Manuel Adorni está convencido de que la operación de prensa que mueve entre otros Juan Grabois, Rodolfo Tahilade y parte de la ex SIDE kirchnerista está por ver el final de su intentona. Desde el entorno de Adorni confirmaron a Newstad la inocencia del funcionario y confirmaron: “no lo van a correr con espionaje ni con carpetazos, sabemos que la inocencia es total y que la Justicia lo va a demostrar”. La novela sigue y el Gobierno cree que saldrá fortalecido del escenario de crisis. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido en los papeles por Diego Hernán Goldman y Mariana Gabriela Malvina Venesio, pateó el tablero judicial. Presentaron una denuncia penal contra el diputado kirchnerista Luis Rodolfo Tailhade por presuntos actos de espionaje ilegal. La presentación acusa al legislador de violar la Ley de Inteligencia Nacional al revelar públicamente detalles milimétricos sobre la vida privada y la custodia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia. Para el oficialismo, Tailhade no usó información de "pasillo"; desempolvó sus viejas mañas de cuando fue Director de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Tahilade siempre fue parte de los camisa negra de Kirchner, con gritos desencajados en la Cámara de Diputados. Siempre duro, Tahilade acusó a la familia Adorni y señaló con detalles íntimos los movimientos de la mujer del jefe de gabinete, lugares de frecuencia y otros detalles que no son públicos. 

La denuncia se basa en la performance de Tailhade el pasado miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Adorni había ido a dar su informe de gestión, pero el diputado prefirió interpelarlo sobre la logística de seguridad de su esposa y sus hijos menores de edad. Tailhade no se anduvo con vueltas: detalló que la esposa de Adorni tiene custodia policial, un auto oficial (un Ford Focus) y tres equipos de custodia que rotan cada 24 por 48 horas. "Son seis personas de la Policía Federal que se ocupan de la custodia de su esposa", disparó.

Pero el diputado fue más lejos, como siempre. Acusó a la mujer de usar la custodia para "ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a 'La Fernetería', un bar de moda en Palermo". Incluso aseguró que "a las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevar a su casa". Cuando le pidieron explicaciones por semejante intromisión, Tailhade se limitó a decir que él se dedicaba a "cazar corruptos".

Lo que para Tailhade es una "investigación", para el Gobierno es llanamente espionaje ilegal. La denuncia subraya la "preocupante" precisión con la que el diputado maneja el desempeño y la logística de una custodia que, por definición, debe actuar con sigilo. Para los denunciantes, si los datos son ciertos, Tailhade habría usado medios ilegítimos para seguirle los pasos a la familia de Adorni, franqueando su seguridad. El Gobierno confirmó a este medio que irán hasta las últimas consecuencias. 

Y acá es donde entra el prontuario del diputado: fue nada menos que Director de Contrainteligencia de la ex SIDE durante el kirchnerismo. El Gobierno se pregunta si ese antecedente le permitió emplear "influencias, contactos, y/o eventualmente medios técnicos" para conocer la vida personal y la logística de seguridad del Jefe de Gabinete. Acusan a un ex jerarca del aparato de inteligencia de usar sus conocimientos para hacer inteligencia ilegal contra funcionarios públicos actuales, una práctica que remite a los peores años del populismo espía.

La denuncia sostiene que estas tareas de espionaje ilegal comprometen directamente la institucionalidad del Estado. Argumentan que Adorni maneja información estratégica y clasificada. La obtención clandestina de sus hábitos y situaciones privadas puede ser usada para presionar, extorsionar o condicionar sus decisiones, afectando la independencia funcional del Poder Ejecutivo.

Para el Ministerio de Seguridad, la manipulación de esta información obtenida ilícitamente genera inestabilidad política. Por eso, el pedido a la justicia federal es claro: una "exhaustiva investigación" para castigar a los responsables de este apriete populista disfrazado de control parlamentario.

Es un caso lamentablemente ejemplar de Justicia sesgada por cuestiones de género. A. vino especialmente a Buenos Aires a hablar con Newstad para contar que tiene pruebas aberrantes contra su ex mujer que permitirían acusarla por corrupción de menores. La menor es su hija. Las pruebas son videos irreproducibles. A. afirma que son al menos 17 filmaciones hechas por su expareja, forzando a su hija a situaciones sexuales en las que la menor grita, pide basta. 

A. explica que primero fue falsamente denunciado por abuso de su hija. Relata un modus operandi conocido: implantación de memoria y preguntas forzadas en la cámara Gesell. Ahora denuncia un oscuro entramado que incluye un pesado tráfico de influencias que permitió que la causa por corrupción de menores contra su exmujer esté suspendido. “Ya ni siquiera pido volver a ver a mi hija, pido que la protejan”, suplica.

En este tramo, A. da más detalles de ese material aberrante y la resistencia de su ex para entregar su celular a la Justicia. A. indica que en esas imágenes se ve a su ex pareja diciéndole a su hija: “Que querés que te haga la mamá”, dice A. 

“Hay videos de mi hija pidiendo que la madre la deje de grabar. Son indescriptibles. Hay 17 videos, que son los que estaban en el celular, porque lo que se supo también es que hay material que aparece como eliminado o encriptado y no se puede recuperar".

También, a partir del acceso al material del celular de su ex, detalla cómo y quienes (hasta una medium) intervinieron para el armado de la falsa denuncia en su contra. 

No alcanzó un salón, tampoco dos. El Azul y De las Provincias del Senado de la Nación se vieron colapsados ante una nueva convocatoria para poner de nuevo en agenda el drama social de las falsas denuncias de violencia de género y abusos. Teléfono para quienes niegan el problema o argumentan que la cantidad de estas causas es ínfima. Parece que no, porque además hubo mucho más convocados que no pudieron ingresar. 

La jornada  se convirtió un desfile de la injusticia con casos que fueron pasando por un atril y otros tantos que escuchaban y dejaban caer sus lágrimas mientras se sentían identificados con los relatos. La convocatoria también sirvió para reforzar la necesidad de un pronto tratamiento en el recinto de un proyecto de ley que establece prisión efectiva para denunciantes y profesionales que promueven falsas denuncias de violencia de género, acoso o abuso sexual a menores. 

Martiniano Correcher tiene solo 18 años pero ya vivió en carne propia el calvario: estuvo 654 días preso por una causa de abuso de la cual fue absuelto hace pocos días. Lo dejaron sin uno de los momentos más importantes de su edad, el viaje de egresados. 

“Vinieron los móviles policiales a buscarme, fui detenido y empecé a ver en primera persona la injusticia. Cuando recién cumplí mis 18 años sentí como me arrebataron mi vida”, comenzó a recordar el joven, uno de los cuatro absueltos luego de una causa de abuso en Biallet Massé, Córdoba. 

“Pasé a sobrevivir, mi presunción de inocencia se fue por la basura”, expuso al borde de quebrarse Martiniano ante los ojos de su madre. Y describió esos casi dos años tras las rejas: “654 días sin ver a mi hermano de tres años. Inviernos de temperaturas bajo cero con baños a agua fría, veranos hacinados en una celda de tres por cinco, con quince internos y sin ventilación. Mi madre desagarrándose en cada día de visitas cuando yo iba a la celda”. Relato ejemplar de cómo una mentira arruina una psiquis, una familia. De esto se trata. 

“Hoy siento que puedo contar mi historia desde otro lugar y ayudar a que otros chicos no pasen lo mismo que nosotros. El tiempo perdido y lo causado en mi familia es irrecuperable. Pero hace 10 días recuperé mi libertad y ahora empezaré a reordenar mi vida”, cierra esperanzado un joven todavía demolido por un sistema que falló por todos lados. 

El caso de Pablo Ghisoni, claro exponente de cómo uno de los dos progenitores inserta un relato mentiroso en la mente de un hijo para incriminar al otro, también estuvo presente. El médico de Lomas de Zamora, cuya absolución se confirmó a fines de marzo, se sumó al atril junto a sus hijos. Uno de ellos, Tomás, el que reveló que su madre lo hizo ensuciar el buen nombre de su papá. 

