Es un caso lamentablemente ejemplar de Justicia sesgada por cuestiones de género. A. vino especialmente a Buenos Aires a hablar con Newstad para contar que tiene pruebas aberrantes contra su ex mujer que permitirían acusarla por corrupción de menores. La menor es su hija. Las pruebas son videos irreproducibles. A. afirma que son al menos 17 filmaciones hechas por su expareja, forzando a su hija a situaciones sexuales en las que la menor grita, pide basta. 

A. explica que primero fue falsamente denunciado por abuso de su hija. Relata un modus operandi conocido: implantación de memoria y preguntas forzadas en la cámara Gesell. Ahora denuncia un oscuro entramado que incluye un pesado tráfico de influencias que permitió que la causa por corrupción de menores contra su exmujer esté suspendido. “Ya ni siquiera pido volver a ver a mi hija, pido que la protejan”, suplica en esta entrevista: 

No alcanzó un salón, tampoco dos. El Azul y De las Provincias del Senado de la Nación se vieron colapsados ante una nueva convocatoria para poner de nuevo en agenda el drama social de las falsas denuncias de violencia de género y abusos. Teléfono para quienes niegan el problema o argumentan que la cantidad de estas causas es ínfima. Parece que no, porque además hubo mucho más convocados que no pudieron ingresar. 

La jornada  se convirtió un desfile de la injusticia con casos que fueron pasando por un atril y otros tantos que escuchaban y dejaban caer sus lágrimas mientras se sentían identificados con los relatos. La convocatoria también sirvió para reforzar la necesidad de un pronto tratamiento en el recinto de un proyecto de ley que establece prisión efectiva para denunciantes y profesionales que promueven falsas denuncias de violencia de género, acoso o abuso sexual a menores. 

Martiniano Correcher tiene solo 18 años pero ya vivió en carne propia el calvario: estuvo 654 días preso por una causa de abuso de la cual fue absuelto hace pocos días. Lo dejaron sin uno de los momentos más importantes de su edad, el viaje de egresados. 

“Vinieron los móviles policiales a buscarme, fui detenido y empecé a ver en primera persona la injusticia. Cuando recién cumplí mis 18 años sentí como me arrebataron mi vida”, comenzó a recordar el joven, uno de los cuatro absueltos luego de una causa de abuso en Biallet Massé, Córdoba. 

“Pasé a sobrevivir, mi presunción de inocencia se fue por la basura”, expuso al borde de quebrarse Martiniano ante los ojos de su madre. Y describió esos casi dos años tras las rejas: “654 días sin ver a mi hermano de tres años. Inviernos de temperaturas bajo cero con baños a agua fría, veranos hacinados en una celda de tres por cinco, con quince internos y sin ventilación. Mi madre desagarrándose en cada día de visitas cuando yo iba a la celda”. Relato ejemplar de cómo una mentira arruina una psiquis, una familia. De esto se trata. 

“Hoy siento que puedo contar mi historia desde otro lugar y ayudar a que otros chicos no pasen lo mismo que nosotros. El tiempo perdido y lo causado en mi familia es irrecuperable. Pero hace 10 días recuperé mi libertad y ahora empezaré a reordenar mi vida”, cierra esperanzado un joven todavía demolido por un sistema que falló por todos lados. 

El caso de Pablo Ghisoni, claro exponente de cómo uno de los dos progenitores inserta un relato mentiroso en la mente de un hijo para incriminar al otro, también estuvo presente. El médico de Lomas de Zamora, cuya absolución se confirmó a fines de marzo, se sumó al atril junto a sus hijos. Uno de ellos, Tomás, el que reveló que su madre lo hizo ensuciar el buen nombre de su papá. 

Antes de su mensaje público, Ghisoni le dejó a Newstad un mensaje enfocado hacia adelante: “Si hay vida hay esperanza. A pesar de todo lo transitado que es inolvidable, la vida da revancha y terminás cultivando lo que sembras. A mi la justicia no me devolvió los hijos. Me los devolvió el tiempo, porque se dieron cuenta solos de que es lo que pasa”

Pero tampoco dejó pasar la chance de dejar un reclamo: "Quisiera una Justicia que esté a la altura. Que nos evite todo esto, porque se trata de impericia de la Justicia. Una Justicia que tarda 10 años no es Justicia. Fiscales que actúen de oficio cuando hay una absolución, que levanten las medidas reestrictivas y digan ‘acá hay una falsa denuncia’. 

“Voy a seguir ayudando a todas las familias que están en este maldito camino”, cierra convencido Ghisoni. 

 La expareja de Andrea del Boca no tuvo una exposición esperanzadora, ya que las consecuencias son irreparables y continúan: el vínculo con su hija está roto a pesar de que también fue absuelto de todas las acusaciones de agresión sexual contra ella: “Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

Su derrotero judicial también es un copy paste de un modus operandi para estas causas: “Mi legajo de antecedentes penales está impecable, pero en el 2009, la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento incumplió el régimen de visitas por completo. Después de pasados nueve años que no veía a mi hija, fui nuevamente acusado falsamente. Esta vez por abuso sexual. En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006″. 

Finalmente, citó el fallo. Quedó la verdad, pero también quedaron los daños familiares: “Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico, que el relato formulado en la denuncia y la rectificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras lisas y llanas”. 

Con el inicio fuerte del año político, la senadora Carolina Losada se mostó esperanzada en que durante abril avanzará el proyecto de ley en comisiones y en los respectivos recintos.

Hay acompañamiento del PRO, LLA y la UCR. Quienes aún no se sacan las anteojeras ideológicas para ver con humanidad este problema, están a tiempo de informarse y quizas escuchar de primera mano a estos casos que siguen llenando auditorios y se van quebrados, porque aún siguen esperando Justicia.

El perito, psiquiatra y psicoanalista forense Oscar Abudara Bini analizó para Newstad las movilizaciones en la Argentina por el Día Internacional de la Mujer y planteó que el 8 de marzo dejó nuevas discusiones públicas vinculadas al feminismo, las denuncias judiciales que este medio y un pequeño grupo de periodistas expone y el rol de la agenda de género en la sociedad.

