El CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un escenario de fuerte expansión para la industria petrolera argentina, con un objetivo ambicioso: alcanzar niveles de exportación cercanos al millón de barriles diarios en los próximos años.

“Argentina va a terminar exportando el millón de barriles”, afirmó el ejecutivo durante su exposición en la Feria del Libro, aunque aclaró que ese hito podría concretarse recién hacia 2033 o 2034.

Marín insistió en que el crecimiento no dependerá exclusivamente de la petrolera estatal, sino de todo el ecosistema energético: “No depende solo de YPF, sino de toda la Argentina y de toda la industria”.

En esa línea, remarcó el rol clave del nuevo marco económico y regulatorio: “Para desarrollar Vaca Muerta hay que entender que hay que exportar. No se van a invertir millones si no se va a poder exportar”.

El titular de YPF también vinculó este proceso con la generación de empleo y la expansión de infraestructura: proyectó una demanda de “alrededor de 40.000 puestos de trabajo” en los próximos años, asociada a obras como oleoductos, gasoductos y proyectos de GNL.

Actualmente, la producción argentina ya se acerca a niveles récord y el crecimiento de Vaca Muerta permite vislumbrar un saldo exportable creciente, en un contexto donde el consumo interno es significativamente menor al potencial productivo.

En paralelo al impulso hidrocarburífero, las energías renovables siguen captando inversiones. La segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, en La Pampa, despertó el interés de empresas del sector energético que analizaron su esquema de negocios.

El proyecto combina inversión público-privada con participación mayoritaria del sector privado y beneficios fiscales como exenciones impositivas por 20 años, lo que mejora su ecuación económico-financiera.

Además, incorpora mecanismos como el “Procedimiento de Igualación de Condiciones Económicas”, diseñado para ampliar la escala del proyecto y diversificar riesgos, facilitando la participación de más actores.

La iniciativa busca consolidar el crecimiento de la energía solar en el país, que ya muestra una expansión sostenida en los últimos años, apoyada en condiciones naturales favorables y en políticas de incentivo.

Mientras la producción crece, las provincias avanzan en regulaciones ambientales más estrictas. El gobierno de Neuquén estableció la obligatoriedad de que las petroleras informen sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El nuevo sistema exige mediciones estandarizadas para todas las operadoras de la Cuenca Neuquina y forma parte de un plan a 2030 que apunta a reducir la huella ambiental del sector.

“Estamos alineando a Neuquén y Vaca Muerta con los estándares más altos de reporte”, señaló el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira.

El esquema introduce distintos niveles de exigencia y prevé auditorías y validaciones externas, con el objetivo de construir un sistema homogéneo y comparable de datos, en un sector donde hasta ahora predominaban metodologías dispares.

En el norte del país, la transición energética también se expresa en el turismo. El Tren Solar de la Quebrada —primer servicio ferroviario turístico de América impulsado con energía solar— continúa sumando iniciativas para atraer visitantes.

El proyecto, que recorre la Quebrada de Humahuaca, funciona con baterías de litio recargadas mediante energía solar y se posiciona como una propuesta sustentable dentro del sector turístico.

La incorporación de beneficios y promociones apunta a consolidar su uso y potenciar el desarrollo regional, integrando innovación tecnológica con actividad económica.

El potencial energético de la formación no convencional ubicada en Neuquén vuelve a posicionarse en el centro de la agenda regional. Un reciente informe técnico elaborado en el marco de la cooperación entre Argentina y Brasil plantea un escenario ambicioso: la capacidad de sostener el suministro de gas natural en el Cono Sur por más de cinco décadas, siempre que se concreten inversiones en infraestructura y acuerdos comerciales de largo plazo.

El documento fue elaborado por un grupo de trabajo conjunto creado tras un entendimiento bilateral firmado a fines de 2024. Durante todo 2025, equipos técnicos de ambos países avanzaron en reuniones periódicas, sumando además la visión de actores privados y representantes de otras naciones de la región. El resultado es un análisis integral que combina aspectos técnicos, regulatorios y comerciales, con el objetivo de delinear un esquema viable de integración energética.

Uno de los puntos centrales del informe es el rol estratégico que podría asumir Argentina como proveedor regional. La disponibilidad de recursos y los costos competitivos de producción configuran una oportunidad única, en un contexto donde varios países buscan diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia de importaciones más costosas.

Sin embargo, el potencial identificado no está exento de desafíos. El texto subraya que para habilitar exportaciones en gran escala será indispensable ampliar la red de transporte existente. Entre las obras más relevantes aparece la construcción de un nuevo gasoducto que conecte la cuenca neuquina con el centro del país, específicamente hacia la localidad cordobesa de La Carlota. A esto se suman otras expansiones necesarias en los sistemas actuales, que permitirían aumentar la capacidad y garantizar envíos sostenidos.

El informe advierte que estas obras requieren tiempos concretos de ejecución. Una vez asegurados los contratos, el desarrollo de la infraestructura demandaría al menos dos años, considerando las etapas de planificación, financiamiento y construcción. En ese sentido, la previsibilidad contractual aparece como un factor clave para atraer inversiones.

El financiamiento, justamente, es otro de los ejes críticos. El documento plantea que los proyectos solo serán viables si existen compromisos firmes entre productores y compradores. Se necesitan acuerdos de suministro y transporte por períodos de diez años o más, lo que permitiría garantizar retornos y reducir riesgos para los inversores involucrados.

En el plano regulatorio, el análisis también detalla el esquema vigente en Argentina para la exportación de gas. Actualmente, los precios mínimos están determinados por el Plan Gas.AR, que establece un criterio basado en el mayor valor entre el mercado interno y una referencia vinculada al petróleo Brent. Este mecanismo seguirá en vigencia hasta finales de 2028, brindando un marco de previsibilidad en el corto y mediano plazo.

A partir de 2026, se prevé un cambio relevante: el precio mínimo de exportación se alineará con el del mercado interno, dejando de lado la referencia al crudo. Más adelante, desde 2029, las condiciones serán completamente libres, permitiendo negociaciones directas entre productores y compradores sin restricciones predefinidas.

El informe también evalúa distintas alternativas para canalizar el gas hacia los mercados vecinos. Se contemplan rutas a través de Bolivia, Paraguay y Uruguay, además de opciones de conexión directa entre Argentina y Brasil. Cada una de estas variantes presenta diferentes niveles de complejidad, inversión requerida y coordinación regulatoria, lo que obliga a un análisis detallado antes de definir los proyectos prioritarios.

En conjunto, el documento ofrece una hoja de ruta para avanzar hacia una mayor integración energética regional. La combinación de recursos abundantes, demanda sostenida y cooperación entre países configura una oportunidad histórica, aunque condicionada por la capacidad de concretar obras y acuerdos en los plazos necesarios.

En un contexto de expansión sostenida del sector energético argentino, una operación reciente marcó un punto de inflexión en la logística de exportación de hidrocarburos. En la terminal marítima de Puerto Rosales se concretó una maniobra inédita: dos buques de gran porte realizaron tareas de carga de manera simultánea, reflejando tanto el crecimiento productivo como la necesidad de optimizar la infraestructura disponible.

La escena no fue menor. Mientras uno de los buques completaba su operación en una de las posiciones de amarre, el otro hacía lo propio en paralelo, lo que permitió reducir tiempos y mejorar la eficiencia general del sistema. Este tipo de sincronización operativa evidencia un salto cualitativo en la capacidad logística, en línea con la evolución que viene mostrando la producción de petróleo no convencional en el país.

Las embarcaciones involucradas fueron el TP Promise y el Monique Glory, que trabajaron en simultáneo en las posiciones OTA 1 y OTA 2 de la terminal. El primero, de bandera noruega, cargó alrededor de 100.000 toneladas de crudo, mientras que el segundo, registrado en Bahamas, alcanzó una cifra cercana a las 90.000 toneladas. En conjunto, ambas operaciones consolidan un volumen significativo que reafirma la escala que está alcanzando la actividad exportadora.

El destino de estos cargamentos no es casual. Estados Unidos continúa siendo el principal receptor del petróleo no convencional argentino. De hecho, aproximadamente tres cuartas partes de los envíos que parten desde esta terminal tienen como destino ese mercado. Esta tendencia sostenida demuestra la inserción creciente del crudo local en circuitos internacionales altamente competitivos.

Actualmente, Puerto Rosales canaliza cerca de 380.000 toneladas de petróleo tipo Medanito, equivalentes a unos 3 millones de barriles. Este tipo de crudo, proveniente de la Cuenca Neuquina, se caracteriza por su baja viscosidad y alta calidad, condiciones que lo hacen especialmente atractivo en el mercado global. La consistencia en la calidad del producto se ha convertido en un factor clave para sostener la demanda externa.

El impacto de poder operar dos buques al mismo tiempo va más allá de una simple mejora técnica. Implica una reducción considerable en los tiempos de espera, una mayor rotación de embarcaciones y, en definitiva, un incremento en la capacidad exportadora. Este avance resulta fundamental en un escenario donde la producción crece a ritmo acelerado y exige respuestas logísticas acordes.

En paralelo a estas mejoras operativas, la empresa encargada de la terminal avanza con un proyecto de ampliación que busca reforzar aún más la infraestructura existente. Se trata de la iniciativa conocida como Rosa Negra, que contempla la construcción de una tercera posición de amarre. La incorporación de este nuevo punto permitirá aumentar significativamente la capacidad del puerto, sumándose a las dos fases que ya están en funcionamiento.

El objetivo de esta expansión es claro: acompañar el crecimiento del flujo exportador y evitar cuellos de botella que puedan limitar el desarrollo del sector. La inversión en infraestructura aparece así como un elemento indispensable para sostener el ritmo de crecimiento actual.

