Se está librando una batalla silenciosa sobre lo que denomino el "negocio de género". Este vende a la ideologí­a de la identidad de género afirmando que el sexo es mutable, pero enfrenta resistencia de gobiernos opuestos a estas polí­ticas.

Ha logrado expandirse con el apoyo de organismos internacionales bajo el pretexto de los derechos humanos. La condición para florecer es arraigarse desde dentro de las instituciones. Se instala en donde se sancionan leyes, crean burocracias y estructuras educativas, normativas médicas y líneas argumentativas para los tribunales. Sus activistas, bajo la forma de polí­ticos, especialistas y académicos, generan una demanda artificial y así­ movilizan los recursos del Estado en los paí­ses pobres.

La agenda transnacional de género beneficia a sus promotores locales a costa de los derechos de las mujeres, de sus espacios y oportunidades, así­ como de la desprotección de los niños como se viene denunciando largamente. 

El contragolpe viene con medidas como la eliminación de polí­ticas LGBT en Argentina (diciembre 2023) y restricciones en EE.UU. (enero 2025) a fondos federales activados hasta en paí­ses extranjeros. Tal es el caso de la suspensión de fondos a la publicación argentina Anfibia o de un seminario financiado por la Agencia del Departamento de Estados Unidos para la Ayuda Internacional (USAID) de u$s 55,000 solo para periodistas mujeres y LGBTQ sobre cambio climático en Argentina.

Lideran esta agenda los organismos de las Naciones Unidas (ONU) que transversalizan el tema de género en todas las instancias posibles. Estos suministran asistencia técnica, financiamiento o simplemente el respaldo de que el programa nacional sigue estándares de la ONU. En Argentina se suman otras ONGs, fundaciones por un lado, y por otro, el apoyo de la élite progresista movilizando fondos públicos. 

Aunque los ejemplos son limitados, creemos que revelan un claro patrón de influencia.

Fuerzas globales en la política argentina

Según el Global Resources Report 2021-2022 financiadores internacionales destinaron u$s 51,117,886 a proyectos LGBTI en América Latina y el Caribe, con Argentina recibiendo u$s 1,258,345. Impulsaron la agenda de género fundaciones como Wellspring Philanthropic Fund, Arcus Foundation y gobiernos como EE.UU., Canadá y Paí­ses Bajos, aunque no se detalla a las organizaciones destinatarias.

Distorsión trans: salud en riesgo

La salud de género es un rubro fundamental en el negocio. Por ejemplo, entre 2006-11, organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud apoyaron al Ministerio de Salud y la Secretarí­a de Diversidad Sexual de Rosario para la atención de personas trans. Los gobiernos confunden sexo con género, ya que registran identidades, seis años antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género de 2012 (n°26.743). UNFPA y ONUSIDA asistieron al programa VIH-sida en 2010, formando en transgenerismo, mientras que en 2012, junto a UNESCO, UNICEF y la Fundación Huésped, instruyeron a los medios de comunicación sobre cómo informar correctamente sobre las identidades de género. La PNUD impulsó Consultorios Amigables oficializando la agenda. De esta manera, con la ley trans se pone en peligro la salud de los menores con tratamientos hormonales de modificación corporal como ya se advierte en Chile, Finlandia, Reino Unido, algunos estados de EE.UU. y Noruega. Además se maximiza la penetración del producto trans en todo el sistema público, además de convertirse a los registros públicos en datos distorsionados. 

Adoctrinando con fondos globales

El sistema educativo acrecienta la demanda al presentar que la autodeterminación de la identidad de género es un DDHH. Organismos de la ONU como UNESCO y UNFPA, lideran estos proyectos junto a Spotlight (apoyada por la Unión Europea). UNICEF dicta que la ESI sea obligatoria para garantizar salud, diversidad e igualdad de género. Gobiernos como Canadá aportan u$s CAD 20 millones en 2024 para una iniciativa global de ESI (2024-27) incluyendo Argentina. 

