá no tengamos que depender de estas técnicas de autoprotección en el futuro porque son costosas. Ojalá el Estado tenga presencia policial en todos los rincones, pero no es el caso. Todavía tenemos el desafío de volver a transformar a la Argentina en un lugar seguro".

La Policía de la Ciudad intensificó este fin de semana las medidas de seguridad en al menos 19 puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires vinculados a intereses israelíes, en el marco de un fuerte operativo preventivo desplegado junto a la División de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR). Además, se reforzó la custodia en la embajada de Estados Unidos, que también forma parte del nuevo esquema ante el actual escenario internacional.

El despliegue responde al reciente ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, una acción que reavivó las tensiones en Medio Oriente y generó preocupación por posibles represalias o atentados en países aliados, como la Argentina, que mantiene una histórica relación con Israel y un firme acercamiento con Washington desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Entre los puntos más sensibles bajo custodia se encuentran la embajada de Israel, la residencia del embajador y la del agregado militar. También instituciones educativas de la comunidad judía, como jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, donde se hace hincapié en garantizar la seguridad de los menores.

Uno de los lugares con más vigilancia es la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio de Once, escenario del ataque terrorista más devastador en suelo argentino, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Desde entonces, el edificio es un símbolo de la memoria y el reclamo de justicia. Ahora, cuenta con patrullajes preventivos, efectivos apostados en la vía pública y monitoreo constante.

En declaraciones a LN+, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, señaló que, si bien “no existe ninguna amenaza específica” sobre el país, se mantiene un trabajo diario en materia de prevención. “Siempre estamos trabajando. No vemos una amenaza directa en Argentina, pero mantenemos medidas de seguridad en nuestras embajadas. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo las relaciones bilaterales con Argentina en campos como la tecnología, el agua, la innovación y la agricultura”, sostuvo.

Sela también descartó que el conflicto actual derive en una guerra global. “No creo que estemos en una situación que pueda desencadenar una Tercera Guerra Mundial. Irán está muy debilitado y no tiene hoy esa capacidad”, aseguró el diplomático, quien abogó por una salida pacífica: “Esta puede ser una oportunidad para todos aquellos en la región que no somos extremistas y queremos dialogar y vivir en paz”.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel, y respaldó la ofensiva estadounidense. En redes sociales, el mandatario compartió publicaciones de su ministro de Defensa, Luis Petri, quien expresó: “Garantizar la paz es combatir el terrorismo y sus armas nucleares. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes. ¡Gracias Presidente Milei! ¡Estamos del lado correcto de la historia!”.

También retuiteó al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien publicó: “Terrorismo nunca más. Fin”.

Durante su reciente gira por Medio Oriente, Milei visitó Israel y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, además del presidente Isaac Herzog y otras autoridades del gabinete israelí. La visita culminó con un rezo en el Muro de los Lamentos, en lo que fue un gesto de profunda carga simbólica y política. El viaje marcó un hito en la relación entre ambos países y reafirmó la voluntad del mandatario argentino de estrechar lazos con el Estado hebreo.

En una entrevista con LN+, Milei había señalado: “Irán es una teocracia que busca exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente. Es muy difícil negociar con alguien que quiere destruirte. Israel está haciendo el trabajo sucio que otros no hacen”.

Desde el gobierno porteño indicaron que el operativo de seguridad permanecerá activo mientras se evalúe el nivel de riesgo internacional. Las autoridades buscan evitar que el conflicto externo tenga derivaciones violentas en el país, donde aún perduran las heridas abiertas por los atentados de 1992 contra la embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA. La consigna es clara: anticiparse y proteger.

El especialista en seguridad, Daniel Adler, analizó los cambios anunciados en la Policía Federal Argentina, que ahora se concentrará en la lucha contra el delito complejo. Adler destacó que la iniciativa implica una reforma profunda en materia de capacitación, despliegue logístico y reingeniería operativa, con el objetivo de combatir al narcotráfico, el crimen organizado y las redes internacionales de trata.