En definitiva, la operación simultánea de estos dos buques no solo representa un hecho puntual, sino también un indicador del momento que atraviesa la industria energética argentina. La combinación de mayor producción, demanda internacional sostenida y mejoras logísticas configura un escenario de oportunidades, donde cada avance en infraestructura se traduce en mayor competitividad y proyección global.

El comportamiento del mercado de combustibles durante marzo volvió a mostrar un escenario desafiante en términos de consumo total. Dentro de ese contexto, emergió un dato que aporta optimismo para el sector: los productos de mayor calidad continúan expandiéndose y consolidan una tendencia que ya se venía observando desde el año anterior.

De acuerdo con el “Informe Venta al Público de Combustibles”, durante marzo se comercializaron 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que implicó una disminución frente a los 1.420.425 metros cúbicos registrados en el mismo mes del año previo. 

No obstante, el análisis detallado por segmentos permite observar una dinámica distinta. La nafta de mayor octanaje registró un incremento del 2,69% interanual, alcanzando los 215.371 metros cúbicos vendidos, mientras que el gasoil de máxima calidad creció aún más, con una suba del 6,43%, llegando a 245.227 metros cúbicos. Estos datos confirman que el segmento premium se posiciona como el más dinámico dentro del mercado minorista.

En contraste, los combustibles tradicionales continúan mostrando una tendencia descendente. La nafta súper, que concentra la mayor parte del consumo, cayó un 4,10%, mientras que el gasoil de menor calidad retrocedió un 5,82%. Esta diferencia marca un cambio progresivo en los hábitos de consumo, donde una porción de los usuarios opta por alternativas de mayor rendimiento.

Desde la perspectiva del sector, este fenómeno no responde a un hecho aislado, sino que forma parte de una transformación más amplia. Los consumidores que eligen combustibles premium lo hacen, en gran medida, por los beneficios asociados al cuidado del motor, la eficiencia y el rendimiento, aspectos que comienzan a pesar más en la decisión de compra.

El informe también pone el foco en el desempeño de las principales compañías. YPF se mantuvo como líder del mercado, con un volumen de 771.812 metros cúbicos comercializados durante marzo. Le siguieron Shell, con 319.487 m³, y Axion Energy, con 172.210 m³. Entre estas firmas, la empresa estatal fue la única que logró un crecimiento interanual, con una leve suba del 1,03%, en un contexto donde el resto mostró caídas.

En términos geográficos, el comportamiento del consumo fue dispar entre provincias, aunque la expansión del segmento de mayor calidad se repitió en gran parte del territorio, lo que refuerza la idea de que esta tendencia podría mantenerse en los próximos meses.

En definitiva, el avance de los combustibles premium introduce un elemento clave para el sector energético. Esta evolución no solo compensa parcialmente la caída general, sino que también anticipa una posible reconfiguración estructural del mercado, donde los productos de mayor valor agregado ganan protagonismo.

La consolidación de este segmento aparece como uno de los indicadores más alentadores, ofreciendo una señal de cambio en la forma en que los usuarios consumen combustibles en el país.

El crecimiento de Vaca Muerta, uno de los principales motores productivos del país, avanza con fuerza, pero no sin tensiones. En paralelo a su expansión, emerge una dificultad que comienza a condicionar su desarrollo: la imposibilidad de cubrir, con la rapidez necesaria, los perfiles técnicos y especializados que demanda la actividad.

Este escenario, lejos de ser coyuntural, revela un problema estructural. La industria energética necesita cada vez más trabajadores capacitados, pero el sistema de formación no logra acompañar ese ritmo, generando una brecha que se profundiza con el paso del tiempo. La situación no responde a una única causa, sino a una combinación de factores que interactúan entre sí.

Uno de los puntos centrales es el desajuste entre formación y experiencia. Existen profesionales disponibles, pero no siempre cuentan con el recorrido práctico necesario para desempeñarse en operaciones complejas, especialmente en campo. A esto se suma un mercado laboral altamente competitivo, donde las empresas disputan los mismos perfiles, generando una dinámica de alta rotación.

Dentro de este contexto, algunos puestos se vuelven particularmente críticos. Supervisores, ingenieros y técnicos con experiencia directa en operaciones aparecen como los más difíciles de cubrir, no solo por su escasez, sino por el tiempo que implica formarlos adecuadamente. La actividad crece a una velocidad que el sistema educativo tradicional no logra replicar.

La problemática no se limita únicamente a los conocimientos técnicos. Las llamadas habilidades blandas —como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo— adquieren un valor creciente, especialmente en entornos donde la coordinación y la toma de decisiones son fundamentales. Este cambio de paradigma obliga a las empresas a revisar sus criterios de selección y desarrollo de personal.

Frente a este panorama, las estrategias empresariales también están mutando. El salario ya no es el único factor determinante a la hora de atraer talento. Beneficios adicionales, esquemas laborales flexibles y condiciones que mejoren la calidad de vida se vuelven elementos clave en la propuesta. Pero incluso eso resulta insuficiente si no se construye algo más profundo: sentido de pertenencia.

En este punto aparece un concepto que gana terreno en la industria: el “encantamiento” del trabajador. Las compañías buscan generar vínculos más sólidos, mostrando proyectos a largo plazo, cultura organizacional y oportunidades de desarrollo, con el objetivo de retener talento en un entorno altamente volátil.

Sin embargo, el desafío más profundo sigue siendo formativo. Reducir la distancia entre lo que se enseña y lo que realmente se necesita en el campo se vuelve una prioridad estratégica. En este sentido, comienzan a tomar fuerza modelos educativos más ágiles, con programas cortos, enfoque práctico y sistemas de formación dual que permitan adquirir experiencia mientras se aprende.

El rol del sector público y de las instituciones educativas resulta decisivo. La articulación con el sector privado y la implementación de políticas sostenidas son claves para acompañar el crecimiento de la industria, evitando que la falta de recursos humanos se transforme en un límite estructural.

En Neuquén, epicentro de esta actividad, la situación es particularmente visible. La demanda de talento es constante y muchas veces urgente, mientras que la oferta local no siempre logra responder, ya sea por volumen o por falta de experiencia específica. Esto obliga a las empresas a buscar trabajadores en otras provincias, especialmente para roles críticos.

Lejos de interpretarse como una debilidad definitiva, este contexto también abre una oportunidad. El desarrollo de talento local aparece como una de las grandes apuestas a futuro, con el potencial de consolidar un ecosistema productivo más sólido y sustentable.

En definitiva, lo que ocurre en Vaca Muerta trasciende la simple cobertura de vacantes. Se trata de un cambio profundo en la forma de gestionar el capital humano, donde el foco ya no está solo en responder a necesidades inmediatas, sino en anticiparse, formar y retener talento.

El verdadero desafío, entonces, no es únicamente sostener el crecimiento actual, sino construir una base humana capaz de acompañarlo en el tiempo. Porque en el corazón de la energía, hoy más que nunca, el recurso más escaso no está bajo tierra, sino en las personas.

En un contexto de creciente demanda global de recursos estratégicos, Mendoza dio un paso clave para posicionarse como un actor relevante en la provisión de bienes y servicios vinculados a la minería y la energía. Este lunes se concretó el lanzamiento formal del Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo, una iniciativa que ya había sido presentada meses atrás en un ámbito internacional, pero que ahora entra en una etapa operativa con respaldo institucional y empresarial.

El proyecto no nació de manera espontánea, sino como resultado de una articulación iniciada el año pasado entre distintos niveles del Estado y el sector privado. La alianza reúne al Gobierno provincial, al Municipio de Guaymallén, a la Universidad Nacional de Cuyo y a actores industriales, consolidando una estructura que busca trascender lo coyuntural para convertirse en una política sostenida en el tiempo. La iniciativa apunta a generar un entramado productivo sólido, capaz de responder a las exigencias de una industria cada vez más competitiva y tecnificada.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en la Legislatura de Mendoza, espacio elegido no solo por su simbolismo institucional, sino también por su rol en la construcción de marcos normativos que garanticen previsibilidad. Allí se dieron cita autoridades públicas, representantes del ámbito académico, integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y empresarios vinculados a la actividad. La presencia de estos actores reflejó el carácter multisectorial del proyecto, uno de sus rasgos más distintivos.

Actualmente, la asociación civil que impulsa el Clúster cuenta con el respaldo de unas 40 empresas, cifra que se espera ampliar a medida que la iniciativa gane escala. El objetivo es consolidar una red de proveedores capaces de integrarse en cadenas de valor más amplias, tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas aparece como uno de los ejes estratégicos, facilitando su acceso a ferias, rondas de negocios y mercados externos.

Otro de los pilares fundamentales es la generación de empleo de calidad. La propuesta no solo busca incrementar la cantidad de puestos de trabajo, sino también mejorar su nivel, promoviendo la capacitación técnica y la formación especializada. En este punto, la vinculación con la UNCuyo y con centros de investigación resulta clave para fortalecer el capital humano y acompañar la evolución tecnológica del sector.

La sustitución de importaciones también ocupa un lugar central en la agenda del Clúster. Reducir la dependencia de insumos externos y fomentar la producción local se presenta como una estrategia para dinamizar la economía regional y aumentar la competitividad. Este enfoque se complementa con la intención de agregar valor en origen, aprovechando las capacidades productivas de Mendoza y de la región de Cuyo.

El desarrollo sostenible atraviesa toda la iniciativa como un principio rector. La incorporación de criterios ambientales y sociales en cada etapa del proceso productivo busca garantizar un equilibrio entre crecimiento económico y cuidado del entorno. De este modo, el Clúster pretende alinearse con las demandas actuales de la industria, donde la responsabilidad ambiental ya no es opcional, sino una condición indispensable.

