La política energética ocupa un lugar estratégico en la disputa por el futuro de Brasil, en un escenario internacional marcado por guerras y tensiones, donde el control de los recursos energéticos y las rutas de suministro constituye un elemento central en las disputas geopolíticas y geoeconómicas. Las decisiones sobre producción y consumo de energía, precios de los combustibles, infraestructura y reducción de emisiones afectan tanto las condiciones de vida de la población como las posibilidades de desarrollo industrial y tecnológico. 

En este sentido, el debate electoral de 2026 exige examinar cómo las propuestas para el sector responden al trípode energético: 1) garantizar la seguridad del suministro energético, 2) asegurar el acceso a la energía para el desarrollo nacional a precios asequibles, y 3) promover la sostenibilidad y la justicia ambiental. En el caso brasileño, estos desafíos están directamente relacionados con la soberanía nacional y la capacidad de transformar la riqueza de los recursos naturales en desarrollo productivo.

La magnitud de estos recursos pone de relieve la importancia de la competencia. En agosto de 2026, Brasil produjo 4,6 millones de barriles de petróleo al día, un volumen un 18,4 % superior al registrado en agosto de 2025, y 221 millones de metros cúbicos de gas natural al día. En conjunto, estas producciones alcanzaron un récord de más de 6 millones de barriles de petróleo equivalente al día, de los cuales el 82,6 % provino de la capa presalina ( ANP, 2026 ). Para el margen ecuatorial, el Ministerio de Minas y Energía menciona un potencial estimado de 10.000 millones de barriles recuperables.

Esta economía basada en el petróleo coexiste con una alta participación de fuentes renovables. Según el Balance Energético Nacional 2026, con datos de 2025, las energías renovables representaban el 49,4% de la matriz energética brasileña, que abarca todas las fuentes utilizadas en la economía, y el 86,8% de la matriz eléctrica, que se refiere al suministro de electricidad ( EPE, 2026 ). El país también ocupa la segunda posición mundial en reservas de tierras raras, solo por detrás de China. La Agencia Nacional de Minería registra 11,4 millones de toneladas contenidas en reservas probadas y probables en 2024, en comparación con los 44 millones de toneladas de China. Estos elementos tienen aplicaciones estratégicas en tecnologías como los imanes permanentes utilizados en turbinas eólicas y motores de vehículos eléctricos. El país también posee importantes reservas de otros minerales estratégicos para impulsar la transición energética, como cobre, litio, níquel, grafito y manganeso, así como cobalto, aunque en volúmenes reducidos. La conexión entre los recursos energéticos, la disponibilidad de minerales y las capacidades industriales y tecnológicas es, por lo tanto, un tema central para el futuro del país.

Si bien ambos programas incorporan referencias a la transición energética y la expansión de los biocombustibles, la presencia de objetivos similares no implica la misma estrategia. Las diferencias se evidencian en el papel asignado al Estado, las empresas públicas y la inversión privada, así como en los mecanismos de financiación y coordinación para la transformación industrial. 

Es importante recordar la política del gobierno de Bolsonaro con respecto a la privatización de Eletrobras y la venta de 206 activos de Petrobras entre 2019 y 2022, incluyendo cuatro refinerías, que representaban aproximadamente el 20% de la capacidad nacional de refinación, así como BR Distribuidora, Liquigás y Gaspetro. 

La pérdida del control integrado sobre la cadena de suministro de combustible por parte de Petrobras ha hecho al país muy vulnerable. La decisión de los gobiernos de Temer y Bolsonaro de detener la expansión de la capacidad de refinación planificada en el período anterior por los gobiernos del PT resultó ser un error, convirtiendo al país en exportador de crudo e importador de productos refinados, especialmente diésel. Esto terminó imponiendo precios internacionales al mercado nacional, sin tener en cuenta los costos de producción internos.

La movilidad verde y sostenible es un eje estructurante del programa de gobierno de Lula para 2027-2030 , que articula la transición ecológica, la neoindustrialización y el derecho a la ciudad. En la evaluación del actual gobierno de Lula (2023-2026), el Nuevo PAC movilizó R$ 1,3 billones, con R$ 118 mil millones asignados a infraestructura urbana. La matriz eléctrica alcanzó una participación del 89% de fuentes renovables, y los biocombustibles recibieron más de R$ 13 mil millones entre 2023 y 2025, con la ampliación de las mezclas obligatorias a E32 (32% de etanol en gasolina) y B15 (15% de biodiésel en diésel). El compromiso es continuar apoyando las inversiones en transporte público de alta capacidad y en la modernización y electrificación progresiva de las flotas, manteniendo la directriz de generar demanda para la industria nacional de equipos de transporte e integrando la política urbana e industrial.

Para el cuarto mandato de Lula, las propuestas de movilidad verde se organizan en cuatro pilares. El primero es la electrificación y renovación del transporte público, con el compromiso de promover la descarbonización y la electrificación progresiva de las flotas, priorizando los autobuses eléctricos. Este pilar incluye la renovación de flotas en 144 municipios, incluyendo la adquisición de 203 autobuses eléctricos, 3.942 autobuses de bajas emisiones (Euro 6) y 39 vehículos ferroviarios. El segundo es la expansión del transporte público de alta capacidad, con la implementación de nuevas líneas de metro, tren y tranvía, además de 296 km de corredores exclusivos de BRT, con enfoque en la integración metropolitana y las ciudades medianas.