“Venimos de muchos años de inacción en la lucha real contra el narcoterrorismo y el delito complejo. Esta reforma apunta a modernizar la institución, capacitar a los cuadros y actualizar las estrategias de seguridad”, explicó Adler.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo organismo que, según Adler, podría funcionar como una suerte de "FBI argentino".

“Son dos cosas distintas: por un lado, la reforma general de la Policía, y por otro, la creación del DFI. Este nuevo departamento se enfocará en operaciones encubiertas, infiltración y contrainteligencia civil. Se trata de una unidad especializada para anticiparse al crimen”, remarcó.

Adler subrayó que el modelo propuesto busca emular sistemas de alerta temprana como los aplicados en Israel o Estados Unidos, que detectan comportamientos sospechosos a través de análisis del lenguaje no verbal, la psicología gestual y hasta la vestimenta.

“Estos métodos tienen hasta un 93% de efectividad en la detección de predadores sexuales, psicópatas y criminales. Es tecnología de rápida implementación, si hay voluntad política. Y la hubo: ayer quedó claro en el mensaje del presidente y la ministra”, aseguró.

El experto también alertó sobre el crecimiento de organizaciones criminales extranjeras en el país: “Argentina tiene al menos cuatro triples fronteras y en ellas ya operan el Tren de Aragua, el PCC, el Comando Vermelho, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, mafias albanesas, la Cosa Nostra y el Clan Rotela. Hay que dar una respuesta a la altura del problema”, advirtió.

Adler consideró que si bien muchas veces estos temas no se discuten abiertamente, es fundamental que el Estado asuma su rol.

Adler es optimista en cuanto a los recursos humanos disponibles para encarar esta transformación profunda en la PFA: “El talento argentino es espectacular. Hay que buscar especialistas incluso en el exterior, sí, pero también valorar la calidad de nuestras fuerzas. Lo más importante es tener apertura mental y capacidad para implementar nuevas tácticas.”

Finalmente, el especialista remarcó que el equipamiento es importante, pero que el verdadero valor reside en el factor humano: “El entrenamiento táctico y técnico se puede adquirir. Lo que no se compra es la vocación. Y en eso, nuestras fuerzas especiales destacan. Venimos de 20 años de desprecio hacia las fuerzas de seguridad, pero eso está cambiando. Vamos hacia un futuro más seguro y esperanzador.”

En el marco de la Ley Bases recientemente sancionada, el Gobierno oficializó una reforma integral de la Policía Federal, orientada a convertirla en una fuerza federal de investigación, especializada en delitos complejos y crimen organizado. Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaron la medida este martes por la tarde. 

A través de un decreto presidencial, se aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal y se dispuso un proceso de reestructuración y modernización institucional que incluye cambios en su misión principal, su estructura organizativa, su sistema de formación y su presupuesto.

Los cambios ya fueron detallados en el Boletín Oficial. El texto argumenta que el traspaso de competencias locales a la Ciudad de Buenos Aires y los nuevos desafíos en materia de seguridad exigen una redefinición del rol de la Policía Federal (PFA). La institución dejará de cumplir funciones de seguridad urbana en la Capital Federal para concentrarse exclusivamente en la prevención, detección e investigación de delitos federales, como el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos y cibernéticos, entre otros.

Asimismo, se subraya que la actual Ley Orgánica de la PFA, sancionada en 1958, quedó obsoleta frente a la evolución normativa, tecnológica y criminal de las últimas décadas.

Entre los principales ejes del plan se destacan:

Nueva estructura más eficiente: se apunta a una fuerza más reducida, con mejor rendimiento operativo y mayor capacidad investigativa.

Control interno reforzado: la Dirección General de Asuntos Internos ampliará su autonomía y reportará funcionalmente al Ministerio de Seguridad Nacional.

Revisión del personal: se redefinirá el perfil de los agentes y se reducirá progresivamente el número de nuevos ingresantes, priorizando calidad sobre cantidad.

