Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.

Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.

Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.

En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.

En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.

Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.

Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,

Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.

En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina. 

Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

Las tensiones entre Irán y otros actores de Medio Oriente suelen analizarse desde la geopolítica energética o la seguridad militar. Sin embargo, hay otra dimensión menos visible pero profundamente estratégica: el impacto que estos conflictos pueden tener sobre el agua.

El primer punto clave es la relación entre agua y energía. Las operadoras de agua suelen ser uno de los mayores consumidores de energía de las ciudades, junto con industrias intensivas como la siderurgia o la química. Bombear agua desde ríos o acuíferos, potabilizarla, transportarla cientos de kilómetros o desalinizar agua de mar requiere enormes cantidades de electricidad y combustibles. Por eso, cuando un conflicto eleva el precio de la energía, también aumenta inmediatamente el costo del agua.

Esta relación se vuelve aún más crítica en regiones áridas. En muchos países del Golfo, gran parte del agua potable proviene de plantas desalinizadoras gigantes, que dependen directamente del suministro energético. En un escenario de guerra, estas instalaciones pueden convertirse en objetivos estratégicos o quedar paralizadas por cortes de energía o problemas logísticos.

A esto se suma la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales. Uno de los puntos más sensibles del planeta es el Estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por allí circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y más de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo.

Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, se encarece el transporte marítimo global y se dispara el precio de la energía. Eso repercute directamente en el agua: desde el costo de operación de los sistemas urbanos hasta el transporte de equipos, productos químicos y membranas utilizadas en la potabilización y la desalinización.

Pero el agua también puede ser un objetivo o incluso un arma en los conflictos. La contaminación deliberada de fuentes de agua —reservorios, ríos o redes de distribución— es una amenaza reconocida en escenarios de guerra y terrorismo. Atacar la calidad del agua puede generar crisis sanitarias masivas con relativamente pocos recursos, lo que convierte al agua en una infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad.

Además, los conflictos suelen provocar movimientos masivos de población. Cuando millones de personas se desplazan por guerras o crisis humanitarias, los sistemas de agua de las regiones receptoras pueden verse rápidamente desbordados, especialmente en zonas con estrés hídrico.

También hay un impacto menos visible pero muy importante en el comercio internacional: el llamado “agua virtual”, es decir, el agua utilizada para producir alimentos y bienes agrícolas. Si una guerra altera los mercados de energía o fertilizantes, los países pueden cambiar sus patrones de producción agrícola, modificando indirectamente los flujos globales de agua.

Sin embargo, el agua no solo genera tensiones; también puede impulsar cooperación entre países. Existen casos en los que el abastecimiento compartido de agua obliga a mantener mecanismos de cooperación incluso en contextos políticos complejos.

Uno de los ejemplos más conocidos es el acuerdo entre Malasia y Singapur, donde este último depende en parte del agua proveniente del estado malasio de Johor, lo que ha llevado a décadas de acuerdos bilaterales de suministro.

Otro caso relevante es el tratado hídrico entre Israel y Jordania, firmado en el marco del acuerdo de paz de 1994, que regula el uso del río Jordán y otros recursos compartidos, y ha sido ampliado con intercambios de agua y energía en los últimos años.

Estos ejemplos muestran que el agua puede ser tanto un factor de conflicto como una base para la cooperación. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos regionales pueden tener efectos sistémicos sobre la seguridad hídrica global.

Por eso, entender la geopolítica del agua no es solo una cuestión ambiental o técnica. Es también una cuestión estratégica. En un planeta donde el acceso al agua es cada vez más crítico, proteger la infraestructura hídrica y fortalecer la cooperación internacional será tan importante como garantizar la seguridad energética o alimentaria.

*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua

MADRID (Corresponsal) — Como hace una semana, en Madrid, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta vez, puede decirse, en términos futbolísticos, que su amigo, el líder de Vox, Santiago Abascal, se la había dejado servida.

Una semana después de haber participado en el Madrid Economic Forum, donde tildó a Sánchez de “impresentable”, Milei habló ante la quinta Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizó en Budapest, Hungría. Abascal había criticado con dureza a Sánchez, a quien calificó de “aprendiz de tirano”. El presidente argentino lo parafraseó y dijo “pichón de tirano”, pero no fue más allá.

En cambio, inició su disertación hablando de la “moral como política de Estado”, en un momento cuando, en la Argentina, arrecian las denuncias por el caso de la criptomoneda Libra y una propiedad no declarada de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al hablar de la moral, recordó una frase del emperador Marco Aurelio: “Si no es correcto, no lo hagas”.

Luego, vaticinó que Cuba podría ser libre a mitad de año, sin dar mayores detalles y, al igual que el resto de los ponentes, criticó la inmigración ilegal que, aseguró, solo sirve para “inflar el padrón electoral”. El resto del discurso fue bastante reiterativo: resaltar sus logros económicos; criticar al socialismo e invitar a invertir en el petróleo y el gas argentinos, justo cuando Europa sufre por el aumento del crudo.

El presidente llegó a Budapest el viernes por la noche, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El sábado por la mañana fue hasta el Palacio Sándor, donde fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok. En el Palacio, posó junto a una estatuilla de un león hecha en cerámica Herend, una firma tradicional, con más de dos siglos de historia.

Su siguiente parada fue el monasterio carmelita de Buda, residencia del primer ministro Víktor Orbán, que detenta el poder político desde hace 16 años. Organizador del evento, Orbán se juega su reelección el próximo 12 de abril. Según las encuestas, su oponente, Péter Magyar, podría ganar las elecciones. Pero en el entorno de Orbán creen que estos sondeos están manipulados, “como los que daban ganadora a Kamala Harris”, tal como expresaron en la tarde del sábado.

Lo cierto es que todos los ponentes del CPAC apoyaron al primer ministro. Una derrota de Orbán sería un duro golpe para la derecha europea, que gobierna en Italia, con Giorgia Meloni, y crece en Portugal, Alemania y España. Precisamente de allí llegaron los ponentes que antecedieron a Milei: André Ventura, del partido Chega; Alice Weidel, de AfD y Abascal, de Vox.

Weidel, que jugueteó con las bandejas del DJ antes de hablar y admitió que había viajado junto con su esposa, Sarah Bossard, fue la más clara al decir que Europa debe volver a sus valores tradicionales, emparentados con las antiguas Grecia y Roma, y con el cristianismo; que los conservadores están en contra de los “globalistas” de Bruselas y que tampoco avalan la multimillonaria ayuda que la UE le brinda a Ucrania desde la invasión rusa de 2022.

Abascal reivindicó la Conquista de América (el rey Felipe VI ha pedido disculpas a México por los “excesos”) y prometió la deportación masiva de inmigrantes ilegales si llega al gobierno. Esta semana, el Congreso de los Diputados rechazó los planes de Sánchez para regularizar a unos dos millones de ilegales, pero la medida podría salir igual, según las leyes españolas.

En tanto, al inaugurar la conferencia, Orbán había dicho: “Si ganamos aquí abriremos las puertas de los conservadores en Bruselas; vamos hacia la victoria y vamos a hacer Europa grande de nuevo”. El problema, como dijimos, es que, esta vez, el primer ministro podría morder el polvo.

El Presidente que se ufana de haber terminado guerras y no haber empezado ninguna, atraviesa días desafiantes para su gestión, y más en un año donde las elecciones de medio término lo encuentran con demasiados frentes abiertos. Donald Trump atraviesa su hora más crítica tras la apertura de un frente militar contra Irán. Lo que el Salón Oval define como una "acción defensiva necesaria", el renunciante experto en contraterrorismo, Joe Kent, describe como un error garrafal que podría redefinir el mapa político de los Estados Unidos. La salida de Kent no es una baja menor: es el portazo de un leal que advierte sobre las consecuencias de una guerra que, según su visión, carece de un objetivo estratégico claro.

Dos días atrás, Joe Kent presentó su dimisión indeclinable generando un caos en el país, pero esencialmente en el Gobierno. El ex boina verde fue determinante: Estados Unidos fue "inducido al error" por informes de inteligencia que no reflejaban una amenaza inminente. Kent sostiene que la ofensiva ignora las lecciones de las últimas décadas en Medio Oriente. Esta fractura interna expone a Donald Trump a un costado débil: la pérdida de confianza de los "halcones realistas" que lo acompañaron en su promesa de no malgastar recursos en conflictos interminables.

Con las elecciones de medio término a meses, la gran pregunta es cómo reaccionará el votante del cinturón industrial. Trump cimentó su identidad política sobre el regreso de las tropas y la priorización de la economía interna. Sin embargo, el inicio de las hostilidades ya generó una presión alcista en los precios del petróleo, afectando directamente el bolsillo del ciudadano promedio.