George Soros, de Open Society Foundations con la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner en 2012.

La Open Society Foundations (OSF) de George Soros es una de las ONG más conocidas por llevar adelante la agenda de las causas progresistas. OSF colaboró con el Ministerio de Educación argentino, cuyo ministro reafirmó la igualdad de género como prioridad. Asimismo subvenciona con u$s 200.000 al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) para educación en igualdad, con becas de u$s 40.000 a jóvenes feministas para ESI, y con u$s 200.000 en 2023 a Mujeres Trans Argentina para derechos LGBTQ, entre otras. Estas organizaciones parecerí­an depender de fondos externos, ¿sin ellos este activismo perderí­a fuerza?

Leyes a medida con dinero extranjero

Para imponer la idea de la identidad de género, se usan los litigios estratégicos a fin de desafiar leyes y quitar trabas. Ese es el caso del conductor mediático Flor de la V, que en 2011 logró que se aceptara cambiar el sexo en sus documentos solo con su declaración. Lo apoyaron la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). No hay pruebas claras de quién puso el dinero, pero como la FALGBT forma parte de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), pudieron recibir ayuda o fondos de grupos extranjeros que empujan estos temas. Además, el gobierno de ese momento animaba fervientemente a estas ideas, lo que facilitó las cosas sin necesitar grandes desembolsos económicos. OSF ha apoyado largamente a la ONG argentina llamada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Solo en este último perí­odo ha comprometido u$s 2.500.000 en concepto de apoyo institucional 2022-25. Una de las más recientes acciones es impulsar un amparo de trece varones, “trece travestis y mujeres trans”, para lograr una pensión por discriminación y violencia institucional. 

ONU Mujeres, que se supone que defiende a las mujeres y niñas, también financia a estos juicios por la agenda de género. En 2020, entregó 150.000 dólares a la Fundación Andhes (Abogados) y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (sic) un grupo de abogadas del Noroeste argentino, para defender a mujeres cis, trans y lesbianas que enfrentan violencia. En 2022, dio 117.500 dólares a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para un proyecto llamado "Maravilla de Mujeres contra la Violencia", que ayuda a mujeres con discapacidad, trans, no binarias y migrantes. Este grupo trabaja con otros como la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), ATTTA y la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias. 

Empleo por ideología

Otra área de explotación de género es el fomento de los espacios inclusivos al Estado y empresas, financiado desde el exterior. ONUsida, UNFPA, PNUD lo movilizan en Argentina a través de la asociación civil Impacto Digital. En 2023 estas entidades más el gobierno del Reino de los Paí­ses Bajos financiaron el 49% del programa con u$s 23.520.591, más un 43% es decir u$s 63.490.936 provenientes de Fundaciones y empresas. En 2024 Argentina se destaca que en 55 de las 82 organizaciones participantes obtuvieron la designación "Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ 2024". El impacto alcanzó a 224,649 empleados, un aumento del 120% respecto al año anterior. El número de empresas participantes creció de 76 a 82 (un 8% más). Todo este esquema deriva en la ley nacional de cupo trans en 2021 (n° 27.636) como otras similares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, además de empleo trans en universidades nacionales, entre otros. La estrategia es generar más burocracia que privilegie las identidades de género por sobre las habilidades y méritos necesarios para el trabajo.

¿Es fácil distinguir entre organismos internacionales, fundaciones privadas y gobiernos locales? Evidentemente no y esa parece ser la naturaleza del negocio. Estos múltiples jugadores operan en una red global de alianzas con nombres diferentes que se coordinan con un plantel de políticos-especialistas-activistas ocupando simultáneamente espacios en organizaciones internacionales y nacionales, el gobierno y medios de comunicación. 

