La Ciudad es finalmente el primer distrito en poner en marcha activamente con financiamiento y capital humano el protocolo de los 1000 días. En la Maternidad Sardá, en pleno Parque Patricios, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó oficialmente el Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad, es el primer distrito en poner en actividad con profesionales especiales y acompañamiento a las embarazadas del país. Habrá entonces menos abortos en Buenos Aires.

Se trata de una política pública pionera en el país, que busca garantizar que ninguna mujer enfrente sola un embarazo y que las familias cuenten con el respaldo necesario para llevarlo adelante. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó el acto junto a la vicejefa Clara Muzzio, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

El programa, elaborado por el Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad, apunta a ofrecer acompañamiento integral durante el embarazo y en los primeros dos años de vida del niño. La meta es clara: prevenir abortos por causas sociales y garantizar que cada niño nazca y crezca en un entorno de cuidado y contención. El protocolo contempla un trabajo conjunto entre equipos médicos, psicólogos, trabajadores sociales y organizaciones de la sociedad civil, con seguimiento personalizado de cada caso.

En el acto, se destacó la participación de instituciones y referentes que trabajaron en la redacción y puesta en marcha del protocolo. Estuvieron presentes Evelyn Rodríguez, de la Red de Acompañamiento a la Mujer, y Guadalupe Videla, de la organización Cuidando Vidas, además de consejeros como Rodrigo Fernández Madero, Gloria Vergara del Carril y Leandro Sayans. Por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad asistió su presidenta, Victoria Morales Gorleri, junto a representantes de universidades y ONGs con experiencia en la protección de la maternidad y la infancia.

Según datos oficiales, la Ciudad de Buenos Aires es el primer distrito del país en implementar un protocolo integral de este tipo, que no sólo contempla la asistencia médica, sino también la mejora de las condiciones sociales y económicas de las madres. Esto incluye acceso a controles prenatales, apoyo psicológico, ayuda alimentaria, orientación legal y capacitación laboral. El seguimiento se extiende a los primeros 1000 días del niño —desde la concepción hasta los dos años—, una etapa clave para su desarrollo físico y emocional.

El director de la Maternidad Sardá, Rubén Almada, subrayó que “no se trata solo de evitar abortos, sino de construir una red de contención real que permita a las madres y sus hijos un comienzo digno y seguro”. Por su parte, Jorge Macri enfatizó que este protocolo es una política pública “que no mira ideologías, sino vidas concretas que necesitan apoyo hoy”. 

También estuvieron presentes Mariano D´Onofrio y Rodrigo Toledo, miembros del Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad, María del Rosario Romero Victorica de del Sel de la Universidad Austral, y Josefina Castellano de Unidad Provida junto al Dr. Rubén Almada, director de la Maternidad Sardá y a Patricio Andrés Scarzella, jefe de gabinete y uno de los propulsores de este programa. 

La implementación se apoyará en un sistema de derivaciones rápidas, capacitaciones para personal sanitario y un registro unificado para asegurar el seguimiento de cada caso. Organizaciones con experiencia en el acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad participarán de forma activa, aportando profesionales y recursos. “Queremos que ninguna mujer sienta que está sola o que no tiene opciones”, remarcaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano.

El protocolo también prevé campañas de difusión para que las embarazadas conozcan sus derechos y sepan dónde acudir para recibir asistencia. La idea es que la contención no se limite a lo médico, sino que incluya el acceso a vivienda, alimentación, educación y oportunidades laborales para las familias.

La puesta en marcha del programa de los 1000 días en la Ciudad marca un paso importante en la agenda de políticas sociales y de salud pública. Si bien el desafío es enorme, la articulación entre Estado, instituciones médicas y organizaciones de la sociedad civil abre la puerta a un modelo de acompañamiento que podría replicarse en otras jurisdicciones del país.

La trata de seres humanos constituye un delito aberrante que convierte a las personas en simples mercancías, despojándolas de sus derechos y de su libertad. La gran mayoría de las víctimas sufren explotación sexual y/o laboral, y un alto porcentaje son menores de edad.

Las víctimas suelen ser captadas en contextos de vulnerabilidad: migran desde sus países de origen por pobreza o necesidades urgentes, son engañadas con promesas de trabajos legales y formales, o son captadas a través de internet y redes sociales, como ocurre con el grooming en menores. Siempre existe un engaño inicial, seguido del sometimiento. Una vez atrapadas, no pueden escapar: les retiran sus documentos y pasaportes, son aisladas de sus familias y entornos, se les impide comunicarse y son amenazadas constantemente, lo que las paraliza.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 68/192 en el año 2014.

En las campañas de prevención se utiliza como símbolo un corazón azul, que representa tanto la tristeza de las víctimas como la frialdad de quienes trafican con personas. Esta imagen busca generar conciencia social y visibilizar este delito, promoviendo la defensa de los derechos humanos.

El lema de este año es:“La trata de personas es un crimen organizado. Pongamos fin a la explotación”.

Escuchar a las víctimas es esencial. Comprender cómo fueron captadas, qué padecieron, cómo vivieron el proceso y qué recuerdos conservan permite diseñar mejores estrategias de prevención, rescate y acompañamiento, y ayuda a salvar a otras personas que aún están atrapadas.

Se estima que más de 2.500.000 personas son víctimas de trata en el mundo, aunque se calcula que por cada víctima identificada hay al menos 20 sin identificar.