Antes de su mensaje público, Ghisoni le dejó a Newstad un mensaje enfocado hacia adelante: “Si hay vida hay esperanza. A pesar de todo lo transitado que es inolvidable, la vida da revancha y terminás cultivando lo que sembras. A mi la justicia no me devolvió los hijos. Me los devolvió el tiempo, porque se dieron cuenta solos de que es lo que pasa”

Pero tampoco dejó pasar la chance de dejar un reclamo: "Quisiera una Justicia que esté a la altura. Que nos evite todo esto, porque se trata de impericia de la Justicia. Una Justicia que tarda 10 años no es Justicia. Fiscales que actúen de oficio cuando hay una absolución, que levanten las medidas reestrictivas y digan ‘acá hay una falsa denuncia’. 

“Voy a seguir ayudando a todas las familias que están en este maldito camino”, cierra convencido Ghisoni. 

 La expareja de Andrea del Boca no tuvo una exposición esperanzadora, ya que las consecuencias son irreparables y continúan: el vínculo con su hija está roto a pesar de que también fue absuelto de todas las acusaciones de agresión sexual contra ella: “Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

Su derrotero judicial también es un copy paste de un modus operandi para estas causas: “Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009, la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo. Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006″. 

Finalmente, citó el fallo. Quedó la verdad, pero también quedaron los daños familiares: “Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico, que el relato formulado en la denuncia y la rectificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas”. 

Con el inicio fuerte del año político, la senadora Carolina Losada se mostó esperanzada en que durante abril avanzará el proyecto de ley en comisiones y en los respectivos recintos.

Hay acompañamiento del PRO, LLA y la UCR. Quienes aún no se sacan las anteojeras ideológicas para ver con humanidad este problema, están a tiempo de informarse y quizas escuchar de primera mano a estos casos que siguen llenando auditorios y se van quebrados, porque aún siguen esperando Justicia.

Ahora todos figen demencia, pero en el mundillo de trabajadores de salud las “Propofest” eran por lo menos un secreto a voces, sino hechos bien conocidos en guardias y quirófanos. Tuvo que morirse Alejandro Salazar, con una vía atada a su pie, para que se active una denuncia por robo de fármacos. 

La punta del iceberg es el Hospital Italiano. Según la trasabilidad de los fármacos encontrados en la escena fatal, el departamento del anestesiólogo en Palermo, los fármacos pertenecían a ese centro de salud privado. Pero ya es innegable que el robo de propofol y fentanilo, dos drogas intrahospitalarias cuyo riesgo de muerte es cuestión de “pasarse” dos gotas más, ocurrió (¿ocurre?) también en hospitales públicos. Ya hay por lo menos seis centros de salud de ambos ámbitos señalados en esta presunta red de ladrones de fármacos. 

Este periodista pidió alguna reflexión sobre este caso al ministerio de Salud de la Ciudad. La fuente fue tajante, quizás apresurada: “No sucedió en el ámbito de los hospitales públicos”. 

La Justicia tiene en su poder por estas horas laptos, tablets y pendrives de los imputados por estos robos: Hernán Boveri de 45 años y Delfina Lanusse de 29, ambos expulsados del Hospital Italiano. Se vendrán acusaciones cruzadas entre ellos sobre el rol de cada uno en estas “filtraciones” en ese centro. De sus domicilios secuestraron insumos médicos necesarios para estas fiestas de “viajes controlados”. 

Pero será clave lo que se encuentre en los dispositivos tecnológicos, y ni hablar en el celular del anestesiólogo fallecido: una caja de pandora de nombres y lugares sobre estas “propofest” que tenían un precio de entrada, inclusive en dólares. El precio incluía orgías y los insumos necesarios para “administrar” el propofol y el fentanilo de manera “controlada”. Un delirio en el límite constante con la muerte, el destino final de Salazar.  

Respecto de la víctima hay un dato inquietante para todos los que estuvimos y estaremos expuestos a intervenciones a lo largo de la vida. Salazar había dado positivo en un control antidoping aleatorio del Hospital Italiano y algún superior lo dejó pasar con esa frase que nunca se cumple en un contexto de consumo problemático: “que no vuelva a pasar”. Por este antecedente ya citaron a declarar a un amigo de Salazar, y habrá más médicos involucrados. 

En esta presunta red de fiestas se usa también fentanilo, llamada “la droga zombie” en Estados Unidos por los dramáticos efectos visibles luego de su uso ilegal. En Argentina el problema ya pegó fuerte, con una causa que investiga más de 100 muertes por fentanilo adulterado.

Alejandro Ayala es hermano de Lionel y una de las víctimas de este listado y reclama que con este nuevo escándalo se debe poner “el foco en una debilidad estructural que impacta directamente en la seguridad sanitaria”. En su contacto con este medio aprovecha para “reforzar el pedido de una ley nacional de trazabilidad integral  que garantice seguridad farmacologica para evitar que medicamentos de alto riesgos lleguen contaminados a hospitales, se desvíen en el mercado y se use inadecuadamente por fuerza del circuito medico”.

Este caso destapa una situación macro que requiere más abordajes. El médico emergentólogo Eduardo Arellano resalta a Newstad que “el trabajador de la salud tiene un alto estrés y no hay ninguna red pública ni privada de contención y encuentran éstas vías de escape en estos eventos que terminan bien o muy mal”.

“No hay ningún ambito de control de médicos de guardia que trabajan en turnos de 24 horas y quizás después van corriendo a otro centro de salud. Tienen bajos sueldos, acumulan estrés y encima tienen acceso a estas drogas. Todo esto implica riesgo para los pacientes”, cierra el profesional de la salud. 

Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.

Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.

Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.

En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.

En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.

Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.

Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,

Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.

En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina. 

Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF fue interpretada por el Gobierno argentino como un avance clave en la estrategia judicial del país. La medida frena el acceso a información y posibles embargos sobre activos estatales, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo.

Desde la Casa Rosada señalaron que el fallo constituye un hecho “histórico y sin precedentes”, ya que detiene todos los procedimientos en curso en la Corte de Distrito y deja en suspenso una instancia considerada sensible para los intereses nacionales. En particular, se evitó el avance sobre bienes y activos que podrían haber quedado expuestos en el marco del litigio.

En esa línea, el exsecretario de Energía y exdirector de YPF, Emilio Apud, explicó a Newstad los riesgos que implicaba esa etapa del proceso judicial.

“Corrían peligro muchos activos de la Argentina que no tenían nada que ver con las malas prácticas que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento a través de Axel Kicillof, cuando realizó la expropiación mal hecha de las acciones. En ese contexto, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y muchos otros activos podrían haber sido embargables si avanzaba el discovery, en caso de demostrarse una relación directa entre esos activos y el Estado nacional”, sostuvo.

La resolución judicial también implica una pausa en un litigio que supera los 16 mil millones de dólares más intereses, cifra que ahora queda sujeta a la revisión de la apelación presentada por la Argentina.

“La Justicia norteamericana decidió suspender eso y esperar el resultado de la apelación que hizo nuestro país respecto de los 16 mil millones de dólares más intereses”, explicó Apud.

En cuanto a las perspectivas futuras, el especialista consideró que aún existe margen para discutir el monto final de la eventual condena.

“Tal vez se pueda negociar la magnitud del monto, es decir, bajarlo. Está en juego el momento en que se toma el tipo de cambio: una cosa es considerarlo al momento de la expropiación, alrededor de 2013, y otra muy distinta es cuando llegó la sentencia. Son diez años de diferencia y, según cuál se tome para calcular el cambio, la cifra podría reducirse prácticamente a la mitad”, señaló.

Por otra parte, Apud vinculó la decisión judicial con el contexto de relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, aunque con matices sobre el alcance de esa influencia.

“Esto no es ajeno a la nueva relación que existe entre la Argentina y Estados Unidos. Podría tener algún tipo de influencia. De hecho, esto se logra precisamente por la influencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos”, afirmó.

No obstante, aclaró los límites institucionales en el sistema norteamericano: “De todas maneras, hay que tener en cuenta la división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse directamente en decisiones judiciales. Pero, evidentemente, su opinión pesa”.

