MADRID (Corresponsal) — La Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, fue aprobada para otorgar la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la dictadura franquista. Pero una cláusula adicional amplió el derecho a casi cualquier nieto y hasta bisnieto de españoles nacidos en el exterior.

La semana pasada, el Tribunal Supremo decidió una medida cautelar por la cual suspende el derecho al voto para quienes consiguieron la nacionalidad según esa ley. La respuesta del gobierno ha sido atacar a los jueces y a la oposición. En el pleno del Congreso, el miércoles 16, el presidente Pedro Sánchez consideró que el fallo era una “vergüenza” y dijo que el Partido Popular y Vox pretenden que haya “ciudadanos de primera o de segunda”.

Luis María Pardo es el abogado patrocinante de la denuncia de Iustitia Europa ante el tribunal. En una entrevista con Newstad explica los alcances de este fallo y por qué el aumento de votantes del exterior puede facilitar el fraude.

¿Qué es Iustitia Europa y por qué fueron a la justicia?

Somos un partido político transversal, nacido de la sociedad civil, y nuestra forma de hacer política consiste en llevar los problemas reales de los ciudadanos a las instituciones para que se investiguen y se resuelvan conforme a Derecho. Por eso, acudimos a la Junta Electoral Central para exigir control, trazabilidad y respuestas sobre cómo se estaban produciendo esas altas y cómo se asignaban territorialmente. Ante la insuficiencia de la respuesta, recurrimos al Tribunal Supremo.

Y el tribunal les dio la razón.

El Tribunal Supremo ha estimado esas cautelares y ha apreciado, entre otras cuestiones, una “controversia jurídica seria y fundada”, un “peligro fundado, real y serio” y un posible “daño irreversible” para la objetividad y transparencia del proceso electoral.

En el centro de la controversia está una cláusula añadida en su momento por Sofía Puente, hermana del ministro de Transporte, Óscar Puente

En realidad, Sofía Puente no modificó nada. Como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dictó una Instrucción destinada a interpretar y aplicar la disposición adicional octava. El problema jurídico es que esa Instrucción pudo ir más allá de interpretar la ley. Introdujo una presunción de exilio y una interpretación de los beneficiarios que, a nuestro juicio, amplió el ámbito previsto inicialmente por el Congreso.

¿Qué dice el fallo sobre esa instrucción?

El propio Tribunal Supremo sostiene que la interpretación cuestionada “no parece ajustarse” al contenido de la propia norma legal.

¿De qué manera los partidos mayoritarios podrían cometer fraude mediante un aumento del CERA?

El problema aparece cuando existe un crecimiento extraordinario del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) sin que pueda comprobarse de forma clara toda esa cadena. Una vez celebrado un proceso electoral y computados los votos, el daño puede ser imposible de reparar. Nuestra conclusión fue muy sencilla: revisar después no significa poder reparar después. Y el Supremo terminó apreciando un “peligro fundado, real y serio” y un posible “daño irreversible”.

La Oficina del Censo Electoral admite, en un informe, que no verifica el arraigo de los acogidos a la ley con la circunscripción que eligen

La adscripción territorial es fundamental porque determina en qué circunscripción se ejerce el voto. Si una persona nunca ha residido en España, se atiende a los vínculos o raíces con un municipio español, propios o de sus ascendientes. Y si esos elementos no permiten determinarlo, interviene el consulado con los datos disponibles. Una de las preguntas que formulamos a la Junta fue precisamente cuántas altas se habían asignado por cada criterio y qué documentación justificaba esa adscripción. Ese control es esencial porque hablamos de la composición misma del cuerpo electoral.

¿Por qué cree que el Partido Popular no los acompañó en su presentación judicial?

Eso debería explicarlo el PP. La instrucción de Puente estuvo publicada durante años. PP y también VOX tenían representación parlamentaria, asesores, equipos jurídicos y capacidad institucional. La Instrucción había sido recurrida en 2022, pero quien lo hizo fue la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, no el PP ni Vox. Aquel procedimiento no fue admitido y nunca hubo sentencia sobre el fondo de la cuestión.

El PSOE de Argentina afirma que las denuncias forman parte de una operación para desestabilizar al Gobierno. ¿Qué puede decirme al respecto?

Una denuncia ante la Junta y un recurso ante el Supremo son exactamente lo contrario de una operación de derribo: son Estado de Derecho. Nosotros presentamos escritos, datos y argumentos jurídicos. Las instituciones responden y los jueces deciden. El Tribunal Supremo, compuesto por magistrados independientes, ha estimado cautelarmente nuestra petición porque aprecia un riesgo electoral real. Convertir una actuación judicial en una conspiración política supone cuestionar a las propias instituciones y al Estado de Derecho cuando una resolución resulta incómoda.

En las últimas horas se habla de una posible intervención del Tribunal Constitucional. ¿Esto podría cambiar la sentencia del Supremo?

El Tribunal Constitucional no actúa como una tercera instancia que reexamine el asunto en su totalidad. Su función sería examinar posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Mientras tanto, el procedimiento principal continúa ante el Supremo y las medidas cautelares mantienen sus efectos. La cuestión de fondo sobre la legalidad definitiva de la actuación administrativa sigue pendiente de sentencia.

Cristina Fernández de Kirchner quiere jugar en las próximas elecciones, de eso ya no cabe duda. Por eso desde hace pocos meses ha reforzado su postura respecto a una condena que está “basada en nada”, según repite su defensa. 

Hace poco inclusive plantearon que la expresidente, si quisiera, podría participar de las elecciones PASO, argumentando de que esos comicios no son para un cargo efectivo. El impacto de semejante decisión sería la presión social, en caso de obtener un resultado digno, aunque en realidad esa estrategia no resiste análisis.

Esta semana, el nuevo aporte de los abogados Carlos Berarldi junto a las incorporaciones del brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, son documentos que probarían que no hubo beneficios ni direccionamiento en obra pública en favor de Lázaro Báez. 

Inclusive uno de los datos aportados a los que accedió Newstad indican que la constructrora que más financiamiento recibió fue IECSA S.A., propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

En diálogo con Newstad, el abogado Javier Borrego, da más detalles de este nuevo paso en la estrategia de una Cristina Kirchner que no quiere soltar la lapicera. 

¿Qué es la nueva prueba que según ustedes modifica la esencia de la condena contra Cristina Kirchner?

Apareció un testigo propuesto por la Fiscalía en la causa Cuadernos. El testigo aporta una serie de datos y se observa que allí están los pagos hechos por obras viales a lo largo de esos años. Esa es la nueva prueba.

¿Por qué esta nueva prueba aparece tan tarde?

En realidad, no es nueva. El abogado Beraldi pidió esta prueba ante el Tribunal Oral Federal y le dijeron que no. El 80% de la prueba que pidió fue rechazada. Recurrió ante la Cámara Federal de Casación, y también le dijeron que no. Recurrió en queja, y nuevamente le dijeron que no. Finalmente, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que tardó tres años en decir que no. Es decir, nunca se examinaron los pagos hechos con el fideicomiso de ese decreto.

¿Qué indican esos números que están mostrando ahora?

Toda la sentencia se basa en que Cristina publicó un decreto estableciendo que ese fideicomiso sería para pagarle a Lázaro Báez. Lo que se ha demostrado es que ese fideicomiso no pagó obras de Lázaro Báez ni en un 0,83%. Es decir, todo lo que dice la sentencia sobre el fraude y el abuso de Cristina es como un azucarillo: se ha deshecho.

¿Por qué en la condena a CFK esto no fue tenido en cuenta?

La única explicación es que han querido hacer un Don Quijote al revés y han visto gigantes donde solo hay 18 millones dentro de 2.200. No hay más.

¿Con esto van a la ONU?

Esta nueva prueba va a ser puesta de manifiesto en octubre ante la ONU, a ver si nos dan tiempo de verlo.

Los abogados afirman que estos documentos van en contra de la esencia de la condena, por lo que sueñan con que la ONU tome el caso y se expida. 

Sobre esta instancia, el abogado penalista Augusto María Cassiau es tajante: “El Comite de la ONU no es un tribunal, no emite sentencias . Nada obliga a un juez argentino a modificar una sentencia porque este comité opine distinto”. 

El letrado recuerda además que el caso ya agotó todas las instancias previstas por la ley. Y respecto a la posibilidad de que CFK aún condenada igual se presente a las PASO, resalta: “Tampoco resiste análisis. La ley 26571 exige para ser oficializada como precandidata cumplir con los mismos requisitos que se piden para el cargo final. Es como si dijeran que un jugador al que le prohibieron para siempre jugar en la selección que igual puede viajar en el plantel, entrenar y estar en el banco de suplentes. Esta apelación no tiene validez, es política y simbólica”. 

Hay frases que sirven para agitar una tribuna, pero no para explicar un conflicto. “Mendoza nos robó un río”, dijo el gobernador pampeano Sergio Ziliotto después de que la Nación resolviera que el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles corresponde a Mendoza. La acusación es contundente, aunque jurídicamente mezcla asuntos distintos: una cosa es el agua del Atuel y otra, la fuente que produce energía.

El Atuel es un río interprovincial. Eso está fuera de discusión. Pero interprovincial no significa mitad y mitad, ni convierte en bienes comunes todas las obras, inversiones y actividades económicas desarrolladas a lo largo de su recorrido. El agua atraviesa dos provincias; el salto hidroeléctrico de Los Nihuiles, en cambio, se encuentra enteramente en San Rafael. Esa diferencia, sencilla en apariencia, es la llave de todo el debate. ¿No lo sabe el gobernador pampeano?

El río nace en la cordillera mendocina, alimentado por nieves y deshielos, y desciende hacia una de las regiones más áridas del país. Antes de las grandes intervenciones del siglo XX, sus brazos alcanzaban el oeste pampeano y alimentaban bañados y pasturas. No corresponde negar aquella realidad ni el impacto que tuvo la disminución de los escurrimientos. Pero tampoco puede borrarse la otra mitad de la historia: Mendoza levantó sobre ese curso de agua un oasis productivo mediante generaciones de trabajo, canales, diques y una cultura hídrica que se remonta a la Ley de Aguas de 1884.

En 1918, las obras de Paso El Loro consolidaron derivaciones para el riego. Durante la década de 1930, el llamado Tapón de Ugalde alteró el brazo del Butaló. El cambio decisivo llegó con El Nihuil, autorizado por la Ley Nacional 12.650 y por un convenio celebrado en 1941 entre la Nación y Mendoza. Cuando el embalse comenzó a operar, entre 1947 y 1948, La Pampa todavía era un territorio nacional: no existía aún como provincia autónoma.

Ese dato no elimina sus derechos posteriores, pero impide contar la obra como una invasión mendocina ejecutada a espaldas de otra provincia. El Estado nacional, que administraba el territorio pampeano, participó de aquella decisión.

Provincializada La Pampa, el desacuerdo se convirtió en una causa federal. En 1979 demandó a Mendoza y reclamó, entre otras cosas, que se regulara en forma compartida el uso del río. Ocho años después, la Corte Suprema dictó el fallo que todavía sostiene una parte esencial de la posición mendocina.

La sentencia declaró interprovincial al Atuel, pero al mismo tiempo rechazó la acción posesoria y la pretensión pampeana de imponer el uso compartido en los términos solicitados, siempre que Mendoza mantuviera sus usos consuntivos efectivos dentro de una superficie de 75.671 hectáreas.

El Tribunal reconoció así el peso de los aprovechamientos preexistentes y de una economía construida alrededor del riego. También estableció que los usos futuros debían negociarse de buena fe y de manera razonable y equitativa. El texto de aquella sentencia no consagró una división matemática del caudal: protegió lo existente y abrió la puerta a acuerdos sobre lo que pudiera generarse en el futuro.

Allí aparece la primera razón por la cual Mendoza tiene una posición jurídica más fuerte. No porque sea dueña absoluta del río, sino porque posee usos actuales, efectivos y anteriores que la Corte reconoció y preservó.

En derecho de aguas, la prioridad no nace de una consigna ni de una línea trazada sobre el mapa: nace del uso razonable, consolidado y probado. Detrás de esas hectáreas no hay una abstracción. Hay fincas, poblaciones, empleos y décadas de inversión pública y privada.

Después del fallo se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior y se sucedieron los intentos de concertación. Hubo acuerdos para abastecer de agua potable al oeste pampeano y, en 2008, los gobernadores Celso Jaque y Oscar Jorge firmaron un convenio que vinculaba nuevas obras con el reparto del caudal recuperado. La propuesta nunca obtuvo la ratificación completa necesaria y terminó naufragando.

El episodio dejó a la vista una constante del conflicto: todos reclaman el agua, pero casi nunca logran acordar quién financia las obras capaces de recuperarla o aprovecharla mejor.

Con el tiempo, el derecho ambiental introdujo una dimensión nueva. En 2017, la Corte ordenó a Mendoza y La Pampa elaborar, con intervención de la Nación, un programa para recomponer el ecosistema afectado. Como no hubo acuerdo, en julio de 2020 fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial.

También ordenó que las tres jurisdicciones determinaran las obras necesarias, sus plazos y la distribución de los costos. El pronunciamiento de 2020 reconoció el interés ambiental pampeano, pero no borró los usos mendocinos amparados en 1987 ni ordenó repartir el río por mitades.

Ese punto suele desaparecer detrás de la propaganda. La Pampa tiene derechos ambientales y derecho a participar en la administración de una cuenca compartida. Mendoza, a su vez, conserva la prioridad de sus usos consuntivos reconocidos.

Compartir una cuenca no significa sacrificar un oasis consolidado, especialmente en años de escasez, sino aumentar la eficiencia, acordar obras y distribuir de manera federal los costos de una solución posible.

Mientras se discutía el agua, otro pleito avanzaba en paralelo: el de las regalías. En 1973, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, el Decreto 1560 dispuso que los ingresos generados por Los Nihuiles se repartieran en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. La decisión se presentó desde el comienzo como provisoria, sujeta a estudios más profundos.

En 1992, un acuerdo interjurisdiccional mantuvo el esquema, aunque lo dejó expresamente subordinado a lo que establecieran en el futuro otras normas o fallos.

Después cambió la doctrina jurídica. La Ley 15.336 distingue el agua de la energía producida por una caída de agua. La Corte Suprema ratificó en 2003 y 2009 que las regalías no corresponden por el mero hecho de que un río atraviese varias provincias, sino por la ubicación de la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada: el tramo comprendido entre el remanso de la presa y el punto donde el agua turbinada vuelve al curso natural.

En Los Nihuiles, todo ese sistema está en Mendoza. El embalse, las presas, las centrales, los saltos y la restitución de las aguas se encuentran en San Rafael. La Pampa forma parte de la cuenca del Atuel, pero no alberga ninguna porción de la fuente generadora.

Por eso el Decreto 982/2026 dejó sin efecto hacia adelante el régimen de 1973 y adjudicó a Mendoza la totalidad del 12% previsto como regalía hidroeléctrica.

Conviene ser precisos: no se trató de un fallo judicial, sino de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. Tampoco declaró nulos los pagos realizados durante los 53 años anteriores. De hecho, rechazó el recurso mendocino contra el viejo decreto por entender que aquel acto había sido válido bajo el régimen de su tiempo. Lo que hizo fue adoptar para el futuro el criterio general vigente y terminar con una excepción que perjudicaba a Mendoza.

En este punto, Luis Petri tiene razón. Cuando sostuvo recientemente que “la regalía se paga por la fuente hidroeléctrica, por el salto de agua”, señaló exactamente el criterio acogido por la Corte y por la Procuración del Tesoro.

También puede reivindicar un antecedente concreto: en 2020 presentó un proyecto para derogar el Decreto 1560/73 y reconocer a Mendoza la totalidad de las regalías, una iniciativa que quedó registrada entre sus proyectos legislativos de aquel año.

El argumento más sólido de Petri, sin embargo, no es que el decreto anterior proviniera de una dictadura. Ese origen no vuelve nula por sí sola una norma, y el propio Decreto 982 reconoce la validez histórica del régimen. Su verdadera razón está en otra parte: La Pampa cobraba por una generación eléctrica que no ocurría en su territorio.

El Atuel también es pampeano; Los Nihuiles, geográfica y jurídicamente, no.

Durante más de un siglo, el conflicto fue cubierto por capas de agravios, identidades provinciales y oportunismo político. Para despejarlas basta volver a los hechos. Mendoza no posee un dominio exclusivo sobre el río y debe participar de una solución ambiental seria. La Pampa no tiene, por esa interprovincialidad, un derecho automático a la mitad del agua ni a la mitad de toda renta producida aguas arriba.

Los derechos no son idénticos porque tampoco lo son los usos, las obras ni la localización de la fuente.

El federalismo no consiste en fingir que todas las situaciones son iguales. Consiste en reconocer cada derecho en su medida: el reclamo ambiental pampeano, los usos históricos mendocinos y las regalías allí donde efectivamente se genera la energía.

El río es compartido; el salto de agua no. En esa diferencia descansa la razón de Mendoza.

La Corte Suprema encara un año de producción récord a pesar de estar funcionando con tres miembros encabezados por Horacio Rosatti. La máxima autoridad judicial de Argentina se encontró ayer con un caso sin precedentes: la comunidad aborigen Tica exigió revisión para frenar una obra en Córdoba y se olvidaron de firmar el documento. No hubo entonces ni análisis por parte del cuerpo por ser expediente sin firma. Los Ticas, indios sin pluma.

Hay desprolijidades, hay errores de primer año de abogacía y, después, está el bochorno puro y duro. La comunidad aborigen Ticas, acompañada por un puñado de agrupaciones, pretendía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pusiera un freno de mano a dos obras viales clave para la provincia de Córdoba: la Ruta Provincial 5 y la Ruta 38. Querían parar el desarrollo, querían llevar la discusión a la cima del Poder Judicial, pero se mandaron un blooper inolvidable: enviaron el expediente sin poner la firma.

Sí, lograron sobrevivir a los tiempos de la conquista, pero no firmaron el papel, viajaron con el reclamo hasta la calle Talcahuano, armaron ruido mediático, pero la abogada patrocinante presentó el escrito a la Corte sin la firma de los propios integrantes de la comunidad y sin un poder legal que acreditara que actuaba en su nombre. Ni hablar de justificar alguna urgencia real. Un papelón a cancha abierta.

En tiempos donde la tribuna y el relato pretenden correr a la Justicia, la respuesta del Máximo Tribunal fue una verdadera lección de rigor técnico. La Corte no está para resolver caprichos ideológicos ni para enmendar las macanas de abogados descuidados. Está para hacer cumplir la Constitución y el Código Procesal.

El fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no dejó margen para la especulación:

"El escrito de interposición del recurso ha sido firmado únicamente por la letrada patrocinante, quien no ha invocado poder para representar a las recurrentes ni razones de urgencia que hagan aplicable lo dispuesto en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En tales condiciones, la presentación en examen constituye un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior. Por ello, se lo desestima."

Cortito y al pie. En el idioma de la calle: si no firmás el papel, la demanda directamente no existe.

El reclamo venía de rebotar en la justicia federal cordobesa porque ni siquiera pudieron probar que las autovías provocaran un daño ambiental interjurisdiccional. Sin embargo, en vez de revisar la consistencia técnica de lo que pedían, prefirieron ir a golpear la puerta de la Corte. Les duró lo que un estornudo: la propia torpeza de la defensa volteó la causa antes de que los jueces pudieran mirar el fondo.

La gestión de Horacio Rosatti al frente de la Corte Suprema ratifica una premisa central para el país: la seguridad jurídica y las reglas de juego son infranqueables. Se terminó la época en la que cualquier presentación mal armada pasaba por el costado si venía envuelta en un discurso simpático. Acá hay ley, hay procedimiento y hay respeto institucional. Y si no sabés usar la lapicera, la Corte te manda a marzo.

Gus se despierta antes de que amanezca, estos días fueron duros, la cabeza no paró. El día después de la visita familiar es una tortura, el tiempo no pasa y el optimismo cuesta. Un abrazo que no termina, hijos que se van sin su papá, eso único que quieren todos. Todo, absolutamente todo, por una mentira comprobada judicialmente, con dos, no un sobreseimiento, con exigencia de revisión por la máxima autoridad de los fiscales, con irregularidades en cada etapa antes del desastre. Mi amigo es el síntoma del desastre de la “Falsa Denuncia”, tristemente célebre los 9 de septiembre. Ayer se volvió a pedir justicia, y mi amigo se acostó otra vez preso. 

Mil noches. Los que somos padres, nos cuesta cuando estamos cuatro o cinco noches sin nuestros hijos. Miro sus fotos, los pienso, los rezo, los siento lejanos a pesar de que sé que los veo el lunes. Pensemos esto: mil noches. Mil veces dormirte sin verlos. Mil veces levantarte sin ese abrazo, sin besos, sin el calor y el mimo de nuestros chicos. Eso que nos da vida y nos obliga a ser mejor. Eso es lo que le arrancaron a mi amigo. Y por locura, rencor o todo junto.

En la cárcel, Gus es el “Negro”, su nuevo nombre, es sinónimo de buena leche, nunca un conflicto, nunca es nunca, ni antes ni después, jamás tuvo antecedentes ni incidentes ni un hecho delictivo. ¿Puede alguien ser una persona civilizada, sana, no violenta, no agresiva, amiguera, fanática de sus amigos y su familia, sin rasgos perversos, sin antecedentes, pero un día, de repente, convertirse quince minutos en el abusador de su hija o su sobrino para volver a ser “normal” para siempre? ¿Alguien puede pensar que eso existe? No hay un texto de los que analicé que planteé esa posibilidad.

Ahí, en el penal bonaerense, todos saben que es inocente y que  está ahí por un una mentira reconocida en privado por la propia jueza; jueza que fue después destituida por mal desempeño. Y sin embargo, la maquinaria penal avanzó igual, eran tiempos de wokismo en la Argentina. Ese wokismo que generó la muerte de Lucio Dupuy y que llenó de miedo a jueces y fiscales. Ese que permitió que psicólogas  disfrazadas de feministas armen preguntas inducidas para Cámara Gesel y meter preso a padres inocentes. Eso sigue vigente. 

El 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, un día para visibilizar la destrucción de vidas que provoca la instrumentalización del sistema penal. La historia de Gus no es una anomalía aislada, bajo este prisma ideológico que caló hondo en Argentina, las garantías fundamentales del Estado de Derecho, empezando por el principio de inocencia y la presunción de no culpabilidad, fueron reemplazadas por creencias, puntos de vista, percepciones y hasta auto percepciones, distintas variables menos elementos probatorios serios, invirtiendo la carga de la prueba y convirtiendo la prisión preventiva en una pena anticipada.

Yo te voy a contar el caso de mi amigo, pero sólo para que sepamos todos del delirio que estamos viviendo, ese que lo tiene secuestrado hace mil noches.

La gravedad del cuadro no es una mera apreciación defensiva. El propio Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, emitió un dictamen categórico en el que remarcó que la condena contra Gus vulneró la garantía constitucional de la revisión amplia y el principio in dubio pro reo. Conte Grand expuso que la acusación se construyó sobre relatos plagados de contradicciones (con más de siete versiones distintas), en ausencia total de lesiones físicas y bajo una imposibilidad material y temporal evidente. Por eso, el máximo jefe de los fiscales bonaerenses concluyó que la condena debía ser casada por la Suprema Corte debido a la falta de certeza y la arbitrariedad en la valoración probatoria.

El caso de Gus condensa el trágico costo humano de un sistema penal que cedió ante el dogmatismo ideológico. Cuando la perspectiva militante sustituye a la prueba objetiva, los tribunales dejan de administrar justicia y pasan a ejecutar cancelaciones. Recordar el Día Internacional contra las Falsas Denuncias no es un debate académico sobre teoría del derecho: es la necesidad urgente de exigir que la verdad y la neutralidad vuelvan a las salas de juicio, para que un hombre inocente no tenga que pasar ni una sola noche más en una celda por el delito de ser víctima de una mentira.

“Nosotros somos mileistas, es decir, hacemos mileismo, gastamos poco, sacamos contratos, achicamos la estructura y somos independientes, es lo que dice la ley". La definición es entre expedientes y café, eso que se consume en la Corte Suprema en cantidades industriales. Son tiempos de espera, estrategia y distancia de un Gobierno nacional que nunca logró acceder a un vínculo confiable con el Máximo Tribunal. Hoy el Gobierno se entera por los medios en qué anda la Corte; un cambio de época al compás del desgaste del Gobierno por sus propias internas.

La mirada del Máximo Tribunal es clara: el vínculo con el Gobierno es vago, esporádico y con muy bajo seniority por parte de los representantes del mileísmo. No son muchos los que saben el idioma judicial, y los jueces y colaboradores que integran la Corte no ven jugadores de envergadura. “Tenemos demasiados quilombos como para empezar a explicar dónde están las cosas, nosotros laburamos, tenemos récord de expedientes y el más bajo gasto en décadas, eso somos hoy”, resumen. 

“Vemos al Gobierno demasiado empecinado en pelearse con muchos actores mientras el tiempo se va y la oposición genera un candidato de peso”, consideran sobre la feroz pelea de Karina Milei y Santiago Caputo. Y aclaran que ven un escenario complejo para el Gobierno si no logra domar su internismo y abocarse a gestionar para evitar perder el año que viene. Por eso la iniciativa de la semana pasada incluyó temas de las provincias, de política y de distintas áreas para exhibir trabajo con visión federal y de gestión.  Muchos ahí ven a Axel Kicillof participando de una PASO con el líder santiagueño Gerardo Zamora, y no dudan, prefieren a Zamora . “No queremos un centro de estudiantes, queremos un Gobierno”.

Yendo al laburo de la semana pasada, el golpe con mayor voltaje político de las puso en el centro del scanner a la diputada Marcela Pagano que estrenó rostro y maternidad el último trimestre y es una de las figuras más enfrentadas con Javier y Karina Milei, a quienes directamente acusa de corruptos y mafiosos. Junto a su pareja, el abogado Franco Bindi, la legisladora buscaba desesperadamente tener acceso como imputada a la causa penal iniciada a raíz del escándalo por la filtración de escuchas que involucraron al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Todavía se deben estar acomodando la nariz del portazo que recibieron: la Corte convalidó lo  actuado por el juez Julián Ercolini, la Cámara Federal y Casación, desestimando la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva. Lejos de arbitrar en favor de los tironeos de la coyuntura, el Tribunal aplicó con rigurosidad el Código Procesal. Pagano se haya más cómoda en en otra posición, equidistante de la argumentación legal y los datos, se mueve mejor en lo mediático. Así se hizo de abajo.

Esa misma línea de laburo se reflejó en otros despachos clave de la jornada última. En materia de transparencia en la función pública, el Tribunal dejó firme la condena por concusión contra Rafael Resnick Brenner, ex hombre fuerte de la AFIP de Ricardo Echegaray y salpicado en el caso Ciccone. Al rechazar las quejas de la defensa, dejó expedita la vía para que el ex funcionario vuelva a sentarse en el banquillo por el presunto cobro de coimas a empresarios mineros en Salta a cambio de “protección tributaria”.

En simultáneo, ratificó la condena a cuatro años de prisión para Pablo Carlos Molina, ex secretario judicial de Corrientes que uso causas de narcotráfico para armar intervenciones telefónicas ilegales sobre su propia esposa y un tercero. Los riesgos del lumpenaje; es que cada tanto se ven los hilos. Sin importar la envergadura ni la filiación de los involucrados, las decisiones mantuvieron un trazado técnico impecable.

El mensaje hacia afuera es sutil pero contundente: la Justicia funciona a pleno rendimiento, fijando límites procesales claros tanto a los acusados de espionaje como a los ex funcionarios sospechados de corrupción. Mientras la política vacila, la lapicera de Talcahuano no pide permiso. Habrá que ver si en la Casa Rosada alcanzan a interpretar el movimiento antes de que el próximo fallo los obligue a reaccionar tarde, otra vez.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu atraviesa el peor momento de su carrera política, entre datos duros que exponen el desastre en Gaza, una comunidad internacional que lo condena casi al unísono y Estados Unidos con expresiones de rompimiento que no se escuchaban desde la guerra fría. Los judíos del exterior explican por qué no los representa, nadie quiere los muertos en Gaza. La ONU explica por qué es un genocidio con exterminio, inlcuidas muertes y violaciones a menores de edad. 

La base técnica de este aislamiento global quedó expresamente planteada en el informe emitido por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, publicado el martes pasado. Este documento es oficial y concluyó que las fuerzas de seguridad bajo la cadena de mandos de la administración de Netanyahu han incurrido de manera planificada y sistemática en ataques deliberados contra niños y adolescentes palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Hasta ahora, Israel sigue aceptando el plan de Bibi, a pesar de que los propios lo denuncian. 

De acuerdo con las declaraciones del presidente de dicha comisión, Srinivasan Muralidhar, los datos recopilados demuestran que los más chicos han dejado de ser considerados "daño colateral" de las hostilidades contra facciones armadas para transformarse en objetivos focalizados dentro del teatro de operaciones. El viejo truco de la defensa que planteó Israel no cuenta y ahora hay un exterminio con violaciones vigentes y comprobadas que exponen al país como nunca desde su fundación.

Los datos crudos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y el Ministerio de Salud de Gaza plantean cifras que echan luz sobre el horror: desde el inicio del recrudecimiento de las operaciones militares en octubre de 2023, la cifra de muertos total en el territorio supera las 70.000 personas.

Dentro del universo de los muertos certificados,  el 30% del total de las personas corresponde a menores de edad. Hay un dato que empeora todo: durante el  supuesto de cese al fuego y treguas parciales monitoreadas en octubre de 2025, el flujo de bajas de menores no paró, registrándose más de 265 muertes de chicos en periodos formalmente catalogados como de cese de hostilidades directas. Es decir, esos muertos son computados como crímenes de guerra, no hay excusa ni daño colateral.

A los muertos directos por explosiones y armamento se suma la inviabilidad estructural del hábitat para los supervivientes. Esto en palabras sencillas es: la comunidad internacional considera que Israel generó un territorio imposible para vivir en Gaza, donde destruyeron escuelas y hospitales para que no se pueda sostener la vida en condiciones dignas. Son informes de organizaciones internacionales de monitoreo como Human Rights Watch (HRW) y Amnesty International los que determinan que el 97% de los establecimientos educativos e infraestructura escolar de la Franja de Gaza sufrió daños totales o parciales que impiden el retorno de los chicos a la escolaridad básica. Es decir, un lugar acabado para el futuro.

También, los reportes técnicos del Sistema Global de Seguridad Alimentaria (IPC) de la ONU indican que la totalidad de la población menor de edad enfrenta situaciones de crisis aguda por desnutrición y falta de acceso regular a redes de agua potable, como consecuencia directa de las restricciones impuestas al ingreso de asistencia humanitaria en los pasos fronterizos controlados por el gobierno israelí. Prohiben alimentos, prohiben agua potable, atacan y rompen hospitales y escuelas, eso es Gaza hoy y eso no es defenderse por sentirse perseguido.

El informe número A/HRC/62/CRP.2 de la Comisión de Investigación de la ONU profundizó en áreas especialmente sensibles relativas al trato de civiles bajo custodia militar. Este informe incluye testimonios verificados de ejecuciones sumarias de menores de edad en contextos donde no se registraban enfrentamientos activos o resistencia armada, describiendo casos de chicos que murieron desangrados en la calle ante la supervisión pasiva de patrullas militares que denegaron de forma sistemática la asistencia médica básica de urgencia. Es decir, matanza planificada con tortura a chicos.

Para empeorar la situación, los equipos de investigación independientes de las Naciones Unidas formalizaron denuncias explícitas y expedientes específicos que documentan casos de abuso y violencia sexual contra detenidos y civiles palestinos —incluyendo adolescentes— por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Estas prácticas han sido catalogadas en los informes multilaterales como herramientas sistemáticas de humillación y castigo colectivo aplicadas dentro de los centros de “detención temporales” y bases operativas controladas por el gobierno de Netanyahu. Los propios israelíes repelen y condenan este accionar, que sólo puede ser militado por una minoría fascista y xenófoba, más allá de su ambición imperial.

La persistencia de esta línea operativa ha profundizado el distanciamiento entre las potencias occidentales que históricamente proveyeron soporte diplomático a Tel Aviv y la actual conducción política israelí. Las críticas dentro de la comunidad internacional se han concentrado de forma quirúrgica en la figura de Benjamín Netanyahu, a quien se señala como el responsable doctrinario de la prolongación de las operaciones militares por razones de supervivencia política local. El enfoque de "fuerza desproporcionada" y el bloqueo deliberado de los suministros vitales han llevado a que las comisiones de la ONU reiteren que las directivas del primer ministro configuran los elementos técnicos requeridos para establecer la "intención genocida" orientada a destruir la vitalidad demográfica y el futuro de la población de Gaza. Es decir, ahora “el mundo” coincide en que en Israel se lleva a cabo un genocidio.

Este escenario técnico-legal sustenta el avance de los procesos en los tribunales de La Haya. Netanyahu enfrenta pedidos de captura e investigaciones formales ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, complementados por las demandas en curso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la vulneración flagrante de las medidas provisionales obligatorias que ordenaban el libre ingreso de ayuda humanitaria y el cese de actos de exterminio.

La respuesta de la oficina del primer ministro, calificando los informes de la ONU como "libelos difamatorios", ha perdido tracción frente a la consistencia metodológica de los datos juntados en el terreno por agencias como UNRWA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales reportan además la muerte de cerca de 600 trabajadores humanitarios bajo fuego israelí desde el inicio del conflicto. El análisis de los datos objetivos demuestra que el aislamiento internacional de la gestión de Netanyahu no responde a posicionamientos ideológicos flotantes, sino al peso acumulado de las estadísticas oficiales que documentan de manera fría la destrucción sistemática del entramado social en Gaza, ensañándose con los más chicos.

En distinos casos de falsas denuncias relatados en Newstad se habló sobre relatos implantados, en especial en niños, e inclusive Cámaras Gesell construidas para entrenar al niño en la mentira. ¿Qué esta faltanto entonces para detectar estos patrones que se repiten?.

La psicología del testimonio, una disciplina poco desarrollada en Argentina pero con más de un siglo de trayectoria internacional, puede aportar herramientas clave para analizar la fiabilidad de los relatos en causas judiciales, especialmente cuando involucran a niños. En esta entrevista con Newstad, el perito psicólogo e investigador forense, Pablo Martínez Soares de Lima, explica los alcances y límites de esta especialidad, advierte sobre los riesgos de la sugestión en los testimonios infantiles, cuestiona la "psicologización de la Justicia" y sostiene que, sin una investigación criminalística que contraste los relatos con evidencia objetiva, es imposible determinar científicamente si una persona miente o dice la verdad.

NEWSTAD: ¿Qué es la psicología del testimonio o de la memoria?

PABLO MARTÍNEZ SOARES DE LIMA: Es una subdisciplina de la psicología jurídica que existe en el mundo desde finales del siglo XIX. Pensemos que el criminólogo Lombroso ya había escrito un libro sobre psicología del testimonio para el ámbito penal. Estamos hablando de finales del siglo XIX.

En Argentina no se escuchaba hablar de psicología del testimonio hasta hace menos de 20 años. En 2010 comencé a capacitarme en psicología del testimonio con unas psicólogas del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación que habían ido a España a formarse y dieron aquí un curso para un grupo reducido de peritos. A partir de ahí empecé a formarme.

NS: ¿Por qué en Argentina hay tanto desconocimiento de la psicología del testimonio? 

PMSL: Tiene que ver con fundamentos epistemológicos de la psicología del testimonio que adhieren a la psicología cognitiva y experimental, que en nuestro país es casi inexistente, porque el dominio es psicoanalítico. Entonces existe una colisión epistemológica: un dominio del psicoanálisis que rechaza lo cognitivo. Eso es lo que frena y casi impide las formaciones en psicología del testimonio.

Sin embargo, últimamente las cosas vienen cambiando y hay algunos lugares donde formarse. Yo recomiendo la Diplomatura en Psicología del Testimonio que ofrece el Colegio de Abogados de Tucumán, que tuvo su primera edición el año pasado y este año tendrá una segunda edición. Pero, si bien es una muy buena formación, todavía no alcanza el nivel de especialización. Falta mucho para que la psicología del testimonio se instale como una verdadera especialización.

NS: ¿Por qué es tan importante esta herramienta en eventuales causas de falsas denuncias? 

PMSL: La capacitación en psicología del testimonio, al trabajar sobre la memoria, porque la psicología del testimonio implica un análisis profundo de cómo funciona la memoria humana, permite estudiar cómo está influido un relato. Permite detectar si un relato es el resultado de una experiencia que alguien vivenció o si no es una vivencia, sino algo construido.

La diferencia es muy importante: una ficción o una realidad. Por supuesto, no es una ciencia exacta como para poder determinarlo con certeza, pero sí ayuda a detectar influencias y, de ahí, las posibilidades de que un relato haya sido implantado, es decir, introducido por otra persona. Pensemos en niños, por ejemplo, de forma voluntaria o involuntaria, que suelen ser los casos más comunes.

Cuando los niños escuchan conversaciones y están en un entorno de adultos, van adquiriendo información que hacen propia. Después, cuando se les pregunta sobre determinados hechos, hacen una mezcla de situaciones que han vivido y de cosas que han escuchado. Entonces, la psicología de la memoria, especializada para los juicios a través de la psicología del testimonio, permite detectar estas posibles influencias existentes en la memoria.

NS: ¿En qué edades se debe ser todavía más cauto a la hora de tomar un testimonio? ¿En qué detalles puede detectarse una narración construída?

PMSL: Enfocando más en los niños, sobre todo cuando son preescolares, es muy importante comprender la posibilidad de la sugestión. La sugestionabilidad es la capacidad que tiene un adulto o un tercero de sugestionar a un niño de esa edad. No es lo mismo la etapa preescolar, hasta los seis años, que un niño de diez años, un adolescente o un adulto.

Si bien todo ser humano es sugestionable, las etapas de la niñez temprana son especialmente sensibles a la sugestión. Los niños pequeños, cuando cuentan algo, pueden relatarlo como si lo hubiesen vivido ellos y, en realidad, lo vivió un hermanito, un compañerito o lo vieron en un personaje de televisión o en un cuento, y lo cuentan como propio.

Tampoco pueden contextualizar, secuencializar ni construir una línea temporal adecuada. Estos factores son fundamentales en la toma de la Cámara Gesell. Muchas veces los niños relatan allí determinados hechos y quienes no están capacitados en psicología del testimonio creen estar obteniendo una narración válida, cuando en realidad, si se comprende esta capacidad de sugestionabilidad, se debe entender que el relato no es fiable.

Nunca va a ser completamente fiable el relato de un preescolar, sobre todo si pasó el tiempo y si se le preguntó con anterioridad muchas veces. Entonces, el relato no es fiable, lo que no significa que no sea creíble, que es otra cosa. La credibilidad se analiza en una instancia posterior; aquí estamos hablando de la fiabilidad.

Supongamos una adolescente que ya tiene una capacidad diferente respecto de la sugestión y nos brinda un relato. Ese relato puede tener una consistencia distinta y ahí sí podemos discutir si es creíble o no, utilizando criterios de credibilidad que existen para ello.

Es importante destacar que, aun con la mejor capacitación en psicología del testimonio, esta disciplina no detecta mentiras. No existe hasta el momento una forma científica de diferenciar la mentira de la verdad en un relato. Esto es fundamental porque muchas veces se cree que se podrá detectar si alguien miente o dice la verdad, ya sea en el análisis de testimonios o en los relatos obtenidos en pericias psicológicas o psiquiátricas. No existe una forma científica de hacerlo.

NS ¿A qué error te referís cuando hablás de una “psicologización de la Justicia”? ¿Qué está faltando?

PMSL: La Justicia muchas veces deposita en la psicología la esperanza o la creencia de que la psicología va a poder resolver si una víctima es una verdadera víctima o no. Y esto no es así; es una fantasía.

Lo que está faltando, en realidad, es un cuerpo de investigadores que vaya a las escenas donde supuestamente ocurrieron los hechos, que conozca otras actividades objetivas de la presunta víctima y que contraste esa información con los relatos que la persona brinda. Es decir, una verdadera investigación, como la realiza un criminalista.

Pensemos que el buen investigador en este tipo de casos sería también un criminalista, pero que además tenga formación, o cuente en su equipo, con un especialista en psicología del testimonio o en psicología de la memoria. Esta formación adicional permitiría arribar a conclusiones más certeras que una simple pericia psicológica en la que el perito entrevista a una presunta víctima y elabora una versión sin contrastar la información para detectar verdaderas mentiras.

No basta con la psicología. Esto lo saben los investigadores y los agentes de inteligencia: la forma de saber si una persona miente o dice la verdad es obteniendo información objetiva sobre los pasos que da y las actividades que realiza. No guiándose tanto por lo que la persona dice, sino por lo que hace.

Para saber lo que hace una persona se requiere una investigación de sus actividades, de los recorridos que ha realizado, de la mensajería que tenga en su celular, de sus gustos y de otros elementos objetivos. En definitiva, una verdadera investigación de la persona para contrastarla con el relato.

Eso, por supuesto, no suele hacerse en las causas por denuncias de abuso, donde simplemente se toma como ocurrido lo que una persona dice que ocurrió.

NS: ¿Qué le contestarías a quien te palentea que esta indagación en sus actividades es una revictimización del denunciante?

PMSL: Toda actividad investigativa en este tipo de causas va a generar una inevitable revictimización, pero es necesaria para la investigación. Esto es algo que hay que explicarle a quienes denuncian.

A quienes denuncian se les debe explicar que se van a aplicar protocolos cuyo objetivo es comprobar lo que se está diciendo y que ello es necesario para la investigación. Por lo tanto, en las víctimas reales va a haber una revictimización que es inevitable.

Por otro lado, en los casos donde se denuncia de forma falsa o equivocada, también existe una victimización directa, que es la del propio proceso judicial. Todas estas actividades investigativas generan una victimización en las personas que están siendo investigadas, aun cuando sean inocentes o incluso ajenas a la relación entre víctima y supuesto victimario.

Esto genera daños psicológicos que pueden ser mínimos si se ajustan adecuadamente a los protocolos. Cuanto menos se respeten los protocolos y cuanto menos eficientes sean los procedimientos, mayores serán los efectos que sufrirán los involucrados.

Pero esos efectos nunca van a ser cero. Siempre va a haber una revictimización. La idea es reducirla al mínimo.

Son las ocho de la mañana, las mesas de Tabac se van llenando, Pepin Rodriguez pasó y se fue, Horacio Rodriguez Larreta saludó amable como siempre y siguió viaje. Un juez amigo me pregunta cómo veo el Gobierno,  todo normal hasta ahí. Me escribe un amigo, preso, para ver cómo anda todo. Hablamos de algunas cosas y me manda el saludo de los hijos por nota de audio, una rutina diaria que sostiene con ellos y su mujer. Me manda el audio y lo abro sin pensar mientras leo diarios y charlo.

- Hola pa, acá estamos tomando mate con mamá, se empieza a ir la tarde, esta muy nublado, te quiero mucho mucho mucho pa, faltan pocas horas para verte. 

El audio termina, y no puedo respirar. Me voy al baño a respirar, a buscar aire y lloro, transpiro. No puedo escribir. Lloro sin parar en Tabac mientras hablo con mi amigo, un buen tipo inocente que está preso en un penal bonaerense hace más de dos años, ochoscientas noches preso por algo que no hizo. Los hijos le mandan besos todas las noches, la mujer se duerme rezando para que vuelva a casa. Una familia atravesada por una falsa denuncia que con fe y esperanza creen que Papá va a volver y así va a ser. 

Mi amigo se separó muchos años atrás de una mujer muy complicada con un matrimonio que se fue tornando oscuro y que derivó en divorcio. Se volvió a enamorar, formó una familia nueva con su nueva mujer e hijos y un día le llegó una citación. Sin haber tenido antecedentes, sin haber sido violento, sin haber tenido problemas con la ley nunca en su vida, lo acusaban de las peores cosas. Su ex le inventó una causa que no prosperó, lo sobreseyeron, no una, dos veces. Un día Casación reabrió y casi en un trámite exprés lo metieron preso con pena de 25 años. Un tipo inocente se sometió la autoridad y le dijeron que era inocente, y después lo metieron preso. 

Pero eso no es todo: la jueza fue destituida por mal desempeño después. Hasta el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, un técnico que no es discutido ni por opositores, emitió un dictamen contundente explicando errores y sombras en la causa. Ahora decide su suerte en la Corte Bonaerense. Por qué no lo liberan, nadie sabe. ¿Qué hace preso un tipo inocente sobreseido dos veces, con dictamen favorable y sin pruebas que lo condenen? Una cámara Gesell con recuerdos implantados que no concuerdan, que son visiblemente implantados, con errores groseros, fueron la materia prima de la denuncia. Veamos qué hacen otros países para entender cómo estamos.

Si en España alguien inventa que su ex pareja abusó de sus hijos y se comprueba falsa, lo penan con cinco años de cárcel o una multa de 45.000 euros, es decir, en un país donde la media orilla los dos mil euros, ensuciar la imagen de una persona y dañar su honor y lograr cercenar su libertad cuesta 22.5 sueldos, algo que casi nadie podría pagar para evitar los años de cárcel por mentir.  Mentir es caro.En términos de Thomas Hobbes, acá el Leviatán no aplicando la violencia legitima que corresponde, por lo que la sociedad entonces en su conjunto vuelve al caos primitivo, es decir, a las falsas denuncias que reglaron el mundo durante siglos. Hoy sin darnos cuenta habitamos ese caos primitivo, cuyo nombre aggiornado es el wokismo. 

En Argentina las cosas son más fáciles. Una mujer no soportó que no la quieran, pensó que su marido era poco para ella o simplemente es una mala persona. O todo junto. Entonces cuando su ex marido rehizo su vida y reencontró el amor (eso que le pasa a los buenos tipos) , decidió en sociedad con su padre, un empresario adinerado, destruir la vida de su ex. Así aparecieron contactos informales con parte de la justicia, una denuncia sucia y sin gollete que cayó en saco roto y un periodo de angustia para este amigo mio. Dos veces la justicia lo sobreseyó, pero el Leviatán no fue por la mujer, es decir, no tuvo una sola consecuencia haber embarrado el honor de un buen tipo. Pero ahí estuvo la Justicia para volver atrás, condenarlo de forma exprés y meter preso un hombre padre de familia, eso que destruyó la falsa denuncia y la agenda woke.

 En EEUU no se jode, menos que menos. Tanto el perjury como el false statment ante la Justicia son muy graves y te pueden llevar a diez años de cárcel o peor, toda la condena del delito que falsamente endilgaste a un inocente. Eso es lo que en Argentina se pide a gritos y lo que este humilde periodista cree que sería la cura para la falsa denuncia. Como autor de esta nota, aclaro por las dudas: cualquier hombre que sea capaz de violentar, pegar, violar, abusar de su mujer o sus hijos, tiene que morir preso. Las cosas claras, acá estamos analizando la mentira, no la violencia. Si un hombre es capaz como el rugbier Patricio Albacete que se vio días atrás pegándole sin asco a su mujer, tiene que ir preso, sin debate, sin opinión, sin vueltas y con el mayor de los castigos.

Si un padre o madre (eso que hizo la mamá de Lucio Dupuy) abusa de su hijo y lo viola sistemáticamente (como hacía la novia de la mamá de Lucio Dupuy porque una juez mujer le entregó el hijo a las dos sin ingresos estables ni examen socioambiental coherente) la pena es de 20 años o reclusión perpetua. Como autor de esta artículo, quiero que las mujeres u hombres que inventen delitos sexuales vayan presos la misma exacta cantidad de días que si hubieran cometido la violación o el abuso o la violencia. Ese día se terminan en Argentina las falsas denuncias, no tengo una sola duda. 

Ahora volvamos a Argentina: acá la condena por inventar una violación a un menor es una multa equivalente a una empanada pero barata, no las que come Ricardo Darin. Entre 750 y 12 mil pesos cuesta cagarle la vida a una persona inocente. Es decir, llevarte puesto un proyecto de vida, una familia, terminar la vida laboral y el prestigio de una persona inocente se resuelve con dos de humita. Ese es el presente de las penas para quienes ensucian y arruinan vidas por rencor o problemas de salud mental. O simplemente por malas personas. ¿Cómo no vas a ensuciar la vida de tu ex si la multa es menos que un litro de leche?

Si bien el artículo 245 del Código Penal tipifica el delito de Falsa Denuncia con penas de dos a doce meses de cárcel o multa, es un marco penal que el establishment judicial califica de "inexistente", porque no disuade la acción. Es decir, es más barato arriesgarme a arruinarle la vida a un tipo inocente y que me descubran, a tener que ver cómo mi ex rehace su vida con su nueva mujer e hijos en paz. 

En el Congreso hay movimientos claves. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado le dio dictamen favorable a una iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión cuando la simulación involucre supuestos contextos de violencia de género o abuso sexual contra menores. En sintonía, Lilia Lemoine y Patricia Vásquez hicieron lo propio en Diputados, que empujan el mínimo del delito general a tres años y establecen topes de hasta 10 años para falsas acusaciones que involucren a menores de edad.

Sin embargo, desde una perspectiva de estricta justicia retributiva y técnica jurídica, estas reformas siguen sin generar disuasión, es decir, no cambian el escenario. La verdadera reforma estructural exige aplicar el principio de simetría penal: los que simulan la comisión de un delito con el objetivo de destruir a un tercero tienen que afrontar de manera exacta la escala penal para el crimen inventado. 

 La persona que hace una denuncia penal sabiendo de su falsedad, busca de forma voluntaria e inequívoca que el Estado aplique sobre un inocente una condena específica; por ende, el dolo criminal y la lesividad de su conducta deben ser medidos con la misma vara con la que pretendía condenar a su víctima. No podes por rencor, porque no te quieren, o porque lisa y llanamente estás roto o rota, dar por terminada la vida de una persona, que es lo que pasa cuando alguien pasa 25 años preso por algo que no hizo.

Las mujeres que inventan delitos sexuales, violencia, lo que sea contra su ex pareja para arruinarles la vida, no pueden querer a sus hijos. Es imposible amar a un hijo sabiendo que si se inventa una denuncia de abuso, un chico tendrá que pasar por peritajes, cámaras Gesell, estrés pos traumático insoslayable por el contexto al que va a pasar. Todo el periodo de proceso con la angustia, el desgaste del padre por recuperarlos, la pérdida de la figura paterna en detrimento de un nuevo guión falaz cargado de rencor y de la aborrecible ideología de género que tanto daño le hace al mundo. Esas mujeres, no quieren a sus hijos. Pueden decir que los aman, pueden llamarlos con voz tierna y decirles los piropos más queribles, pero no los quieren. Nadie que ame a su hijo como corresponde permitiría que su padre o madre desaparezcan de su vida por rencor personal. Es un crimen, es un delito, es una forma de asesinato de una persona.

El viejo truco de sumar gastos y direccionarlos fueron el final para la gestión de Demian Reidel en el Gobierno. “Cerca de ochenta tarjetas de crédito de distintas épocas, viajes y personas se juntaron para decir que Demian gastaba, algo que se sabía que era falso y más de un tipo que era austero y técnico”, un hombre que trabaja con los hermanos Milei describió a este medio la forma en que se logró enchastrar la figura del ex jefe de asesores. Lo lograron, pero después no hubo datos, y ahora viene la contraofensiva.

Marcela Pagano atraviesa días complicados. El Gobierno comprobó que trabaja abiertamente con el kirchnerismo y parte de los servicios de inteligencia para intentar horadar el plan de Gobierno. El circuito es siempre el mismo, los mismos periodistas, los mismos canales, la falsa denuncia, generar barro y buscar una renuncia para marcar agenda. Ahora se le viene la noche a la diputada que deberá explicar su nivel de vida tras lograr dejar su infancia del Conurbano austero para vivir en mansiones y comprar una casa en Nordelta por más de un millón de dólares.

Demian Reidel esperó que baje la espuma. Fueron meses intensos de leer en medios y redes que su nombre era ensuciado, puesto en duda incluso su idoneidad. El físico que se formó en el Instituto Balseiro, en Harvard y la universidad de Chicago esperó, se fue del Gobierno tras una intensa operación de desgaste orquestada a la perfección y ahora es su turno. Las charlas con Karina Milei, la confianza de ambos y la posibilidad de exponer una forma de operar y ensuciar que involucran a Marcela Pagano, su marido Franco Bindi y su satélites dentro y fuera del Gobierno. No hay pruebas, la diputada no sumó datos y su situación se complica. 

Reidel goza de la confianza de los hermanos Milei y prefirió volver al sector privado, ahí donde hizo su carrera hasta llegado el gobierno liberal. A través de un escrito de ampliación de manifestaciones en la causa CFP N° 2339/2026, el ex jefe del Consejo de Asesores económicos, sacó un arsenal de pruebas definitivas y dejó al descubierto una realidad incómoda: la diputada Marcela Pagano continúa sin presentar un solo documento que sostenga sus acusaciones y quedó acorralada en un laberinto de despecho político. 

El fenómeno dejó de ser una escaramuza de pasillo para convertirse en una demolición quirúrgica donde el Gobierno y el propio Reidel pasaron de la defensa al ataque, dispuestos a ir por todo contra la legisladora rebelde. El impacto de la última presentación se basó en la orfandad probatoria de la denunciante. Mientras Pagano agitó fantasmas mediáticos sobre presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, sobreprecios y cohecho en la sociedad estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A., los expedientes reales pulverizaron el relato renglón por renglón. 

La diputada no aportó facturas, ni contratos, ni transferencias que validaran la sospecha; en su lugar, la defensa de Reidel arrastró al abismo la denuncia al demostrar con el frío rigor contable que las operaciones objetadas fueron meros fantasmas burocráticos que jamás se perfeccionaron, haciendo jurídicamente imposible la existencia de un perjuicio fiscal.

La justificación de los fondos personales del asesor presidencial aportó la dosis más letal de claridad al expediente judicial, sepultando cualquier fantasía de lavado. Reidel acompañó tres convenios de cesión onerosa de participación en el Fideicomiso Uruguay 6060 - San Isidro, fechados el 15 de diciembre de 2025, por un monto total de 770.000 dólares. Con ese dinero de origen privado, blanco y preexistente, el funcionario canceló sus pasivos en el Banco Macro el 18 de diciembre de ese mismo año, casi cinco meses antes de que se radicara la denuncia en mayo de 2026. Win win para el asesor que, con los recibos sobre la mesa, transformó la sospecha de cohecho en una explicación básica de administración de finanzas personales.

Mientras Pagano estiró los plazos sin exhibir una sola planilla firmada, la contraofensiva oficial exigió citar a todo el conjunto de proveedores de la firma estatal para que declaren si existió algún pedido indebido de dinero, una jugada que terminará de vaciar el legajo.

En el caso de la migración del sistema SAP/HANA, el escrito probó que el trámite consistió en un análisis preliminar de factibilidad heredado de la gestión anterior y que la solicitud de pedido se eliminó en enero de 2026 para no comprometer partidas. No existió pliego definitivo, ni contrato, ni erogación de fondos públicos. Respecto al servicio de limpieza de Nucleoeléctrica —donde Pagano denunció sobreprecios por 140%—, el informe técnico demostró que la oferta estuvo totalmente alineada, con menos del 1% de diferencia, respecto al Precio Testigo de la SIGEN. El procedimiento completo se revocó y se dejó sin efecto en febrero de 2026, sin que mediara contrato ni pago indemnizatorio alguno. 

La acusación de un supuesto direccionamiento en la licitación de pintura epoxi hacia la firma Consulper S.A. también chocó de frente contra los registros del Boletín Oficial. Los documentos públicos demostraron que el oferente recomendado para la adjudicación fue CIMSA Servicios S.R.L., desarticulando cualquier sospecha de favoritismo o capitalismo de amigos. El buen vínculo de los equipos técnicos del gobierno con los mecanismos de control interno no pasó desapercibido; el proceso incorporó el sistema de doble sobre, matrices objetivas y la intervención permanente de la Sindicatura General de la Nación.

El armado judicial que tejió la mesa chica de la Casa Rosada miró con atención este desenlace. En los pasillos de los tribunales federales se interpretó la ampliación de Reidel como una jugada osada pero certera que sepultó de raíz la existencia de una asociación ilícita. Al no registrarse un delito, antecedente ni un circuito de retornos oscuros, las figuras de negociaciones incompatibles y abuso de autoridad se derrumbaron a ojos de la justicia y tendrá novedades en el muy corto plazo.  

Con Pagano en una soledad política absoluta y sin papeles para mostrar, el oficialismo prepara el golpe de gracia: un inminente pedido de sobreseimiento que la dejará expuesta al velorio de su propia operación y al fleje de una contraescena por falsa denuncia. En el Gobierno más de uno se pregunta si Marcela Pagano trabajó este intento de ensuciar a Reidel en soledad o lo hizo con parte del fuego amigo. Si Karina Milei llega a corroborar que alguien de LLA fue quien ensució y operó para destruir a un funcionario de confianza de los hermanos Milei, se concluirá entonces que buscó indirectamente dañar al Gobierno y al Presidente, por lo que saldrá eyectado sin importar el calibre ni la injerencia que tenga.

El ex titular de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, se presentó de manera espontánea ante la Justicia federal para rechazar “de modo terminante” las acusaciones formuladas en su contra en la causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Una de tantas. En el escrito, Reidel destaca que la experiodista se convirtió en mejor operadora judicial que legisladora: es que Pagano lleva radicadas más de treinta denuncias penales en lo que va del año, sólo ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Lo que en boca de un particular no pasaría de un rumor de pasillo, deslizado por una legisladora podría proyectarse sobre el buen funcionamiento de las instituciones de la República”, sostuvo Reidel en el escrito. Además, calificó como “denuncias seriales” las presentaciones impulsadas por la diputada y afirmó que responden a “una línea de montaje fordista” destinada al “desgaste político”.

El carpetazo que en este caso le tocó a Reidel es, según puede saber este medio, otro coletazo de las internas que se agitan desde el entorno de Santiago Caputo y que no hacen otra cosa que exponer innecesariamente al Gobierno. Caputo sumó un funcionario técnico más afuera del Gobierno, a pesar de la confianza y amistad con Karina y Javier Milei.

En el escrito judicial, Reidel pidió que se avance “con la investigación más profunda y exhaustiva que pueda concebirse” y aseguró que no tiene “nada que ocultar”.

Volviendo sobre el accionar en serie de Pagano, Reidel sostiene que “recae sobre quien ostenta una banca un deber de prudencia y diligencia notoriamente mayor al del común de los habitantes”. Sin embargo, explica que "cuando una misma persona, de forma cuasi sistemática, suscribe y promueve más de treinta denuncias penales, varias de ellas reiterativas sobre idénticas personas por hechos sustancialmente análogos, la Jurisdicción dispone de un dato concreto para advertir que no se está ante un ejercicio razonable del deber cívico de denunciar sino, antes bien, frente a un patrón de presentaciones seriales que obedecerían a delirios querulantes, cuyo escrutinio reclama un rigor aún mayor.

La presentación fue realizada en el expediente CFP 2339/2026, donde el ex funcionario sostuvo que afrontará el proceso “sin reservas” y anticipó que más adelante ampliará su defensa con documentación respaldatoria. 

En su descargo, Reidel negó cada uno de los hechos atribuidos en la denuncia. Respecto de la acusación de enriquecimiento ilícito, aseguró que “no existe incremento patrimonial inexplicado o injustificado” y afirmó que los fondos cuestionados provienen de “tres cesiones onerosas de participación en el Fideicomiso Uruguay 6060 - San Isidro”, por un total de 770 mil dólares.

Según explicó, esa operación está “documentada mediante instrumentos privados con intervención notarial” y será acreditada ante el juzgado con certificaciones específicas.

El ex titular de Nucleoeléctrica también rechazó irregularidades vinculadas a la supuesta migración del sistema SAP/HANA. En ese punto, sostuvo que nunca existió adjudicación ni erogación de fondos y que únicamente se realizó “un análisis técnico preliminar de factibilidad” debido a la obsolescencia tecnológica del sistema.

Otro de los puntos centrales del escrito apunta a la contratación del servicio de limpieza de la empresa estatal. Allí, Reidel aseguró que la adjudicación “nunca fue concretada” y que, por el contrario, fue él mismo quien resolvió revocar el procedimiento antes de que se perfeccionara.

En relación con la contratación de pintura epoxi, negó que la firma Consulper S.A. hubiera sido favorecida. Según indicó, la empresa recomendada para adjudicación en el expediente oficial fue otra compañía, CIMSA Servicios S.R.L., por lo que consideró que la denuncia “atribuye a una firma un resultado que ni siquiera se compadece con el curso oficial del trámite”.

También rechazó la acusación sobre el supuesto cobro de comisiones del 5% a proveedores. “El suscripto no exigió, no recibió, no toleró ni consintió comisión alguna de proveedor alguno de NA-SA”, afirmó. Y agregó que la denuncia “no aporta el nombre de un solo proveedor, ni una cuenta receptora, ni una transferencia, ni una factura, ni una fecha”.

Reidel volvió a reclamar de esta manera que la investigación avance sin restricciones. Días atrás, ante las versiones periodísticas sobre supuestos gastos personales con tarjetas corporativas, había asegurado: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”.

“Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”, había señalado el ex funcionario, quien insistió en que su actividad “fue exclusivamente laboral”.

En el escrito judicial reiteró ese posicionamiento y pidió medidas de prueba concretas, entre ellas informes a Banco Macro sobre sus operaciones crediticias, requerimientos a proveedores de Nucleoeléctrica y la remisión de expedientes administrativos vinculados a las contrataciones cuestionadas.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso”, había manifestado previamente Reidel, una línea que ahora replicó ante la Justicia al reclamar “celeridad” y un pronunciamiento judicial expreso que descarte las acusaciones.

Oscar Alberto Carod asegura que lleva 12 años detenido por una denuncia falsa realizada por una de sus hijas adolescentes. Según relató, el conflicto comenzó entre 2013 y 2014, cuando su hija “se puso de novia con un mayor de edad que era consumidor y un aprendiz de narco”, situación a la que tanto él como la madre de la joven se opusieron.

“Como padre puse límites a esa situación, incluso la madre también. Eso nos llevó a una denuncia que terminó en un juzgado de familia”, explicó Carod. Según sostiene, durante ese proceso su hija “confesó que había sido toda mentira porque estaba enojada con la madre y conmigo, porque no le permitíamos sostener la relación con este muchacho”.

Carod afirmó que decidió mantenerse firme en su oposición debido a información que, según dijo, había surgido durante la investigación sobre el entorno del joven. “No fue más que acompañada por él y por otras personas que la llevaron a hacer una denuncia de abusos, lesiones que jamás existieron”, aseguró.

El hombre remarcó que existen “pruebas irrefutables” que demostrarían su inocencia. “Están las certificaciones médicas correspondientes que avalan lo que hablo”, indicó. Además, mencionó a sus abogados, la doctora Elisa San Gregorio y el doctor Paglia, quienes —según dijo— “están dispuestos a hablar con quien sea”.

Carod cuestionó duramente el accionar del Departamento Judicial de Mercedes. “El 9 de mayo de 2014 me presenté pidiendo ayuda. No fui con abogados; fui solo, con un escrito para que se investigara a todo el núcleo familiar, a mí y a personas allegadas”, relató.

Sin embargo, sostuvo que el accionar judicial de Mercedes fue “inepto, perverso y hasta corrupto”. También denunció que estuvo “cinco años, cinco meses y siete días con prisión preventiva”.

“Fuimos al debate y se demostró con creces mi inocencia, con pruebas irrefutables”, afirmó. Según explicó, sus abogados grabaron audios del juicio oral que, asegura, “dejan en evidencia la perversa convivencia que hubo entre el fiscal y los jueces del Tribunal Oral N°4”.

En ese sentido, cuestionó que el mismo fiscal que intervino en la etapa de instrucción haya actuado también durante el juicio oral. “Se manejó con total perversidad para impedir que saliera a la luz la verdad”, sostuvo.

Carod fue condenado a 21 años de prisión, aunque aclaró que continúa en condición de procesado debido a que apeló el fallo en todas las instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires.

“Llegamos hasta la Suprema Corte bonaerense y nunca quisieron escuchar nada, ni tener en cuenta las pruebas ni los audios del debate”, afirmó.

Actualmente, su caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Desde marzo del año pasado estamos esperando que alguien simplemente lea la causa. Eso no ocurrió ni en las instancias inferiores ni en la provincia”, manifestó.

El detenido aseguró que mantiene la esperanza de que el máximo tribunal revise el expediente y “pueda ver el daño tremendo” que, según él, le ocasionó el sistema judicial. “Nunca atinaron a escuchar nada de lo que yo ofrecía para poder evaluar si yo fui responsable de los delitos que se me imputan”. 

Carod afirmó que durante sus casi 12 años de detención comenzó a estudiar abogacía y a interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema judicial. También destacó el acompañamiento del psicólogo forense Pablo Martínez Soares de Lima, que “detectó el mal funcionamiento” de sus colegas dentro del ámbito judicial.

Martínez Soares de Lima hace un panorama que explica la problemática y el modus operandi que contamos casi en soledad en Newstad: “En nuestro país casi no existe capacitación en psicología del testimonio. Hay una deficiencia muy grande. La mayoría de los peritos ni siquiera sabe lo que es".

“No saben tomar el relato ni analizarlo. Luego de eso, se podrían haber hecho las pericias psicológicas de la chica y también del entorno. Estas investigaciones deberían enfocarse mucho en el contexto, en las historias alrededor de toda la familia. Eso, por supuesto, no se hace. Se cree y se acreditan únicamente los dichos de quien denuncia, y nada más”, enfatiza el especialista que acompaña a Carod.

El detenido explica que “la idea de hacer pública mi causa no es solamente por lograr mi libertad, sino también para evidenciar cómo funciona este sistema”, expresó.

Carod consideró que existe una “responsabilidad compartida” entre quienes realizan falsas acusaciones y quienes administran justicia. “Quien miente tiene responsabilidad, pero más responsabilidad tienen quienes ejercen dentro del ámbito judicial, porque o no saben diferenciar cuándo alguien miente o, como pasó en mi caso, sabían que mentían y aun así hicieron prosperar una causa”, denunció.

En el tramo final de su testimonio, Carod apuntó contra lo que definió como una lógica corporativa dentro de la Justicia: “Siempre escuché esa famosa frase de que son ‘una gran familia’. El punto es que esta gran familia está destruyendo muchas familias”.

También aseguró haber conocido durante su encierro a personas que “no soportaron la situación y se quitaron la vida”. Y admitó: “Es algo que me ha pensado, pensar ‘para qué vivir", debido a  haber atravesado momentos ”de agotamiento emocional y mental producto del “injusto encierro”.

“Me sostengo por el apoyo que tuve desde adentro y desde afuera, confiando en que esto va a terminar y en que los responsables van a tener que hacerse cargo”, concluyó.

El operativo que buscó el impacto mediático tiene hoy a la gestión de Jorge Macri en la mira de distintos sectores. A plena luz del día --se aprobó a las 18 y comenzó a las 19 horas-- las fuerzas de Seguridad entraron a los barrios populares de a cientos de efectivos, se generó un caos y el resultado fueron 27 detenidos por cargos menores, muchos sin antecedentes y con la iglesia y oposición condenando el accionar, más allá de los más de cien millones de pesos que demanda un tipo de operativo de ese calibre. “Tormenta negra” fue un bumeran para Jorge Macri y la oposición no descarta iniciar acciones legales contra funcionarios. 

El operativo fue desplegado con un despliegue audiovisual sin precedentes en 15 barrios populares de la Ciudad, pretendió erigirse como la confirmación del perfil de "sheriff" de Jorge Macri con su “tolerancia cero” a la porteña.  Sin embargo, cuando la polvareda de la infantería se asienta y las luces de los sets de televisión se apagan, el análisis frío de los números y las repercusiones institucionales devuelven una realidad incómoda: una monumental puesta en escena logística que terminó resultando contraproducente para las propias aspiraciones políticas del jefe de Gobierno.

El despliegue fue, desde que empezó, hiperbólico. Un ejército de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad saturó pasillos y accesos perimetrales en nodos críticos como la Villa 31, Zavaleta, la 1-11-14 y el Barrio Fraga. El saldo neto que  Seguridad intentó capitalizar es menor: 27 detenidos. Los cargos: soldaditos de pasillo, adictos en posesión de dosis mínimas y pequeños infractores atrapados en razzias por portación de rostro. En móviles de televisión mostraron un hombre de 30 años detenido por no tener documentos delante de sus hijos y su esposa. 

El perfil de los 27 detenidos —adultos jóvenes de entre 20 y 34 años, la mayoría con antecedentes menores y entradas recurrentes por la Ley 23.737— expone el fenómeno de la "puerta giratoria" que el propio oficialismo declama combatir. Tres capturas por delitos preexistentes contra la propiedad y la clausura de 25 comercios informales bajo la sospecha de piratería celular completan un cuadro se vincula con el combate al crimen organizado.

La falta de estrategia y de planificación quedó expuesta: entrar de día con cámaras y las familias en la vereda expuso al jefe de Gobierno. Mientras el operativo corría, el barrio estaba en calma y un torneo de fútbol femenino se llevaba a cabo. El error de cálculo de Jorge Macri no fue operativo, sino estrictamente político e institucional. Mientras intenta endurecer posturas para ser el candidato de la unidad en CABA entre La Libertad Avanza y el PRO, estos hechos no colaboran con su ingreso a las ponderaciones de Karina Milei y Pilar Ramirez, quienes aprueban o rechazan el armado.

La reacción más devastadora provino de la Pastoral de Villas. Los curas villeros, actores territoriales indispensables para la contención social en momentos de recesión profunda, salieron con los tapones de punta a denunciar el "show publicitario" y la estigmatización de la pobreza. Introducir infantería disparando cartuchos de estruendo en pasillos donde juegan niños a plena luz del día fue catalogado por la Iglesia como una provocación irresponsable. Jorge Macri logró lo que parecía imposible en la coyuntura actual: unificar a la Iglesia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a los bloques opositores de la Legislatura en una misma línea de impugnación.

Sobre las detenciones, el CELS fue contundente: “Las propias cifras oficiales muestran, además, inconsistencias graves que refuerzan la preocupación por la falta de controles. Según el Gobierno de la Ciudad, 27 personas fueron detenidas por distintos delitos. Sin embargo, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad sólo registró 14 detenciones. Sobre las otras 13 personas incluidas en el número oficial no hay información pública sobre imputación judicial”. 

El arzobispo Jorge Garcia Cuerva dijo: “para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, ‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo, a cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es ‘Tormenta Negra’, y hace años, décadas, que lo sufren nuestros barrios”, dijo Cuerva durante la misa en la Villa 31 en la que pidió “un nuevo amanecer”. Fue tal vez la crítica más dura que recibió el PRO desde la iglesia.

La oposición ya capitaliza el hecho en las comisiones de seguridad, catalogando al operativo como "humo de campaña financiado con fondos públicos". La sobreactuación del discurso contra los extranjeros —exigiendo la expulsión de dos detenidos de nacionalidad peruana y chilena antes de que medie una condena firme— no hizo más que confirmar el sesgo electoralista de la movida.  Desde el bloque opositor mayoritario, Fuerza por Buenos Aires, emitieron un duro comunicado en el que calificaron el despliegue como una burda "operación de prensa" y denunciaron un flagrante "fracaso en materia de seguridad". Los legisladores de la bancada conducida por Claudia Neira advirtieron sobre el uso desproporcionado de recursos públicos y el "gasto millonario" que implicó movilizar a un ejército policial en el prime time televisivo, sin que ello arrojara resultados concretos ni estructurales contra las verdaderas bandas que operan el delito complejo en el distrito.

Fred Machado conversó con Newstad en reiteradas ocasiones en estricto off the record, donde explicaba con detalles que no tenía la más mínima vinculación con el narco y que no consumía ni tenía contacto con el mundo narco. Eran días de señalamiento nacional para con el empresario rionegrino y su pedido expreso era evitar la extradición. La justicia norteamericana le dio la derecha parcialmente, es probable que el lunes se confirme que no es narco, ser achique la condena y se ponga la lupa por maniobras o estafas a clientes de la compra y venta de aviones. Fue el final para José Luis Espert y el comienzo de un caos para Machado, quien podrá pedir cumplir su condena en su país. 

El Distrito Este de Texas está en su etapa de resolución definitiva después de la presentación del acuerdo de culpabilidad ante la Fiscalía norteamericana. Así entonces, el escenario procesal se depuró de las imputaciones accesorias que enturbiaron el debate público y que ponían a Machado casi a la altura de un capo narco. Tal como anticipó en octubre de 2025 Newstad, tras analizar en exclusiva los términos del entramado contractual y logístico, la acusación por narcotráfico directo carecía del sustento penal necesario para prosperar en un juicio oral. 

La estrategia de la defensa de Machado fue exitosa y se dedicó esencialmente a desactivar los señalamientos de narco que podían generarle sentencia de  reclusión perpetua. Así direccionó todo a la aceptación de los delitos de fraude electrónico y asociación ilícita para el lavado de activos. Esta arquitectura delictiva de guante blanco, vinculada a esquemas de financiamiento mediante un trust de aeronaves con registros adulterados, coincide con el diagnóstico que Newstad sostuvo desde las primeras etapas de la extradición. La probable quita del cargo de narcotráfico reconfigura la naturaleza del debate, desplazándolo de la mitología de las organizaciones criminales  hacia el territorio de las ingenierías financieras y la opacidad en el financiamiento logístico. Una cosa es traficar cocaína, otra es no pagar impuestos, y otra muy distinta no pagar servicios o vender dos o tres veces el mismo avión.

El futuro del rionegrino se encuentra ahora supeditado de manera exclusiva a la audiencia de este lunes. El juez federal Amos Mazzant III decidirá si homologa o rechaza el acuerdo de culpabilidad generado presentado por la Fiscalía de Texas. Para Machado, la jornada representa una encrucijada donde se juega el todo o nada: de refrendarse el pacto, sus abogados solicitarán el cómputo del prolongado período de detención preventiva que el empresario ya cumplió en establecimientos carcelarios argentinos, abriendo una ventana concreta para la recuperación de su libertad en el corto plazo y su eventual retorno al país.

Por el contrario, una eventual negativa del magistrado a convalidar los términos del acuerdo obligaría a reactivar los mecanismos de un juicio oral masivo, donde el volumen de la evidencia documental acumulada volvería a tensionar las posibilidades de la defensa. En términos políticos, la redefinición del estatus de Machado aporta un elemento de previsibilidad para el entorno de José Luis Espert, cuya vinculación original con el instrumental aéreo de la firma South Aviation durante la campaña de 2019 queda encapsulada en el marco de una severa falencia de control de proveedores, desvinculada de cualquier ligazón con el tráfico de drogas.

Manuel Adorni está convencido de que la operación de prensa que mueve entre otros Juan Grabois, Rodolfo Tahilade y parte de la ex SIDE kirchnerista está por ver el final de su intentona. Desde el entorno de Adorni confirmaron a Newstad la inocencia del funcionario y confirmaron: “no lo van a correr con espionaje ni con carpetazos, sabemos que la inocencia es total y que la Justicia lo va a demostrar”. La novela sigue y el Gobierno cree que saldrá fortalecido del escenario de crisis. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido en los papeles por Diego Hernán Goldman y Mariana Gabriela Malvina Venesio, pateó el tablero judicial. Presentaron una denuncia penal contra el diputado kirchnerista Luis Rodolfo Tailhade por presuntos actos de espionaje ilegal. La presentación acusa al legislador de violar la Ley de Inteligencia Nacional al revelar públicamente detalles milimétricos sobre la vida privada y la custodia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia. Para el oficialismo, Tailhade no usó información de "pasillo"; desempolvó sus viejas mañas de cuando fue Director de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Tahilade siempre fue parte de los camisa negra de Kirchner, con gritos desencajados en la Cámara de Diputados. Siempre duro, Tahilade acusó a la familia Adorni y señaló con detalles íntimos los movimientos de la mujer del jefe de gabinete, lugares de frecuencia y otros detalles que no son públicos. 

La denuncia se basa en la performance de Tailhade el pasado miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Adorni había ido a dar su informe de gestión, pero el diputado prefirió interpelarlo sobre la logística de seguridad de su esposa y sus hijos menores de edad. Tailhade no se anduvo con vueltas: detalló que la esposa de Adorni tiene custodia policial, un auto oficial (un Ford Focus) y tres equipos de custodia que rotan cada 24 por 48 horas. "Son seis personas de la Policía Federal que se ocupan de la custodia de su esposa", disparó.

Pero el diputado fue más lejos, como siempre. Acusó a la mujer de usar la custodia para "ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a 'La Fernetería', un bar de moda en Palermo". Incluso aseguró que "a las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevar a su casa". Cuando le pidieron explicaciones por semejante intromisión, Tailhade se limitó a decir que él se dedicaba a "cazar corruptos".

Lo que para Tailhade es una "investigación", para el Gobierno es llanamente espionaje ilegal. La denuncia subraya la "preocupante" precisión con la que el diputado maneja el desempeño y la logística de una custodia que, por definición, debe actuar con sigilo. Para los denunciantes, si los datos son ciertos, Tailhade habría usado medios ilegítimos para seguirle los pasos a la familia de Adorni, franqueando su seguridad. El Gobierno confirmó a este medio que irán hasta las últimas consecuencias. 

Y acá es donde entra el prontuario del diputado: fue nada menos que Director de Contrainteligencia de la ex SIDE durante el kirchnerismo. El Gobierno se pregunta si ese antecedente le permitió emplear "influencias, contactos, y/o eventualmente medios técnicos" para conocer la vida personal y la logística de seguridad del Jefe de Gabinete. Acusan a un ex jerarca del aparato de inteligencia de usar sus conocimientos para hacer inteligencia ilegal contra funcionarios públicos actuales, una práctica que remite a los peores años del populismo espía.

La denuncia sostiene que estas tareas de espionaje ilegal comprometen directamente la institucionalidad del Estado. Argumentan que Adorni maneja información estratégica y clasificada. La obtención clandestina de sus hábitos y situaciones privadas puede ser usada para presionar, extorsionar o condicionar sus decisiones, afectando la independencia funcional del Poder Ejecutivo.

Para el Ministerio de Seguridad, la manipulación de esta información obtenida ilícitamente genera inestabilidad política. Por eso, el pedido a la justicia federal es claro: una "exhaustiva investigación" para castigar a los responsables de este apriete populista disfrazado de control parlamentario.

Es un caso lamentablemente ejemplar de Justicia sesgada por cuestiones de género. A. vino especialmente a Buenos Aires a hablar con Newstad para contar que tiene pruebas aberrantes contra su ex mujer que permitirían acusarla por corrupción de menores. La menor es su hija. Las pruebas son videos irreproducibles. A. afirma que son al menos 17 filmaciones hechas por su expareja, forzando a su hija a situaciones sexuales en las que la menor grita, pide basta. 

A. explica que primero fue falsamente denunciado por abuso de su hija. Relata un modus operandi conocido: implantación de memoria y preguntas forzadas en la cámara Gesell. Ahora denuncia un oscuro entramado que incluye un pesado tráfico de influencias que permitió que la causa por corrupción de menores contra su exmujer esté suspendido. “Ya ni siquiera pido volver a ver a mi hija, pido que la protejan”, suplica.

En este tramo, A. da más detalles de ese material aberrante y la resistencia de su ex para entregar su celular a la Justicia. A. indica que en esas imágenes se ve a su ex pareja diciéndole a su hija: “Que querés que te haga la mamá”, dice A. 

“Hay videos de mi hija pidiendo que la madre la deje de grabar. Son indescriptibles. Hay 17 videos, que son los que estaban en el celular, porque lo que se supo también es que hay material que aparece como eliminado o encriptado y no se puede recuperar".

También, a partir del acceso al material del celular de su ex, detalla cómo y quienes (hasta una medium) intervinieron para el armado de la falsa denuncia en su contra. 

No alcanzó un salón, tampoco dos. El Azul y De las Provincias del Senado de la Nación se vieron colapsados ante una nueva convocatoria para poner de nuevo en agenda el drama social de las falsas denuncias de violencia de género y abusos. Teléfono para quienes niegan el problema o argumentan que la cantidad de estas causas es ínfima. Parece que no, porque además hubo mucho más convocados que no pudieron ingresar. 

La jornada  se convirtió un desfile de la injusticia con casos que fueron pasando por un atril y otros tantos que escuchaban y dejaban caer sus lágrimas mientras se sentían identificados con los relatos. La convocatoria también sirvió para reforzar la necesidad de un pronto tratamiento en el recinto de un proyecto de ley que establece prisión efectiva para denunciantes y profesionales que promueven falsas denuncias de violencia de género, acoso o abuso sexual a menores. 

Martiniano Correcher tiene solo 18 años pero ya vivió en carne propia el calvario: estuvo 654 días preso por una causa de abuso de la cual fue absuelto hace pocos días. Lo dejaron sin uno de los momentos más importantes de su edad, el viaje de egresados. 

“Vinieron los móviles policiales a buscarme, fui detenido y empecé a ver en primera persona la injusticia. Cuando recién cumplí mis 18 años sentí como me arrebataron mi vida”, comenzó a recordar el joven, uno de los cuatro absueltos luego de una causa de abuso en Biallet Massé, Córdoba. 

“Pasé a sobrevivir, mi presunción de inocencia se fue por la basura”, expuso al borde de quebrarse Martiniano ante los ojos de su madre. Y describió esos casi dos años tras las rejas: “654 días sin ver a mi hermano de tres años. Inviernos de temperaturas bajo cero con baños a agua fría, veranos hacinados en una celda de tres por cinco, con quince internos y sin ventilación. Mi madre desagarrándose en cada día de visitas cuando yo iba a la celda”. Relato ejemplar de cómo una mentira arruina una psiquis, una familia. De esto se trata. 

“Hoy siento que puedo contar mi historia desde otro lugar y ayudar a que otros chicos no pasen lo mismo que nosotros. El tiempo perdido y lo causado en mi familia es irrecuperable. Pero hace 10 días recuperé mi libertad y ahora empezaré a reordenar mi vida”, cierra esperanzado un joven todavía demolido por un sistema que falló por todos lados. 

El caso de Pablo Ghisoni, claro exponente de cómo uno de los dos progenitores inserta un relato mentiroso en la mente de un hijo para incriminar al otro, también estuvo presente. El médico de Lomas de Zamora, cuya absolución se confirmó a fines de marzo, se sumó al atril junto a sus hijos. Uno de ellos, Tomás, el que reveló que su madre lo hizo ensuciar el buen nombre de su papá. 

Antes de su mensaje público, Ghisoni le dejó a Newstad un mensaje enfocado hacia adelante: “Si hay vida hay esperanza. A pesar de todo lo transitado que es inolvidable, la vida da revancha y terminás cultivando lo que sembras. A mi la justicia no me devolvió los hijos. Me los devolvió el tiempo, porque se dieron cuenta solos de que es lo que pasa”

Pero tampoco dejó pasar la chance de dejar un reclamo: "Quisiera una Justicia que esté a la altura. Que nos evite todo esto, porque se trata de impericia de la Justicia. Una Justicia que tarda 10 años no es Justicia. Fiscales que actúen de oficio cuando hay una absolución, que levanten las medidas reestrictivas y digan ‘acá hay una falsa denuncia’. 

“Voy a seguir ayudando a todas las familias que están en este maldito camino”, cierra convencido Ghisoni. 

 La expareja de Andrea del Boca no tuvo una exposición esperanzadora, ya que las consecuencias son irreparables y continúan: el vínculo con su hija está roto a pesar de que también fue absuelto de todas las acusaciones de agresión sexual contra ella: “Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

Su derrotero judicial también es un copy paste de un modus operandi para estas causas: “Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009, la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo. Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006″. 

Finalmente, citó el fallo. Quedó la verdad, pero también quedaron los daños familiares: “Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico, que el relato formulado en la denuncia y la rectificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas”. 

Con el inicio fuerte del año político, la senadora Carolina Losada se mostó esperanzada en que durante abril avanzará el proyecto de ley en comisiones y en los respectivos recintos.

Hay acompañamiento del PRO, LLA y la UCR. Quienes aún no se sacan las anteojeras ideológicas para ver con humanidad este problema, están a tiempo de informarse y quizas escuchar de primera mano a estos casos que siguen llenando auditorios y se van quebrados, porque aún siguen esperando Justicia.

Ahora todos figen demencia, pero en el mundillo de trabajadores de salud las “Propofest” eran por lo menos un secreto a voces, sino hechos bien conocidos en guardias y quirófanos. Tuvo que morirse Alejandro Salazar, con una vía atada a su pie, para que se active una denuncia por robo de fármacos. 

La punta del iceberg es el Hospital Italiano. Según la trasabilidad de los fármacos encontrados en la escena fatal, el departamento del anestesiólogo en Palermo, los fármacos pertenecían a ese centro de salud privado. Pero ya es innegable que el robo de propofol y fentanilo, dos drogas intrahospitalarias cuyo riesgo de muerte es cuestión de “pasarse” dos gotas más, ocurrió (¿ocurre?) también en hospitales públicos. Ya hay por lo menos seis centros de salud de ambos ámbitos señalados en esta presunta red de ladrones de fármacos. 

Este periodista pidió alguna reflexión sobre este caso al ministerio de Salud de la Ciudad. La fuente fue tajante, quizás apresurada: “No sucedió en el ámbito de los hospitales públicos”. 

La Justicia tiene en su poder por estas horas laptos, tablets y pendrives de los imputados por estos robos: Hernán Boveri de 45 años y Delfina Lanusse de 29, ambos expulsados del Hospital Italiano. Se vendrán acusaciones cruzadas entre ellos sobre el rol de cada uno en estas “filtraciones” en ese centro. De sus domicilios secuestraron insumos médicos necesarios para estas fiestas de “viajes controlados”. 

Pero será clave lo que se encuentre en los dispositivos tecnológicos, y ni hablar en el celular del anestesiólogo fallecido: una caja de pandora de nombres y lugares sobre estas “propofest” que tenían un precio de entrada, inclusive en dólares. El precio incluía orgías y los insumos necesarios para “administrar” el propofol y el fentanilo de manera “controlada”. Un delirio en el límite constante con la muerte, el destino final de Salazar.  

Respecto de la víctima hay un dato inquietante para todos los que estuvimos y estaremos expuestos a intervenciones a lo largo de la vida. Salazar había dado positivo en un control antidoping aleatorio del Hospital Italiano y algún superior lo dejó pasar con esa frase que nunca se cumple en un contexto de consumo problemático: “que no vuelva a pasar”. Por este antecedente ya citaron a declarar a un amigo de Salazar, y habrá más médicos involucrados. 

En esta presunta red de fiestas se usa también fentanilo, llamada “la droga zombie” en Estados Unidos por los dramáticos efectos visibles luego de su uso ilegal. En Argentina el problema ya pegó fuerte, con una causa que investiga más de 100 muertes por fentanilo adulterado.

Alejandro Ayala es hermano de Lionel y una de las víctimas de este listado y reclama que con este nuevo escándalo se debe poner “el foco en una debilidad estructural que impacta directamente en la seguridad sanitaria”. En su contacto con este medio aprovecha para “reforzar el pedido de una ley nacional de trazabilidad integral  que garantice seguridad farmacologica para evitar que medicamentos de alto riesgos lleguen contaminados a hospitales, se desvíen en el mercado y se use inadecuadamente por fuerza del circuito medico”.

Este caso destapa una situación macro que requiere más abordajes. El médico emergentólogo Eduardo Arellano resalta a Newstad que “el trabajador de la salud tiene un alto estrés y no hay ninguna red pública ni privada de contención y encuentran éstas vías de escape en estos eventos que terminan bien o muy mal”.

“No hay ningún ambito de control de médicos de guardia que trabajan en turnos de 24 horas y quizás después van corriendo a otro centro de salud. Tienen bajos sueldos, acumulan estrés y encima tienen acceso a estas drogas. Todo esto implica riesgo para los pacientes”, cierra el profesional de la salud. 

Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.

Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.

Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.

En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.

En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.

Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.

Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,

Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.

En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina. 

Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF fue interpretada por el Gobierno argentino como un avance clave en la estrategia judicial del país. La medida frena el acceso a información y posibles embargos sobre activos estatales, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo.

Desde la Casa Rosada señalaron que el fallo constituye un hecho “histórico y sin precedentes”, ya que detiene todos los procedimientos en curso en la Corte de Distrito y deja en suspenso una instancia considerada sensible para los intereses nacionales. En particular, se evitó el avance sobre bienes y activos que podrían haber quedado expuestos en el marco del litigio.

En esa línea, el exsecretario de Energía y exdirector de YPF, Emilio Apud, explicó a Newstad los riesgos que implicaba esa etapa del proceso judicial.

“Corrían peligro muchos activos de la Argentina que no tenían nada que ver con las malas prácticas que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento a través de Axel Kicillof, cuando realizó la expropiación mal hecha de las acciones. En ese contexto, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y muchos otros activos podrían haber sido embargables si avanzaba el discovery, en caso de demostrarse una relación directa entre esos activos y el Estado nacional”, sostuvo.

La resolución judicial también implica una pausa en un litigio que supera los 16 mil millones de dólares más intereses, cifra que ahora queda sujeta a la revisión de la apelación presentada por la Argentina.

“La Justicia norteamericana decidió suspender eso y esperar el resultado de la apelación que hizo nuestro país respecto de los 16 mil millones de dólares más intereses”, explicó Apud.

En cuanto a las perspectivas futuras, el especialista consideró que aún existe margen para discutir el monto final de la eventual condena.

“Tal vez se pueda negociar la magnitud del monto, es decir, bajarlo. Está en juego el momento en que se toma el tipo de cambio: una cosa es considerarlo al momento de la expropiación, alrededor de 2013, y otra muy distinta es cuando llegó la sentencia. Son diez años de diferencia y, según cuál se tome para calcular el cambio, la cifra podría reducirse prácticamente a la mitad”, señaló.

Por otra parte, Apud vinculó la decisión judicial con el contexto de relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, aunque con matices sobre el alcance de esa influencia.

“Esto no es ajeno a la nueva relación que existe entre la Argentina y Estados Unidos. Podría tener algún tipo de influencia. De hecho, esto se logra precisamente por la influencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos”, afirmó.

No obstante, aclaró los límites institucionales en el sistema norteamericano: “De todas maneras, hay que tener en cuenta la división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse directamente en decisiones judiciales. Pero, evidentemente, su opinión pesa”.

Mientras tanto, el Gobierno ratifica que va a insistir con todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del país en una causa que lleva más de una década y que sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para las finanzas del país.