Medios alineados

La idea de los derechos trans se amplifica mediante inversiones en medios de comunicación. Estos promueven una demanda artificial de identidades de género presionando a la corrección política de los medios. El gobierno de Canadá, por ejemplo,entregó u$s 15.535 dólares entre 2020 y 2021 al medio periodístico Presentes: géneros y derechos humanos. Su meta es “visibilizar a través de piezas de comunicación digital y redes sociales cómo las mujeres indí­genas y las personas LGBTI se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 en Argentina y Paraguay”.  Mientras tanto, OSF subvenciona a los medios Anfibia y Cosecha Roja. Además gestiona becas para formar periodistas, que cubran temas como violencia contra las mujeres, crímenes de odio y ataques contra la comunidad LGTTBIQ. Otro caso es la ONG Chequeado.com que dice combatir la desinformación siguiendo esta misma agenda. Recibe fondos de la UNESCO, Endowment for Democracy, las embajadas de Canadá, EE.UU., así­ como universidades, asociaciones civiles y empresas argentinas, entre otras. 

Vender la transversalización como innovación 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó en 2018 un préstamo de u$s 44.300 millones que impulsó la transversalización de género con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ampliando la agenda en toda la estructura estatal. Esto derivó en la Ley Micaela (n 27.499) de 2019, que obliga a capacitar en perspectiva de género a los tres poderes del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo), extendiéndose a provincias y universidades nacionales.

En 2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportó u$s 50 millones para mitigar la violencia de género y promover la equidad. El programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se sirve de estos fondos. Este beneficia directamente a 258,000 personas con acceso a justicia y acompañamiento. Además abarca a las 24 jurisdicciones, formando a un nuevo rubro laboral: capacita a 35,840 facilitadores y equipa a 12,000 promotores, además de construir Centros Territoriales Integrales. Estas medidas consolidan burocracias de género en todos los niveles de gobierno, generando un mercado laboral permanente que depende del erario público.

Solidaridad forzada, negocio asegurado

Otra fuente de financiación surge del “aporte extra solidario” obligatorio del 0,5% del sueldo bruto de trabajadores afiliados o no, que sirve de sustento a sus lineamientos transactivistas de los gremios. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es uno de los dos sindicatos más grandes, que representa a trabajadores de la administración nacional, provincial y municipales. La ATE celebra el aporte con lenguaje inclusivo: “Crecemos entre todes: el aporte solidario de les trabajadores se utilizará para iniciativas de capacitación y distintas acciones sociales”. En el caso de los gremios docentes, prácticamente todos son transactivistas como se resume en este gráfico. 

Asimismo, los sindicatos de docentes de establecimientos educativos privados continúan movilizándose contra el gobierno anti-LGBT aunando fuerzas con FALGBT. 

El género se queda sin negocio

La agenda, antes rica en fondos e influencia, se está frenando con Milei. Como representante del poder ejecutivo desmantela el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI y elimina el lenguaje inclusivo de las comunicaciones oficiales. También recortó la aplicación de la ley Micaela, que obligaba a participar a empleados públicos en temas de género a violencia familiar y se reduce a solo los organismos específicos. Además no aplica el cupo trans y, con dos decretos 61/2025 y 62/2025, limita la ley trans. Ahora las cárceles se asignan según el sexo de nacimiento y se prohibirí­an los tratamientos de género a menores.

El poder judicial y legislativo también están dejando de apoyar estas ideas. El Congreso ha eliminado para ambas cámaras los cursos impartidos con contenido transgenerista, como antes.  Y el poder judicial que daba muchos cursos a los trabajadores judiciales, ahora solo ofrece tres cursos sobre justicia y género, lo que muestra que el interés está cayendo. 

Las provincias no sueltan el negocio

Mientras que en la actualidad el gobierno nacional pone freno al progresismo institucional, a nivel provincial sus polí­ticas siguen presentes. Probablemente mantenerlas les da votos y mantiene también contenta a su burocracia transgenerista ya que muchos viven del empleo público. 

La agenda de género persiste en las provincias. Para solo nombrar unos pocos, en el norte, la provincia de Jujuy tiene el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades y la provincia de Salta cuenta con su Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el sur, Tierra del Fuego apuesta con su Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades y hasta la Ciudad de Buenos Aires sigue con la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretarí­a de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos. 