Mientras tanto, el Gobierno ratifica que va a insistir con todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del país en una causa que lleva más de una década y que sigue siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para las finanzas del país.

En el tablero de Comodoro Py, donde las piezas se mueven con la lentitud del bronce, Cristina Fernández de Kirchner hizo ayer un movimiento de apertura que no estaba en los manuales de la ortodoxia jurídica. Al ingresar a la Sala AMIA para su declaración presencial en la causa Cuadernos, la expresidenta no eligió hablarle a los jueces del TOF 7 sobre las fotocopias de Oscar Centeno. Eligió hablarle al país —y especialmente a Juan Bautista Mahiques— sobre el presente. Como suele hacer, eligió olvidar su realidad para atacar al Gobierno y comparar los tiempos judiciales.

La estrategia fue de una simetría letal. Mientras la Justicia le exige presencialidad por una causa de "cohecho" basada en registros quemados, ella revoleó sobre el estrado el "Caso Libra": la presunta estafa cripto de u$s 5 millones que acorrala al presidente Javier Milei. No fue un exabrupto; fue una operación de pinzas política y judicial.

Para los dirigentes que leen entre líneas, el destinatario del mensaje fue el flamante Ministro de Justicia. Mahiques, quien llegó con la misión de "pacificar" los frentes judiciales del oficialismo, se encontró con una Cristina que le marcó la cancha de entrada. Al denunciar el "cajoneo" del fiscal Eduardo Taiano sobre los peritajes del celular de Mauricio Novelli, Cristina ubicó a Mahiques en una posición incómoda: la de protector de una "casta cripto" que opera desde Balcarce 50.

La mención elíptica a la "defensa de los imputados" que aporta pruebas mientras el fiscal mira hacia otro lado pone el foco en Franco Bindi. El abogado, que ha sabido tejer redes en los sótanos de la inteligencia y que hoy camina junto a Marcela Pagano en la espera de ¿su segundo hijo?, es el hombre que ostenta la llave del Caso Libra. Cristina sabe que Bindi tiene los chats donde Hayden Davis y Novelli habrían pactado el apoyo presidencial a cambio de tokens líquidos. Al citar el contenido de ese expediente, la expresidenta no solo se defendió; le avisó al Gobierno que conoce la profundidad del pozo.

El primer impacto político es la neutralización del discurso de transparencia oficial. Si Mahiques no logra que la causa Libra avance con la misma celeridad que las causas K, el Gobierno pierde su activo más valioso: la superioridad moral. Políticamente, esto le da aire a la "resistencia" del peronismo, que ahora tiene un contraejemplo de "corrupción actual" para contrastar con la "corrupción histórica" que se le imputa con sobradas razones y una veintena de dirigentes presos. Para los abogados penalistas, esto prefigura un escenario de nulidades cruzadas donde el Caso Libra podría ser usado para cuestionar la imparcialidad de toda la familia judicial.

El segundo escenario es el desgaste prematuro del Ministro, a quien algunos le ponen el traje de Procurador antes de diciembre. Si la presión de la Comisión Investigadora en Diputados —donde se filtraron los mensajes que vinculan a Milei minutos antes del lanzamiento de $LIBRA— se traslada a la calle, Mahiques podría quedar reducido a un abogado defensor de lujo. El "Jefe" Karina Milei no tolera las esquirlas que manchan al León. Si el Caso Libra escala, Juan Bautista podría verse obligado a una purga interna en Comodoro Py para "ofrecer una cabeza" y calmar las aguas, arriesgando su propia construcción de poder en el Consejo de la Magistratura.

El análisis más cínico que circula en los pasillos de Comodoro Py sugiere que este despliegue de fuerza busca, en realidad, un equilibrio de terror. Cristina exhibe su conocimiento sobre Libra para que el Gobierno entienda que "ir por todo" tiene un costo nuclear. La sombra de Bindi y la ferocidad de la expresidenta sugieren que, si Mahiques intenta acelerar la condena firme de Vialidad para proscribirla, el ventilador de la criptoestafa no dejará a nadie en pie.

Desde el punto de vista del derecho penal, la declaración de ayer fue una "excepción de falta de acción" de facto. Cristina Kirchner transformó un juicio oral por su pasado en una interpelación sobre el presente del Poder Ejecutivo. Al apuntar contra Taiano y por elevación a Mahiques, la "Doctora" demostró que, aun bajo arresto domiciliario y con condenas a cuestas, sigue manejando la gramática del poder. 

Corruptos prófugos transportados clandestinamente por tierra. Sobres con cien mil dólares en efectivo. Documentos de nacionalidad argentina truchos, estadías ocultas en Palermo y la connivencia de la Gendarmería y el ministerio de Seguridad durante y post Pandemia . Todo ese cóctel de delitos, irregularidades, sociedades y lavado es lo que le endilgan en esta entrevista exclusiva de Newstad a Alejandro Ciro Alvarez, amigo y socio del abogado Franco Bindi.

Lo hace la abogada Giselle Robles, quien detallo cómo trasladaron al menos cuatro personas desde Ecuador a Recoleta para cobrar alrededor de medio millón de dólares por las operaciones. Hoy Alvarez es el subsecretario de políticas universitarias, en ese entonces cobraba como docente de la UBA, de la Universidad de La Matanza y como asesor del Congreso. 

Eran tiempos de Pandemia, Alejandro Ciro Alvarez y su amigo y socio Franco Bindo, abogado vinculado a los servicios, buscaban negocios para hacer producto de los contactos con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Había hospedado a Evo Morales, a la embajadora de la dictadura Venezolana en Argentina, a residentes de dudosa legalidad, y fueron por más. 

Alejandro Ciro Alvarez, siempre en palabras y documentación a la que accedió Newstad en base al trabajo de Giselle Robles, creó un sistema de reclutamiento de millonarios ecuatorianos que pagaban una tarifa básica de cien mil dólares por el traslado desde Ecuador a Argentina de forma ilegal, traspasando todas las fronteras. 

Robles detalla en la charla con Newstad el rol de Bindi, cómo la sociedad funcionó y funciona actualmente, el barco que compraron juntos, un proyecto de Real State en San Fernando y una serie de señalamientos hasta ahora desconocidos. Personas con pedido de captura internacional, trasladados en camionetas, alquiler de choferes con previo acuerdo en las fronteras. Una película de Netflix pero durante la Pandemia y con un acuerdo entre dos regímenes populistas para traspasar personas por la frontera.

Los clientes se llamaban “huéspedes” en los correos exclusivos a los que tuvo acceso Newstad. Así entonces se lograba cobrar en cash o triangular a través de sistemas cripto para hacerse luego de los dólares. Lo explica en detalle Robles, quien asegura que Bindi pudo lograr todo ese andamiaje producto de los arreglos con el poder político durante el gobierno de Alberto Fernández.

Franco Bindi recibía siempre según Robles el dinero en cash de los huéspedes que viajaban por tierra. Dos veces hicieron un trayecto en avión y luego por tierra. Las fuerzas de Seguridad permitían el paso fronterizo y es una incógnita cómo se sortearon todas las fronteras con personas con pedidos de captura. 

El sistema era perfecto para el negocio: los investigados por corrupción pagaban los cien mil dólares que incluían los traslados, la llegada a Argentina y el hospedaje con asistencia y la generación de documentos argentinos. Algo que dependía de Florencia Carignano, actual diputada de Unión por la Patria.

Gendarmería, migraciónes, Seguridad, el gobierno de Ecuador y los servicios de inteligencia, un combo que funcionó perfecto durante el periodo que se llevó a cabo el negocio.

ACA EL VIDEO ENTERO:

El juez federal Ariel Lijo mantuvo el pasado 4 de febrero un encuentro oficial con el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, en la Knéset, sede del Parlamento israelí. La reunión se inscribió en la visita institucional que el magistrado argentino realizó a ese país y tuvo como eje central el fortalecimiento de la cooperación judicial frente a amenazas de alcance global.

El encuentro estuvo motivado por la preocupación compartida respecto del antisemitismo, los discursos de odio y el avance del terrorismo y sus vínculos con el crimen organizado. En ese marco, se analizó la necesidad de consolidar herramientas jurídicas e institucionales que permitan dar respuestas eficaces ante fenómenos de creciente complejidad.

