En una recorrida realizada esta semana por Newstad, se entrevistó a diez personas en los alrededores de la Facultad de Medicina de la UBA con un único objetivo: sondear qué saben y qué opinan sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas argentinas. Las preguntas giraron en torno al conocimiento general del tema, el lugar desde donde debe abordarse y si el contenido puede influir en la identidad de los jóvenes.Ante la consulta “¿Sabe qué es la ESI?”, la totalidad de los entrevistados respondió afirmativamente. La mayoría reconoció haberla recibido durante la etapa escolar o conocerla por tener hijos o nietos en edad educativa. Sin embargo, pocos pudieron precisar los contenidos actuales: “La escuché nombrar, pero no sé bien qué se da hoy”, dijo Mario, de 53 años, padre de tres hijos adolescentes.La segunda pregunta apuntó a si alguna vez vieron los contenidos actuales. Solo dos personas, ambas con hijos en edad escolar, aseguraron haberlos leído. “Están bien pensados, buscan trabajar con empatía y respeto”, opinó Mariana, madre de una nena de 8 años. El resto reconoció no haber tenido contacto con los materiales recientes. Algunos señalaron que "el enfoque clásico de biología, prevención y consentimiento era suficiente".Consultados sobre si la educación sexual debe enseñarse en casa o en la escuela, hubo consenso: ambas. “Desde chicos deben poder hablar en casa. Pero también hay cosas que es mejor que las explique un docente”, dijo Emiliano, estudiante de medicina. Otros fueron más escépticos: “No todos los padres tienen tiempo o herramientas, y tampoco sabemos qué formación tienen los profesores”, remarcó Noelia, de 40 años.El tema más sensible fue el de si los contenidos pueden influir en la identidad sexual. Algunos entrevistados descartaron esa posibilidad de plano: “Uno nace como es, no lo hacen cambiar con una clase”, opinó Sabrina, de 26 años. Otros fueron más cautos: “Depende cómo se enseñe. Si es algo ideológico, claro que puede influir”, dijo José, abuelo de cinco chicos en edad escolar. Un comerciante que prefirió no dar su nombre aseguró: “No hay que subestimar la capacidad de influencia del Estado. El aula no es neutral”.Uno de los puntos más repetidos fue la falta de información concreta. Incluso quienes se mostraron conformes con la existencia de una ley nacional, reconocieron no saber con claridad qué temas abarca hoy la ESI. La mayoría cree que la educación sexual es importante, pero piden transparencia en los contenidos y respeto a la diversidad de valores.

La creación del Programa Nacional de ESI en el 2006, a través de la Ley 26150 y lineamientos básicos en el 2008, fue y sigue siendo, objeto de debates en diferentes sectores de la sociedad: políticos, social, religioso.

Esta Ley, establece que todos los alumnos deben recibir ESI en establecimientos educativos estatales y privados del país, a través de material específicamente diseñado para para tal fin. Material que carece de sustento biológico y científico y desconoce el concepto de naturaleza humana. 

Por ejemplo en la  colección ESI de la Dirección de Educación Sexual Integral, en la Provincia de Buenos Aires, a los alumnos se les presenta un juego divido en tres cartones, cada cartón tiene dibujado una parte diferente del cuerpo. En esta actividad los alumnos tienen que reconstruir la figura humana de acuerdo a cómo vivencian su género. Y puede corresponder o no al sexo biológico.

Otro ejemplo, la Colección Derechos Humanos, Género y ESI “En la Escuela”, 40 años de Democracia, Ministerio de Educación Argentina, 2023, donde se presenta el contenido Micromachismos. La actividad que se propone es elaborar en grupo, un decálogo para combatir el micromachismo en la escuela teniendo en cuenta los siguientes aspectos: normas de convivencia, vestimenta, contenidos de las asignaturas, formas de nombrar que insisten en la escuela y lugar de las de las voces de los diferentes actores en la toma de decisiones.