El tercer eje es la política de biocombustibles y descarbonización automotriz, con la implementación de la Ley de Combustibles del Futuro, que posiciona a Brasil como un centro para motores de combustible flexible e híbridos flexibles. También incluye el desarrollo de combustibles y tecnologías de vanguardia, como el combustible de aviación sostenible (SAF), el etanol de segunda generación (2G), el biometano, el diésel verde, el diésel coprocesado, los combustibles electrónicos y proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). El cuarto eje es la integración con la política industrial y la transición ecológica, que dirige el poder adquisitivo del gobierno y los pedidos públicos generados por los proyectos de movilidad para crear una demanda predecible para la industria establecida en el país, con requisitos de contenido local, agregación de valor y financiamiento estructurado a través del Plan de Producción Más y fondos públicos.

El plan de gobierno de Flávio Bolsonaro, titulado " Para que Brasil supere el atraso: directrices del Plan de Gobierno 2027-2030 ", también aborda la movilidad verde, pero con un énfasis diferente y menos detalles en comparación con el plan de Lula, y sin una articulación con una política industrial-tecnológica.

En materia de energía y biocombustibles, el plan incluye un Programa Nacional de Seguridad Energética, enfocado en el refinado, procesamiento, distribución y transporte de combustibles y gas. También prevé permitir la exploración de gas no convencional mediante fracturación hidráulica. En el sector eléctrico, la directriz es simplificar las facturas de electricidad racionalizando los cargos y los subsidios cruzados, y promover la reducción gradual de las fuentes incentivadas. El plan también busca transformar el país en un centro global de centros de datos. En cuanto a los minerales críticos, el plan indica que pretende agregar valor en Brasil al litio, niobio, grafito, cobre, níquel, uranio y elementos de tierras raras, vinculando la riqueza mineral con la demanda de centros de datos y nuevas tecnologías. Ignora por completo la cuestión geopolítica. Cabe recordar que el propio Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos prometiendo el suministro de elementos de tierras raras y otros minerales críticos, con el objetivo de ayudar a ese país a ser menos dependiente de China. Además, de manera irresponsable, el programa habla de acelerar el proceso de concesión de licencias sin mencionar en ningún momento las cuestiones medioambientales ni los impactos sociales y territoriales, lo cual es lamentable.

Al comparar ambos planes, resulta evidente que el programa de Lula presenta un nivel de detalle y ambición significativamente mayor en materia de movilidad verde. Lula establece objetivos cuantitativos claros y verificables, además de integrar la movilidad en la política industrial mediante requisitos de contenido local, el uso del poder adquisitivo del Estado y la alineación con la Nueva Industria Brasil y el Plan de Transformación Ecológica. Se trata de una estrategia articulada, con objetivos físicos, fuentes de financiación e instrumentos de incentivo productivo claramente definidos. La falta de detalle y de compromisos cuantificables resta solidez y credibilidad al plan de Bolsonaro para abordar los retos de la descarbonización del transporte y la transición energética. El plan de Lula, por su parte, se presenta como una estrategia coherente e integrada, con objetivos concretos para transformar la movilidad urbana en un vector de desarrollo sostenible y reindustrialización.

En el contexto de los biocombustibles, cabe destacar que la política gubernamental de Lula se caracterizó, desde sus inicios, por un compromiso con la transición energética, junto con un proyecto de reindustrialización que comenzó durante su primer mandato (2003-2006). Integrado en el programa Nueva Industria Brasil, el proceso de incremento del uso de biocombustibles busca alcanzar el 50% del consumo total en el sector del transporte para 2033. Con proyectos vinculados a los biocombustibles y la transición energética, ya se observa una acumulación de R$ 289 mil millones en inversiones registradas en el país , según la Ley de Combustibles del Futuro, aprobada en octubre de 2024. 

Por otro lado, en lo que respecta a la producción industrial, el sector de la aviación representa una de las áreas donde los biocombustibles pueden expandirse más en términos de complejidad y, por consiguiente, en términos de rentabilidad para las cuentas nacionales, generando una demanda prácticamente inexistente a escala comercial en el país . Con la creación de ProBioQAV, la Ley de Combustibles del Futuro también impulsó el uso de combustible de aviación sostenible (SAF). Este es un sustituto renovable del queroseno fósil, compuesto de etanol, aceites vegetales, grasas residuales y biomasa agrícola. En este sentido, la normativa prevé objetivos progresivos de reducción de emisiones para los vuelos nacionales a partir de 2027.

El gobierno de Lula también buscó incrementar la participación de productores independientes de caña de azúcar y otros productores de biomasa destinados a la producción de biocombustibles mediante la promulgación de la Ley N° 15.082/2024. Esta ley busca integrar la relación entre la producción de caña de azúcar y la producción de biocombustibles, estipulando que "los productores de caña de azúcar que destinen su producción a la producción de biocombustibles tendrán derecho a un mínimo del 60% (sesenta por ciento) de los ingresos provenientes de la venta de Créditos de Descarbonización generados a partir de la caña de azúcar que entreguen".