En relación con las políticas judiciales necesarias para combatir el antisemitismo, se destacó como fundamental la capacitación de los operadores del sistema judicial, de sus colaboradores y del personal de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo, se subrayó la importancia de promover instancias de educación y concientización dirigidas a la sociedad civil.

Los delitos cometidos en el ciberespacio ocuparon un lugar relevante en la agenda. Estas conductas demandan nuevas formas de análisis y recolección de evidencia, así como la colaboración activa de las empresas prestadoras de servicios digitales. La capacitación en nuevas tecnologías y la modernización de los métodos de investigación resultan indispensables para no quedar rezagados frente a organizaciones que operan desde entornos virtuales y se financian mediante activos digitales, lo que dificulta su rastreo e incautación. En esa línea, la legislación debe actualizarse para contemplar este nuevo marco de actuación. La normativa debe definir con mayor precisión conceptos que aún carecen de delimitación clara.

Durante el diálogo, ambos funcionarios coincidieron en que los desafíos actuales exceden las fronteras nacionales. El terrorismo internacional, el financiamiento ilícito y las redes criminales transnacionales fueron identificados como fenómenos que requieren respuestas coordinadas entre los sistemas judiciales. También se abordó la necesidad de proteger instituciones comunitarias frente a riesgos que, en muchos casos, se originan o amplifican a través de entornos digitales.

Uno de los puntos destacados fue la conveniencia de impulsar instancias de capacitación conjunta. Se propuso avanzar en programas destinados a fuerzas de seguridad, empleados judiciales y funcionarios públicos, así como en la elaboración de protocolos comunes de actuación que permitan respuestas más eficientes ante amenazas complejas. La cooperación técnica y el intercambio de experiencias fueron considerados herramientas clave para fortalecer las capacidades institucionales.

La conversación incluyó además la preocupación por el crecimiento de la radicalización en línea y las campañas de desinformación que afectan la estabilidad democrática. Se coincidió en la necesidad de reforzar políticas orientadas a combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia que encuentran en internet un canal de rápida propagación.

Otro de los temas abordados fue el rol del Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y el Crimen Organizado Internacional (ISETCO), dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El instituto impulsa investigaciones interdisciplinarias destinadas a fortalecer la democracia frente a amenazas como el crimen organizado y el terrorismo, fenómenos que han adquirido mayor sofisticación en los últimos años.

La agenda del ministro Levin aporta contexto al encuentro. En octubre de 2025 presentó ante la Knéset un proyecto legislativo para crear un tribunal penal especial destinado a juzgar a acusados de participar en los ataques y masacres del 7 de octubre de 2023. La iniciativa contempla la posibilidad de imponer penas de muerte en caso de condena.

Según la propuesta, el tribunal estaría integrado por 15 jueces con aptitud para desempeñarse en la Corte Suprema de Israel o por juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores, considere idóneos. El proyecto generó un intenso debate político en un contexto marcado por tensiones internas y por la continuidad del conflicto en la región.

El encuentro en la Knéset consolidó una agenda común en un escenario global donde las amenazas híbridas —desde el terrorismo hasta la manipulación digital— exigen respuestas articuladas entre Estados y sistemas judiciales.

Cabe señalar que desde el entorno de Lijo se prevé la realización de reuniones similares con funcionarios de otros países en materia de cooperación judicial, en el marco de una estrategia orientada a profundizar los mecanismos de colaboración internacional.

A propósito del aberrante fallo recaído años atrás en la sede del Alto Tribunal, cabe señalar que la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”, según la cual los tratados y convenciones internacionales —en particular los referidos a los derechos humanos— tendrían una jerarquía superior a la de la Constitución, ha implicado un cambio profundo y radical que suscita una seria preocupación entre los ciudadanos partidarios de la vigencia plena de los principios que fundamentan un Estado de Derecho.

Uno de esos principios, que ocupa el primer nivel de la denominada pirámide jurídica, es el de la supremacía constitucional, establecido en el artículo 31 de nuestra Ley Fundamental. Dicho principio, hasta el dictado de esos pronunciamientos, jamás había sido puesto en duda en los precedentes jurisprudenciales del más alto tribunal del país.

Es probable que, al sentarse el principio opuesto, no se hayan evaluado debidamente todas las consecuencias negativas que, para la seguridad jurídica y para la propia vigencia de los derechos humanos, puede generar la proyección de una interpretación que se asemeja más a una invención literaria que a una auténtica construcción jurídica.

De aplicarse una regla semejante, debería admitirse también la posibilidad de que cualquier tratado al que el Congreso le asigne jerarquía constitucional —según el procedimiento previsto en el artículo 75, inciso 22, in fine, de la Constitución Nacional— pueda modificar la Constitución misma. Ello implicaría transformar al Poder Legislativo en poder constituyente, alterando las bases esenciales del sistema rígido que caracteriza a nuestra Ley Fundamental y el procedimiento específico de reforma que la misma establece.

Esta nueva corriente interpretativa echa por tierra principios básicos como el de legalidad, la irretroactividad de la ley penal, la aplicación de la ley penal más benigna para el imputado, el respeto por los derechos adquiridos y la cosa juzgada. Tales principios no pueden ser alterados —so pretexto de reglamentación— por imperio del artículo 27 de la Constitución Nacional.

En efecto, el propio artículo 27 de la Ley Fundamental condiciona la vigencia y validez de los tratados a que sus cláusulas sean compatibles con los principios de derecho público establecidos en la parte dogmática de la Constitución. En buen romance, ello significa que cualquier tratado que los vulnere o contenga normas incompatibles no puede aplicarse en el territorio de la República Argentina.

El pretendido reconocimiento de la retroactividad de la ley penal a partir de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad conculcaría los principios del sistema constitucional argentino, y además no surge de las leyes que aprobaron dicha Convención (leyes 24.584 y 25.778).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apoya, para sostener lo contrario, en un más que discutible “ius cogens”, un ambiguo derecho imperativo del orden internacional, sin determinar con un mínimo grado de precisión cómo se originaría su aplicación universal y generalizada, y ello en abierta contradicción con los principios garantísticos del derecho penal clásico, vigentes de manera pacífica en las democracias desde hace siglos.

Por otra parte, la citada Convención se limita a regular la imprescriptibilidad de las acciones penales relativas a los delitos definidos en el Estatuto Militar de Núremberg, sin establecer interdicción alguna respecto de los actos de amnistía o indulto, ni impedir la regulación interna de la obediencia debida. Tampoco consagra su aplicación retroactiva ni adopta el régimen jurídico excepcional que presidió el juicio a los criminales de guerra nazis.

Finalmente, la propia Constitución Nacional establece de manera expresa que la jerarquía de los tratados no es superior a los postulados de la parte dogmática de la Carta Magna (artículos 27 y 31 de la Constitución Nacional).

Lo expuesto se encuentra en línea con la doctrina jurisprudencial sentada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, mediante la sentencia n.° 20 del 22 de febrero de 2013, en la cual se declaró inaplicable la doctrina consagrada por la CIDH en el precedente “Gelman vs. Uruguay”, por vulnerar los artículos 10 y 70 de la Constitución uruguaya y, en consecuencia, el principio de soberanía popular.

 La siguiente crónica alarmante rompe con todos los estándares de seguridad y el buena vida que permanentemente ostenta o quiere intentar ostentar la Ciudad de Buenos Aires. Newstad escuchó de primera mano el infierno de un menor abusado y maltratado en instituciones porteñas. También escuchamos la súplica de su madre, que vivió esta pesadilla mientras su hijo, además, también estuvo desaparecido. 

Todo acá, ni en la frontera, ni en Formosa, ni en ningún país vecinos. Acá, en la Ciudad de todos los argentinos, B. de sólo 11 años, sufrió todos los maltratos posibles. 

Al menor lo llamaremos a partir de ahora “B” para preservar su identidad. Pero los datos bien duros y ciertos son que B tiene apenas 11 años y fue abusado en el Centro de Atención Transitoria III y el Hogar La Casa de Coca , un centro dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se describe en documentos públicos de la Ciudad, La Casa de Coca “garantiza la adecuada cobertura de necesidades de protección de los niños y adolescentes que allí se alojan”. Pero esta no pareció ser la experiencia que vivió B. 

