El empresario de 39 años y marido de Jésica Cirio fue apresado hoy en el barrio “El Yatch” en Nordelta por estafa. La medida fue dispuesta por el fiscal Franco Picardi, quien también solicitó la detención de otros siete hombres, todos oficiales de la Policía de la Ciudad.   

El contexto de la detención es la investigación por estafas y deudas de Piccirillo, quien también fue fue acusado de haber utilizado sus contactos para “plantar” más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el auto de Francisco José Hauque, a quien le debía dinero, luego de haber compartido juntos una cena en Recoleta. 

De acuerdo con el sumario policial, el pasado 17 de enero el vehículo fue interceptado por efectivos de la brigada de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad. Debido a lo descubierto por la policía, Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida fueron detenidos. La investigación tomó un giro inesperado cuando el hombre denunció que la causa fue creada para perjudicarlo y que todo estaba vinculado a una deuda de seis millones de dólares que Piccirillo mantenía con su entorno.

Por este motivo también se libró  la orden de detención de los oficiales de la policía de la Ciudad, quienes serían cómplices de Piccirillo. El 18 de febrero se habían realizado allanamientos en lo domicilios de Piccirillo y Cirio en la casa de Nordelta donde hoy fue finalmente detenido y en departamento ubicado en la Avenida del Libertador, donde hallaron tres millones de dólares de los que Piccirillo no pudo determinar su procedencia. Si bien Cirio no ha sido requerida por la justicia, podría llegar a verse perjudicada debido a que los millones incautados se encontraban en una de las propiedades del matrimonio.

La causa está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11.

Con una “previa” llena de cruces políticos y especulaciones, distintos movimientos sociales, agrupaciones gremiales y políticas, y grupos piqueteros se concentrarán hoy, a partir de las 17, en la zona del Congreso para “acompañar los reclamos de los jubilados”.

        A diferencia de la marcha del miércoles 12, de la que participaron miles de integrantes de barras bravas de clubes de fútbol y donde hubo se produjeron disturbios casi desde el comienzo, esta manifestación puede ser más de “aparato político”. Incluso se montará un escenario donde, a las 17, se leerá un documento.

        Prometieron su presencia los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), entidades gremiales de la CGT y de la CTA, La Cámpora y varios grupos piqueteros, como el Frente de Lucha Piquetero.  

        En tanto, en Hipólito Yrigoyen y Solís se concentrará la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) para protestar por el accionar de Gendarmería que provocó graves heridas al fotógrafo Pablo Grillo la semana pasada.

        El Gobierno, en tanto, afirma que las fuerzas de seguridad intervendrán si se registran hechos de violencia. “Aquel que vaya a manifestarse pacíficamente y vea violencia, que se corra, porque las fuerzas de seguridad van a actuar”, advirtió anoche el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una entrevista con LN+.

        Por otra parte, el Gobierno ofrecerá una recompensa de $ 10 millones para aquellas personas que presenten datos que permitan identificar a quienes participaron de los incidentes en la marcha del miércoles 12. La Resolución 357/2025 establece como requisitos que los eventuales portantes de datos no deben haber intervenido en los hechos y que la información debe ser útil, precisa y concreta. 

El Gobierno de la Ciudad informó que “habrá 900 efectivos de la Policía porteña que estarán afectados al operativo por la Marcha al Congreso”. Además, según el comunicado, “el tránsito estará cortado desde las 9 en el perímetro comprendido entre Paraná y su continuación Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho y su continuación Sarandí, y Adolfo Alsina. Unos 600 agentes de tránsito estarán en las calles para ayudar con la circulación”.

Por otra parte, en una medida que marca la diferencia con la semana pasada, durante la noche, la Ciudad retiró 350 contenedores ubicado en el perímetro entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y la 9 de Julio; y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y la Plaza de Mayo. “El costo de la logística para retirar y volver a colocar los contenedores de residuos es de $ 66 millones”, agrega el comunicado.

La ausencia de contenedores dificultará su uso como barricada para quienes arrojan piedras a las fuerzas de seguridad y para encender fuego con el objeto de disipar los gases lacrimógenos.

Un efectivo de la policía federal asesinó a golpes a su pareja y luego se suicidó con su arma reglamentaria frente a su hija de cinco años. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en la localidad bonaerense de Villa Dominico, partido de Avellaneda.

De acuerdo a fuentes judiciales, en la madrugada del lunes, una vecina llamó al 911 luego de escuchar una detonación en la vivienda donde residía el agente de 36 año, Jairo Kevin Emanuel Choque-quien prestaba servicio en la División Motorizada de la PFA- junto a su pareja de 25 años y su hija. De inmediato, efectivos de la policía bonaerense arribaron al domicilio y encontraron a la víctima y al femicida junto a una pistola Bersa 9mm. Lo más estremecedor es que la niña de cinco años se encontraba junto a los cuerpos inertes de sus padres.  

Poco tiempo luego del hallazgo, arribó al lugar una ambulancia del SAME y, pasadas las 6.40 el médico de emergencias constató ambas muertes. 

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada, pero fuentes del caso indicaron que “se encontraba en posición fetal y no presentaba heridas de arma de fuego”. El médico informó que la causa de muerte fue debido a los golpes. El femicida tenía un orificio de entrada y salida en su cabeza, producto de un disparo autoinflingido.

En el caso interviene la Unidad Fiscal N 2 de Avellaneda, a cargo de la Dra. Laura Carballal , quien se presentó en la propiedad, la cual se encuentra resguardada para los peritajes correspondientes, mientras se aguarda el resultado preliminar de la autopsia. 

En la segunda semana del juicio por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, declararon los primeros tres testigos en la causa caratulada como “homicidio simple con dolo eventual“. Se trata de los policías que encontraron el cuerpo del ex futbolista y realizaron el acta de fallecimiento.

Declararon también Mendoza y Borge. Mendoza llegó primero al domicilio, tras confirmarse la muerte del futbolista. Poco después arribó Borge, jefe de la Estación de Policía Departamental de Tigre

El acta de procedimiento de la muerte de Diego Armando Maradona, indica que aquel 25 de noviembre de 2020 dentro de la casa ubicada en Tigre, se encontraban presentes el oficial principal Lucas Farías, el subcomisario Leonardo Mendoza y el comisario inspector Lucas Borge, como así también algunos de los acusados.

Farías fue quien tomó conocimiento a las 13.20 de aquel día del estado de salud de Maradona. De acuerdo al testimonio, al ingresar a la vivienda se encontró con Julio Coria, integrante del staff de seguridad del futbolista, quien le advirtió que Maradona “estaba mal”.

Allí también se encontraba  presente la psiquiatra Agustina Cosachov y la enfermera Dahiana Madrid, ambas acusadas en la causa. Madrid no se encuentra entre los siete imputados en este proceso, sino que ella optó por un juicio por jurados, que se desarrollara en unos meses. 

Ante la gravedad de la escena, se solicitó ayuda a un vecino que es médico, quien dio aviso al servicio de emergencias, que constató el fallecimiento de Maradona.

“En la fecha dejo constancia del fallecimiento del señor Diego Armando Maradona”, dice el acta médica.

También declararon Mendoza y Borge. Mendoza fue el primero en llegar al domicilio tras confirmarse la muerte del futbolista, seguido por Borge, jefe de la Estación de Policía Departamental de Tigre.

Borge es comisario mayor y titular de la Superintendencia de Seguridad de la Región AMBA Norte 1. Al momento del hecho, era comisario inspector y estaba a cargo de la Estación Departamental de Policía de Tigre. Mendoza se desempeña como comisario y Farías, como subcomisario, y cuando ocurrió la muerte de Maradona cumplía funciones como principal.

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los dos imputados más complicados en el proceso judicial, decidieron no asistir más a las audiencias a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus letrados, quienes adelantaron que sólo se presentarán el día de los alegatos de cierre o en caso de que alguno de ellos decidiera declarar. 

El motivo principal por el que se ausentarán Luque y Cosachov, será para “retomar la rutina”. Según explicaron sus abogados, el proceso judicial será largo y los imputados no pueden desatender sus responsabilidades diarias: ambos siguen atendiendo pacientes y “no van a pausar sus agendas hasta mitad de año”, cuando se estima que finalizará el juicio.

La decisión se enmarca dentro de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después de la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas el jueves. Sin embargo, están obligados a  estar presentes para los lineamientos finales y la lectura del veredicto, que definirá si son o no culpables de la muerte de Maradona. 

Al imputado Luque se lo vio  incómodo  desde el comienzo del proceso y no esperó  ni a que terminara la segunda audiencia para irse: este jueves aprovechó un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y decidió irse. Así también se comportó la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.

No ocurrió lo mismo con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se quedó hasta el final. Igualmente, su abogado Vadim Mischanchuk afirmó que su defendida no volverá a presentarse en los tribunales de San Isidro, excepto que él considere necesaria su presencia ante algún testigo o que decida declarar.

Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y sólo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.

Solamente  dos imputados  confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.

El otro es el médico clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.

A propósito del Dr. Di Spagna, declaró que “le cagaron la vida”. En el debate, Di Spagna se distingue de los demás por dos cuestiones. La primera es que se mantiene cabizbajo y se muestra desinteresado durante los cruces entre la querella y la defensa. La segunda, es que es el único que no cuenta con un abogado particular: tiene una defensora oficial, María Julia Marcelli, quien remarca que su defendido solo “cayó en la volteada”. El médico clínico explicó cómo tuvo que reacomodar su vida a partir de que su nombre comenzara a sonar entre los presuntos culpables del fallecimiento del ex jugador de fútbol.

Por suerte, agradece, el Club Atlético Huracán confía en él y lo mantiene como parte del cuerpo médico del plantel profesional.

Di Spagna lamenta que todos los imputados estén “en la misma bolsa”, y que su intervención en el caso de Maradona no se separe de la que tuvo el resto. Según su versión, él solo vio a Maradona una vez, el 11 de noviembre de 2020, cuando lo llamaron para una interconsulta durante la internación domiciliaria en Tigre.

Según indicaron fuentes con acceso a la causa, en esa oportunidad el médico revisó a Maradona porque estaba con vómitos. Había comido camarones con brócoli a la provenzal, por lo que el consejo fue que cambiara su dieta. El acto de vomitar le podía hacer aumentar la presión intercraneal, señaló.

A la semana -el día 18- Di Spagna volvió a la casa del barrio San Andrés junto a un nutricionista, pero no llegó a ver a Diego porque Maradona no quiso. A pesar de que lo intentó no se pudo imponer ante la resistencia del paciente. Incluso, una de hijas de Maradona presente ese día trató de convencer a su padre de atenderse y, tras no lograrlo, finalmente le pidió al médico que se retirara del lugar.

Un procedimiento del cual participaron tropas del GAD (Grupo de Apoyo Departamental) y el GTO (Grupo Táctico Operativo) concluyó con la detención de tres mujeres en la periferia de los monoblocks de El Palomar por parte de la policía bonaerense. 

La Comisaría 6° de Morón de la Policía Bonaerense arrestó a tres mujeres por el delito de narcomenudeo, en una causa a cargo de la UFI N°9 de la jurisdicción.  

Las sospechosas fueron identificadas como Rosana Mabel Rojas, de 41 años, Sheraldyne Nicole Vivas, de 20 y Mariela Jorgelina Fernández, de 34. Rojas es beneficiaria de planes sociales; Fernández, oriunda de Villa Constitución, Santa Fe, figura como empleada en blanco de una empresa de maquinarias de su ciudad.

Las tres mujeres fueron arrestadas por supuestamente controlar el negocio de venta de drogas de los monoblocks de El Palomar, área conocida como “La Carlos Gardel” (de allí proviene su apodo “Las Dueñas de la Carlos Gardel”, ya que eran quienes controlaban ese territorio) para la venta de estupefacientes.  Fueron fueron allanadas en casas a tres cuadras del lugar. Vivas y Fernández vivían juntas. Les encontraron cocaína y tusi fraccionadas en bolsitas, así como una pistola Bersa Thunder 9 milímetros. Rojas cayó con cogollos de marihuana, pasta base, una libreta de anotaciones y un viejo revolver Pasper calibre 32 largo con la numeración limada. Los procedimientos fueron convalidados por el Juzgado de Garantías N°5, que supervisa el expediente, donde participaron tropas de choque del GAD y el GTO dada la complejidad de la zona y la posibilidad de un conflicto.

Las filmaciones encubiertas fueron clave para la causa. Mariela se encargaría del reparto, custodiada por varios "soldados" (sujetos que  forman parte del personal más bajo en la jerarquía criminal y ejecutan órdenes directas) que fueron filmados y fotografiados con pistolas al cinto, de acuerdo al testimonio de uno de los detectives que trabajó en el operativo. Vivas, alias “La Gorda Toti”, se encargaría del acopio. 

*Las tropas GAD y GTO son unidades especializadas dentro de las fuerzas de seguridad en Argentina.

GAD (Grupo de Apoyo Departamental): Son unidades de la policía que se encargan de brindar apoyo en situaciones de alta complejidad, como operativos antidrogas, allanamientos, y control de disturbios. Su función principal es asistir a las comisarías y otras unidades policiales en tareas que requieren una mayor capacidad operativa y equipamiento especializado

GTO (Grupo Táctico Operativo): Son unidades tácticas de la policía que se especializan en operaciones de alto riesgo, como rescates de rehenes, intervenciones en situaciones de crisis, y enfrentamientos con delincuentes armados. Los GTO están entrenados para actuar en situaciones extremas y suelen contar con equipamiento avanzado y técnicas de intervención específicas

El grupo estaba formado por ocho personas mayores de edad. Fueron apresados en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La banda de dealers operaba en una finca situada en calle Perú al 2000, casi en el cruce con General Conesa. El lugar fue requisado por los servidores públicos de la comisaría 4ª del distrito, con las directivas de la Unidad Funcional Temática de Drogas de la jurisdicción. Todos quedaron detenidos. 

Un grupo de vendedores de cocaína formado por seis hombres de 22, 32, 20, 29, 30 y 36 años  y dos mujeres (de las que no trascendieron sus edades) fueron apresados luego de una investigación que inició el 25 de enero del corriente año, en una operación con vigilancia encubierta que culminó en el allanamiento en la finca donde operaban. 

En la vivienda, secuestraron 152 dosis de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes, varios recortes de bolsas que los narcotraficantes utilizaban para armar las dosis, una balanza de precisión, una importante suma de dinero, aparatos de telefonía celular, municiones y un rifle reformado, que los delincuentes  usaban para amedrentar a los habitantes del barrio.

El Gobierno anunció por medio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se analizará el accionar de a la jueza Karina Andrade y será denunciada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que la medida se basa en un “posible incumplimiento de sus funciones”. La magistrada argumentó que la policía suministró información imprecisa sobre las detenciones.

Esta mañana el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, anunció mediante un posteo en la red social X que la Jueza Karina Andrade será denunciada ante el Consejo de la Magistratura de CABA, quien este miércoles ordenó la liberación de los detenidos por los incidentes ocurridos ayer en la marcha de los barras bravas en el Congreso. “Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”, escribió el ministro en un posteo en su cuenta oficial. Y agregó: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”. 

La controvertida medida permitió la liberación de 114 detenidos en la marcha de los barras bravas. De ellos, 94 habían sido arrestados, en su mayoría, por la Policía porteña bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad.

La decisión generó el enojo del gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró esta mañana: “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada” ya que, de hecho, abundan imágenes en donde se puede ver a manifestantes quemar patrulleros, romper contenedores de basura y arrojar piedras contra la Policía.

“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a los hechos del Congreso de la Nación. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en flagrancia, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle", sostuvo la magistrada a cargo  del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.

En su fallo de este jueves, la magistrada expresó que, a medida que recibía información sobre las detenciones, la misma “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, sostuvo.

La resolución señala que el delito que más informó la policía fue el de atentado y resistencia a la autoridad. Y que no hubo detenidos por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.

Andrade detalló en su resolución la situación de los detenidos y presuntas irregularidades en los sumarios que entregaron las fuerzas de seguridad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como las federales que intervinieron en el Congreso.

Andrade recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 en el que hizo referencia a las libertades de las personas. “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente", explicó la jueza.

Asimismo, señaló que no solo fue deficiente la información que aportó la Policía sino que también fue tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, expresó.

La resolución también destaca que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”. “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”, agregó.

La habitual movilización que realizan los jubilados todos los miércoles fue opacada por parte de barras bravas, grupos de izquierda y agrupaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei, con la clara intención de generar caos y violencia.

La tensión se palpaba desde varias cuadras antes de arribar a la zona de la convocatoria. Los ruidos de disparos, sirenas, gritos y el humo de objetos incendiados presagiaban lo que se viviría al llegar. Uno de los puntos donde se registraron los momentos más críticos fue en la esquina de las avenidas Corrientes y Callao. Allí, manifestantes insultaban a las fuerzas de seguridad, mientras arrojaban cascotes de las baldosas que rompían para poder atacarlos.

Lejos de la consigna principal, que era acompañar a los jubilados en su reclamo semanal, había carteles que nombraban cuestiones relacionadas al aborto, a la OMS, al FMI. Se veían personas que flameaban la bandera de Palestina, pero pocos portaban la de Argentina.

Había jubilados, no muchos, ya que la mayoría—al sentirse usados para un fin ajeno a sus necesidades y sabiendo el riesgo que corrían al permanecer en las inmediaciones—prefirió retirarse o resguardarse en los pocos negocios que permanecían abiertos, aunque con las persianas bajas.

Newstad logró captar el momento en el que una señora agredía a un hombre venezolano, que le dijo una frase de apoyo a la policía; las palabras textuales de la mujer fueron: “¡Venezolano de mierda!”, mientras lo provocaba: “Andá, Maduro te tendría que haber matado, hijo de puta”.

Ese era el clima que se vivía: intolerancia, resentimiento, odio y, para que no falten elementos, xenofobia.

La mayoría de las personas que se veían llevaban el rostro cubierto, con palos y lanzando de regreso las latas de gases lacrimógenos que arrojaba la policía para dispersar a los violentos.

Probablemente haya sido el operativo que contó con la mayor cantidad de fuerzas de seguridad en la historia reciente. De hecho, gracias a este despliegue y la colaboración conjunta, pudo mantenerse un relativo control sobre la situación, que podría haber terminado de la peor manera.

La furia llegó hasta la Casa Rosada, donde individuos le arrojaban las piedras que recordaban a los muertos en pandemia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en X: “Atentaron contra la Casa Rosada utilizando las piedras que recordaban a los fallecidos por la pandemia. Los violentos no tienen el más mínimo respeto por nada”.

El posteo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no se hizo esperar:

“La represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste. Lo de hoy es un atentado contra los derechos esenciales de la democracia. Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario”.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió a los hechos que ocurrieron durante la jornada:

“Los violentos detenidos hoy muestran lo peor de la decadencia que estamos dejando en el pasado. Detuvimos un centenar de violentos piquetes, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son integrantes de organizaciones criminales que operan con total impunidad desde hace años. Con la nueva Ley Antimafia, los más de 100 detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión, la extorsión y el negocio del miedo. Vamos a desmantelar estas estructuras delictivas. En Argentina manda la ley, no los barras, ni la izquierda”.

La ministra, en una entrevista posterior, declaró:

“Lo de hoy es de una gravedad inigualable. Muchas de las personas que vinieron a esta marcha—barras, agrupaciones de izquierda, miembros de agrupaciones kirchneristas, distinta gente que se nuclea políticamente para voltear al gobierno—vinieron preparados para matar”, aseguró.

Además, aseveró que las fuerzas de seguridad que participaron del operativo para blindar el Congreso hallaron registros que indicaban que los desmanes se habían planeado con anterioridad.

“Nosotros secuestramos armas de fuego, armas blancas, todo tipo de miguelitos para pinchar las gomas de los patrulleros y motos”, relató.

A propósito, Newstad fue testigo del momento en el que sobrevolaba un helicóptero sobre el Congreso de la Nación, y un individuo gritó “¡Bajá, Bullrich!, bajá, borracha!”. Todo era agresión, contra todos y contra todo.

Durante el operativo, las Fuerzas Federales detuvieron a 21 hombres y 4 mujeres, mientras que la Policía de la Ciudad aprehendió a 73 hombres y 26 mujeres, dice el comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad en X.

Como resultado de los incidentes, 26 efectivos de las Fuerzas de Seguridad y de la Policía de la Ciudad resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales Churruca y Argerich. Uno de ellos fue sometido a cirugía tras sufrir una herida de arma de fuego, indica.

Y finaliza: “En cuanto a los manifestantes, el SAME informó que hubo 20 heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía, incluyendo a uno en grave estado”.

También fueron heridos 17 policías, uno de ellos recibió un disparo de un arma de fuego.

Definitivamente, en esta oportunidad, los manifestantes no fueron a apoyar a los jubilados. La intención quedó al descubierto: desestabilización y caos.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dio inicio al ciclo lectivo de los cadetes de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el instituto de Seguridad Pública, en Villa Soldati, donde le dio la bienvenida a los cadetes que comienzan su formación y presentó al nuevo ministro de Seguridad, Horacio Giménez. Sin embargo, la mayor  parte de su discurso fue dirigido directamente a la ministra Bullrich, a quien le atribuyó la responsabilidad por la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad. 

Al iniciar su alocución, Macri le agradeció y felicitó al ministro saliente Waldo Wolff  y aseveró::“Ha cumplido una tarea excepcional en estos 15 meses logrando la inmensa mayoría de baja de delitos en la ciudad de Buenos Aires".

Al hablarles a los cadetes  afirmó:  “Queremos más policías patrullando las calles y queremos su presencia en cada rincón de la ciudad, que es donde tienen que estar nuestros policías. Los 27.000 que ya tenemos más cada uno que se prepara para eso: tienen que estar cuidando a los porteños, no a los presos.”

Luego hizo referencia a las críticas por las fugas de los presos y aseveró: "Nadie, absolutamente nadie, puede garantizar que los presos no se escapen mientras estén en un lugar incorrecto. No podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos".

“No se soluciona con un cambio de ministro, es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, y Bullrich no lo desconoce" advirtió. 

Se refirió, también, a  lo alegado por la ministra de Nación hace pocos días, cuando  afirmó que todas las provincias tienen su sistema penitenciario, pero Macri aclaró: “también  es cierto que todas las provincias tienen ya su sistema judicial y nosotros no, y usted lo sabe bien. Volvemos a pedir la colaboración y el trabajo en equipo para armar un plan, con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión  federal y los policías cumpliendo funciones donde corresponde, en las calles de la ciudad de Buenos Aires”

En el mismo sentido, Macri reiteró que el problema de presos en la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y  remarcó: “las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”.  

Luego, el funcionario porteño se dirigió directamente a la ministra de  Seguridad de la Nación, afirmándole que están para ayudar y para hacer un último esfuerzo con ella “desde la voluntad y la verdad “ y le espetó a que priorice “el interés general por encima del partidario”.

Finalmente advirtió: "La ciudad de Buenos  Aires no puede esperar más y no vamos a esperar más." 

De 71 años, el comisario general retirado de la Policía Federal fue designado por Jorge Macri para reemplazar a Waldo Wolff.

En la Policía Federal se formó en la Escuela de Cadetes Ramón L. Falcón y se retiró en diciembre de 2010. También fue director general de Seguridad Interior y jefe del Departamento de Seguridad de Organismos Nacionales.

Afirman que cuenta con una extensa trayectoria en la gestión y dirección de políticas de seguridad.

Durante su carrera profesional llegó a ser comisario general de la Policía Federal y superintendente coordinador en la Policía de la Ciudad.

Giménez fue el último jefe de la Policía Metropolitana desde  el 14 de diciembre de 2011, designado por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en reemplazo de Eugenio Burzaco, quien dejaba su cargo para dedicarse al "armado nacional del Pro". Aseguran, de hecho, que la sugerencia de nombrarlo para reemplazar a Wolff habría sido del propio Mauricio.

Al asumir el cargo en 2011, Giménez aseguró que garantizaría los derechos humanos y trabajaría para mantener la confianza de los ciudadanos.

Su gestión estuvo marcada por su alineamiento con Mauricio Macri y también por su participación en hechos polémicos, como la represión en el Hospital Borda en 2013. En ese episodio, al menos 50 trabajadores y pacientes resultaron heridos, lo que derivó en un procesamiento judicial contra Giménez y otros funcionarios, incluido Mauricio Macri. En 2016, fue sobreseído, aunque la causa llegó hasta la Corte Suprema.

En medio de la disputa por el traslado de los presos de las comisarías y alcaldías porteñas a establecimientos del SPF (y con dos fallos que la ministra Bullrich se niega a acatar), la tensión aumentó luego de que el ministro de Seguridad Waldo Wolff se presentara en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para informar y responder preguntas sobre la situación crítica por la superpobablación de presos en alcaldías y comisarías porteñas. En dicha alocución, Wolff aportó datos y cifras actuales y registradas que avalan el pedido urgente para que Nación se haga cargo de los presos que le corresponden. 

Pero todo cambió con la intervención de la legisladora Pilar Ramirez, perteneciente a LLA y representante de Karina Milei en la Ciudad. Sin disimulo, Ramírez reveló en redes sociales la cantidad de custodios que tiene el ministro Wolff, información que no es de carácter público y que podría haber sido filtrado desde la AFI (SIDE) que secunda Diego Kravetz. Lo que sospechan desde el entorno de Wolff es que se estarían realizando tareas de espionaje dentro del ministerio de Seguridad. Pero no terminó en ese escándalo ya que, luego de que Wolff denunciara la situación y advirtiera que dicha información lo ponía en riesgo tanto a él como a su familia, la legisladora Ramírez redobló la apuesta en la red social X respondiendo a un posteo de la periodista Romina Manguel donde alertaba sobre la situación. 

Con una serie de agravios, no la camporista convertida en libertaria arrobó al ministro Wolff y escribió, entre otras cosas: “Te lo voy a seguir preguntando: ¿Por qué tenés más de 40 custodios mientras los presos hacen turismo por la Ciudad? 40 policías, un ejército de móviles… Ni Milei, ni Macron ni Trump, ni Jorge Macri tienen semejante circo de seguridad, Pero Claro, según vos, te persiguen Hamás, Maduro y Hezbolá (…) Este guión de espías truchos me hace reír” y continuó agregando la desgastada frase de que no esta preparado para el cargo, para finalizar: "Seguí con la película, pero no la financies con nuestra plata".

Lo llamativo es que la legisladora Ramírez omitió por completo cómo había adquirido información de carácter privilegiado, en un movimiento que, en vez de  favorecerla,  la expuso aún más. 

Encabezó el armado del Frente para la Victoria (FPV), bajo la sombra de Néstor Kirchner, fuerza política a la que perteneció hasta el año 2009.

 Durante el año 2007, de cara a las elecciones locales, fue convocado para ocupar el segundo puesto de la lista de legisladores de la Ciudad, detrás de Ginés González García y militó al lado de Alberto Fernández.

En 2011, fue candidato a vicejefe de Gobierno porteño en fórmula con Jorge Telerman.

Luego de un breve paso por el massismo, en el 2015 se pasó a Cambiemos. Desde el 2017 asumió la Jefatura de Gabinete y el área de Seguridad del Municipio de Lanús. 

En las elecciones 2023 fue candidato a intendente de Juntos por el Cambio y perdió las elecciones ante Julián Álvarez, de Unión por la Patria. A partir de diciembre de ese año fue designado viceministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En diciembre de 2024 fue nombrado por el gobierno de Javier Milei como segundo de Sergio Neiffert en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

María del Pilar Ramírez sólo se reconoce a sí misma como dirigente política desde que empezó la campaña electoral que la depositó en la Legislatura porteña en las filas de La Libertad Avanza, en diciembre pasado.

Ramirez afirma que su militancia se inició dos años antes, en 2021, cuando conoció personalmente a Javier Milei y, sobre todo, creó un fuerte lazo con  su hermana, Karina: fueron a comer a su casa invitados por su marido, Darío Wasserman, un hombre de múltiples contactos empresariales, sindicales y políticos.

No obstante, su curriculum la delata, ya que trabajó para todos los peronismos y desempeñó tareas en ministerios, empresas y organismos controlados por el kirchnerismo originario, el sciolismo, La Cámpora y el albertismo. 

Entre los díscolos de LLA, que no se reconocen como tales, sino como fieles a Javier Milei, deslizan pestes sobre Ramírez, aunque en privado, pues no es a ella a quien le temen…

A raíz de la fuga de seis presos de la Alcaidía de Caballito, la Ministra de Seguridad de La Nación Patricia Bullrich publicó un virulento mensaje en la red social X  cargado de chicanas hacia su homólogo porteño, Waldo Wolf. A pesar del  ataque de Bullrich, el Ministro Wolf respondió de manera contundente pero con altura y sin la violencia que utilizó la Ministra. Con datos precisos y expresando que estaba mintiendo, y lo sabía, dejó en claro las intenciones de Bullrich y demostró ser firme sin ser agresivo, y recordándole que es necesario que sigan trabajando para resolver el problema y “no chicanear corriendo el arco”.  Por otro lado, se debe tener en cuenta que las Alcaidías policiales son centros de detención temporaria para personas demoradas o esperando el traslado a una cárcel. Bullrich, en una parte del mensaje, le recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo para el traslado de presos a las cárceles de Buenos Aires. No se niega que el acuerdo exista. Lo que Bullrich no dice es que directamente llenó los centros penitenciarios de la Ciudad de Buenos Aires enviando presos a mansalva y desligándose de la compleja situación.  

Como el ataque era innecesario y en un contexto grave que perjudica a todos, Newstad le consultó al Diputado y candidato a Legislador porteño Yamil Santoro qué opinión tenía sobre el conflicto y cuál sería la motivación de la Ministra Bullrich para enviar un mensaje tan desmedido y sin un conflicto específico previo a la fuga de los presos.  

El Diputado Santoro fue claro y preciso, cuando se le preguntó si la intención de Bullrich podría ser una maniobra para dejar mal parado a Wolf, respondió que no creía que ese fuera el motivo, pero agregó:" Si creo, en cambio, que tenemos un 95% de presos que no deberían estar en cárceles porteñas y que, si tu sistema no tiene previsto tener  esa población carcelaria, es lógico que empiece a colapsar, y el colapso se traduce en fugas y malas condiciones para los reos."  Entonces, ¿Cuál sería el motivo que desencadenó el ataque al Ministro Wolf?. Santoro fue directo en su opinión  y expresó: "Claramente Patricia está haciendo campaña y, en lugar de hacerse responsable de los presos que se fugan y que, en parte - de manera directa o indirecta - tienen responsabilidad en lo que Nación no hace, tira el fardo a la Ciudad, y sin perjuicio de que, justamente, se está tratando de llegar a un acuerdo para regularizar esa situación" y concluyó que, a su parecer, “el punto de partida es injusto o, al menos, equivocado”. 

Es año electoral, y a veces olvidamos que muchos políticos, siguen utilizando el juego sucio para sumar votos. Muchas veces sin la intención directa de atacar al otro, sino buscando una ventaja personal para posicionarse mejor de cara a las elecciones. 

     El final de 2024 presagiaba lo que ocurriría durante el comienzo de este año. La mecha de la indignación social se encendió con el crimen de Camila Elena Rocha (24) en Ingeniero Budge, cuando dos delincuentes le dispararon en el pecho mientras intentaban robarle la riñonera, y aumentó con el homicidio a puñaladas de Lucas Aguilar (20) en Moreno, un repartidor asesinado tras defender a un vendedor ambulante. 

     Pero este fin de semana la ira de toda la sociedad explotó con el asesinato de dos adolescentes en Florencio Varela. Los jóvenes eran buscados intensamente desde el 30 de enero, cuyos cuerpos sin vida aparecieron en un descampado.

     El desgarrador hecho comenzó el 30 de enero, cuando Josué Salvatierra, de 14 años y su amiga y novia desde hacia unos meses, Paloma Gallardo, de 16,  salieron de sus casas avisándoles a sus padres que irían al gimnasio juntos. Al llegar la noche y  preocupados cuando notaron que los adolescentes no habían vuelto a sus casas, los padres de las víctimas  denunciaron la desaparición de los menores  La búsqueda que inició con los padres de los jóvenes concluyó ayer, cuando los hallaron muertos en un descampado cerca del puente de Bosques, que se encuentra cerca de las casas de las víctimas y a siete cuadras del gimnasio a donde supuestamente se dirigían. Todo indica que el doble crimen fue en ocasión de robo, ya que ni Paloma ni Josué tenían sus celulares y sus mochilas entre sus pertenencias. 

     Lo más escalofriante es el modo que utilizaron el o los delincuentes para asesinarlos: Fueron golpeados de forma brutal y  repetidamente con un objeto contundete en la cabeza. En la escena del crimen, los peritos notaron la presencia de “una piedra tipo asfáltica bastante pesada, manchada con sangre“.  

     Los padres de Paloma, Alicia Pita y Oscar Gallardo re refirieron  sobre el crimen durante un streaming donde la madre declaró que  los adolescentes “fueron víctimas de la delincuencia inmunda” y añadió: “Le arrebataron la vida injustamente a dos jovencitos que tenían toda la vida por delante”. Concluyó, notablemente quebrada: “Estamos atravesando por el valle de sombra y de muerte, inesperadamente. Jamás pensamos que íbamos a pasar por una situación como esta”. 

     Entre tanto, las teorías e hipótesis que se barajan son variadas, algunos dicen que el destino real era el lugar donde finalmente los encontraron y que solían frecuentar, pero que a sus padres les habrían dado la excusa de que irían al gimnasio para poder pasar tiempo a solas. Poco importan estas conjeturas. Paloma y Josué fueron salvajemente asesinados por, lo que se sospecha hasta el momento, al menos dos delincuentes despiadados. 

     Ayer, Patricia Bulrich cruzó ferozmente al gobernador Kicillof en  la red X y disparó: “Kicillof, concentrate. Los jóvenes de la Provincia sufren el abandono y vos te enfrascas en luchas ideológicas mientras ellos siguen padeciendo (…) Ayer saliste a la calle a defender “derechos“ mientras los derechos más básicos, como el derecho a la vida, están a la deriva en la provincia. Paloma y Josué fueron encontrados muertos este sábado, a la misma hora en que vos estabas en las calles porteñas  protestando contra el gobierno. Tantas vidas sacrificadas a tu desidia. Con nosotros, el que las hace, las paga. Sea delincuente o gobernador.“ Kicillof, por su parte, se mantuvo en silencio y no brindó ningún tipo de comentario sobre el atroz crimen ni tampoco, en un gesto que al menos disfrazaría un atisbo de humanidad, les dio el pésame a los padres de los adolescentes muertos.