Según Abudara Bini, durante este 8M “hubo, como en otros años, marchas bajo la consigna ‘Ni una menos’”, aunque destacó que en esta ocasión también emergieron otros sectores que buscaron expresar posiciones alternativas dentro del debate.

El especialista, que aborda casos de falsas denuncias desde 1990, señaló que en distintas ciudades aparecieron manifestaciones de grupos que plantearon reclamos vinculados a procesos judiciales familiares y denuncias por violencia de género.

“En Tucumán, grupos de padres impedidos de ver a sus hijos por procesos judiciales marcharon en la ciudad Jardín de la República”, explicó. Estos sectores intentaron visibilizar -en medio del cerco mediático que persiste- problemáticas relacionadas con disputas judiciales y regímenes de visitas.

También mencionó movilizaciones en Río Gallegos, ciudad asociada políticamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí —según indicó— “se expresaron mujeres contra las falsas denuncias de otras mujeres ‘feministas’ que logran encarcelar a padres, esposos, hijos, sobrinos y hermanos”.

Abudara Bini también hizo referencia a la postura del gobierno nacional respecto del feminismo y la llamada “agenda de género”.

En ese marco, el especialista sostuvo que el gobierno “resaltó la igualdad ante la ley de mujeres y hombres”, y cuestionó lo que definió como la influencia del principio “te creo hermana” dentro del sistema judicial.

"El gobierno nacional difundió un spot señalando las limitaciones del feminismo K y la agenda de género promovida por los gobiernos anteriores. En este mensaje el gobierno resaltó la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, igualdad que la agenda de la ideología de género subyugó con la pseudo ley con gran poder del “te creo hermana”, analiza el perito. 

Tal como viene anticipando este medio, Abudara Bini destaca que hay “legisladores discutiendo la posibilidad de agravar penas por falsas denuncias de mujeres contra hombres como en el famoso caso del Dr. Ghisoni”.

El análisis de Abudara Bini también incluyó referencias a declaraciones realizadas en España por la legisladora Cayetana Álvarez de Toledo, de origen argentino. Según señaló, la dirigente sostuvo que “el principal enemigo de la mujer es el victimismo”, al que definió como “una enfermedad sociocultural que inferioriza a millones de mujeres”.

Otro punto mencionado fue el impacto del caso del niño Lucio Dupuy, asesinado en 2021, cuya historia volvió a ser recordada en distintas intervenciones públicas.

“Ramón Dupuy, abuelo del niño Lucio violado, torturado y asesinado por mujeres, nos invitó a un especial por Tik Tok donde se recordó la penosa participación de jueces, maestras y médicos en el asesinato del niño”, resumió el psiquiatra.

Y dio otro detalle de esta tragedia: “No se sabía hasta ahora con claridad que el niño Lucio se había resistido a la presión de su madre que lo vestía de niña y le pintaba las uñas, en un esfuerzo para generarle disforia de género”. 

Finalmente, el psiquiatra también recordó un debate televisivo emitido en el programa conducido por Mirtha Legrand. Allí, la diputada Amalia Granata recordó un caso mediático vinculado a la actriz Andrea del Boca y su hija Anna Chiara del Boca.

Granata mencionó el llamado “leading case” sobre el supuesto “implante de falsa memoria” en la joven, quien llegó a sostener que había sido abusada por su padre. Según el relato citado por Abudara Bini, cuando la jueza interviniente le explicó que esa creencia era falsa, la joven habría respondido que lo que escuchó “le entró por un oído y le salió por el otro”.

Para Abudara Bini, las distintas expresiones que aparecieron durante el 8M reflejan que el debate sobre feminismo, justicia y derechos sigue en transformación. En su interpretación, las marchas y discusiones públicas muestran que, además de las consignas históricas del movimiento, emergen nuevos actores y perspectivas que buscan incidir en la conversación social. Aunque quienes difundimos estos avances seguimos siendo pocos. 

El juez José Augusto Páez Almonacid resolvió este martes hacer lugar al pedido de sobreseimiento de los cuatro futbolistas imputados en el denominado Caso Vélez, una causa que investigaba una denuncia por abuso sexual ocurrida en la provincia de Tucumán.

La decisión fue adoptada tras la audiencia celebrada en la jornada, en la que se escucharon los argumentos de las defensas, la posición del Ministerio Público Fiscal y la oposición de la querella. Luego de analizar los planteos y la prueba incorporada al expediente, el magistrado dispuso el cierre del proceso penal en esta instancia, al considerar que no se reunían los elementos necesarios para sostener la acusación.

El fallo representa un punto de inflexión en una causa que tuvo un fuerte impacto mediático y social, y que mantuvo a los jugadores bajo investigación durante meses, con consecuencias directas en sus carreras profesionales y en su reputación pública. El sobreseimiento implica, desde el punto de vista jurídico, que los imputados no deben continuar sometidos al proceso penal por los hechos denunciados.

La querella anunció de manera inmediata que impugnará la resolución, al sostener que el sobreseimiento resulta prematuro y que aún restan medidas probatorias por producirse. De concretarse la impugnación, el fallo deberá ser revisado por un tribunal superior.

Pericias de extracción forense (UFED) sobre los teléfonos de la denunciante, Lourdes Parache, reconstruyeron la noche del 2 de marzo de 2024 en una habitación del Hotel Hilton donde —según sus propios registros de chat— ella sabía que estaría con cuatro futbolistas, llevó bebidas y preservativos, y envió mensajes jactándose del encuentro con los jugadores a amigas. 

Esa cronología contrasta con la narrativa de una agresión sexual, y un mensaje recuperado dice explícitamente: “La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada”, lo que sugiere que no fue una percepción propia de víctima sino una construcción inducida.

Además, otros mensajes y audios de esa misma noche muestran a Parache describiendo la experiencia de manera positiva (“la adrenalina que necesitaba”, “chocha”), lo que también contradice el relato de abuso.