Durante el acto, se destacó que el funcionamiento del Clúster se apoyará en tres grandes ejes: la sinergia regional, el impulso a la innovación tecnológica y el compromiso con estándares elevados de seguridad y sostenibilidad. La integración de proveedores de Cuyo permitirá fortalecer su capacidad operativa y mejorar su posicionamiento frente a grandes proyectos. Al mismo tiempo, la incorporación de nuevas tecnologías será clave para responder a los desafíos de una industria en constante transformación.

En la apertura del evento, el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), Fernando Solís, subrayó la importancia del ámbito legislativo como garante de seguridad jurídica. “Esta es la Casa de las Leyes donde se cimienta la seguridad jurídica para estos grandes proyectos; y es donde se tiene que formular la política de Estado productiva para el desarrollo de toda la industria en la provincia”, afirmó.

Asimismo, remarcó el rol del sector empresarial en este proceso: “Los empresarios tenemos el deber de asociarnos, potenciarnos y vincularnos con el sector académico, con las escuelas técnicas, con los privados, para generar este gran motor de crecimiento que estamos proyectando; y a su vez, tenemos la obligación de vincularnos con la sociedad para generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan”.

Con esta iniciativa, Mendoza busca no solo acompañar el crecimiento de sectores estratégicos, sino también convertirse en un nodo clave dentro de un esquema productivo más amplio, donde la cooperación y la innovación marcan el rumbo del desarrollo.

La proyección internacional de sectores estratégicos argentinos dio un paso decisivo tras una reciente misión comercial en Estados Unidos. El viaje, que reunió a empresas vinculadas a la minería y la tecnología, derivó en la creación de una nueva institución binacional destinada a fortalecer vínculos productivos y abrir oportunidades en uno de los mercados más competitivos del mundo.

El resultado más significativo de esta agenda fue la constitución de la Argentina Nevada Chamber of Commerce, Innovation & Technology (ANCCIT), una entidad inédita que busca articular relaciones entre ambos países en áreas clave como la innovación, el desarrollo tecnológico y los recursos críticos. Se trata de un instrumento pensado para facilitar la inserción de firmas argentinas en el ecosistema norteamericano, especialmente en un contexto global donde estos sectores adquieren creciente relevancia.

La iniciativa tomó forma durante una intensa agenda desarrollada entre el 20 y el 24 de abril en ciudades como Las Vegas y Reno. Allí, representantes del sector privado argentino mantuvieron encuentros con actores centrales del entramado económico, académico y científico de Nevada.

El objetivo fue claro: construir relaciones duraderas que permitan a las empresas argentinas integrarse a redes internacionales de innovación y producción. En ese marco, la nueva cámara no solo funcionará como un espacio institucional, sino también como un puente operativo para generar negocios, intercambios tecnológicos y proyectos conjuntos.

Uno de los pilares de esta estructura es su asociación con la Latin Chamber of Commerce de Nevada, una organización consolidada con más de 1.500 miembros activos. Esta alianza permite a las compañías argentinas acceder de forma inmediata a una red empresarial ya instalada, reduciendo barreras de ingreso y acelerando los procesos de internacionalización.

Durante su estadía, la delegación argentina fue recibida por instituciones clave que integran el ecosistema de innovación del estado. Entre ellas se destacan organismos gubernamentales, universidades y centros de investigación que han convertido a Nevada en un polo emergente dentro de la economía del conocimiento.

El contacto con estos actores resulta fundamental para comprender el funcionamiento del mercado estadounidense y detectar oportunidades concretas de desarrollo. Universidades, agencias de desarrollo económico y hubs tecnológicos forman parte de un entramado que combina investigación, financiamiento y aplicación productiva.

Asimismo, se establecieron vínculos con espacios orientados a startups y desarrollo tecnológico, donde se promueven iniciativas innovadoras mediante mentorías, acceso a capital y redes de contacto. Estos ámbitos resultan clave para que empresas jóvenes puedan escalar sus proyectos a nivel internacional.

Como parte de la agenda, los empresarios visitaron compañías que reflejan el nuevo perfil productivo de Nevada. Entre ellas se destacan firmas vinculadas al reciclaje de materiales críticos y a la infraestructura digital, sectores que hoy lideran la transformación industrial global.

Estas experiencias permitieron observar de primera mano modelos de negocio basados en innovación y sostenibilidad, especialmente en áreas como la electromovilidad y el procesamiento de recursos estratégicos.

También se recorrieron zonas históricamente ligadas a la minería, que actualmente forman parte de un entramado más amplio donde convergen tradición extractiva y desarrollo tecnológico. La cercanía con grandes proyectos industriales refuerza el atractivo del estado como destino de inversiones.

Los efectos de la misión ya comienzan a materializarse en decisiones concretas. Una empresa argentina definió instalar en Reno su área de investigación y desarrollo, mientras que otra logró integrarse a un programa de inserción empresarial que le permitirá expandirse en el mercado estadounidense.

Estos avances reflejan el potencial real de la iniciativa, que no se limita a acuerdos formales sino que impulsa acciones concretas de crecimiento empresarial. La posibilidad de acceder a programas de acompañamiento, financiamiento y validación tecnológica abre nuevas perspectivas para firmas locales.

A partir de su lanzamiento, la nueva cámara binacional se presenta como una plataforma abierta para empresas interesadas en expandir sus operaciones. En particular, se espera la incorporación de compañías vinculadas a la minería, incluyendo sectores como litio, cobre, oro, plata y tierras raras.

El contexto internacional, marcado por la creciente demanda de estos recursos, posiciona a Argentina como un actor con gran potencial, y la articulación con mercados como el estadounidense resulta clave para capitalizar esa oportunidad.

En este escenario, la creación de ANCCIT aparece como una herramienta estratégica para fortalecer la presencia argentina en el exterior. Más que un acuerdo institucional, representa un paso concreto hacia la integración en las cadenas globales de valor, donde la innovación y los recursos naturales serán determinantes en los próximos años.

Tras el cierre de Bajo de la Alumbrera en 2018, el cobre argentino quedó en una etapa de transición. Hoy, el interés se centra en una nueva generación de proyectos de gran escala que podrían redefinir el perfil productivo del país en la próxima década.

La cartera de inversiones en este segmento asciende a unos u$s42.200 millones, concentrados en emprendimientos como El Pachón, Taca Taca, MARA, Los Azules y el distrito Vicuña. Dentro de este último, el proyecto Josemaría logró un avance relevante al actualizar su Declaración de Impacto Ambiental en 2026.

A pesar de estas señales positivas, el cobre sigue siendo más una expectativa que una realidad concreta, ya que ninguno de estos desarrollos ha alcanzado aún una producción significativa.

A diferencia del cobre, el litio muestra un dinamismo mucho más marcado. Se trata del único mineral que combina inversión activa, crecimiento sostenido y producción en expansión.

Argentina concentra el 22,6% de las reservas mundiales de litio, y ha experimentado un salto notable en su producción, pasando de 35.000 toneladas en 2022 a una proyección de 130.800 toneladas en 2025.

Actualmente, existen siete proyectos en operación y cinco en construcción, principalmente en el denominado “triángulo del litio”. Además, el desarrollo Hombre Muerto Oeste se convirtió en el primer proyecto en ingresar bajo el régimen RIGI, con una inversión de u$s200 millones, marcando un precedente en materia regulatoria.

El litio es hoy el caso más exitoso de la minería argentina, tanto por su nivel de actividad como por su capacidad de atraer capitales.

Mientras el litio crece y el cobre se proyecta, el presente del sector está sostenido por el oro y la plata. Estos minerales constituyen la principal fuente de divisas de la minería argentina.

El país cuenta con 14 minas de oro en operación y tres grandes explotaciones de plata. Santa Cruz concentra gran parte de la actividad, con proyectos como Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Cerro Moro. En San Juan, Veladero y Gualcamayo continúan siendo pilares productivos.

Además, existe una cartera de proyectos en desarrollo y una inversión en exploración cercana a los u$s199 millones, orientada a sostener el nivel de reservas.

A diferencia de otros recursos, el oro y la plata no solo prometen: ya generan ingresos concretos.

El uranio aparece como un recurso estratégico, con más de 36.000 toneladas identificadas, pero aún sin impacto productivo relevante.

Los proyectos vinculados a este mineral —como Amarillo Grande o Cerro Solo— se encuentran en etapas tempranas, sin un cronograma claro de explotación. Su desarrollo está ligado a la energía nuclear, lo que le otorga importancia a largo plazo, pero sin resultados visibles en el corto.

Se trata del segmento más rezagado dentro del mapa minero nacional.

El dato más revelador del sector es la estructura de su cartera: de 325 proyectos existentes, la gran mayoría sigue en fase de exploración o evaluación. Esto evidencia que el principal desafío no es la falta de recursos, sino la dificultad para transformarlos en producción.

En conjunto, el panorama muestra un sector heterogéneo: el litio avanza con fuerza, el oro y la plata sostienen el presente, el cobre concentra las expectativas y el uranio permanece en espera.

Argentina tiene el potencial para convertirse en un actor clave en la minería global, pero aún debe cerrar la brecha entre lo que posee bajo tierra y lo que logra extraer.

La posibilidad de que la producción mundial de petróleo retome niveles cercanos a los previos al conflicto en Medio Oriente abre un escenario de expectativas moderadas. Sin embargo, detrás de los primeros signos de alivio, persisten interrogantes clave sobre la velocidad y la estabilidad de esa recuperación, especialmente en una región que concentra una porción determinante del suministro global.

En el centro de la escena se encuentra el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo del mundo. Las tensiones en este paso marítimo han sido determinantes para explicar la abrupta caída en la producción del Golfo Pérsico, afectada tanto por restricciones operativas como por decisiones preventivas de los productores.

Los primeros análisis, en el marco de una posible distensión diplomática, sugieren que gran parte de la producción podría restablecerse en los próximos meses. No obstante, la normalización completa dependerá de factores que exceden lo estrictamente político, incluyendo el estado de la infraestructura energética y la capacidad logística para retomar las exportaciones.