A principios de 2027, si Lula resulta reelegido, su equipo seguirá buscando un equilibrio, en materia de energía, entre los planes de descarbonización y el sector petrolero. Esto se debe a que, en lo que respecta a la seguridad energética del país, el gobierno comprende la importancia de aprovechar los recursos de petróleo y gas para garantizar el abastecimiento interno y generar ingresos por exportaciones. Sin embargo, esto se enmarca en un contexto de sustitución progresiva de los combustibles fósiles y de confianza en la capacidad productiva y tecnológica de Petrobras para ampliar el suministro de combustibles bajos en carbono.

El contraste entre los programas de gobierno de los dos principales candidatos a la Presidencia de la República en el sector energético es sorprendente. Mientras que Flávio Bolsonaro propone la exploración de gas natural no convencional ( fracking ), Luiz Inácio Lula da Silva aboga por el aumento de la producción de biocombustibles y, en el sector nuclear, busca una mayor autonomía brasileña en el ciclo del combustible. Sorprendentemente, el hijo de Jair Bolsonaro no menciona a Petrobras en su plan, lo que respalda la estimación de una continuación del desmantelamiento iniciado por su padre. El candidato pretende ampliar el uso de la Ley de Empresas Estatales (Ley N° 13.303), creada durante la administración de Temer, cuya principal propuesta es que los consejos de administración de las empresas estatales se conformen mediante reclutamiento y reglas de mercado activas, como en las empresas privadas. El candidato del PL va aún más allá al sugerir el fortalecimiento del Programa Nacional de Privatización, con el objetivo de atraer inversión extranjera al país, lo que en el caso del sector energético podría comprometer la soberanía nacional alcanzada por Petrobras, una empresa que ha logrado una posición tecnológica de liderazgo entre las compañías petroleras mundiales, y, en consecuencia, comprometer los sectores de exploración y refinación. 

Por el contrario, Lula considera a Petrobras un motor fundamental de soberanía y desarrollo económico para Brasil. Durante una visita al buque perforador responsable de la primera perforación en el Margen Ecuatorial el 17 de agosto de este año, Lula abogó por el fortalecimiento de la empresa estatal, así como por su reinternacionalización. El Presidente de la República, además de reiterar la importancia de la alianza con la empresa estatal mexicana Pemex para la exploración de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México, anunció el regreso de las operaciones de Petrobras en África, "dondequiera que haya una oportunidad ". Según Lula, la empresa estatal brasileña debería convertirse en la mayor petrolera del mundo, mediante la expansión de las inversiones terrestres y marinas , y recuperando el control de las reservas nacionales. 

Además, el presidente Lula aboga por la expansión de la filial Transpetro en la logística de gas natural licuado (GNL), así como por la reanudación del papel de Petrobras en la distribución de combustible, privatizada durante el gobierno de Bolsonaro. Cabe recordar que el gobierno de Bolsonaro impuso una vergonzosa cláusula de no competencia que impidió a Petrobras volver a la distribución de combustible durante 10 años, ¡mientras que la empresa privatizada conserva el derecho a usar la marca del antiguo distribuidor BR! Esto incluso genera una sensación de engaño entre los brasileños que llenan sus tanques en estaciones Petrobras sin saber que están comprando combustible de otras fuentes. 

La defensa de los sectores de Petrobras mencionados anteriormente apunta a la continuidad de las políticas del gobierno actual , que actuaron para reducir los precios de los combustibles y detuvieron las ventas de activos , como la Refinería de Lubricantes y Derivados de Petróleo del Noreste, LubNor, ubicada en Ceará, además de asignar inversiones para expandir la capacidad instalada, incluso para la producción de diésel S-10, en las refinerías Duque de Caxias (Reduc), Paulínia (Replan), Henrique Laje (Revap) y Abreu e Lima (Rnest) .

Siguiendo la misma línea de fortalecimiento de Petrobras, la presidenta de la empresa estatal, Magda Chambriard, anunció el 16 de septiembre objetivos de autosuficiencia en diésel para 2030, además de la producción de fertilizantes nitrogenados, un sector en el que Brasil depende totalmente de las importaciones para cubrir el 35% de la demanda nacional. Asimismo, Petrobras anunció que reinvertirá en el sector naval, con perspectivas de ampliar la capacidad de los astilleros para la producción nacional de buques, un esfuerzo completamente abandonado durante el gobierno de Jair Bolsonaro y sin ninguna disposición en el programa de gobierno de su hijo. En cuanto al gas natural, la principal diferencia entre los planes radica en la propuesta de Bolsonaro de iniciar la exploración de gas no convencional en Brasil mediante el fracking , lo que refleja, una vez más, un total desprecio por los impactos ambientales y territoriales.

Flávio Bolsonaro también propone en su plan que el sector del gas atraiga inversión privada, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva presenta en su propuesta la intención de "brasilizar" los precios del gas, ya que alrededor del 75% del recurso consumido proviene de la capa presalina, lo que nuevamente tiene importancia atribuida al fortalecimiento de Petrobras.