¿Puede un presidente retener su hegemonía mientras los costos de la energía suben y los despliegues militares aumentan? El riesgo de alienar al electorado independiente es altísimo. Si el conflicto se empantana, el relato de "paz a través de la fuerza" podría transformarse en una percepción de caos geopolítico, dándole a la oposición un argumento central para las legislativas de noviembre.

Analistas internacionales intentan descifrar qué llevó al mandatario a cambiar su doctrina de aislamiento por una de intervención directa. Se especula con que Trump buscó un golpe de efecto para consolidar su liderazgo ante desafíos internos, o que fue persuadido por un círculo de asesores que subestimaron la capacidad de respuesta de Teherán. El vacío de poder en Irán, tras la muerte del Líder Supremo, lejos de pacificar la región, ha generado una anarquía que amenaza con exportar inestabilidad hacia Occidente.

La partida de Kent deja al Centro Nacional de Contraterrorismo en una situación de vulnerabilidad administrativa. Sin una voz que contraste la narrativa de guerra, Trump queda expuesto a una cámara de eco que podría profundizar el despliegue de tropas. Mientras tanto, rivales estratégicos como Rusia y China observan con atención cómo el foco estadounidense se desvía de Ucrania y el Indo-Pacífico para hundirse, una vez más, en las arenas del Golfo Pérsico. El legado de la doctrina America First pende hoy de un hilo de incertidumbre militar.

El ingeniero especialista en energía y sector nuclear, Nicolás Malinovsky, analizó la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y advirtió sobre su impacto en los mercados energéticos globales y en la economía argentina.

“Es la realidad que está sufriendo el mundo”, señaló, y sostuvo que estamos ante “un ataque persistente de Estados Unidos a Irán, donde asesinó a toda la cúpula dirigencial de ese país”. En ese marco, describió que “las reacciones están habiendo por todos lados y sobre todo en sectores críticos donde pasan nada más y nada menos que las principales reservas y flujos energéticos a nivel mundial”.

Para dimensionar el escenario, Malinovsky recordó un antecedente reciente: “Lo que tenemos más cerca para entender es lo que pasó cuando sucedió algo similar entre Rusia y Ucrania, cuando se cortaron los gasoductos que conectaban Rusia con Europa y se encarecieron los sectores energéticos y el mercado energético”. Aquel proceso, dijo, “vulneró la economía argentina”, y advirtió que hoy “estamos también ante una posibilidad de ese tipo de vulneración”.

Según explicó el experto a Newstad, el conflicto no muestra señales de distensión: “Esto no se está enfriando, sino que está escalando”. En ese contexto, alertó que el impacto podría profundizarse “si los precios del barril de petróleo superan los 80, los 90 dólares o hasta los 100 dólares, como están hablando”. Además, remarcó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz: “El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho, pero también por ahí pasan grandes reservas de gas, con barcos de GNL, que hoy representan aproximadamente el 20 o 25% del mercado mundial”.

Sobre el efecto en la Argentina, planteó un escenario de “doble cara”. Por un lado, “aumenta el ingreso de divisas por exportación, que después hay que discutir quién se queda con ese margen de renta excedente”. Pero, por otro, advirtió que “vulnera la economía interna porque se eliminaron todos los mecanismos de diferenciación entre precio internacional y precio interno, lo que en Argentina conocíamos como el ‘barril criollo’ en el caso del petróleo y los precios internos del gas”. En consecuencia, señaló que esta dinámica “puede elevar los costos de los combustibles y todo lo que eso repercute en la cadena económica”.

Malinovsky también recordó que el conflicto entre Rusia y Ucrania “elevó los commodities, tanto los precios energéticos como otros sectores, y eso impactó en toda la economía argentina”. En ese momento, explicó, “Argentina estaba más vulnerable en términos de importación de gas porque todavía no teníamos finalizado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, inaugurado el 9 de julio de 2023, lo que hoy “minora un poco el golpe internacional”.

Finalmente, el especialista marcó lo que considera una contradicción en la argumentación de la Casa Blanca. “Donald Trump dice que uno de los ejes por los cuales ataca a Irán es porque Irán estaba teniendo avances en el enriquecimiento de uranio que podían ser utilizados para producir bombas nucleares”, señaló. Sin embargo, recordó que “el año pasado Estados Unidos atacó instalaciones nucleares donde se producía uranio y, en esa operación que fueron los ‘12 días exitosos’, él dijo que había eliminado la amenaza nuclear”. Por eso, concluyó, “ahora vuelven a poner ese argumento como eje del ataque, con lo cual hay contradicciones en lo que está diciendo el propio presidente del imperio norteamericano”, en referencia a Donald Trump.

*Nicolás Malinovsky es Ingeniero especialista en el sector energético y en el sector nuclear. Es autor del libro “Critica de la energía política”.

MADRID (Corresponsal) — En una jugada para continuar su expansión internacional, después de haber comprado el diario El Universal, de Ecuador, el exministro menemista José Luis Manzano, uno de los dueños de Telefe junto con Gustavo Scaglione, de La Capital de Rosario, compite para obtener la licencia de un nuevo canal de televisión en España.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, confirmó que solo hay dos interesados en la licencia para tener un canal de Televisión Digital Terrestre (TDT): Mediaset España y SIETE, un consorcio impulsado por accionistas del Grupo Prisa y del canal argentino Telefe, según datos de la agencia EFE.

El consorcio SIETE tiene una participación del 15% de los accionistas del Grupo Prisa, propietario del diario El País, la radio Cadena SER, entre otros medios, y un 25% de Telefe. Compite con la poderosa Mediaset España, que administra Telecinco y Cuatro, dos de los canales privados, además de Atresmedia y La Sexta. El nuevo canal podría denominarse La Séptima.

Cabe aclarar que estos accionistas del Grupo Prisa (el “grupo Alconaba”) estarían en contra del presidente del Consejo de Administración, Joseph Oughourlian, quien, en su momento, había rechazado competir por el canal. Estos accionistas, a diferencia del nombrado, son afines al gobierno y, por lo tanto, su participación en SIETE no implicaría una acción corporativa del Grupo Prisa.

El mercado español tiene como naves insignias tradicionales a La 1 y La 2, los canales abiertos de Radio Televisión Española (RTVE). Pero, desde hace años, la televisión pública comparte la audiencia con Atresmedia, propietaria de Antena 3, el canal privado con mayor cantidad de espectadores, por sobre las señales de Mediaset.

La actual TDT es el resultado del “apagón analógico” ocurrido el 3 de abril de 2010, tal como recuerda el sitio Mundo Plus TV. Ese día todos los canales que tenían una señal analógica tuvieron que cesar sus emisiones. La TDT había comenzado en 2005, pero tardó cinco años en reemplazar por completo a la televisión analógica, cuyas emisiones comenzaron en 1956, con Televisión Española (TVE).

En los últimos quince años, la televisión incorporó más tecnología como la alta definición (HD), el sistema de audio Dolby Digital y, más recientemente, las emisiones en 4K. La TDT convive con las plataformas, como Netflix, HBO, Disney+ o Prime Video, pero permanece como el sistema más utilizado para ver televisión, sobre todo para los informativos, las transmisiones deportivas y los programas de entretenimiento.

En octubre pasado, el gobierno inició un proceso para crear un nuevo canal TDT, luego de un reordenamiento que permitirá las emisiones en ultra alta definición (UHD). Entonces, un comunicado oficial afirmaba que “esta transición técnica dejó un hueco en la parrilla que el Ejecutivo aspira a que cubra un canal que busque aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada”.

La movida dio lugar a todo tipo de suspicacias. El grupo de accionistas españoles serian afines al presidente Pedro Sánchez y La Séptima podría convertirse en un excelente medio para difundir sus ideas y propuestas si, finalmente, convoca elecciones generales en 2027, cuando el canal ya estaría en el aire.

MADRID (Corresponsal) — Desde este miércoles cualquier persona podrá acceder a los documentos “desclasificados” sobre el intento de golpe de estado ocurrido el 23 de febrero de 1981, más conocido como “tejerazo” o 23-F. El gobierno no ha dado mayores detalles sobre el contenido de las “153 unidades documentales” que ahora salen a la luz.

Durante una conferencia de prensa realizada en La Moncloa (la sede del gobierno), la portavoz Elma Saíz dijo que “no había leído” la documentación y evitó responder cuando le preguntaron si esta podría cambiar la narrativa según la cual el rey Juan Carlos I resultó clave para salvaguardar la democracia.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado la desclasificación mediante su cuenta de X el lunes pasado. Afirmaba en el texto que, de esta manera, se saldaba una “deuda histórica”. Saíz fue un poco más allá al firmar que esta información podría llevar claridad a los jóvenes que creen que con “Francisco Franco se vivía mejor”.