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Sin lugar a dudas puedo continuar citando bibliografía donde claramente se evidencia adoctrinamiento y avasallamiento por parte del Estado sobre el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Si podría hacerlo. Pero el texto se tornaría muy extenso. 

Lo importante es saber que desde hace varios años en muchas aulas del país, se está adoctrinando a las nuevas generaciones.

Adoctrinar es impartir ideas, bibliografía, autores, en forma intencional y sistemática. 

Cuando se adoctrina, el alumno queda privado de ejercer el pensamiento crítico, que fundamenta el pensamiento independiente. De esta forma queda instalado el pensamiento único en el aula. 

Por medio de un plan sistemático, diseñado para batallar contra la familia, la iglesia, el adultocentrismo y el patriarcado, plan donde el movimiento feminista, a través de sus diferentes olas o etapas edifica los cimientos de la ideología de género.

A través de una selección específica de materiales, textos y recursos sugeridos para trabajar en el aula. Pero conviene volver al punto de partida: ¿cuál es el fin de la educación? Desarrollar plenamente el potencial de la persona humana.

Educar no es dejar que todo se dé espontáneamente, ni tampoco imponer. Educar es conducir y promover: conducir, en el sentido de dar dirección al crecimiento; promover, en tanto implica elevar, ayudar a desplegar las potencialidades. La finalidad no es ideologizar, sino ayudar a que cada uno el potencial que el ser humano trae al nacer. Por eso, educar es desplegar, no adoctrinar.

Frente a este panorama, el interrogante se impone:

¿Qué queremos como sociedad? ¿Educación o adoctrinamiento? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Qué visión tenemos de la persona?

Estas preguntas nos exigen acción concreta:

Incluir no es crear una realidad paralela, sino reconocer que todos los alumnos son iguales ante la ley, y que aprender a leer y escribir —desde primer grado— es la base para poder interpretar el mundo. Porque leer, escribir, pensar con claridad, son herramientas vitales para ingresar a la realidad y sostenerse en ella con libertad.

Padres Unidos es una asociación civil integrada por madres, padres, abuelos, docentes, abogados, profesionales de la salud, periodistas y diversas personalidades del ámbito académico. Nos une la defensa del derecho de los padres a proteger a sus hijos frente al avance de una narrativa de adoctrinamiento que, bajo la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, se impone en las escuelas, vulnerando la infancia y corrompiendo la inocencia de los chicos. Denunciamos la carga ideológica y la sexualización a la que son expuestos niños y adolescentes en el aula, bajo el pretexto del cumplimiento de esta Ley.

No estamos en contra de la educación sexual pero creemos que el ámbito natural para educar a nuestros hijos en este aspecto tan fundamental pero a la vez íntimo y privado de sus vidas es el entorno de la familia.  A propósito del derecho a la privacidad y respeto a la intimidad de nuestros hijos citamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de libertad Individual; reconoce como valor intrínseco del ser humano, la vida privada, las convicciones personales y la autonomía moral frente a la injerencia del Estado.

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.”

Este artículo resguarda la privacidad de las decisiones individuales y familiares, especialmente aquellas vinculadas a la moral, la sexualidad y la educación. El Estado no puede imponer contenidos que interfieran en las decisiones íntimas y privadas de las familias. Defendemos la postura que delinea la formación moral y sexual de los hijos en la esfera de la vida privada, por lo que su regulación obligatoria, sin consentimiento o participación de los padres, constituye una injerencia inconstitucional del Estado.

Por lo tanto, la ESI vulnera el artículo 19 al intervenir en ámbitos que deberían permanecer fuera del control estatal, como las creencias y valores transmitidos en el hogar sobre la sexualidad o la identidad personal.

La escuela es un espacio público y cumple o debería cumplir otras funciones que hoy se encuentran debilitadas ya que, en el afán de capacitar a los docentes para que puedan dar estos contenidos, han descuidado materias troncales y han perdido el foco de la función fundamental de una escuela; es decir, generar espacios de pensamiento crítico y formar niños intelectualmente fuertes respetando su desarrollo y madurez. 

A partir de relevar esta realidad en toda la Argentina creímos que lo mejor sería accionar para dar visibilidad a esta situación que enfrentan nuestros hijos a diario. No solo por el adoctrinamiento a través de la ESI, que es transversal a todas las materiales, sino también por el adoctrinamiento político. 

De este modo nos hemos organizado en todas las provincias de Argentina y conformamos más de 40 grupos de Padres Unidos Argentina, que lideran acciones que tienen como objetivo abarcar la problemática desde distintos ejes.

Organizamos  jornadas de concientización, con paneles de docentes, padres que dan testimonios, psicólogos, médicos, abogados, exponiendo el arco de daño del adoctrinamiento de la ESI desde jardín infantes hasta la secundaria. 

También compartimos el material que da cuenta de la ideología de género que vende la disforia de género disfrazada de libertad y que romaniza un camino sin retorno, con consecuencias nefastas en los cuerpos de los niños y en su psiquis.

A su vez mostramos cómo, más allá de la ideología de género estos contenidos conllevan una sexualización de los niños, abordando temáticas referidas a su sexualidad, rompiendo las barreras inhibitorias naturales como pueden ser el pudor y la vergüenza  y naturalizando un lenguaje inapropiado para el ámbito escolar, entre un adulto (el docente) y el menor de edad (el alumno).

Lo pongo en estos términos porque si la misma conversación se  diera en la calle, el adulto va preso por corrupción infantil. 

¿Cómo llegamos a esto? Nos preguntamos. ¿Cómo nadie lo ve? 

Entonces nuestra misión en principio fue concientizar y contar lo que está sucediendo.

Para eso, además de los conversatorios, hicimos campañas como la “No autorizo”  que consiste en repartir cartas en las puertas de los  colegios a los padres, para que puedan presentarlas en las escuelas de sus hijos, expresando la -No autorización- a que sus hijos reciban clases de ESI y contenidos inapropiados. 

Otro de los ejes que abordamos es el de la política. En todas las provincias generamos reuniones locales con gobernadores, legisladores, ministros de Salud y Educación, para plantear nuestra preocupación y los cambios que pretendemos en la ley. También la revisión de los contenidos para poder  retirar los materiales de las escuelas, como los que hemos denunciado por corrupción de menores. 

La colección ESI de la Provincia de Buenos Aires está citada en distintas denuncias que están en pleno proceso judicial en la actualidad.

Y esto me da pie a nombrar el siguiente eje: la Justicia. Nosotros acompañamos a las familias que se animan a denunciar. La Justicia tiene que interiorizarse en lo que está ocurriendo a espaldas de la sociedad y dar cuenta de la correlación que esta situación conlleva con los negocios detrás de la ideología de género, y con la confusión que se genera en niños y adolescentes al promover la hormonización y las cirugías de reasignación de sexo —si acaso eso fuera posible. En realidad, solo se trata de dañar cuerpos sanos y crear rehenes farmacológicos de por vida. En definitiva, hablar de esto es contar el final de la historia, tan triste como el escenario que estamos describiendo. Los padres que se han enfrentado al cambio de nombre de sus hijos dan cuenta de la cara más oscura de la ESI y de su perversa obsesión por la sexualización y la confusión de los niños. Nosotros lo llamamos Grooming Institucional.

En consecuencia seguimos esperando que algún fiscal actúe de oficio y que los padres o los mismos docentes que se oponen a dar estos contenidos abusivos denuncien ante la Justicia lo que sucede en las escuelas como lo que en realidad es: corrupción de menores y abuso infantil.

A todos ellos y a los directivos de las escuelas les pedimos que se animen a denunciar, que no tengan miedo de hablar, porque el miedo es silencio y el silencio nos hace cómplices de este flagelo al que están expuestos los niños en nuestro país, en el ámbito que se suponía era seguro para ellos: la escuela.

¿Educar en derechos o adoctrinar en ideología? ¿Formar ciudadanos o moldear subjetividades sin fundamentos? Estas no son preguntas abstractas. Son inquietudes urgentes que atraviesan hoy el sistema educativo, y que exigen una mirada jurídica responsable, especialmente en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI).

La Ley 26.150, sancionada en 2006, fue concebida con fines legítimos: prevenir abusos, promover la igualdad y cuidar la salud física y emocional de niños, niñas y adolescentes. Desde el Derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar estos contenidos. Pero también debe actuar con prudencia, sin atropellar derechos fundamentales ni imponer una única visión del mundo.

Hoy, lo que vemos en muchas escuelas dista del espíritu original de la ley. Se ha naturalizado la incorporación de materiales y actividades que exceden el ámbito científico y pedagógico. Se han instalado prácticas que, bajo el paraguas de los "derechos", exponen a los menores a discursos cerrados, ajenos a su etapa madurativa y desconectados de la realidad emocional, psicológica y familiar de cada alumno.

La ley establece lineamientos, pero deja a cada institución la facultad de adecuar los contenidos a su proyecto educativo. Entonces, ¿por qué muchas escuelas no lo hacen? ¿Por qué repiten materiales sin analizarlos desde el Derecho, la psicología evolutiva o la responsabilidad institucional? Las respuestas incluyen desde la presión estatal y el desconocimiento legal, hasta el temor a ser estigmatizadas por plantear una mirada diferente.

¿Cambiar el nombre como un juego? El riesgo de banalizar actos jurídicos

Uno de los ejemplos más alarmantes es la promoción del cambio de nombre por “autopercibirse” con otro género, sin diagnóstico profesional, sin acompañamiento familiar ni contención psicológica. Presentar esta decisión como un mero “acto de libertad” es minimizar su impacto jurídico, emocional y social. Cambiar el nombre no es un trámite simbólico: es una modificación legal que puede ser la antesala de intervenciones médicas o procesos de transición con consecuencias irreversibles.

¿Nos preguntamos qué hay detrás de ese deseo? Podría haber:

Desde el Derecho, la psicología y la ética, se impone un principio rector: prudencia. Y la primera protección debe estar dirigida a los más vulnerables. Nadie debería tomar decisiones que alteren su identidad jurídica sin una evaluación seria, ni ser inducido por el entusiasmo ideológico o la falta de límites institucionales. Ningún niño debe ser impulsado a decisiones que alteren su identidad jurídica sin un proceso serio, riguroso y profesional. Cambiar el nombre no crea identidad: puede, en cambio, enmascarar conflictos más profundos que necesitan otro tipo de respuestas.

El rol del Estado: garante de derechos, no agente de imposición

El marco jurídico es claro. El Estado debe garantizar el acceso a contenidos educativos, pero dentro del respeto a la pluralidad, la libertad de conciencia y el principio de neutralidad ideológica. No tiene derecho a imponer una sola cosmovisión, ni a desplazar a la familia como agente educativo primario (art. 19 de la Constitución Nacional y art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

Educar en derechos no es instalar relatos únicos ni formular “verdades absolutas”. Es ofrecer herramientas para pensar críticamente, reconocer los propios límites y entender que los derechos siempre existen en relación con los deberes y con los demás.

¿Respetar la diversidad o imponerla como dogma?

Desde el Derecho, la diversidad se respeta; no se impone. Reconocer las diferencias no significa convertirlas en norma. Una cosa es promover la inclusión, otra muy distinta es convertir determinados contenidos en obligatorios sin considerar su adecuación a la edad, su base científica o el marco jurídico vigente.

La escuela no puede ser un espacio de experimentación ideológica. Su función es formar ciudadanos informados, responsables y conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes, de los límites de la ley y de la importancia de la convivencia democrática.

La responsabilidad docente: enseñar con criterio jurídico y ético

Los docentes cumplen un rol esencial. Son quienes traducen en el aula lo que el derecho establece en abstracto. Pero para cumplir ese rol, necesitan contar con formación jurídica mínima, asesoramiento profesional y respaldo institucional. No se puede exigir a un docente que actúe como terapeuta, como juez o como militante. Se le debe exigir que eduque, con criterio pedagógico, respeto a la ley y sentido común.

¿Qué podrían hacer las escuelas?

El Derecho: brújula para una convivencia real

Hablar de derechos no puede limitarse a proclamas vacías ni a slogans emocionales. Implica también hablar de límites, de jerarquías normativas y de los tiempos del desarrollo humano. No todo lo que se enuncia como “derecho” tiene sustento jurídico real, y no toda acción en nombre de la inclusión garantiza un verdadero respeto a la diversidad.

Educar en derechos exige rigor, responsabilidad y coherencia legal. Porque hablar de derechos sin hablar de deberes, sin respetar el marco normativo vigente o sin considerar la madurez psíquica y emocional de los niños, es vaciar al Derecho de su sentido más profundo: ser el pilar de una convivencia justa, ordenada y protectora de los más vulnerables.

Una educación que pretenda formar ciudadanos libres y responsables no puede desvincularse de la ley, de la familia, ni del acompañamiento emocional que cada etapa infantil necesita. La inclusión no se impone como un acto unilateral. La diversidad no se construye con discursos únicos. Y el respeto no nace de la imposición ideológica, sino del diálogo, la escucha y la verdad.

Como abogada y como madre, sostengo que educar en derechos es un acto de enorme responsabilidad social y jurídica. Y que, si no recuperamos al Derecho como brújula ética y pedagógica, corremos el riesgo de desorientar —en nombre de la libertad— a quienes más deberíamos proteger: nuestros hijos y nuestros alumnos.

El programa lllamado la Educación Sexual Integral inicialmente consistía en brindar a los chicos el conocimiento y los valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable integrando aspectos biológicos (reproducción, dimorfismo sexual: varones y mujeres), psicológicos (autoestima, emociones), sociales (igualdad entre varones y mujeres) y éticos (respeto, consentimiento), siempre adaptados a la edad y al desarrollo de los estudiantes.

Pero, con el tiempo, la ESI se convirtió en algo más: una herramienta de reingeniería social que busca cambiar la cultura tradicional y moldear cómo los chicos se ven a sí mismos. La implementación abarca a todos los niveles educativos, desde los iniciales hasta niveles superiores, tanto en establecimientos educativos estatales como privados según el diseño del Ministerio de Educación. Además se transversaliza a todas las asignaturas y se garantizan programas de capacitación permanente a los educadores en el marco de la formación docente continua, y la inclusión de los contenidos y didáctica de la ESI en programas de educadores.

Hoy, la ESI promueve la idea anticientífica de que el sexo puede cambiarse según la “autopercepción”. Según la Ley Nacional de Identidad de Género de 2012, se enseña que la “identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento”. Esto obliga a las escuelas a afirmar las autopercepciones de los estudiantes, incluso si van en contra de su sexo, so pena de enfrentar críticas o sanciones. La narrativa se presenta como inclusiva, como si fuera una forma de ampliar derechos y luchar contra la discriminación, pero en realidad empuja una visión que desconecta la realidad biológica de cómo uno se “siente”.

Los documentos oficiales indican que hay que “rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad”, pasando de “tolerar” lo diferente a “valorar positivamente la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos”. Suena lindo, pero en la práctica fomenta que los chicos cuestionen su cuerpo desde una perspectiva subjetiva. Por ejemplo, un manual para chicos de 12 años, en una sección llamada Mi diario de ESI, pregunta: “¿Qué cosas me preocupan o me gustaría cambiar de mi cuerpo?”. Esto invitaría a los chicos a ver su cuerpo como algo que pueden moldear según sus deseos. A esa edad, cuando están formando su identidad, esto puede generar confusión.

Este programa promociona la ideología de la identidad de género, que normaliza la idea de que el cuerpo es maleable y que, según la voluntad personal, es positivo modificarlo a través de hormonas o cirugías, tal como garantiza la ley trans. Se presenta como una forma de “respetar la diversidad sexual” y “problematizar el sentido común patriarcal” que, según dicen, oprime a mujeres, disidencias sexuales, minorías raciales, indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Esto crea una nueva jerarquía social donde el respeto a las autopercepciones está por encima de todo, incluso llevando a cambios como baños “inclusivos” en lugar de los segregados por sexo. ¿Cuál es el mensaje oficial hacia la sociedad? Que en los lugares que eran exclusivos, se debe respetar a un hombre autopercibido como mujer, ignorando el instinto innato de protección de las niñas y mujeres. Estas normativas, que priorizan a la autopercepción, pone en riesgo la seguridad de mujeres y niñas al desdibujar sus espacios seguros y deslegitimar sus derechos basados en su sexo.

La ideología de género transforma los patrones culturales a partir de un lenguaje tramposo. Con eufemismos como “transición social”, “no binario”, con palabras con doble sentido como inclusión (que suena a aceptación pero limita la libertad de expresión) o diversidad (que aparenta tolerancia a una variedad de formas de ser pero solo se trata de tener en la práctica uniformidad de opiniones alineadas con las autopercepciones); y el lenguaje inclusivo, que a propósito confunde la expresión de la diferencias biológicas de las personas con su género gramatical, para borrarlas.  

Las escuelas, muchos docentes y autoridades y hasta algunos estudiantes son dirigidos a actuar como activistas de esta agenda, ya sea por mandato oficial o por convicción en muchos casos. ¿Por qué este giro? Porque responde a una agenda global que hace de la institución del género un negocio rentable, financiado en Argentina básicamente por el Estado, en cooperación con los organismos internacionales de la ONU y otras fundaciones filantrópicas, y grupos de interés nacionales. En su diseño actual, las instituciones educativas parecen priorizar transformar la sociedad, redefiniendo cómo entendemos las relaciones humanas, la familia y el rol del Estado.

También se crea el concepto engañoso de “adultocentrismo” para cuestionar la autoridad de los padres, diciendo que priorizar la visión de los adultos es opresivo para los chicos. Según el Código Civil y las directrices educativas, esto pone al niño y su autopercepción como un derecho superior, por encima de la patria potestad de la familia. Así, la escuela, la legislación y el Estado se alinean con el menor, rompiendo la relación tradicional entre familia, niño y escuela. Este cambio da poder a la escuela para imponer la ideología de género sin el consentimiento de los padres, presentándose como un avance en los derechos de los menores.

El problema es que, bajo su matriz ideológica actual, se ha convertido en una imposición más que en educación, ya que no deja lugar al debate debido a su carácter autoritario. Aclaremos, la educación sexual debería volver a lo básico: una educación acorde a la edad de los chicos sobre biología, respeto, igualdad entre varones y mujeres, prevención de abusos, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. La escuela tiene que ser un lugar para aprender, no para inocular una nociva visión particular del mundo.

“Yo pensaba que controlando sus redes, eligiendo bien sus amistades, llevándolas y trayéndolas de cada salida, tenía todo cubierto. Estaba convencida de que la escuela era el lugar más seguro para mis hijas. Hasta que mi hija me mostró el texto que tenía que leer en clase de literatura.”

Carina Massarelli es madre de tres adolescentes. Dos de ellos asisten al Colegio Integral de Fisherton, en Rosario. El año pasado, uno de sus días comunes como madre dio un giro inesperado cuando su hija, de apenas trece años, le mostró una página del libro Cometierra, de Dolores Reyes, que debían leer en voz alta durante una clase.

El fragmento, al que tuvo acceso Newstad, decía:

“Chuparle la pija a Ezequiel era como un juego para mí. Pensaba en un helado mientras pasaba la lengua y se la besaba. Ezequiel me dejó jugar un rato, hasta que me agarró de los pelos y me puso de pie. Sus manos desabrocharon mi pantalón y lo bajaron bruscamente…"

“Imaginen lo que es leer esto en voz alta frente a toda una clase. Yo, como adulta, sentí pudor. ¿Qué puede sentir una chica que apenas está comenzando a entender su cuerpo?”, se pregunta Carina, todavía conmovida.

Hasta ese momento, no se había opuesto a la Educación Sexual Integral (ESI). “Yo creía y esperaba que les enseñaran cómo cuidar su cuerpo, cómo respetarse a sí mismos y a los demás, los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, del embarazo adolescente, del abuso. Todo eso lo hablo en casa, y pensé que la escuela iba a reforzarlo. Pero lo que vi fue algo muy distinto.”

Lo que más la indignó no fue solo el tono del fragmento, sino la naturalidad con la que se lo impuso. “Los obligaban a leerlo en voz alta. Y cuando revisé otros textos del cuatrimestre anterior, vi que había más de lo mismo: drogas, robos, femicidios, prostitución, abusos. Todo eso en literatura. ¿Con qué objetivo?”

Carina pensó que se trataba de una decisión desafortunada de una profesora en particular. Pero pronto comprendió que era institucional. Junto a un grupo de padres, pidió una reunión con el director, la vicedirectora y la profesora de Literatura. “Al principio fuimos unos diez padres. Después, salvo una mamá más, todos se bajaron. Tenían miedo de que sus hijos fueran señalados. Yo también tuve miedo, pero decidí no callarme.”

Durante la reunión, presentaron una carta solicitando que se revise la bibliografía. La respuesta llegó días más tarde, por correo electrónico: la escuela no modificaría los contenidos porque estaban alineados con el plan de estudios.

“La profesora defendía los textos diciendo que querían mostrar la realidad. Pero yo me pregunto: ¿no hay otras formas de mostrar la realidad? ¿Hay que exponer a los chicos a escenas de sexo explícito y violencia para que entiendan el mundo en el que viven?”

Presentaron también una carta de “no autorizo”, para que sus hijas no participaran de ese tipo de contenidos. No fue suficiente. “Los textos seguían apareciendo, incluso en otras materias. Además, los calificaban con esos contenidos. O los leés, o no aprobás.”

Carina siente que el relato institucional borra la voz de los padres. “En casa hablamos de estos temas sin tabúes. Incluso del aborto. Pero no desde una mirada ideológica. Yo creo que nacer con un sexo no es un detalle menor. Que el cuerpo se cuida, que el sexo implica amor, responsabilidad. Que el aborto, aunque sea legal, es un asesinato. Todo eso se puede enseñar, pero con respeto, con criterio, sin adoctrinamiento.”

Después de la reunión con la escuela, Carina llevó su reclamo al Ministerio de Educación provincial. Luego al nacional. En ambos casos, asegura, no obtuvo respuesta. “Pasó el tiempo y no pasó nada.”

Aún hoy, sigue creyendo que la educación sexual es necesaria. Pero no así. “Lo mínimo sería que los padres sepamos qué se va a enseñar. Que podamos opinar. Que se respete nuestro derecho a educar a nuestros hijos según nuestros valores. Si no están preparados para hacerlo sin ideología, entonces que lo dejen en manos de la familia.”

“No quiero que mis hijas sufran consecuencias por lo que digo. Dudo todo el tiempo. Pero también sé que, si yo como madre no levanto la voz, nadie lo va a hacer por ellas.”