En distinos casos de falsas denuncias relatados en Newstad se habló sobre relatos implantados, en especial en niños, e inclusive Cámaras Gesell construidas para entrenar al niño en la mentira. ¿Qué esta faltanto entonces para detectar estos patrones que se repiten?.

La psicología del testimonio, una disciplina poco desarrollada en Argentina pero con más de un siglo de trayectoria internacional, puede aportar herramientas clave para analizar la fiabilidad de los relatos en causas judiciales, especialmente cuando involucran a niños. En esta entrevista con Newstad, el perito psicólogo e investigador forense, Pablo Martínez Soares de Lima, explica los alcances y límites de esta especialidad, advierte sobre los riesgos de la sugestión en los testimonios infantiles, cuestiona la "psicologización de la Justicia" y sostiene que, sin una investigación criminalística que contraste los relatos con evidencia objetiva, es imposible determinar científicamente si una persona miente o dice la verdad.

NEWSTAD: ¿Qué es la psicología del testimonio o de la memoria?

PABLO MARTÍNEZ SOARES DE LIMA: Es una subdisciplina de la psicología jurídica que existe en el mundo desde finales del siglo XIX. Pensemos que el criminólogo Lombroso ya había escrito un libro sobre psicología del testimonio para el ámbito penal. Estamos hablando de finales del siglo XIX.

En Argentina no se escuchaba hablar de psicología del testimonio hasta hace menos de 20 años. En 2010 comencé a capacitarme en psicología del testimonio con unas psicólogas del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación que habían ido a España a formarse y dieron aquí un curso para un grupo reducido de peritos. A partir de ahí empecé a formarme.

NS: ¿Por qué en Argentina hay tanto desconocimiento de la psicología del testimonio? 

PMSL: Tiene que ver con fundamentos epistemológicos de la psicología del testimonio que adhieren a la psicología cognitiva y experimental, que en nuestro país es casi inexistente, porque el dominio es psicoanalítico. Entonces existe una colisión epistemológica: un dominio del psicoanálisis que rechaza lo cognitivo. Eso es lo que frena y casi impide las formaciones en psicología del testimonio.

Sin embargo, últimamente las cosas vienen cambiando y hay algunos lugares donde formarse. Yo recomiendo la Diplomatura en Psicología del Testimonio que ofrece el Colegio de Abogados de Tucumán, que tuvo su primera edición el año pasado y este año tendrá una segunda edición. Pero, si bien es una muy buena formación, todavía no alcanza el nivel de especialización. Falta mucho para que la psicología del testimonio se instale como una verdadera especialización.

NS: ¿Por qué es tan importante esta herramienta en eventuales causas de falsas denuncias? 

PMSL: La capacitación en psicología del testimonio, al trabajar sobre la memoria, porque la psicología del testimonio implica un análisis profundo de cómo funciona la memoria humana, permite estudiar cómo está influido un relato. Permite detectar si un relato es el resultado de una experiencia que alguien vivenció o si no es una vivencia, sino algo construido.

La diferencia es muy importante: una ficción o una realidad. Por supuesto, no es una ciencia exacta como para poder determinarlo con certeza, pero sí ayuda a detectar influencias y, de ahí, las posibilidades de que un relato haya sido implantado, es decir, introducido por otra persona. Pensemos en niños, por ejemplo, de forma voluntaria o involuntaria, que suelen ser los casos más comunes.

Cuando los niños escuchan conversaciones y están en un entorno de adultos, van adquiriendo información que hacen propia. Después, cuando se les pregunta sobre determinados hechos, hacen una mezcla de situaciones que han vivido y de cosas que han escuchado. Entonces, la psicología de la memoria, especializada para los juicios a través de la psicología del testimonio, permite detectar estas posibles influencias existentes en la memoria.

NS: ¿En qué edades se debe ser todavía más cauto a la hora de tomar un testimonio? ¿En qué detalles puede detectarse una narración construída?

PMSL: Enfocando más en los niños, sobre todo cuando son preescolares, es muy importante comprender la posibilidad de la sugestión. La sugestionabilidad es la capacidad que tiene un adulto o un tercero de sugestionar a un niño de esa edad. No es lo mismo la etapa preescolar, hasta los seis años, que un niño de diez años, un adolescente o un adulto.

Si bien todo ser humano es sugestionable, las etapas de la niñez temprana son especialmente sensibles a la sugestión. Los niños pequeños, cuando cuentan algo, pueden relatarlo como si lo hubiesen vivido ellos y, en realidad, lo vivió un hermanito, un compañerito o lo vieron en un personaje de televisión o en un cuento, y lo cuentan como propio.

Tampoco pueden contextualizar, secuencializar ni construir una línea temporal adecuada. Estos factores son fundamentales en la toma de la Cámara Gesell. Muchas veces los niños relatan allí determinados hechos y quienes no están capacitados en psicología del testimonio creen estar obteniendo una narración válida, cuando en realidad, si se comprende esta capacidad de sugestionabilidad, se debe entender que el relato no es fiable.

Nunca va a ser completamente fiable el relato de un preescolar, sobre todo si pasó el tiempo y si se le preguntó con anterioridad muchas veces. Entonces, el relato no es fiable, lo que no significa que no sea creíble, que es otra cosa. La credibilidad se analiza en una instancia posterior; aquí estamos hablando de la fiabilidad.

Supongamos una adolescente que ya tiene una capacidad diferente respecto de la sugestión y nos brinda un relato. Ese relato puede tener una consistencia distinta y ahí sí podemos discutir si es creíble o no, utilizando criterios de credibilidad que existen para ello.

Es importante destacar que, aun con la mejor capacitación en psicología del testimonio, esta disciplina no detecta mentiras. No existe hasta el momento una forma científica de diferenciar la mentira de la verdad en un relato. Esto es fundamental porque muchas veces se cree que se podrá detectar si alguien miente o dice la verdad, ya sea en el análisis de testimonios o en los relatos obtenidos en pericias psicológicas o psiquiátricas. No existe una forma científica de hacerlo.

NS ¿A qué error te referís cuando hablás de una “psicologización de la Justicia”? ¿Qué está faltando?

PMSL: La Justicia muchas veces deposita en la psicología la esperanza o la creencia de que la psicología va a poder resolver si una víctima es una verdadera víctima o no. Y esto no es así; es una fantasía.

Lo que está faltando, en realidad, es un cuerpo de investigadores que vaya a las escenas donde supuestamente ocurrieron los hechos, que conozca otras actividades objetivas de la presunta víctima y que contraste esa información con los relatos que la persona brinda. Es decir, una verdadera investigación, como la realiza un criminalista.

Pensemos que el buen investigador en este tipo de casos sería también un criminalista, pero que además tenga formación, o cuente en su equipo, con un especialista en psicología del testimonio o en psicología de la memoria. Esta formación adicional permitiría arribar a conclusiones más certeras que una simple pericia psicológica en la que el perito entrevista a una presunta víctima y elabora una versión sin contrastar la información para detectar verdaderas mentiras.

No basta con la psicología. Esto lo saben los investigadores y los agentes de inteligencia: la forma de saber si una persona miente o dice la verdad es obteniendo información objetiva sobre los pasos que da y las actividades que realiza. No guiándose tanto por lo que la persona dice, sino por lo que hace.

Para saber lo que hace una persona se requiere una investigación de sus actividades, de los recorridos que ha realizado, de la mensajería que tenga en su celular, de sus gustos y de otros elementos objetivos. En definitiva, una verdadera investigación de la persona para contrastarla con el relato.

Eso, por supuesto, no suele hacerse en las causas por denuncias de abuso, donde simplemente se toma como ocurrido lo que una persona dice que ocurrió.

NS: ¿Qué le contestarías a quien te palentea que esta indagación en sus actividades es una revictimización del denunciante?

PMSL: Toda actividad investigativa en este tipo de causas va a generar una inevitable revictimización, pero es necesaria para la investigación. Esto es algo que hay que explicarle a quienes denuncian.

A quienes denuncian se les debe explicar que se van a aplicar protocolos cuyo objetivo es comprobar lo que se está diciendo y que ello es necesario para la investigación. Por lo tanto, en las víctimas reales va a haber una revictimización que es inevitable.

Por otro lado, en los casos donde se denuncia de forma falsa o equivocada, también existe una victimización directa, que es la del propio proceso judicial. Todas estas actividades investigativas generan una victimización en las personas que están siendo investigadas, aun cuando sean inocentes o incluso ajenas a la relación entre víctima y supuesto victimario.

Esto genera daños psicológicos que pueden ser mínimos si se ajustan adecuadamente a los protocolos. Cuanto menos se respeten los protocolos y cuanto menos eficientes sean los procedimientos, mayores serán los efectos que sufrirán los involucrados.

Pero esos efectos nunca van a ser cero. Siempre va a haber una revictimización. La idea es reducirla al mínimo.

Son las ocho de la mañana, las mesas de Tabac se van llenando, Pepin Rodriguez pasó y se fue, Horacio Rodriguez Larreta saludó amable como siempre y siguió viaje. Un juez amigo me pregunta cómo veo el Gobierno,  todo normal hasta ahí. Me escribe un amigo, preso, para ver cómo anda todo. Hablamos de algunas cosas y me manda el saludo de los hijos por nota de audio, una rutina diaria que sostiene con ellos y su mujer. Me manda el audio y lo abro sin pensar mientras leo diarios y charlo.

- Hola pa, acá estamos tomando mate con mamá, se empieza a ir la tarde, esta muy nublado, te quiero mucho mucho mucho pa, faltan pocas horas para verte. 

El audio termina, y no puedo respirar. Me voy al baño a respirar, a buscar aire y lloro, transpiro. No puedo escribir. Lloro sin parar en Tabac mientras hablo con mi amigo, un buen tipo inocente que está preso en un penal bonaerense hace más de dos años, ochoscientas noches preso por algo que no hizo. Los hijos le mandan besos todas las noches, la mujer se duerme rezando para que vuelva a casa. Una familia atravesada por una falsa denuncia que con fe y esperanza creen que Papá va a volver y así va a ser. 

Mi amigo se separó muchos años atrás de una mujer muy complicada con un matrimonio que se fue tornando oscuro y que derivó en divorcio. Se volvió a enamorar, formó una familia nueva con su nueva mujer e hijos y un día le llegó una citación. Sin haber tenido antecedentes, sin haber sido violento, sin haber tenido problemas con la ley nunca en su vida, lo acusaban de las peores cosas. Su ex le inventó una causa que no prosperó, lo sobreseyeron, no una, dos veces. Un día Casación reabrió y casi en un trámite exprés lo metieron preso con pena de 25 años. Un tipo inocente se sometió la autoridad y le dijeron que era inocente, y después lo metieron preso. 