Desde el anuncio de Sánchez, la oposición ha reaccionado con escepticismo. Desde el Partido Popular consideran que la medida es una “nueva cortina de humo para tapar responsabilidades presentes; tratan a los españoles como idiotas”. Y contrastan la maniobra con la revelación de que la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adif) se llevó pruebas del accidente en el que murieron 46 personas sin permiso judicial.

El líder de Vox, Santiago Abascal afirmó: "Ya que hablamos de desclasificación, lo que habría que desclasificar son los informes policiales sobre qué pasaba en las salas de prostitución que han pagado la carrera del presidente”, en referencia a que el suegro de Sánchez regenteaba saunas en Madrid.

Algunos medios, como Vox Populi, aseguran que Sánchez y su director de gabinete, Diego Rubio, buscan medidas de impacto mediático que puedan rellenar una agenda legislativa escasa que encuentra obstáculos en el Congreso.

Más allá de las verdaderas intenciones del gobierno, Sánchez accedió a desclasificar información sobre lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 cuando un grupo de guardias civiles, bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso. En ese momento se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, tras la dimisión de Adolfo Suárez.

En el Congreso hubo forcejos y disparos al aire. Los guardias civiles aseguraban que, pronto, llegaría una autoridad militar competente para hacerse cargo. Tres horas después, el teniente general Jaime Milans del Bosch dio la orden de sacar los tanques a las calles de Valencia. Otros militares trataron de movilizar a las fuerzas de la División Acorazada de Brunete, en Madrid, pero no lo consiguieron.

El general Alfonso Armada entró en el Congreso cerca de la medianoche para hablar con Tejero y nombrarlo jefe de gobierno. Tejero quería formar una junta militar al mejor estilo latinoamericano.

A la 1.15 del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I dio un discurso televisado en el que ordenó a los militares sublevados que se retirasen a sus cuarteles. Durante unas 18 horas, Tejero mantuvo en vilo a todo el país. Los autores de la intentona fueron condenados a 30 años de prisión.

La principal intriga es si los documentos cambiarán la narrativa sobre el papel de Juan Carlos I. Un artículo de Infobae asegura que hasta ahora la mejor fuente sobre estos hechos era el fallo del Tribunal Supremo de 1983, donde consta que “desde los primeros momentos, el rey ordenó a los capitanes generales que se mantuvieran fieles a la Constitución”.

Agrega que, “durante la noche, el rey telefoneó directamente a Bosch para ordenarle la retirada inmediata de las tropas”. En todo momento, dice el fallo, reiteró “su rotunda decisión de mantener el orden constitucional”. ¿Los documentos desclasificados cambiarán la historia oficial o serán otra cortina de humo?

MADRID (Corresponsal) — Por estos días se ha viralizado un video de Kevin Spacey. En una charla en la Universidad de Oxford, el actor da una clase magistral sobre cómo la cancelación y las falsas denuncias pueden destruir una carrera artística. Dice que, a pesar de todo, siempre creyó que la verdad saldría ganando.

La verdad, por ahora, también va ganando en el caso de Julio Iglesias, blanco de denuncias que siempre sonaron poco creíbles. El cantante ha comenzado a demandar a quienes lo acusaron de haber sometido a dos exempleadas a “abusos sexuales” y a someterlas a una “situación de esclavitud”. La primera en recibir el escrito es nada menos que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.

El abogado José Antonio Choclán insta a Díaz a "rectificar públicamente" el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky y también le exige que indemnice a Iglesias "en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido" por su "comportamiento injurioso y calumnioso".

El 13 de enero, la vicepresidenta compartió una noticia bajo el titular “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales” y comentó “Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Luego, en el programa La Hora de La 1, de RTVE, afirmó: "La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres". Y fue más allá porque pidió que le retiraran la Medalla al Mérito en Bellas Artes al cantante.

Más rápida que un rayo, Díaz ya contestó en Bluesky: "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos". 

Siempre es bueno recordar que Díaz, famosa por sus gustos refinados, tuvo como vocero a Íñigo Errejón, juzgado por abuso sexual contra la actriz Elisa Moulia. Según el diario ABC, encubrió a su empleado durante un año hasta que admitió: “Nunca tendría que haber sido mi vocero”.

En el caso de Iglesias, la vicepresidenta cayó en la trampa de condenar sin que existiera una investigación judicial. Sus expresiones se basaron en el relato de dos exempleadas que fue difundido por Eldiario.es el 12 de enero. Ellas aseguran que, en 2021, cuando trabajaban para el cantante, fueron abusadas y tratadas como esclavas en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

Con el patrocinio de la ONG feminista Women´s Link, recurrieron a la Justicia española. No tuvieron suerte. En pocos días, el Ministerio Fiscal rechazó la demanda por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia para conocer de la investigación de los hechos denunciados".

Casi al mismo tiempo se conocían mensajes de WhatsApp donde una de las denunciantes, conocida como Rebeca, le deseaba feliz navidad a Iglesias y le afirmaba que estaba a su entera disposición luego de los supuestos abusos. Además, se revelaba que, por esas fechas, tenía cuenta en OnlyFans, una red sospechada de ser un escaparate de prostitución.

Mientras el video de Spacey gana seguidores y ya es comentado por los medios, Julio Iglesias, alejado de los escenarios desde 2019 y recluido en Punta Cana, muestra los dientes y reclama justicia.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un enfrentamiento con fuerzas militares en Jalisco cerró uno de los capítulos más violentos del narcotráfico contemporáneo en México. Fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue durante años uno de los hombres más buscados del mundo, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos.

Su organización no solo expandió el tráfico de drogas a escala internacional: impuso una lógica de terror que redefinió la violencia criminal en el país. Estos son los crímenes más graves atribuidos al CJNG bajo su liderazgo.

En el marco de un operativo para capturarlo, integrantes del CJNG derribaron un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación, Jalisco. La aeronave fue alcanzada con armamento de alto poder. Murieron militares y policías federales.

El hecho marcó un antes y un después: era la primera vez que un cártel demostraba capacidad para neutralizar una aeronave militar en pleno operativo, exhibiendo poder de fuego y organización táctica propios de un grupo paramilitar.

Ese mismo 2015 y en años posteriores, el CJNG ejecutó emboscadas coordinadas contra policías estatales y federales en Jalisco y estados vecinos. Patrullas fueron atacadas con fusiles de asalto y granadas en operativos planificados con inteligencia previa sobre movimientos oficiales.

En varios episodios murieron numerosos agentes. Las autoridades señalaron al cártel como responsable de una estrategia deliberada de intimidación institucional. El mensaje era claro: el grupo disputaba al Estado el control territorial.

En junio de 2020, el entonces secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió a un atentado con armas de alto calibre en Paseo de la Reforma. El ataque involucró a decenas de sicarios y armamento pesado. Murieron escoltas y una mujer que transitaba por la zona.

Las investigaciones oficiales atribuyeron la autoría intelectual al CJNG. Fue una acción que mostró la capacidad del grupo para golpear en el corazón político del país, a plena luz del día.

Durante la expansión del CJNG hacia estados como Guanajuato, Veracruz y Michoacán, se multiplicaron los hallazgos de fosas clandestinas y escenas de ejecuciones múltiples vinculadas a disputas con organizaciones rivales.

Si bien en muchos casos los procesos judiciales siguen abiertos, autoridades federales y estatales identificaron al CJNG como actor central en estas dinámicas de violencia extrema. La práctica sistemática de desapariciones forzadas y asesinatos colectivos consolidó su reputación como uno de los grupos más brutales del país.

Bajo el mando de Oseguera, el CJNG se convirtió en uno de los principales exportadores de metanfetamina hacia Estados Unidos y fue vinculado al tráfico de fentanilo, droga asociada a miles de muertes por sobredosis.

La expansión de estas redes colocó al líder del cártel en la mira prioritaria de agencias estadounidenses. El impacto del fentanilo en la crisis sanitaria norteamericana elevó el caso a una dimensión geopolítica, intensificando la cooperación bilateral para capturarlo.

MADRID (Corresponsal) — Quizá Peter Morgan, el creador de la exitosa serie The Crown, esté pensando en una nueva temporada o en otra serie sobre la familia real. Porque lo que ocurrió este jueves, en Norfolk, Inglaterra, seguramente, supera su fructífera imaginación.