A pesar de la dificultad para obtener datos precisos, las cifras estimadas indican que este delito creció un 25% en los últimos años. Más del 61% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 70% de las organizaciones criminales están conformadas por hombres.

Se trata de un negocio ilegal que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales, una cifra que invita a reflexionar sobre quiénes están detrás y cómo se sostiene esta red internacional de crimen e impunidad.

Una de las frases más contundentes en la lucha contra la prostitución y la trata es:“Sin clientes, no hay trata de personas”.

Numerosas producciones cinematográficas y televisivas han abordado esta problemática. Entre ellas, se destaca la miniserie española Sky Rojo (estrenada en 2021 por Netflix), protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que expone la brutalidad y el cinismo detrás del sistema de explotación sexual.

La lucha contra la trata se estructura en torno a las 4 P:

En Argentina, el marco legal fue fortalecido con la promulgación de la Ley 26.364 el 29 de abril de 2008, que establece penas de 3 a 20 años de prisión para quienes participen en la trata de personas. Aunque representa un avance significativo, aún queda mucho por hacer.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y gratuita en la línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Es fundamental visibilizar esta problemática. Combatir la trata implica enfrentarse a redes con poder económico, conexiones políticas y protección institucional. En algunos casos, hay personas influyentes involucradas, lo que dificulta aún más la erradicación del delito.

La situación en Argentina refleja una realidad global. En regiones como África, Asia y otras zonas del mundo, las cifras son incluso más alarmantes.

El abordaje debe ser integral y coordinado: con el compromiso de las autoridades, la Justicia, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, las redes sociales, y organizaciones como Missing Children, que realizan búsquedas activas de personas desaparecidas.

En esta jornada, edificios públicos y monumentos de todo el mundo se iluminan de color azul para honrar a las víctimas, visibilizar la problemática y renovar el compromiso colectivo en la lucha contra la trata de personas.

No es preciso secuestrar mujeres a punta de cuchillo, ni transportarlas en contenedores sin agua ni ventilación, ni tenerlas amordazadas en un sótano dando a luz. De hecho, pocas formas de trata reúnen tantos elementos —tantas conductas, tantos medios— y de manera tan evidente como la gestación subrogada, lo que permite calificarla, sin rodeos, como trata de personas. De mujeres, concretamente. En el año 2000, el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños —conocido como Protocolo de Palermo— estableció que la trata de personas involucra conductas (como el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas en situación de vulnerabilidad), medios (como la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la recepción de pagos o beneficios), con la finalidad de obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación, siendo irrelevante dicho consentimiento por parte de la víctima.

El engaño en la captación de mujeres

La gestación subrogada es trata de personas en la medida en que todas las mujeres son captadas para ser madres “subrogadas” mediante el siguiente engaño: que no son madres de las criaturas que traen al mundo o, dicho de otro modo, que esas criaturas que traen al mundo no son hijas ni hijos suyos; que, al no ser madres de esas criaturas, no las venden -aunque reciban dinero en mayor o menor cuantía-, sólo las devuelven a los contratantes una vez dan a luz, porque se considera que ellos son los propietarios de esa criatura recién nacida, como si nada la vinculara con su madre. Si no fuera por este engaño sistémico en la captación de mujeres, no habría gestación subrogada, porque muy pocas mujeres aceptarían vender o regalar sus criaturas recién nacidas. Un engaño que queda desmentido por el hecho de que todas las madres “subrogadas”, sea cual sea la legislación o el modelo (comercial o altruista), tienen que renunciar antes o después del parto a la filiación materna, ya que en todo el mundo la maternidad viene determinada por el parto, incluso en aquellos países donde la gestación subrogada es legal. Este engaño viene además acompañado de otro: el que afirma que el proceso al que  se someten las madres “subrogadas” es una técnica de reproducción humana asistida, lo que otorga interesadamente a la práctica un sesgo de autoridad. Pero la gestación subrogada no es en absoluto una técnica, ya que usar a una mujer fértil para que geste y traiga al mundo una criatura por encargo y contrato no cura ni revierte la infertilidad de nadie. 

La coacción en la captación de mujeres

La gestación subrogada es trata de personas en la medida en que todas las mujeres son captadas para ser madres “subrogadas” mediante coacción, que puede operar en el plano psicológico, familiar, social, cultural, religioso y, sobre todo, económico, ya que el dinero constituye un importante aliciente, si no el mayor, a la hora de prestar consentimiento para ser madre subrogada. La principal vulnerabilidad de las mujeres es la económica. La feminización de la pobreza es global, agravada de manera desproporcionada desde la pandemia por COVID-19, siendo las mujeres las que más sufren el desempleo, la precarización de los contratos, el empleo temporal y a tiempo parcial y la brecha salarial, y es mayoritariamente sobre las mujeres sobre las que recae el trabajo no remunerado y de cuidados. A la precariedad económica se suma el estereotipo sexista que presupone a las mujeres una inclinación innata a sacrificarse por los demás, un factor más de vulnerabilidad que convierte a las mujeres, sobre todo a las más pobres, en víctimas perfectas de trata de personas. Y opera así “Si me pagan lo que no ganaría ni en diez años por ayudar a cumplir un sueño tan hermoso como ser padre o madre y si yo no soy madre del bebé ni ese bebé es hijo mío, así que no lo vendo…”. 