Vemos el caso de la provincia más populosa del paí­s. Desde la creación en 2019, del Ministerio de Mujeres y Diversidad lidera el camino extendiendo su influencia en cada rincón de la gestión pública. Lo respaldan cuatro subsecretarí­as clave que transversalizan el género y amplifican su mensaje mediante direcciones especializadas. La PBA tampoco ha puesto el freno en el área de salud. Para este año 2025 se septuplicaron los centros de hormonización desde 13 años en adelante de 20 a 141. En 2020 y 2023 gastaron aproximadamente más de u$d 2.000.000 en tratamientos hormonales, incluso para menores. En educación, el derroche continúa con la instrucción en la ideologí­a de la identidad de género. Se invirtieron $ 4.385 millones en libros para la adquisición de 1.218.000 ejemplares en el marco de la ESI y pese a la polémica y denuncias se distribuyeron en la provincia.

En síntesis

Los ejemplos analizados, como el financiamiento de organizaciones de la ONU, fundaciones como la de Soros y la coordinación de actores nacionales, demuestran que la supuesta demanda por la identidad de género no surge de una realidad histórica, sino de una estrategia de lucro impuesta desde arriba. 

La ideologí­a de género insiste en que las personas transgénero han existido siempre, silenciadas por un sistema opresor, pero el sexo, como hecho biológico inmutable, desmiente esta narrativa. Lejos de reflejar una verdad universal, esta agenda obliga a todos a aceptarla, sirviendo a los intereses de grupos que manipulan emociones para consolidar su poder.

(*) La autora es residente en Japón, Profesora de la Universidad Kwansei Gakuin.

En el mundo del deporte hubo muchos cambios a lo largo del tiempo, algunos para bien y otros que generaron debate. En las grandes competencias deportivas siempre se divide en dos ramas: masculina y femenina. Sin embargo, respecto a las mujeres, hubo episodios que han generado controversia, entre ellos la intromisión de deportistas transgénero. 

Uno de los casos más resonantes en los últimos es el relacionado con Lia Catherine Thomas, estadounidense de 25 años, quien en su adolescencia compitió en natación entre los varones, pero años más tarde empezó a dudar de su género, por lo que decidió hacerse un tratamiento hormonal para luego declararse transgénero y por ende más adelante competir contra mujeres. En 2022, Thomas fue noticia por haber obtenido el campeonato universitario regido bajo la NCAA de 500 yardas (aproximadamente 457 metros), sacando mucha ventaja a sus competidoras. Por dicho motivó, el máximo ente de la natación, World Aquatics, prohibió a la nadadora participar en certámenes en la rama femenina, tomando como medida que quienes hayan pasado la pubertad como hombres no pudieran participar luego entre las mujeres. 

Thomas apeló ante el Tribunal Arbitrario del Deporte (TAS), aunque sin éxito, porque la Corte le dio la razón a World Aquatics y le imposibilitó además aspirar a llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. 

Otro de los exponentes en esta discordia fue el que sucedió con Mara Gómez, quien en 2020 se convirtió en la primera futbolista trans en jugar en la rama femenina. Su caso generó polémica debido a la ventaja deportiva (producto de su genética masculina) por sobre otras jugadoras; sin embargo, pudo competir profesionalmente debido a que unos estudios de testosterona dieron por debajo de los 10 nanomoles por litro (nmol/L), parámetros que son avalados por el Comité Olímpico Internacional (COI) para competir y sirvieron como referencia a la AFA para permitirle jugar en el club Villa San Carlos en 2020 y más adelante en Estudiantes de La Plata, donde está actualmente.

Sin ir más lejos, en los Juegos Olímpicos de París 2024, la ganadora de la medalla de oro en boxeo, la argelina Imane Khelif. Si bien el COI dio por válido que es mujer (participó también en Tokio 2020), su caso también provocó un escándalo, por poseer mayor nivel de testosterona y que podía tener más ventaja sobre las otras pugilistas, pero nada le quitó legitimidad a la presea obtenida por Khelif. Otra deportista que fue tema de discusión a nivel mundial fue la tres veces campeona mundial Caster Semenya (también dos veces campeona olímpica, en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016). La atleta sudafricana también fue juzgada por poseer mayores niveles de Cromosomas XY (de nivel masculino) y que obligó en 2009 a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo a hacerle un test sexual, por lo que fue suspendida de competir, hasta que finalmente regresó en 2010.

Existen deportes que pueden competir en forma mixta (como es el caso del doble mixto en tenis o en yachting cuando compiten en parejas, entre otros) pero eso no implica que se puedan saltar normas impuestas por las federaciones a cargo de la disciplina deportiva en cuestión. Muchos lo toman como un motivo de inclusión social o como un negocio, pero también en lo deportivo puede no haber paridad en cuanto a resultados y termina perdiendo atractivo el nivel de competición. En cada deporte las reglas están para respetarse y también es clave que los deportistas estén en igualdad de condiciones.

Terminándose el siglo XIX, Thorstein Veblen publicó un libro que se convertiría en un clásico de la literatura sociológica: La teoría de la clase ociosa (1899). En él, desarrolla la idea de que las pautas de consumo reflejan estrategias de diferenciación social, con las que las clases altas demuestran su estatus y refuerzan su propia distinción. 

Si este enfoque resultó novedoso, fue porque entrevió en el consumo material toda una dimensión simbólica que excedía la lógica meramente utilitaria. Esta idea general ha sido continuada por sociólogos contemporáneos y estudiosos de la sociedad de consumo, como Lipovetsky o Baudrillard.

Sin embargo, la democratización del consumo que impulsa el sistema capitalista ha erosionado la eficacia de la diferenciación meramente material. El acceso de las masas a bienes y servicios que anteriormente les estaban vedados ha vuelto menos eficaz ese mecanismo de distinción. El recambio cada vez más acelerado de la moda y el culto a las marcas no siempre bastan para consagrar la diferencia: ya no resulta evidente, a simple vista, el origen social.

En este contexto se inscribe la revalorización de otra estrategia que, ante la democratización del consumo material, apuesta ahora por lo ideal. Que sean las ideas —expresadas en un lenguaje para iniciados, acompañadas de signos de reconocimiento exclusivos, códigos y rituales— las que constituyan el soporte de la diferenciación social.

A muchos ha llamado la atención el hecho de que el wokismo —esa metaideología que advierte relaciones de opresión por doquier— se haya afincado tanto en las clases sociales más altas, y tan poco en las bajas. Esto resulta especialmente evidente cuando se constata que a dicho movimiento le cuesta sobrepasar las fronteras del campus universitario, y que jamás llega a los barrios populares: en el mejor de los casos, cristaliza en la nueva serie de Netflix o en la remake de Disney.

Gran parte de este fenómeno se debe a las estrategias de distinción social. Contra todas sus intenciones declaradas, el wokismo ha funcionado como un conjunto de ideas, signos y gestos que revelan, ante todo, un estatus social: educación superior, capital cultural adquirido en ambientes “de avanzada”, consumo simbólico refinado y, muy especialmente, familiaridad con los códigos del progresismo global. 

Esta relación entre el wokismo y las clases altas se explica, en gran medida, por el lugar que ocupan las universidades en la estructuración simbólica del espacio social. Lejos de ser instituciones neutras dedicadas al conocimiento, las universidades funcionan hoy como centros de producción y legitimación cultural, donde se consagran ciertos discursos como signos de pertenencia a una élite cultural. En ese sentido, el wokismo no es simplemente un conjunto de ideas críticas, sino un repertorio simbólico que opera dentro y fuera del campo académico como capital cultural. 

Siguiendo una noción formulada por el psicólogo social Rob Henderson, podríamos decir que el wokismo es una “ideología de lujo”. A diferencia de un bien material de lujo, esta se compone de un determinado lenguaje, de ciertas causas y demandas, e incluso de un repertorio de indignaciones prefabricadas, que no apuntan tanto a transformar la realidad como a exhibir una pertenencia social. Su función, mucho más que emancipadora, es distintiva.

Ahora bien, Henderson acierta cuando señala que estas ideas y opiniones le confieren a las clases altas que en ellas se recuestan un estatus simbólico a muy bajo costo, mientras que el costo real suele recaer sobre las clases bajas. En este sentido, Henderson ha comentado lo siguiente:

El privilegio de los blancos es la creencia de lujo que me llevó más tiempo comprender, porque crecí rodeado de muchos blancos pobres. Los graduados universitarios blancos adinerados parecen ser los más entusiastas con la idea del privilegio blanco, pero son los que tienen menos probabilidades de incurrir en costos por promover esa creencia. Más bien, elevan su posición social al hablar de sus privilegios. Cuando se implementen políticas para combatir el privilegio de los blancos, no serán los graduados de Yale los perjudicados. Los blancos pobres serán los más afectados.

La misma lógica vale para el resto de las causas asociadas al discurso woke: los costos no recaen sobre sus promotores —consustanciados con su sofisticado neolenguaje y sus símbolos exclusivos, que les rinden beneficios en términos de posición social—, sino sobre las personas más humildes. Así, el desfinanciamiento de la policía —que tanto ha pedido el wokismo en Estados Unidos, por ejemplo— no afectará a los jóvenes acomodados del campus universitario, que viven en barrios seguros, sino a los habitantes de las zonas más peligrosas de la ciudad. Lo mismo ocurre con los ataques a la familia, el matrimonio y la monogamia: no es lo mismo nacer en una familia monoparental rica que en una pobre. Es sabido que la descomposición de la estructura familiar afecta profundamente a las clases bajas. Ocurre algo similar con la normalización de la obesidad: mientras las clases altas, con acceso a servicios de salud de calidad, pueden abrazar esta “inclusiva idea” sin consecuencias inmediatas, los sectores populares, si la adoptan, terminan enfrentando problemas de salud cuya atención les resulta especialmente costosa. Y lo mismo vale para la promoción del transgenerismo: los trans ricos son celebrados en el campus; los trans pobres sobreviven, muchas veces, en los márgenes de la prostitución.

En definitiva, el wokismo no ha podido ingresar en el dominio de los sectores populares porque está diseñado especialmente contra ellos. Lo que se presenta como conciencia crítica —un supuesto “despertar”— no es más que una coartada moral de las élites para reafirmar su superioridad simbólica. Mientras tanto, los sectores populares —ajenos a ese sofisticado juego de señas y performatividades— siguen pagando el precio de las buenas conciencias con cargo académico, cátedras de género y diplomaturas en deconstrucción.

En esta nota nos proponemos recorrer las raíces filosóficas y la expansión política de lo que hoy se conoce como ideología de género, tomando como guía el análisis que desarrolla Pablo Muñoz Iturrieta en el primer capítulo de su libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Filósofo argentino, doctor en filosofía política, escritor y conferencista, Muñoz Iturrieta es una de las voces más críticas frente al avance del relativismo cultural y la disolución de las categorías naturales de la identidad humana. Su tesis central es clara: lo que comenzó como una herramienta académica para analizar desigualdades se transformó, con el tiempo, en un sistema ideológico con pretensiones de verdad absoluta.

El punto de partida para entender este fenómeno se remonta al siglo XX. En 1949, Simone de Beauvoir afirmaba: “no se nace mujer, se llega a serlo”. Con esa frase, inauguraba una noción que sería clave para las décadas siguientes: la identidad de género como construcción social. Años más tarde, Judith Butler desarrollaría la idea del género como performance, algo que se “hace” más que algo que “se es”. Desde esta mirada, el sexo biológico pierde peso frente al relato personal y a las estructuras culturales que, supuestamente, modelan la identidad.

De las aulas a las leyes: el salto institucional de una teoría

Según Muñoz Iturrieta, la ideología de género toma piezas de distintas corrientes —teoría queer, feminismo, construccionismo social, estudios de transexualidad— para construir un sistema propio. El problema, plantea, es que ese sistema excede el campo académico y se transforma en un marco normativo que se impone sobre las instituciones, las leyes, la educación y la cultura popular. Ya no se trata solo de interpretar el mundo, sino de transformarlo según una visión que niega la existencia de una naturaleza humana fija.

Desde los años 60, con la revolución sexual, estas ideas comenzaron a permear los movimientos sociales. En los 90, la “perspectiva de género” se convirtió en parte del lenguaje oficial de organismos internacionales. Lo que comenzó como una forma de visibilizar desigualdades reales entre hombres y mujeres, fue derivando, según sus críticos, en una agenda ideológica más amplia que propone una reconfiguración completa del orden simbólico y social.

El salto de lo teórico a lo legal se produjo en las últimas dos décadas. Hoy, en muchos países, las leyes permiten a una persona modificar su sexo legal según su identidad autopercibida, sin necesidad de intervenciones médicas. En paralelo, los programas escolares incorporaron la perspectiva de género como eje transversal, muchas veces sin discusión pública o sin consenso entre los padres. Para Muñoz Iturrieta, esta estrategia de implementación silenciosa es una de las claves del fenómeno: la ideología no se impone por la fuerza, sino desde adentro de las instituciones, bajo el manto de los derechos humanos y la inclusión.

En 2016, el Papa Francisco alertó sobre este proceso al describirlo como una “colonización ideológica”. “Hoy a los chicos —a los chicos— en la escuela se les enseña que cada uno puede elegir el sexo”, dijo entonces. No se trataba de una objeción pastoral, sino de una denuncia cultural: detrás del lenguaje progresista, se escondía, según el Papa, una imposición disfrazada de liberación.

Muñoz Iturrieta va más allá. Afirma que la ideología de género ha adquirido las características de una religión secular. Tiene dogmas (la identidad autopercibida como verdad suprema), sacramentos (el cambio de nombre y sexo legal), clero (funcionarios, activistas, intelectuales que la promueven), y herejes (quienes cuestionan sus fundamentos). El castigo no es la hoguera, pero sí el escarnio público, la censura en redes sociales, la cancelación académica o la sanción legal bajo acusaciones de “discurso de odio”.

El tono del debate, como era de esperarse, se ha vuelto polarizado. El cardenal Robert Sarah llegó a comparar la ideología de género con el ISIS, aludiendo a su potencial destructivo. Aunque la comparación puede parecer exagerada, evidencia algo que hasta sus defensores reconocen: estamos ante una transformación cultural de gran escala, cuyo impacto trasciende la esfera privada para alcanzar el núcleo mismo de la vida social, educativa, jurídica y política.

Desde manuales escolares hasta reglamentos laborales, desde telenovelas hasta resoluciones ministeriales, el nuevo lenguaje se impone con fuerza. Y aunque muchas de sus reivindicaciones nacieron del legítimo deseo de proteger a quienes sufrían discriminación, el marco actual ya no parece apuntar solo a la inclusión, sino a la imposición de una nueva visión del ser humano. Quienes no adhieren a ella, no solo son disidentes: son enemigos del progreso.

Dogmas, herejes y castigos: cuando la ideología se vuelve religión

Muñoz Iturrieta nos invita, en definitiva, a mirar más allá del discurso amable. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el Estado sanciona visiones únicas sobre la identidad? ¿Qué lugar queda para el disenso, para la ciencia, para el debate filosófico y cultural? Su crítica apunta a una nueva ortodoxia cultural que, bajo el lenguaje de los derechos, impone una visión única del ser humano y relega el disenso al terreno de la herejía.

Quizás, como en el cuento del emperador, el traje nuevo de la ideología de género sea celebrado por todos... hasta que alguien se anime a decir que el emperador está desnudo.