Alrededor de las ocho de la mañana, seis coches de policía y una decena de efectivos llamaron a la puerta de la casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, quien estaba a punto de festejar sus 66 años.

Lejos de entregarle una torta o un regalo, los policías introdujeron a Andrés en uno de los coches y se lo llevaron detenido para interrogarlo por sus relaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein (1953-2019).

Los vínculos entre Andrés y Epstein están cada vez más comprobados. Por eso, en octubre pasado, posiblemente por presiones del rey Carlos III, su hermano renunció a todos sus títulos, incluido el de duque de York. El monarca le pidió que abandonara el Palacio de Windsor y Andrés estableció su nuevo domicilio en una urbanización de Norfolk, lugar del operativo de este jueves.

La situación de Andrés se complicó el pasado 31 de enero cuando varios diarios británicos difundieron fotos donde aparece junto a una mujer tirada sobre el piso. Vestido de manera informal, en una mira a la cámara y en la otra posa su mano sobre el abdomen de la mujer, cuyo rostro ha sido ocultado.

Los archivos también contienen mensajes de correo electrónico comprometedores. En uno de ellos Epstein promete enviarle “una rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar". En septiembre de 2010, cuando la pésima fama de Epstein se había extendido, el entonces príncipe lo invitó al Palacio de Buckingham.

El diario El Mundo destaca las declaraciones de la familia de Virginia Giuffre (1983-2025), víctima de Epstein que acusó a Andrés de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad. "Nuestros corazones rotos han sido reconfortados por la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", señalaron el hermano y la cuñada en un comunicado. Agregaron: “Andrés nunca fue un príncipe".

El diario también recuerda que Andrés indemnizó con unos doce millones de euros a la joven, pero sin aceptar responsabilidad alguna. Giuffre se suicidó el año pasado luego de haber encabezado varias campañas de denuncia contra Epstein.

Mientras la policía británica investiga los registros de vuelos privados en Stanstead y Birmingham en busca de pruebas de una presunta red de trata armada por Epstein en el Reino Unido, la acusación iría por otro lado. Según la información policial, Andrés fue detenido “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”. Un término bastante amplio y hasta impreciso.

Más allá de las implicancias sexuales, el hermano del Rey está acusado de facilitar informes oficiales sobre viajes al sudeste asiático en noviembre de 2010, según ha revelado The Telegraph. El diario también asegura que tuvieron conversaciones sobre una inversión de Epstein en China. La cuestión es que, en ese momento, Andrés representaba a la Corona y, de comprobarse todo esto, habría incumplido con sus deberes de funcionario público.

El rey Carlos III emitió un comunicado donde anticipa que “ahora sigue un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro pleno apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”.

Abandonado por la Corona, festejando su cumpleaños en una celda, Andrés ahora deberá dar explicaciones. ¿Una serie basada en su vida? ¿Por qué no, Morton?

Perú volvió a sumergirse en una transición abrupta. El Congreso eligió como presidente interino a José María Balcázar, un abogado y exjuez de 83 años, que asumió el poder tras la destitución del mandatario anterior en medio de un nuevo episodio de inestabilidad institucional. Su llegada no sólo confirma la fragilidad política del país —que suma varios jefes de Estado en menos de una década— sino que abre una controversia inmediata por investigaciones judiciales y declaraciones públicas ampliamente repudiadas.

Balcázar accedió a la presidencia por sucesión constitucional luego de ser elegido titular del Congreso, tras la destitución de José Jerí. Gobernará de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando asuma el mandatario elegido en los comicios previstos para abril. Su designación confirma la prolongada inestabilidad política peruana, que ha llevado al país a encadenar múltiples presidentes en pocos años y a sostener gobiernos de duración cada vez más breve.

Nacido en Cajamarca en 1943, Balcázar es abogado, exmagistrado y docente universitario, con trayectoria parlamentaria desde 2021 y vínculos con distintas agrupaciones políticas a lo largo de su carrera. Al asumir, se convirtió además en el presidente de mayor edad en la historia del Perú y en otro eslabón de la sucesión acelerada que caracteriza al sistema político del país en la última década.

Uno de los aspectos más sensibles de su perfil son las acusaciones e investigaciones que lo acompañan desde antes de llegar al poder. Reportes periodísticos señalan que enfrentó denuncias por presunta apropiación indebida de fondos en su paso por el Colegio de Abogados de Lambayeque, además de cuestionamientos por supuesto tráfico de influencias.

Estas controversias judiciales no impidieron que obtuviera los votos necesarios en el Parlamento para imponerse en la elección interna y asumir la conducción del Estado, lo que ha reavivado el debate sobre ética pública, idoneidad y estándares institucionales en el sistema político peruano.

El punto más crítico de su trayectoria pública son sus declaraciones en defensa del matrimonio infantil y de relaciones desde los 14 años, realizadas durante debates legislativos previos. Dichos comentarios fueron condenados por organismos de derechos humanos y autoridades estatales, que los consideraron incompatibles con la protección de la niñez.

Las expresiones del ahora presidente interino provocaron un rechazo extendido en la sociedad peruana y se convirtieron en el eje de la polémica que acompaña su llegada al poder. Para sectores críticos, estas posturas representan un retroceso en materia de derechos infantiles y un motivo adicional de preocupación en un contexto político ya marcado por la desconfianza ciudadana.

Más allá de la controversia, la tarea formal de Balcázar será garantizar estabilidad política, continuidad institucional y elecciones transparentes durante los pocos meses que dure su gestión. El país enfrenta simultáneamente crisis de representación, fragmentación parlamentaria y desgaste social, factores que condicionan cualquier intento de gobernabilidad en el corto plazo.

Su presidencia, por lo tanto, nace marcada por una doble tensión: la urgencia de conducir una transición ordenada y el peso de un pasado político y judicial que divide opiniones.

La historia reciente muestra que los cambios de presidente en Perú no siempre traen estabilidad. En este escenario, la figura de Balcázar sintetiza la paradoja del momento: un gobierno pensado para cerrar una crisis que comienza envuelto en nuevas controversias.

El desenlace dependerá de si la transición logra cumplir su objetivo esencial —elecciones legítimas y traspaso pacífico del poder— o si el país vuelve a quedar atrapado en el ciclo de presidencias breves, disputas institucionales y desconfianza social que define su política reciente.

En la última década, el Perú ha atravesado una de las etapas más turbulentas de su historia republicana. Renuncias, vacancias, destituciones y presidencias interinas se sucedieron con una velocidad inusual, hasta configurar un escenario en el que varios mandatarios no lograron concluir sus períodos constitucionales. Esta inestabilidad, lejos de ser un hecho aislado, responde a tensiones estructurales entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, crisis de legitimidad política y escándalos de corrupción que se repiten desde 2016.

Desde la asunción de Pedro Pablo Kuczynski en 2016 hasta la reciente destitución del presidente interino José Jerí en febrero de 2026, el país ha tenido una sucesión acelerada de jefes de Estado. En ese lapso, solo uno logró completar su mandato, mientras otros enfrentaron procesos judiciales o terminaron removidos del cargo, reflejando una profunda fragilidad institucional.

La crisis contemporánea comenzó cuando Kuczynski renunció en marzo de 2018 antes de ser destituido, en medio de acusaciones de corrupción. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia e impulsó reformas anticorrupción que lo enfrentaron con el Congreso, al punto de disolverlo en 2019, generando una fuerte confrontación institucional.

Sin embargo, el propio Vizcarra fue destituido en noviembre de 2020 mediante la controvertida figura de “incapacidad moral”, considerada por observadores como una cláusula ambigua utilizada políticamente por el Parlamento.

Tras su salida, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió brevemente la presidencia, pero renunció pocos días después debido a protestas sociales masivas. La crisis se estabilizó temporalmente con el nombramiento de Francisco Sagasti, quien gobernó hasta julio de 2021 y condujo al país hacia nuevas elecciones.

Las elecciones de 2021 llevaron al poder a Pedro Castillo, un maestro rural con fuerte respaldo en zonas pobres. Su gobierno estuvo marcado por conflictos permanentes con el Congreso y una rápida caída de popularidad. Finalmente fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Parlamento, lo que desencadenó una grave crisis constitucional.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió entonces la presidencia, pero su gestión enfrentó protestas sociales, cuestionamientos políticos y presiones para adelantar elecciones. La conflictividad debilitó aún más las instituciones democráticas y profundizó el enfrentamiento entre poderes del Estado.

En octubre de 2025, el Congreso forzó también la salida de Boluarte, en una maniobra que evidenció la fragilidad del sistema político y la incapacidad de alcanzar consensos duraderos.

Tras la destitución de Boluarte, asumió la presidencia interina José Jerí, entonces titular del Congreso. Su mandato duró apenas cuatro meses: en febrero de 2026 fue removido por el Parlamento luego de investigaciones por presunto tráfico de influencias y reuniones no declaradas con empresarios, en un escándalo conocido como “Chifagate”.

Su caída lo convirtió en uno de los presidentes más breves del mundo reciente y en el octavo jefe de Estado peruano en menos de una década, confirmando la persistente volatilidad política del país.

La sucesión constante refleja una tendencia más amplia: desde 2016, Perú ha encadenado múltiples crisis presidenciales, con destituciones frecuentes y gobiernos de transición que no logran estabilizar el sistema.

Más allá de los nombres propios, el problema peruano es estructural. Analistas señalan que la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, la debilidad de los partidos políticos y los escándalos de corrupción han erosionado la confianza ciudadana y debilitado las instituciones democráticas.

Aun así, el país ha mantenido cierta estabilidad económica gracias a políticas fiscales ortodoxas y finanzas públicas relativamente sólidas, lo que contrasta con la fragilidad política.

De cara a las elecciones generales previstas para 2026, el Perú enfrenta un desafío decisivo: romper el ciclo de presidentes efímeros y reconstruir una gobernabilidad capaz de sostenerse en el tiempo. La última década demuestra que la crisis no pertenece a un gobierno en particular, sino a un sistema político que aún busca su equilibrio.

En ese sentido, la sucesión vertiginosa de mandatarios no es solo una anomalía histórica, sino el síntoma visible de una democracia que lucha por consolidarse en medio de la incertidumbre.

El 3 de marzo de 2020 se confirmó en Argentina el primer caso de COVID-19 y, con él, comenzó una transformación profunda en el mundo laboral. La irrupción de la pandemia obligó a empresas, trabajadores y profesionales independientes a modificar de manera abrupta sus rutinas. La presencialidad se redujo al mínimo, el teletrabajo se consolidó como modalidad principal y la forma de interactuar, producir y colaborar entre colegas cambió de manera definitiva. Lo que en un principio fue una solución de emergencia terminó por acelerar procesos que ya se venían gestando en el ámbito laboral global.

Sin embargo, la idea de trabajar de manera flexible y colaborativa no nació con la pandemia. Años antes, en 2005, el programador estadounidense Brad Neuberg inauguró en San Francisco el primer espacio de coworking moderno. Su propuesta buscaba ofrecer a profesionales independientes, emprendedores y freelancers un lugar compartido donde trabajar sin perder autonomía. El objetivo era romper con la soledad del trabajo remoto, fomentar la creatividad colectiva y generar nuevas oportunidades laborales a través del encuentro y la comunidad. Así, el coworking se presentó como una alternativa híbrida entre la oficina tradicional y el trabajo desde el hogar.

Con el paso del tiempo, este modelo comenzó a expandirse en distintas ciudades del mundo. En Argentina, la tendencia llegó en 2011 con la apertura de “Céspedes Coworking” en el barrio porteño de Colegiales, uno de los primeros espacios en ofrecer esta modalidad en el país. A partir de entonces, la propuesta se multiplicó en la Ciudad de Buenos Aires y en otros centros urbanos. Más tarde, la red internacional WeWork estableció su sede en Torre Bellini, en el barrio de Retiro, consolidando la presencia del coworking en el mercado local y reforzando su posicionamiento como una opción viable para empresas, startups y trabajadores independientes.

El crecimiento del coworking en el país también se refleja en los hábitos profesionales. Diversos informes del sector indican que el 78% de los trabajadores argentinos prefiere actualmente modelos de trabajo híbridos. En grandes cadenas como WeWork, el 56% de los usuarios pertenece al segmento de pymes o trabajadores autónomos, mientras que el 44% corresponde a empleados de corporaciones.La expansión de estos espacios se observa principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, que concentra la mayor oferta, aunque ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y Neuquén muestran un crecimiento sostenido. Dentro del área metropolitana, la mayor concentración se ubica en la zona norte de la ciudad y el corredor norte del Gran Buenos Aires. Barrios como Palermo, Belgrano, Núñez y el Microcentro reúnen la mayor cantidad de propuestas. Esta distribución responde a la cercanía con centros corporativos, universidades y nodos de transporte.

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de los espacios de coworking varían según la ubicación y los servicios incluidos. De acuerdo con guías actualizadas del sector, un puesto flexible puede costar desde alrededor de 15 dólares por día, mientras que las membresías mensuales en escritorios compartidos u oficinas privadas presentan valores más elevados según el nivel de comodidad y prestaciones. Esta diversidad de tarifas permite que freelances, emprendedores y empresas accedan a modalidades adaptables sin asumir los costos de una oficina tradicional.

Además, la pandemia dejó una marca profunda en el mercado de oficinas tradicionales. Durante los meses de aislamiento y ante la consolidación del teletrabajo, muchas empresas redujeron costos fijos o cerraron o achicaron sus sedes físicas. Al retomarse progresivamente la normalidad en Argentina, el modelo de oficina permanente dejó de ser prioridad para numerosos equipos de trabajo. En ese contexto, los espacios de coworking comenzaron a ganar protagonismo como una solución flexible y adaptable a las nuevas dinámicas laborales. Para muchos profesionales, estos lugares no solo representan una alternativa económica, sino también la posibilidad de recuperar el contacto cara a cara y la interacción cotidiana que se perdió durante la virtualidad. Así, el coworking se posiciona como un punto intermedio entre la comodidad del trabajo remoto y la necesidad de socialización en el ámbito laboral.

La pandemia de COVID-19, lejos de frenar esta tendencia, la potenció. Mientras el teletrabajo se volvía obligatorio para gran parte de la población, muchos profesionales comenzaron a experimentar el aislamiento y la dificultad de separar la vida personal de la laboral. En ese contexto, los espacios de coworking se consolidaron como una alternativa intermedia: permiten trabajar fuera del hogar sin regresar a una oficina corporativa tradicional. De este modo, el coworking y el teletrabajo comenzaron a convivir como protagonistas de un nuevo escenario laboral que busca combinar productividad, flexibilidad y sentido de comunidad.

Hoy, los espacios de coworking cumplen un rol estratégico en el mundo del trabajo contemporáneo. No solo fomentan la creación de redes profesionales y el intercambio de ideas, sino que también facilitan el networking y la generación de nuevos proyectos. Además, ofrecen mayor flexibilidad que una oficina tradicional, con contratos adaptables a distintas necesidades y servicios integrales que incluyen conectividad, salas de reuniones y áreas comunes. Para muchos trabajadores independientes y emprendedores, estos espacios representan una forma de optimizar costos y acceder a entornos profesionales equipados sin asumir los gastos de una oficina propia. Al mismo tiempo, el componente social del coworking se vuelve relevante en términos de bienestar y salud mental, al reducir la sensación de aislamiento asociada al trabajo remoto prolongado.   

No obstante, el coworking no está exento de críticas y generan un debate creciente en el mundo laboral. Compartir espacio con múltiples profesionales puede implicar distracciones, ruido y dificultades para mantener la privacidad en reuniones o llamadas sensibles. Asimismo, aunque resultan ideales para freelances y startups, el costo de ciertos espacios premium puede ser elevado, lo que limita su accesibilidad para algunos sectores. En el caso de empresas más grandes, depender de espacios externos puede afectar la cultura organizacional y la identidad del equipo, dificultando la construcción de un sentido de pertenencia sólido.

El debate actual se centra en si los coworking representan un modelo sostenible para el futuro del trabajo flexible o si continúan siendo una solución más adecuada para perfiles profesionales específicos. En un contexto donde las modalidades híbridas se consolidan y las fronteras entre lo presencial y lo remoto se vuelven cada vez más difusas, la pregunta permanece abierta: ¿Cómo equilibrar productividad, comunidad y estructura organizacional en el mundo laboral después de la pandemia?

MADRID (Corresponsal) — Rosa Rodríguez Ramos (Quilmes, 1993) hizo historia en el programa Pasapalabra: la semana pasada ganó 2.716.000 euros al acertar el nombre del jugador de fútbol americano más valorado (MVP) por la agencia AP en 1968. Desde entonces, las redes sociales están que arden, porque, aseguran, su victoria podría haber estado “arreglada”. Pero, ¿fue así?

La primera duda es cómo una profesora de Filología inglesa y de Español para extranjeros sabe tanto de fútbol americano. En menos de tres segundos recordó el nombre de Earl Morrall (1934-2014), considerado MVP ese año. En la red social X puede verse cómo varios especialistas, consultados días antes del Super Bowl por el periodista que cubre la NFL para DAZN, Álvaro Rodríguez, no aciertan con la respuesta.