Según su madre, Giselle, su hijo, con Trastorno Oposicionista Desafiante, sufrió en ambos establecimientos un notorio descuido de su salud integral. “En el CAT III sufrió abusos físicos y psicológicos. Lo mismo pasó en La Casa de Coca. Ahí fue evidente el maltrato, el descuído. Se le hacía infección en los pies. Le robaban y le rompían sus cosas. También estuvo muy golpeado. Él nunca se animó a decirme si fueron sus compañeritos o quienes debían cuidarlo, que desde ya no lo hicieron”. 

Todo esto ocurrió debido a que en su momento Giselle quedó en la calle. La mujer afirma que fueron insistentes sus pedidos para recibir algún tipo de subsidio habitacional, teniendo en cuenta la urgencia de tener a B. y otra hija con ella. La respuesta fue tajante y carente de empatía: “Cuando te quedes en la calle llamá al 108”, dice Giselle que escuchó del otro lado del teléfono por parte de la Defensoría Zonal Nro 12. Por lo tanto a la madre no le quedó otra opción que entregarlo a estos centros de cuidado de la Ciudad. 

Luego de estas vivencias traumáticas años atrás, el calvario para B fue hasta hace horas todavía peor. El menor que hoy tiene 11 años, salió de su casa y se perdió….. y termina internado en el Hospital Ramos Mejía bajo condiciones de supervisión por demás irregulares. 

“El 30 de septiembre ingresó al Ramos Mejía. Estuvo sin colegio 10 semanas. Solicité la orden de retención del menor y no me la daban”, denuncia la mamá de B. Los audios del menor, a los que tuvo acceso Newstad, son escalofriantes: "“No quiero estar mas en el hospital, ya van 7 semanas y no aguanto más. No quiero estar más acá, quiero ir con mi mamá, estoy harto, no aguanto más. Por favor hagan algo, no aguanto más”.

Y hubo un hecho inaceptable, otro más, relatado por el menor: “Un oficial amenazó con fracturarle un dedo. Dijo que están autorizados a esposarlos y golpearlos. Pero tiene 11 años, no es un delincuente", relata la madre, como puede, a este periodista. 

B no soportó más y escapó, por lo que estuvo desaparecido durante casi un día hasta que fue encontrado este lunes por la tarde. B estuvo, siendo menor y con un trastorno, expuesto durante horas a cualquier otro desastre, a la trata, el peor escenario para una infancia. Pero el miedo no termina: “Mi terror más grande es que la fiscalía dictamine que yo tenga que llevar a mi hijo a estos centros donde ya fue abusado o de nuevo al hospital donde fue amenazado y escapó”. 

Giselle hizo estas denuncias en la Fiscalía 22 y continuará en contacto con Newstad en horas en las que todo es incertidumbre para ella y su hijo B. 

“Si hubiese sido yo el que le hizo esto a mi hija, ya estaría preso”. Las palabras de Agustín a Newstad ratifican que no se cumple el principio de inocencia que rige en la Argentina. O mejor dicho, no rige para todos y todas por igual.

Este caso de extrema violencia que vive Agustín conmociona a la ciudad de 9 de Julio. Una mujer intentó degollar a su hija de tan solo 11 años y, pese a la gravedad del ataque, la Justicia la declaró inimputable, lo que generó un profundo reclamo por parte del padre de la víctima, quien teme por la integridad de la niña y denuncia una situación de absoluta impunidad.

El hecho quedó registrado con fotografías que forman parte del expediente judicial y confirman la brutalidad de la agresión. La nena sobrevivió gracias a que logró escapar y pedir auxilio.

Tras el ataque, la mujer fue sometida a pericias psiquiátricas. Los especialistas determinaron que no comprendía la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, la Justicia resolvió declararla inimputable. Por esa razón, no recibirá una condena penal y quedó sujeta únicamente a medidas terapéuticas.

Agustín denuncia que la resolución no garantiza la seguridad de su hija. Asegura que la agresora continúa representando un riesgo real y exige que se adopten medidas estrictas de contención y control.

“No quiero que mi hija sea otro Lucio”, expresó aludiendo al caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja, un crimen que expuso fallas severas en los sistemas de protección infantil. Para él, la similitud es evidente: la violencia, el desamparo y un aparato judicial que —según afirma— vuelve a fallarle a un menor. “Si me daban la tenencia, esto no pasaba”, lamentó. 

El caso reabre el debate sobre el tratamiento judicial de personas declaradas inimputables en episodios de violencia familiar. El principal cuestionamiento es la falta de mecanismos eficaces de seguimiento: la inimputabilidad evita la pena, pero no asegura que las víctimas queden protegidas.

Este tipo de resoluciones evidencian vacíos estructurales: falta de controles, ausencia de dispositivos de protección sostenida y escasa coordinación entre el fuero penal y los organismos de niñez.

Mientras la investigación continúa bajo la figura de tentativa de homicidio, el padre insiste en que su hija necesita “respuestas concretas del Estado”. Afirma que no se trata solo de reclamar justicia, sino de evitar una tragedia anunciada.

“Ya vimos lo que pasa cuando nadie escucha. Mi hija tuvo suerte esta vez. La próxima no sé”, advirtió.

Esta semana los ciudadanos de 9 de julio reaccionaron y acompañaron a Agustín y su pareja en el pedido de que el sistrma de Salud y de Justicia reaccione a tiempo. La marcha es por sentido común: 9 de julio no puede convivir con esta mujer suelta por sus veredas: debe ser encerrada en un centro de salud mental urgente.

A pesar de esta terrible historia, la reacción de un pueblo es otro síntoma positivo del cambio de época contra la Justicia sesgada. La sociedad ya despertó. Los responsables también deben hacerlo a tiempo, antes de que el final sea el que no queremos relatar, una vez más. 

El municipio de Pinamar oficializó, mediante un decreto firmado en la madrugada, la desvinculación de Norma Beatriz Watson, histórica jefa del área de Tesorería y empleada de planta permanente desde hace más de tres décadas. La funcionaria carga hoy con una imputación penal por un presunto desfalco millonario que sacude a la administración local.

La causa judicial ya reúne pruebas significativas. Según consta en el expediente, se incorporaron 11 videos registrados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se ve a Watson tomando fajos de dinero de la caja municipal y guardándolos en su cartera durante su horario laboral. Las imágenes —que circularon con rapidez entre empleados y vecinos— precipitaron la decisión de apartarla de manera definitiva.

Los investigadores detectaron, además, un conjunto de irregularidades que excede lo captado por las cámaras: maniobras adulteradas, diferencias sistemáticas de caja, doble registración de ingresos y movimientos irregulares en la cuenta “Ingresos Pendientes”, un espacio contable que, en la práctica, habría funcionado como un limbo administrativo.

La fiscalía trabaja para determinar el monto total del presunto desfalco y desde cuándo se habría extendido. Lo único confirmado hasta ahora es que se trata de sumas millonarias, una cifra que en Pinamar se volvió inquietantemente familiar en los últimos años.

Con 59 años y más de 30 de antigüedad municipal, Watson estaba —según versiones internas— a meses de iniciar su jubilación. Su defensa ensayó una versión tan inesperada como polémica: sostuvo que el dinero visto en las filmaciones era suyo, y que debido a la inseguridad en Pinamar prefería transportar diariamente una suma equivalente a una fortuna.

El intendente Juan Ibarguren brindó su versión oficial y detalló los pasos administrativos que siguió la comuna desde que se descubrieron los movimientos sospechosos. En declaraciones textuales afirmó:

“En enero de este año detectamos irregularidades cometidas por una empleada municipal de planta permanente hace 30 años, que se desempeñaba como jefa de Departamento en Tesorería, es decir, el cargo más alto dentro de la carrera administrativa municipal. Apenas se verificaron los movimientos sospechosos dimos aviso a la Justicia e iniciamos de inmediato el sumario correspondiente y las presentaciones judiciales pertinentes.”