El programa de gobierno de Lula para 2027-2030 incorpora la lucha contra la pobreza energética como una de las dimensiones de una transición energética justa. Entre las políticas implementadas durante su tercer mandato, destaca el programa "Gas del Pueblo", que garantiza recargas gratuitas de bombonas de GLP de 13 kg para más de 15 millones de familias, beneficiando a aproximadamente 50 millones de personas. En el sector eléctrico, el programa "Luz del Pueblo" amplió la gratuidad de las facturas de electricidad para las familias inscritas en el Registro Único con un consumo de hasta 80 kWh mensuales, alcanzando a más de 60 millones de personas. Simultáneamente, se reactivó el programa "Luz para Todos" como instrumento para universalizar el acceso a la electricidad, especialmente en zonas rurales y la Amazonía Legal, mediante el uso de fuentes limpias y renovables. Para el próximo mandato, el programa establece el compromiso de profundizar la lucha contra la pobreza energética, promover la equidad tarifaria y reducir la exposición de los consumidores brasileños a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.

Por otro lado, las propuestas de Flávio Bolsonaro se enmarcan en una orientación económica liberal que prioriza los mecanismos de mercado y la reducción de la intervención estatal, en un contexto de privatización y creciente financiarización del sector energético. Esta orientación conlleva el riesgo de profundizar la mercantilización de la energía y favorecer la rentabilidad de las empresas privadas, sin garantizar que la reducción de los costes regulatorios y fiscales se traduzca en tarifas más asequibles para la población. 

El análisis de los seis ejes revela que la contienda electoral de 2026 implica propuestas distintas en materia de política energética que reflejan posturas antagónicas sobre la estrategia de desarrollo del país. Si bien ambas candidaturas incorporan propuestas para la expansión de los biocombustibles y referencias a la transición energética, difieren en los instrumentos de implementación, el papel del Estado y la articulación entre descarbonización, política industrial y soberanía nacional. 

El programa de Lula presenta una estrategia más coherente e integrada, que vincula las inversiones en movilidad, el desarrollo de combustibles bajos en carbono y la regulación de las emisiones con el fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas del país.

La evaluación del tercer período y las propuestas para 2027-2030 apuntan a la continuidad de una política que asigna al Estado las funciones de planificación, financiamiento, regulación y protección de la población frente a la volatilidad de los precios internacionales. En esta orientación, Petrobras ocupa un lugar central. Su rol en exploración, refinación, distribución, logística y desarrollo tecnológico le permite vincular la seguridad del suministro con la creación de empleo y el fortalecimiento de las cadenas industriales nacionales. Además, la empresa estatal cuenta con la capacidad industrial y tecnológica para contribuir al desarrollo de combustibles bajos en carbono, como el hidrógeno verde o el combustible de aviación sostenible (SAF). La política energética adquiere así una dimensión que va más allá de la expansión del suministro e incorpora el acceso a la energía y su contribución al desarrollo económico y social.

El programa de Flávio Bolsonaro, por su parte, combina compromisos genéricos de descarbonización con un mayor énfasis en atraer inversión privada, privatización e infraestructura para el transporte de mercancías. La ausencia de objetivos específicos en materia de movilidad verde, las imprecisiones detectadas en las propuestas para el mercado de carbono y la omisión respecto a Petrobras debilitan la coherencia de su estrategia. Sumado a las propuestas de no adoptar el impuesto a las exportaciones de petróleo y de sustituir el régimen de reparto de la producción, estas directrices apuntan a una orientación más favorable a los intereses privados en la explotación de los recursos energéticos, con menor claridad respecto a los mecanismos destinados a garantizar sus beneficios para la población y la industria nacional.

La elevada participación de las energías renovables y la disponibilidad de recursos minerales ofrecen condiciones favorables, pero su transformación en desarrollo depende de la coordinación pública, la inversión en ciencia y tecnología y la creación de valor añadido dentro del país.

En un escenario internacional marcado por guerras y disputas por el control de los recursos y tecnologías energéticas, la elección entre estas orientaciones tendrá consecuencias para la capacidad de Brasil de responder al trípode energético: seguridad de suministro, desarrollo a precios asequibles y sostenibilidad ambiental. A la luz de los ejes analizados, el proyecto de Flávio Bolsonaro dará continuidad a las bases del gobierno de Jair Bolsonaro, centrado en la privatización y el desmantelamiento del sector estatal en áreas estratégicas de energía, bajo los preceptos del libre mercado y la eficiencia de la gestión privada. Esta orientación se alineará con los objetivos e intereses de Estados Unidos, según las propias declaraciones del candidato, e incrementará la vulnerabilidad del país ante las inestabilidades geopolíticas.

Por otro lado, el proyecto de Lula ofrece instrumentos más sólidos para articular estos objetivos con la reindustrialización y la soberanía nacional, así como para fortalecer la integración regional en términos de mercados y desarrollo energético, con el fin de priorizar el desarrollo científico y tecnológico. 