Sebastián Sosa, uno de los jugadores a los que este armando le arruinó su vida y su imagen pública, había declarado: “Hasta el momento que te vi, te vi bien. Hasta el momento que te vi visualmente, te vi bien. Después me dormí, como ella lo dice, como ella lo reafirma, como yo ratifico, como ratifican los muchachos".

Es por esto que el Fiscal Martínez Terán dijo que mantener a Sosa en el proceso "sería un capricho".

Luego de conocerse el sobreseimiento, Newstad consultó a la abogada penalista Patricia Anzoátegui, especializada en causas de falsas denuncias: “Era lo que se esperaba, que respondiera a la justicia con todo el escándalo que hubo, de las falsas denuncias, un reconocimiento importante, una buena reacción por parte de la Justicia”.

La letrada, a cargo de la defensa de otro caso indicado como falsa denuncia, también en Tucumán, lamentó que “hay jueces que no aprenden de sus errores, vuelven a cometer los mismos porque no se quieren tirar contra las falsas denunciantes porque son mujeres”. 

Anzoátegui anticipó que pronto contará a Newstad el caso que lleva adelante “porque tengo todas las prueba, pero si el clima sigue así lo único que queda es ir a los medios”. No obstante, volvió a recalcar el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez y se mostró esperanzada por un cambio de época: “Todo va abriendo el camino”.

La presentación de los proyectos de ley contra las falsas denuncias de la senadora Carolina Losada y las diputadas Lilia Lemoine y Patricia Váquez indicaron a las claras que el tema ya es un drama nacional que ningún partido político puede ignorar, aunque algunos siguen mirando para otro lado.

Este nuevo contexto fue advertido por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, cuando al presentar el proyecto del nuevo Código Penal hizo un párrafo aparte para este flagelo: “El falso testimonio va a tener agravantes porque la mentira no puede ser utilizada como un instrumento de venganza”, comenzó tajante". Y anticipó: “Las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, lo vamos a incorporar por primera vez al Código Penal en la Argentina”. 

Actualmente, el artículo 245 del Código Penal sanciona la falsa denuncia genérica con prisión de dos meses a un año o multa ridícula de 12 mil pesos. 

El abogado penalista Augusto María Cassiau analizó para Newstad la problemática de las falsas denuncias y respaldó las modificaciones previstas por Bullrich. 

Según explicó, su involucramiento en el tema surgió a partir de su experiencia profesional, donde comenzó a observar un patrón en disputas patrimoniales y familiares que derivaban, en momentos de tensión, en denuncias que luego se demostraban infundadas. “Veías claramente que eran falsas, pero aun así no las archivaban, y al denunciado lo destruían en lo emocional, lo económico y lo familiar”, afirmó.

Cassiau también vinculó el fenómeno con un clima social que, a su entender, se intensificó entre 2018 y 2019, cuando —según describe— surgió una hostilidad creciente hacia los varones en el marco de debates públicos sobre violencia de género: “Empecé a ver toda una onda de odio hacia el hombre que nos querían dividir entre el hombre y la mujer por el simple hecho de dividir y reinarás para que los poderosos tengan poder y para que puedan perseguir al hombre, a todo aquel hombre que tenga un mínimo de poder o quiera hablar o se quiera meter en política, ya saben que le pueden meter una falsa denuncia y esta va a tener consecuencias ya sean jurídicas y sociales”

En ese contexto, advirtió que una denuncia sin sustento puede convertirse en una herramienta de presión que afecta tanto la reputación como la posibilidad de participación social o política. “El escrache digital deja una sospecha para toda la vida. Por eso es fundamental defender el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, señaló.

Sobre el proyecto de reforma del Código Penal, Cassiau sostuvo que coincide con la necesidad de modificar el artículo 109 para agravar las penas por imputaciones falsas, en especial cuando se realicen en el marco de violencia de género o cuando la acusación se difunda a través de medios de comunicación o plataformas digitales. Subrayó que el impacto de los escraches en redes puede ser devastador incluso sin una denuncia formal: “Tuve tres casos en los que no había proceso judicial y, solo por publicaciones en Instagram, la vida de los chicos quedó arruinada. Uno intentó suicidarse y otros dos atravesaron depresiones severas”.

El abogado, sin embargo, expresó reparos sobre otros puntos de la reforma, en particular el posible endurecimiento de penas vinculadas a delitos de odio o discriminación. Alertó que en países europeos ese tipo de figuras ha derivado en excesos y en sanciones a usuarios de redes sociales por simples publicaciones. “Ahí hay que tener cuidado. No se puede abrir la puerta a que opiniones o expresiones discutibles terminen judicializadas”, advirtió.

Los proyectos de ley en el Congreso también seguirán su curso a pesar de la inclusión de estas penas en el nuevo Código Penal. Sus aportes también son importantes porque buscan castigar, además, a los profesionales (peritos, abogados, psicólogos) que se suman a la construcción de la mentira y hacen malgastar recursos públicos en la Justicia. 

Quienes todavía se hacen los distraídos, aún pueden sumarse para frenar este flagelo que destruye familias y, lo más importante, las infancias. No hay marcha atrás. 

Durante una jornada organizada por la Universidad del Salvador dedicada al análisis de las denuncias intrafamiliares, la abogada penalista Patricia Anzoátegui advirtió sobre los riesgos de la manipulación infantil y los efectos de las falsas denuncias en el ámbito familiar. “La falsa denuncia no es un tema de género. Si sos mala mujer o mal hombre, importa que tenés un problema y cómo lo solucionamos”, sostuvo ante un auditorio colmado de estudiantes, magistrados y profesionales del derecho. El evento fue, otra vez y lamentablemente, difundido en exclusiva por Newstad. 

Anzoátegui describió con preocupación el impacto que estas situaciones pueden tener en los chicos: “Ante el acoso al que los somete su autoridad —la madre o el padre—, los chicos comienzan el relato ante la psicóloga, la tía o la maestra. Me pasó un caso en el que le mandaron a contarlo en clase; después le hicieron bullying y se tuvo que cambiar de colegio. Fíjense el grado de daño, de locura y de peligro al que ponen las infancias”.