Ibarguren explicó además que la vía interna requirió un proceso extenso:

“La vía administrativa llevó varios meses, y recién ahora pudimos concluirla y disponer su cesantía y desvincularla como corresponde.”

En paralelo, destacó la existencia de una causa penal en curso:

“Hay una causa penal en manos de la Justicia, que está avanzando en la investigación para determinar las responsabilidades y los alcances del perjuicio. La ex empleada ya fue imputada y el proceso continúa.”

Finalmente, subrayó que el Ejecutivo actuó con celeridad y transparencia:

“Lo importante es que el Municipio actuó desde el primer momento, con transparencia, siguiendo todos los pasos legales y colaborando con la Justicia en todo lo que corresponde.”

Mientras avanza la investigación, desde sectores internos del municipio apuntaron también contra la fiscalía y la Policía Federal por no detener a la funcionaria cuando abandonaba el edificio municipal. Esas críticas fueron transmitidas por el vocero del intendente Diego Andrés Uribe. 

La investigación judicial por el presunto pago de coimas y sobornos en la provincia de Entre Ríos incorporó nuevos elementos que comprometen al exgobernador Gustavo Bordet. Los peritajes realizados sobre los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —acusados de encabezar una red de pagos ilegales— aportaron más de 25.000 páginas de chats, audios y fotos, donde aparecen 98 menciones directas al exmandatario provincial.

De acuerdo con los documentos analizados, los hermanos Tórtul, vinculados a una empresa de seguridad privada, habrían utilizado contactos dentro del Estado para conseguir contratos con la firma provincial de energía Enersa, a cambio de beneficios económicos para funcionarios y dirigentes. Los mensajes detallan sumas de dinero, reuniones privadas y gestiones ante organismos públicos.

Los chats comienzan en diciembre de 2016 y se extienden hasta abril de 2024, cuando los teléfonos fueron secuestrados. En ese lapso, los Tórtul describen pagos, favores políticos y contactos con funcionarios. Uno de los mensajes más llamativos data de 2019, cuando se menciona una supuesta entrega de 1,1 millones de pesos “para Bordet”, acompañada de referencias a facturaciones y movimientos financieros.

En otro tramo, los empresarios hablan de una reunión con el entonces gobernador y de una visita a una quinta junto a su esposa, donde se habría planificado una inversión inmobiliaria. El tono de los mensajes sugiere una relación de confianza y una operatoria sostenida a lo largo de varios años.

Los investigadores sostienen que los hermanos Tórtul usaron una empresa interpuesta, Tornell SA, para canalizar los pagos. También aparecen mencionados exfuncionarios provinciales vinculados a Enersa y a otras áreas de planificación. En los intercambios se describen “adelantos de dinero”, “favores” y una posible participación en el proyecto de desarrollo del ex Hipódromo de Paraná, una operación que, según los chats, contaba con apoyo político.

Las conversaciones además hacen referencia a la muerte de uno de los presuntos intermediarios y a los reemplazos dentro de la red de contactos. En 2020, los empresarios discuten si conviene “cambiar de interlocutor” y tratar directamente con Bordet, lo que para los investigadores confirma la centralidad de su figura en el esquema.

Tras conocerse la existencia de los chats, Gustavo Bordet negó cualquier vínculo con maniobras irregulares y aseguró que las menciones a su nombre son indirectas o sacadas de contexto. Admitió haber conocido a Claudio Tórtul únicamente por su papel como presidente de un club social, pero calificó de falsas las acusaciones sobre pagos o gestiones vinculadas a contratos públicos.

No obstante, los fiscales consideran que la coincidencia de fechas, montos y nombres da fuerza probatoria al material y permite reconstruir un circuito de sobornos que habría funcionado durante varios años en la administración entrerriana.

El análisis de los 25.557 registros digitales continúa y podría derivar en nuevas imputaciones. Las pruebas no solo exponen una presunta red de corrupción, sino también una estructura empresarial montada para lavar dinero a través de inversiones inmobiliarias.

Si los investigadores logran probar la trazabilidad de los fondos, el caso se transformará en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de Entre Ríos en la última década, con derivaciones que alcanzarían a exfuncionarios, empresarios y dirigentes partidarios.

Por ahora, el expediente sigue sumando pruebas y declaraciones que ponen a Gustavo Bordet en el centro de una trama de corrupción, poder y dinero que amenaza con sacudir la política provincial.

La crisis en el Sindicato de Camioneros volvió a estallar. Empleados de los sanatorios del gremio denunciaron que no cobran sus salarios completos, responsabilizando a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y administradora de la obra social sindical. Las protestas se replicaron en distintos centros médicos, donde los trabajadores exigen la regularización inmediata de sus haberes.

En el Sanatorio San Justo, propiedad del gremio, los empleados colgaron carteles con mensajes directos: “Zulet, no tenemos miedo: queremos nuestra plata”. Según los trabajadores, se abonó solo la mitad del sueldo y no hay fecha de pago para el resto.

El conflicto salarial se da en medio de una fuerte interna familiar y gremial entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano, quienes disputan el liderazgo del sindicato. Zulet, señalada como figura clave en la estructura administrativa, concentra el control del holding médico Iarai SA, que gestiona los sanatorios del gremio junto a sus hijos, Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet.

La obra social de Camioneros, considerada durante años la base económica del poder moyanista, atraviesa ahora una crítica situación financiera, con deudas millonarias y servicios médicos reducidos. Los trabajadores denuncian falta de insumos, demoras en los pagos y suspensión de turnos médicos, lo que afecta a miles de afiliados en todo el país.

La obra social acumula una deuda cercana a los 26.000 millones de pesos en distintas seccionales del país. Para sostenerla, se estableció un aporte mensual extraordinario de $20.000 por trabajador, autorizado por la Secretaría de Trabajo, pese a las críticas del Ministerio de Desregulación.

Este esquema financiero, lejos de resolver la crisis, generó malestar entre empresarios y empleados, que acusan a la conducción gremial de manejar los fondos sin transparencia.

Los sanatorios Antártida y San Justo, presentados en su momento como “clínicas modelo” del sindicato, redujeron su atención médica diaria. Los médicos reclaman actualizaciones salariales y advirtieron sobre la posibilidad de renuncias masivas si no se regularizan los pagos.

Mientras tanto, Zulet intenta retener al personal y contener el deterioro de la estructura sanitaria del gremio. Sin embargo, las denuncias por falta de sueldos y la creciente presión sindical han dejado expuesta una crisis que trasciende lo económico y golpea la imagen del clan Moyano.

La obra social de los camioneros, durante años símbolo del poder sindical de Moyano, se enfrenta hoy a una de sus peores crisis financieras y de conducción. La falta de pago a los empleados, los reclamos por mala gestión y las divisiones internas marcan un punto de inflexión en la historia del gremio más poderoso del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al rechazar los recursos presentados por su defensa y por la fiscalía. El exfuncionario fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

A poco de conocerse la decisión, el Tribunal Oral Federal N°4 —que dictó la condena y debe ejecutarla— convocó a De Vido para este jueves 13 de noviembre a las 10:00 con el objetivo de hacer efectiva su detención. La resolución lleva la firma del juez Ricardo Basílico y aclara que se garantizará su conexión remota al juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, donde también está imputado como miembro de una asociación ilícita.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por “inadmisibles” los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa del exministro y el Ministerio Público Fiscal. Lo hicieron mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin mayor fundamento cuando no se advierten razones de gravedad institucional.

Con esta decisión, la condena quedó firme y De Vido deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se originó tras el choque del tren chapa 16 en la estación de Once, que dejó un saldo de 51 muertos y cientos de heridos. En 2015, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los propietarios y directivos de TBA, y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Los jueces concluyeron que el accidente se produjo por falta de mantenimiento y negligencia operativa, a pesar de los fondos que el Estado había destinado para mejorar el servicio ferroviario. En esos fundamentos se ordenó avanzar en la investigación de las responsabilidades políticas del entonces ministro de Planificación.