Según estimaciones de Goldman Sachs, durante abril la producción del Golfo —que ronda los 14,5 millones de barriles diarios— se vio significativamente afectada, alcanzando apenas el 57% de los niveles previos al conflicto. Esta contracción no respondió principalmente a daños estructurales en los yacimientos, sino a cierres preventivos y estrategias de manejo de inventarios ante la incertidumbre regional.

En este contexto, una reapertura sostenida y segura del estrecho podría permitir una recuperación relativamente ágil. Esto sería posible, en gran medida, gracias a la capacidad ociosa de grandes productores como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con margen para incrementar su producción en el corto plazo. Sin embargo, esa ventaja estructural no elimina los desafíos logísticos que hoy condicionan al mercado.

Uno de los principales cuellos de botella es la disponibilidad de transporte. La flota de buques cisterna vacíos en la región se redujo de manera considerable, con una caída estimada en torno a los 130 millones de barriles de capacidad, lo que representa cerca del 50%. Esta limitación implica que, incluso si la producción se recupera rápidamente, el traslado del crudo hacia los mercados internacionales podría enfrentar demoras significativas.

A esto se suma otro factor técnico menos visible pero igual de relevante: el comportamiento de los pozos tras períodos prolongados de inactividad. En especial en aquellos yacimientos de baja presión, los cierres extendidos pueden afectar los caudales y exigir intervenciones adicionales para restablecer el flujo normal, lo que introduce una variable adicional en los tiempos de recuperación.

El análisis también advierte que cuanto más se prolongue la interrupción, más complejo será revertir sus efectos. La inactividad sostenida no solo impacta en la producción inmediata, sino que puede generar consecuencias duraderas sobre la capacidad de extracción, especialmente en campos más sensibles.

En cuanto a las diferencias entre países, el panorama no es homogéneo. Irán e Irak aparecen como los más expuestos a una recuperación más lenta, debido a limitaciones estructurales, problemas en la infraestructura y, en el caso iraní, el peso de las sanciones internacionales. En contraste, Arabia Saudita se posiciona como el actor con mayor capacidad de respuesta, lo que le permitiría acelerar el retorno a niveles productivos más altos.

Las proyecciones generales indican que los países del Golfo podrían recuperar cerca del 70% de la producción perdida en un plazo de tres meses, y alrededor del 88% en seis meses. Sin embargo, estos cálculos parten de un escenario sin nuevas interrupciones, lo que deja abierta la posibilidad de desvíos en caso de que resurjan tensiones o se registren nuevos incidentes en la región.

En definitiva, el proceso de recuperación del petróleo global se perfila como un camino posible, pero lejos de ser lineal. Las variables geopolíticas, técnicas y logísticas se entrelazan en un escenario donde cada avance convive con nuevos focos de incertidumbre, recordando que en el mercado energético mundial, la estabilidad nunca está completamente garantizada.

La actividad minera en el sur mendocino suma un nuevo capítulo con el relanzamiento del proyecto Huemul, un emprendimiento que busca recuperar protagonismo en el escenario de los recursos estratégicos. El inicio de tareas exploratorias marca un punto de inflexión para una zona con antecedentes históricos, pero que ahora vuelve a captar atención en función de las demandas energéticas globales.

En este contexto, la compañía canadiense Jaguar Uranium Corp. dio el primer paso con un programa de exploración en el departamento de Malargüe. Se trata de un distrito de aproximadamente 27.700 hectáreas que combina historia productiva con nuevas perspectivas geológicas, lo que lo posiciona como una apuesta relevante dentro del mapa minero nacional.

El valor estratégico de Huemul no radica únicamente en su potencial actual, sino también en su pasado. Entre 1955 y 1975 funcionó allí la primera explotación de uranio del país, bajo administración estatal. Esa experiencia dejó registros que hoy sirven como base para reactivar el área, aportando información clave que reduce la incertidumbre típica de los proyectos iniciales.

A diferencia de otros emprendimientos que comienzan desde cero, este distrito cuenta con evidencia concreta de mineralización, lo que fortalece su atractivo para inversores. Además del uranio, se ha confirmado la presencia de cobre y vanadio, configurando un perfil polimetálico que resulta especialmente atractivo en el escenario energético actual. Estos minerales son considerados críticos por su rol en industrias tecnológicas, energéticas y de transición hacia fuentes más limpias.

Otro de los puntos fuertes del proyecto es su extensión y diversidad interna. El área no se limita al antiguo yacimiento, sino que incluye múltiples sectores que aún no han sido evaluados con herramientas modernas. Esto abre la posibilidad de nuevos descubrimientos y de ampliar significativamente la escala de la iniciativa en el mediano plazo.

El impulso de Huemul también se vincula con factores externos. A comienzos de 2026, Argentina y Estados Unidos avanzaron en un acuerdo orientado a garantizar el abastecimiento de minerales críticos. Este tipo de entendimientos internacionales busca facilitar el acceso a financiamiento, especialmente a través de organismos multilaterales, para proyectos considerados estratégicos.

En ese escenario, la empresa promotora del desarrollo en Huemul trabaja en alternativas de financiamiento externo. La combinación de antecedentes productivos y diversidad mineral aparece como una ventaja competitiva, ya que permite reducir riesgos frente a proyectos en etapas más tempranas o con menor información disponible.

El plan de trabajo diseñado contempla dos etapas bien definidas. En primer lugar, se llevará adelante un proceso de validación de datos históricos, acompañado por la elaboración de un modelo geológico actualizado que permita reinterpretar la información existente bajo criterios actuales. Esta fase es clave para ordenar el conocimiento acumulado y orientar las decisiones futuras.

Posteriormente, se avanzará hacia una segunda instancia centrada en la exploración a escala distrital. Allí el objetivo será determinar con mayor precisión la extensión de los recursos y sus características, lo que permitirá definir el potencial real del proyecto y evaluar su viabilidad económica.

Sin embargo, el desarrollo no depende únicamente de factores técnicos o financieros. El componente ambiental juega un rol determinante en el avance de las tareas. Si bien el proyecto ya cuenta con autorizaciones para explorar cobre dentro del esquema del distrito Malargüe Minero Occidental, será necesario gestionar nuevos permisos para avanzar específicamente sobre el uranio.

De este modo, el futuro de Huemul se encuentra atravesado por una combinación de variables: historia productiva, potencial geológico, contexto internacional favorable y exigencias regulatorias. La convergencia de estos factores definirá si este distrito logra consolidarse nuevamente como un actor relevante dentro de la minería argentina, en un momento en el que los recursos críticos adquieren un valor cada vez mayor en la economía global.

En un contexto donde la producción energética ocupa un lugar central en la economía regional, la provincia de Neuquén da un paso clave hacia un mayor control ambiental. Este jueves por la mañana se presenta formalmente un procedimiento destinado a sistematizar la información sobre emisiones generadas por la actividad hidrocarburífera, una iniciativa que busca ordenar un aspecto hasta ahora fragmentado.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Limay del Banco Provincia del Neuquén, en la ciudad capital, y se desarrollará en una franja horaria acotada entre las 9 y las 10:30. La convocatoria está dirigida a quienes se inscribieron previamente, en lo que se espera sea una jornada técnica centrada en los detalles operativos de la nueva normativa.

El eje de la presentación será la Resolución 258/2025, una disposición que introduce un esquema uniforme para la recolección y reporte de datos vinculados a los gases de efecto invernadero generados durante las fases de exploración y extracción de petróleo y gas. La medida apunta a establecer criterios comunes que permitan comparar, analizar y gestionar la información de manera más eficiente.

Hasta ahora, uno de los principales desafíos residía en la falta de homogeneidad en los datos. Las compañías que operan en la Cuenca Neuquina no estaban obligadas a reportar sus emisiones bajo parámetros estandarizados, lo que dificultaba la construcción de diagnósticos precisos y la toma de decisiones en materia ambiental. Esta nueva herramienta busca revertir esa situación.

El programa, aprobado durante 2025, introduce la obligación de reportar periódicamente emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, tres de los principales gases responsables del calentamiento global. La incorporación de este sistema permitirá generar una base de datos más robusta, clave para la elaboración de inventarios provinciales actualizados.

Desde el gobierno neuquino consideran que esta iniciativa tiene un carácter estratégico. No solo fortalece la capacidad de control estatal, sino que también contribuye a acompañar políticas de mitigación, en línea con compromisos ambientales más amplios. En este sentido, el ordenamiento de la información aparece como un paso previo indispensable para cualquier acción concreta.

El procedimiento está enfocado en el segmento upstream de la industria, es decir, en las etapas iniciales del proceso productivo. Esto incluye tanto la exploración como la producción, momentos en los que se generan emisiones que, hasta ahora, no contaban con un seguimiento sistemático bajo estándares unificados.

Otro aspecto relevante es que el nuevo esquema no se limita a la recolección de datos, sino que busca integrarlos en una estructura que permita su análisis continuo. La posibilidad de contar con información comparable en el tiempo abre la puerta a evaluaciones más precisas sobre el impacto ambiental de la actividad energética, especialmente en una zona de alta intensidad productiva.

En paralelo, la medida también tiene implicancias para las empresas del sector. Las operadoras deberán adecuar sus sistemas internos para cumplir con los requerimientos de reporte, lo que implica una mayor exigencia en términos de gestión y transparencia. Este cambio, sin embargo, se inscribe en una tendencia global hacia una mayor rendición de cuentas en materia ambiental.

La implementación de este procedimiento se vincula directamente con el crecimiento de Vaca Muerta, uno de los desarrollos energéticos más importantes del país. A medida que aumenta la producción, también crece la necesidad de contar con herramientas que permitan monitorear sus efectos, especialmente en relación con el ambiente.

De este modo, Neuquén avanza en la construcción de un esquema más ordenado y previsible. La estandarización de los reportes no solo mejora la calidad de la información disponible, sino que también sienta las bases para una gestión más eficiente y sustentable del recurso energético, en un escenario donde la producción y el cuidado ambiental deben convivir de manera cada vez más estrecha.

YPF y la provincia de Río Negro avanzan en el fortalecimiento del entramado productivo local con una serie de capacitaciones destinadas a proveedores actuales y potenciales, en un contexto de crecimiento energético que promete transformar la región.

En este marco, YPF, junto con la Secretaría de Energía y Ambiente provincial, llevó adelante jornadas de formación en las localidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste. La iniciativa se inscribe dentro de la Academia de Proveedores de YPF, un programa que busca mejorar las capacidades de las empresas que integran o aspiran a integrarse a la cadena de valor del sector energético.

Las capacitaciones, bajo el título “Finanzas Inteligentes y Asociatividad para impulsar el crecimiento empresarial”, estuvieron a cargo de profesionales del IRAM, y contaron con la participación de más de 40 empresarios y comerciantes de ambas localidades. Durante los encuentros, se brindaron herramientas prácticas orientadas a optimizar la gestión financiera y fortalecer la organización interna de las empresas.

El objetivo central de estas jornadas fue mejorar la competitividad de los proveedores locales, promoviendo una mayor eficiencia en sus procesos y fomentando el trabajo colaborativo entre empresas de la región. Este enfoque resulta clave en un contexto donde la articulación entre actores económicos puede marcar la diferencia en términos de crecimiento y sostenibilidad.

Además, las capacitaciones estuvieron dirigidas tanto a proveedores que ya trabajan con la industria como a aquellos interesados en incorporarse a ella. La propuesta apunta a preparar a las empresas frente a nuevas oportunidades, especialmente en un escenario donde la demanda de servicios y bienes especializados continuará en aumento.

Este proceso cobra especial relevancia de cara a los grandes proyectos de infraestructura que se desarrollarán en la región. Sierra Grande y San Antonio Oeste tendrán un rol estratégico en iniciativas como VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG, dos desarrollos que requieren una red amplia y profesionalizada de proveedores locales.

En este sentido, la formación y profesionalización del entramado productivo se vuelve una condición indispensable para acompañar el avance de estos proyectos. La necesidad de cumplir con altos estándares de calidad, seguridad y gestión implica un desafío, pero también una oportunidad para las empresas regionales.

Desde esta perspectiva, la Academia de Proveedores de YPF funciona como un espacio clave de formación e intercambio. La iniciativa busca alinear a las empresas con los estándares técnicos, operativos y de sostenibilidad del sector, promoviendo la mejora continua y la adopción de buenas prácticas.

Asimismo, el programa apunta a consolidar vínculos de largo plazo entre la compañía y sus proveedores. La construcción de relaciones basadas en la confianza y la eficiencia operativa aparece como un eje central para garantizar el desarrollo sostenido de la actividad energética.

En un escenario donde la energía se posiciona como uno de los motores del crecimiento económico, este tipo de iniciativas no solo fortalecen a las empresas, sino que también potencian el impacto positivo en las economías regionales. Río Negro, en este contexto, se proyecta como un territorio clave en la nueva etapa de expansión del sector.

¿Sabías que 8 de cada 10 objetos en la vida de los argentinos tienen algo de YPF? Con esta premisa, la compañía energética presentó “La Conexión YPF”, una innovadora experiencia interactiva que busca hacer visible la presencia de la energía argentina en los aspectos más cotidianos de la vida.

Desde que comienza el día hasta que termina, YPF está presente de formas que muchas veces pasan desapercibidas. La empresa participa en los materiales con los que se fabrican los objetos de uso diario, en la energía necesaria para su producción, en la logística que los distribuye a lo largo del país y en la innovación tecnológica que impulsa su desarrollo. La iniciativa nace con el objetivo de revelar esa red invisible que conecta a la compañía con millones de momentos cotidianos y con el funcionamiento mismo de la economía argentina.

La experiencia puede vivirse actualmente en la estación YPF Alcorta, donde se instaló un sistema especialmente diseñado para que cada persona interactúe en tiempo real. A través de cámaras en vivo y un modelo de visión computacional de última generación, la plataforma reconoce miles de objetos en milisegundos. Desde una zapatilla, un termo o un automóvil, hasta alimentos como una manzana, cada elemento es identificado y analizado con gran precisión.

La información obtenida se cruza con una base de datos desarrollada específicamente para la experiencia, que contempla variables vinculadas a materiales, procesos productivos, transporte, energía e innovación tecnológica. De esta manera, el sistema calcula y muestra de forma dinámica el porcentaje de presencia de YPF en cada objeto detectado. El resultado es una experiencia personalizada, sorprendente y reveladora, que permite a cada usuario descubrir en tiempo real cuánto YPF hay en su propio entorno.

Pero “La Conexión YPF” va más allá de lo material. El algoritmo también fue entrenado para reconocer elementos de la cultura popular argentina y símbolos de identidad nacional. Así, al escanear una camiseta de la Selección Argentina o una réplica de la Copa del Mundo, la plataforma responde con el mensaje especial: “100% Orgullo Argentino”. De este modo, la experiencia no solo conecta con lo tangible, sino también con aquello que representa y une a los argentinos.

Con el objetivo de expandir la propuesta a todo el país, YPF desarrolló una versión digital accesible desde cualquier dispositivo móvil. Ingresando a 👉 https://www.conexionypf.com.ar, los usuarios pueden activar la cámara de su celular y escanear su propio entorno, replicando la experiencia desde cualquier lugar de la Argentina. Esta extensión permite ampliar el alcance de la iniciativa y multiplicar las interacciones de manera simple y directa.

Los primeros resultados de la campaña fueron contundentes. En tan solo tres días de activación, más de 50.000 usuarios interactuaron con la plataforma, mientras que se escanearon más de 200.000 objetos, todos ellos vinculados de alguna manera con la energía argentina y con YPF. Además, la instalación de dos tótems de escaneo en el Shopping DOT permitió que miles de personas participaran de la experiencia de forma presencial.

“La Conexión YPF” representa un nuevo paso en la manera de comunicar el rol de la compañía en la vida de las personas. A través de la tecnología, la innovación y una propuesta interactiva, YPF logra transformar un concepto complejo en una experiencia concreta, accesible y significativa. Se trata de una invitación a mirar lo cotidiano desde otra perspectiva y descubrir que, incluso en los detalles más simples, la energía argentina siempre está presente.

YPF alcanzó un nuevo hito operativo en el desarrollo de Vaca Muerta con el crecimiento exponencial del bloque La Angostura Sur, uno de los cinco más productivos de la formación y operado íntegramente por la compañía. Este avance no solo representa un logro técnico, sino también un paso estratégico para consolidar el posicionamiento energético de la Argentina en el escenario internacional.

En menos de un año y medio, la producción del bloque pasó de 2.000 a 47.000 barriles diarios, marcando un salto sin precedentes en la industria hidrocarburífera local. Este incremento permitió multiplicar por 20 el volumen de producción, convirtiendo a La Angostura Sur en un caso de referencia dentro del desarrollo no convencional del país.

El crecimiento exponencial fue posible gracias a un cambio integral en la forma de operar. YPF implementó un modelo basado en diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real, lo que permitió optimizar el desempeño de cada pozo y acelerar los tiempos de desarrollo.

Un elemento clave de esta transformación fue el uso del Real Time Intelligence Center (RTIC), desde donde se supervisan y analizan las operaciones en tiempo real. Esta tecnología facilita la toma de decisiones estratégicas, mejora la eficiencia operativa y contribuye a una producción más sustentable y segura.

Gracias a estas innovaciones, La Angostura Sur se consolidó como uno de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta, reafirmando el liderazgo de YPF en el desarrollo de recursos no convencionales. El éxito del proyecto demuestra la capacidad de la compañía para ejecutar proyectos de gran escala en plazos reducidos, optimizando recursos y maximizando resultados.

Este desempeño posiciona al bloque como un modelo replicable para futuros desarrollos dentro de la formación, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

El hito alcanzado por YPF no solo tiene implicancias a nivel local, sino también internacional. El crecimiento de la producción fortalece el rol de la Argentina como actor relevante en el mercado energético global, incrementando su potencial y contribuyendo al desarrollo económico del país.

Asimismo, el éxito de La Angostura Sur refuerza la confianza de inversores y socios estratégicos, consolidando a Vaca Muerta como un destino atractivo para el desarrollo energético. La combinación de innovación tecnológica, eficiencia operativa y visión estratégica permite proyectar un futuro prometedor para el sector hidrocarburífero argentino.

En síntesis, el desarrollo de La Angostura Sur representa un hito histórico para YPF y para la industria energética nacional. La capacidad de multiplicar por 20 la producción en un período tan breve evidencia el potencial de Vaca Muerta y la eficacia de los nuevos modelos operativos implementados por la compañía.

Con este avance, YPF reafirma su liderazgo en el sector y contribuye al posicionamiento de la Argentina como un actor clave en el mapa energético mundial, sentando las bases para un crecimiento sostenido y sustentable en los próximos años.

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por 380 millones de dólares en la provincia de San Juan. La iniciativa corresponde al consorcio Minera Andina, que fue adherido al régimen con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de la mina Veladero, uno de los principales yacimientos auríferos del país.

El proyecto prevé la generación de más de 1.100 empleos directos e indirectos y un potencial exportador de 425 millones de dólares, consolidando el perfil minero-exportador de la región. En este marco, desde el oficialismo destacan que el RIGI ya acumula cerca de 100.000 millones de dólares en proyectos presentados, lo que anticipa un fuerte impacto en la creación de empleo formal y en el ingreso de divisas.

En paralelo, la petrolera estatal YPF avanza con el desarrollo del área La Angostura Sur en Vaca Muerta, donde logró multiplicar por 20 su producción en tiempo récord. Este crecimiento se enmarca en la estrategia de la compañía de potenciar sus activos no convencionales y aumentar su capacidad exportadora.

El avance en esta área refuerza el posicionamiento de Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos a nivel global, con impacto directo en la balanza energética argentina y en la atracción de inversiones internacionales.

A su vez, YPF impulsa un cambio de estrategia orientado a mejorar su liquidez y ampliar la base de inversores. La compañía busca “popularizar” sus acciones, facilitando el acceso al mercado de capitales y fortaleciendo su perfil financiero.

Este giro responde a la necesidad de sostener el ambicioso plan de inversiones, especialmente en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, al tiempo que mejora su posicionamiento frente a eventuales escenarios de volatilidad económica.

Por otra parte, el Gobierno reglamentó el esquema de concesiones de obra pública para expandir el sistema de transporte eléctrico. La medida apunta a incentivar la participación privada en proyectos de infraestructura clave, necesarios para acompañar el crecimiento de la demanda energética y evitar cuellos de botella en la distribución.

La norma estipuló, por ejemplo, que los pagos destinados a estas nuevas concesiones de transporte tendrán prioridad de cobro, buscando garantizar un flujo de fondos previsible para los inversores.

La ampliación del sistema eléctrico resulta estratégica para sostener tanto el desarrollo industrial como el crecimiento de sectores intensivos en energía, en un contexto donde las inversiones impulsadas por el RIGI y el auge de Vaca Muerta demandan mayor capacidad de transporte y distribución.

Como lo planteara el mensaje de la Oficina del Presidente (OPRA) en su envío al Honorable Congreso de la Nación el día 15 de diciembre de 2025: “a más de 15 años de su sanción, esta ley ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica”, paralizando no solamente inversiones productivas y de explotación minera sino también las actividades de prospección y exploración. Justamente, la ley vigente viola los dos artículos de la Constitución Nacional (CN) que se pretende defender y que usan para atacar la reforma, afectando el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Art. 41 de la CN (párrafo 1): todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Art. 124 de la CN: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

La reforma de la Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial Nº 26.639 tiene dos ejes centrales. Por un lado, aclarar el objeto de protección de la ley que, por la confusa redacción de la norma, se presta a ciertas dudas interpretativas que dan cabida a que se asigne a sus disposiciones un alcance que choca contra el mandato constitucional de someter a los recursos naturales a una utilización racional; y, por el otro, fortalece el federalismo, mediante la atribución a las provincias de facultades más amplias en la materia, lo cual les permitirá desarrollar los recursos de su dominio originario de un modo compatible con la protección del ambiente.

1.El fin “aclaratorio”. El proyecto propone, fundamentalmente, adecuar el modo en que se encuentra enunciado el objeto de protección de la ley, a fin de dejar en claro que los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que se protegen son las que cumplen con funciones hídricas, es decir, las que “actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y/o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Hoy la norma ya lo prevé así, pero de un modo no suficientemente claro, lo que llevó a muchas personas a entender que el “objeto protegido” es todo ambiente periglacial, cumpla o no funciones hídricas relevantes, limitando así la explotación de los recursos naturales de un modo que no es acorde al artículo 41 de la Constitución Nacional, cláusula ésta que consagra el derecho a un ambiente sano, pero promueve, al propio tiempo, la utilización racional de dichos recursos.

En línea con lo anterior, se adecúa lo referido a las prohibiciones para que quede claro que las actividades estarán prohibidas únicamente en la medida en que ocasionen una alteración de los glaciares y del ambiente perigracial contraria a la protección que el legislador les otorga, lo cual deberá ser determinado en cada caso por la autoridad competente provincial (o nacional, si se tratara de un tema interjurisdiccional o área protegida nacional). Esto ya debería interpretarse así, pero, como se mencionó anteriormente, la redacción actual presta a confusión.

2.El fin competencial. El proyecto reconoce a las provincias la competencia para identificar qué glaciares y qué porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante y, por lo tanto, se encuentran protegidos por la ley. Esto impacta en dos puntos principales: Aprobación de actividades: al momento de realizar evaluaciones de impacto ambiental, deberán las provincias estudiar los glaciares o el ambiente periglacial y determinar, frente a cada proyecto, si la actividad involucrada está permitida o prohibida en función de los criterios fijados por el legislador.

Inventario Nacional de Glaciares: cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), quien tiene a cargo el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de que lo incluya en el mencionado inventario. Asimismo, cuando una provincia identifique que un glaciar o una porción del ambiente periglacial no cumple con alguna función hídrica relevante, lo informará al IANIGLA para que se elimine del Inventario.

La trampa intelectual resulta clara: la oposición a tocar la actual ley se hace invocando la violación de dos principios básicos con estatura constitucional y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia: la regresividad y el respeto de los presupuestos mínimos acordados como estándar nacional por la CN (art. 41, párrafo 3). Lo cierto es que una limitación extrema (prohibición absoluta) torna regresiva cualquier acción por menor que sea. Lo hacen ignorando los avances tecnológicos y el aumento de responsabilidad por parte de la minería moderna. Resulta autocumplida la profecía de quienes se oponen a la minería. La peor forma de proteger es prohibir. La incertidumbre se cumple no solamente para la empresa inversora, sino también para las autoridades de aplicación de la ley. La imprecisión acerca de lo que es un “ambiente periglacial”, en lugar de especificar un área con dos dimensiones: espacial (territorial) y temporal (perennidad), da lugar a la discrecionalidad. Esta ambigüedad ha quedado subsanada con el Inventario Nacional de Glaciares realizado por el IANIGLA (organismo científico del CONICET) publicado en el año 2018, que cubrió los estudios de Fase 1 (relevamiento satelital) quedando por hacer en cada caso los estudios de Fase 2 y 3 en el terreno, para determinar el potencial hídrico relevante de cada glaciar.

El Inventario Nacional de Glaciares contará con un rol “precautorio” a fin de que no se critique una regresividad de la norma. En este sentido, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el mencionado Inventario, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de glaciares, pero cuando una provincia determine que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y deberá ser eliminado del Inventario.

No se debe entender que el IANIGLA será eliminado ni dejará de estar a cargo del Inventario. Por el contrario, sólo se incorpora que deberá, necesariamente, adecuar el Inventario Nacional de Glaciares en función de lo que informen las provincias, lo cual dará al Inventario una utilidad más eficiente de cara al alcance de la tutela ambiental que la ley persigue.

El Acuerdo de Escazú exige la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones ambientales. Por ello, se asegurará en el Congreso Nacional y legislaturas provinciales que se oigan las voces de los actores que deseen intervenir.

La plena vigencia de toda la legislación nacional y provincial a cargo de las autoridades competentes, exige un adecuado poder judicial que garantice el cumplimiento pleno del Código de Minería Argentino (CMA), sancionado como ley 24.585 en 1995, al año siguiente de modificarse la Constitución Nacional (1994), el cual incorpora en sus artículos 246 al 268 todo un capítulo sobre protección ambiental. Consagra “como fin supremo la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural frente a los impactos potenciales de la actividad minera” (CMA art. 246), estableciendo severas penas que van desde sanciones correctivas, operativas, reparatorias, cese de actividad y cierre definitivo (3 reincidencias o falta grave), además de las responsabilidades penales.

Asimismo, toda actividad productiva debe presentar un informe de impacto ambiental (CMA art.251) para ser sometida a aprobación, dando lugar a la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) así como a la Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la provincia o provincias correspondientes. Cabe destacar que estos estudios deben actualizarse cada dos años.

Cuando se trate de eventuales cuencas de recurso hídrico compartido entre provincias, entra en vigencia el régimen de la Ley 25.688, o Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (art. 3: las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles; (art.4), creándose comités de cuenca interjurisdiccionales; de carácter vinculante cuando el impacto sea relevante (art.6).

La reforma propuesta no deja de proteger ni protege menos, protege mejor. Por el contrario, deja de hacer discurso y protección abstracta y mantiene el objetivo prioritario de preservar las fuentes de agua (vecinas y de cuenca hídrica), por encima de los beneficios económicos y sociales que se puedan invocar en cada caso. Ante las fotos catastróficas que usan los extremistas ambientalistas, de más está decir que las áreas protegidas no se tocan. (parques nacionales como Los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno, la Antártida Argentina, etc.).

No se debe tratar la reforma como una “modificación” de fondo de la ley de glaciares. Lo que se hace es adecuar su redacción a fin de que quede clara la interpretación correcta y modificar, sí, algunas cuestiones de orden competencial para fortalecer las atribuciones que constitucionalmente les corresponden a las provincias en su condición de titulares del dominio originario de los recursos naturales. Entender esto como una reforma que habilita nuevas actividades podría llevar a que las actividades que actualmente se realizan en los glaciares o el ambiente periglacial deberían estar prohibidas. Por ello, para no generar efectos adversos, se debe siempre afirmar que esto es reformular (para decirlo más claramente) lo que actualmente prevé, de modo deficiente, la ley de glaciares actual.

La reforma es necesaria porque la cancha está desnivelada en favor de no permitir nada, y solamente con ciencia aportada por el CONICET y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y adecuada prospección y exploración, podremos lograr que las provincias (anteriores a la Nación) a través de sus gobernadores y legisladores, y poder judicial, transformen sus ventajas comparativas en ventajas competitivas, poniendo en valor actual y futuro sus riquezas naturales, dando trabajo digno y progreso a sus habitantes, aportando crecimiento, inversiones , tecnología y divisas al país.