Ingreso de universitarios: se lanzará un programa para incorporar profesionales ya graduados, replicando modelos como el del FBI estadounidense.

Modernización tecnológica y formativa: se invertirá en herramientas informáticas, tecnología forense y programas de capacitación adecuados a la nueva misión.

Además, el decreto faculta al Ministerio de Seguridad a exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores y, si fuera necesario, reincorporar efectivos retirados para colaborar con la transición.

La reforma estará acompañada por la creación de un Programa Presupuestario de Modernización, financiado mediante los ahorros que genere la reducción del ingreso de personal. Los recursos se destinarán a equipamiento, infraestructura y soluciones tecnológicas.

La reasignación del personal y el despliegue territorial de la fuerza se definirá según criterios  que establecerá el Ministerio de Seguridad, en función de las amenazas federales más relevantes. Los objetivos estratégios del nuevo estatuto de la PFA son: 

El nuevo empoderamiento a la Policía Federal generó cuestionamientos desde la oposición, organismos de DDHH y sociales. Dos puntos en particular activaron la controversia: el patrullaje virtual sin orden judicial y la posibilidad de detenciones preventivas sin intervención de un juez.

Uno de los cambios más significativos que se prevé implementar es la habilitación para que los efectivos policiales puedan monitorear redes sociales de manera autónoma, sin requerir autorización judicial, como método de prevención e identificación de presuntos delitos. 

Según cirucula en el documento que circula en la PFA, esta medida deberá “respetar la libertad de expresión, la intimidad y los datos personales”, pero no establece mecanismos concretos de control o supervisión externa.

Otro de los puntos más cuestionados es la habilitación para que los agentes puedan detener a una persona sin intervención judicial previa, siempre que existan “elementos suficientes” que les permitan presumir que esa persona hubiera cometido o pudiera cometer un delito. No queda claro qué son elementos suficientes y quien lo determina. 

Con esta reforma, el Ejecutivo busca alinear la actuación de la Policía Federal con los desafíos actuales de la criminalidad transnacional, en línea con las prácticas de fuerzas investigativas internacionales. El nuevo Estatuto constituye —según el Gobierno— un paso clave hacia una fuerza más profesional, moderna y efectiva en la lucha contra el crimen organizado.

La madrugada de este lunes en Constitución marcó un punto de inflexión en el manejo del espacio público dentro de la gestión de Jorge Macri. En un operativo contundente, rápido y sin negociaciones, el Gobierno porteño puso fin a la toma irregular de la vía pública en inmediaciones de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se espera una marcha contundente el miércoles y la tensión crece.

El despliegue comenzó a las 2:30 AM y concluyó media hora después, a las 3:00 AM, con más de 160 efectivos de las áreas de Comisarías y Orden Urbano de la Policía de la Ciudad, acompañados por personal de limpieza de Espacio Público.El foco: la esquina de San José y Humberto I, convertida en las últimas semanas en un improvisado acampe militante con gazebos, pasacalles, parrillas, banderas y carteles políticos. El búnker de la militancia cristinista no puso demasiada oposición a pesar de las corridas y las lógicas situaciones de tensión en el desalojo.

De los choris a la toma barrial

Lo que comenzó con una parrilla de “choripanes militantes”, pronto se transformó en una ocupación organizada del barrio. Según testigos y registros periodísticos, los manifestantes instalaron carpas, puestos de comida y estructuras metálicas que ocupaban veredas completas.La situación derivó en quejas de vecinos, cuyas casas fueron incluso tomadas simbólicamente: los balcones y frentes de propiedades privadas fueron intervenidos con carteles partidarios, banderas y consignas políticas, muchas de ellas agresivas.

“Ya no era un pasacalle, una bandera o un cartel en la pared de la casa de Cristina. Habían tomado el frente del edificio que está del otro lado de la calle. Un lugar donde vive gente”, relató un cronista al aire de Todo Noticias.

Resultados del operativo

Durante la intervención se secuestraron todos los elementos emplazados sin autorización, incluyendo:

8 gazebos

6 parrillas

Mesas y sillas

Banquetas

Gran cantidad de alimentos

Carteles, pasacalles, banderas y pancartas

Además, se limpiaron paredes de casas vecinas que habían sido vandalizadas o utilizadas como soporte propagandístico. El operativo se desarrolló sin mayores incidentes, a pesar de algunos gritos, empujones y corridasprotagonizadas por manifestantes al momento del desalojo.

Jorge Macri y el mensaje de orden

Desde el gobierno porteño aseguran que estas acciones no son aisladas, sino parte de una política sostenida para evitar que el delito, la informalidad o la militancia radicalizada tomen por rehén el espacio público de los vecinos.

En ese sentido, la gestión de Jorge Macri marca una diferencia respecto de los achaques que viene recibiendo por la falta de gestión en otras áreas: no hay doble vara, es tolerancia cero, según se plantea en Uspallata, la sede de gobierno porteño. No importa quién sea el ocupante, ni a qué partido pertenezca. El espacio público es de todos, y se respeta la ley.

Conclusión: el orden no se negocia

Mientras Cristina Kirchner enfrenta una posible prisión domiciliaria, sus militantes intentaron convertir una esquina porteña en un santuario político callejero. Pero esta vez, el Estado actuó con decisión, sin romanticismo militante ni tolerancia a medias tintas.

Israel volvió a ser atacado. En las últimas horas, terroristas del régimen iraní lanzaron un ataque que dejó un saldo de seis muertos y heridos. Fue un ataque coordinado con armamento sofisticado que buscó llevar el terror a la población civil. 

Desde Teherán  niegan su responsabilidad directa, pero la comunidad internacional no tiene dudas. Hezbollah en Líbano, las milicias hutíes en Yemen, Hamas en Gaza y la Guardia Revolucionaria Islámica operan como un mismo organismo con múltiples brazos. Y el cerebro está en Irán, que ayer nombró como jefe de la Guardia revolucionaria a Ahmad Vahidi

Israel, por su parte, ha respondido con precisión quirúrgica, atacando bases militares y evitando víctimas civiles en la medida de lo posible. “No buscamos escalar, buscamos vivir en paz”, dijo el vocero del gobierno israelí. Pero la paz no es posible si el enemigo se esconde detrás de niños y mezquitas.

Estados Unidos: del silencio de Biden al liderazgo de Trump

Mientras la administración de Joe Biden se mostró, una vez más, ambigua y cautelosa, quien tomó la palabra fue Donald Trump, en una declaración que resonó en todo el mundo. A través de su cuenta en Truth Social, el expresidente fue categórico:

“Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque contra Irán, esta noche. Pero si somos atacados de cualquier forma, en cualquier modo o nivel, por Irán, caerá sobre ustedes toda la fuerza y poder de las Fuerzas Armadas de EE.UU. como nunca antes se ha visto”.

La advertencia fue clara. Trump no sólo defendió a Israel: restableció una noción que Occidente había olvidado —la disuasión.

Bajo su mandato, Irán retrocedió. Durante su presidencia, no hubo ataques de esta magnitud. Y no es casualidad. “Conmigo, Irán no se animaba a atacar”, declaró horas antes. Trump entendió que con dictaduras no se negocia: se las enfrenta.

Israel busca la paz. Irán, la guerra.

En el centro de este conflicto se enfrentan dos visiones del mundo:

Una civilización democrática, que invierte en ciencia, defiende los derechos humanos, promueve la libertad religiosa y busca acuerdos de paz duraderos.

Y un régimen teocrático, oscurantista, misógino, que persigue a los disidentes, censura a los medios y sueña con la destrucción de todo lo que no se alinee a su dogma fanático.

Israel no es perfecto. Ningún país lo es. Pero Israel tiene elecciones libres, libertad de prensa, minorías protegidas, y hasta jueces que han condenado a presidentes. En Irán, en cambio, la oposición está presa o exiliada. Las mujeres son obligadas a cubrirse. Y los homosexuales son ejecutados.