En 2018, el TOF N°4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no controló el uso de los subsidios asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). No obstante, fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes del siniestro.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema. En un fallo de agosto de 2024, el máximo tribunal ratificó la responsabilidad penal de De Vido, pero ordenó dictar un nuevo monto de pena, al considerar que no estaba debidamente fundamentado por qué debía recibir una sanción más alta que otros imputados condenados tanto por fraude como por las muertes.

Tras esa orden, otra sala de Casación fijó la pena definitiva en cuatro años de prisión. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron nuevamente: el Ministerio Público por considerar la pena leve y la defensa por sostener que debía reducirse o prescribirse la causa.

Finalmente, este martes, la Corte rechazó ambos planteos y cerró la discusión judicial, dejando firme la sentencia.

De Vido deberá presentarse este jueves 13 de noviembre, a las 8:30, en los tribunales federales para quedar detenido. El horario fue adelantado por coincidir con la audiencia del caso Cuadernos de las Coimas, en el que también es juzgado.

El exministro ya acumula otras condenas por corrupción, entre ellas cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y otra por fraude en la compra de gas natural licuado (GNL).

Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a una de las causas más emblemáticas de la última década, que marcó un punto de inflexión en el control de la gestión pública y en la búsqueda de justicia por una de las tragedias ferroviarias más graves de la historia argentina.

La historia comenzó en 2018, cuando salieron a la luz los ocho cuadernos del chofer Óscar Centeno. En ellos, durante años registró con detalle la entrega de bolsos con dinero que circulaban entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Planificación. Newstad mostró en exclusiva los cuadernos que transportaron la corrupción kirchnerista proveniente de Venezuela y la obra pública por primera vez bajo la supervisación de Jorge Taiana como Canciller.

Las anotaciones, con fechas, montos y destinatarios, dieron origen a una investigación judicial sin precedentes. Según la fiscalía, aquel circuito de recaudación funcionó entre 2003 y 2015 y benefició a contratistas de obra pública, energía, transporte y servicios. El sistema estaba coordinado desde la cúpula del poder político y Néstor y Cristina Kirchner encabezaban una estructura destinada a obtener sobornos.

Con el avance de la causa, fueron procesadas 87 personas: 19 exfuncionarios, dos choferes y 64 empresarios. El expediente se dividió en seis tramos, luego unificados para este debate oral, que concentra los hechos más graves y emblemáticos de la investigación.

Arranca el juicio: todos conectados y bajo la lupa

El 6 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N.º 7 dio inicio formal al juicio. En la sala de Comodoro Py estuvieron los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli; la mayoría de los imputados, incluida Cristina Kirchner, siguió la audiencia de manera remota.

Durante la apertura se leyó el primer requerimiento de elevación a juicio, un documento de casi 700 páginas que detalla la ruta del dinero, las pruebas periciales y los testimonios iniciales

Cristina Kirchner apareció en pantalla desde su domicilio en Buenos Aires. El presidente del tribunal pidió que todos los acusados mostraran su rostro ante cámara, algo que debió recordarse varias veces ante quienes intentaban permanecer fuera de foco.

Las audiencias se desarrollarán los jueves por la mañana y se transmitirán en vivo por YouTube. A partir de marzo de 2026 se sumarán jornadas los martes. Solo la lectura de los autos de elevación demandará hasta mediados de diciembre; después llegarán las indagatorias y los testigos, más de 440 en total. Todo indica que el proceso se extenderá al menos hasta 2027.

Empresarios en el banquillo: entre la colaboración y la presión

Además de los exfuncionarios, el juicio tiene como protagonistas a 63 empresarios de los principales grupos económicos del país. Representan sectores como la construcción, energía, logística y transporte.

Veinte de ellos se acogieron al régimen de arrepentidos y admitieron haber pagado sobornos. Otros 46 intentaron cerrar acuerdos económicos ofreciendo unos 13 millones de dólares como reparación, pero el tribunal rechazó la propuesta por considerar que el perjuicio al Estado no podía ser compensado con dinero.

Entre los testimonios más relevantes, el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, reconoció aportes por casi un millón de pesos y describió una “exigencia dineraria” constante. Aldo Roggio relató entregas periódicas destinadas a campañas y subsidios. Benjamín Romero, de Hidrovía SA, declaró que debió pagar medio millón de dólares por año para conservar concesiones.

Algunos ejecutivos admitieron presiones directas de funcionarios y financistas ligados al Ministerio de Planificación: quien no cumplía, veía paralizadas sus obras o suspendidos los pagos.

Las condenas, si se confirman los cargos, podrían acumular más de 400 años de prisión entre todos los acusados.

El rol de Cristina Kirchner y la controversia sobre las pruebas

La ex presidenta enfrenta el juicio desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por otra causa. La fiscalía la considera jefa de la asociación ilícita, señalando que los fondos recaudados terminaban en residencias vinculadas al matrimonio Kirchner.

Testimonios de exfuncionarios y empresarios indican que el dinero habría circulado entre la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y un departamento en la calle Uruguay. Algunos de los imputados, como José López y Ernesto Clarens, describieron aportes regulares provenientes de empresas adjudicatarias de obra pública.

La defensa, por su parte, niega los cargos y cuestiona la validez de las pruebas. Argumenta que los cuadernos contienen tachaduras y sobreescrituras, y que las declaraciones de los arrepentidos fueron tomadas bajo presión. Sin embargo, las pericias confirmaron que los manuscritos pertenecen a Centeno, y los tribunales superiores rechazaron los planteos de nulidad.

Expectativas y próximos pasos

El juicio de los Cuadernos se perfiló como el proceso por corrupción más grande de la historia judicial argentina. Su relevancia institucional es enorme: reúne a una ex presidenta, ministros, secretarios y los principales contratistas del Estado en un mismo expediente.

Por la cantidad de pruebas, testigos y acusados, se espera que el debate se prolongue durante varios años y que la sentencia llegue recién hacia 2027. De confirmarse las imputaciones, el fallo sentará un precedente para futuras investigaciones sobre transparencia y financiamiento político.

Más allá de las posturas, el caso vuelve a poner en debate la relación entre el poder político y el empresariado en la Argentina. Para la fiscalía, probar la existencia del sistema recaudatorio significará cerrar una etapa de impunidad; para las defensas, en cambio, el proceso es un “espectáculo judicial” con fines políticos.

El resultado final aún está lejos, pero el megajuicio de los Cuadernos ya marca un nuevo capítulo en la historia reciente del país.

Para más información: Jorge Taiana: el candidato que cuidó la corrupción y siempre supo todo

El Tribunal Oral Federal N.º 7 dio comienzo este jueves 6 de noviembre al juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, en la que están implicados 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proceso se desarrolla íntegramente de manera virtual y marca un hito en la historia judicial argentina por la envergadura del expediente.

El debate, que se realiza a través de la plataforma Zoom, fue estructurado por el tribunal para garantizar no solo la transparencia, sino también la participación activa de todos los imputados. La apertura de la audiencia estuvo a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes comenzaron con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

La acusación, originalmente impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y expuesta por la secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, no deja lugar a ambigüedades. En su rol de presunta jefa de una asociación ilícita destinada a recolectar sobornos, Cristina Kirchner aparece como figura central del entramado delictivo que se habría extendido entre 2003 y 2015, durante los gobiernos que compartió con Néstor Kirchner y luego al frente de la presidencia.

El expediente reúne cientos de presuntos hechos ilícitos documentados en los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno, donde se registraban con minucioso detalle las entregas de dinero, los involucrados, las fechas, los lugares y las causas de los pagos ilegales. La mayoría de esas entregas, según la fiscalía, tenían como destino final a la entonces presidenta.

Entre los imputados se encuentran figuras clave del kirchnerismo, como el exministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López y una amplia nómina de empresarios que habrían pagado coimas para acceder a contratos de obra pública.

Cristina Kirchner, quien escuchó los cargos desde su residencia de San José 1111 —donde cumple prisión en relación con el caso Vialidad— protagonizó un cruce tenso en la audiencia. Al intentar permanecer sin activar su cámara, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, intervino para exigir que todos los imputados se mostraran visibles en la pantalla. “El tribunal debe asegurar la presencia de las partes para resguardar el derecho de defensa”, subrayó. La exmandataria apareció entonces junto a su abogado, Carlos Beraldi.