En una entrevista con La Voz de Galicia, Rosa explica de dónde surgió el nombre de Morrall en esos segundos de máxima tensión: “De hecho, esta respuesta que al final me ha dado el bote, estaba en un parque en el que jugaba al fútbol todos los días en mi infancia”.

El periodista, con buen criterio, quiso saber en qué parque de la Argentina aparece el nombre “Morrall”. La respuesta de Rosa es la siguiente: “Eso me lo guardo para mí. Será mi cosita. Pero bueno, es un sitio que yo tenía tan interiorizado, pasé tantas tardes ahí, que visualizarlo era muy fácil”. En este punto, es oportuno recordar que en la Argentina el fútbol americano es un deporte muy poco conocido.

En declaraciones a C5N, Rosa da otra versión, menos mágica. Dice que, como en otros programas habían preguntado “cosas insólitas”, había prestado más atención a su “base de datos” para dar con el nombre de Morrall. Otra curiosidad: mientras en 307 programas usó acento castizo (de hecho, era conocida como “la coruñesa”), al hablar con periodistas argentinos, lo hace como una vecina de Quilmes.

En el programa Onda Cero, acertó al decir que había pocos MVP cuyo apellido empieza con la letra M, y que esto le ayudó a encontrar la respuesta. Además, de Morrall, han sido MVP Mark Moseley, Dan Marino, Joe Montana (dos veces), Peyton Manning (cinco), Steve McNair y Patrick Mahomes (dos).  

El otro tema pasa por la producción del programa, siempre atenta a factores como la correcta pronunciación de los nombres. En Pasapalabra, decir mal una letra puede anular la respuesta. Bueno, Rosa (hemos visto el video varias veces) no dice “Morrall” sino “Morel”. Incluso el conductor no duda ni un segundo en dar la respuesta por válida. Y esto también fue polémico.

Puesto en la mira de las redes, Roberto Leal, el conductor del programa, habló con Eldiario.es. Explicó: “No se puede dudar, la pronunciación es perfecta. Es un apellido cuya pronunciación en inglés es esa. Aparte, ella es filóloga inglesa,  mejor que ella no lo sabe nadie, ahí no hay dudas”. Leal tiene razón porque según el Oxford English Dictionary, la fonética en inglés puede ser muh-RAHL (“Moral”) o məˈræl, que suena más parecido a “Morel”. La ambivalencia confundió a muchos usuarios de X.

Por último, causó sorpresa que la ganadora considerara positivo que Hacienda se quedara con casi la mitad del premio. A poco de comenzar la época de declarar impuestos, la flamante millonaria parece la más indicada para un aviso publicitario sobre la importancia de pagar los impuestos. 

Hace exactamente un mes, Venezuela vivió uno de los episodios más determinantes de su historia reciente: la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en una operación militar que desató reacciones en todo el mundo. Desde entonces, el país caribeño ha experimentado transformaciones políticas, económicas, sociales e internacionales profundas, aunque muchos de estos cambios están en plena evolución y generan tanto esperanza como incertidumbre entre la población y la comunidad internacional.

1. Fin del culto personalista en la propaganda estatal

Desaparecieron progresivamente imágenes, consignas y menciones directas al liderazgo anterior en edificios públicos, actos oficiales y transmisiones estatales. Sin grandes anuncios, el Estado comenzó a despersonalizar su narrativa y a reemplazarla por un discurso más institucional y menos ideológico.

2. Reformas históricas en la industria petrolera

Uno de los cambios más notables ha sido una reforma legal integral al sector petrolero que rompe con dos décadas de nacionalización absoluta y abre el camino a la participación del sector privado, tanto nacional como internacional, en la producción, comercialización y manejo de ingresos. Esta transformación busca reactivar la industria más importante de Venezuela, hoy en grave crisis.

3. Reapertura de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos

Después de siete años sin representación formal, Estados Unidos reabrió su misión diplomática en Caracas, lo que representa un giro significativo en la política exterior venezolana y una señal de acercamiento entre ambos gobiernos tras años de tensiones y sanciones.

La presidenta interina Delcy Rodríguez y la nueva encargada de negocios de EE. UU. sostuvieron la primera reunión oficial cara a cara, discutiendo un plan de estabilización y transición democrática que podría guiar los próximos meses de la política venezolana.

4. Revisión de causas judiciales emblemáticas

Se habilitó la revisión administrativa y judicial de expedientes sensibles, especialmente aquellos vinculados a opositores, periodistas y dirigentes sociales. Aunque no hubo anulaciones masivas, el simple gesto de abrir archivos marcó un quiebre con la lógica de persecución automática.

5. Descompresión del miedo cotidiano

Sin que hayan desaparecido los aparatos de control, se redujo la lógica del castigo inmediato, los arrestos arbitrarios y las demostraciones de fuerza pública. Para una sociedad acostumbrada al disciplinamiento permanente, esa descompresión también es un cambio tangible.

6. Reestructuración interna y nombramientos clave

El gobierno interino ha realizado movimientos estratégicos dentro de su gabinete, incluyendo el nombramiento de figuras ligadas históricamente al chavismo, lo que ha levantado debates sobre la verdadera profundidad de la transformación política.

7. Apertura parcial del sistema electoral

Comenzaron conversaciones técnicas sobre actualización del padrón, observación internacional y cronograma, algo inexistente hasta hace pocas semanas. No hay fechas, pero sí mesas de trabajo formales, lo que ya implica un cambio estructural.

8. Reordenamiento del control militar

En el último mes se produjo un reacomodamiento silencioso en la cúpula de las Fuerzas Armadas, con relevos, pases a retiro y ascensos estratégicos. Aunque no se anunció como una depuración, el movimiento buscó asegurar lealtades internas y evitar fracturas en un momento de extrema fragilidad institucional.

9. Libertad de expresión y derechos humanos bajo escrutinio

Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han observado que, si bien hay señales de apertura, las libertades fundamentales, incluidas la libertad de prensa y la liberación completa de presos políticos, avanzan de forma desigual y a veces limitada, lo que mantiene preocupaciones sobre el respeto pleno a los derechos humanos.

10. Reconfiguración del relato histórico reciente

Desde el Estado se abandonó la narrativa épica y confrontativa para adoptar un lenguaje de transición, daño institucional y reconstrucción, incluso reconociendo errores sin asumir responsabilidades penales. El cambio discursivo no es menor: redefine el marco del debate público.

MADRID (Corresponsal) — En materia de turismo, la Argentina tiene una meta clara: aumentar en un 20% la llegada de turistas extranjeros. Por eso, resulta fundamental participar de ferias internacionales como FITUR, realizada en Madrid y la mayor de todo el planeta.

En FITUR, la Argentina tiene un potente stand, que fue inaugurado por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, acompañado por la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, ministros de Turismo de varias provincias, como Misiones y San Juan, y el embajador en España, Wenceslao Bunge Saravia.

Scioli aseguró que “estamos viendo los resultados en el movimiento turístico de esta temporada de verano y también en el aumento del turismo receptivo interanual. Lo dijo el INDEC que el lunes va a dar a conocer los niveles de consumo de turistas, pues estoy seguro de que también van a actualizarse. Por eso, como dice la Biblia, “Cosecharás tu siembra”.

Luego agregó que el objetivo del área es aumentar un 20% la cantidad turistas que llegan al país desde el extranjero. “Me encantan los desafíos y estoy seguro de que lo vamos a conseguir”, expresó, entusiasmado.

La referencia al INDEC no fue antojadiza. Hace nos meses, Scioli había dicho que sus cifras no reflejan la realidad en cuanto a turismo. Según el organismo, en noviembre de 2025, el país recibió 491.000 visitantes y 763.000 argentinos viajaron al exterior. El ministro aseguró que las cifras de diciembre marcarán un cambio de rumbo.

En tanto, la secretaria Alnuwais comprometió su esfuerzo y apoyo de la ONU para mejorar la performance argentina en turismo. Como muestra de las buenas relaciones, entregó a Scioli las distinciones Best Tourism Villages a Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).

Mas allá de los gestos, Scioli anunció algunas iniciativas:

·      Agente Inteligente de Visit Argentina. Es una herramienta que ayuda a planificar el viaje en el idioma del interesado gracias a la información pública y privada recopilada por Data Lab.

·      Más vuelos a Buenos Aires. Iberia confirmó que habrá cuatro vuelos diarios desde Madrid, que permitirán conectar con la docena de frecuencias desde Barajas a Italia, Francia y el Reino Unido.

·      Nuevo video promocional. Con el lema “Argentina: la libertad vive aquí”, ya ha tenido más de 140 millones de visualizaciones.

·      Campeonato mundial de natación de invierno. La presidenta de la National Women's Swimming Association, María Yrjo-Koskinen, anunció que la competición de 2028 será en las frías aguas del Parque Nacional Los Glaciares.

La participación del sector privado en el stand es mayor que otros años. Un día antes de la inauguración, en la Embajada argentina, se realizó el Tourism Investors’ Day una jornada para el centenar de empresarios que llegaron a Madrid. Una oportunidad de networking que los participantes calificaron de muy productiva.

El secretario de Turismo también contó que se había reunido con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también viajó a Madrid en busca de inversiones para el sector.

Un aviso para quienes están por Madrid. El sábado 24 y el domingo 25 FITUR abre sus puertas al público en general. Entonces, en el stand de Argentina (Pabellón 3) habrá shows de tango y folclore, degustación de platos típicos y un juego de penales. La entrada a la Feria cuesta 16 €.

Buenos Aires, la ciudad más deseable

El ente de turismo porteño, Visit Buenos Aires, tiene su propio stand en el mismo pabellón. La Ciudad fue distinguida en 2025 como Most Desirable City in the World (La Ciudad Más Deseable del Mundo) por Wanderlust Reader Travel, una prestigiosa publicación de turismo británica. Entonces, la capital argentina superó, en la misma categoría, a Tokyo y Sidney.

Una muestra de ese interés por la ciudad es que algunos hoteles, como el Hotel Madero tienen una ocupación del 70%. “Cerramos un diciembre muy bueno y creo que enero, época de cruceros, también lo será”, describió Natalia Galanes, gerente Tour & Travel, de Hotel Madero.

Agregó que “siempre tenemos muy buenos resultados en FITUR, porque nos reconectarnos con los operadores, para acercarles novedades y afianzar la relación comercial para que sigan eligiendo nuestro producto”. La ubicación del hotel, en Puerto Madero, funciona como un potente imán. El barrio se ha convertido en el sitio más “instagrameable” de la ciudad.

MADRID (Corresponsal) — Es verdad que, en Portugal, el presidente carece de funciones ejecutivas. Representa a la república, promulga o veta leyes y hasta puede disolver el parlamento. Pero el gobierno, en realidad, recae en el primer ministro. Con todo, las elecciones de este domingo son un síntoma político a tener en cuenta.

El vencedor ha sido José Antonio Seguro, del Partido Socialista, quien logró el 31,11% de los votos. Como quedó lejos del 50%, habrá una segunda vuelta el 8 de febrero. Entonces, deberá enfrentar a André Ventura, del partido de extrema derecha Chega! (¡Basta!), quien consiguió el 23,52% de los votos.

Primer dato: como en el resto de Europa, en Portugal, se acabaron los grandes partidos. Después de décadas de predominio del Partido Socialdemócrata (PSD, centro derecha) y de los socialistas, hoy nadie tiene una mayoría clara y, por eso, hay que armar coaliciones, como ocurre en España sin ir más lejos.

Segundo dato: como en otros países del continente, la extrema derecha (en este caso, Chega!, un partido con menos de una década de existencia) ya disputa los primeros lugares. El año pasado, Chega! se convirtió en la segunda fuerza del parlamento. Una alianza entre el PSD y el Partido Popular permite que Luis Montenegro sea primer ministro.

Con vistas a la segunda vuelta, Seguro y Ventura deben convencer a quienes votaron a otros candidatos (el domingo pasado competían once) de que elijan a uno de los dos. Seguro debería armar una coalición contra la ultraderecha, lo cual siempre parece algo sencillo. Para ello, deberá contar con el apoyo, entre otros, del PSD, cuyo candidato Luis Marques Mendez quedó cuarto, con solo el 11,3% de los votos.

Si observamos con lupa, vemos que los portugueses castigaron al PSD que los gobierna desde hace poco menos de un año. Pero, la amenaza de la ultraderecha podría convencer a muchos votantes de decantarse por Seguro. Bueno, al menos eso piensan los socialistas (igual razonamiento tienen en España ante el avance de Vox, que tendría casi el 20% de la intención de voto).

Ventura, como dijimos, también deberá seducir a otros votantes. En este caso, a quienes el domingo optaron por Joao Cotrim de Figueiredo, de Iniciativa Liberal, que logró el 16% de los votos. Otro grupo que podría sumarse son los votantes del independiente Henrique Gouveia e Melo, un almirante retirado, que consiguió el 12%.

Abogado de 42 años, Ventura es presentado por los medios de izquierda como un xenófobo y racista. Entre sus “antecedentes” figura haber colocado unos carteles que decían “Los gitanos tienen que cumplir la ley” o “Esto no es Bangladesh” y presentar varios proyectos para endurecer las leyes de migración. Para colmo ha tenido algunos elogios para la dictadura de Salazar (Revolución de los Claveles, 1974). Es participante habitual del Europa Viva, el evento que en Madrid reúne a los líderes de la derecha, como Santiago Abascal, líder de Vox, o el presidente Javier Milei.

Mientras Seguro ha dicho este lunes que recibirá apoyos desde la izquierda y la derecha, Ventura cree que perderá en febrero “solo por el egoísmo del PSD, de la Iniciativa Liberal o de otros partidos que se dicen de derecha". Habló después de que Montenegro afirmara que el PSD no daría instrucciones a sus seguidores sobre por quién votar. 

MADRID (Corresponsal) — Una nueva tragedia ha paralizado el corazón de millones de españoles. Con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la mira, sobran las especulaciones y nadie se explica lo ocurrido. El presidente de Renfe, que operaba uno de los trenes que descarrilaron en Córdoba, fue sincero y enigmático: “es un accidente ocurrido en circunstancias extrañas”.

Álvaro Fernández Heredia, que preside la empresa a la que pertenecía uno de los trenes que descarrilaron y chocaron, habló por la radio Cadena SER, pidió no especular y descartó que la causa fuera circular a alta velocidad. El accidente ocurrió en una recta de un tramo construido en 2022. Y uno de los trenes, de la compañía privada Iryo, había pasado por revisiones técnicas el 15 de enero, cuatro días antes de la tragedia.

Uno de los trenes, operado por la empresa Iryo, había partido desde Málaga con destino a Madrid. El otro, un Alvia de la compañía estatal Renfe, iba desde la capital hasta Huelva. El Iryo 6189 descarriló cerca de Adamuz (Córdoba) e invadió la vía contraria por donde circulaba el Alvia 2384.

Más allá de las explicaciones oficiales y de las especulaciones de técnicos citados por los medios, lo cierto es que, desde hace, meses los sindicatos vienen denunciando falta de inversión en infraestructura, en especial en la red de alta velocidad más grande de Europa y segunda más grande del mundo, después de China.

El verano pasado el diario El Mundo publicaba un artículo en el que Sindicato Ferroviarios denunciaba que el mantenimiento está en manos de empresas, a través de “contratos laxos”, que están provocando el deterioro progresivo de la infraestructura. Advertían, además, que el “mantenimiento preventivo, simplemente no se está haciendo”. Y ponían como ejemplo que en julio de 2025, por falta de mantenimiento, hubo desprendimientos en un túnel del AVE (Alta Velocidad España) en la provincia de Málaga.

Un artículo del diario La Razón, publicado en agosto de 2025, recoge el pedido de los sindicatos de maquinistas a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) por la reducción de la velocidad máxima en varias líneas del AVE.

El pedido abarcaba a las líneas que conectan Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Los maquinistas sugerían una máxima de 250 km/h en lugar de 300 km/h. La petición se basada en varias irregularidades detectadas en el estado de las vías que, decían los maquinistas, podían tener efecto acumulativo que afectaría la seguridad.

Según la información divulgada entonces, los maquinistas explicaban que las vías presentan múltiples pequeñas imperfecciones que, al acumularse, provocan vibraciones intensas (como las sentidas anoche por varios sobrevivientes del accidente de Córdoba) durante el recorrido de los trenes, especialmente a 300 km/h.

La respuesta de Adif fue que, si bien tomaban nota del pedido, sostenía que la infraestructura era segura para que los trenes pudieran ir a 300 km/h. De todas formas, prometieron reforzar el mantenimiento. Los trabajos iban a prolongarse durante varios meses.

En tanto, España Actual cita a “un panel de ingenieros ferroviarios y especialistas que advierte de riesgos técnicos persistentes en varios corredores de alta velocidad, donde episodios de vibraciones anómalas”. Cita informes internos de ADIF (la administración de infraestructura ferroviaria) según los cuales la elevada densidad de tráfico reduce márgenes operativos y amplifica el riesgo cuando el mantenimiento correctivo se retrasa”.

También es cierto que, bajo la gestión de Puente, aumentaron los incidentes, aunque menores en la red de Cercanías que comunica gran parte de Madrid y sus suburbios. Además de los retrasos, en 2025, hubo dos descarrilamientos que provocaron seis heridos.

Pero el AVE seguía prácticamente invicto desde 2013, cuando otro Alvia que iba desde Madrid hasta Ferrol, en Galicia, descarriló en una curva, cerca de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Hubo 80 fallecidos y 145 heridos.

El primer AVE unió, en 1992, Sevilla y Madrid. Desde entonces, la red acumula más de 3.400 km que unen las principales ciudades en viajes que duran, unas tres horas. Desde 2021, además de la estatal Renfe, participan de la red las compañías privadas Iryo y Ouigo. Según el ministro Puente, el AVE pasaba por su mejor momento.

MADRID (Corresponsal) — Desde su retiro, en 2019, Julio Iglesias se había convertido en un meme que anunciaba la llegada, precisamente, del mes de julio. La vida del cantante español más famoso y exitoso de la historia había pasado a un segundo plano, recluido en Punta Cana (República Dominicana). Pero esta semana, volvió a estar en boca de todos, por motivos muy diferentes.

El viernes 16, el cantante, por fin, se refirió al tema que lo tiene preocupado, allá, en el Caribe. En su cuenta de Instagram publicó: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Rebobinemos. Julio fue acusado por dos extrabajadoras domésticas de haber sido víctimas de agresión sexual, acoso y abuso de poder en 2021. Los episodios habrían ocurrido en sus mansiones de Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas). Los relatos, grabados en video, fueron difundidos por Eldiario.es y Univisión. Las denunciantes cuentan con el patrocinio de una ONG “feminista, antirracista, anticapacitista (¿?) y anticolonialista” llamada Women´s Link.

Una de las mujeres afirma que Iglesias la obligó a tener “penetraciones con los dedos” y recibió bofetadas en lo que llama “la casita del terror”. La otra asegura que Julio la besó en la boca y le tocó los pechos sin su consentimiento en varias ocasiones, incluso en espacios abiertos como la playa y la piscina.

Además, describen que vivían en un ambiente de vigilancia constante, con restricciones en sus movimientos y que eran humilladas. Todo esto habría sido constatado, mediante otros testimonios, por un equipo periodístico dirigido por Ana Requena, de ElDiario.es.

Enseguida, aquí en Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó la apertura de diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia que había sido presentada el 5 de enero, una semana antes de la difusión periodística. Ambas mujeres serían llamadas a declarar como “testigos protegidos”.

Un dato que ha pasado casi inadvertido: Julio padece de un tumor benigno en la columna vertebral (osteoblastoma) desde hace varios años. Él afirma que se ha recuperado, pero en 2025, antes de las denuncias, el periodista Carlos Herrera fue contundente: “De la cintura para abajo es como si tuviera 500 años”. ¿En 2021, habrá tenido fuerza suficiente para pegar y obligar a sus empleadas domésticas a tener sexo?

No lo sabemos. Pero, en septiembre de 2020, cuando cumplió 77 años, el diario El Mundo lo mostró en mala forma, delgado y caminando con la ayuda de dos mujeres. El cantante aseguró que había sufrido una caída y que eso era todo. En años siguientes llegó a jactarse de que había vuelto a nadar como “un tiburón”.

Como suele ocurrir en estos casos, herencia del MeToo que sacudió Hollywood en 2017, el mismo día de las publicaciones periodísticas, Julio fue condenado por hechos de los cuales solo existen denuncias. Y como el cantante siempre ha mostrado cierta simpatía por el Partido Popular, el gobierno lo atacó sin piedad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere que le retiren la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un reconocimiento que le fue concedido hace unos años. Cabe recordar que Díaz tenía como vocero a Íñigo Errejón, quien será juzgado por supuesto abuso sexual de la actriz Elisa Moulia.

También estaba muy enojada la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien reclamó a la Justicia “ir hasta el final”. Ella forma parte del gobierno que no ha movido un solo dedo para llevar a la justicia a Francisco Paco Salazar, exasesor del presidente Pedro Sánchez, acusado de abuso sexual, al igual que Errejón. En suma, el PSOE pide ética y castigo, pero arrastra su propio MeToo.

Convertido en botín de los políticos, Julio recibió algo de apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se niega a retirarle los honores, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ambos del PP. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en cambio, pidió una investigación exhaustiva.

Mucho más claro fue el líder de Vox, Santiago Abascal: “No puedo juzgar estas denuncias, pero sí el interés de este gobierno de centrar todo en este asunto”. Cree que “el gobierno solo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de corrupción”.

En medio del berenjenal, el abogado Sergio Cebolla aseguró en el programa El Mundo al Rojo de DistritoTV que el multimillonario George Soros estaría detrás de las denuncias que, de alguna manera, han revivido a Julio, de 82 años, pero sin forma de meme.

*Artículo realizado en colaboración con España Actual.

La liberación a cuentagotas de presos políticos del chavismo que queda en Venezuela es otra demostración de un régimen basado en el terror y la tortura psicológica, aún hasta sus últimos momentos. 

Karina, hermana del abogado argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani, relató para Newstad el calvario que atraviesa su familia desde la captura y la angustia que se renueva cada vez que surgen versiones de liberaciones.

“Él viaja a Venezuela unos días antes de ser detenido por cuestiones comerciales. Él es abogado laboral y en varias ramas de la abogacía se mueve”, contó. El episodio ocurrió mientras Germán estaba navegando. “Le piden los documentos a la gente que estaba con él y cuando lo escuchan hablar le dicen: ‘¿vos de dónde sos?’ y directamente se lo llevaron. Cuando dijo que era de Argentina, se lo llevaron”.

La familia se enteró por los medios. “Nosotros nos enteramos por  nota que salió dando Leonardo Cabello diciendo que habían capturado a un abogaducho argentino que era narcotraficante, terrorista y estaba en complot junto con Corina Machado para derrotar al gobierno de Maduro”. Karina aseguró que en ese momento “no sabíamos dónde estaba, no se tenía ningún dato”.

Karina aclaró que su hermano ni siquiera estaba al tanto de el peligro que significaba transitar Venezuela, y mucho menos sabía quién era María Corina Machado. 

Karina destacó el rol del Gobierno argentino: “Patricia Bullrich es la que está desde el momento uno en contacto con mi cuñada y con mi mamá, dándonos su apoyo y asegurándonos que lo van a traer a Germán cuanto antes. Es la única contención que pedimos”.

También relató las reuniones con Cancillería: “Estuvimos varias veces y ellos nos dicen que en cuanto se notifique oficialmente la liberación de mi hermano nos van a comunicar y lo van a trasladar hasta Buenos Aires. Pero en realidad todavía no se sabe”.

Las versiones de liberaciones solo aumentaron el sufrimiento. “El otro día tuvimos una alerta de que estaban liberando un montón de presos políticos y que posiblemente lo iban a estar liberando, pero fue una falsa alarma”, explicó. “Nos ilusionamos en un momento y de repente no tuvimos nada. Estamos en la misma”.

La angustia creció en el último tiempo, porque la falta de información hace dos meses es total. “No hay fe de vida de mi hermano, nada de nada”.

Karina recordó que durante meses hubo contacto limitado: “Nosotros tuvimos señales de vida desde mayo hasta los primeros días de diciembre, porque él estaba con otro grupo de detenidos de varios países”. Pero luego todo cambió: “Después lo aislaron, después lo trasladaron y quedó en aislamiento. Todos quedaron en aislamiento”.

Sobre las condiciones de detención, reveló datos estremecedores: “Nosotros al principio no sabíamos que ellos no le daban de comer. Le llevaba la comida la mujer de uno que estaba recluido”. Ante eso, la familia reaccionó: “Después empezamos a colaborar para que le hicieran llegar a mi hermano comida también”.

Antes del traslado, recibieron nuevos pedidos: “Le tuvimos que comprar un colchón, el uniforme azul para que se ponga, zapatillas, todo eso antes de ser trasladado”. Karina explicó que “todo eso lo hizo una persona allá en Venezuela para alcanzárselo a mi hermano. No sabemos quién, porque es gente humanitaria que se encargó de todo eso”.

Y cerró con un agradecimiento: “Se armaron como canales humanitarios porque al ser extranjero no hay nadie allá para que colabore con él ni lo asistan. La verdad que la gente en Venezuela fue muy solidaria”.