Los centros de datos se han consolidado como una herramienta indispensable en la era digital y con el auge de la Inteligencia Artificial. Estos centros de información poseen una alta capacidad de almacenamiento y una gran potencia de transmisión de datos. Debido a la necesidad de un suministro constante de electricidad y al soporte de equipos como firewalls, enrutadores, interconectores y conmutadores corporativos, los centros de datos no se limitan a estructuras tecnológicas, sino que involucran intereses estratégicos y, al consumir grandes cantidades de energía y agua, establecen una relación directa entre la expansión digital y la demanda energética.

En términos energéticos, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los centros de datos consumieron alrededor del 1,5% de la electricidad mundial en 2024 (415 TWh) y se espera que su consumo se duplique con creces para 2030, alcanzando los 945 TWh y representando el 3% del consumo total de electricidad mundial, con un crecimiento anual superior al 30%, lo que intensifica la búsqueda de regiones con energía abundante, estable y de bajo coste.

Desde la perspectiva de la cadena de valor global de la inteligencia artificial y los centros de datos, se observa una alta concentración geográfica de capacidades tecnológicas y productivas. Según el informe de la AIE sobre Energía e IA (2025) , Estados Unidos representó la mayor parte del consumo mundial de electricidad de los centros de datos en 2024 (45 %), seguido de China (25 %) y Europa (15 %).

Ante esta situación, los países con una parte significativa de su infraestructura digital ubicada en el extranjero ven en las inversiones en centros de datos una forma de garantizar su soberanía digital e impulsar sus economías. En Latinoamérica, Brasil, México y Chile lideran este movimiento, adoptando estrategias centradas en la creación de marcos regulatorios más favorables, incentivos fiscales y políticas para estimular la infraestructura digital. Al mismo tiempo, Colombia y Perú también están progresando en el sector, aunque partiendo de bases más modestas.

La infraestructura mundial de centros de datos se concentra en un pequeño número de grandes empresas tecnológicas, principalmente en Estados Unidos y China. Estas corporaciones operan redes globales de centros de datos a gran escala ( hiperescala ), responsables de proporcionar la capacidad de computación necesaria para el funcionamiento de la economía digital actual. Los principales operadores mundiales de centros de datos son Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google (Alphabet), Meta, Alibaba, Tencent y ByteDance ( Data Center Magazine, 2025 ). Estas empresas lideran el mercado mundial de servicios de computación en la nube y controlan una cuota creciente de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial. Amazon, Microsoft y Google, por sí solas, controlan casi el 70 % del mercado de la nube y, si incluimos a Meta, más de la mitad de los cables submarinos del mundo. 

A través de NVIDIA, AMD, Amazon Web Services, Microsoft, Google y OpenAI, Estados Unidos lidera el diseño de semiconductores, la infraestructura global de computación en la nube y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial a gran escala ( Stacciarini y Gonçalves, 2025 ). En particular, controlan la cadena de suministro altamente concentrada de semiconductores avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial (IA), con NVIDIA a la cabeza en el diseño de GPU clave para IA y TSMC como el fabricante líder mundial de estos componentes ( Statista, 2026 ).

En el segmento de materias primas estratégicas, China ocupa una posición central, controlando gran parte del procesamiento de minerales críticos, en particular tierras raras, y concentrando una proporción significativa de la capacidad mundial de refinación de estos recursos ( IEA, 2025 ). Por ejemplo, en la producción de galio, un metal cada vez más importante utilizado en chips de última generación y electrónica de potencia, China representa aproximadamente el 99 % del suministro mundial refinado ( IEA, 2025 ).

La expansión de la infraestructura global de centros de datos depende no solo del desarrollo tecnológico, sino también de la disponibilidad de energía abundante, recursos naturales estratégicos y marcos regulatorios favorables. Por ello, diversos países dotados de estos recursos han comenzado a considerar los centros de datos como activos con potencial para contribuir al desarrollo económico, la política industrial y la integración en las cadenas de valor globales. En este contexto, Latinoamérica se destaca como una de las nuevas fronteras para la expansión global de los centros de datos.

Según la consultora McKinsey , Latinoamérica, con su amplio mercado regional en rápida digitalización, se beneficia de un panorama internacional en el que Estados Unidos y Europa enfrentan crecientes limitaciones energéticas. Entre los principales factores de atracción se encuentran el nearshoring , que acerca la infraestructura digital a los mercados de Estados Unidos y Canadá, y el powershoring , basado en la disponibilidad de energía abundante y competitiva (véase el análisis de estos conceptos en OPEB: Centros de datos: los nuevos superconsumidores de energía ).

Las estimaciones indican que la capacidad regional podría triplicarse con creces, y los proyectos en países como Chile, Argentina, Brasil y México tienen el potencial de consolidar la región como un importante centro global de infraestructura digital ( DataCenterDynamic, 2025a; DataCenterDynamic, 2025b ).