Pero eso no es todo: la jueza fue destituida por mal desempeño después. Hasta el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, un técnico que no es discutido ni por opositores, emitió un dictamen contundente explicando errores y sombras en la causa. Ahora decide su suerte en la Corte Bonaerense. Por qué no lo liberan, nadie sabe. ¿Qué hace preso un tipo inocente sobreseido dos veces, con dictamen favorable y sin pruebas que lo condenen? Una cámara Gesell con recuerdos implantados que no concuerdan, que son visiblemente implantados, con errores groseros, fueron la materia prima de la denuncia. Veamos qué hacen otros países para entender cómo estamos.

Si en España alguien inventa que su ex pareja abusó de sus hijos y se comprueba falsa, lo penan con cinco años de cárcel o una multa de 45.000 euros, es decir, en un país donde la media orilla los dos mil euros, ensuciar la imagen de una persona y dañar su honor y lograr cercenar su libertad cuesta 22.5 sueldos, algo que casi nadie podría pagar para evitar los años de cárcel por mentir.  Mentir es caro.En términos de Thomas Hobbes, acá el Leviatán no aplicando la violencia legitima que corresponde, por lo que la sociedad entonces en su conjunto vuelve al caos primitivo, es decir, a las falsas denuncias que reglaron el mundo durante siglos. Hoy sin darnos cuenta habitamos ese caos primitivo, cuyo nombre aggiornado es el wokismo. 

En Argentina las cosas son más fáciles. Una mujer no soportó que no la quieran, pensó que su marido era poco para ella o simplemente es una mala persona. O todo junto. Entonces cuando su ex marido rehizo su vida y reencontró el amor (eso que le pasa a los buenos tipos) , decidió en sociedad con su padre, un empresario adinerado, destruir la vida de su ex. Así aparecieron contactos informales con parte de la justicia, una denuncia sucia y sin gollete que cayó en saco roto y un periodo de angustia para este amigo mio. Dos veces la justicia lo sobreseyó, pero el Leviatán no fue por la mujer, es decir, no tuvo una sola consecuencia haber embarrado el honor de un buen tipo. Pero ahí estuvo la Justicia para volver atrás, condenarlo de forma exprés y meter preso un hombre padre de familia, eso que destruyó la falsa denuncia y la agenda woke.

 En EEUU no se jode, menos que menos. Tanto el perjury como el false statment ante la Justicia son muy graves y te pueden llevar a diez años de cárcel o peor, toda la condena del delito que falsamente endilgaste a un inocente. Eso es lo que en Argentina se pide a gritos y lo que este humilde periodista cree que sería la cura para la falsa denuncia. Como autor de esta nota, aclaro por las dudas: cualquier hombre que sea capaz de violentar, pegar, violar, abusar de su mujer o sus hijos, tiene que morir preso. Las cosas claras, acá estamos analizando la mentira, no la violencia. Si un hombre es capaz como el rugbier Patricio Albacete que se vio días atrás pegándole sin asco a su mujer, tiene que ir preso, sin debate, sin opinión, sin vueltas y con el mayor de los castigos.

Si un padre o madre (eso que hizo la mamá de Lucio Dupuy) abusa de su hijo y lo viola sistemáticamente (como hacía la novia de la mamá de Lucio Dupuy porque una juez mujer le entregó el hijo a las dos sin ingresos estables ni examen socioambiental coherente) la pena es de 20 años o reclusión perpetua. Como autor de esta artículo, quiero que las mujeres u hombres que inventen delitos sexuales vayan presos la misma exacta cantidad de días que si hubieran cometido la violación o el abuso o la violencia. Ese día se terminan en Argentina las falsas denuncias, no tengo una sola duda. 

Ahora volvamos a Argentina: acá la condena por inventar una violación a un menor es una multa equivalente a una empanada pero barata, no las que come Ricardo Darin. Entre 750 y 12 mil pesos cuesta cagarle la vida a una persona inocente. Es decir, llevarte puesto un proyecto de vida, una familia, terminar la vida laboral y el prestigio de una persona inocente se resuelve con dos de humita. Ese es el presente de las penas para quienes ensucian y arruinan vidas por rencor o problemas de salud mental. O simplemente por malas personas. ¿Cómo no vas a ensuciar la vida de tu ex si la multa es menos que un litro de leche?

Si bien el artículo 245 del Código Penal tipifica el delito de Falsa Denuncia con penas de dos a doce meses de cárcel o multa, es un marco penal que el establishment judicial califica de "inexistente", porque no disuade la acción. Es decir, es más barato arriesgarme a arruinarle la vida a un tipo inocente y que me descubran, a tener que ver cómo mi ex rehace su vida con su nueva mujer e hijos en paz. 

En el Congreso hay movimientos claves. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado le dio dictamen favorable a una iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión cuando la simulación involucre supuestos contextos de violencia de género o abuso sexual contra menores. En sintonía, Lilia Lemoine y Patricia Vásquez hicieron lo propio en Diputados, que empujan el mínimo del delito general a tres años y establecen topes de hasta 10 años para falsas acusaciones que involucren a menores de edad.

Sin embargo, desde una perspectiva de estricta justicia retributiva y técnica jurídica, estas reformas siguen sin generar disuasión, es decir, no cambian el escenario. La verdadera reforma estructural exige aplicar el principio de simetría penal: los que simulan la comisión de un delito con el objetivo de destruir a un tercero tienen que afrontar de manera exacta la escala penal para el crimen inventado. 

 La persona que hace una denuncia penal sabiendo de su falsedad, busca de forma voluntaria e inequívoca que el Estado aplique sobre un inocente una condena específica; por ende, el dolo criminal y la lesividad de su conducta deben ser medidos con la misma vara con la que pretendía condenar a su víctima. No podes por rencor, porque no te quieren, o porque lisa y llanamente estás roto o rota, dar por terminada la vida de una persona, que es lo que pasa cuando alguien pasa 25 años preso por algo que no hizo.

Las mujeres que inventan delitos sexuales, violencia, lo que sea contra su ex pareja para arruinarles la vida, no pueden querer a sus hijos. Es imposible amar a un hijo sabiendo que si se inventa una denuncia de abuso, un chico tendrá que pasar por peritajes, cámaras Gesell, estrés pos traumático insoslayable por el contexto al que va a pasar. Todo el periodo de proceso con la angustia, el desgaste del padre por recuperarlos, la pérdida de la figura paterna en detrimento de un nuevo guión falaz cargado de rencor y de la aborrecible ideología de género que tanto daño le hace al mundo. Esas mujeres, no quieren a sus hijos. Pueden decir que los aman, pueden llamarlos con voz tierna y decirles los piropos más queribles, pero no los quieren. Nadie que ame a su hijo como corresponde permitiría que su padre o madre desaparezcan de su vida por rencor personal. Es un crimen, es un delito, es una forma de asesinato de una persona.

El viejo truco de sumar gastos y direccionarlos fueron el final para la gestión de Demian Reidel en el Gobierno. “Cerca de ochenta tarjetas de crédito de distintas épocas, viajes y personas se juntaron para decir que Demian gastaba, algo que se sabía que era falso y más de un tipo que era austero y técnico”, un hombre que trabaja con los hermanos Milei describió a este medio la forma en que se logró enchastrar la figura del ex jefe de asesores. Lo lograron, pero después no hubo datos, y ahora viene la contraofensiva.

Marcela Pagano atraviesa días complicados. El Gobierno comprobó que trabaja abiertamente con el kirchnerismo y parte de los servicios de inteligencia para intentar horadar el plan de Gobierno. El circuito es siempre el mismo, los mismos periodistas, los mismos canales, la falsa denuncia, generar barro y buscar una renuncia para marcar agenda. Ahora se le viene la noche a la diputada que deberá explicar su nivel de vida tras lograr dejar su infancia del Conurbano austero para vivir en mansiones y comprar una casa en Nordelta por más de un millón de dólares.

Demian Reidel esperó que baje la espuma. Fueron meses intensos de leer en medios y redes que su nombre era ensuciado, puesto en duda incluso su idoneidad. El físico que se formó en el Instituto Balseiro, en Harvard y la universidad de Chicago esperó, se fue del Gobierno tras una intensa operación de desgaste orquestada a la perfección y ahora es su turno. Las charlas con Karina Milei, la confianza de ambos y la posibilidad de exponer una forma de operar y ensuciar que involucran a Marcela Pagano, su marido Franco Bindi y su satélites dentro y fuera del Gobierno. No hay pruebas, la diputada no sumó datos y su situación se complica. 

Reidel goza de la confianza de los hermanos Milei y prefirió volver al sector privado, ahí donde hizo su carrera hasta llegado el gobierno liberal. A través de un escrito de ampliación de manifestaciones en la causa CFP N° 2339/2026, el ex jefe del Consejo de Asesores económicos, sacó un arsenal de pruebas definitivas y dejó al descubierto una realidad incómoda: la diputada Marcela Pagano continúa sin presentar un solo documento que sostenga sus acusaciones y quedó acorralada en un laberinto de despecho político. 

El fenómeno dejó de ser una escaramuza de pasillo para convertirse en una demolición quirúrgica donde el Gobierno y el propio Reidel pasaron de la defensa al ataque, dispuestos a ir por todo contra la legisladora rebelde. El impacto de la última presentación se basó en la orfandad probatoria de la denunciante. Mientras Pagano agitó fantasmas mediáticos sobre presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, sobreprecios y cohecho en la sociedad estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A., los expedientes reales pulverizaron el relato renglón por renglón. 

La diputada no aportó facturas, ni contratos, ni transferencias que validaran la sospecha; en su lugar, la defensa de Reidel arrastró al abismo la denuncia al demostrar con el frío rigor contable que las operaciones objetadas fueron meros fantasmas burocráticos que jamás se perfeccionaron, haciendo jurídicamente imposible la existencia de un perjuicio fiscal.

La justificación de los fondos personales del asesor presidencial aportó la dosis más letal de claridad al expediente judicial, sepultando cualquier fantasía de lavado. Reidel acompañó tres convenios de cesión onerosa de participación en el Fideicomiso Uruguay 6060 - San Isidro, fechados el 15 de diciembre de 2025, por un monto total de 770.000 dólares. Con ese dinero de origen privado, blanco y preexistente, el funcionario canceló sus pasivos en el Banco Macro el 18 de diciembre de ese mismo año, casi cinco meses antes de que se radicara la denuncia en mayo de 2026. Win win para el asesor que, con los recibos sobre la mesa, transformó la sospecha de cohecho en una explicación básica de administración de finanzas personales.

Mientras Pagano estiró los plazos sin exhibir una sola planilla firmada, la contraofensiva oficial exigió citar a todo el conjunto de proveedores de la firma estatal para que declaren si existió algún pedido indebido de dinero, una jugada que terminará de vaciar el legajo.

En el caso de la migración del sistema SAP/HANA, el escrito probó que el trámite consistió en un análisis preliminar de factibilidad heredado de la gestión anterior y que la solicitud de pedido se eliminó en enero de 2026 para no comprometer partidas. No existió pliego definitivo, ni contrato, ni erogación de fondos públicos. Respecto al servicio de limpieza de Nucleoeléctrica —donde Pagano denunció sobreprecios por 140%—, el informe técnico demostró que la oferta estuvo totalmente alineada, con menos del 1% de diferencia, respecto al Precio Testigo de la SIGEN. El procedimiento completo se revocó y se dejó sin efecto en febrero de 2026, sin que mediara contrato ni pago indemnizatorio alguno. 

La acusación de un supuesto direccionamiento en la licitación de pintura epoxi hacia la firma Consulper S.A. también chocó de frente contra los registros del Boletín Oficial. Los documentos públicos demostraron que el oferente recomendado para la adjudicación fue CIMSA Servicios S.R.L., desarticulando cualquier sospecha de favoritismo o capitalismo de amigos. El buen vínculo de los equipos técnicos del gobierno con los mecanismos de control interno no pasó desapercibido; el proceso incorporó el sistema de doble sobre, matrices objetivas y la intervención permanente de la Sindicatura General de la Nación.

El armado judicial que tejió la mesa chica de la Casa Rosada miró con atención este desenlace. En los pasillos de los tribunales federales se interpretó la ampliación de Reidel como una jugada osada pero certera que sepultó de raíz la existencia de una asociación ilícita. Al no registrarse un delito, antecedente ni un circuito de retornos oscuros, las figuras de negociaciones incompatibles y abuso de autoridad se derrumbaron a ojos de la justicia y tendrá novedades en el muy corto plazo.  

Con Pagano en una soledad política absoluta y sin papeles para mostrar, el oficialismo prepara el golpe de gracia: un inminente pedido de sobreseimiento que la dejará expuesta al velorio de su propia operación y al fleje de una contraescena por falsa denuncia. En el Gobierno más de uno se pregunta si Marcela Pagano trabajó este intento de ensuciar a Reidel en soledad o lo hizo con parte del fuego amigo. Si Karina Milei llega a corroborar que alguien de LLA fue quien ensució y operó para destruir a un funcionario de confianza de los hermanos Milei, se concluirá entonces que buscó indirectamente dañar al Gobierno y al Presidente, por lo que saldrá eyectado sin importar el calibre ni la injerencia que tenga.

El ex titular de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, se presentó de manera espontánea ante la Justicia federal para rechazar “de modo terminante” las acusaciones formuladas en su contra en la causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Una de tantas. En el escrito, Reidel destaca que la experiodista se convirtió en mejor operadora judicial que legisladora: es que Pagano lleva radicadas más de treinta denuncias penales en lo que va del año, sólo ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Lo que en boca de un particular no pasaría de un rumor de pasillo, deslizado por una legisladora podría proyectarse sobre el buen funcionamiento de las instituciones de la República”, sostuvo Reidel en el escrito. Además, calificó como “denuncias seriales” las presentaciones impulsadas por la diputada y afirmó que responden a “una línea de montaje fordista” destinada al “desgaste político”.

El carpetazo que en este caso le tocó a Reidel es, según puede saber este medio, otro coletazo de las internas que se agitan desde el entorno de Santiago Caputo y que no hacen otra cosa que exponer innecesariamente al Gobierno. Caputo sumó un funcionario técnico más afuera del Gobierno, a pesar de la confianza y amistad con Karina y Javier Milei.

En el escrito judicial, Reidel pidió que se avance “con la investigación más profunda y exhaustiva que pueda concebirse” y aseguró que no tiene “nada que ocultar”.

Volviendo sobre el accionar en serie de Pagano, Reidel sostiene que “recae sobre quien ostenta una banca un deber de prudencia y diligencia notoriamente mayor al del común de los habitantes”. Sin embargo, explica que "cuando una misma persona, de forma cuasi sistemática, suscribe y promueve más de treinta denuncias penales, varias de ellas reiterativas sobre idénticas personas por hechos sustancialmente análogos, la Jurisdicción dispone de un dato concreto para advertir que no se está ante un ejercicio razonable del deber cívico de denunciar sino, antes bien, frente a un patrón de presentaciones seriales que obedecerían a delirios querulantes, cuyo escrutinio reclama un rigor aún mayor.

La presentación fue realizada en el expediente CFP 2339/2026, donde el ex funcionario sostuvo que afrontará el proceso “sin reservas” y anticipó que más adelante ampliará su defensa con documentación respaldatoria. 

En su descargo, Reidel negó cada uno de los hechos atribuidos en la denuncia. Respecto de la acusación de enriquecimiento ilícito, aseguró que “no existe incremento patrimonial inexplicado o injustificado” y afirmó que los fondos cuestionados provienen de “tres cesiones onerosas de participación en el Fideicomiso Uruguay 6060 - San Isidro”, por un total de 770 mil dólares.

Según explicó, esa operación está “documentada mediante instrumentos privados con intervención notarial” y será acreditada ante el juzgado con certificaciones específicas.

El ex titular de Nucleoeléctrica también rechazó irregularidades vinculadas a la supuesta migración del sistema SAP/HANA. En ese punto, sostuvo que nunca existió adjudicación ni erogación de fondos y que únicamente se realizó “un análisis técnico preliminar de factibilidad” debido a la obsolescencia tecnológica del sistema.

Otro de los puntos centrales del escrito apunta a la contratación del servicio de limpieza de la empresa estatal. Allí, Reidel aseguró que la adjudicación “nunca fue concretada” y que, por el contrario, fue él mismo quien resolvió revocar el procedimiento antes de que se perfeccionara.

En relación con la contratación de pintura epoxi, negó que la firma Consulper S.A. hubiera sido favorecida. Según indicó, la empresa recomendada para adjudicación en el expediente oficial fue otra compañía, CIMSA Servicios S.R.L., por lo que consideró que la denuncia “atribuye a una firma un resultado que ni siquiera se compadece con el curso oficial del trámite”.

También rechazó la acusación sobre el supuesto cobro de comisiones del 5% a proveedores. “El suscripto no exigió, no recibió, no toleró ni consintió comisión alguna de proveedor alguno de NA-SA”, afirmó. Y agregó que la denuncia “no aporta el nombre de un solo proveedor, ni una cuenta receptora, ni una transferencia, ni una factura, ni una fecha”.

Reidel volvió a reclamar de esta manera que la investigación avance sin restricciones. Días atrás, ante las versiones periodísticas sobre supuestos gastos personales con tarjetas corporativas, había asegurado: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”.

“Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”, había señalado el ex funcionario, quien insistió en que su actividad “fue exclusivamente laboral”.

En el escrito judicial reiteró ese posicionamiento y pidió medidas de prueba concretas, entre ellas informes a Banco Macro sobre sus operaciones crediticias, requerimientos a proveedores de Nucleoeléctrica y la remisión de expedientes administrativos vinculados a las contrataciones cuestionadas.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso”, había manifestado previamente Reidel, una línea que ahora replicó ante la Justicia al reclamar “celeridad” y un pronunciamiento judicial expreso que descarte las acusaciones.

Oscar Alberto Carod asegura que lleva 12 años detenido por una denuncia falsa realizada por una de sus hijas adolescentes. Según relató, el conflicto comenzó entre 2013 y 2014, cuando su hija “se puso de novia con un mayor de edad que era consumidor y un aprendiz de narco”, situación a la que tanto él como la madre de la joven se opusieron.

“Como padre puse límites a esa situación, incluso la madre también. Eso nos llevó a una denuncia que terminó en un juzgado de familia”, explicó Carod. Según sostiene, durante ese proceso su hija “confesó que había sido toda mentira porque estaba enojada con la madre y conmigo, porque no le permitíamos sostener la relación con este muchacho”.

Carod afirmó que decidió mantenerse firme en su oposición debido a información que, según dijo, había surgido durante la investigación sobre el entorno del joven. “No fue más que acompañada por él y por otras personas que la llevaron a hacer una denuncia de abusos, lesiones que jamás existieron”, aseguró.

El hombre remarcó que existen “pruebas irrefutables” que demostrarían su inocencia. “Están las certificaciones médicas correspondientes que avalan lo que hablo”, indicó. Además, mencionó a sus abogados, la doctora Elisa San Gregorio y el doctor Paglia, quienes —según dijo— “están dispuestos a hablar con quien sea”.

Carod cuestionó duramente el accionar del Departamento Judicial de Mercedes. “El 9 de mayo de 2014 me presenté pidiendo ayuda. No fui con abogados; fui solo, con un escrito para que se investigara a todo el núcleo familiar, a mí y a personas allegadas”, relató.

Sin embargo, sostuvo que el accionar judicial de Mercedes fue “inepto, perverso y hasta corrupto”. También denunció que estuvo “cinco años, cinco meses y siete días con prisión preventiva”.

“Fuimos al debate y se demostró con creces mi inocencia, con pruebas irrefutables”, afirmó. Según explicó, sus abogados grabaron audios del juicio oral que, asegura, “dejan en evidencia la perversa convivencia que hubo entre el fiscal y los jueces del Tribunal Oral N°4”.

En ese sentido, cuestionó que el mismo fiscal que intervino en la etapa de instrucción haya actuado también durante el juicio oral. “Se manejó con total perversidad para impedir que saliera a la luz la verdad”, sostuvo.

Carod fue condenado a 21 años de prisión, aunque aclaró que continúa en condición de procesado debido a que apeló el fallo en todas las instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires.

“Llegamos hasta la Suprema Corte bonaerense y nunca quisieron escuchar nada, ni tener en cuenta las pruebas ni los audios del debate”, afirmó.