El traslado de mujeres y el fraude en la captación

El traslado de mujeres en contextos de gestación subrogada añade otro ingrediente no menor a la trata. Mujeres que migran con un proyecto personal distinto a la subrogación y son captadas después en el país de destino; mujeres captadas en su país y después trasladadas a otro, a veces para dar a luz en el país de los compradores del bebé, para comodidad de éstos, para abaratar el proceso de la subrogación (véase la modalidad cross-border entre México y EEUU), para eludir determinados aspectos de una legislación (ucranianas dando a luz en Chipre para parejas homosexuales, por ejemplo) o para llevar a cabo con ellas prácticas médicas que no existen en el país de origen o son más baratas en el país de destino.

Todas estas mujeres tienen un perfil muy similar, encontrándose en una situación de gran precariedad económica y de vulnerabilidad, incrementada por la migración, en un país con una lengua y unas costumbres que no conocen y alejadas de su entorno social y familiar y de sus hijos e hijas de corta edad. 

Existen cientos de grupos en Facebook donde se lleva a cabo la oferta y la demanda de mujeres con fines de explotación reproductiva y donde queda patente que se busca a mujeres para ser explotadas en otro país y que se buscan mujeres migrantes ya en el país de destino para ser explotadas allí.Estas mujeres migrantes son víctimas de trata de personas y a menudo también de tráfico, de violencia física y psicológica y de partos que con demasiada frecuencia se realizan innecesariamente por cesárea, a lo que hay que añadir el más que probable abandono a su suerte una vez entreguen el bebé, encontrándose en un serio riesgo de volver a ser víctimas de otra clase de trata de mujeres, como la explotación sexual o para la mendicidad. 

También son víctimas de fraude -otro ingrediente de la trata- en no pocas ocasiones, al no percibir la retribución pactada, ya que muchas agencias de gestación subrogada captan mujeres de manera fraudulenta, prometiendo pagos que no se corresponden con la realidad o eludiendo decir que en esa cantidad va incluido el embarazo múltiple, el parto por cesárea, la pérdida del útero y hasta bonificaciones por buena conducta. 

Confinamiento y privación de libertad

En general y en cualquier país, los contratos de gestación subrogada incluyen cláusulas sobre el radio de libre circulación y desplazamiento que la embarazada no puede sobrepasar sin autorización expresa. Si a esto añadimos la recepción de mujeres, a menudo en régimen de confinamiento o semiconfinamiento, sometidas a horarios estrictos y a toque de queda, se suman conductas que corresponden a la trata de personas. 

Por lo general, la recepción de mujeres se da en el último trimestre del embarazo, hacinadas en apartamentos, pero también durante todo el período de gestación y tras el alumbramiento. La situación de vulnerabilidad se agrava por el aislamiento familiar y la cercanía del parto o el reciente posparto —frecuentemente por cesárea—, cuando muchas mujeres son obligadas a desplazarse para realizar trámites aun con los puntos de sutura sin cicatrizar

Vulneración de derechos sexuales y reproductivos

Hay que añadir las restricciones impuestas a las mujeres en su libertad sexual, la obligación de someterse a reducciones embrionarias (abortos selectivos) si así lo deciden los contratantes, o la imposibilidad de abortar si así lo decidieran ellas, debido a las condiciones leoninas recogidas en el contrato ante esta contingencia (devolución de todos los pagos percibidos y del coste de la fecundación in vitro y las pruebas realizadas, de la póliza de seguro, más  otras indemnizaciones previstas por los clientes). 

Pierden su autonomía como pacientes y deben someterse a tratamientos, pruebas y controles médicos impuestos por la agencia y los clientes. Ni siquiera el paisaje interior de su cuerpo en estado de gestación les pertenece a ellas y es muy frecuente ver a los compradores exhibiendo las ecografías de “su gestante” en redes sociales, como si la embarazada fuera de su propiedad. Pueden decidir ellos la modalidad y fecha del parto a conveniencia y si se practican o no se practican intervenciones médicas con el fin de evitar sufrimiento vital a la parturienta o al feto, como hemos podido constatar recientemente en un vídeo de Marley que se ha hecho viral.

Todas estas conductas y medios propios de la trata se dan siempre aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres, por lo que la gestación subrogada en todas sus modalidades debe ser encuadrada como delito universal. Un delito que tiene varias causas de fondo: pobreza, desigualdad, ausencia de oportunidades de empleo viables o de apoyo social, discriminación y sexismo que hacen que, en especial las mujeres y los menores, sean vulnerables a la trata. Y por supuesto el sexo, ya que son siempre mujeres las utilizadas como madres subrogadas.

Los países democráticos y avanzados deberían comprometerse en la abolición de esta práctica heredera de la esclavitud y demostrar respeto por los derechos humanos básicos de las mujeres y de las niñas y los niños, al menos en la misma medida en que las leyes de protección animal dictan cómo se deben respetar los derechos de los animales de compañía, porque es escandaloso constatar que las madres “subrogadas” y sus hijas e hijos gozan de menos consideración social que perros, gatos y hamsters.

Cada vez más frecuentemente, se conocen casos complejos y conflictivos, provocados por la llamada “maternidad subrogada”. Estos casos surgen por reconocer como indiscutible el llamado “derecho a la paternidad y/o maternidad” y el “derecho al hijo”. Ambos derechos son las dos caras de una misma moneda, de una misma realidad. Realidad controvertida, y por la misma razón, provocadora de arduos debates. ¿Es cierto que el Derecho debe garantizar que quien quiera ser padre o madre lo consiga por el medio que desee, aún pagando y, muchas veces, vulnerando derechos inalienables de la persona (derecho a la identidad personal; derecho a la vida del concebido por nombrar apenas dos)?