Estamos alineados con la protección del ambiente y la liberación de las fuerzas productivas que permita generar más de 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y exportaciones adicionales por más de 20.000 millones de dólares anuales en dos minerales básicos (cobre y litio) para la transición energética que el mundo reclama, pasando de combustibles fósiles a la movilidad eléctrica. Son los gobernadores, las legislaturas y la justicia de las provincias que cuentan con dichos recursos quienes deben armonizar la producción con triple impacto económico, social y ambiental positivo.

Libertad con legalidad y responsabilidad. Son los conceptos con los que llevamos adelante la gestión ambiental en Argentina.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) continúa consolidándose como una de las iniciativas energéticas más importantes de la Argentina, registrando nuevos avances constructivos en la Terminal Punta Colorada y en la Estación Cabecera Allen. Estas obras representan un paso fundamental para fortalecer la infraestructura necesaria para la exportación de crudo y posicionar al país como un actor relevante en el mercado energético global.

En la Terminal Punta Colorada, ubicada en la provincia de Río Negro, se alcanzó un hito significativo con la finalización del montaje del techo del primer tanque de almacenamiento, identificado como TK404. Esta estructura es una de las piezas centrales del proyecto y forma parte de un sistema diseñado para garantizar operaciones seguras y eficientes en un entorno costero.

Cada uno de los tanques previstos contará con una capacidad de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos, además de dimensiones imponentes: 82 metros de diámetro y 35 metros de altura. Estas características reflejan la magnitud del emprendimiento y su importancia estratégica dentro del esquema logístico del VMOS.

La construcción de estas instalaciones también se destaca por su complejidad técnica. Cada tanque requiere aproximadamente 1.500 toneladas de acero y más de un millón de pulgadas de soldadura, evidenciando el nivel de ingeniería involucrado. En particular, el techo del tanque TK404, fabricado íntegramente en aluminio y con un peso de 57 toneladas, demandó una operación de montaje de alta precisión, que incluyó la utilización de cerca de 30.000 bulones y la participación de 60 trabajadores, de los cuales 35 contaban con capacitación específica para esta maniobra.

De manera simultánea, en la Estación Cabecera Allen, también en Río Negro, se concretó la instalación del domo geodésico de aluminio del tanque TK AG 007, una solución de ingeniería orientada a maximizar la durabilidad de los activos, reducir el impacto ambiental y optimizar los estándares operativos. Este domo fue diseñado y construido bajo la Norma API 650 – Apéndice G por la empresa Tecnagent, mientras que el montaje estuvo a cargo de AESA y la supervisión fue realizada por YPF, en un claro ejemplo de articulación entre distintas compañías del sector energético.

La complejidad de esta operación quedó reflejada en la maniobra de izaje, que requirió el uso de una grúa de 600 toneladas, la implementación de 32 puntos de soporte y la coordinación de más de 75 especialistas, garantizando así la precisión y seguridad necesarias para una instalación de estas características.

Con estos avances, VMOS se consolida como una infraestructura estratégica para el desarrollo energético argentino, combinando innovación tecnológica, eficiencia operativa y una escala acorde a las demandas del mercado internacional. El proyecto no solo permitirá incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento de petróleo, sino que también contribuirá a fortalecer la competitividad del país como proveedor confiable de energía a nivel global.

En un contexto internacional donde la seguridad energética adquiere creciente relevancia, el desarrollo del VMOS representa una oportunidad clave para potenciar las exportaciones argentinas, generar empleo especializado y dinamizar las economías regionales. De esta manera, el avance simultáneo de las obras en Punta Colorada y Allen reafirma el compromiso del sector con el crecimiento sostenido de Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

En un contexto de volatilidad internacional del precio del petróleo, YPF decidió mantener estables los precios de los combustibles durante 45 días, una medida que fue acompañada por otras petroleras y que, en la práctica, configura un esquema de contención en el mercado local. La decisión apunta a evitar un traslado inmediato de las subas internacionales al surtidor y sostener el nivel de consumo interno.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la estrategia busca amortiguar el impacto de la coyuntura externa: “Decidimos crear un buffer (amortiguador) para que el consumo no baje”. En la misma línea, afirmó que “YPF va a mantener los precios estables durante 45 días”, al tiempo que aclaró que no se trata de un congelamiento formal: “No hay ni precios fijos ni subsidios”.

La iniciativa surge en un escenario de caída de la demanda tras los últimos aumentos y refleja un rol activo de la petrolera estatal: “Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global”, explicó Marín.

Vista Energy colocó 500 millones de dólares en el mercado internacional mediante obligaciones negociables a largo plazo, en una operación que fortalece su plan de crecimiento en Vaca Muerta. La compañía busca consolidar su perfil exportador y aumentar su producción de petróleo no convencional en los próximos años.

El acceso al crédito externo confirma el interés de los inversores por el potencial del shale argentino, en un contexto donde Vaca Muerta se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento del sector energético. La estrategia de la empresa apunta a escalar producción y aprovechar la ventana de precios internacionales.

Pampa Energía logró captar 200 millones de dólares en el mercado local a través de obligaciones negociables, con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial. Los fondos estarán destinados a financiar inversiones en proyectos vinculados al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

El resultado refuerza la idea de que las compañías con activos en Vaca Muerta mantienen acceso al financiamiento y capacidad de expansión.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: "Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".

El sector de energías renovables avanza en la promoción de un proyecto de Ley de Transición Energética, con el objetivo de establecer reglas claras y de largo plazo que impulsen inversiones y aceleren la descarbonización de la matriz energética. La iniciativa es impulsada por actores de la industria que buscan mayor previsibilidad regulatoria.

El proyecto plantea no solo beneficios ambientales, sino también económicos, al facilitar el ingreso de financiamiento internacional y permitir una mejor utilización de los recursos energéticos del país. En ese marco, la transición energética aparece como un complemento al desarrollo de Vaca Muerta, en un esquema que combina expansión hidrocarburífera con diversificación hacia fuentes limpias.

La Ley Nacional 26.639, sancionada originalmente en el año 2010, estableció un paradigma de vanguardia a nivel mundial en materia de derecho ambiental. Su objetivo central fue preservar las masas de hielo y sus entornos como reservas estratégicas inalienables de recursos hídricos, garantizando el consumo humano, sosteniendo la agricultura de los oasis cordilleranos, permitiendo la recarga de las cuencas hidrográficas y asegurando la protección de la biodiversidad de alta montaña.

La Ley ordenó la creación del Inventario Nacional de Glaciares. Esta tarea, quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que, con financiamiento estatal, debía cartografiar el hielo del país. Publicado oficialmente de manera completa en 2018, este inventario logró identificar y caracterizar científicamente un total de 16.968 cuerpos de hielo, abarcando una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados a lo largo de toda la extensión de la Cordillera de los Andes.

Sin embargo, desde el mismo instante de su promulgación, la ley fue cuestionada por los sectores corporativo, extractivo y financiero. Luego de una larga batalla judicial, en la cual el Juzgado Federal N.º 1 de San Juan llegó a conceder medidas cautelares que suspendían artículos clave de la Ley 26.639 para proyectos mineros, la Corte Suprema dictó un fallo histórico ratificando su plena constitucionalidad, validando así el "bloqueo" a la actividad extractiva en las áreas protegidas por la ley.

Clausurada la vía judicial, el sector corporativo y sus aliados políticos redirigieron sus esfuerzos hacia la modificación de la ley. El nuevo capítulo de esta pugna se inauguró a principios de 2026.

El 26 de febrero de 2026, en un trámite exprés, el Senado de la Nación aprobó, con 69 votos afirmativos y 3 negativos, un proyecto de reforma que transfiere a las jurisdicciones provinciales una mayor laxitud institucional para autorizar actividades extractivas si logran demostrar —mediante estudios que las propias empresas suelen financiar— que no se ve afectado el recurso hídrico, invirtiendo de manera alarmante el principio precautorio que rige de forma supranacional el derecho ambiental. También queda a cargo de las provincias determinar qué glaciares o ambientes periglaciales merecen protección.

La inminencia de un dictamen exprés en las comisiones de la Cámara de Diputados, que el oficialismo pretendía firmar el 11 de marzo para llevar al recinto a mediados de mes, encendió las alarmas de la sociedad civil organizada. Diferentes organizaciones, junto con legisladores de bloques opositores, exigieron a las autoridades de la Cámara Baja la apertura de una instancia participativa, pública y de información transparente, de alcance federal.

Ante esta presión social, el oficialismo cedió parcialmente. En la reunión plenaria del 4 de marzo de 2026, las autoridades de las comisiones competentes —la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado José Peluc (La Libertad Avanza), y la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)— acordaron formalmente convocar a una audiencia pública para debatir el proyecto en revisión.

El registro de participantes se habilitó el 5 de marzo a través de un formulario disponible en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, con fecha límite para la inscripción el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas. Lo ocurrido en las dos semanas siguientes fue un hecho político sin precedentes. En un fenómeno de participación masiva sin antecedentes en la historia legislativa de la República Argentina y probablemente del mundo, el padrón oficial cerró con un asombroso récord histórico: más de 100.000 habitantes de todas las latitudes del país completaron el formulario con sus datos personales, exigiendo ser escuchados en el recinto.

Lejos de celebrar este compromiso ciudadano y adaptar el cronograma del Congreso de la Nación para dar cauce institucional a este fenómeno democrático, las autoridades de las comisiones optaron por una estrategia de restricción y censura. Al constatar que el aluvión de inscripciones haría matemáticamente imposible despachar la ley en los tiempos políticos, se desató una cascada de irregularidades procedimentales sin precedentes.

La primera maniobra de clausura institucional se llevó a cabo el martes 10 de marzo de 2026. En pleno período legal de inscripción, la página web oficial de la Cámara de Diputados sufrió una modificación informática subrepticia y unilateral. Las personas que estaban siendo registradas y que habían recibido su confirmación dejaron de ser denominadas "participantes inscriptos" para pasar a ser catalogadas, bajo un nuevo y sugerente rótulo, como "solicitantes de inscripción". Esta grave alteración semántica transformó de un plumazo lo que era un derecho constitucional adquirido de participación en una mera expectativa de derecho, sujeta ahora a la total discrecionalidad y al poder de veto de las autoridades de las comisiones

Apenas 48 horas después, el jueves 12 de marzo, los presidentes de las comisiones (los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz) decidieron, de forma unilateral, que solo se concedería el uso de la palabra oral a un grupo minúsculo. Para eso, inventaron un criterio de selección basado exclusivamente en el orden cronológico estricto de inscripción, determinando que solo hablarían "los primeros inscriptos de cada jurisdicción" provincial. Este mecanismo implicaba, en los hechos, la exclusión absoluta del 99,8% de la población registrada.

La consumación final del cercenamiento masivo del ejercicio de hacer uso de la palabra en la audiencia pública se materializó el mismo viernes 20 de marzo cuando decenas de miles de ciudadanos inscriptos recibieron un mensaje, firmado conjuntamente por los diputados Peluc y Mayoraz, informando que, "atento al número de inscriptos”, la intervención directa quedaba suprimida y que la participación de los destinatarios se concretaría obligatoriamente en dos modalidades alternativas impuestas. Por escrito, mediante el envío de un documento de texto al correo electrónico de la comisión. Y por audiovisual a través de un video grabado por sus propios medios.

Esta decisión administrativa vació por completo de contenido la figura jurídica y política de la "Audiencia Pública", sustituyendo la esencia de la deliberación sincrónica, el debate oral cara a cara, el derecho a réplica y la inmediatez —elementos constitutivos insustituibles de esta instancia participativa— por un mero buzón de sugerencias digital, asincrónico y unidireccional.

Estas decisiones altamente discrecionales desencadenaron respuestas jurídicas e institucionales inmediatas. Un bloque transversal, integrado por once diputados nacionales, presentó un contundente documento formal de 16 páginas que impugnó la totalidad de la audiencia. 

Paralelamente y en una carrera contra el reloj, se presentaron varios amparos colectivos cuyas cautelares fueron rechazadas. Aún queda pendiente de resolución un amparo colectivo presentado en defensa de los inscriptos domiciliados en la Provincia de Buenos Aires, que se tramita en el Juzgado Federal de La Plata N° 2, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

La Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, representada por Roberto Daniel Rodríguez y el ingeniero Néstor Pedro Lastiri, obtuvo una sentencia favorable para participar en la Audiencia Pública.

De los más de 100.000 inscriptos originalmente registrados, sólo fueron habilitados para exponer 444 personas. De ese padrón hiperfiltrado, finalmente 207 personas lograron hacer uso efectivo de la palabra en tiempo y forma (lo que representa la irrisoria cifra de aproximadamente un 0,2% del padrón original total). A continuación, presentamos los resultados de las intervenciones duranta la audiencia:

·         Cantidad EN CONTRA de la reforma de la Ley de Glaciares: 183 (88.4% del total).

Cantidad A FAVOR de la reforma de la Ley de Glaciares: 22 (10.6% del total).

Cantidad NEUTRAL / Técnico: 2 (1%).

Cantidad que CUESTIONÓ LA METODOLOGÍA de la Audiencia Pública: 163 (Aprox. 78.7% del total). La abrumadora mayoría de los participantes manifestó que la audiencia era un "simulacro", una "farsa", que incumplía con el Acuerdo de Escazú, con la Ley de Ambiente y con el Convenio 169 de la OIT, denunciando sistemáticamente que se había censurado a más de 100.000 ciudadanos inscriptos.

La farsa de la audiencia no solo excluyó a más de 100.000 inscriptos de la posibilidad de hacer uso de la palabra, sino que además adulteró los listados de los supuestos “primeros inscriptos habilitados para hablar”. Y así fue como personas que estaban anotadas en la audiencia, pero que no habían sido seleccionadas para hablar, lograron hablar. Lo insólito es que les permitieron el uso de la palabra a personas que ni siquiera se habían inscripto en la audiencia, casualmente, la mayoría de ellos, representantes del lobby minero sanjuanino. 

La pretendida y publicitada "modalidad audiovisual" —que consistía en el mandato de subir videos personales al canal de YouTube de la Cámara— resultó ser un rotundo y humillante fracaso en la accesibilidad técnica, operativa y democrática. Según relevamientos posteriores, apenas un microscópico 0,07% de los ciudadanos marginados de la oralidad presencial logró cargar sus ponencias con éxito en la plataforma oficial.

La República Argentina, en ejercicio pleno de su soberanía, ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo dictamina que los procesos participativos deben cumplir con estándares mínimos: deben ser indiscutiblemente abiertos (prohibiendo censuras previas o cierres de padrón arbitrarios), profundamente inclusivos, materiales y efectivamente incidentes en la formación de la decisión, y deben instrumentarse siempre en las etapas más tempranas de la discusión.

La doctrina jurídica subraya que la "efectividad" real de la participación ciudadana exigida por Escazú no se satisface jamás con la recepción mecánica, pasiva y burocrática de un correo electrónico institucional, ni con la lectura aislada de un PDF estático de 10 carillas. La verdadera participación efectiva requiere la interacción dinámica, la inmediación física o telemática sincrónica, la oralidad y, sobre todo, la capacidad real del ciudadano de influir persuasivamente en los tomadores de decisiones (los legisladores) mediante el intercambio de argumentos en tiempo real.

Al obligar compulsivamente a decenas de miles de inscriptos válidos a utilizar modalidades asincrónicas y escritas, y a depender de plataformas privadas de video (como YouTube), el Estado argentino cercenó de raíz la naturaleza deliberativa y democrática de la audiencia, convirtiéndola en un grotesco simulacro burocrático y receptor.

El mensaje es inequívoco: si el Congreso de la Nación Argentina decide avanzar y sancionar la reforma legislativa apoyándose de forma irresponsable sobre los cimientos de una audiencia pública ostensiblemente viciada de nulidad desde su concepción, la nueva ley de glaciares nacerá a la vida jurídica envuelta, desde el día uno, en un espeso manto de ilegitimidad procedimental y constitucional. Y como consecuencia lógica y previsible, la norma será impugnada en su aplicación concreta, artículo por artículo y proyecto por proyecto minero, en una interminable guerra de desgaste judicial.

*La Ing. Eva Koutsovitis. es docente e investigadora de la FIUBA. Fundadora de El Movimiento La Ciudad de Buenos Aires. * El abogado Jonatan Baldiviezo es Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad

Con la mirada puesta en sostener su crecimiento y reforzar su presencia en el sector energético, Pampa Energía cerró una operación clave en el mercado financiero al conseguir 200 millones de dólares mediante la emisión de Obligaciones Negociables (ON). La colocación no solo cumplió con los objetivos planteados, sino que además evidenció un fuerte respaldo de los inversores.

La compañía había previsto inicialmente una emisión más acotada, cercana a los 100 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarla. Sin embargo, la respuesta del mercado superó ampliamente esas previsiones, lo que permitió duplicar el monto final adjudicado. En total, las ofertas recibidas superaron los 425 millones de dólares, una cifra que refleja el interés sostenido por instrumentos vinculados al sector energético.

Este nivel de demanda obligó a aplicar un prorrateo cercano al 88%, lo que da cuenta del marcado apetito inversor. El resultado dejó en evidencia la confianza que genera la empresa dentro del mercado local, especialmente en un contexto financiero desafiante.

Los fondos obtenidos estarán destinados principalmente a profundizar proyectos en Vaca Muerta, uno de los principales polos de desarrollo energético del país. El objetivo es acelerar inversiones y fortalecer la capacidad operativa de la compañía, en línea con su estrategia de crecimiento sostenido.

Desde la conducción de la empresa destacaron el impacto de la operación. El CEO, Gustavo Mariani, señaló que se trata de una colocación relevante por el volumen alcanzado, el plazo obtenido y la tasa conseguida. Además, remarcó que el resultado refleja el respaldo del mercado y permitirá mejorar la estructura de financiamiento, un punto clave para acompañar los planes de expansión.

La emisión se estructuró a tres años, con vencimiento en abril de 2029, y una tasa anual del 5,49%. Este rendimiento fue considerado competitivo dentro del escenario actual, lo que también contribuyó al atractivo del instrumento entre los inversores.

En cuanto a sus características técnicas, las ON fueron emitidas bajo un esquema “bullet”, es decir, el capital será cancelado en un único pago al momento del vencimiento. Este tipo de estructura suele ser valorado en operaciones de este tipo, ya que permite una planificación financiera más clara.

Otro aspecto destacado fue la calificación crediticia obtenida. La emisión recibió la nota “AAA(arg)” con perspectiva estable por parte de FIX, el nivel más alto dentro de la escala local. Esta calificación respalda la solidez financiera de la empresa y refuerza su posicionamiento dentro del mercado energético.

La operación se inscribe en un contexto donde las empresas del sector buscan consolidar su acceso al financiamiento para sostener planes de inversión de mediano y largo plazo. En ese marco, Pampa Energía logra posicionarse como un actor confiable para el mercado, capaz de atraer capital incluso en escenarios complejos.

El foco en Vaca Muerta no es casual. Se trata de una de las principales apuestas del país en materia energética, con un potencial significativo tanto en petróleo como en gas. El avance de proyectos en esta formación es clave para incrementar la producción y fortalecer la matriz energética nacional.

En definitiva, la colocación realizada por la compañía no solo representa una herramienta financiera, sino también una señal clara de respaldo del mercado. El volumen de ofertas y las condiciones obtenidas consolidan a la empresa como un jugador relevante en el desarrollo energético argentino, con capacidad para sostener su crecimiento y expandir su participación en los próximos años.