Actualmente, su caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Desde marzo del año pasado estamos esperando que alguien simplemente lea la causa. Eso no ocurrió ni en las instancias inferiores ni en la provincia”, manifestó.

El detenido aseguró que mantiene la esperanza de que el máximo tribunal revise el expediente y “pueda ver el daño tremendo” que, según él, le ocasionó el sistema judicial. “Nunca atinaron a escuchar nada de lo que yo ofrecía para poder evaluar si yo fui responsable de los delitos que se me imputan”. 

Carod afirmó que durante sus casi 12 años de detención comenzó a estudiar abogacía y a interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema judicial. También destacó el acompañamiento del psicólogo forense Pablo Martínez Soares de Lima, que “detectó el mal funcionamiento” de sus colegas dentro del ámbito judicial.

Martínez Soares de Lima hace un panorama que explica la problemática y el modus operandi que contamos casi en soledad en Newstad: “En nuestro país casi no existe capacitación en psicología del testimonio. Hay una deficiencia muy grande. La mayoría de los peritos ni siquiera sabe lo que es".

“No saben tomar el relato ni analizarlo. Luego de eso, se podrían haber hecho las pericias psicológicas de la chica y también del entorno. Estas investigaciones deberían enfocarse mucho en el contexto, en las historias alrededor de toda la familia. Eso, por supuesto, no se hace. Se cree y se acreditan únicamente los dichos de quien denuncia, y nada más”, enfatiza el especialista que acompaña a Carod.

El detenido explica que “la idea de hacer pública mi causa no es solamente por lograr mi libertad, sino también para evidenciar cómo funciona este sistema”, expresó.

Carod consideró que existe una “responsabilidad compartida” entre quienes realizan falsas acusaciones y quienes administran justicia. “Quien miente tiene responsabilidad, pero más responsabilidad tienen quienes ejercen dentro del ámbito judicial, porque o no saben diferenciar cuándo alguien miente o, como pasó en mi caso, sabían que mentían y aun así hicieron prosperar una causa”, denunció.

En el tramo final de su testimonio, Carod apuntó contra lo que definió como una lógica corporativa dentro de la Justicia: “Siempre escuché esa famosa frase de que son ‘una gran familia’. El punto es que esta gran familia está destruyendo muchas familias”.

También aseguró haber conocido durante su encierro a personas que “no soportaron la situación y se quitaron la vida”. Y admitó: “Es algo que me ha pensado, pensar ‘para qué vivir", debido a  haber atravesado momentos ”de agotamiento emocional y mental producto del “injusto encierro”.

“Me sostengo por el apoyo que tuve desde adentro y desde afuera, confiando en que esto va a terminar y en que los responsables van a tener que hacerse cargo”, concluyó.

El operativo que buscó el impacto mediático tiene hoy a la gestión de Jorge Macri en la mira de distintos sectores. A plena luz del día --se aprobó a las 18 y comenzó a las 19 horas-- las fuerzas de Seguridad entraron a los barrios populares de a cientos de efectivos, se generó un caos y el resultado fueron 27 detenidos por cargos menores, muchos sin antecedentes y con la iglesia y oposición condenando el accionar, más allá de los más de cien millones de pesos que demanda un tipo de operativo de ese calibre. “Tormenta negra” fue un bumeran para Jorge Macri y la oposición no descarta iniciar acciones legales contra funcionarios. 

El operativo fue desplegado con un despliegue audiovisual sin precedentes en 15 barrios populares de la Ciudad, pretendió erigirse como la confirmación del perfil de "sheriff" de Jorge Macri con su “tolerancia cero” a la porteña.  Sin embargo, cuando la polvareda de la infantería se asienta y las luces de los sets de televisión se apagan, el análisis frío de los números y las repercusiones institucionales devuelven una realidad incómoda: una monumental puesta en escena logística que terminó resultando contraproducente para las propias aspiraciones políticas del jefe de Gobierno.

El despliegue fue, desde que empezó, hiperbólico. Un ejército de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad saturó pasillos y accesos perimetrales en nodos críticos como la Villa 31, Zavaleta, la 1-11-14 y el Barrio Fraga. El saldo neto que  Seguridad intentó capitalizar es menor: 27 detenidos. Los cargos: soldaditos de pasillo, adictos en posesión de dosis mínimas y pequeños infractores atrapados en razzias por portación de rostro. En móviles de televisión mostraron un hombre de 30 años detenido por no tener documentos delante de sus hijos y su esposa. 

El perfil de los 27 detenidos —adultos jóvenes de entre 20 y 34 años, la mayoría con antecedentes menores y entradas recurrentes por la Ley 23.737— expone el fenómeno de la "puerta giratoria" que el propio oficialismo declama combatir. Tres capturas por delitos preexistentes contra la propiedad y la clausura de 25 comercios informales bajo la sospecha de piratería celular completan un cuadro se vincula con el combate al crimen organizado.

La falta de estrategia y de planificación quedó expuesta: entrar de día con cámaras y las familias en la vereda expuso al jefe de Gobierno. Mientras el operativo corría, el barrio estaba en calma y un torneo de fútbol femenino se llevaba a cabo. El error de cálculo de Jorge Macri no fue operativo, sino estrictamente político e institucional. Mientras intenta endurecer posturas para ser el candidato de la unidad en CABA entre La Libertad Avanza y el PRO, estos hechos no colaboran con su ingreso a las ponderaciones de Karina Milei y Pilar Ramirez, quienes aprueban o rechazan el armado.

La reacción más devastadora provino de la Pastoral de Villas. Los curas villeros, actores territoriales indispensables para la contención social en momentos de recesión profunda, salieron con los tapones de punta a denunciar el "show publicitario" y la estigmatización de la pobreza. Introducir infantería disparando cartuchos de estruendo en pasillos donde juegan niños a plena luz del día fue catalogado por la Iglesia como una provocación irresponsable. Jorge Macri logró lo que parecía imposible en la coyuntura actual: unificar a la Iglesia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a los bloques opositores de la Legislatura en una misma línea de impugnación.

Sobre las detenciones, el CELS fue contundente: “Las propias cifras oficiales muestran, además, inconsistencias graves que refuerzan la preocupación por la falta de controles. Según el Gobierno de la Ciudad, 27 personas fueron detenidas por distintos delitos. Sin embargo, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad sólo registró 14 detenciones. Sobre las otras 13 personas incluidas en el número oficial no hay información pública sobre imputación judicial”. 

El arzobispo Jorge Garcia Cuerva dijo: “para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, ‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo, a cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es ‘Tormenta Negra’, y hace años, décadas, que lo sufren nuestros barrios”, dijo Cuerva durante la misa en la Villa 31 en la que pidió “un nuevo amanecer”. Fue tal vez la crítica más dura que recibió el PRO desde la iglesia.

La oposición ya capitaliza el hecho en las comisiones de seguridad, catalogando al operativo como "humo de campaña financiado con fondos públicos". La sobreactuación del discurso contra los extranjeros —exigiendo la expulsión de dos detenidos de nacionalidad peruana y chilena antes de que medie una condena firme— no hizo más que confirmar el sesgo electoralista de la movida.  Desde el bloque opositor mayoritario, Fuerza por Buenos Aires, emitieron un duro comunicado en el que calificaron el despliegue como una burda "operación de prensa" y denunciaron un flagrante "fracaso en materia de seguridad". Los legisladores de la bancada conducida por Claudia Neira advirtieron sobre el uso desproporcionado de recursos públicos y el "gasto millonario" que implicó movilizar a un ejército policial en el prime time televisivo, sin que ello arrojara resultados concretos ni estructurales contra las verdaderas bandas que operan el delito complejo en el distrito.

Fred Machado conversó con Newstad en reiteradas ocasiones en estricto off the record, donde explicaba con detalles que no tenía la más mínima vinculación con el narco y que no consumía ni tenía contacto con el mundo narco. Eran días de señalamiento nacional para con el empresario rionegrino y su pedido expreso era evitar la extradición. La justicia norteamericana le dio la derecha parcialmente, es probable que el lunes se confirme que no es narco, ser achique la condena y se ponga la lupa por maniobras o estafas a clientes de la compra y venta de aviones. Fue el final para José Luis Espert y el comienzo de un caos para Machado, quien podrá pedir cumplir su condena en su país. 

El Distrito Este de Texas está en su etapa de resolución definitiva después de la presentación del acuerdo de culpabilidad ante la Fiscalía norteamericana. Así entonces, el escenario procesal se depuró de las imputaciones accesorias que enturbiaron el debate público y que ponían a Machado casi a la altura de un capo narco. Tal como anticipó en octubre de 2025 Newstad, tras analizar en exclusiva los términos del entramado contractual y logístico, la acusación por narcotráfico directo carecía del sustento penal necesario para prosperar en un juicio oral. 

La estrategia de la defensa de Machado fue exitosa y se dedicó esencialmente a desactivar los señalamientos de narco que podían generarle sentencia de  reclusión perpetua. Así direccionó todo a la aceptación de los delitos de fraude electrónico y asociación ilícita para el lavado de activos. Esta arquitectura delictiva de guante blanco, vinculada a esquemas de financiamiento mediante un trust de aeronaves con registros adulterados, coincide con el diagnóstico que Newstad sostuvo desde las primeras etapas de la extradición. La probable quita del cargo de narcotráfico reconfigura la naturaleza del debate, desplazándolo de la mitología de las organizaciones criminales  hacia el territorio de las ingenierías financieras y la opacidad en el financiamiento logístico. Una cosa es traficar cocaína, otra es no pagar impuestos, y otra muy distinta no pagar servicios o vender dos o tres veces el mismo avión.

El futuro del rionegrino se encuentra ahora supeditado de manera exclusiva a la audiencia de este lunes. El juez federal Amos Mazzant III decidirá si homologa o rechaza el acuerdo de culpabilidad generado presentado por la Fiscalía de Texas. Para Machado, la jornada representa una encrucijada donde se juega el todo o nada: de refrendarse el pacto, sus abogados solicitarán el cómputo del prolongado período de detención preventiva que el empresario ya cumplió en establecimientos carcelarios argentinos, abriendo una ventana concreta para la recuperación de su libertad en el corto plazo y su eventual retorno al país.