Conclusión: de qué lado estamos

Desde Newstad no tenemos dudas: estamos con Israel, con la paz, con la libertad.Y del otro lado está Irán, con el terror, la muerte y el totalitarismo religioso.

Este no es un conflicto regional. Es una disputa moral. El futuro del mundo libre depende de que sepamos elegir con claridad: de qué lado de la historia estamos.

Desde aquel 13 de junio de 2024 en el que desapareció Loan Danilo Peña, de 5 años, se inició una investigación plagada de giros, contradicciones, encubrimientos y pistas falsas. Sin embargo, el paradero del niño sigue siendo un misterio que exponen las falencias del sistema para estos casos y una política que niega la trata de personas en el norte argentino.

La tarde de la desaparición, Loan se encontraba junto a su padre, su abuela Catalina y una decena de familiares y allegados. Fue un almuerzo transcurrió con normalidad hasta que un grupo salió al naranjal cercano: ese fue el último rastro del niño. Primero se pensó que se había perdido. Se inició una búsqueda desesperada que abarcó más de 12 mil hectáreas de monte, con participación de policías, bomberos, rescatistas y vecinos.

Mientras se desplegaban las primeras tareas, el entonces comisario de la localidad, Walter Maciel, llegó a declarar falsamente que el niño había sido hallado, lo que retrasó las acciones iniciales. En ese primer tramo de la causa, tres personas fueron detenidas por supuesto abandono del menor: Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Antonio Benítez.

La política aportó contradicciones y metió la cola. Al show de rastrillajes para las cámaras de televisión se sumaron cambios en la cúpula policial correntina e inclusive el nombramiento de un nuevo ministro de Seguridad en Corrientes.

Se trata de Alfredo Vallejos, quien apenas asumió su cargo se encargó rápidamente de desterrar la existencia de la trata de personas en Corrientes: "A nivel nacional tenemos un registro de niños y adolescentes desaparecidos y el anterior archivo en la provincia data de casi 30 años", afirmó en medios nacionales.

“Se habla mucho de trata pero también los investigadores dicen que hay cuestiones que llevan a pensar que no es un caso de trata. Hay que poner las esperanzas en el trabajo que está haciendo la Justicia. Es la primera vez en 30 años que está la prensa nacional en Corrientes por un caso así. Esto llama la atención porque es algo que no pasa habitualmente en esta provincia", insistió Vallejos.

El ministro de Seguridad de Corrientes quedó expuesto con estas declaraciones. El caso dio un vuelco el 21 de junio de 2024, cuando se ordenó la detención de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y su pareja, el exmarino Carlos Pérez, por sospechas de secuestro con fines de trata de personas. Este rumbo en la investigación fue señalado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich. También lo admitió el gobernador Gustavo Valdés, que también hizo publicaciones apresuradas: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”, lanzó livinamente en las redes el 29 de junio del año pasado. 

La clave para este giro fue el hallazgo de rastros odoríferos de Loan en dos vehículos del matrimonio. Ese mismo día fue detenido el comisario Maciel, acusado de encubrimiento agravado. La causa pasó al fuero federal, bajo la órbita de la jueza Cristina Pozzer Penzo y los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. La hipótesis principal dejó de ser la desaparición accidental para concentrarse en una presunta red de trata.

Poco después, la tía de Loan, Laudelina Peña, prestó declaración en el fuero provincial afirmando que su sobrino había sido atropellado por Caillava y Pérez, quienes posteriormente descartaron su cuerpo. Según su testimonio, el comisario Maciel habría colaborado en la colocación de una zapatilla del niño para desviar la investigación. Debido a las contradicciones e inconsistencias de su relato, Laudelina también fue detenida.

Durante los meses posteriores se multiplicaron las denuncias, muchas de ellas falsas. Se llegó a especular que Loan había sido trasladado ilegalmente a Paraguay, o que había sido visto en un shopping en Barranquilla, Colombia. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada. Incluso se escanearon estómagos de animales salvajes de la zona, en una línea de investigación desesperada.

Se realizaron operativos en Santa Cruz y Chubut tras denuncias sobre un niño que habría dicho "yo soy Loan". Todas las líneas de búsqueda dieron resultado negativo. 

A un año de la desaparición, siete personas están procesadas con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento del menor: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel y Laudelina Peña.

Los fiscales solicitaron la elevación a juicio oral, que se espera sea uno de los procesos judiciales más importantes del año. La acusación plantea que en el naranjal se produjo un hecho desencadenante que derivó en la sustracción deliberada del niño, quien habría sido transportado en la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. También se señala la participación activa del comisario Maciel en el montaje de un escenario falso de búsqueda, con el objetivo de obstruir la investigación.

El caso Loan expone con crudeza, otra vez, las fallas institucionales, la debilidad de los protocolos de búsqueda y la posible complicidad de funcionarios públicos. 

En consecuencia, un año después, no hay cuerpo, no hay certezas, y no hay paz.

Comenzó la entrega de viviendas sociales a personal de las cinco fuerzas federales. Como anticipó Newstad, las primeras llaves de los hogares a estrenar ya fueron entregadas en mano a familias en la localidad bonaerense de Avellaneda, aunque el alcance de la novedad es federal. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en este marco la entrega de 160 viviendas a efectivos de las fuerzas federales en el predio Intendente Sagol, en ese partido del sur del conurbano. El acto marcó el inicio de un plan que contempla un total de 329 casas destinadas a personal operativo de las fuerzas, en una iniciativa conjunta con el ministerio de Economía.

Bullrich cuestionó el uso anterior de estas viviendas, muchas de las cuales formaban parte del programa Procrear y fueron, según denunció, mal utilizadas para alquileres turísticos: “Este era un plan que en muchos casos estaba mal destinado porque el ministerio de Economía ha encontrado viviendas en algunas partes del país que no se usaban para una familia, se usaban para ser alquiladas en los sistemas Airbnb, y entonces seguir con este sistema realmente era una mala idea", explicó.

A partir de esta redefinición, la tituar de seguridad explicó que las viviendas serán administradas directamente por las propias fuerzas de seguridad, sin intermediarios, conforme a los reglamentos internos ya existentes.

Bullrich explicó que la medida busca aliviar el costo de los alquileres que enfrentan muchos efectivos, al tiempo que se recupera un recurso del Estado para quienes prestan servicio en tareas de seguridad.

“Esto es una devolución de los ciudadanos, que con sus impuestos pagan el servicio de seguridad, para cuidar a quienes nos cuidan”, enfatizó.

En el acto estuvo el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa. El funcionario le amplió a Newstad que la medida responde a “una necesidad operativa, porque los efectivos de las fuerzas tienen tienen que moverse constantemente, entonces es muy difícil alquilar. Porque por ahí no estás en un lugar donde tenés la garantía, por ejemplo si los traen de Corrientes a a Capital es difícil encontrar un lugar. Entonces hay que trabajar mucho ese tema, el bienestar para que vivan en lugares razonables”.

Siracusa también resaltó que son “viviendas terminadas del Procrear que no se que no se entregaron nunca, que no se adjudicaron nunca, que las estamos poniendo como viviendas de despliegue. Esto es que las las administra la fuerza y la gente rotará por el tiempo que que esté en cada lugar”.

Finalmente, anticipó más políticas de vivienda par las fuerzas de seguridad con “terrenos del Procrear y con créditos hipotecarios y de construcción. Pero esto todavía lo estamos trabajando, probablemente sea para el año que viene”.

También participaron los diputados nacionales José Luis Espert y Gerardo Milman; y funcionarios del Ministerio de Economía y de Obras Públicas, además de los jefes de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Desde Seguridad agregaron que la entrega continuará endistintas jurisdicciones, según el cronograma previsto por las áreas técnicas de los ministerios que intervienen. Las 329 casas están ubicadas en: