MADRID (Corresponsal) — Pedro Sánchez presume de que España es uno de los “países más seguros del mundo”. Y las estadísticas le dan la razón, porque la tasa de homicidios es una de las bajas de Europa y, posiblemente, del planeta. Pero desde el pasado fin de semana, en Barcelona, el asesinato de una mujer al grito de “¡Alá es grande!” está causando gran conmoción, más allá de las cifras.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en España es 0,69, según datos del Banco Mundial. Cinco veces menos que en Estados Unidos y cuatro veces menos que en la Argentina. Incluso hay menos asesinatos que en Suecia, país donde los tiroteos entre bandas de narcotraficantes y trata de blancas son cada vez más frecuentes.

En Cataluña pasa algo llamativo. Según datos del Parlament, dos de cada tres acusados por algún delito son extranjeros, con los marroquíes y argelinos a la cabeza. La incidencia contrasta con otro dato: en la Generalitat solo el 18% de la población ha llegado de otros países. Es decir, son minoría, pero cometen la mayoría de los delitos.

Entonces, en plena regularizacióm de 1,2 millones de inmigrantes ilegales, LB, 37 años, salió a las calles de un coqueto barrio de Esplugues de Llobregat armado con un enorme cuchillo y se abalanzó contra una mujer de origen chino, de 42 años, a quien le dio varias puñaladas en el tórax y el cuello.

La mujer murió poco después y LB fue capturado por la policía cuando trataba de escapar por la Diagonal. El martes fue acusado de homicidio y llevado a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Brians. Para los investigadores, a pesar de los gritos propios de un ataque yihadista, por ahora, no es un terrorista.

La consejera de interior de la Generalitat, Núria Parlon, aseguró a Catalunya Radio: "A priori es una persona que estaba en una situación alterada y probablemente con algún tipo de problemática que nada tiene que ver con el yihadismo, obviamente".

Pero el miércoles, a pesar de la “obviedad”, la policía comenzó a investigar su teléfono móvil en busca de mayores datos. Un antecedente causa inquietud: en 2022, LB tuvo otro “ataque psicótico”. Estando en Burgos, comenzó a arrojar piedras a los transeúntes, profirió los mismos gritos sobre Alá y resistió a la policía.

El archivo también tiene algo que decir. El ataque de Esplugues es muy parecido a otro ocurrido en el barrio madrileño de Vallecas en noviembre de 2025. Entonces, un hombre que gritaba la misma consigna, armado de un cuchillo, atacó a tres personas, quienes resultaron con heridas de poca consideración. En su casa resistió a la policía, hasta que el grupo de elite UIP logró reducirlo tras dispararle al tórax y la cadera.

En este caso, investigó la brigada BPI, encargada de delitos por terrorismo, ante la posibilidad cierta de que fuera “un lobo solitario” o que tuviera conexiones con la Yihad. La presencia de la Yihad en España es una realidad: desde 2012, según informa Policía Nacional, se ha detenido a 788 personas acusadas de terrorismo islámico.

El asesinato de la mujer china, que había llegado hacía un año y administraba un restaurante, fue aprovechado por Vox en un contexto de creciente rechazo a la regularización masiva. Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha, dijo, en plena campaña electoral por Andalucía: “Una chica inmigrante ha sido degollada en Barcelona por un tipo que gritaba ¡Alá es grande!; yo no sé por qué los brotes psicóticos siempre les dan a los mismos”.

Desde Alianca Catalana, otro partido de extrema derecha, ultranacionalista, que crece sin parar, su líder, Silvia Orriols, escribió en X: “Si yo fuera familiar de la víctima, demandaría al Estado español por asesinato y exigiría la dimisión en bloque del gobierno de (Salvador) Illa”.

Una muerte terrible, sospechas, uso político y un gobierno que despertó al lobo feroz de la xenofobia, sin que nadie sepa explicar bien por qué.

La provincia de Formosa continúa sacudida por el crimen de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Procrear después de diez días de búsqueda. La Policía Científica confirmó su identidad tras un complejo trabajo forense que incluyó la extracción y análisis de una huella digital en condiciones extremas. Pero a medida que la investigación avanza, distintas voces señalan irregularidades, sospechas de demora deliberada e incluso versiones sobre redes de explotación sexual que involucran a menores.

El hallazgo se produjo cuando un vecino detectó una bolsa plástica de uso habitual en obras de construcción. Dentro se encontraba un cuerpo en estado tal que imposibilitaba un reconocimiento visual inmediato. La Justicia intervino desde el inicio, aunque la confirmación oficial de identidad recién se dio días más tarde, pese a que la familia había reconocido pertenencias el mismo día del hallazgo.

Según explicó el jefe de la Policía Científica, comisario mayor David, la identificación requirió procedimientos químicos y repetidos intentos para obtener una impresión nítida del pulgar derecho. “Esto no es como las series de televisión: demanda tiempo, una cadena de custodia estricta y evitar cualquier contaminación”, aclaró. Finalmente, la huella fue cargada en la terminal Sirios MVIS y coincidió con la de Xiomara, despejando dudas.

Sin embargo, la versión institucional no es la única que circula. La abogada y periodista Julieta González, referente de la zona y conocedora del funcionamiento judicial local, aportó un marco más amplio sobre el impacto y las particularidades del caso. Según señaló, se trata de un crimen “particularmente nuevo en Formosa no porque no ocurran desapariciones, sino porque nunca se había llegado a un hecho tan brutal que combine la desaparición prolongada, la posterior aparición de un cuerpo ultrajado y las sospechas de vínculos con redes sexuales clandestinas”.

González recordó que en 2016 hubo un antecedente “de características similares”, cuando otra menor apareció muerta en un velódromo cerrado y administrado por funcionarios, pero destacó que desde entonces no se registró un caso tan violento ni con un trasfondo tan inquietante.

La letrada explicó que en la provincia existen versiones persistentes sobre un circuito de explotación sexual que “recluta a nenas y nenes, sobre todo niñas, desde el ámbito escolar para fiestas privadas y encuentros con adultos”. Aunque aclaró que esto “no está comprobado en la causa”, advierte que las sospechas se alimentan en un contexto donde “existe un cerco informativo y judicial” y donde las familias “tienen miedo de denunciar hechos vinculados al poder político”.

Ese temor se intensifica porque, tal como explicó, Xiomara militaba para un partido alineado con el gobierno provincial. “Las sospechas no surgen por su militancia en sí, sino porque —según denuncian distintas fuentes— los principales promotores o facilitadores de estos negocios sexuales suelen ser personas vinculadas a la política, a sectores de la policía y del ámbito judicial, todos con altos niveles de impunidad”.

Más allá de estas versiones, González también cuestionó el accionar policial en los primeros días. Señaló que la adolescente desapareció un jueves de madrugada, y que recién el lunes, tras la movilización de la familia y la llegada del caso a medios nacionales, se inició una búsqueda formal. “Somos una provincia de frontera, pero no se activó la Alerta Sofía”, lamentó.

La abogada afirmó además que el cuerpo apareció en un lugar donde la policía afirmaba haber rastrillado previamente, lo que alimenta dudas sobre si el cadáver fue plantado allí. Y agregó un dato delicado: la familia identificó a la menor por pertenencias y rasgos físicos el mismo miércoles del hallazgo, pero fueron aislados y se les retiraron los teléfonos bajo el argumento de preservar la investigación. Durante cinco días, mientras la Policía y funcionarios judiciales aseguraban públicamente que la identidad estaba en estudio, la familia tenía la confirmación.

“Eso hace crecer la sospecha de que esos cinco días fueron utilizados para acomodar la versión oficial o proteger a ciertas personas, si es que las sospechas de vínculos políticos fueran efectivamente reales”, afirmó González.

Hasta el momento, la causa cuenta con dos imputados por homicidio: un adulto y un menor de edad que era novio de la víctima. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas medidas judiciales, mientras la familia realizará una movilización para pedir justicia.

A 50 días del Triple Crimen Narco ocurrido en septiembre, la familia de Brenda del Castillo, una de las víctimas, volvió a vivir una situación de extrema tensión.

El domingo 9 de noviembre, alrededor de las 21.30, la familia escuchó ruidos extraños en la puerta de su casa, ubicada en las inmediaciones de la rotonda de la avenida Crovara y Camino de Cintura, en San Justo, provincia de Buenos Aires.

Al salir, Leonel del Castillo, padre de Brenda, observó un vehículo Honda gris estacionado a pocos metros de la vivienda. La calle donde se encontraba el auto es de único sentido y sin salida, lo que llamó la atención de los presentes ya que no es habitual el ingreso de vehículos. Según se puede observar en videos exclusivos obtenidos por Newstad, se trata de un Honda en cuyo interior se encontraba una pareja acompañada por dos menores. Personal de la Policía Federal, encargado de la custodia de la familia tras el crimen, solicitó la documentación del conductor, pero no identificó a la acompañante, quien debió ser reconocida por el propio Leonel del Castillo.Se constató además que la patente del automóvil estaba adulterada.

A pesar de los llamados, la Policía Bonaerense no llegó de inmediato, y fueron los propios vecinos y familiares quienes contuvieron la situación y retuvieron a las personas hasta la llegada del refuerzo policial.

Minutos más tarde, otro auto arribó al lugar con tres hombres a bordo, identificados luego como el padre y dos hermanos del conductor del Honda.Durante la intervención, uno de ellos manifestó que habían dejado un VW Vento en las inmediaciones de la Autopista Riccheri y General Paz, entregando las llaves a los vecinos, quienes luego aportaron esa información ante la Fiscalía y el Juzgado intervinientes.

Cabe destacar que testigos del hecho afirmaron haber visto una sustancia blanca esparcida en el piso del Honda, además de botellas de cerveza vacías. Todo fue comunicado a las autoridades judiciales como parte de las pruebas incorporadas a la investigación.

En el lugar una fuente vinculada al entorno de las víctimas, que prefirió mantener su identidad reservada, señaló a Newstad que el Triple Crimen podría estar relacionado con un “mexicaneo”, término utilizado en la jerga narco para referirse al robo de un cargamento de drogas.

De acuerdo con esta versión, el responsable sería un individuo conocido como Sotacuro, quien se habría quedado con aproximadamente 400 kilos de cocaína.El asesinato de Brenda, Morena y Lara habría tenido como objetivo encubrir ese hecho, trasladando la responsabilidad a las víctimas e impidiendo que difundieran lo que sabían.

El caso, caratulado como Triple Femicidio Narco, sigue bajo investigación. La aparición de nuevos vehículos, las declaraciones de los vecinos y los videos aportados a la causa amplían las líneas de trabajo judicial.Fuentes cercanas al expediente indicaron que la fiscalía evalúa la posible conexión entre los últimos hechos y el crimen principal, en un contexto de tensiones vinculadas al narcotráfico y a los posibles encubrimientos posteriores al ataque.

Mientras tanto, el entorno de las víctimas reclama mayor protección y celeridad judicial, convencido de que la noche del 9 de noviembre no fue un episodio aislado, sino parte de una trama que todavía está lejos de esclarecerse.

La investigación por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio dio un giro crucial tras el hallazgo de una herida de bala en el cráneo del chofer, un dato que fortalece la hipótesis de que fue ejecutado por el doble femicida Pablo Laurta durante su escape entre varias provincias argentinas. La autopsia preliminar, realizada en la Morgue de Paraná, reveló un orificio de entrada en la cabeza, compatible con un proyectil de arma de fuego, lo que podría confirmar oficialmente el mecanismo del homicidio.

El cráneo fue hallado la semana pasada, cerca de la ruta hacia Sauce Sur, a 1,5 kilómetros del camino a Gobernador Echague, en Rosario del Tala, Entre Ríos. El cuerpo mutilado de Palacio había aparecido 23 días antes en la zona rural de Colonia Yeruá, a más de 170 kilómetros de distancia, lo que evidenciaba que el asesino intentó evitar su identificación arrojando partes en distintos puntos del camino.

Hasta ahora, la reconstrucción del caso indica que Palacio fue asesinado mientras trasladaba en su remis a Laurta, quien días después cometería un doble femicidio en Córdoba. El acusado, que ya tenía antecedentes violentos, habría planeado el crimen con anticipación para asegurarse de que ninguna prueba lo vinculara con su siguiente objetivo: su expareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio.

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia, explicó que el hallazgo del cráneo fue el resultado de un operativo de rastrillaje basado en el análisis de cámaras de seguridad y la triangulación de antenas telefónicas. “Seguimos el recorrido del imputado, desde Concordia hasta el lugar donde finalmente quemó el auto de la víctima”, señaló el funcionario. El vehículo que utilizaba Palacio, un Toyota Corolla blanco, apareció calcinado en un campo, lo que complicó aún más la identificación del remisero.

Pablo Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Córdoba capital, donde estaba escondido con su hijo de 5 años, a quien había secuestrado luego de asesinar a Giardina y Zamudio. Al momento de su captura, se le secuestró un arma con un proyectil en la recámara y la billetera del remisero. Desde entonces permanece detenido bajo prisión preventiva.

La causa está a cargo de la fiscal Daniela Montangie, quien aguarda el informe definitivo de la autopsia para avanzar hacia la elevación a juicio. La jueza de Garantías Gabriela Seró ya habilitó el traslado del acusado a Córdoba, donde también enfrenta una causa por doble femicidio.

En las próximas horas, el informe final de la autopsia podría confirmar el disparo como causa de muerte, lo que consolidaría la acusación por homicidio agravado, un delito que podría llevar a Laurta a enfrentar una condena a prisión perpetua por el asesinato de Martín Palacio.

La conmoción por este caso no solo se debe a la brutalidad con que fue cometido, sino también al entramado criminal que lo rodea: un remisero asesinado en el marco de una fuga planificada, un doble femicidio, un menor involucrado y un recorrido que dejó rastros en varias provincias. Mientras los investigadores avanzan en la búsqueda de justicia para Martín Palacio, la sociedad vuelve a enfrentarse a una realidad alarmante: la repetición de crímenes que combinan violencia de género, desmembramiento y una frialdad que parece no tener límites. Hoy, más que nunca, el avance en esta causa es clave no solo para condenar al responsable, sino también para evitar que hechos similares sigan ocurriendo.

El triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela volvió a abrir un debate que, aunque legítimo, en este caso corre el riesgo de desviar la mirada de lo que realmente ocurrió. Sectores vinculados al kirchnerismo se apresuraron a catalogar la tragedia como un nuevo “femicidio”, inscribiéndolo en la narrativa de la violencia de género. Sin embargo, las pruebas, los testimonios y la brutalidad del hecho indican otra cosa: no se trató de un asesinato por ser mujeres, sino de una ejecución propia del mundo del narcotráfico.

El error de mirar con lentes equivocados

Llamar femicidio a lo que sucedió en Varela supone un reduccionismo peligroso. Un femicidio ocurre cuando el género es el motivo del asesinato: cuando una mujer es asesinada por ser mujer. Aquí, los elementos del caso muestran que la violencia ejercida sobre las víctimas tenía un propósito muy distinto: enviar un mensaje narco. La mutilación de Lara, los puntazos y la apertura del abdomen de Brenda, la fractura del cuello de Morena, exceden la violencia doméstica o de pareja. Se trató de una violencia ritualizada, utilizada por bandas criminales para marcar territorio, imponer miedo y ejecutar venganza.

El trasfondo del narcotráfico

Los investigadores coinciden en que el móvil estuvo vinculado a un ajuste de cuentas. Según la confesión inicial de una de las detenidas, una de las jóvenes habría retenido un cargamento de cocaína. En el ecosistema del narcotráfico, esa acción se paga con la vida. Y no de cualquier manera: se paga con torturas, con castigos ejemplares que advierten a los demás qué ocurre cuando alguien rompe las reglas del negocio.

Por eso las chicas fueron captadas en La Tablada, trasladadas en una camioneta con patente adulterada, y finalmente asesinadas en una casa usada como aguantadero. Nada de esto responde a patrones de violencia de género; responde a la lógica de una organización criminal que maneja recursos, logística y códigos propios.

¿Por qué no es un femicidio?

Decir que las mataron “por ser mujeres” es ignorar los hechos. El narco no distingue entre géneros cuando se trata de proteger su negocio. Si las víctimas hubieran sido varones en las mismas circunstancias, el destino habría sido idéntico. El ensañamiento, la crueldad y el ocultamiento de los cuerpos son parte de un modo de operar. No es misoginia: es narcoterrorismo.

Insistir en llamarlo femicidio diluye la discusión central: el crecimiento del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, la impunidad con la que se mueven bandas extranjeras y la precariedad del Estado para enfrentarlas.

La funcionalidad política del discurso

El kirchnerismo suele recurrir a la etiqueta de “femicidio” como bandera política. No es que los femicidios no existan —son una realidad lacerante en nuestro país—, sino que en este caso específico esa etiqueta es utilizada para capitalizar indignación social y desviar la atención del trasfondo: la expansión del narco en el Conurbano bajo gestiones que miraron hacia otro lado o incluso toleraron el avance de estas mafias.

Nombrar mal el crimen tiene consecuencias: impide pensar soluciones en clave de seguridad, inteligencia criminal y lucha contra el narcotráfico.

Llamar las cosas por su nombre

El triple crimen de Florencio Varela no es un episodio más en la larga lista de femicidios que sufre la Argentina. Es, antes que nada, un crimen narco. Las víctimas fueron ejecutadas en el marco de una venganza mafiosa, con una violencia que habla de códigos delictivos, no de odio de género.

Entenderlo así no significa desvalorizar la lucha contra la violencia machista, sino reconocer que estamos frente a otro problema igual de grave: el narcotráfico como actor creciente en la vida cotidiana del Conurbano. Si seguimos insistiendo en llamarlo femicidio, corremos el riesgo de invisibilizar esa amenaza.

Porque a Morena, Brenda y Lara no las mataron por ser mujeres: las mató la lógica despiadada del narcotráfico, que no perdona a nadie cuando se trata de cuidar su negocio.

La trata de seres humanos constituye un delito aberrante que convierte a las personas en simples mercancías, despojándolas de sus derechos y de su libertad. La gran mayoría de las víctimas sufren explotación sexual y/o laboral, y un alto porcentaje son menores de edad.

Las víctimas suelen ser captadas en contextos de vulnerabilidad: migran desde sus países de origen por pobreza o necesidades urgentes, son engañadas con promesas de trabajos legales y formales, o son captadas a través de internet y redes sociales, como ocurre con el grooming en menores. Siempre existe un engaño inicial, seguido del sometimiento. Una vez atrapadas, no pueden escapar: les retiran sus documentos y pasaportes, son aisladas de sus familias y entornos, se les impide comunicarse y son amenazadas constantemente, lo que las paraliza.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 68/192 en el año 2014.

En las campañas de prevención se utiliza como símbolo un corazón azul, que representa tanto la tristeza de las víctimas como la frialdad de quienes trafican con personas. Esta imagen busca generar conciencia social y visibilizar este delito, promoviendo la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es:“La trata de personas es un crimen organizado. Pongamos fin a la explotación”.

Escuchar a las víctimas es esencial. Comprender cómo fueron captadas, qué padecieron, cómo vivieron el proceso y qué recuerdos conservan permite diseñar mejores estrategias de prevención, rescate y acompañamiento, y ayuda a salvar a otras personas que aún están atrapadas.

Se estima que más de 2.500.000 personas son víctimas de trata en el mundo, aunque se calcula que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar.

A pesar de la dificultad para obtener datos precisos, las cifras estimadas indican que este delito creció un 25% en los últimos años. Más del 61% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 70% de las organizaciones criminales están conformadas por hombres.

Se trata de un negocio ilegal que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales, una cifra que invita a reflexionar sobre quiénes están detrás y cómo se sostiene esta red internacional de crimen e impunidad.

Una de las frases más contundentes en la lucha contra la prostitución y la trata es:“Sin clientes, no hay trata de personas”.

Numerosas producciones cinematográficas y televisivas han abordado esta problemática. Entre ellas, se destaca la miniserie española Sky Rojo (estrenada en 2021 por Netflix), protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que expone la brutalidad y el cinismo detrás del sistema de explotación sexual.

La lucha contra la trata se estructura en torno a las 4 P:

En Argentina, el marco legal fue fortalecido con la promulgación de la Ley 26.364 el 29 de abril de 2008, que establece penas de 3 a 20 años de prisión para quienes participen en la trata de personas. Aunque representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y gratuita en la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Es fundamental visibilizar esta problemática. Combatir la trata implica enfrentarse a redes con poder económico, conexiones políticas y protección institucional. En algunos casos, hay personas influyentes involucradas, lo que dificulta aún más la erradicación del delito.

La situación en Argentina refleja una realidad global. En regiones como África, Asia y otras zonas del mundo, las cifras son incluso más alarmantes.

El abordaje debe ser integral y coordinado: con el compromiso de las autoridades, la Justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las redes sociales, y organizaciones como Missing Children, que realizan búsquedas activas de personas desaparecidas.

En esta jornada, edificios públicos y monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul para honrar a las víctimas, visibilizar la problemática y renovar el compromiso colectivo en la lucha contra la trata de personas.

Un ciudadano uruguayo de 60 años, con antecedentes penales en territorio argentino, fue expulsado del país tras una orden judicial que dispuso su deportación por violar la Ley Nacional de Migraciones. La medida fue ejecutada por la Policía Federal Argentina (PFA) en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones.

El hombre había sido condenado a un año y medio de prisión por una serie de delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentran amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio. Según fuentes policiales, los hechos se produjeron en concurso real, es decir, sin relación entre sí pero dentro de un mismo proceso penal. La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N°4 de Morón.

A partir de su condena y en función de los antecedentes delictivos, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 ordenó su captura y posterior expulsión por infringir la Ley 25.871, que regula las condiciones de permanencia de extranjeros en el país.

El operativo fue llevado a cabo el 11 de julio por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA, quienes detuvieron al individuo y lo pusieron a disposición de Migraciones para iniciar el proceso de traslado. Finalmente, el hombre fue escoltado hasta Montevideo, donde quedó bajo la jurisdicción de las autoridades uruguayas.

Desde el ámbito judicial y migratorio destacaron que este tipo de procedimientos buscan preservar la seguridad pública y garantizar que las personas extranjeras que cometan delitos en territorio argentino cumplan con lo dispuesto por la ley. El caso refuerza los controles migratorios en el país y marca una línea clara respecto a la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.

La decisión se enmarca en el cumplimiento de normativas vigentes que habilitan la expulsión de personas extranjeras que representen una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana.

Un tema que mezcla todos los condimentos para ser atractivo: Sexo, erotismo, sensualidad, deseo, engaño, drogas, alcohol, excesos, mentiras, app de citas, boliches, robo, y hasta poner en riesgo la vida de las personas, y matarlas…

“Viudas negras” es una serie de Flow que se acaba de estrenar con éxito, y que toma parte de hechos de la vida real, para crear esa ficción. Que atrapa. Que da a conocer algo que se calla…

Se repiten los casos de las denominadas “Viudas negras”, que son mujeres que mediante las app de citas o en un boliche, conocen a hombres, los seducen, se muestran atraídas y cautivadas, y acceden ir a la casa de esa persona. Ahí lo drogan, lo duermen, y le roban. No trabajan solas, son un grupo, del cual inclusive participan varones.

Hay más casos de los que se conocen, ya que por miedo o vergüenza, muchos  no lo denuncian. Porque son casados o tienen pareja, porque se sienten tontos al contarlo, porque es una ofensa al machismo, porque no pueden tolerar haber confiado de esa manera, simplemente ante la posibilidad de una noche de sexo, con una o varias mujeres…

Desde lo policial podemos decir que lamentablemente esta forma de actuar se llevó la vida de Williams Jonathan Quispe Quent, de apenas 19 años, que el fin de semana pasado salió con tres amigos a bailar al boliche Equinoxio en Liniers. Ahí conocieron a tres mujeres, las llevaron a su departamento con la idea de una gran noche de diversión, lujuria y seguramente muy sexual, pero nada de eso pasó: cuando se despertaron sus amigos notaron que Williams no reaccionaba, había vomitado y estaba sin vida. Lo habían drogado, y eso lo descompensó, con una peligrosa mezcla de psicofármacos, alcohol y otras sustancias.

Pero no es algo aislado, ya que hace unos días un turista francés conoció algunas mujeres, las invitó a su casa, y cuando se despertó se dió cuenta que le habían robado y le sacaron hasta el pasaporte. Las cámaras de seguridad del edificio muestran que participaron cinco mujeres… Por ahora, ninguna está detenida.

Y en junio, murió el economista y docente Juan Pablo Jimenez de 61 años, a quién lo encontraron con la boca tapada con una remera, todo revuelto porque le habían robado. Está detenida una dama C.A.M de 23 años y se busca a 2 cómplices más.

Ficción y realidad, nos debe llevar a conocer el riesgo para la salud y la vida, de mezclar sustancias: usan Alprazolam, Clonazepam, Escopolamina (conocida como “Burundanga”), entre otros psicofármacos o drogas, que se mezcla con alcohol en exceso:  un combo peligroso, que puede ser mortal.

La escopolamina es una droga que se usa en medicina para evitar las náuseas y  vómitos por algunos medicamentos usados luego de una cirugía. Afecta el cerebro, y  puede llevar a doblegar la voluntad, generando confusión, o imposibilidad de recordar lo que sucedió, mareos, visión borrosa, taquicardia, boca pastosa, sensación de ahogo, somnolencia, y alucinaciones.

El alprazolam o clonazepam se usan exclusivamente bajo prescripción médica en determinados problemas de salud, se indica  como sedantes, ante ataques de pánico, para dormir, como  anticonvusivos, para bajar la presión, pero su exceso o mezcla con otros medicamentos y/o alcohol, puede generar gran somnolencia, descompensar a la persona, o que entre en coma…

Lo que tenemos que pensar es como esas personas tienen tan fácil acceso a estos medicamentos, que son de uso hospitalario y médico, y que se venden bajo receta. Falsifican sellos?. Roban Farmacias?. Tienen un circuito ilegal donde las consiguen?. Muchas preguntas para pocas respuestas.

La atracción, y el deseo sexual de pasar una gran noche a puro descontrol, en una fiesta interminable con una o varias mujeres, lleva a los varones a ponerse vulnerables y cometer actos riesgos, como llevar a su casa a desconocidas…

Como Médico Sexólogo UBA y Divulgador en Salud considero que es fundamental concientizar para cuidar y proteger, enseñado que no se debe confiar en las personas que se conoce  a por intermedio de las app de citas, que si se encuentran debe ser en un lugar público, y dar la ubicación en tiempo real en el celular y tener a algún familiar o amigo avisado para que de el alerta de considerar necesario. Además estar muy atentos al vaso con bebida para que no le pongan nada extraño. No es muy erótico todo eso, pero es seguro.

Lamentablemente a Williams nadie le podrá devolver la vida, pero desde Newstad proponemos que los medios de comunicación y las redes sociales sean espacio de prevención, y no solamente donde se escriba o cuente una historia “amarillista” de impacto. Para que nadie más deje su vida, por la acción de “Las viudas negras”.

Un conocido martillero del ambiente inmobiliario y gastronómico, Gustavo Bruzone, fue detenido esta semana en la localidad bonaerense de Haedo, luego de permanecer casi tres años prófugo de la Justicia federal. La aprehensión se produjo cuando circulaba en su auto rumbo a la casa de un familiar, y fue concretada por efectivos de la Policía Federal Argentina, tras una orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La noticia generó revuelo no solo por los delitos que se le imputan —su presunta participación en un intento de envío de más de una tonelada y media de cocaína a Europa— sino también por el hecho de que, durante todo ese tiempo, Bruzone mantuvo una presencia activa en redes sociales, organizaba remates y hasta opinaba sobre política nacional.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, se lo considera “uno de los diez narcos más buscados del país”. La ministra Patricia Bullrich celebró la captura y lanzó duras críticas a la provincia de Buenos Aires, asegurando que “los delincuentes encuentran impunidad y refugio” en ese territorio. La detención, sin embargo, fue posible gracias a la labor de investigadores federales que venían siguiendo sus pasos en secreto.

Lo curioso es que Bruzone no actuaba como alguien que se supiera buscado. De hecho, el día de su arresto había publicado un tuit en el que mencionaba a la propia Bullrich, a quien había apoyado fervientemente durante la campaña presidencial. En su cuenta personal llegó a compartir mensajes elogiosos y hasta una fotografía con la actual ministra.

Incluso participó en una entrevista radial con Eduardo Feinmann en febrero de este año, donde opinó sobre el cierre de comercios gastronómicos. Asimismo, tenía programado realizar una subasta online de un importante restobar el mismo día en que fue capturado. Ese evento fue cancelado, oficialmente, por “cuestiones de organización”.

Bruzone está acusado de colaborar con una organización criminal que, en 2022, intentó traficar 1658 kilos de cocaína ocultos en un cargamento que debía salir desde Rosario rumbo a Dubái y España. El operativo fue frustrado y la droga incautada en un galpón del barrio Empalme Graneros.

La investigación, conocida como “Operación Rosario-Dubái”, ya tiene condenados a José “El Tano” Sofía y Gabriel Nicolau, quienes recibieron penas de 11 y 12 años de prisión respectivamente. Ambos fueron considerados líderes de la rama local de una red con conexiones en Colombia, España y Emiratos Árabes.

Pese a la gravedad del caso y al tiempo transcurrido, Bruzone no figuraba en los registros de alerta de Interpol. No existía, al menos hasta el momento de su detención, una “circular roja” que obligara a su búsqueda internacional. Según explicaron voceros judiciales, el procedimiento se activó cuando llegó la información de que iba a tramitar su pasaporte, lo que permitió organizar un operativo discreto y eficaz.

El martillero fue trasladado ante el juez Charvay para prestar declaración indagatoria. Según confirmaron fuentes con acceso al expediente a La Nación, negó haber tenido vínculo con el intento de tráfico de estupefacientes y se declaró ajeno a los hechos. No hizo mención a sus posteos políticos ni a su vínculo con referentes de la actual gestión.

La causa sigue abierta y en pleno desarrollo. Para los investigadores, su rol dentro de la organización no fue menor. Pero lo que más llama la atención es cómo un presunto engranaje de una banda narco internacional pudo moverse con tanta libertad, durante tanto tiempo, sin que nadie —al menos en apariencia— lo estuviera buscando activamente.

Se confirmó la detención de Alexia Abaigar, una mujer señalada como una de las responsables del ataque al domicilio del diputado libertario José Luis Espert ocurrido la semana pasada. La detenida trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, según informó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

“A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”, escribió Bullrich en sus redes sociales, donde además afirmó: “La militante kirchnerista Alesia Abaigar quedó detenida. Vamos por el segundo”.

Alexia Abaigar es profesora de yoga y directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer del gobierno de Axel Kicillof. 

El hecho ocurrió la semana pasada en el partido bonaerense de San Isidro, cuando un grupo de cinco encapuchados llegó en una camioneta al domicilio del diputado y colocó un pasacalles con la leyenda “Acá está la mier... de Espert”, mientras arrojaban estiércol en la puerta.

Tras el ataque, Espert repudió lo sucedido y lo vinculó con sectores kirchneristas: “Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, expresó en sus redes sociales.

El propio presidente Javier Milei respaldó al legislador y sostuvo: “No nos van a intimidar, el rumbo no se negocia”. Espert es uno de los nombres que suenan como posible candidato para las elecciones de octubre, con el aval directo del mandatario.

El especialista en seguridad, Daniel Adler, analizó los cambios anunciados en la Policía Federal Argentina, que ahora se concentrará en la lucha contra el delito complejo. Adler destacó que la iniciativa implica una reforma profunda en materia de capacitación, despliegue logístico y reingeniería operativa, con el objetivo de combatir al narcotráfico, el crimen organizado y las redes internacionales de trata.

“Venimos de muchos años de inacción en la lucha real contra el narcoterrorismo y el delito complejo. Esta reforma apunta a modernizar la institución, capacitar a los cuadros y actualizar las estrategias de seguridad”, explicó Adler.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo organismo que, según Adler, podría funcionar como una suerte de "FBI argentino".

“Son dos cosas distintas: por un lado, la reforma general de la Policía, y por otro, la creación del DFI. Este nuevo departamento se enfocará en operaciones encubiertas, infiltración y contrainteligencia civil. Se trata de una unidad especializada para anticiparse al crimen”, remarcó.

Adler subrayó que el modelo propuesto busca emular sistemas de alerta temprana como los aplicados en Israel o Estados Unidos, que detectan comportamientos sospechosos a través de análisis del lenguaje no verbal, la psicología gestual y hasta la vestimenta.

“Estos métodos tienen hasta un 93% de efectividad en la detección de predadores sexuales, psicópatas y criminales. Es tecnología de rápida implementación, si hay voluntad política. Y la hubo: ayer quedó claro en el mensaje del presidente y la ministra”, aseguró.

El experto también alertó sobre el crecimiento de organizaciones criminales extranjeras en el país: “Argentina tiene al menos cuatro triples fronteras y en ellas ya operan el Tren de Aragua, el PCC, el Comando Vermelho, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco, mafias albanesas, la Cosa Nostra y el Clan Rotela. Hay que dar una respuesta a la altura del problema”, advirtió.

Adler consideró que si bien muchas veces estos temas no se discuten abiertamente, es fundamental que el Estado asuma su rol.

Adler es optimista en cuanto a los recursos humanos disponibles para encarar esta transformación profunda en la PFA: “El talento argentino es espectacular. Hay que buscar especialistas incluso en el exterior, sí, pero también valorar la calidad de nuestras fuerzas. Lo más importante es tener apertura mental y capacidad para implementar nuevas tácticas.”

Finalmente, el especialista remarcó que el equipamiento es importante, pero que el verdadero valor reside en el factor humano: “El entrenamiento táctico y técnico se puede adquirir. Lo que no se compra es la vocación. Y en eso, nuestras fuerzas especiales destacan. Venimos de 20 años de desprecio hacia las fuerzas de seguridad, pero eso está cambiando. Vamos hacia un futuro más seguro y esperanzador.”

Una escena de horror sacudió al departamento mendocino de Guaymallén, donde una mujer que cumplía prisión domiciliaria fue detenida tras confesar el asesinato de su inquilino. El hecho ocurrió en una precaria vivienda de la calle Adolfo Calle, a metros de la intersección con México, y tiene como principal acusada a Adriana Valeria Suárez, de 40 años, quien admitió haber matado a César Darío Rodas, de 41, presuntamente en represalia por un intento de abuso contra una de sus hijas.

El crimen no solo fue brutal por el acto en sí, sino por su ejecución: el cuerpo de Rodas fue desmembrado y luego quemado en una parrilla, dentro del mismo domicilio donde vivía la mujer con sus cinco hijas menores de edad. Al momento del hallazgo, la escena dejó impactados a los propios efectivos policiales y a los peritos forenses.

El caso se conoció cuando un ex cuñado de Suárez recibió imágenes por WhatsApp, donde se veían restos humanos calcinados. Alarmado, denunció de inmediato la situación ante la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con un panorama espeluznante. Suárez no solo confesó el crimen, sino que señaló a Marcelo Rubén Altamirano (35) y Damián Rolando Contreras (46) como sus cómplices.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, tiene previsto formalizar en las próximas horas la imputación por homicidio agravado por ensañamiento contra Suárez y Altamirano. Esta figura penal contempla que los acusados no solo habrían actuado con la intención de matar, sino que también buscaron incrementar deliberadamente el sufrimiento de la víctima durante el proceso de muerte.

Por ahora, los tres detenidos enfrentan cargos preliminares como coautores de homicidio simple, un delito que puede ser castigado con hasta 25 años de prisión. Sin embargo, las calificaciones podrían agravarse o cambiar, especialmente en el caso de Contreras, si se comprueba que no estuvo presente al momento exacto del crimen. Las autoridades también investigan a un cuarto sospechoso, aún no identificado, que habría colaborado de manera secundaria.

Suárez declaró ante la Policía que Rodas intentó abusar de su hija de 16 años, y que eso motivó su accionar. No obstante, fuentes judiciales indicaron que, incluso si repite esa versión ante la fiscal, es poco probable que dicha justificación altere la imputación legal.

Durante la mañana del jueves, mientras la vivienda seguía custodiada por uniformados y personal de Científica, periodistas del Diario Los Andes dialogaron con los vecinos de la zona, quienes brindaron detalles sobre el entorno en el que vivía Suárez.

“A las once de la noche estaba todo lleno de patrulleros. Salimos con mi hija a fumar y no podíamos creer lo que pasaba ahí, al lado nuestro”, contó una vecina aún conmocionada. Todos coincidieron en señalar que la mujer era conflictiva con la gente que frecuentaba su casa, aunque no tenía roces con los vecinos. “Vivía mucha gente, animales, hombres. Se insultaban, se golpeaban. Pero con nosotros, nada”, aseguró otra mujer.

Los testimonios recogidos por Los Andes también revelan situaciones alarmantes: “Hace unos meses mató un gato, y después a un perro que era de las nenas”, relató una vecina, que añadió: “Esto es un horror. Nadie imaginaba que iba a llegar a esto”.

También se conoció que, si bien Suárez debía permanecer bajo arresto domiciliario, era habitual verla caminar por la zona. Sus hijas —de entre 5 y 16 años— asistían a la escuela y solían regresar con comida en recipientes que les daban allí. Algunas versiones indican que la casa era usurpada; otras sostienen que Suárez vivía allí desde 2019 con su pareja, quien luego fue detenido, y que las niñas quedaron al cuidado de su abuela hasta que su madre fue beneficiada con la domiciliaria.

Lo que para muchos vecinos era una casa conflictiva pero tolerada, se convirtió de pronto en una escena del crimen que estremece por su crudeza. El caso continúa bajo investigación, y la fiscalía determinará en los próximos días el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

La tranquilidad habitual de ese rincón de Guaymallén se quebró con un hecho que nadie imaginó posible, aunque muchos reconocen ahora que las señales de violencia estaban allí desde hace tiempo.

La madrugada de este lunes en Constitución marcó un punto de inflexión en el manejo del espacio público dentro de la gestión de Jorge Macri. En un operativo contundente, rápido y sin negociaciones, el Gobierno porteño puso fin a la toma irregular de la vía pública en inmediaciones de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se espera una marcha contundente el miércoles y la tensión crece.

El despliegue comenzó a las 2:30 AM y concluyó media hora después, a las 3:00 AM, con más de 160 efectivos de las áreas de Comisarías y Orden Urbano de la Policía de la Ciudad, acompañados por personal de limpieza de Espacio Público.El foco: la esquina de San José y Humberto I, convertida en las últimas semanas en un improvisado acampe militante con gazebos, pasacalles, parrillas, banderas y carteles políticos. El búnker de la militancia cristinista no puso demasiada oposición a pesar de las corridas y las lógicas situaciones de tensión en el desalojo.

De los choris a la toma barrial

Lo que comenzó con una parrilla de “choripanes militantes”, pronto se transformó en una ocupación organizada del barrio. Según testigos y registros periodísticos, los manifestantes instalaron carpas, puestos de comida y estructuras metálicas que ocupaban veredas completas.La situación derivó en quejas de vecinos, cuyas casas fueron incluso tomadas simbólicamente: los balcones y frentes de propiedades privadas fueron intervenidos con carteles partidarios, banderas y consignas políticas, muchas de ellas agresivas.

“Ya no era un pasacalle, una bandera o un cartel en la pared de la casa de Cristina. Habían tomado el frente del edificio que está del otro lado de la calle. Un lugar donde vive gente”, relató un cronista al aire de Todo Noticias.

Resultados del operativo

Durante la intervención se secuestraron todos los elementos emplazados sin autorización, incluyendo:

8 gazebos

6 parrillas

Mesas y sillas

Banquetas

Gran cantidad de alimentos

Carteles, pasacalles, banderas y pancartas

Además, se limpiaron paredes de casas vecinas que habían sido vandalizadas o utilizadas como soporte propagandístico. El operativo se desarrolló sin mayores incidentes, a pesar de algunos gritos, empujones y corridasprotagonizadas por manifestantes al momento del desalojo.

Jorge Macri y el mensaje de orden

Desde el gobierno porteño aseguran que estas acciones no son aisladas, sino parte de una política sostenida para evitar que el delito, la informalidad o la militancia radicalizada tomen por rehén el espacio público de los vecinos.

En ese sentido, la gestión de Jorge Macri marca una diferencia respecto de los achaques que viene recibiendo por la falta de gestión en otras áreas: no hay doble vara, es tolerancia cero, según se plantea en Uspallata, la sede de gobierno porteño. No importa quién sea el ocupante, ni a qué partido pertenezca. El espacio público es de todos, y se respeta la ley.

Conclusión: el orden no se negocia

Mientras Cristina Kirchner enfrenta una posible prisión domiciliaria, sus militantes intentaron convertir una esquina porteña en un santuario político callejero. Pero esta vez, el Estado actuó con decisión, sin romanticismo militante ni tolerancia a medias tintas.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad se suicidó en la madrugada del miércoles tras pasar más de diez horas encerrado dentro de un gimnasio en la localidad bonaerense de Moreno, luego de haber asesinado a la actual pareja de su exesposa.

El episodio tuvo lugar el martes por la noche en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Centenario. El policía, identificado como Gabriel Fernando Danielo, de 39 años, se presentó allí para encontrarse con su expareja, Anabella Viviana Florentín, con quien tenía tres hijos.

Al intentar ingresar al lugar, fue interceptado por Marcela Fabiana Heredia, la novia de Florentín. Según fuentes policiales citadas por Noticias Argentinas, Danielo reaccionó violentamente y le disparó al menos tres veces, provocándole la muerte en el acto.

Tras el crimen, el hombre subió al primer piso del edificio y tomó del cuello a su exmujer, amenazándola con su arma reglamentaria. Minutos después arribaron agentes de la Comisaría Primera, que iniciaron una negociación. Finalmente, lograron que liberara a la mujer, quien fue trasladada a un centro de salud.

Sin embargo, el agresor decidió atrincherarse en el lugar, lo que derivó en un operativo de gran envergadura por parte de la Policía Bonaerense. Se cortaron los suministros de electricidad, agua y gas en el inmueble, mientras en el exterior se desplegaron unos 300 efectivos, francotiradores y bomberos, que intentaban forzar su rendición mediante el diálogo.

Danielo, quien trabajaba en la comisaría de la Comuna B en el barrio porteño de Palermo, tenía antecedentes recientes por violencia de género. Según trascendió, apenas un día antes del hecho su expareja lo había denunciado por agresiones, motivo por el cual la Justicia ordenó una restricción de acercamiento que fue notificada pocas horas antes de que ocurriera el crimen.

El caso quedó caratulado como homicidio agravado y resistencia a la autoridad, aunque no llegará a juicio: el acusado decidió quitarse la vida dentro del gimnasio antes de ser detenido.

La Justicia Federal avanza en la reconstrucción del lujoso estilo de vida de Elías Piccirillo, en un intento por ensamblar las piezas de un complejo caso judicial. Exesposo de Jésica Cirio y actualmente detenido bajo la sospecha de haber plantado drogas y armas a un acreedor, su situación legal se complica con el paso de los días. En este contexto, el fiscal Franco Picardi ha decidido centrar su atención en los viajes que realizó fuera del país en los últimos años.

Para ello, se incorporó al expediente un exhaustivo informe de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se detallan todas las veces que Piccirillo abandonó el territorio argentino. Desde 2021 hasta febrero de 2024, el acusado realizó 41 salidas del país, muchas de ellas en aeronaves privadas.

Según Infobae, que tuvo acceso a este documento, una de las rutas más frecuentes utilizadas por Piccirillo consistía en ingresar a Europa a través de España y regresar por Alemania. Entre 2023 y 2024 repitió este recorrido en tres oportunidades. Lo más llamativo de su último viaje en esta ruta fue la brevedad de su estadía en el continente europeo: permaneció menos de 48 horas.

En lo que respecta a los vuelos en aviones privados, el destino más recurrente en los últimos meses fue Uruguay. Uno de estos viajes duró apenas 10 minutos: el 14 de diciembre llegó al país vecino a las 15:58 y regresó a Argentina a las 16:08.

Otro patrón de viajes que resalta en el informe es su reiterada presencia en Paraguay. En apenas un mes, realizó tres vuelos en avión privado a dicho país. Cabe destacar que el documento no especifica si el acusado permaneció en Paraguay durante toda su estadía o si visitó otros destinos en el transcurso.

El informe detalla además una extensa lista de viajes cortos a diversas naciones desde 2021 hasta la actualidad. En total, se registraron siete desplazamientos a México, ocho a Uruguay y nueve a Panamá, entre otros destinos.

La Justicia sigue de cerca cada una de estas pistas en busca de respuestas dado su vertiginoso crecimiento patrimonial en los últimos años.

Recordemos que Piccirillo fue detenido el pasado 20 de marzo y la causa fue caratulada como "Averiguación de delito", a cargo del Juzgado Federal N.º 11, bajo la jurisdicción del Dr. Sebastián Ramos y Carolina Lores Arnaiz.

Jésica Cirio, otra vez en la mira

Mientras tanto, Jésica Cirio vuelve a estar en el ojo de la tormenta debido a los problemas legales de su exesposo. En medio de este escándalo, salieron a la luz detalles sobre el lujoso estilo de vida que la pareja llevaba, lo que deja a la conductora en una situación comprometida.

Uno de los datos más llamativos es el costo de la boda entre Cirio y Piccirillo, que habría alcanzado los $206 millones. Además, el periodista Paulo Kablan aportó información sobre los excesivos gastos de la pareja. De acuerdo con su investigación, tras casarse, iniciaron una serie de viajes internacionales en vuelos privados.

En tan solo un año, Jésica Cirio y Elías Piccirillo habrían gastado aproximadamente u$s1.9 millones en sus viajes. También se detalló que, durante el último verano, alquilaron una casa en Punta del Este por u$s350 mil, aunque Piccirillo dejó una deuda de u$s50 mil.

Si bien Cirio no ha sido imputada hasta el momento, toda esta evidencia podría complicar su situación legal.

La investigación avanza con la mirada puesta en el origen de su fortuna y la posible vinculación de sus constantes desplazamientos internacionales con actividades ilícitas. Cada nuevo hallazgo refuerza la complejidad del caso y amplía el abanico de interrogantes que la Justicia deberá responder. En los próximos meses, el expediente podría sumar pruebas determinantes que definan el futuro judicial del acusado.

El empresario de 39 años y marido de Jésica Cirio fue apresado hoy en el barrio “El Yatch” en Nordelta por estafa. La medida fue dispuesta por el fiscal Franco Picardi, quien también solicitó la detención de otros siete hombres, todos oficiales de la Policía de la Ciudad.   

El contexto de la detención es la investigación por estafas y deudas de Piccirillo, quien también fue fue acusado de haber utilizado sus contactos para “plantar” más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el auto de Francisco José Hauque, a quien le debía dinero, luego de haber compartido juntos una cena en Recoleta. 

De acuerdo con el sumario policial, el pasado 17 de enero el vehículo fue interceptado por efectivos de la brigada de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad. Debido a lo descubierto por la policía, Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida fueron detenidos. La investigación tomó un giro inesperado cuando el hombre denunció que la causa fue creada para perjudicarlo y que todo estaba vinculado a una deuda de seis millones de dólares que Piccirillo mantenía con su entorno.

Por este motivo también se libró  la orden de detención de los oficiales de la policía de la Ciudad, quienes serían cómplices de Piccirillo. El 18 de febrero se habían realizado allanamientos en lo domicilios de Piccirillo y Cirio en la casa de Nordelta donde hoy fue finalmente detenido y en departamento ubicado en la Avenida del Libertador, donde hallaron tres millones de dólares de los que Piccirillo no pudo determinar su procedencia. Si bien Cirio no ha sido requerida por la justicia, podría llegar a verse perjudicada debido a que los millones incautados se encontraban en una de las propiedades del matrimonio.

La causa está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11.

Un efectivo de la policía federal asesinó a golpes a su pareja y luego se suicidó con su arma reglamentaria frente a su hija de cinco años. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en la localidad bonaerense de Villa Dominico, partido de Avellaneda.

De acuerdo a fuentes judiciales, en la madrugada del lunes, una vecina llamó al 911 luego de escuchar una detonación en la vivienda donde residía el agente de 36 año, Jairo Kevin Emanuel Choque-quien prestaba servicio en la División Motorizada de la PFA- junto a su pareja de 25 años y su hija. De inmediato, efectivos de la policía bonaerense arribaron al domicilio y encontraron a la víctima y al femicida junto a una pistola Bersa 9mm. Lo más estremecedor es que la niña de cinco años se encontraba junto a los cuerpos inertes de sus padres.  

Poco tiempo luego del hallazgo, arribó al lugar una ambulancia del SAME y, pasadas las 6.40 el médico de emergencias constató ambas muertes. 

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada, pero fuentes del caso indicaron que “se encontraba en posición fetal y no presentaba heridas de arma de fuego”. El médico informó que la causa de muerte fue debido a los golpes. El femicida tenía un orificio de entrada y salida en su cabeza, producto de un disparo autoinflingido.

En el caso interviene la Unidad Fiscal N 2 de Avellaneda, a cargo de la Dra. Laura Carballal , quien se presentó en la propiedad, la cual se encuentra resguardada para los peritajes correspondientes, mientras se aguarda el resultado preliminar de la autopsia. 

El hecho ocurrió en San Justo, partido de la Matanza el viernes alrededor de las 20.30 cuando un joven fue baleado en el abdomen al intentar evitar un intento de robo a una pareja. La víctima, de 32 años falleció en la madrugada de este sábado en el hospital Paroissien.

Luis Gabriel Quintero se encontraba con su amigo Iván en la puerta de una barbería ubicada en la intersección de Iliana y Lynch, en el barrio San Nicolás de San Justo. Partido de la Matanza. Cerca de las 20,  los  jóvenes presenciaron el intento de un robo a una pareja. Ambos amigos comenzaron a gritar para disuadir a los delincuentes pero les respondieron con disparos. Uno de las balas impactó en el abdomen de Quintero, quien fue derivado rápidamente al hospital Paroissien. Luego de evaluar la gravedad de la herida, los médicos concluyeron que era necesario realizar una intervención quirúrgica para tratar de parar la hemorragia que le había provocado disparo. Sin embargo a las 3.30 del sábado, Quintero murió en el quirófano. 

La investigación está a cargo del Dr. Diego Rulli, encargado de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la realización de las primeras diligencias para identificar a los responsables. En el lugar del crimen, un equipo del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) del municipio comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a los testigos que presenciaron el ataque.

Hasta ahora la policía no logró identificar a ningún sospechoso por el homicidio. No obstante, al revisar las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos hallaron la grabación en la que quedó registrado el paso de una moto con características similares a la que usaron los asaltantes que balearon a la víctima.

Anoche, un grupo personas se manifestó en la Plaza San Nicolás, en la intersección de Lynch e Illia, en reclamo de justicia por el homicidio de Luis Quintero. La protesta se desarrolló de manera pacífica y bajo la supervisión de un operativo de seguridad dispuesto por las autoridades. Posteriormente, algunos de los participantes marcharon hacia la Comisaría de San Justo y luego se dirigieron al Palacio Municipal, en Almafuerte y Villegas.

La protesta se apoya, además, en el hecho de que el homicidio de Quintero fue el segundo  en el mismo barrio en dos meses. El 15 de enero pasado, minutos después del mediodía, en la esquina de Coronel Lynch y Libertador General San Martín, fue asesinada Hilda Cristina Tello, de 45 años. Este asesinato ocurrió a dos cuadras de la plaza San Nicolás, donde mataron a Quintero.

Tello fue asesinada mientras viajaba en el interno 623 de la línea 174, cuando el chofer le tiró el colectivo encima a dos ladrones que intentaban robarle a un vecino que lavaba su auto en la vereda, en Coronel Lynch al 2814; el delincuente que conducía la moto aceleró y, ya en marcha, y el acompañante disparó tres tiros hacia atrás contra la unidad de la línea 174.

Uno de los proyectiles mató a Tello, que viajaba como pasajera, mientras que su hija, de 8 años, fue herida y llevada a una clínica privada situada a dos cuadras del lugar del ataque. En tanto, la amiga de la hija de la víctima, que viajaba con ellas, de 9 años, resultó ilesa. Hace diez días, la policía apresó a uno de los asaltantes que disparó contra el colectivo y mató a Tello.

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los dos imputados más complicados en el proceso judicial, decidieron no asistir más a las audiencias a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus letrados, quienes adelantaron que sólo se presentarán el día de los alegatos de cierre o en caso de que alguno de ellos decidiera declarar. 

El motivo principal por el que se ausentarán Luque y Cosachov, será para “retomar la rutina”. Según explicaron sus abogados, el proceso judicial será largo y los imputados no pueden desatender sus responsabilidades diarias: ambos siguen atendiendo pacientes y “no van a pausar sus agendas hasta mitad de año”, cuando se estima que finalizará el juicio.

La decisión se enmarca dentro de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después de la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas el jueves. Sin embargo, están obligados a  estar presentes para los lineamientos finales y la lectura del veredicto, que definirá si son o no culpables de la muerte de Maradona. 

Al imputado Luque se lo vio  incómodo  desde el comienzo del proceso y no esperó  ni a que terminara la segunda audiencia para irse: este jueves aprovechó un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y decidió irse. Así también se comportó la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.

No ocurrió lo mismo con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se quedó hasta el final. Igualmente, su abogado Vadim Mischanchuk afirmó que su defendida no volverá a presentarse en los tribunales de San Isidro, excepto que él considere necesaria su presencia ante algún testigo o que decida declarar.

Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y sólo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.

Solamente  dos imputados  confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.

El otro es el médico clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.

A propósito del Dr. Di Spagna, declaró que “le cagaron la vida”. En el debate, Di Spagna se distingue de los demás por dos cuestiones. La primera es que se mantiene cabizbajo y se muestra desinteresado durante los cruces entre la querella y la defensa. La segunda, es que es el único que no cuenta con un abogado particular: tiene una defensora oficial, María Julia Marcelli, quien remarca que su defendido solo “cayó en la volteada”. El médico clínico explicó cómo tuvo que reacomodar su vida a partir de que su nombre comenzara a sonar entre los presuntos culpables del fallecimiento del ex jugador de fútbol.

Por suerte, agradece, el Club Atlético Huracán confía en él y lo mantiene como parte del cuerpo médico del plantel profesional.

Di Spagna lamenta que todos los imputados estén “en la misma bolsa”, y que su intervención en el caso de Maradona no se separe de la que tuvo el resto. Según su versión, él solo vio a Maradona una vez, el 11 de noviembre de 2020, cuando lo llamaron para una interconsulta durante la internación domiciliaria en Tigre.

Según indicaron fuentes con acceso a la causa, en esa oportunidad el médico revisó a Maradona porque estaba con vómitos. Había comido camarones con brócoli a la provenzal, por lo que el consejo fue que cambiara su dieta. El acto de vomitar le podía hacer aumentar la presión intercraneal, señaló.

A la semana -el día 18- Di Spagna volvió a la casa del barrio San Andrés junto a un nutricionista, pero no llegó a ver a Diego porque Maradona no quiso. A pesar de que lo intentó no se pudo imponer ante la resistencia del paciente. Incluso, una de hijas de Maradona presente ese día trató de convencer a su padre de atenderse y, tras no lograrlo, finalmente le pidió al médico que se retirara del lugar.

Un procedimiento del cual participaron tropas del GAD (Grupo de Apoyo Departamental) y el GTO (Grupo Táctico Operativo) concluyó con la detención de tres mujeres en la periferia de los monoblocks de El Palomar por parte de la policía bonaerense. 

La Comisaría 6° de Morón de la Policía Bonaerense arrestó a tres mujeres por el delito de narcomenudeo, en una causa a cargo de la UFI N°9 de la jurisdicción.  

Las sospechosas fueron identificadas como Rosana Mabel Rojas, de 41 años, Sheraldyne Nicole Vivas, de 20 y Mariela Jorgelina Fernández, de 34. Rojas es beneficiaria de planes sociales; Fernández, oriunda de Villa Constitución, Santa Fe, figura como empleada en blanco de una empresa de maquinarias de su ciudad.

Las tres mujeres fueron arrestadas por supuestamente controlar el negocio de venta de drogas de los monoblocks de El Palomar, área conocida como “La Carlos Gardel” (de allí proviene su apodo “Las Dueñas de la Carlos Gardel”, ya que eran quienes controlaban ese territorio) para la venta de estupefacientes.  Fueron fueron allanadas en casas a tres cuadras del lugar. Vivas y Fernández vivían juntas. Les encontraron cocaína y tusi fraccionadas en bolsitas, así como una pistola Bersa Thunder 9 milímetros. Rojas cayó con cogollos de marihuana, pasta base, una libreta de anotaciones y un viejo revolver Pasper calibre 32 largo con la numeración limada. Los procedimientos fueron convalidados por el Juzgado de Garantías N°5, que supervisa el expediente, donde participaron tropas de choque del GAD y el GTO dada la complejidad de la zona y la posibilidad de un conflicto.

Las filmaciones encubiertas fueron clave para la causa. Mariela se encargaría del reparto, custodiada por varios "soldados" (sujetos que  forman parte del personal más bajo en la jerarquía criminal y ejecutan órdenes directas) que fueron filmados y fotografiados con pistolas al cinto, de acuerdo al testimonio de uno de los detectives que trabajó en el operativo. Vivas, alias “La Gorda Toti”, se encargaría del acopio. 

*Las tropas GAD y GTO son unidades especializadas dentro de las fuerzas de seguridad en Argentina.

GAD (Grupo de Apoyo Departamental): Son unidades de la policía que se encargan de brindar apoyo en situaciones de alta complejidad, como operativos antidrogas, allanamientos, y control de disturbios. Su función principal es asistir a las comisarías y otras unidades policiales en tareas que requieren una mayor capacidad operativa y equipamiento especializado

GTO (Grupo Táctico Operativo): Son unidades tácticas de la policía que se especializan en operaciones de alto riesgo, como rescates de rehenes, intervenciones en situaciones de crisis, y enfrentamientos con delincuentes armados. Los GTO están entrenados para actuar en situaciones extremas y suelen contar con equipamiento avanzado y técnicas de intervención específicas

El grupo estaba formado por ocho personas mayores de edad. Fueron apresados en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La banda de dealers operaba en una finca situada en calle Perú al 2000, casi en el cruce con General Conesa. El lugar fue requisado por los servidores públicos de la comisaría 4ª del distrito, con las directivas de la Unidad Funcional Temática de Drogas de la jurisdicción. Todos quedaron detenidos. 

Un grupo de vendedores de cocaína formado por seis hombres de 22, 32, 20, 29, 30 y 36 años  y dos mujeres (de las que no trascendieron sus edades) fueron apresados luego de una investigación que inició el 25 de enero del corriente año, en una operación con vigilancia encubierta que culminó en el allanamiento en la finca donde operaban. 

En la vivienda, secuestraron 152 dosis de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes, varios recortes de bolsas que los narcotraficantes utilizaban para armar las dosis, una balanza de precisión, una importante suma de dinero, aparatos de telefonía celular, municiones y un rifle reformado, que los delincuentes  usaban para amedrentar a los habitantes del barrio.