Se prevé que el juicio se extienda durante varios años, no solo por la magnitud del expediente, sino también porque se estima la declaración de más de 440 testigos. El proceso incluye además un diseño innovador para facilitar el acceso público a las etapas del debate.

Este juicio representa uno de los mayores desafíos judiciales en la historia democrática del país, y vuelve a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena como acusada de una de las redes de corrupción más resonantes de las últimas décadas.

Más allá del desarrollo judicial, el impacto del juicio en la vida política argentina ya se siente. Sectores afines al kirchnerismo sostienen que el proceso forma parte de una persecución política y judicial, mientras que los no partidarios lo presentan como una oportunidad histórica para depurar el sistema democrático. La tensión promete acompañar cada etapa del debate, que no solo juzgará presuntos delitos, sino también la credibilidad del poder judicial y el futuro de una líder que marcó dos décadas recientes de la Argentina.

Está previsto que este miércoles se concrete la extradición del empresario señalado por vínculos con el narcotráfico y aportes ilegales a campañas electorales en Argentina.

Federico “Fred” Machado, empresario argentino del sector aeronáutico acusado de integrar una red delictiva transnacional vinculada al narcotráfico, será extraditado este miércoles 5 de noviembre a Estados Unidos. Así lo confirmaron fuentes oficiales.

Machado enfrenta cargos ante el Tribunal del Distrito Este de Texas, donde se lo investiga por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. En Argentina también fue asociado a maniobras delictivas, incluyendo el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

Nacido el 2 de enero de 1968 en Viedma, Río Negro, Fred Machado se formó como piloto en Estados Unidos, donde vivió varios años y recibió el apodo con el que hoy es conocido. En ese país inició su carrera empresarial, con inversiones en el sector aeronáutico e inmobiliario. Sin embargo, la justicia norteamericana sostiene que detrás de estas operaciones se escondía una red de transporte internacional de drogas.

Según la investigación, Machado habría utilizado aeronaves adquiridas mediante fraudes para facilitar el traslado de cocaína desde países como Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia los Estados Unidos. Paralelamente, también se lo acusa de haber montado un esquema Ponzi para captar inversionistas con la promesa de adquirir aeronaves que nunca existieron, todo con el objetivo de lavar dinero del narcotráfico.

El nombre de Machado tomó notoriedad pública en Argentina cuando se revelaron distintos aportes económicos y logísticos a figuras políticas durante campañas electorales. Entre los señalamientos más importantes se encuentran presuntas donaciones para una candidatura presidencial en 2019, incluyendo el uso de aeronaves y vehículos.

Durante la campaña de este año, se detectó además una transferencia de 200.000 dólares a la cuenta personal del diputado involucrado, supuestamente en concepto de “asesorías contables”. El escándalo provocó la baja de su postulación y su licencia temporal como legislador hasta el cierre de su mandato.

Recordemos que hace pocas semanas el empresario detalló un acuerdo económico  con Espert: “Yo tenía un proyecto minero en Guatemala y él me dijo que hacía consultorías. Le propuse una asesoría. Era más de 200 mil dólares, en cuotas. Firmamos un contrato apostillado y me mandó una copia. No me acuerdo la cifra final”, relató.

Ese vínculo profesional —según él— fue posterior a los aportes de campaña. “En 2021, cuando vuelvo al país, lo voy a ver y le cuento lo de la causa judicial. Me dijo: ‘Te creo’. Esa fue la última vez que lo vi. Me dijo algo que nunca olvidé: ‘Con vos me inmolo o a mí me inmolan por vos’”, recordó.

Machado fue detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, a partir de un pedido de captura internacional emitido por la justicia estadounidense. Tras años de disputas legales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición este año. En los últimos meses, Machado fue trasladado a Buenos Aires, donde quedó bajo custodia a la espera de su entrega a autoridades norteamericanas.

Ni José Luis Espert sabía quién era Fred Machado, ni Fred Machado es narco, ni en la justicia de Estados Unidos creen que Machado sea narco, por eso no se sostiene la extradición. Los contactos de lobby y grupo los generaban Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, dos abogados al mando de la campaña. Todo forma parte de un enorme escenario de malos entendidos y operaciones de prensa con un grifo judicial del kirchnerismo a 25 días de una elección dura para el Peronismo desunido y los intendentes sin ganas de militar una boleta que puede posicionar a Axel Kicillof, fuertemente resistido. 

Un empresario aeronáutico y uno de medios de comunicación ligado a un medio de los más leídos del mundo occidental le acercaron a Fred Machado a quien conocían por el mundo de la aviación, fletes aéreos, traslado de pasajeros vip, empresarios que fletan viajes para no hacer colas ni hacer públicos sus viajes, algo lógico y frecuente hoy en día. Así es también como se mueven políticos, empresarios de medios y hasta periodistas que están detrás de esta escenografía de falsa vinculación al narco.

 Fred Machado, quien compartía espacio de hangar con Tom Criuse, aceptó y su vinculación no fue transaccional con la campaña de Espert, no hubo un giro de dinero y acá la explicación donde aparece una mujer presa por una causa en Estados Unidos. Tal es así, que los dos empresarios le sugirieron a Machado que como Espert podía ser presidente y decidía presentar el libro en Viedma, de donde es oriundo Machado, era una oportunidad para conocer y estrechar vínculos con el candidato, algo también frecuente, casi diario en tiempos de campañas entre políticos y empresarios.

Debra Lynn Mercer-Erwin tiene una un fondo de inversión denominado “trust”, un fideicomiso que tiene esa figura legal y en la industria de los aviones se utiliza para hacer de remisería. La empresa se dedica entonces a registrar aviones que no son de su propiedad, sino anotados bajo su firma. Eso lo hizo con Fred Machado y otras 1693 naves. Es decir, la firma de Mercer-Edwin tiene 1700 aviones que no son de ella, habilita sí su inscripción como extranjero para volar en Estados Unidos y el extranjero.

Siguiendo la metáfora de la remisería, Mercer-Edwin tuvo de los 1700  remises, tres detenidos en un viaje con droga. Los tres no están vinculados ni a empresas, ni directa, ni indirectamente a Fred Machado y José Luis Espert o sus jefes de campaña, que ni sabían quién era Machado. Machado de hecho tenía inversiones con empresarios que ponen dinero para ganar intereses con la compra y alquiler de aviones, que no son ninguno de los tres que tuvieron detención con drogas. Es decir, ni los aviones de Machado tienen vinculación con el narco, mucho menos José Luis Espert que no sabía quién era.

Cuando la justicia obligó a la dueña del registro, del “trust”, a explicar, dijo que se trataba de tres casos de droga de clientes que habían registrado los aviones en su empresa, pero que ella nada tenía que ver, ya que no tenía ni siquiera conocimiento del hecho. En Estados Unidos, para que exista delito de conspiración se exigen tres personas; al no haberlas, se cae la figura y se juzga por separado.

Fred Machado está señalado por fraude, pero no por narcotráfico. Tal es así, que cuando fue detenido entregó su computadora y teléfono personal sin haber podido manipularlo porque fue un operativo sorpresa, y no había vinculación narco. Lo que sí consideró la justicia es que, al no haber invertido el dinero de los inversores como había acordado y comenzar operaciones en minas de oro en Guatemala, el delito de fraude sí le correspondía, y ahora la negociación corre contra reloj en tiempos electorales. En cuanto a la mujer, por las detenciones de aviones con drogas, la justicia entiende que, así como alquilaba vuelos a clientes y empresarios como Machado, también podrían existir conexiones con traslados de cocaína.

Así entonces, la justicia tiene ahora que decidir sobre la extradición del empresario señalado como cómplice de una supuesta red de aviones usados para el tráfico de cocaina, que es la investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos desde 2021. Espert se despegó del caso y políticamente se puso a disposición tras el escándalo que generó una denuncia encabezada por el dirigente social Juan Grabois. 

En el Gobierno el silencio era total hasta la declaración de Patricia Bullrich, quien planteó la importancia de que José Luis Espert dé las explicaciones necesarias para despejar dudas.