La penalista hizo hincapié en la responsabilidad de los profesionales que intervienen en estos casos. “Los psicólogos privados, aunque sean de parte, cuando ven a un chico que está siendo manipulado deberían hacer la denuncia, porque la manipulación es maltrato infantil. No demos más vueltas”, enfatizó.

En su exposición, también cuestionó los procedimientos judiciales en torno a las declaraciones de menores. “Una Cámara Gesell mal tomada hace que el relato no sea fiable. Hay que tener protocolos para validar el testimonio del menor”, explicó, y señaló que recién ahora algunos jueces “empiezan a decir tímidamente” estas cosas.

Anzoátegui vinculó además las dificultades del sistema con la Ley Micaela, que obliga a los funcionarios judiciales a capacitarse en perspectiva de género. “Si no fallan con perspectiva de género, están en problemas: no ascienden. Entonces necesitan tener unas palabras sobre eso. Creo que hay que derogarla, porque es una forma de conseguir un poder judicial dependiente. Pusieron una ley para que seas obediente: si no decís lo que tenés que decir, no ascendés”, advirtió.

Finalmente, la abogada alertó sobre la situación en el ámbito provincial: “En la provincia de Buenos Aires estamos en problemas, es donde por lejos hay más causas erróneas”, concluyó.

Del panel organizado por la USAL también participó la abogada Jimena Castiñeira Arce, con experiencia en los parlamentos del Congreso Nacional y la Legislatura porteña. Mirando a cómo sigue esta problemática de acá en más, la letrada analizó: “Hay un cambio de paradigma del delito. La falsa denuncia protege la administración, es decir que a partir de la falsa denuncia no se ponga en funcionamiento todo un engranaje de investigación, actividad judicial al cuete porque el hecho nunca existió. Se esta revirtiendo este tema y se pone el foco en el falsamente acusado”.

Respecto de los proyectos de ley contra las falsas denuncias que ya se presentaron en el Congreso y Newstad anticipó, Arce hizo un pronóstico: “Creo que el que mayor chance tiene es el de la diputada Lilia Lemoine. Es interesante porque que no solo abarca la falsa denuncia sino que incluye las falsas denuncias cometidas en medios de comunicación. Creo que va a prosperar y va ser debatido el año que viene en el recinto”. 

Quienes afirman que las falsas denuncias no existen siguen topándose con fantasmas de carne y hueso que copan calles y llenan auditorios en los que exponen sus dolorosos caos, bien reales, bien injustos. 

El escenario esta vez fue la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en un conversatorio organizado por la Fundación Apolo y la agrupación Infancia Compartida, que Newstad cubrió de manera exclusiva. Este último punto no es destacado con alegría por este periodista, ya que los medios en general le dieron un breve aire a la problemática pero lo siguen ignorando. 

Fue justamente el joven Tomás Ghioni quien le abrió los ojos a muchos comunicadores y les hizo descubrir la pesadilla de las falsas denuncias de violencia y abuso. Con un video, el chico de 23 años conmovió a todos reconociendo que durante años su progenitora, Andrea Vázquez, lo manipuló para alejarlo de su padre, Pablo.

El médico Pablo Ghisoni fue denunciado por su ex por supuesto abuso hace 15 años, finalmente fue absuelto y hace pocos meses su hijo Tomás viralizó el caso. Pero el drama no termina: Andrea Vázquez sigue teniendo a su “cuidado” al hijo menor, de 16 años. 

“Mi hijo sigue viviendo con una mujer diagnosticada psicópata con rasgos perversos. Es una mujer que le dice ‘si te vas, me mato’”, relató frente a un salón lleno de familiares de víctimas de falsas denuncias en la legislatura porteña. 

Juan, padre de Vazquez, había reconocido esta alarmante situación y que fue víctima de su propia hija: “Me acusó de haberme propasado con mi sobrina. Es de una locura que no tiene límites. Lamentablemente, mi hija está fuera de sus cabales y sufro por mi nieto más chico, que no puede salir de esa casa que es una trampa mortal de la que pudieron escapar los más grandes Francisco y, bastante más tarde, Tomás”.

Respecto a este duro camino con sus hijos, expresó: “Se llevan la vida de los hijos, su psicología. Tuve que ser un padre con hijos vivos, pero los vivía como muertos. Desde las cenizas tuve que rearmarme para ver qué está pasando con Tomás. Hoy me estoy reencontrando con un hombre, tiene 23 años y lo dejé con 13. No sé quién es”. 

Ghisoni le dejó una fuerte crítica a la Justicia sesgada y sus insólitos tiempos para resolver, si es que se resuelven, estas causas que destrozan familias: “Acá hay una complicidad e impericia por parte de los ejecutores en el Poder Judicial, con esto de los recursos y las apelaciones. Porque cuando la justicia es lenta no es justicia”.

El médico se valió de su profesión para hacer una comparación bien clara: “Es como tener un paciente en terapia y hemodinámica no se comunique con el cardiólogo. Todos somos necesarios, no puede ser que no pasen una unidad de sangre cuando es necesario y digan ‘la pasamos dentro de seis meses’. En seis meses no tenés paciente, y esto es lo que pasa con la vida de los chicos”. 

En este encuentro, el legislador porteño  Yamil Santoro presentó el proyecto de ley que propone crear el Registro de Obstructores de Vínculos Familiares (ROVF) en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí deberán inscribirse, por orden judicial, las personas que impidan el contacto de niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida con sus progenitores u otros legitimados, pese a los requerimientos de la Justicia y con condena en los términos de la Ley 24.270.

El ROVF permitirá mantener un listado actualizado, emitir certificados e informar a organismos judiciales y estatales. Los inscriptos quedarán alcanzados por fuertes restricciones: no podrán ingresar a la administración pública (y quienes ya trabajen en ella quedarán con licencia sin goce de sueldo), tampoco podrán ser contratistas o proveedores del Estado, acceder a habilitaciones comerciales ni beneficios económicos, ni postularse a cargos en el Poder Judicial o el Ministerio Público.

