América Latina, el continente más desigual del mundo y el más peligroso para las mujeres, ha dado el primer paso hacia la abolición de la explotación reproductiva: dimensionar el inminente peligro que acecha a la región. A tal fin se reunieron destacados expertos en derecho, bioética, salud, filosofía y comunicaciones así como legisladores y defensores de derechos humanos provenientes de Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Francia y España para celebrar en Lima la III Conferencia de Casablanca los días 4 y 5 de junio. Casablanca es la mayor organización internacional que trabaja para la prohibición internacional de la maternidad subrogada en todas sus formas. La agrupación nació en el año 2023 bajo la dirección ejecutiva del jurista Bernard García Larraín, cuando tuvo lugar su primera Conferencia en la ciudad homónima (Marruecos, 2023). Fruto de esa reunión es la Declaración internacional por la abolición de la maternidad subrogada, que contó con la firma de más de 100 expertos de 75 nacionalidades. La segunda Conferencia tuvo lugar en Roma (Italia, 2024), donde sus promotores fueron recibidos por el Papa Francisco.

La elección de Lima como sede de la III Conferencia internacional responde al exponencial crecimiento de esta práctica en América Latina, nuevo epicentro del turismo reproductivo global. Varios factores geopolíticos han convertido a América Latina en un foco de explotación reproductiva. Entre ellos, ser el continente más desigual, violento y peligroso para las mujeres, la mitad de las cuales viven en condiciones de pobreza. La debilidad institucional, la inseguridad jurídica y la corrupción endémica contribuyen a hacer de la región un enorme yacimiento de materia prima reproductiva. A esto se suma el bajo costo comparativo de dicha práctica que en países como Estados Unidos o Canadá supera los 100.000 dólares, mientras que por ejemplo en Argentina oscila entre 20.000 y 50.000. Hablamos de un mercado global de mujeres y niños que según un estudio de Global Market Insights alcanzará en 2032 los 129 mil millones de dólares. América Latina ofrece grandes posibilidades de expansión comercial.

A diferencia de Europa, donde la mayoría de países han impuesto a la subrogación prohibiciones cada vez más estrictas, en América Latina esta práctica se mantiene en gran medida sin control. Si bien en la mayor parte de la región el alquiler materno es ilegal porque la filiación se establece por parto, sin embargo la presión del lobby internacional ha favorecido un enfoque tolerante y permisivo de la explotación de mujeres pobres, y la producción y venta de niños. Igualmente ilegal es el contrato sobre órganos o funciones reproductivas, la patrimonialización del cuerpo o la compra-venta de biomateriales. A fin de desmentir esta ostensible ilegalidad, las narrativas culturales pro-subrogación instalaron la falsa idea de una donación altruísta de materiales, órganos y funciones reproductivas, que en virtud de su generosidad harían posible el imperativo deseo de ser padres, como si los sentimientos privados de algunos justificaran violar derechos fundamentales. 

Reunidos por Casablanca, los expertos latinoamericanos coincidieron en que se trata de un mercado global de tráfico de personas que debe ser abolido. Desde las ciencias biológicas, explicaron la existencia de apego intrauterino y diálogo celular entre la madre y el hijo. Los vínculos de apego e intercambio generados durante el embarazo son una respuesta biológica y psicológica tendiente a la supervivencia y seguridad emocional de la cría, que ningún contrato oneroso puede borrar. La separación planificada de la madre los arranca e impone una traumática disociación y fragmentación biopsicosocial. Se entiende entonces que los contratos de subrogación adviertan a la madre sobre la necesidad de no generar vínculos afectivos, e incluyan terapias psicológicas de desapego y disociación. 

Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas de Argentina, conectó la subrogación con la trata de mujeres y explicó el estado de situación en Argentina, donde a partir de diciembre de 2023 una serie de sucesos policiales revelaron numerosas redes de trata reproductiva activas en el país. Desde entonces hasta la fecha, la justicia argentina ha abierto 4 causas que involucran a unos 67 sujetos –reclutadores, abogados, escribanos, clínicas y demás gestores e intermediarios– actualmente bajo investigación por presunta reducción a la servidumbre de decenas de mujeres y producción de bebés para la venta. El gobierno argentino trabaja actualmente junto con la Protex –la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas–, otras fiscalías, Migraciones y Cancillería para esclarecer estos casos y desalentar además la demanda transnacional de compra-venta en vientres argentinos.

El jurista Jorge Cardona Llorens (España), ex-miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, dejó en claro que no existe el derecho al hijo propio, que contenga la misma información genética o la de terceros seleccionados por catálogo. El interés superior del niño exige conocer su origen y ser criado por sus padres, no por quienes los han adquirido como objetos de contrato oneroso, selección eu-genética y fabricación comercial. Olivia Maurel (Francia), portavoz de la Declaración de Casablanca, cerró la Conferencia con su testimonio como niña nacida por maternidad subrogada. Su primer libro “Where are you Mommy?” –que pronto estará disponible en español– reflexiona sobre su historia de desapego, arrancada de su madre y entregada a los comitentes. 

Los lobistas de la subrogación aseguran que es necesario legalizarla para evitar excesos y proteger a los más débiles. Los firmantes, expertos y partidarios de Casablanca sostienen que ninguna legalización haría aceptable una práctica de suyo indigna e inhumana. Ni las mujeres son recursos reproductivos de terceros, ni los hijos son objeto de contrato y cadena de producción. Casablanca dió el primer paso, el decisivo. Ahora es nuestro turno de exigirle al Estado el reconocimiento de la persona humana como fin per se e impedir que los más débiles sean dejados al arbitrio de los deseos e intereses privados de los más poderosos. Del nacimiento materno depende seguir siendo humanos. 

Carta abierta al Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la NaciónLic. Darío Genua

De mi mayor consideración,

Se dirige a Ud. María José Binetti, investigadora del CONICET en el área de filosofía contemporánea, cuya carrera ha sido cancelada por criticar a la ideología woke. El CONICET me atribuye una posición teórica “anti-género” y “transexcluyente” que “impugna” los derechos humanos de las minorías género-disidentes y resulta gravemente “reprochable”. Según el Consejo, mi línea de investigación ha tramado una “teoría conspirativa” contra el colectivo LGBTIQ a fin de descalificar a los sectores oprimidos por su identidad y expresión de género. Asegura además que represento un peligro para la supervivencia de las identidades travesti-trans y que el Estado debería revisar el financiamiento de mi investigación, producto de mi lugar de “privilegio epistémico”. 

¿Cuál es en concreto mi posición teórica? Que los sexos son dos y no deben ser confundidos con identificaciones subjetivas basadas en estereotipos de géneros. A criterio del CONICET, tal afirmación es causal de delito. Me deja el silencio como opción, el mismo que se le impuso a la sociedad. Resulta entonces que el Organismo Nacional que debería garantizar la libertad de pensamiento y abonar la racionalidad de una comunidad abierta y respetuosa de la disidencia, ha decidido deslegitimar el debate y censurar los argumentos que alimentan la vida democrática. El establishment woke del CONICET garantiza hoy un discurso único, hegemónico y cancelatorio. 

Tal contexto laboral me da la oportunidad de expresarle mi frustración, compartida por muchos investigadores, ante un Consejo Nacional de Investigaciones convertido en un aparato de propaganda partidario. Estamos presos en una corporación prebendaria, superpoblada de sociólogos militantes e ideólogos posverdad que ni siquiera creen en la posibilidad del conocimiento verdadero. 

Desde mi área de investigación, he visto a los cientistas sociales falsificar la legislación argentina a fin de institucionalizar el wokismo. Todavía recuerdo mi sorpresa cuando comprobé que el “Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia” –asesorado por las primeras líneas woke del CONICET– violentaba la norma constitucional para inventar inexistentes obligaciones con todos los géneros identitarios. Esa falsificación legal permitió privilegiar temáticas y asignar recursos relativos a las identidades anales, sado o porno. También explica la firma de convenios con organizaciones proxenetas promotoras del “trabajo sexual”. He visto a los cientistas woke degradar los recursos públicos y la investigación científica en un relevamiento nacional de autopercepciones imaginarias. Lo vi crear redes, consultorías o servicios de cooperación inter-institucional a fin de promover “políticas públicas inclusivas”. Sin embargo, cuando en el 2019 denuncié persecución ideológica y solicité la intervención del CONICET, ninguna red respondió.

El dictámen sobre mi imputado negacionismo de los derechos humanos me permitió constatar los resortes por los cuales un Directorio militante –ese aparato de propaganda kirchnerista y massista que resiste un gobierno al que juzgan  "antidemocrático y empobrecedor”– pone a dedo a los evaluadores que deciden becas, ingresos, promociones y proyectos, siempre pensando en los kioscos propios y amigos, claro. Los cuentapropistas del cientismo argentino se han abroquelado en defensa de sus propios intereses, en virtud de los cuales ponen o sacan al arbitrio las reglas de juego. 

Usted dirá que soy parte de ese sistema, yo le diría que estoy atrapada en un monopolio corporativo aplanador, donde para sobresalir hay que saber trenzar. La buena noticia es que somos muchos los investigadores y ciudadanos hartos de vivir en el cepo ideológico trabado por facciones cartelizadas a fin de perpetuarse en el poder. 

Los argentinos nos merecemos un CONICET transparente, auditado, que democratice los mecanismos de designación de los evaluadores y recupere el sentido del mérito. Un CONICET que constituya un sector estratégico transversal de innovación y desarrollo, para lo cual es necesario desburocratizar la vinculación con el sector industrial, ganar en competitividad y autofinanciamiento. Queremos un CONICET desideologizado y despartidizado, que le devuelva multiplicado a la sociedad lo que ésta le dio. 

Desde la filosofía tenemos para ofrecer nuestra reflexión sobre el tiempo presente y su progreso moral, el sentido de la existencia, la especificidad de la persona humana, la objetividad de la verdad o la universalidad de los valores. Son viejas cuestiones que vuelven una y otra vez porque pertenecen a la esencia de la humanidad. Los filósofos estamos convencidos de que las ideas que vuelan con la suavidad de palomas, son las que gobiernan el mundo. Podemos iluminarlas, pero no enjaulados en una unidad básica de vigilantes y agitadores. Sin pensamiento libre, no hay vida digna ni sociedad democrática y plural.

Gracias por escucharme. Quedo a disposición del CONICET que los argentinos merecen.

La marea woke de identificaciones de género supone que ser mujeres, es decir, personas de "sexo" femenino, es un abuso del lenguaje propio del imperialismo hetero-cisnormativo, estigmatizante y excluyente de las disidencias sexo-genéricas. Lo inclusivo y vanguardista es, por el contrario, el maremágnum de identidades de género libremente determinadas y autocertificadas por cada cual, que podrán ser de tipo cis, trans, post, inter, extra, demi, semi, no binaria, andrógine, pangénero++. Por su parte, los anacrónicos y estigmatizantes "mujer" o "madre" deben ser borrados del lenguaje inclusivo y reemplazados por categorías políticamente correctas tales como persona gestante, menstruante, amamantante, inseminante, cuerpo ciclante, progenitor uno y dos, cuidador primario y secundario, etc. En caso de usarse las denominaciones de "mujer" o "madre", se debe asegurar que su aplicación incluya a cualquier persona, cuerpo o función biológica y social, con independencia del discriminatorio y biologicista sexo.

Autopercibo entonces que este 8M, en lugar de reivindicar ser mujeres, deberíamos pedir disculpas por haber oprimido durante tanto tiempo a todas las feminidades diversas, sumarnos a las columnas de los géneros identitarios y, de paso, levantar las pancartas contra un gobierno misógino, fascista y heterocisnormativo. Aunque, pensándolo bien, será mejor salir de la marea woke y denunciar el asalto a nuestros derechos fundamentales. Nos robaron la dignidad de ser mujeres, vaciaron de sentido nuestra experiencia sexuada, nos rebajaron a la condición de burdos estereotipos "de género".

Durante los últimos años, el retroceso en materia de derechos y garantías, en especial de las mujeres, ha sido inconmensurable. La izquierda woke ha montado un aparato de implantación ideológica cuyo objetivo principal es borrar la diferencia sexual de la cultura y sustituirla por identificaciones subjetivas de diversos géneros difusos. Las mujeres perdimos entonces los espacios exclusivos de nuestro sexo –cárceles, deportes, baños, vestuarios, premios, becas, cupos, etc.– convertidos ahora en espacios mixtos para todas las personas autodeclaradas femeninas. Se borró la especificidad de los delitos sexuales y la violencia específica contra las mujeres por ser mujeres: hoy hay mujeres que violan y varones víctimas de femicidio. La información estadística desagregada por sexo ha desaparecido y, en su lugar, los relevamientos por géneros incluyen ambos sexos. Estas distorsiones estadísticas en materia de salud o políticas públicas, por ejemplo, tienen un impacto perjudicial enorme.

Sobrevivimos a una Ley de Identidad de Género y un Ministerio de todos los géneros identitarios que falsificó la normativa argentina para hacernos pasar por un género más. Nos robaron el derecho a ser nombradas en un lenguaje claro, preciso y respetuoso; nos redujeron a una minoría identitaria; destrozaron nuestra integridad biopsicosocial y espiritual como personas sexuadas. Todavía más, convirtieron la educación sexual integral en adoctrinamiento de géneros, con el resultado de que cada día hay más niños sanos mutilados química y quirúrgicamente, que creen que amputarse órganos es cambiar de sexo.

¿Qué hacemos entonces este 8M? Propongo reivindicar nuestra dignidad esencial y exigir que el Estado argentino reconozca y defienda los derechos de las mujeres basados en el sexo. El sexo es una categoría legal protegida por mandato constitucional y convencional porque es la base de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto no tiene nada que ver con la igualdad formal entre todos los géneros autopercibidos, ese Caballo de Troya del wokismo para obtener privilegios. El sexo no es el "género" –una categoría del análisis social relativa a la desigualdad estructural entre varones y mujeres–, ni es tampoco la "identidad de género" –una representación mental difusa, disociada de la unidad biopsicosocial de la persona humana–. Género e identidad de género son ficciones sociales; sexo, sexualidad e identidad sexual integral son determinaciones constitutivas de la persona y, como tales, están tuteladas por el orden público y jurídico.

Los derechos de las mujeres basados en el sexo son derechos humanos de jerarquía constitucional a partir de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Es socialmente relevante que los sexos sean diferenciados en el ámbito público a efectos de erradicar las formas específicas de violencia y discriminación que han afectado y siguen afectando desproporcionadamente a las mujeres en razón de su sexo. A saber: explotación sexual y reproductiva, matrimonios infantiles y forzados, mutilaciones genitales, violación, feminicidio, subrepresentación política, feminización de la pobreza y las tareas de cuidado, etc. El Estado está obligado a erradicar esas desigualdades estructurales, y el primer paso hacia la igualdad es reconocer nuestra existencia y nombrarnos en un lenguaje claro, preciso y respetuoso que visibilice nuestra condición específica.

Somos sobrevivientes de la izquierda woke, también de los paternalismos que desigualan al reducirnos a menores de edad. Este 8M es una oportunidad para reivindicar nuestra potencia generadora y transformadora. Que seguir creando vida, amor, conocimiento, sociedad, cultura, política y arte como las mujeres sabemos hacerlo sea nuestra celebración.