Por el contrario, una eventual negativa del magistrado a convalidar los términos del acuerdo obligaría a reactivar los mecanismos de un juicio oral masivo, donde el volumen de la evidencia documental acumulada volvería a tensionar las posibilidades de la defensa. En términos políticos, la redefinición del estatus de Machado aporta un elemento de previsibilidad para el entorno de José Luis Espert, cuya vinculación original con el instrumental aéreo de la firma South Aviation durante la campaña de 2019 queda encapsulada en el marco de una severa falencia de control de proveedores, desvinculada de cualquier ligazón con el tráfico de drogas.

Manuel Adorni está convencido de que la operación de prensa que mueve entre otros Juan Grabois, Rodolfo Tahilade y parte de la ex SIDE kirchnerista está por ver el final de su intentona. Desde el entorno de Adorni confirmaron a Newstad la inocencia del funcionario y confirmaron: “no lo van a correr con espionaje ni con carpetazos, sabemos que la inocencia es total y que la Justicia lo va a demostrar”. La novela sigue y el Gobierno cree que saldrá fortalecido del escenario de crisis. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido en los papeles por Diego Hernán Goldman y Mariana Gabriela Malvina Venesio, pateó el tablero judicial. Presentaron una denuncia penal contra el diputado kirchnerista Luis Rodolfo Tailhade por presuntos actos de espionaje ilegal. La presentación acusa al legislador de violar la Ley de Inteligencia Nacional al revelar públicamente detalles milimétricos sobre la vida privada y la custodia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia. Para el oficialismo, Tailhade no usó información de "pasillo"; desempolvó sus viejas mañas de cuando fue Director de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Tahilade siempre fue parte de los camisa negra de Kirchner, con gritos desencajados en la Cámara de Diputados. Siempre duro, Tahilade acusó a la familia Adorni y señaló con detalles íntimos los movimientos de la mujer del jefe de gabinete, lugares de frecuencia y otros detalles que no son públicos. 

La denuncia se basa en la performance de Tailhade el pasado miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Adorni había ido a dar su informe de gestión, pero el diputado prefirió interpelarlo sobre la logística de seguridad de su esposa y sus hijos menores de edad. Tailhade no se anduvo con vueltas: detalló que la esposa de Adorni tiene custodia policial, un auto oficial (un Ford Focus) y tres equipos de custodia que rotan cada 24 por 48 horas. "Son seis personas de la Policía Federal que se ocupan de la custodia de su esposa", disparó.

Pero el diputado fue más lejos, como siempre. Acusó a la mujer de usar la custodia para "ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a 'La Fernetería', un bar de moda en Palermo". Incluso aseguró que "a las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevar a su casa". Cuando le pidieron explicaciones por semejante intromisión, Tailhade se limitó a decir que él se dedicaba a "cazar corruptos".

Lo que para Tailhade es una "investigación", para el Gobierno es llanamente espionaje ilegal. La denuncia subraya la "preocupante" precisión con la que el diputado maneja el desempeño y la logística de una custodia que, por definición, debe actuar con sigilo. Para los denunciantes, si los datos son ciertos, Tailhade habría usado medios ilegítimos para seguirle los pasos a la familia de Adorni, franqueando su seguridad. El Gobierno confirmó a este medio que irán hasta las últimas consecuencias. 

Y acá es donde entra el prontuario del diputado: fue nada menos que Director de Contrainteligencia de la ex SIDE durante el kirchnerismo. El Gobierno se pregunta si ese antecedente le permitió emplear "influencias, contactos, y/o eventualmente medios técnicos" para conocer la vida personal y la logística de seguridad del Jefe de Gabinete. Acusan a un ex jerarca del aparato de inteligencia de usar sus conocimientos para hacer inteligencia ilegal contra funcionarios públicos actuales, una práctica que remite a los peores años del populismo espía.

La denuncia sostiene que estas tareas de espionaje ilegal comprometen directamente la institucionalidad del Estado. Argumentan que Adorni maneja información estratégica y clasificada. La obtención clandestina de sus hábitos y situaciones privadas puede ser usada para presionar, extorsionar o condicionar sus decisiones, afectando la independencia funcional del Poder Ejecutivo.

Para el Ministerio de Seguridad, la manipulación de esta información obtenida ilícitamente genera inestabilidad política. Por eso, el pedido a la justicia federal es claro: una "exhaustiva investigación" para castigar a los responsables de este apriete populista disfrazado de control parlamentario.

Es un caso lamentablemente ejemplar de Justicia sesgada por cuestiones de género. A. vino especialmente a Buenos Aires a hablar con Newstad para contar que tiene pruebas aberrantes contra su ex mujer que permitirían acusarla por corrupción de menores. La menor es su hija. Las pruebas son videos irreproducibles. A. afirma que son al menos 17 filmaciones hechas por su expareja, forzando a su hija a situaciones sexuales en las que la menor grita, pide basta. 

A. explica que primero fue falsamente denunciado por abuso de su hija. Relata un modus operandi conocido: implantación de memoria y preguntas forzadas en la cámara Gesell. Ahora denuncia un oscuro entramado que incluye un pesado tráfico de influencias que permitió que la causa por corrupción de menores contra su exmujer esté suspendido. “Ya ni siquiera pido volver a ver a mi hija, pido que la protejan”, suplica.

En este tramo, A. da más detalles de ese material aberrante y la resistencia de su ex para entregar su celular a la Justicia. A. indica que en esas imágenes se ve a su ex pareja diciéndole a su hija: “Que querés que te haga la mamá”, dice A. 

“Hay videos de mi hija pidiendo que la madre la deje de grabar. Son indescriptibles. Hay 17 videos, que son los que estaban en el celular, porque lo que se supo también es que hay material que aparece como eliminado o encriptado y no se puede recuperar".

También, a partir del acceso al material del celular de su ex, detalla cómo y quienes (hasta una medium) intervinieron para el armado de la falsa denuncia en su contra. 

No alcanzó un salón, tampoco dos. El Azul y De las Provincias del Senado de la Nación se vieron colapsados ante una nueva convocatoria para poner de nuevo en agenda el drama social de las falsas denuncias de violencia de género y abusos. Teléfono para quienes niegan el problema o argumentan que la cantidad de estas causas es ínfima. Parece que no, porque además hubo mucho más convocados que no pudieron ingresar. 

La jornada  se convirtió un desfile de la injusticia con casos que fueron pasando por un atril y otros tantos que escuchaban y dejaban caer sus lágrimas mientras se sentían identificados con los relatos. La convocatoria también sirvió para reforzar la necesidad de un pronto tratamiento en el recinto de un proyecto de ley que establece prisión efectiva para denunciantes y profesionales que promueven falsas denuncias de violencia de género, acoso o abuso sexual a menores. 

Martiniano Correcher tiene solo 18 años pero ya vivió en carne propia el calvario: estuvo 654 días preso por una causa de abuso de la cual fue absuelto hace pocos días. Lo dejaron sin uno de los momentos más importantes de su edad, el viaje de egresados. 

“Vinieron los móviles policiales a buscarme, fui detenido y empecé a ver en primera persona la injusticia. Cuando recién cumplí mis 18 años sentí como me arrebataron mi vida”, comenzó a recordar el joven, uno de los cuatro absueltos luego de una causa de abuso en Biallet Massé, Córdoba. 

“Pasé a sobrevivir, mi presunción de inocencia se fue por la basura”, expuso al borde de quebrarse Martiniano ante los ojos de su madre. Y describió esos casi dos años tras las rejas: “654 días sin ver a mi hermano de tres años. Inviernos de temperaturas bajo cero con baños a agua fría, veranos hacinados en una celda de tres por cinco, con quince internos y sin ventilación. Mi madre desagarrándose en cada día de visitas cuando yo iba a la celda”. Relato ejemplar de cómo una mentira arruina una psiquis, una familia. De esto se trata. 

“Hoy siento que puedo contar mi historia desde otro lugar y ayudar a que otros chicos no pasen lo mismo que nosotros. El tiempo perdido y lo causado en mi familia es irrecuperable. Pero hace 10 días recuperé mi libertad y ahora empezaré a reordenar mi vida”, cierra esperanzado un joven todavía demolido por un sistema que falló por todos lados. 

El caso de Pablo Ghisoni, claro exponente de cómo uno de los dos progenitores inserta un relato mentiroso en la mente de un hijo para incriminar al otro, también estuvo presente. El médico de Lomas de Zamora, cuya absolución se confirmó a fines de marzo, se sumó al atril junto a sus hijos. Uno de ellos, Tomás, el que reveló que su madre lo hizo ensuciar el buen nombre de su papá. 

Antes de su mensaje público, Ghisoni le dejó a Newstad un mensaje enfocado hacia adelante: “Si hay vida hay esperanza. A pesar de todo lo transitado que es inolvidable, la vida da revancha y terminás cultivando lo que sembras. A mi la justicia no me devolvió los hijos. Me los devolvió el tiempo, porque se dieron cuenta solos de que es lo que pasa”

Pero tampoco dejó pasar la chance de dejar un reclamo: "Quisiera una Justicia que esté a la altura. Que nos evite todo esto, porque se trata de impericia de la Justicia. Una Justicia que tarda 10 años no es Justicia. Fiscales que actúen de oficio cuando hay una absolución, que levanten las medidas reestrictivas y digan ‘acá hay una falsa denuncia’. 

“Voy a seguir ayudando a todas las familias que están en este maldito camino”, cierra convencido Ghisoni. 

 La expareja de Andrea del Boca no tuvo una exposición esperanzadora, ya que las consecuencias son irreparables y continúan: el vínculo con su hija está roto a pesar de que también fue absuelto de todas las acusaciones de agresión sexual contra ella: “Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

Su derrotero judicial también es un copy paste de un modus operandi para estas causas: “Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009, la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo. Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006″. 

Finalmente, citó el fallo. Quedó la verdad, pero también quedaron los daños familiares: “Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico, que el relato formulado en la denuncia y la rectificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas”. 

Con el inicio fuerte del año político, la senadora Carolina Losada se mostó esperanzada en que durante abril avanzará el proyecto de ley en comisiones y en los respectivos recintos.

Hay acompañamiento del PRO, LLA y la UCR. Quienes aún no se sacan las anteojeras ideológicas para ver con humanidad este problema, están a tiempo de informarse y quizas escuchar de primera mano a estos casos que siguen llenando auditorios y se van quebrados, porque aún siguen esperando Justicia.

Ahora todos figen demencia, pero en el mundillo de trabajadores de salud las “Propofest” eran por lo menos un secreto a voces, sino hechos bien conocidos en guardias y quirófanos. Tuvo que morirse Alejandro Salazar, con una vía atada a su pie, para que se active una denuncia por robo de fármacos. 

La punta del iceberg es el Hospital Italiano. Según la trasabilidad de los fármacos encontrados en la escena fatal, el departamento del anestesiólogo en Palermo, los fármacos pertenecían a ese centro de salud privado. Pero ya es innegable que el robo de propofol y fentanilo, dos drogas intrahospitalarias cuyo riesgo de muerte es cuestión de “pasarse” dos gotas más, ocurrió (¿ocurre?) también en hospitales públicos. Ya hay por lo menos seis centros de salud de ambos ámbitos señalados en esta presunta red de ladrones de fármacos. 

Este periodista pidió alguna reflexión sobre este caso al ministerio de Salud de la Ciudad. La fuente fue tajante, quizás apresurada: “No sucedió en el ámbito de los hospitales públicos”. 

La Justicia tiene en su poder por estas horas laptos, tablets y pendrives de los imputados por estos robos: Hernán Boveri de 45 años y Delfina Lanusse de 29, ambos expulsados del Hospital Italiano. Se vendrán acusaciones cruzadas entre ellos sobre el rol de cada uno en estas “filtraciones” en ese centro. De sus domicilios secuestraron insumos médicos necesarios para estas fiestas de “viajes controlados”. 

Pero será clave lo que se encuentre en los dispositivos tecnológicos, y ni hablar en el celular del anestesiólogo fallecido: una caja de pandora de nombres y lugares sobre estas “propofest” que tenían un precio de entrada, inclusive en dólares. El precio incluía orgías y los insumos necesarios para “administrar” el propofol y el fentanilo de manera “controlada”. Un delirio en el límite constante con la muerte, el destino final de Salazar.  

Respecto de la víctima hay un dato inquietante para todos los que estuvimos y estaremos expuestos a intervenciones a lo largo de la vida. Salazar había dado positivo en un control antidoping aleatorio del Hospital Italiano y algún superior lo dejó pasar con esa frase que nunca se cumple en un contexto de consumo problemático: “que no vuelva a pasar”. Por este antecedente ya citaron a declarar a un amigo de Salazar, y habrá más médicos involucrados. 

En esta presunta red de fiestas se usa también fentanilo, llamada “la droga zombie” en Estados Unidos por los dramáticos efectos visibles luego de su uso ilegal. En Argentina el problema ya pegó fuerte, con una causa que investiga más de 100 muertes por fentanilo adulterado.

Alejandro Ayala es hermano de Lionel y una de las víctimas de este listado y reclama que con este nuevo escándalo se debe poner “el foco en una debilidad estructural que impacta directamente en la seguridad sanitaria”. En su contacto con este medio aprovecha para “reforzar el pedido de una ley nacional de trazabilidad integral  que garantice seguridad farmacologica para evitar que medicamentos de alto riesgos lleguen contaminados a hospitales, se desvíen en el mercado y se use inadecuadamente por fuerza del circuito medico”.

Este caso destapa una situación macro que requiere más abordajes. El médico emergentólogo Eduardo Arellano resalta a Newstad que “el trabajador de la salud tiene un alto estrés y no hay ninguna red pública ni privada de contención y encuentran éstas vías de escape en estos eventos que terminan bien o muy mal”.

“No hay ningún ambito de control de médicos de guardia que trabajan en turnos de 24 horas y quizás después van corriendo a otro centro de salud. Tienen bajos sueldos, acumulan estrés y encima tienen acceso a estas drogas. Todo esto implica riesgo para los pacientes”, cierra el profesional de la salud. 

Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.

Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.

Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.

En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.

En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.

Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.

Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,

Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.

En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina. 

Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF fue interpretada por el Gobierno argentino como un avance clave en la estrategia judicial del país. La medida frena el acceso a información y posibles embargos sobre activos estatales, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo.

Desde la Casa Rosada señalaron que el fallo constituye un hecho “histórico y sin precedentes”, ya que detiene todos los procedimientos en curso en la Corte de Distrito y deja en suspenso una instancia considerada sensible para los intereses nacionales. En particular, se evitó el avance sobre bienes y activos que podrían haber quedado expuestos en el marco del litigio.

En esa línea, el exsecretario de Energía y exdirector de YPF, Emilio Apud, explicó a Newstad los riesgos que implicaba esa etapa del proceso judicial.

“Corrían peligro muchos activos de la Argentina que no tenían nada que ver con las malas prácticas que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento a través de Axel Kicillof, cuando realizó la expropiación mal hecha de las acciones. En ese contexto, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y muchos otros activos podrían haber sido embargables si avanzaba el discovery, en caso de demostrarse una relación directa entre esos activos y el Estado nacional”, sostuvo.

La resolución judicial también implica una pausa en un litigio que supera los 16 mil millones de dólares más intereses, cifra que ahora queda sujeta a la revisión de la apelación presentada por la Argentina.

“La Justicia norteamericana decidió suspender eso y esperar el resultado de la apelación que hizo nuestro país respecto de los 16 mil millones de dólares más intereses”, explicó Apud.

En cuanto a las perspectivas futuras, el especialista consideró que aún existe margen para discutir el monto final de la eventual condena.

“Tal vez se pueda negociar la magnitud del monto, es decir, bajarlo. Está en juego el momento en que se toma el tipo de cambio: una cosa es considerarlo al momento de la expropiación, alrededor de 2013, y otra muy distinta es cuando llegó la sentencia. Son diez años de diferencia y, según cuál se tome para calcular el cambio, la cifra podría reducirse prácticamente a la mitad”, señaló.

Por otra parte, Apud vinculó la decisión judicial con el contexto de relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, aunque con matices sobre el alcance de esa influencia.

“Esto no es ajeno a la nueva relación que existe entre la Argentina y Estados Unidos. Podría tener algún tipo de influencia. De hecho, esto se logra precisamente por la influencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos”, afirmó.

No obstante, aclaró los límites institucionales en el sistema norteamericano: “De todas maneras, hay que tener en cuenta la división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse directamente en decisiones judiciales. Pero, evidentemente, su opinión pesa”.

Mientras tanto, el Gobierno ratifica que va a insistir con todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del país en una causa que lleva más de una década y que sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para las finanzas del país.

En el tablero de Comodoro Py, donde las piezas se mueven con la lentitud del bronce, Cristina Fernández de Kirchner hizo ayer un movimiento de apertura que no estaba en los manuales de la ortodoxia jurídica. Al ingresar a la Sala AMIA para su declaración presencial en la causa Cuadernos, la expresidenta no eligió hablarle a los jueces del TOF 7 sobre las fotocopias de Oscar Centeno. Eligió hablarle al país —y especialmente a Juan Bautista Mahiques— sobre el presente. Como suele hacer, eligió olvidar su realidad para atacar al Gobierno y comparar los tiempos judiciales.

La estrategia fue de una simetría letal. Mientras la Justicia le exige presencialidad por una causa de "cohecho" basada en registros quemados, ella revoleó sobre el estrado el "Caso Libra": la presunta estafa cripto de u$s 5 millones que acorrala al presidente Javier Milei. No fue un exabrupto; fue una operación de pinzas política y judicial.

Para los dirigentes que leen entre líneas, el destinatario del mensaje fue el flamante Ministro de Justicia. Mahiques, quien llegó con la misión de "pacificar" los frentes judiciales del oficialismo, se encontró con una Cristina que le marcó la cancha de entrada. Al denunciar el "cajoneo" del fiscal Eduardo Taiano sobre los peritajes del celular de Mauricio Novelli, Cristina ubicó a Mahiques en una posición incómoda: la de protector de una "casta cripto" que opera desde Balcarce 50.

La mención elíptica a la "defensa de los imputados" que aporta pruebas mientras el fiscal mira hacia otro lado pone el foco en Franco Bindi. El abogado, que ha sabido tejer redes en los sótanos de la inteligencia y que hoy camina junto a Marcela Pagano en la espera de ¿su segundo hijo?, es el hombre que ostenta la llave del Caso Libra. Cristina sabe que Bindi tiene los chats donde Hayden Davis y Novelli habrían pactado el apoyo presidencial a cambio de tokens líquidos. Al citar el contenido de ese expediente, la expresidenta no solo se defendió; le avisó al Gobierno que conoce la profundidad del pozo.

El primer impacto político es la neutralización del discurso de transparencia oficial. Si Mahiques no logra que la causa Libra avance con la misma celeridad que las causas K, el Gobierno pierde su activo más valioso: la superioridad moral. Políticamente, esto le da aire a la "resistencia" del peronismo, que ahora tiene un contraejemplo de "corrupción actual" para contrastar con la "corrupción histórica" que se le imputa con sobradas razones y una veintena de dirigentes presos. Para los abogados penalistas, esto prefigura un escenario de nulidades cruzadas donde el Caso Libra podría ser usado para cuestionar la imparcialidad de toda la familia judicial.

El segundo escenario es el desgaste prematuro del Ministro, a quien algunos le ponen el traje de Procurador antes de diciembre. Si la presión de la Comisión Investigadora en Diputados —donde se filtraron los mensajes que vinculan a Milei minutos antes del lanzamiento de $LIBRA— se traslada a la calle, Mahiques podría quedar reducido a un abogado defensor de lujo. El "Jefe" Karina Milei no tolera las esquirlas que manchan al León. Si el Caso Libra escala, Juan Bautista podría verse obligado a una purga interna en Comodoro Py para "ofrecer una cabeza" y calmar las aguas, arriesgando su propia construcción de poder en el Consejo de la Magistratura.

El análisis más cínico que circula en los pasillos de Comodoro Py sugiere que este despliegue de fuerza busca, en realidad, un equilibrio de terror. Cristina exhibe su conocimiento sobre Libra para que el Gobierno entienda que "ir por todo" tiene un costo nuclear. La sombra de Bindi y la ferocidad de la expresidenta sugieren que, si Mahiques intenta acelerar la condena firme de Vialidad para proscribirla, el ventilador de la criptoestafa no dejará a nadie en pie.

Desde el punto de vista del derecho penal, la declaración de ayer fue una "excepción de falta de acción" de facto. Cristina Kirchner transformó un juicio oral por su pasado en una interpelación sobre el presente del Poder Ejecutivo. Al apuntar contra Taiano y por elevación a Mahiques, la "Doctora" demostró que, aun bajo arresto domiciliario y con condenas a cuestas, sigue manejando la gramática del poder. 

Corruptos prófugos transportados clandestinamente por tierra. Sobres con cien mil dólares en efectivo. Documentos de nacionalidad argentina truchos, estadías ocultas en Palermo y la connivencia de la Gendarmería y el ministerio de Seguridad durante y post Pandemia . Todo ese cóctel de delitos, irregularidades, sociedades y lavado es lo que le endilgan en esta entrevista exclusiva de Newstad a Alejandro Ciro Alvarez, amigo y socio del abogado Franco Bindi.

Lo hace la abogada Giselle Robles, quien detallo cómo trasladaron al menos cuatro personas desde Ecuador a Recoleta para cobrar alrededor de medio millón de dólares por las operaciones. Hoy Alvarez es el subsecretario de políticas universitarias, en ese entonces cobraba como docente de la UBA, de la Universidad de La Matanza y como asesor del Congreso. 

Eran tiempos de Pandemia, Alejandro Ciro Alvarez y su amigo y socio Franco Bindo, abogado vinculado a los servicios, buscaban negocios para hacer producto de los contactos con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Había hospedado a Evo Morales, a la embajadora de la dictadura Venezolana en Argentina, a residentes de dudosa legalidad, y fueron por más. 

Alejandro Ciro Alvarez, siempre en palabras y documentación a la que accedió Newstad en base al trabajo de Giselle Robles, creó un sistema de reclutamiento de millonarios ecuatorianos que pagaban una tarifa básica de cien mil dólares por el traslado desde Ecuador a Argentina de forma ilegal, traspasando todas las fronteras. 

Robles detalla en la charla con Newstad el rol de Bindi, cómo la sociedad funcionó y funciona actualmente, el barco que compraron juntos, un proyecto de Real State en San Fernando y una serie de señalamientos hasta ahora desconocidos. Personas con pedido de captura internacional, trasladados en camionetas, alquiler de choferes con previo acuerdo en las fronteras. Una película de Netflix pero durante la Pandemia y con un acuerdo entre dos regímenes populistas para traspasar personas por la frontera.

Los clientes se llamaban “huéspedes” en los correos exclusivos a los que tuvo acceso Newstad. Así entonces se lograba cobrar en cash o triangular a través de sistemas cripto para hacerse luego de los dólares. Lo explica en detalle Robles, quien asegura que Bindi pudo lograr todo ese andamiaje producto de los arreglos con el poder político durante el gobierno de Alberto Fernández.

Franco Bindi recibía siempre según Robles el dinero en cash de los huéspedes que viajaban por tierra. Dos veces hicieron un trayecto en avión y luego por tierra. Las fuerzas de Seguridad permitían el paso fronterizo y es una incógnita cómo se sortearon todas las fronteras con personas con pedidos de captura. 

El sistema era perfecto para el negocio: los investigados por corrupción pagaban los cien mil dólares que incluían los traslados, la llegada a Argentina y el hospedaje con asistencia y la generación de documentos argentinos. Algo que dependía de Florencia Carignano, actual diputada de Unión por la Patria.

Gendarmería, migraciónes, Seguridad, el gobierno de Ecuador y los servicios de inteligencia, un combo que funcionó perfecto durante el periodo que se llevó a cabo el negocio.

ACA EL VIDEO ENTERO:

El juez federal Ariel Lijo mantuvo el pasado 4 de febrero un encuentro oficial con el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, en la Knéset, sede del Parlamento israelí. La reunión se inscribió en la visita institucional que el magistrado argentino realizó a ese país y tuvo como eje central el fortalecimiento de la cooperación judicial frente a amenazas de alcance global.

El encuentro estuvo motivado por la preocupación compartida respecto del antisemitismo, los discursos de odio y el avance del terrorismo y sus vínculos con el crimen organizado. En ese marco, se analizó la necesidad de consolidar herramientas jurídicas e institucionales que permitan dar respuestas eficaces ante fenómenos de creciente complejidad.

En relación con las políticas judiciales necesarias para combatir el antisemitismo, se destacó como fundamental la capacitación de los operadores del sistema judicial, de sus colaboradores y del personal de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, se subrayó la importancia de promover instancias de educación y concientización dirigidas a la sociedad civil.

Los delitos cometidos en el ciberespacio ocuparon un lugar relevante en la agenda. Estas conductas demandan nuevas formas de análisis y recolección de evidencia, así como la colaboración activa de las empresas prestadoras de servicios digitales. La capacitación en nuevas tecnologías y la modernización de los métodos de investigación resultan indispensables para no quedar rezagados frente a organizaciones que operan desde entornos virtuales y se financian mediante activos digitales, lo que dificulta su rastreo e incautación. En esa línea, la legislación debe actualizarse para contemplar este nuevo marco de actuación. La normativa debe definir con mayor precisión conceptos que aún carecen de delimitación clara.

Durante el diálogo, ambos funcionarios coincidieron en que los desafíos actuales exceden las fronteras nacionales. El terrorismo internacional, el financiamiento ilícito y las redes criminales transnacionales fueron identificados como fenómenos que requieren respuestas coordinadas entre los sistemas judiciales. También se abordó la necesidad de proteger instituciones comunitarias frente a riesgos que, en muchos casos, se originan o amplifican a través de entornos digitales.

Uno de los puntos destacados fue la conveniencia de impulsar instancias de capacitación conjunta. Se propuso avanzar en programas destinados a fuerzas de seguridad, empleados judiciales y funcionarios públicos, así como en la elaboración de protocolos comunes de actuación que permitan respuestas más eficientes ante amenazas complejas. La cooperación técnica y el intercambio de experiencias fueron considerados herramientas clave para fortalecer las capacidades institucionales.

La conversación incluyó además la preocupación por el crecimiento de la radicalización en línea y las campañas de desinformación que afectan la estabilidad democrática. Se coincidió en la necesidad de reforzar políticas orientadas a combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia que encuentran en internet un canal de rápida propagación.

Otro de los temas abordados fue el rol del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y el Crimen Organizado Internacional (ISETCO), dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El instituto impulsa investigaciones interdisciplinarias destinadas a fortalecer la democracia frente a amenazas como el crimen organizado y el terrorismo, fenómenos que han adquirido mayor sofisticación en los últimos años.

La agenda del ministro Levin aporta contexto al encuentro. En octubre de 2025 presentó ante la Knéset un proyecto legislativo para crear un tribunal penal especial destinado a juzgar a acusados de participar en los ataques y masacres del 7 de octubre de 2023. La iniciativa contempla la posibilidad de imponer penas de muerte en caso de condena.

Según la propuesta, el tribunal estaría integrado por 15 jueces con aptitud para desempeñarse en la Corte Suprema de Israel o por juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores, considere idóneos. El proyecto generó un intenso debate político en un contexto marcado por tensiones internas y por la continuidad del conflicto en la región.

El encuentro en la Knéset consolidó una agenda común en un escenario global donde las amenazas híbridas —desde el terrorismo hasta la manipulación digital— exigen respuestas articuladas entre Estados y sistemas judiciales.

Cabe señalar que desde el entorno de Lijo se prevé la realización de reuniones similares con funcionarios de otros países en materia de cooperación judicial, en el marco de una estrategia orientada a profundizar los mecanismos de colaboración internacional.

A propósito del aberrante fallo recaído años atrás en la sede del Alto Tribunal, cabe señalar que la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”, según la cual los tratados y convenciones internacionales —en particular los referidos a los derechos humanos— tendrían una jerarquía superior a la de la Constitución, ha implicado un cambio profundo y radical que suscita una seria preocupación entre los ciudadanos partidarios de la vigencia plena de los principios que fundamentan un Estado de Derecho.

Uno de esos principios, que ocupa el primer nivel de la denominada pirámide jurídica, es el de la supremacía constitucional, establecido en el artículo 31 de nuestra Ley Fundamental. Dicho principio, hasta el dictado de esos pronunciamientos, jamás había sido puesto en duda en los precedentes jurisprudenciales del más alto tribunal del país.

Es probable que, al sentarse el principio opuesto, no se hayan evaluado debidamente todas las consecuencias negativas que, para la seguridad jurídica y para la propia vigencia de los derechos humanos, puede generar la proyección de una interpretación que se asemeja más a una invención literaria que a una auténtica construcción jurídica.

De aplicarse una regla semejante, debería admitirse también la posibilidad de que cualquier tratado al que el Congreso le asigne jerarquía constitucional —según el procedimiento previsto en el artículo 75, inciso 22, in fine, de la Constitución Nacional— pueda modificar la Constitución misma. Ello implicaría transformar al Poder Legislativo en poder constituyente, alterando las bases esenciales del sistema rígido que caracteriza a nuestra Ley Fundamental y el procedimiento específico de reforma que la misma establece.

Esta nueva corriente interpretativa echa por tierra principios básicos como el de legalidad, la irretroactividad de la ley penal, la aplicación de la ley penal más benigna para el imputado, el respeto por los derechos adquiridos y la cosa juzgada. Tales principios no pueden ser alterados —so pretexto de reglamentación— por imperio del artículo 27 de la Constitución Nacional.

En efecto, el propio artículo 27 de la Ley Fundamental condiciona la vigencia y validez de los tratados a que sus cláusulas sean compatibles con los principios de derecho público establecidos en la parte dogmática de la Constitución. En buen romance, ello significa que cualquier tratado que los vulnere o contenga normas incompatibles no puede aplicarse en el territorio de la República Argentina.

El pretendido reconocimiento de la retroactividad de la ley penal a partir de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad conculcaría los principios del sistema constitucional argentino, y además no surge de las leyes que aprobaron dicha Convención (leyes 24.584 y 25.778).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apoya, para sostener lo contrario, en un más que discutible “ius cogens”, un ambiguo derecho imperativo del orden internacional, sin determinar con un mínimo grado de precisión cómo se originaría su aplicación universal y generalizada, y ello en abierta contradicción con los principios garantísticos del derecho penal clásico, vigentes de manera pacífica en las democracias desde hace siglos.

Por otra parte, la citada Convención se limita a regular la imprescriptibilidad de las acciones penales relativas a los delitos definidos en el Estatuto Militar de Núremberg, sin establecer interdicción alguna respecto de los actos de amnistía o indulto, ni impedir la regulación interna de la obediencia debida. Tampoco consagra su aplicación retroactiva ni adopta el régimen jurídico excepcional que presidió el juicio a los criminales de guerra nazis.

Finalmente, la propia Constitución Nacional establece de manera expresa que la jerarquía de los tratados no es superior a los postulados de la parte dogmática de la Carta Magna (artículos 27 y 31 de la Constitución Nacional).

Lo expuesto se encuentra en línea con la doctrina jurisprudencial sentada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, mediante la sentencia n.° 20 del 22 de febrero de 2013, en la cual se declaró inaplicable la doctrina consagrada por la CIDH en el precedente “Gelman vs. Uruguay”, por vulnerar los artículos 10 y 70 de la Constitución uruguaya y, en consecuencia, el principio de soberanía popular.

 La siguiente crónica alarmante rompe con todos los estándares de seguridad y el buena vida que permanentemente ostenta o quiere intentar ostentar la Ciudad de Buenos Aires. Newstad escuchó de primera mano el infierno de un menor abusado y maltratado en instituciones porteñas. También escuchamos la súplica de su madre, que vivió esta pesadilla mientras su hijo, además, también estuvo desaparecido. 

Todo acá, ni en la frontera, ni en Formosa, ni en ningún país vecinos. Acá, en la Ciudad de todos los argentinos, B. de sólo 11 años, sufrió todos los maltratos posibles. 

Al menor lo llamaremos a partir de ahora “B” para preservar su identidad. Pero los datos bien duros y ciertos son que B tiene apenas 11 años y fue abusado en el Centro de Atención Transitoria III y el Hogar La Casa de Coca , un centro dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se describe en documentos públicos de la Ciudad, La Casa de Coca “garantiza la adecuada cobertura de necesidades de protección de los niños y adolescentes que allí se alojan”. Pero esta no pareció ser la experiencia que vivió B. 

Según su madre, Giselle, su hijo, con Trastorno Oposicionista Desafiante, sufrió en ambos establecimientos un notorio descuido de su salud integral. “En el CAT III sufrió abusos físicos y psicológicos. Lo mismo pasó en La Casa de Coca. Ahí fue evidente el maltrato, el descuído. Se le hacía infección en los pies. Le robaban y le rompían sus cosas. También estuvo muy golpeado. Él nunca se animó a decirme si fueron sus compañeritos o quienes debían cuidarlo, que desde ya no lo hicieron”. 

Todo esto ocurrió debido a que en su momento Giselle quedó en la calle. La mujer afirma que fueron insistentes sus pedidos para recibir algún tipo de subsidio habitacional, teniendo en cuenta la urgencia de tener a B. y otra hija con ella. La respuesta fue tajante y carente de empatía: “Cuando te quedes en la calle llamá al 108”, dice Giselle que escuchó del otro lado del teléfono por parte de la Defensoría Zonal Nro 12. Por lo tanto a la madre no le quedó otra opción que entregarlo a estos centros de cuidado de la Ciudad. 

Luego de estas vivencias traumáticas años atrás, el calvario para B fue hasta hace horas todavía peor. El menor que hoy tiene 11 años, salió de su casa y se perdió….. y termina internado en el Hospital Ramos Mejía bajo condiciones de supervisión por demás irregulares. 

“El 30 de septiembre ingresó al Ramos Mejía. Estuvo sin colegio 10 semanas. Solicité la orden de retención del menor y no me la daban”, denuncia la mamá de B. Los audios del menor, a los que tuvo acceso Newstad, son escalofriantes: "“No quiero estar mas en el hospital, ya van 7 semanas y no aguanto más. No quiero estar más acá, quiero ir con mi mamá, estoy harto, no aguanto más. Por favor hagan algo, no aguanto más”.

Y hubo un hecho inaceptable, otro más, relatado por el menor: “Un oficial amenazó con fracturarle un dedo. Dijo que están autorizados a esposarlos y golpearlos. Pero tiene 11 años, no es un delincuente", relata la madre, como puede, a este periodista. 

B no soportó más y escapó, por lo que estuvo desaparecido durante casi un día hasta que fue encontrado este lunes por la tarde. B estuvo, siendo menor y con un trastorno, expuesto durante horas a cualquier otro desastre, a la trata, el peor escenario para una infancia. Pero el miedo no termina: “Mi terror más grande es que la fiscalía dictamine que yo tenga que llevar a mi hijo a estos centros donde ya fue abusado o de nuevo al hospital donde fue amenazado y escapó”. 

Giselle hizo estas denuncias en la Fiscalía 22 y continuará en contacto con Newstad en horas en las que todo es incertidumbre para ella y su hijo B. 

“Si hubiese sido yo el que le hizo esto a mi hija, ya estaría preso”. Las palabras de Agustín a Newstad ratifican que no se cumple el principio de inocencia que rige en la Argentina. O mejor dicho, no rige para todos y todas por igual.

Este caso de extrema violencia que vive Agustín conmociona a la ciudad de 9 de Julio. Una mujer intentó degollar a su hija de tan solo 11 años y, pese a la gravedad del ataque, la Justicia la declaró inimputable, lo que generó un profundo reclamo por parte del padre de la víctima, quien teme por la integridad de la niña y denuncia una situación de absoluta impunidad.

El hecho quedó registrado con fotografías que forman parte del expediente judicial y confirman la brutalidad de la agresión. La nena sobrevivió gracias a que logró escapar y pedir auxilio.

Tras el ataque, la mujer fue sometida a pericias psiquiátricas. Los especialistas determinaron que no comprendía la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, la Justicia resolvió declararla inimputable. Por esa razón, no recibirá una condena penal y quedó sujeta únicamente a medidas terapéuticas.

Agustín denuncia que la resolución no garantiza la seguridad de su hija. Asegura que la agresora continúa representando un riesgo real y exige que se adopten medidas estrictas de contención y control.

“No quiero que mi hija sea otro Lucio”, expresó aludiendo al caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja, un crimen que expuso fallas severas en los sistemas de protección infantil. Para él, la similitud es evidente: la violencia, el desamparo y un aparato judicial que —según afirma— vuelve a fallarle a un menor. “Si me daban la tenencia, esto no pasaba”, lamentó. 

El caso reabre el debate sobre el tratamiento judicial de personas declaradas inimputables en episodios de violencia familiar. El principal cuestionamiento es la falta de mecanismos eficaces de seguimiento: la inimputabilidad evita la pena, pero no asegura que las víctimas queden protegidas.

Este tipo de resoluciones evidencian vacíos estructurales: falta de controles, ausencia de dispositivos de protección sostenida y escasa coordinación entre el fuero penal y los organismos de niñez.

Mientras la investigación continúa bajo la figura de tentativa de homicidio, el padre insiste en que su hija necesita “respuestas concretas del Estado”. Afirma que no se trata solo de reclamar justicia, sino de evitar una tragedia anunciada.

“Ya vimos lo que pasa cuando nadie escucha. Mi hija tuvo suerte esta vez. La próxima no sé”, advirtió.

Esta semana los ciudadanos de 9 de julio reaccionaron y acompañaron a Agustín y su pareja en el pedido de que el sistrma de Salud y de Justicia reaccione a tiempo. La marcha es por sentido común: 9 de julio no puede convivir con esta mujer suelta por sus veredas: debe ser encerrada en un centro de salud mental urgente.

A pesar de esta terrible historia, la reacción de un pueblo es otro síntoma positivo del cambio de época contra la Justicia sesgada. La sociedad ya despertó. Los responsables también deben hacerlo a tiempo, antes de que el final sea el que no queremos relatar, una vez más. 

El municipio de Pinamar oficializó, mediante un decreto firmado en la madrugada, la desvinculación de Norma Beatriz Watson, histórica jefa del área de Tesorería y empleada de planta permanente desde hace más de tres décadas. La funcionaria carga hoy con una imputación penal por un presunto desfalco millonario que sacude a la administración local.

La causa judicial ya reúne pruebas significativas. Según consta en el expediente, se incorporaron 11 videos registrados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se ve a Watson tomando fajos de dinero de la caja municipal y guardándolos en su cartera durante su horario laboral. Las imágenes —que circularon con rapidez entre empleados y vecinos— precipitaron la decisión de apartarla de manera definitiva.

Los investigadores detectaron, además, un conjunto de irregularidades que excede lo captado por las cámaras: maniobras adulteradas, diferencias sistemáticas de caja, doble registración de ingresos y movimientos irregulares en la cuenta “Ingresos Pendientes”, un espacio contable que, en la práctica, habría funcionado como un limbo administrativo.

La fiscalía trabaja para determinar el monto total del presunto desfalco y desde cuándo se habría extendido. Lo único confirmado hasta ahora es que se trata de sumas millonarias, una cifra que en Pinamar se volvió inquietantemente familiar en los últimos años.

Con 59 años y más de 30 de antigüedad municipal, Watson estaba —según versiones internas— a meses de iniciar su jubilación. Su defensa ensayó una versión tan inesperada como polémica: sostuvo que el dinero visto en las filmaciones era suyo, y que debido a la inseguridad en Pinamar prefería transportar diariamente una suma equivalente a una fortuna.

El intendente Juan Ibarguren brindó su versión oficial y detalló los pasos administrativos que siguió la comuna desde que se descubrieron los movimientos sospechosos. En declaraciones textuales afirmó:

“En enero de este año detectamos irregularidades cometidas por una empleada municipal de planta permanente hace 30 años, que se desempeñaba como jefa de Departamento en Tesorería, es decir, el cargo más alto dentro de la carrera administrativa municipal. Apenas se verificaron los movimientos sospechosos dimos aviso a la Justicia e iniciamos de inmediato el sumario correspondiente y las presentaciones judiciales pertinentes.”

Ibarguren explicó además que la vía interna requirió un proceso extenso:

“La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde.”

En paralelo, destacó la existencia de una causa penal en curso:

“Hay una causa penal en manos de la Justicia, que está avanzando en la investigación para determinar las responsabilidades y los alcances del perjuicio. La ex empleada ya fue imputada y el proceso continúa.”

Finalmente, subrayó que el Ejecutivo actuó con celeridad y transparencia:

“Lo importante es que el Municipio actuó desde el primer momento, con transparencia, siguiendo todos los pasos legales y colaborando con la Justicia en todo lo que corresponde.”

Mientras avanza la investigación, desde sectores internos del municipio apuntaron también contra la fiscalía y la Policía Federal por no detener a la funcionaria cuando abandonaba el edificio municipal. Esas críticas fueron transmitidas por el vocero del intendente Diego Andrés Uribe.