La iniciativa invita a provincias, a la Nación y a entidades privadas a utilizar la información y a coordinar registros similares. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma en un plazo de 60 días. Santoro explicó que el objetivo es “proteger el derecho de los niños a mantener vínculos familiares, prevenir la violencia emocional derivada de la obstrucción y reforzar el cumplimiento de resoluciones judiciales mediante sanciones civiles y administrativas, sin recurrir a la punición penal”.

Como ya anticipó Newstad, en el Congreso Nacional se presentaron proyectos de ley para castigar más duramente a los  falsos testimonios. Uno de ellos es el de la senadora Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal para tipificar la figura de falsa denuncia en el marco de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual.

El texto establece una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes incurran en esa conducta. Además, prevé un agravamiento de un tercio en las penas aplicables a testigos, peritos o intérpretes que incurran en falso testimonio —ya sea afirmando falsedades, negando o callando la verdad— en causas vinculadas a esos delitos, cuando ello resulte en perjuicio del acusado. En esos casos, la sanción podría llegar a reclusión o prisión.

Losada destacó en el panel que organizó la Fundación Apolo que este drama social no debe ser una cuestión partidaria, por lo que se mostró dispuesta a trabajar junto a las diputadas Patricia Vásquez del PRO y Lilia Lemoine de LLA que presentaron iniciativas similares. 

El objetivo es evitar burocracias legislativas innecesarias para avanzar cuanto antes frente a un feminismo corporativo que no busca la igualdad entre el hombre y la mujer, sino la venganza. 

Ambas propuestas se suman a un debate que crece en el Parlamento y en la opinión pública sobre los límites de las denuncias judiciales y la protección del derecho de los niños a mantener vínculos familiares.

“Basta de falsas denuncias”, “dejennos ser papás” y “justicia familiar, vergüenza nacional” fueron algunos de los gritos que se escucharon durante toda la tarde frente al Congreso Nacional este martes, en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias". 

Este flagelo social que este año tuvo la oportunidad de ser tímidamente más visibilizado, tuvo este año una marcha también más visible, con más participantes que en otras ocasiones, con cientos de familias atravesadas por este drama que contamina a la Justicia. También se acercó la senadora Carolina Losada, que impulsa un proyecto de ley que endurece las penas contra las falsas denuncias y los profesionales que las alimentan. Además, viajó especialmente a esta convocatoria Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene asesinado en La Pampa en manos de dos mujeres. 

Otra figura clave que divulga este drama hace años es la filósofa Roxana Kreimer: “Esto es imparable, son tantos los casos que no hay persona que no conozca algún caso en su entorno”, introduce en diálogo con Newstad.

“Debe haber una justicia científicamente informada, es necesario test objetivos con los nenes, porque hay niños con memorias manipuladas porque se pueden inculcar memorias falsas. Todo esto tiene que cambiar”, reclama la autora de “El patriarcado no existe más”, entre tantas otras publicaciones. En esa línea, enfatiza: “Hay que acabar con el beneficio a un feminismo corporativo que sólo busca el beneficio de las mujeres y no la igualdad. La Justicia no puede ser un títere de las mujeres que quieren venganza en un divorcio conflictivo”.

Y le deja un mensaje a los medios: “El periodismo debería tener un código de ética para divulgar estos casos. Yo se que es difícil. No se puede divulgar cualquier caso sin sentencia firme, pero cuando alguien acusa hay que llamarlo denunciante y no víctima. Hay que respetar el principio de inocencia”. 

El abuelo de Lucio Dupuy, un nene de 5 años, se convirtió en una figura pública desde el siniestro crimen de su nieto en 2021 en manos de una pareja de mujeres. Ramón viene reclamando cambios legislativos en materia de protección infantil y funcionamiento del Poder Judicial.

Ramón fue uno de los oradores y contó una trágica situación: “Las falsas denuncias no solo destruyen, sino también matan a jóvenes y padres. Había hablado por teléfono con un muchacho de 27 años que estaba afrontando una falsa denuncia. Conversamos y se despidió. A los 15 minutos me llama un primo y me dice ‘Nico se ahorcó’, asi que matan. Por eso vine a apoyar esta lucha por la verdad. Le pido a diputados y senadores que apoyen el proyecto de Carolina Losada para agravar las penas contra las falsas denuncias". 

Antes de comenzar una caminata alrededor del Congreso para reclamar un “debate sobre falsas denuncias”, la senadora Losada recalcó la necesidad de complementar su proyecto de ley contra denunciantes y profesionales con las iniciativas de la diputada Patricia Vásquez y Lilia Lemoine, para así agilizar el proceso parlamentario. 

“Queremos que la Justicia se ponga a trabajar con la velocidad suficiente para no arruinar más vidas de hombres, mujeres y niños. Tienen las herramientas para hacerlo”, cerró frente a un centener de ojos vidriosos a su alrededor. 

¿Cómo se prueba que no hiciste lo que no hiciste? Esta es la pregunta que atormenta desde hace dos años a Matías González, un policía federal con 17 años de servicio impecable, hoy privado de su libertad por una denuncia de abuso sexual sin pruebas ni pericias. Su familia, entrevistad por Newstad, denuncia que fue víctima de una maniobra dentro de la fuerza y que la justicia lo condenó solo por la palabra de la denunciante.

Un calvario sin pruebas

Matías está detenido en el penal de Marcos Paz desde hace dos años, cumpliendo una condena de 10 años. Su padre, devastado, lo resume así: “A mi hijo lo condenaron sin una sola prueba. No hubo pericia psicológica, ni ginecológica, ni análisis de cámaras, ni testigos presenciales. La fiscalía no presentó nada. Solo se basaron en la palabra de la denunciante”.

Lo más llamativo del caso es que la propia denunciante no presentó la acusación inicialmente: fue un comisario quien radicó la denuncia un año y tres meses después de los supuestos hechos. La mujer, también policía, se sumó luego como partícipe. Según el padre de Matías, todo comenzó cuando su hijo se negó a encubrir un presunto robo de autos de alta gama en el depósito policial. “A partir de ahí lo hostigaron y armaron esta causa”, afirma.