Es que quienes reclaman ese derecho pueden no sólo ser un varón y una mujer con “problemas” para tener hijos, sino que puede tratarse de una mujer sola, un varón solo, dos personas del mismo sexo, o de personas que se reconocen con la identidad sexual que los distintos regímenes jurídicos les permitan asumir. Según las diversas leyes existentes, hoy pueden elegirse más de 50 identidades de género.

Yendo a un caso concreto, podrían recurrir a la “maternidad subrogada” un varón (de nacimiento) y un varón transexual (nació mujer y se sometió a operaciones de cambio de sexo adquiriendo así una morfología masculina). Obviamente, esta unión homosexual (dos varones) no puede ser fecunda desde un punto de vista biológico. Por ello, en caso de querer tener descendencia, recurrirían a una mujer (de nacimiento) que debería llevar adelante el embarazo que ninguno de los miembros de esta pareja puede lograr. Además, debería recurrirse a la donación de gametos femeninos ya que ninguno de ellos tiene óvulos disponibles (la operación de cambio de sexo conlleva la ablación de los órganos sexuales de nacimiento). En definitiva, estaríamos frente a un caso donde dos adultos han elegido su identidad sexual y su unión afectiva, y además desean un hijo. Este hijo tendría dos padres (ambos miembros de la pareja) y dos madres (la gestante y la donante del óvulo). Este es uno de los miles de casos que pueden darse donde la “maternidad subrogada” viene a completar el deseo de dos adultos que optaron, libremente, por una unión que no es fecunda y, que, sin embargo, quieren hijos. 

Ni que hablar de las diversas transacciones económicas que esta realidad implica. Todos los involucrados en este proceso reciben su beneficio pecuniario (médicos, laboratorios, clínicas, mujeres gestantes, abogados, miembros de tribunales de justicia, ministerio de menores, prepagas de salud, etc., etc.). Frente a esta realidad el hombre de derecho se pregunta: ¿existe el derecho al hijo?

Es en el ámbito de la filosofía del derecho donde generalmente se busca un fundamento sólido del derecho escrito o positivo. Desde ese ámbito, siempre se defendió la diferenciación entre el sujeto de derechos (la persona humana o asociaciones o grupos de personas) y los objetos del derecho (cosas tangibles o intangibles, como la libertad). El sujeto de derecho es el que ejerce los derechos, el titular de los mismos. Las cosas, por el contrario, son los distintos contenidos/objetos de los derechos. Algunos de ellos hasta se pueden comprar, son factibles de un valor pecuniario (derecho a una vivienda digna). Las personas son dignas y, por lo tanto, no pueden venderse ni comprarse. Ni ellas, ni sus acciones. La esclavitud como derecho, dejó de existir cuando se reconoció la igualdad de todas las personas ante la ley. Su abolición implicó que nadie puede adueñarse de otra persona. Y que el valor de la persona humana, la que sea, es inconmensurable y no cuantificable en dinero.

 Todavía se puede avanzar algo más aún en esta argumentación. En este sentido, dentro de los sujetos de derecho los distintos sistemas jurídicos se preocuparon por atender los derechos de aquellos que naturalmente se encuentran en una situación de desprotección o vulnerabilidad. El “fuerte” suele poder ejercer sus derechos sin problema, no necesita asistencia. El “débil” sin la ayuda no puede lograr una vida digna. El derecho busca de alguna manera compensar esas situaciones para que todos podamos ejercer nuestros derechos en condiciones similares. Dentro del grupo de los débiles, se encuentran, en primer lugar, las personas por nacer y los niños. También los ancianos, las mujeres, aquellos que carecen de medios económicos suficientes, los inmigrantes por razones humanitarias, y etc., etc., etc. En el caso que nos ocupa, la “maternidad subrogada” incluye al menos dos de esos grupos vulnerables: la mujer que se presta para gestar el hijo de otro/s, y el niño gestado. Cabe preguntarse, al menos, si una ley que admite ésta práctica respeta los derechos de esa mujer y ese niño. Y, asimismo, si se puede exigir que el derecho ampare el “deseo/derecho al hijo”. 

Según todo lo hasta aquí expresado, pareciera que, si amparamos un “derecho al hijo” a través de la práctica de la “maternidad subrogada” se debería admitir que:

Por ello, podemos concluir que, si afirmamos que existe un “derecho al hijo” a través de la “maternidad subrogada” debemos aceptar que el hijo así gestado, como la madre gestante, dejan de ser sujetos de derecho y pasan a ser simples objetos de derecho con valor pecuniario. Estaríamos, pues, frente a un contrato comercial. Por el contrario, reconocer la dignidad del hijo y de la mujer involucrados en estos casos exige tildar todas estas prácticas (y las leyes que las amparan) contrarias a la justicia y a la dignidad de la persona humana.

La gestación subrogada, también conocida como maternidad por encargo, es un tema que divide aguas en el plano jurídico internacional. Mientras algunos países la prohíben por completo, otros la permiten bajo marcos más o menos regulados, y una tercera zona ambigua la tolera bajo supuestos de "altruismo". El panorama global revela profundas tensiones entre el deseo de formar una familia y la protección de los derechos humanos.

En países como España, Francia, Alemania, Italia y Suecia, la subrogación está prohibida en todas sus formas. La legislación considera que la maternidad no puede ser objeto de contrato, y que la filiación debe derivar del parto. En estos países, cualquier acuerdo para gestar a cambio de dinero (o incluso sin él) se considera nulo, y puede ser penado como un delito contra el orden público o incluso como trata de personas.

En el extremo opuesto, Estados Unidos presenta un mosaico complejo. Mientras que algunos estados como California, Nevada o Illinois permiten la subrogación comercial con contratos detallados y aval judicial, otros como Michigan o Nueva York la prohíben o la restringen severamente. Esta diversidad convierte al país en uno de los principales destinos globales para el “turismo reproductivo”, con costos que superan los 150.000 dólares por proceso.

Otros países que permiten la subrogación con fines comerciales son Rusia, Ucrania, Georgia, Tailandia, Nigeria y algunos sectores de India, aunque este último ha restringido en los últimos años el acceso solo a parejas heterosexuales casadas y nacionales. Estos mercados han crecido por su bajo costo y escasa supervisión, lo que los convierte en focos de preocupación por explotación reproductiva.

En un tercer grupo se ubican países como Reino Unido, Canadá, Portugal, Brasil o Australia, que solo permiten la subrogación "altruista", es decir, sin pago directo por el embarazo, aunque se autorizan compensaciones por gastos médicos o de manutención. En teoría, esto busca reducir los riesgos de explotación. En la práctica, sin embargo, muchos expertos denuncian que esta forma "altruista" es una falacia: los contratos encubren pagos, la presión social o familiar opera como coacción, y la entrega del recién nacido se negocia como un bien más.

Organizaciones como la Declaración de Casablanca sostienen que toda subrogación, sea comercial o altruista, implica una violación a la dignidad humana, al convertir la gestación en un servicio prestado y al niño en un objeto de transacción. Denuncian además que muchas mujeres firmantes de estos contratos lo hacen en contextos de pobreza, migración forzada o desigualdad estructural, lo que invalida cualquier supuesto de “consentimiento libre”.

Por otro lado, la falta de legislación clara en muchos países (como ocurre actualmente en Argentina o Colombia) favorece la creación de mercados grises, donde operan clínicas privadas, estudios jurídicos y agencias internacionales que se amparan en vacíos legales para facilitar procesos de subrogación a extranjeros, muchas veces sin protección legal real para las gestantes ni para los bebés.

El debate legal sobre la subrogación no es solo jurídico o médico: es ético. ¿Puede una sociedad democrática permitir la firma de contratos donde se estipula la entrega de un ser humano? ¿Es justo equiparar el deseo de tener un hijo con un derecho absoluto, aunque implique vulnerar otros?

El mapa legal actual muestra que el mundo todavía está lejos de un consenso. Pero cada vez más voces —sobre todo las de quienes nacieron por esta vía— reclaman que se escuche no solo a los adultos deseantes, sino también a las mujeres gestantes y a los hijos que un día preguntarán de dónde vienen… y por qué fueron separados.

Olivia Maurel nació en 1991 en Louisville, Kentucky, pero creció en la Riviera Francesa. Desde chica, algo no encajaba. Tenía una familia que la cuidaba, estabilidad económica, vacaciones, colegio privado. Pero había un hueco que no se llenaba. Un silencio denso, un presentimiento sin nombre: “¿De dónde vengo realmente?”.

A los 17 años, una noche cualquiera, ese vacío tomó forma. “Abrí la laptop y, sin saber bien por qué, busqué en Google ‘agencias de adopción en Louisville’. En cambio, encontré agencias de subrogación”, contó Olivia en diálogo con Newstad. “Recuerdo el momento exacto en que la palabra surrogacy se me clavó en el pecho. No sabía explicarlo, pero supe que eso era yo. Me quedé toda la noche leyendo, llorando en silencio, armando un rompecabezas que no sabía que existía.”

Aquella revelación no trajo consuelo. Trajo un dolor nuevo, pero con nombre. “Mi cuerpo, mi alma ya lo sabían. Nadie me lo había dicho. Pero yo ya lo sentía.” No fue sino hasta los 30 años, gracias a un test de ADN que le regaló su suegra, que Olivia encontró pruebas: un primo desconocido, medios hermanos, y finalmente un mensaje de su madre gestante por Facebook. “Fue abrumador. Surreal. Como ver abrirse la tierra bajo tus pies después de años de estar quieta.”

Pero para ella, el verdadero punto de quiebre ocurrió aquella noche, sola frente a la pantalla. “Ese momento me cambió para siempre. No curó el dolor, pero le dio dirección. Y con el tiempo, propósito.”

En septiembre de 2023, Olivia decidió romper el silencio y convertirse en activista por la abolición de la gestación subrogada. Desde entonces, no volvió a hablar con sus padres legales. “No hubo diálogo. No hubo intento de sanar. Nada. Fue doloroso, pero no me arrepiento. Sabía que mi verdad iba a tener un precio. Y lo pagué. Elegí dejar de proteger una paz frágil basada en el silencio, para hablar no solo por mí, sino por todos los hijos nacidos como yo que todavía no encuentran las palabras.”

Olivia no guarda odio, pero sí un amor triste. “Contar la verdad, incluso cuando duele, también es una forma de amor.”

Cuando le preguntamos qué le diría a una mujer que está considerando alquilar su vientre por dinero, su respuesta fue profunda y directa:

“Le tomaría las manos, la miraría a los ojos y le diría: ‘Por favor, no lo hagas. No por nadie. No por ningún monto’. Sé lo que es la pobreza. Sé cómo tu realidad puede torcer tu percepción. Pero esto no te va a dejar entera.Yo soy la hija de una mujer que tomó esa decisión. Crecí en un vientre al que le dijeron: ‘Este hijo no será tuyo’.Y eso importa. Esa conexión no es imaginaria. Es todo.”

“Cuando una mujer renta su vientre no da solo nueve meses. Da una parte de sí que no se puede recuperar. Aprende a amar desde el cuerpo, y luego le piden que se vaya como si nada hubiera pasado.Pero sí pasa. Siempre pasa.El hijo no olvida.Incluso si nadie se lo dice. Incluso si es amado. Lleva esa herida. Yo la llevo.”

“Tu cuerpo no es un servicio. Tu útero no es una estrategia de supervivencia. No sos un recipiente.No dejes que te convenzan de que esto es empoderamiento.No lo es. Es borrarte.Yo soy la prueba viviente de que lo que parece una solución puede ser una condena silenciosa: para vos, y para el hijo.”

“Merecés dignidad. Merecés opciones que no te pidan desaparecer. Elegí la vida. Pero empezá por la tuya.”

Entre tantos mensajes que recibió en estos años, uno la marcó para siempre. “Fue una mujer que pensaba ser madre subrogada. Me escribió tras leer mi historia. Me dijo: ‘Lloré toda la noche. Nunca había pensado en lo que significaba esto para el bebé. Vos me diste una perspectiva que jamás había escuchado. Decidí no seguir adelante’. Ese mensaje me rompió y me sanó a la vez.”

“Durante años sentí que hablaba al vacío. Que nadie quería escuchar. Pero esa mujer fue la prueba de que sí importa. Que una sola voz, una sola verdad, puede cambiar un camino y tal vez salvar a un niño de la misma herida que yo cargo.”

En marzo de 2023, en la ciudad marroquí de Casablanca, se firmó un documento que marca un antes y un después en la defensa de los derechos humanos: la Declaración de Casablanca. Lejos de ser un manifiesto aislado, se trata de una iniciativa internacional con un objetivo claro y ambicioso: abolir globalmente la práctica de la maternidad subrogada, tanto comercial como altruista.

Esta declaración nace del consenso entre profesionales del derecho, la medicina, la filosofía, el feminismo y la infancia, provenientes de más de 75 países. Todos ellos coinciden en una verdad incómoda que el mercado global suele maquillar con ternura mediática: la subrogación convierte a las mujeres en instrumentos y a los niños en objetos de deseo o mercancía. Aunque se disfrace de acto solidario o de contrato entre adultos libres, la gestación por encargo implica siempre una asimetría de poder, donde la vulnerabilidad es explotada con fines reproductivos.

Desde esta perspectiva, la Declaración de Casablanca no propone una regulación de la práctica, sino su prohibición, en nombre de la dignidad humana. Llama a los Estados a declarar nulos los contratos de subrogación, a impedir la inscripción automática de hijos nacidos por esta vía en el extranjero, y a desarticular las redes de intermediarios —clínicas, abogados, agencias— que se enriquecen con este modelo.

Uno de los puntos más innovadores de la Declaración es su propuesta de impulsar un tratado internacional vinculante, que blinde los derechos de mujeres y niños contra la lógica del mercado. Al igual que se ha logrado consenso global en la lucha contra la trata de personas o el tráfico de órganos, este movimiento busca trascender las fronteras nacionales para enfrentar una práctica que opera a escala global, especialmente en países con vacíos legales o estructuras institucionales frágiles.

En América Latina, Argentina y Colombia se han convertido en destinos frecuentes de subrogación internacional debido a sus costos accesibles y marcos jurídicos difusos. La Declaración pone la lupa en estos contextos, denunciando cómo la pobreza, la falta de educación legal y la precariedad institucional facilitan la mercantilización del cuerpo femenino y la manipulación de la filiación.

En este marco, se celebrará en Lima, Perú, los días 4 y 5 de junio de 2025, la III Conferencia de Casablanca, un espacio de encuentro para expertos, legisladores y defensores de derechos humanos que buscan avanzar hacia la erradicación de esta práctica y promover un nuevo paradigma: uno en el que la maternidad, la infancia y la vida misma no sean bienes a negociar, sino realidades que se respetan y protegen.

La Maternidad subrogada es un fenómeno que existe hace más de 40 años y al que dio origen la fecundación in vitro, que comenzó a practicarse en la década de los 70 aproximadamente. A diferencia de la adopción, esta práctica le da la posibilidad a las personas de tener hijos biológicos, ya que en el proceso pueden utilizarse los gametos de uno o de los dos padres de intención. 

Desde entonces, esta práctica viene en creciente aumento, y junto con ella la empatía generalizada con aquellas personas que, víctimas supuestamente de alguna circunstancia que les impide tener hijos biológicos, acuden a este tipo de prácticas. Sin embargo, la enorme industria que lucra con el deseo de estas personas, es quien se encarga de invisibilizar a las verdaderas víctimas: las madres subrogantes y sus hijos. 

Argentina, junto con Colombia, son los principales destinos turísticos por subrogación en  Latinoamérica. Son numerosos los factores por los que personas y parejas eligen este país para encargar a sus hijos. 

En primer lugar, si bien Argentina no cuenta con una ley expresa que prohíba la maternidad subrogada las clínicas de fertilidad que ofrecen este “tratamiento”, como Biotex, hacen creer a los futuros padres que en virtud del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que establece el derecho a la intimidad, ni el Estado ni el poder punitivo deben interferir. Este ofrecimiento es un enorme engaño ya que la patria potestad es un asunto de orden público que trasciende la intimidad de las personas y en lo que el Estado sí tiene injerencia. Además, Argentina cuenta con una ley anti trata de personas (Ley 26.364) que enmarca la gestación por subrogación en el delito de trata. Es decir, ofrecer a una mujer para que geste un bebé para luego entregarlo, a través del pago de un precio, es una compra-venta de personas, es trata de personas y reducción a la servidumbre. Esto no lo aborda Biotex ni ninguna otra clínica de fertilidad. En nuestro país, las clínicas cobran a los futuros padres entre 50.000 y 60.000 dólares, esto es relativamente económico en comparación con Estados Unidos, Canadá o Europa que cobran entre USD 80.000 a 150.000. 

En Argentina son numerosas las clínicas que operan. Y ¿cómo lo hacen? Life Analytics ha denunciado ante el ministerio de Salud y la Dirección de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires anuncios en la vía pública que alientan a las mujeres a “alquilar” su vientre a cambio del pago de USD 10.000. Parece una oferta tentadora. Pero la realidad, es que muchas veces quedan desamparadas. Les hacen firmar a las mujeres un contrato en el que les hacen creer que ellas están obligadas a entregar al bebé a cambio del pago. La realidad es que según el Código Civil y Comercial de la Nación, la maternidad se establece con el nacimiento. Es decir, se realizan contratos nulos de nulidad absoluta, debido a que el objeto del contrato es una persona y nadie le dice a esa mujer, que la madre del bebé es ella y que tiene derechos parentales irrenunciables sobre ese niño y de los que sólo queda desligada a través de un proceso judicial de adopción. Es cierto que el Código también prevé la llamada “voluntad procreacional”, establece que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre. Mediante esta disposición, uno de los dos padres queda registrado como padre del bebé. 

En este proceso no sólo intervienen las clínicas de fertilidad. También intervienen estudios jurídicos y notariales que se encargan de los contratos, de las partidas de nacimiento de los menores y de todos los trámites para la salida del país. 

En Argentina hay tres casos que se encuentran en investigación por presunta red de trata. El primero es el Caso Bonn del año 2023. Alemania denunció al Consulado Argentino en Bonn la aparición de una mujer alemana de 58 años que llevó al hospital local a una bebé de 3 meses en pésimas condiciones de salud nacida en Argentina con documentación del registro Civil de CABA y pasaporte argentino. La mujer alemana no estaba en condiciones de brindarle salud ni seguridad y quedó en evidencia una mecánica empresarial y operatoria nacional e internacional. La Policía local le quitó la tenencia de la bebé, la entregaron a una familia sustituta; se localizó en qué clínica se produjo la fertilización y quién fue la gestante. Se investigaron a partir de allí 147 legajos entre 2018 y abril de 2024 en los que habían casos similares al de la mujer alemana. 

Luego en Córdoba, se investigó trata de personas. Actualmente hay 9 imputados y procesados. Se han detectado 14 mujeres víctimas en situación de vulnerabilidad, contratadas para gestar y luego dejadas desamparadas. Todas ellas han dado testimonio de que en los casos en los que perdían el bebé eran dejadas a su suerte y no se les abonaba ningún tratamiento ni les brindaban ningún tipo de acompañamiento psicológico o emocional. 

Por último, una pareja homosexual de italianos, que fueron detenidos por Migraciones en pre-embarque simulando que la madre subrogante era pareja de uno de ellos y le daba un permiso para que salga del país con la recién nacida. 

En Octubre del año pasado, finalmente la Corte Suprema de la Nación se pronunció sobre el caso A., C. L. s/ impugnación de filiación en la que una pareja homosexual, con el consentimiento de la madre gestante querían sacar de la partida de nacimiento el nombre de la madre en virtud de que quien había otorgado su voluntad procreacional no era quien había aportado el gameto para el proceso de fertilización. A este pedido la Corte rechazó este pedido diciendo, entre otras cosas, que la ley de filiación del código civil es por demás clara en establecer la filiación y que no corresponde a los jueces realizar una interpretación de una norma expresa. 

La práctica de la maternidad subrogada trae consigo un atropello de derechos y genera las condiciones idóneas para la realización de un negocio internacional que no le interesa el bienestar de ninguno de los intervinientes sino que juegan a ser el hada madrina de personas cegadas por un deseo que creen un derecho. El dinero que hay en juego para las clínicas de fertilidad, para notarios y abogados es motivación suficiente para hacer el montaje. Es por ello que se genera la reducción a servidumbre de las personas y  se las capta para explotarlas. 

Se desconoce por completo el derecho de identidad de los niños nacidos por técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) produciéndose una discriminación en relación a los niños nacidos de manera natural. Mientras que éstos conocen a sus progenitores desde el día uno, los nacidos por TRHA no pueden saber quien es su padre biológico con una orden judicial que se los permita. Esto genera una profunda crisis de identidad y puede acarrearles problemas psicológicos, como fue el caso de Olivia Maurel. 

Recientes estudios han demostrado también consecuencias biológicas como el caso de un donante con una mutación genética que causó múltiples casos de cáncer infantil. De los 67 niños engendrados con su material genético, 10 de ellos desarrollaron la enfermedad. 

No se puede dejar de remarcar tampoco la manipulación de la vida humana en donde se acepta el daño colateral que configura la pérdida de embriones humanos, dentro y fuera del útero de la madre, para la supervivencia de otros; sin contar con los problemas con los embriones crioconservados cuyos progenitores, teniendo ya su deseo satisfecho, no tienen intención de implantarlos. En países como la Argentina donde el embrión tiene estatus jurídico de ser humano, se estudia la posibilidad de aplicarles el régimen de adopción.

Esta situación plantea muchos desafíos tanto en la Argentina como en el contexto global. Lo primero es mostrar el panorama completo. Salir del relato romántico del hada madrina que ayuda a complir los deseos de las personas. Los hijos no son derechos y el deseo de formar una familia no puede justificar la vulneración de los derechos de las gestantes ni de los niños. La abolición de esta práctica, como propone la Declaración de Casablanca, es un objetivo que busca proteger la dignidad humana frente a la explotación. Los desafíos incluyen fortalecer la regulación, garantizar la aplicación de las leyes contra la trata y visibilizar las consecuencias de una industria que prioriza el lucro sobre el bienestar humano.

Basta con leer algunos portales para comprobarlo: la industria de la subrogación de vientre se nos presenta cada vez más como una historia de amor que desafía obstáculos, y no como lo que verdaderamente es: un negocio multimillonario de compra y venta de personas que se esconde detrás del dolor legítimo de no poder tener hijos.

En estos relatos mediáticos, el foco está puesto —casi exclusivamente— en quienes “lo intentaron todo” y finalmente “cumplieron el sueño de ser padres”. Se apela a la empatía del lector, se edulcora la crudeza de los hechos, se invisibiliza toda la cadena comercial que hay detrás y, sobre todo, se cosifica el cuerpo de las mujeres más vulnerables del mundo.

Un caso reciente publicado por uno de los medios nacionales de mayor difusión es ilustrativo: una pareja de hombres con alto poder adquisitivo recurre a una gestante en el extranjero para “formar una familia”. Luego, cuando reciben a una niña con una condición de salud inesperada, comienzan los reproches contra la clínica que “falló”, como si se tratara de un producto defectuoso. No hay autocrítica. No hay conciencia del abuso. Hay quejas. Como si el problema fuera el control de calidad y no la lógica de producción de seres humanos.

Detrás de estas narrativas se esconde una trampa comunicacional peligrosa. Los medios —y lo digo con dolor desde adentro— están naturalizando prácticas que atentan contra la dignidad humana. Se nos pide conmovernos con el deseo de los adultos y se omite deliberadamente la situación de las mujeres gestantes, a menudo empujadas por la pobreza a prestar su cuerpo a cambio de dinero. Mujeres que no tienen derecho ni siquiera a mirar al hijo que gestaron. Mujeres que —por contrato— renuncian a toda humanidad.

Como comunicadora social, me siento obligada a decirlo: no todo lo que genera lágrimas es justo. No todo lo que toca una fibra íntima es bueno. Y no todo deseo, por legítimo que sea, se convierte en derecho. El periodismo tiene la responsabilidad de mostrar toda la escena, incluso —y especialmente— cuando lo que se muestra no encaja con la sensibilidad hegemónica de la época.

Llamar “gestación por sustitución” a la subrogación no cambia su naturaleza. Las palabras suaves no blanquean lo inaceptable. No estamos hablando de un acto de amor, sino de contratos firmados ante escribanos, en clínicas que cotizan en dólares, con abogados que asesoran cómo “proteger al comitente” ante imprevistos. Esos comitentes son los adultos. Las madres gestantes, simples proveedoras del “servicio”. Los niños, mercancía.

Muchos de estos artículos periodísticos terminan pidiendo más regulación. Que haya controles, que se prohíba la explotación, que se reconozcan derechos básicos de las gestantes. Pero ninguna regulación convierte un delito en algo aceptable. Si se regula la trata de personas, sigue siendo trata. Si se regula la compra de niños, sigue siendo compra. La única regulación ética posible frente a esta práctica es su prohibición.

Hay voces lúcidas que acompañan esta convicción. La filósofa feminista Sylviane Agacinski denuncia sin rodeos esta práctica como una “nueva forma de esclavitud reproductiva” y alerta sobre la ilusión del consentimiento libre en contextos de desigualdad. La médica y activista Renate Klein llama a la subrogación “la explotación del siglo XXI”, donde las mujeres pobres son “colonizadas” por los deseos de los ricos. Y no es solo una cuestión religiosa o ideológica: países como Francia, Alemania, Suecia o Italia prohíben tajantemente esta práctica por considerar que vulnera derechos fundamentales.

Desde Newstad, creemos en un periodismo comprometido con la verdad, la justicia y la dignidad de cada persona. No nos corresponde adoctrinar, pero sí nombrar con claridad lo que otros disfrazan con eufemismos. La subrogación no es un gesto de amor, es una industria. No es solidaridad, es negocio. No es familia, es mercado. Y en el centro de ese mercado hay mujeres sin derechos y niños producidos como objetos de deseo.

Decimos no a la trata, sí a la vida. No al contrato que mercantiliza la maternidad. No al periodismo que silencia la injusticia en nombre de la emoción.

Informar bien no es emocionar. Informar bien es distinguir. Distinguir el bien del mal.