Los gobiernos latinoamericanos han adoptado distintas estrategias para atraer estas inversiones. Chile, por ejemplo, lanzó a finales de 2024 un Plan Nacional de Centros de Datos (PDATA) que articula regulaciones ambientales, planificación territorial e incentivos para el sector ( Plan Nacional de Centros de Datos – Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación , 2024). A través de la agencia gubernamental Invest Chile , el país busca atraer Inversión Extranjera Directa al sector y ya se considera un centro de datos, con más de 30 proyectos de mayor complejidad tecnológica mediante inversiones de Nivel III y Nivel IV . El PDATA también integrará información sobre la disponibilidad de subestaciones eléctricas, descentralización regional y conectividad de fibra óptica, factores clave para orientar las inversiones en la industria ( BTG Research , 2025).

Mientras tanto, México, impulsado por la deslocalización cercana (nearshoring), ha recibido inversiones de AWS, que planea invertir hasta US$5 mil millones en quince años. Según la compañía, las inversiones en el país forman parte de su zona de disponibilidad global, que reduce la latencia de datos y aumenta la seguridad para las operaciones de empresas como Aeroméxico, Banco Santander México y BBVA, así como para startups regionales ( Amazon News , 2024).

En Argentina, el plan de Regímenes Amplios de Incentivos a la Inversión (RIGI) se destaca por el anuncio de un megaproyecto liderado por OpenAI en asociación con South Energy. Con un presupuesto estimado de hasta US$25 mil millones y destinado a la construcción de infraestructura de inteligencia artificial a gran escala , esta iniciativa se explica, en parte, por una combinación de factores como la disponibilidad de energía, los costos relativamente bajos y los atractivos incentivos regulatorios.

Paraguay ha estado buscando convertir su excedente hidroeléctrico en una ventaja competitiva. Por un lado, esto implica la creación de tarifas eléctricas preferenciales para actividades de alto consumo energético, como centros de datos centrados en la nube y la IA; por otro lado, está impulsando el proyecto estatal de nube soberana, con una licitación internacional para un centro de datos modular Tier III realizada por MITIC, cuyas operaciones están programadas para comenzar en 2027 ( Data Center Dynamics, 2026 ).

En el caso uruguayo, la recepción de inversiones de alrededor de US$850 millones por parte de Google ( Google , 2023) ha reforzado su perfil como centro de TIC gracias al programa Uruguay Innova. Con un entorno regulatorio favorable, zonas francas con exenciones y una matriz energética predominantemente renovable, el país se está volviendo competitivo en infraestructura digital, si bien la política abarca más la innovación y las TIC que los centros de datos específicos.

A pesar del crecimiento, los beneficios económicos de estas inversiones no son automáticos. La generación de empleos directos es limitada, a menudo restringida a unas pocas docenas de puestos por planta, lo que reduce su impacto en el mercado laboral. Además, se trata de un modelo intensivo en capital, con altos costos iniciales y rendimientos concentrados en pocos actores, lo que puede limitar sus efectos distributivos.

La dependencia tecnológica externa y la presión sobre los sistemas eléctricos nacionales agravan estos desafíos. Al mismo tiempo, surgen importantes oportunidades: la exportación de servicios digitales, el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y la formación de mano de obra cualificada. En este sentido, el principal reto no reside únicamente en atraer centros de datos, sino en transformarlos en motores de un desarrollo económico y tecnológico más amplio.

El interés del gobierno en este sector se justifica principalmente por su potencial económico. El gobierno brasileño ha definido los centros de datos como fundamentales para la economía digital. Según el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, "el crecimiento del sector demuestra nuestra capacidad para consolidarnos como un centro tecnológico en Sudamérica, impulsado por un sistema eléctrico robusto y predominantemente renovable " .

El gobierno lanzó la Política Nacional de Centros de Datos, que garantiza la instalación y modernización de estas supercomputadoras en el país y refuerza el papel del Estado en la atracción de inversiones. Actualmente, esta política incluye un régimen tributario nacional especial ( Medida Provisional N° 1.318 del 17 de septiembre de 2025 ) e iniciativas para impulsar la cadena de producción de centros de datos. La iniciativa gubernamental busca atraer operaciones de grandes empresas tecnológicas al territorio brasileño a través del programa Redata.

La contraparte estratégica del proyecto es clara: al construir sus centros de datos en Brasil, estas empresas deberán destinar un porcentaje de su capacidad de almacenamiento al uso de empresas nacionales, políticas públicas e infraestructura informática estatal. Más allá del debate sobre seguridad y soberanía de los datos, el objetivo es posicionar a Brasil como protagonista de la economía verde y digital.

El optimismo del gobierno se refleja en el mercado. En una reciente entrevista con CNN Money , el vicepresidente de Siemens Energy para Latinoamérica, André Clark , fue categórico: "Brasil es el lugar idóneo para ubicar estos centros de datos, y ya estamos viendo esta expansión por parte de emprendedores y empresas tradicionales". El atractivo para las grandes tecnológicas reside en la infraestructura básica. Para operar las 24 horas del día, los complejos de procesamiento de datos requieren un suministro ininterrumpido y masivo de agua y electricidad.