Inconsistencias graves en el caso

El supuesto abuso habría ocurrido en el tesoro del Banco Nación de Mar del Plata, donde ambos cumplían funciones. Sin embargo, el protocolo de servicio indica que no podían coincidir en el mismo horario y lugar, y las cámaras de seguridad no registraron ningún hecho.

Además, dos testigos clave de la denunciante fueron procesados por falso testimonio. Aun así, Matías fue condenado. Su hermana María denuncia: “Mi hermano presentó mensajes y fotos que demostraban contacto previo con la denunciante, al revés de lo que ella declaró. También había testigos y pedidos de pericia, pero nunca fueron tomados en cuenta. Se trabajó muy mal desde la justicia”.

Una familia destruida

El costo humano de esta situación es enorme. Matías perdió su casa, su vocación policial y su familia. Su hija nació mientras él ya estaba detenido; la conoció apenas diez minutos durante el juicio, esposado, y no pudo ponerle su apellido. “Es desgarrador. Cuando lo visitamos lloramos, nos abrazamos, tratamos de darle fuerzas. Mis padres son mayores y deben someterse a humillantes revisiones para entrar al penal. Vivimos un infierno por algo que no pasó”, cuenta su hermana.

Las visitas a Marcos Paz son cada semana, con cuatro horas de viaje, largas colas y estrictos controles. “Nos hacen la vida imposible, como si fuéramos delincuentes. Solo llevamos comida y afecto”, agrega María.

Una condena basada en la palabra

El abogado defensor de Matías sostiene que el fallo se basa únicamente en “un acto de fe” hacia la denunciante. No hay pericias, no hay registros fílmicos, no hay testigos presenciales. Sin embargo, Matías sigue preso. “¿Cómo pueden condenar a una persona sin pruebas?”, se pregunta su padre.

La familia de Matías no está sola. Casos similares se repiten en el país, con hombres detenidos o separados de sus hijos por denuncias sin pruebas. Organizaciones y familias afectadas convocaron a una marcha contra las falsas denuncias, que tendrá lugar el 9 de septiembre frente al Senado, pidiendo que se revisen las causas y que la perspectiva de género no sustituya la necesidad de pruebas objetivas.

La voz de Matías desde la cárcel

Desde el penal, Matías escribió una carta a su familia: “Mi vida está destrozada. Perdí mi libertad, mi casa, mi trabajo, mi esposa y mis hijos. Solo pido lo que me negaron: justicia y libertad”.

La causa está en etapa de casación y su familia espera que este año haya novedades. Mientras tanto, siguen luchando para que se revise el expediente y se tengan en cuenta las pruebas ignoradas.

Esta historia abre un debate necesario: ¿cómo evitar los abusos en el sistema judicial? ¿Cómo garantizar que se investigue con pruebas y no solo con testimonios? Más allá del caso de Matías, miles de familias enfrentan procesos similares. La justicia debe actuar con responsabilidad y celeridad, porque cuando no lo hace, las consecuencias son devastadoras.

Ana Paula Garona Dupuis juega a ser Dios. Decide parcialmente desde su feminismo autoritario, quién es feliz y quién sufre. Falla, erráticamente como casi toda feminista, sobre lo que tiene que vivir, es decir, padecer, un hombre a pesar de las mentiras. Una mujer violenta, psiquiátrica quiso apuñalar su marido y está comprobado. Denunció falsamente a su ex marido y está comprobado, ilegalmente dejó de mandar los chicos al colegio, y está comprobado. Pero Garona Dupuis es dios, no es una jueza. En un mundo justo, estaría presa, en argentina, decide quién es inocente. Es parte de la metástasis judicial que ordena parte de la sociedad. 

Un periodista querible, tranquilo, un tipo común, tuvo que explicarle a un fiscal que el sábado había cenado a ochenta kilómetros de la Capital con su novia. Tuvo entonces que llevar los videos de las cámaras de seguridad donde estaba compartiendo una parrillada con su pareja, bien lejos de su ex. La ex, que no lo deja ver a sus hijos hace años, lo denunció por haber ido ese sábado a la noche a tirarle piedras e insultarla a los gritos. Todo era mentira, se comprobó que era mentira con videos. Sigue sin ver a sus hijos. Eso es Argentina gracias a la existencia de personas como Garona Dupuis, quien evidentemente no cree en la justicia divina ni el karma, que es lo que probablemente la enferme joven.

La grieta en Argentina es esencialmente moral, están los que buscan ensuciar, enriquecerse, arruinar, saquear, violentar; y estamos los que creemos que se puede hacer algo por colaborar con la mejora de un país devastado en todas sus aristas. . “Está todo podrido, señores”, le gritó René Favaloro a dos colegas, casi como el triste preludio de su final. Nadie entendía que se mataba en vivo. Las falsas denuncias generan muertes, violaciones, robos, depresiones, suicidios. Es un flagelo que crece y hoy se expone con mayor brutalidad por el avance tecnológico.  

La Justicia tiene una grieta legal que empeora hace años: la pena por denunciar falsamente una violación es nodalmente menor que las consecuencias que sufre quien es acusado sin pruebas.  En argentina, la jueza Garona Dupuis debería estar presa, explicar el desastre que hizo y terminar cumpliendo la pena que no impulsó. El artículo 245 del Código Penal establece penas de dos meses a un año de prisión, o una multa de 750 a 12 500 pesos para quien denuncia falsamente un delito, pero el delito que se imputa, el que se inventa, se trata de violencia sexual,  hasta 25 años de cárcel.

Esa asimetría empuja a pensar: hay un sistema legal frágil, la presunción de inocencia queda de lado, y a los acusados falsamente se los lleva puestos el triste “algo habrán hecho” que sigue más vigente que nunca. Muchos periodistas, abogados o políticos vieron cómo una acusación sin fundamento destruyó reputaciones, carreras y afectos, aún después de ser absueltos. Tengo amigos colegas que no ven a sus hijos por una feminista que inventó que manoseaba a sus propios hijos. Tengo amigos que están con medicación psiquiátrica y ataques de pánico porque una feminista le dice que le va a inventar una denuncia por abuso sexual de sus propios hijos para que le dé más plata. Eso son.

Diputados y senadores  presentaron proyectos para terminar con esta injusticia. Lilia Lemoine de la Libertad Avanza propuso reformar el Código Penal y endurecer las penas, además de obligar a los medios difusores de falsas denuncias a publicar en iguales condiciones la absolución. En el Senado avanza una iniciativa similar: penalizar con hasta seis años de prisión cuando la acusación falsa implique violencia de género, abuso sexual o victimizaciones infantiles. Todo esto queda subordinado a mujeres como Ana Paula Garona Dupuis.

Lo justo es la proporcionalidad plena: una violación puede tener hasta 25 años de sentencia máxima, por tanto —yo sostengo— la falsa acusadora debería recibir la misma pena. No es venganza barata, es justicia real. Porque acusar con mala fe un delito tan repudiable no es menos grave que cometerlo. Si alguien te acusa y te quita libertad, reputación, vínculos, esa persona construyó una persecución que nada tiene de inocente.

No se trata de desalentar denuncias legítimas: todo el mundo sabe lo que cuesta que un caso verdadero se reconozca. Se trata de proteger la credibilidad y reconocer que el sistema penal es un instrumento frágil que depende de la seriedad de sus actores. Si hay denuncias falsas, toda su base se desploma. Por eso, la sanción debe ser ejemplar pero para los denunciantes y jueces. La jueza Dupuis, cuando este infierno se ordene, tiene que ser destituida y la justicia debe juzgarla por arruinarle la vida a determinadas personas. Ojalá así sea. 

El Congreso necesita dejar de jugar a medias. Si alguien denuncia algo tan aberrante como una violación sin sustento, debe ser consciente: está promoviendo que alguien se mate o se deprima y arruine su vida. No alcanza con decir “culposa”, “imprudente” o “desproporcional”. Es mala fe. Son las feministas que agitan un pañuelo verde en búsqueda de impunidad, no de justicia. Después de la pesadilla que fue el Frente de Todos con Elizabeth Gómez Alcorta y la militante provida devenida en abortista Ayelen Mezzina como Gestapo de los hombres, Argentina tiene que volver a ser un país coherente, serio, donde las mujeres que inventan asesinatos, violaciones, abusos y delitos variados, vayan presas.

El drama nacional de las falsas denuncias de violencia de género y abusos finalmente está tomando la dimensión que merece. Sucede de a poco, y luego del silencio de los mismos periodistas que ninguneaban el tema, con la excepción un puñado de colegas. 

El sólo hecho de proponer este tema en una conversación tenía garantizada la cancelación, ni hablar si se cometía la osadía de sugerir el tema para los medios de comunicación. Mucho más si esa falsa denuncia era fogoneada por una mujer contra un hombre. Hoy, por alguna razón que desconocemos pero este periodista celebra, el tema ya es innegable.

Este flagelo silenciado implica que un hombre acusado por violencia o abuso es automáticamente culpable a raíz de una denuncia. La vida del apuntado se arruina inmediatamente: su reputación, pierde su trabajo y hasta su libertad sin pruebas. Pero lo más importante: se queda sin el vínculo con sus hijos durante años. Hijos que son utilizados por psicólogos y abogados para mentir en función de la falsa denuncia. Toda una industria al servicio de destrozar una familia a raíz de una mentira motivada por despecho u otras razones inconfesables.

Pero la política, también tímidamente, empieza a sacarse las anteojeras. Sin embargo a la muchos de otros sectores todavía les cuesta sacarse las otras anteojeras, las ideológicas, que le impiden ver que un sector del feminismo ha avanzado sobre el poder judicial, descartando el principio de inocencia que rige en este país. 

En las últimas horas ya se sumó un tercer proyecto de ley para que las falsas denuncias de violencia y abusos tengan condena firme. Tres, entre cientos de legisladores, pero algo es algo. Y, curiosamente, los tres proyectos fueron presentados por mujeres: Carolina Losada, Lilia Lemoine y Patricia Vásquez. Por lo tanto, esto no es una cuestión de lucha entre géneros, ni de nadie contra nadie, en realidad. Sólo a favor de una justicia sin sesgos. 

La diputada del PRO, Patricia Vásquez, es quien presentó en las últimas horas su proyecto. En diálogo con Newstad, afirma: “Es un tema cultural nefasto, mal utilizado como normalmente lo ha hecho el kirchnerismo, causas nobles mal utilizadas, han llevado a este descalabro que ya es insostenible. Generó una masiva instalación de denuncias falsas utilizando los menores, cosa que es peor".

Vásquez da en la tecla. Se trata de que la Justicia proteja en especial a los más vulnerables, los hijos o hijas que son apartados de sus padres casi automáticamente: “Tengo 30 años de ejercicio profesional en el cual me he movido mucho, principalmente en el área de familia, y sé muy bien lo que es capaz una mujer despechada utilizando a los menores para castigar a su ex-cónyuge o al progenitor en definitiva. Y la realidad es que hay que defender al menor, hay que defender a la familia, hay que defender que el conflicto conyugal se resuelva o no, pero no afecte los intereses de toda la familia y sobre todo de los menores". 

Es que hoy, el falso testimonio no tiene consecuencias. Esto, sumado a un feminismo pasado de rosca y una justicia ideologizada hacen un combo que dejan con muy pocas chances al hombre acusado. Ni hablar si, además, hay una industria de profesionales funcionales a la mentira:  “Este mal hábito de mentir, mentir en la denuncia, en las causas, en los hechos, traer testigos falsos, la utilización, te diría, de ya organizaciones, de peritos, abogados y obviamente los involucrados que entendieron que era fácil. Y en realidad era fácil, era gratis porque la penalidad que existe hoy en el Código Penal, en el artículo 245, de dos meses a dos años de prisión por una falsa denuncia, es ridículo, o una multa, más ridículo todavía", detalla la diputada del PRO. 

Vásquez hace un párrafo aparte para los profesionales de la mentira: “Incluyo en mi proyecto un apartado especial, un inciso especial respecto del profesional. Me refiero al abogado que habitualmente es quien lleva a un testigo adoctrinado, instado o asesorado para mentir y obviamente mentir para generar ganancias y beneficios”. 

Vásquez resume entonces el aumento de penas que propone en su iniciativa, tanto para quien hace la falsa denuncia como para los profesionales que la hacen crecer: “Mi proyecto puntualmente se basa en aumentar las penas severamente para la falsa denuncia general, para la falsa denuncia que tiene o involucra cuestiones de violencia de género o abuso sexual, abuso de menores, y la de falso testimonio, por supuesto, igual. En todos los casos, el mínimo de la pena tres años está incorporado a la inhabilitación absoluta y también está incorporado el profesional abogado, porque en los otros incisos generales están los intérpretes, peritos y demás, pero el profesional abogado también está incorporado en el falso testimonio con de tres a seis años de prisión". 

Finalmente, la legisladora aclara que ya se puso en contacto con la senadora Carolina Losada, quien ya hizo una iniciativa similiar, para que se acuerde un proyecto conjunto. También se mostró dispuesta a conversar con Lilia Lemoine, quien habitualmente se expresa de manera contundente contra las falsas denuncias.

El objetivo es tres sumen fuerzas para un texto común y de esta manera evitar burocracias legislativas. Porque no hay más tiempo que perder. El “yo te creo hermana” ya hizo mucho daño. 

En 2016, la vida de Guillermo Pardini dio un vuelco brutal. Una denuncia por violencia de género lo dejó afuera de todos sus trabajos y lo puso en el centro de la condena social antes de que la Justicia hablara. El periodista, que en ese momento tenía tres empleos –en TV, radio y dando clases–, fue procesado por “lesiones leves dolosas agravadas” tras la acusación de una mujer con la que había salido un par de veces.

Pasaron seis años hasta que fue sobreseído, pero el daño ya estaba hecho. “Los titulares condenaron antes que los jueces”, dice hoy, al recordar cómo su nombre quedó marcado y su vida se desmoronó.

“Mi apellido familiar está bastardeado por una falsa denuncia. Mi situación judicial está solucionada. Todo esto me afectó en varios aspectos. En lo laboral, socialmente, económicamente me destruyó”, admitió en alguna oportunidad. Su testimonio duele, pero también busca abrir los ojos sobre una realidad de la que poco se habla.

La buena noticia es que, tras años de silencio y de trabajar incluso como chofer para poder mantenerse, Pardini volvió a los medios. De a poco está retomando su lugar en el periodismo, un espacio en el que construyó su carrera y que ahora lo vuelve a recibir, aunque con un escenario muy distinto al de 2016. Newstad lo entrevistó para conocer la historia en sus propias palabras.

“Dijiste que la causa estaba armada. ¿Podés explicar en qué sentido?”

“Una vez que pude recuperarme del impacto que significó enterarme de la noticia, empecé a atar cabos y empecé a ver que la denunciante tenía una denuncia igual contra otra persona -un año antes-, que uno de sus abogados dio una masterclass de cómo armar causas de violencia de género en un programa de TV, el mismo programa donde habla de mi denuncia en forma enigmática… y por un pequeño detalle -que omití intencionalmente- hubo un pedido ‘material’.”

“¿Cómo cambió tu vida a partir de ese momento, tanto en lo laboral como en lo personal?”

“Mi vida cambió radicalmente, dejé de tener la luz que tenía y me sumí en la oscuridad y depresión. Por suerte, la gente que me conocía (tanto personal como laboralmente) me hizo saber que creían en mi inocencia. Yo me sentía sucio y señalado. Perdí los tres trabajos que tenía en ese momento: TV, radio y las clases que daba en un terciario.”

“¿Cómo fue vivir el cambio que implicó este paréntesis en tu carrera?”

“Después de atravesar un profundo período depresivo (donde traté por todos los medios a mi alcance que no lo notaran ni mi familia ni mis amigos) y ante la lentitud de la Justicia para resolver el caso, resolví ver la forma de generarme ingresos durante este ‘paréntesis’, por lo que, sobre el final de la pandemia, y apenas pude, comencé a trabajar como chofer de Cabify.”

“¿Cómo imaginás tu futuro, tanto personal como profesional, después de esta experiencia?”

“La verdad es que no puedo imaginar un futuro, más que nunca vivo el presente. En los 3 o 4 años que estuve fuera de los medios –y pandemia mediante– todo cambió un montón, por lo que voy ‘surfeando la ola’ y dejo que la vida me sorprenda. Soy más escéptico y desconfiado en las relaciones, sobre todo con el otro sexo. Uno queda un poco perseguido, no es algo que puedas superar fácilmente. Los traumas te quedan para siempre.”

“¿Qué mensaje te gustaría dar a quienes atraviesan situaciones de denuncias falsas?”

“Que no se rindan nunca. Que se hagan escuchar, y si se deprimen, pidan ayuda y nunca más de un día en la cama. Que se levanten y activen. Que piensen en cómo resolver esto, ‘ver’ lo que los abogados ‘no ven’ porque nadie mejor que uno sabe lo que le pasa.”

Una herida que no cierra del todo

La historia de Pardini es el retrato de lo que puede provocar una denuncia falsa y un sistema judicial lento: seis años de silencio obligado, depresión y trabajos perdidos. Aunque hoy la causa está cerrada y legalmente su nombre está limpio, las secuelas emocionales siguen ahí.

Su caso abre un debate incómodo pero necesario: ¿cómo evitar los abusos del sistema y las condenas mediáticas sin pruebas, sin que el legítimo reclamo de quienes sufren violencia se vea desvirtuado por quienes usan las denuncias con otros fines? Las denuncias falsas son una realidad, cuando ocurren arruinan vidas y generan desconfianza en causas genuinas.

Hoy, Pardini está de vuelta frente a cámaras y micrófonos, recuperando su voz y su lugar. Su experiencia deja una lección clara: la Justicia debe actuar con rapidez y responsabilidad, y la sociedad debe ser prudente antes de señalar o condenar sin hechos comprobados. Porque cuando eso no pasa, las consecuencias pueden ser devastadoras para inocentes y, a la vez, socavar la credibilidad de las verdaderas víctimas.