Nuestra Constitución Nacional es explícita cuando indica que la propiedad de los recursos naturales es del pueblo argentino. Es necesaria una política energética justa, con un desarrollo genuino de las empresas vinculadas, para que la población sea partícipe de la riqueza de Vaca Muerta.

El precio de los combustibles líquidos (como naftas, gasoil, diésel, fuel oil), que derivan en principio del precio del crudo en boca de pozo, debe ser adecuadamente competitivo. Para esto último es útil una referencia concreta, como los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos (en lo posible y deseable deberían ser algo menores para que el país pudiera avanzar en su consumo y en un desarrollo sustentable).

Hoy en el mundo aparece una sobreoferta de crudo que, de acuerdo con elementales reglas de mercado, producirá una reducción de su precio. El promedio del valor actual de 70 U$/barril para este año 2026 se pronostica, por distintas fuentes (EIA entre ellas), con un descenso del precio, acercándose paulatinamente a los 60 U$/barril. Esto implica una disminución muy fuerte (del orden del 15%) que, sin embargo, permitiría un funcionamiento de la producción con márgenes de ganancias razonables, más aún si se asume un costo de producción del orden de 30 U$/barril, es decir el 50% del precio.

La producción local de crudo se proyecta para 2026 en unos 800.000 barriles por día, valor que ya se alcanzó en diciembre de 2025. Los ingresos esperables a 60 U$/barril en el año se estiman entre 16.000 y 17.000 millones de dólares. Este enorme monto, razonablemente, debiera promover el crecimiento de la actividad productiva. La venta de crudo al exterior se perfila en unos 400.000 barriles por día. Se calcula por ese origen una facturación del orden de los 9.000 millones de dólares, por lo que es necesario monitorear cuánto de ese volumen servirá para la inversión en el país y cuánto queda en el exterior con motivo de la normativa del RIGI, una estafa sobre nuestros recursos naturales para meras timbas financieras.

Para proteger el mercado interno y la capacidad y competitividad del trabajo argentino, el IESO propone que sea el Congreso Nacional quien sancione que los actuales valores del crudo (hasta hace poco se establecía el llamado barril criollo, hoy anulado) se reduzcan en el semestre abril-agosto de 2026 en un 15%.

Estados Unidos, que aún importa grandes volúmenes de crudo (o se los apropia, como fue el crudo pesado de Venezuela), posee precios de combustibles más bajos que la Argentina, que exporta petróleo. El actual gobierno argentino, tan afín a la postura de la política exterior norteamericana, debiera observar que desde el inicio de su independencia Estados Unidos decidió no seguir siendo colonia y encaró un desarrollo industrial poderoso que le otorgó enormes beneficios y poder durante muchísimos años.

A todas luces, los precios al público de las naftas, el gasoil y otros productos de origen refinado en la Argentina debieran equilibrarse con los precios norteamericanos y disminuir, como mínimo, en el orden local un 10%. Ambos ajustes —el del crudo en boca de pozo y el de los combustibles en las estaciones de servicio— posibilitarán a la población, a la industria y al transporte beneficios ciertos y justos.

La tarea es lograr, a través de favorecer mesas de debate públicas y mediáticas, los consensos necesarios para obtener una legislación al respecto y la determinación de una energía competitiva, contribuyendo así con un aporte nada desdeñable a la recuperación productiva del país.

Observamos que Estados Unidos, en los últimos tres años, ha mantenido un precio promedio PIST (Precio al Ingreso del Sistema de Transporte) de entre 2,50 y 2,70 U$/MMBTU. Con estos precios, la industria extractiva estadounidense ha tenido una retribución tal que ha devenido en uno de los mayores productores de gas del mundo. Además, se perfila como el mayor exportador de gas natural licuado (GNL), con sus diez plantas de licuefacción operativas. Conste que la Argentina no pudo siquiera construir una.

Argentina posee, a través del Plan Gas AR, un precio del gas natural (PIST) dictaminado por el PEN en una media de 2,95 U$/MMBTU, es decir más del 15% por encima del valor estadounidense. Creemos adecuado que, en una pronta ley de competitividad, se establezcan por semestres precios PIST menores a los actuales, como mínimo un 10%, es decir un valor cercano a 2,75 U$/MMBTU. A medida que se incremente la exportación del gas, es posible y conveniente establecer una referencia base en torno a los 2,5 U$/MMBTU, priorizando un valor con márgenes sustentables, dado que el costo de producción se halla en torno a 1,50 U$/MMBTU.

Ello permitirá un incremento de su uso por la población, la industria y el transporte (GNC en autos y utilitarios, y GNL en grandes camiones, locomotoras, barcos y poblaciones aisladas), al servicio del desarrollo interno.

En este panorama es conveniente y posible implementar una ley sencilla pero trascendente que indique:

a) Que el PEN establecerá los precios del crudo (boca de pozo) con una reducción del 15% en forma semestral, partiendo de abril a junio de 2026 sobre los valores vigentes al 31 de marzo del mismo año. Para los combustibles y el gas natural se propone, para el mismo semestre, una disminución del 10%.

b) Para el siguiente semestre (julio-diciembre), se encomienda que el PEN establezca la competitividad interna del gas natural en torno a los 2,50 U$/MMBTU.

El IESO es consciente de la necesidad de convocar a la población a apoyar estas medidas con carácter urgente y llamar a todas las organizaciones políticas, sociales, industriales, pymes y cooperativas a promover la “Ley de Competitividad de los Hidrocarburos”, a fin de que sea votada en un plazo perentorio, es decir, antes de la llegada del invierno.

*El Dr. MARCOS REBASA y el Ing. ANDRÉS REPAR son presidente y vicepresidente del IESO-Instituto de Energía Scalabrini Ortiz

En materia eléctrica y de apagones, existe un problema acumulado de muchos años de desinversión y de malas políticas energéticas. Durante largo tiempo hubo escasas políticas de inversión en generación, distribución y transporte de electricidad, así como una falta de lineamientos generales que ordenaran el desarrollo del sector.

Si bien se realizaron inversiones puntuales en generación —en áreas como la nuclear, la hidroeléctrica o la térmica— estas respondieron a intereses específicos y estuvieron dispersas, sin una política energética integral. La desinversión no se observa tanto en la generación, sino principalmente en la distribución, donde faltó una política nacional coordinada y, en muchos casos, existieron políticas provinciales deficientes. 

En el área metropolitana, para EDENOR y EDESUR no hubo política. Es uno de los mayores centros de consumo del país, pero prácticamente no hubo una estrategia sostenida: los contratos vigentes establecieron bases frágiles que no incentivaron nuevas inversiones. El único estímulo real para las empresas fue maximizar ganancias sin reinvertir en infraestructura.

En el transporte eléctrico también se evidenció una ausencia de planificación, reflejada en la falta de inversiones en líneas de alta tensión. Proyectos clave que hubieran mejorado el acceso de la generación eléctrica al Área Metropolitana de Buenos Aires, previstos con financiamiento chino, fueron finalmente cancelados a pesar de que hubieran resuelto gran parte de los problemas del AMBA.

En este contexto, las empresas privadas tienden a no invertir si no existe una renta garantizada, ya que muchas veces resulta más conveniente pagar multas que realizar obras de mantenimiento o expansión. 

Por ello, la falta de un Estado que planifique y promueva inversiones genera un escenario de creciente fragilidad, que probablemente derive en mayores problemas eléctricos en los próximos años. La idea de que el Estado no debe programar inversiones en el sector eléctrico resulta, desde esta perspectiva, equivocada: la planificación pública es necesaria para incentivar y orientar la inversión privada.