Dado que la actual carrera tecnológica está intrínsecamente ligada a los objetivos de sostenibilidad, la sólida matriz energética de Brasil, relativamente limpia y renovable, convierte al país en un destino codiciado y altamente estratégico. Aun así, este progreso no estará exento de desafíos. En 2022, los centros de datos representaron casi el 1,5 % de la electricidad mundial , y se prevé que esta demanda crezca un 160 % para 2030. Por lo tanto, la instalación de centros de datos en países comprometidos con la transición energética forma parte de un debate más amplio sobre sostenibilidad, en el que se analizan diferentes soluciones para reducir su impacto ambiental.

Si bien el marco regulatorio para el sector aún se encuentra estancado en el poder legislativo, la realidad avanza a pasos agigantados: las proyecciones indican que el número de centros de datos en Brasil se triplicará para 2030. Esta discrepancia entre la velocidad del mercado y la regulación genera señales de alerta. Más allá de los problemas de innovación y ciberseguridad, el consumo energético desmesurado conlleva importantes riesgos socioeconómicos. En la práctica, incluso si el país logra aumentar su generación y disponibilidad de energía para satisfacer esta demanda, el pueblo brasileño difícilmente será el principal beneficiario de esta expansión. El gran dividendo energético, al parecer, quedará atrapado dentro de los sistemas de refrigeración de los propios complejos de procesamiento.

Este fallo avala la decisión estratégica que tomó Cristina Kirchner junto con Axel Kicillof de estatizar el 51% de la compañía porque básicamente lo que está diciendo el fallo es que ese proceso fue legal, fue bajo las normas de Argentina y no tiene nada que decir Estados Unidos.

Por lo tanto, el litigio que intentaba el fondo buitre Burford Capital de cobrar U$S16 mil millones, queda tirado por la borda por ser un negocio especulativo, y se impone la decisión soberana de un país. Esto tiene una importancia que va a trascender a la Argentina ya que se falla a favor de una decisión soberana de un país.

Por otro lado, tenemos la contracara de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, declarando que su gestión vino a “salvar el papelón que hicieron Cristina y Axel” al estatizar el 51% de las acciones de la compañía. Cabe remarcar que la intención del presidente ha sido siempre pagar al fondo buitre Buford Capital. Por su parte, Axel y Cristina, marcan que la decisión estratégica ha permitido el desarrollo de Vaca Muerta 14 años después.

En términos energéticos, esa estatización de 2012 fue en un contexto en el cual la Argentina estaba en un faltante de energía y el país contaba con un déficit profundo en la balanza comercial, a causa de la importación de gas natural licuado.

En ese momento, el país ya había comenzado a importar gas a través de las plantas de licuefacción ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Proceso que tiene origen como consecuencia del proceso de privatización de las empresas públicas a partir del año 1989. La desregulación de la energía, que nos lleva hasta la dictadura, provocó que las empresas optimicen la maximización de las ganancias y rentabilidad por encima de la exploración y nueva producción.

Mediante la asociación con Chevron en 2012, contrato cuestionado incluso hacia adentro del gobierno en ese momento, se produjo una transferencia de conocimiento y tecnología hacia YPF que permitió desarrollar Vaca Muerta. Hoy vemos los frutos: se espera llegar al millón barriles por día y somos el cuarto productor de petróleo en la región.

Asimismo, en el 2023 se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, que permitió sustituir la importación en gran parte del gas natural licuado y como resultado el país comenzó a tener superávit energético a partir del año 2025, siendo de U$S 7.815 millones en 2025,

Respecto al conflicto energético por la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el presidente Milei dijo en el marco de la cumbre de Hungría “vamos a brindar seguridad energética a Europa”. Declaración que pone en evidencia que el modelo económico es solo un modelo exportador de commodities, en este caso de petróleo y gas, y a la fecha no se escuchan medidas por parte del gobierno nacional para desacoplar los precios locales de los internacionales, en un contexto de creciente escalada del conflicto.

En este escenario, hay ausencia de medidas para mitigar los efectos en el sector interno y el sector productivo. De seguir este rumbo, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas, ya que el encarecimiento de la energía, provoca un encarecimiento todo el circuito productivo nacional, el transporte y eso podría desencadenar una escalada inflacionaria que nadie sabe dónde termina. 

Mientras tanto, el Gobierno dio esta señal de poder utilizar más porcentaje de bioetanol para bajar el costo pero hay que ver si esto se traslada al surtidor. Es una medida muy laxa en este contexto en vez fijar un precio interno para el barril de petróleo.

El ingeniero especialista en energía y sector nuclear, Nicolás Malinovsky, analizó la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y advirtió sobre su impacto en los mercados energéticos globales y en la economía argentina.

“Es la realidad que está sufriendo el mundo”, señaló, y sostuvo que estamos ante “un ataque persistente de Estados Unidos a Irán, donde asesinó a toda la cúpula dirigencial de ese país”. En ese marco, describió que “las reacciones están habiendo por todos lados y sobre todo en sectores críticos donde pasan nada más y nada menos que las principales reservas y flujos energéticos a nivel mundial”.

Para dimensionar el escenario, Malinovsky recordó un antecedente reciente: “Lo que tenemos más cerca para entender es lo que pasó cuando sucedió algo similar entre Rusia y Ucrania, cuando se cortaron los gasoductos que conectaban Rusia con Europa y se encarecieron los sectores energéticos y el mercado energético”. Aquel proceso, dijo, “vulneró la economía argentina”, y advirtió que hoy “estamos también ante una posibilidad de ese tipo de vulneración”.

Según explicó el experto a Newstad, el conflicto no muestra señales de distensión: “Esto no se está enfriando, sino que está escalando”. En ese contexto, alertó que el impacto podría profundizarse “si los precios del barril de petróleo superan los 80, los 90 dólares o hasta los 100 dólares, como están hablando”. Además, remarcó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz: “El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho, pero también por ahí pasan grandes reservas de gas, con barcos de GNL, que hoy representan aproximadamente el 20 o 25% del mercado mundial”.

Sobre el efecto en la Argentina, planteó un escenario de “doble cara”. Por un lado, “aumenta el ingreso de divisas por exportación, que después hay que discutir quién se queda con ese margen de renta excedente”. Pero, por otro, advirtió que “vulnera la economía interna porque se eliminaron todos los mecanismos de diferenciación entre precio internacional y precio interno, lo que en Argentina conocíamos como el ‘barril criollo’ en el caso del petróleo y los precios internos del gas”. En consecuencia, señaló que esta dinámica “puede elevar los costos de los combustibles y todo lo que eso repercute en la cadena económica”.

Malinovsky también recordó que el conflicto entre Rusia y Ucrania “elevó los commodities, tanto los precios energéticos como otros sectores, y eso impactó en toda la economía argentina”. En ese momento, explicó, “Argentina estaba más vulnerable en términos de importación de gas porque todavía no teníamos finalizado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, inaugurado el 9 de julio de 2023, lo que hoy “minora un poco el golpe internacional”.

Finalmente, el especialista marcó lo que considera una contradicción en la argumentación de la Casa Blanca. “Donald Trump dice que uno de los ejes por los cuales ataca a Irán es porque Irán estaba teniendo avances en el enriquecimiento de uranio que podían ser utilizados para producir bombas nucleares”, señaló. Sin embargo, recordó que “el año pasado Estados Unidos atacó instalaciones nucleares donde se producía uranio y, en esa operación que fueron los ‘12 días exitosos’, él dijo que había eliminado la amenaza nuclear”. Por eso, concluyó, “ahora vuelven a poner ese argumento como eje del ataque, con lo cual hay contradicciones en lo que está diciendo el propio presidente del imperio norteamericano”, en referencia a Donald Trump.

*Nicolás Malinovsky es Ingeniero especialista en el sector energético y en el sector nuclear. Es autor del libro “Critica de la energía política”.

En un contexto de bonanza energética –records de producción de Vaca Muerta, superávit comercial energético y ampliación de infraestructura para exportación, se está dilapidando el entramado productivo nacional.

Lejos de utilizar la renta energética como palanca para la industrialización, el rumbo adoptado profundiza una lógica de ajuste tarifario, desregulación y concentración.

Esta política responde explícitamente a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En su informe del 01 de agosto de 2025 se establece que, para preservar el ancla fiscal “las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico”, instrumentado bajo el decreto 943/2025. La consecuencia directa es la trasferencia de ingresos de los sectores industriales, comerciales y residenciales a las grandes empresas energéticas.

A ello se suman las declaraciones de la flamante secretaria de Energía y ex empleada de Gas Camuzzi, María Tettamanti, quien sostuvo que “el camino es la privatización del sector (…). Lo peor que podemos hacer es continuar con este régimen regulado y estatista”.  Declaración que se alinea con la estrategia de privatización integral exigida por el FMI.

Sin embargo, tras más de dos años de gestión, la iniciativa privada para infraestructura interna es prácticamente inexistente. Los anuncios se concentran en proyectos orientados a la exportación de gas y petróleo, no al fortalecimiento del mercado interno ni a la expansión del sistema para el desarrollo industrial.

De esta manera, se consolidan las bases para la entrega de un sector estratégico para la dinámica económica nacional a un puñado de grandes empresarios cuyo objetivo es la maximización de beneficios, por sobre el desarrollo productivo nacional. 

La “libertad”, en materia energética, es entendida como libertad tarifaria. El resultado inmediato es aumento sostenido de tarifas de gas y electricidad que vuelven privativo su uso en hogares, comercios e industrias, en particular a PyMES. El industricidio en curso, es muestra clara de ello, a la fecha más de 21.000 empresas bajaron su persiana bajo la actual gestión, con un promedio de 30 cierres diarios en 26 meses (CEPA, 2026), que equivale a 397 despidos por día y 16 por hora.

La extranjerización del sector energético agrava aún más la situación, consolidando un camino de transformar al país en una economía de enclave al servicio de intereses extranjeros.

En este marco, se torna necesario dar un debate profundo y programático a lo largo y ancho del territorio nacional para decidir soberanamente el uso y destino de la explotación de los recursos energéticos, que hoy, bajo el manto del RIGI, se encuentran a merced de depredadores internos y externos.

[*] Nicolás Malinovsky es autor de Crítica de la energía política (2025). Doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), Ingeniero Electricista (UNRC), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), Diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), analista de Nodal. Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky.