La decisión de la Corte Suprema dejó el camino allanado para que el Tribunal Oral Federal N.º 2 ejecute la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”.

En un histórico fallo, no solo por sus implicancias políticas y jurídicas, el Máximo Tribunal resolvió por unanimidad rechazar las quejas presentadas por las defensas. En uno de los párrafos más destacados de la resolución de 27 páginas, la Corte afirmó:

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida —valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación)— y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.

Tras la confirmación del fallo, el presidente del Tribunal, Jorge Gorini, convocó a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich para que se presenten en la sede del Tribunal Oral dentro del quinto día hábil desde su notificación, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones. El magistrado otorgó un “plazo prudencial”, considerando que algunos de los convocados residen en distintas provincias argentinas.

En esa misma resolución, el Tribunal le requirió mediante oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación que, en el término de 24 horas, disponga una dependencia de las fuerzas federales adecuada para alojar a los condenados. También ordenó que se atienda a las características particulares de cada uno de ellos.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la inmediata detención de los condenados y manifestaron su malestar:

“A pesar de que ha adquirido firmeza la condena, seguimos sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos —seis años— luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado. Recordemos que este Ministerio Público Fiscal, durante los alegatos de acusación y en las instancias posteriores, solicitó una pena de doce años de prisión para los máximos responsables, en el convencimiento de que funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”.

Además, los fiscales pidieron efectivizar el decomiso de casi 85 mil millones de pesos, para lo cual el TOF N.º 2 abrió un incidente específico.

En paralelo, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ya presentó el pedido de prisión domiciliaria, solicitando que no se le coloque tobillera electrónica y que se mantenga la actual custodia oficial, alegando entre otras razones el intento de homicidio sufrido en septiembre de 2022.

Lo cierto es que, después de 17 años, la Justicia argentina pone fin a una causa emblemática en la que se probó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el empresario santacruceño Lázaro Báez recibió de forma irregular adjudicaciones de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Como afirmaron los fiscales en su alegato final: “Es corrupción o justicia”.

Pese a los planteos de allegados a la expresidenta, que ya anunciaron su intención de acudir a tribunales internacionales, la Corte al desestimar los recursos dejó firme el fallo dictado el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a otros cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre tres y seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fueron absueltos en ese mismo fallo el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, Abel Fatala, Carlos Kirchner y Héctor Garro.

Lo que resta ahora es comenzar a ejecutar las condenas, recuperar los fondos robados y, desde el punto de vista político, reconfigurar un nuevo escenario ante unas elecciones de las que Cristina Fernández de Kirchner ya ha quedado definitivamente afuera desde el 10 de junio de 2025.

En un plenario realizado días atrás, que no trascendió del todo pero que es de gran importancia , se fijó jurisprudencia de cara a la resolución de diferentes planteos que lleguen a la Cámara Federal de Casación, a fin de evitar diversidad de soluciones jurídicas dependiendo de los jueces que intervengan a través del caso “Tobar”.

Fue luego de que el fiscal Raúl Pleé apelara un fallo y solicitara un acuerdo frente a criterios disímiles, puesto que una sala de feria había declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos y, con ello, concedido beneficios a un condenado narco. Con ese telón de fondo, los magistrados del máximo tribunal penal analizaron la compatibilidad con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno, de los artículos 14 del Código Penal y 56bis de la Ley 24.660 (así como otras disposiciones concordantes en la materia) en cuanto estipulan que no corresponde conceder los beneficios allí referidos a quienes fueran condenados en orden a los delitos previstos en los arts. 5°, 6° y 7° de la Ley 23.737 o a la que en el futuro la reemplace. Esta ley se refiere a los delitos de narcotráfico.

Antes de fijar jurisprudencia, los camaristas convocaron a una audiencia pública para que tanto los amigos del tribunal, encabezados por los representantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Pensamiento Penal (APP), como la fiscalía, expusieran sus posturas sobre por qué había que considerar dichos artículos constitucionales y por qué no. Luego de escucharlos, finalmente se convocó al acuerdo plenario con la participación de todos los camaristas.

El fallo salió con la mayoría de los votos de los doctores Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, cuyo argumento fue que la imposibilidad de acceder a modalidades de libertad anticipada no implica un impedimento para la reinserción social de los condenados, dado que dicha finalidad puede ser concretada con un régimen preparatorio para la puesta en libertad organizado dentro del establecimiento penitenciario. Por ello, sostuvieron que la negativa no contradice los estándares propuestos por tratados internacionales de derechos humanos ni constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación.

Además, la mayoría entendió, al declarar la constitucionalidad del articulado, que la diferencia en las modalidades de libertad anticipada no comporta, según el criterio mayoritario del Tribunal, una vulneración a dichos principios, dado que se encuentra fundamentada en la gravedad de los delitos atribuidos a los condenados, y no así en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social ni ninguna otra categoría que podría considerarse “sospechosa”.

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En disidencia votaron Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani. Los dos primeros recriminaron que el plenario les resultaba ajeno al modelo de control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro país, y por esta razón entendieron que los magistrados no pueden estar sometidos imperativamente a un pronunciamiento de las características formuladas, toda vez que un fallo plenario en el sentido establecido no puede suprimir la posibilidad de control constitucional de cualquier juez. En tanto, en su voto, el doctor Gemignani sostuvo la inconstitucionalidad del articulado traído a estudio.

La semana pasada y tal como se venía especulando, el gobierno sufrió un gran revés en el Senado en su intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para legitimarlos en el cargo de ministros de la Corte Suprema. La derrota fue contundente en cuanto a los votos para rechazarlos. En el caso de Lijo, como nunca asumió porque los cortesanos no le aprobaron la licencia, es casi como hablar en abstracto porque no tiene ningún cambio de status. Continúa siendo juez federal en Comodoro Py, manejando dos juzgados, el suyo y el que subroga ante una vacante de las tantas que tiene el edificio. 

El problema se da en el caso de Garcia Mansilla, quien ya le había adelantado al juez Alejo Ramos Padilla previo al dictado de la medida cautelar, que un juez inferior no puede sacar a uno superior y que en todo caso como tiene mandato por el Decreto 137 hasta el término de las sesiones ordinarias, la única manera de correrlo es a través del juicio político para lo cual el Senado debería llegar a reunir la mayoría necesaria.  

Inmediatamente después que se diluyera la posibilidad de estar en el máximo tribunal hasta los 75 años con acuerdo legislativo, las miradas apuntaron directamente a García Mansilla. Un grupo de profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país solicitaron su cese inmediato en las funciones que desempeña en la Corte. En la misiva expresaron que su propuesta de designación fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo. En ese marco, manifestaron que “resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 9 inciso 4, de la Constitución Nacional”. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo defiende el cargo para el cual fue nombrado en comisión y asegura que la Constitución es clara y este goza de estabilidad mientras dure el período legislativo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo en diferentes notas periodísticas que “la Corte le tomó juramento” y que así lo validó. Esos dichos tuvieron estrecha relación con declaraciones de Ricardo Lorenzetti, que afirmó que no hubiera asumido por decreto cuando participó de la jura.  

Recordemos que desde que juró García Mansilla ya ha firmado varios fallos y resoluciones administrativas, las cuales ahora parecen quedar en suspenso con la cautelar del juez federal de La Plata que el mismo 3 de abril dispuso una orden jurisdiccional para que “se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte mientras actúe como juez "en comisión" de dicho tribunal, bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial; todo ello por el plazo de tres meses y previa caución juratoria”.

Dicha cautelar ya fue notificada al presidente Javier Milei,  a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, entre otros. 

¿García Mansilla dará un paso al costado o, por el contrario, defenderá su silla en el expediente que tiene Ramos Padilla ante la sociedad?

Por lo pronto, la primera recusación la recibió de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, previo a que el Senado rechazara su pliego. Por lo bajo, sostienen que habría adelantado a sus colegas que les pedirá opinión; aunque si va en per saltum en la causa Cepis, los cortesanos no tendrán otra opción que dar su veredicto respecto a la disputa, algo de lo que aún nada dijeron cuando rechazaron la licencia de Lijo. Allí, en un breve párrafo, dejaron en claro que la decisión no implicaba dar opinión sobre la validez o no del Decreto 137, adelantándose tal vez a lo que finalmente ocurrió y que es el cuestionamiento al decreto presidencial. El final del catedrático sigue abierto y solo él podrá decidir qué hacer. Todo hace suponer que podría dar un paso al costado. 

Este martes 2 primeras, como se dice en la jerga judicial, al horario que va desde las 7.30 cuando abren los tribunales hasta las 9.30, vence el plazo para que las defensas de todos los condenados en la Causa Vialidad puedan recurrir en queja ante la Corte Suprema por el recurso extraordinario denegado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 21 de marzo. La Cámara ratificó las condenas dictadas a Cristina Fernández de Kirchner, José López, Lázaro Báez y otros por fraude en la obra pública y el decomiso de $ 84.000 millones, como también la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos. 

Por un lado, la exmandataria buscará que el máximo tribunal revierta su condena por defraudación y la absuelva del delito que la podría llevar a la cárcel (aunque por la edad podría corresponderle domiciliaria). La defensa de Cristina había planteado que el fallo, que fue confirmado por el máximo tribunal penal del país en noviembre del año pasado, implicada un caso de  gravedad institucional.

Al respecto, los camaristas  resaltaron que si bien no desconocen la trascendencia del caso, lo cierto es que la gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que la Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. En definitiva, no toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional.

Por otro lado, el fiscal Mario Villar insistirá en para que se le sume el delito de asociación ilícita que durante el juicio oral y público había solicitado Diego Luciani junto con Sergio Mola y que podría elevar las penas hasta 12 años. El pedido, hasta ahora, no tuvo acogida ni por parte del Tribunal Oral Federal 2 ni la Cámara de Casación que fue el órgano revisor.

Para Villar, el rechazo fue arbitrario y no se fundamentó adecuadamente, algo que ya había planteado al presentar el recurso extraordinario. En este punto, más allá que, por mayoría, la Sala IV declaró inadmisible el recurso del fiscal contra las confirmaciones de las absoluciones por asociación ilícita,  el juez Hornos en disidencia propuso que se conceda el recurso extraordinario únicamente al fiscal, no así a los imputados.

La Causa Vialidad es una de las tantas que tiene Cristina en la justicia. Esta es una de las más viejas porque nació en noviembre de 2008 tras la denuncia presentada por Elisa Carrió, Adrián Pérez y Patricia Bullrich, entre otros, que apuntaba a los Kirchner y los negociados que hacían con el empresario amigo, Lázaro Báez, quien se había beneficiado con la obra pública con la asunción de Néstor Kirchner en 2003. Tras un laberíntico camino y planteos, en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri hizo el relevamiento conocido como "el estado del Estado”, Javier Iguacel, que entonces estaba a cargo de Vialidad Nacional, se presentó en Comodoro Py y le dio vida a una causa que parecía dormida. 

Así, el 21 de mayo de 2019, la expresidenta estuvo por primera vez sentada en el banquillo de los acusados en la sala AMIA escuchando las imputaciones en su contra, en un proceso que ella misma catalogaba como lawfare. En diciembre de ese año, ya como vicepresidenta electa, en su indagatoria, le dijo, al Tribunal, en tono desafiante: “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”.

El 6 de diciembre de 2022, finalmente, Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación, pese a que la fiscalía había reclamado en sus alegatos que duraron varias jornadas, 12 años. 

Desde ese momento y hasta hoy buscó revertir la situación procesal. Ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema, que, una vez que ingresen los planteos, estará en condiciones de resolver si abre la queja o la rechaza, dejando firmes las condenas y absoluciones, para lo cual no tiene un plazo.

Lo cierto es que Cristina se juega su última carta, aunque muchos avizoran que si no se trata ficha limpia y el fallo no sale antes de agosto, la expresidenta podrá  presentarse a elecciones y así lograr tener fueros.  

El Poder Ejecutivo no resignó, ni está dispuesto de momento a resignar a ninguno de sus candidatos para ocupar una silla en el Máximo Tribunal a quienes designó en comisión por decreto 137 el pasado 26 de febrero. Mientras Manuel García Mansilla juró y ocupó la silla que dejó vacante Juan Carlos Maqueda, Ariel Lijo- a quien no le aceptaron la licencia los cortesanos- decidió no renunciar a la espera de la aprobación de su pliego. 

La situación es por demás compleja porque Lijo había obtenido a fines de 2024 el dictamen en comisión de acuerdos para la aprobación en el recinto que se esperara tuviera los votos necesarios para llegar a los dos tercios. En extraordinarias se volvió sobre el tema pero otras cuestiones domésticas y el hecho de que García Mansilla no obtuviera las adhesiones  pusieron en jaque dichas postulaciones. 

En medio de todo, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, abrió un expediente para analizar si el decreto que los puso en comisión es inconstitucional. Se trata de la causa “Cepis”, un proceso colectivo donde Elisa Carrio se presentó como amicus curiae y fue aceptada por el magistrado. En ese contexto y luego de que el gobierno intentara sin suerte apartar al magistrado o llevar el expediente al fuero contencioso con sede en Capital Federal, Lijo se presentó con un escrito, y señaló  que carece de interés acerca de la decisión que pudiera recaer en las actuaciones. “Ello en tanto no asumí como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del art 99 inc 4 y 19 de la CN”, sostuvo. En la misiva dejó en claro que no renunciará a su cargo de juez federal y su interés está centrado en que el Senado le otorgue el acuerdo correspondiente. Es decir que no está dispuesto a asumir por decreto. 

La semana pasada Unión por la Patria intentó llevar el tema al recinto para rechazar ambos pliegos pero la ruptura del bloque permitió que la presidenta del Senado hiciera la convocatoria para el próximo 3 de abril dándole un poco de aire al gobierno y con ello abrir un abanico de posibilidades para evitar el fracaso. Es que con juntar 25 votos podrían rechazarse ambos a diferencia de la aprobación que precisa de un número superior, es decir una mayoría agravada.

Hay quienes especulan con la idea de llevar a discusión los cargos vacantes en la justicia que son muchos, entre ellos pliegos de jueces tal como anunció el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones. Tampoco se descarta que se ponga sobre la mesa una posible ampliación de la Corte para poder negociar con aliados y la oposición siempre y cuando firmen el acuerdo de Lijo y García Mansilla. Entre otras opciones que se esbozan, está el de tratar el cargo de  Procurador General (jefe de los fiscales)- para lo cual deben nominan a alguien- vacante desde 2017 cuando renunció Gils Carbó y que se torna imprescindible teniendo en cuenta que el gobierno está implementando el sistema acusatorio en todo el país y llegará a los Tribunales de Comodoro Py el próximo 11 de  Agosto. Recordemos que ni Macri, ni Fernández lograron que se vote por sus candidatos.

Estas dos semanas serán cruciales para el gobierno de Javier Milei que viene de lograr un triunfo en Diputados con la aprobación- aunque ajustada- del DNU que le permite la negociación con el FMI. Esto fue criticado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien participó ayer del Congreso Educativo Nacional que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA donde también arremetió contra la justicia luego de la confirmación de su condena en la causa Vialidad tras rechazarle el recurso extraordinario y contra los jueces de la Corte al sostener que “tres de los cuadro integrantes aceptaron ser designados por decreto, dos de los cuales el Senado después les dio el acuerdo pero habían aceptado ser designados por decreto y este otro impresentable“ (en alusión a García Mansilla). También disparó contra Lijo al referirse: “Del otro, no haber jurado tampoco te convierte en garantía de democracia, transparencia, legalidad” y criticó que se haya fotografiado en su momento con el fallecido  juez Bonadio y su par de Brasil Moro. 

Hasta hoy la exmandataria no se había expresado sobre los pliegos, pero en su discurso dejó en claro que buscará que su espacio los rechace. No es para menos, sabe que quienes lleguen al Máximo Tribunal serán los que definan si su condena a 6 años adquiere firmeza, lo que la llevará a tener que cumplir una pena de prisión que por su edad podrá ser en domiciliaria.  ¿Logrará entonces el Ejecutivo  acordar con los bloques para poder imponer a sus candidatos o quien se quiere posicionar como la enemiga del presidente ganará la pulseada? Hasta hoy las fichas se siguen moviendo.

Sorpresa y desconcierto generó la resolución del pasado jueves 6 de marzo cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante juez, nombrado en comisión, Manuel García Mansilla, rechazaron otorgar la licencia extraordinaria sin goce de haberes que la Cámara Federal le había otorgado días atrás a Ariel Lijo para que pudiera jurar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ello justificaron su decisión en doctrina de la propia Corte que data de 1975 y aprovecharon a darle un tirón de orejas a la Cámara Federal que se arrogó la potestad de conceder una licencia extraordinaria cuando ello solo está en manos del Máximo Tribunal.  

De este modo hay quienes avizoran que se conformó una nueva mayoría, que por ahora es inestable hasta que se apruebe el pliego del nuevo integrante, algo que parece estar cada vez más lejos puesto que en la comisión de acuerdos están juntando las firmas para rechazarlo. En tanto,  Lorenzetti que fue quien lo propuso para ocupar la silla que dejó vacante en 2021, Elena Highton de Nolasco ni siquiera firmó la resolución 176 pese a haber participado del acuerdo.

Un dato no menor es que los cortesanos dejaron plasmado que “la decisión no implica emitir juicio alguno sobre la validez y el alcance del decreto n° 137/2025”. Es decir, solo trataron el pedido de licencia extraordinaria, no así, si la designación en comisión es válida o no. Recordemos que esto fue cuestionado judicialmente por ONG que rechazaron la decisión del Poder Ejecutivo y pidieron que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, publicado en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 2025, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, en los términos del artículo 99, inc.19, de la Constitución Nacional. 

La acción de amparo fue radicada en el juzgado Federal de La Plata ante el juez Alejo Ramos Padilla quien notificó a los dos jueces designados por decreto y pidió informes al gobierno previo a avanzar en la causa. A la misma se sumaron otras presentaciones de distintas organizaciones que aspiran hacer caer el decreto.

En este contexto, el juez federal con más de veinte años en el Juzgado Federal 4 desde que asumió en 2004 para ocupar una silla en Comodoro Py, tomó la decisión de no renunciar a la espera de juntar voluntades en el Senado que lo pongan en el Máximo Tribunal, pero de manera definitiva. Para ello necesita de los dos tercios. Lo que hace esperanzarlo es que tiene dictamen aprobado y que el gobierno no retirará el pliego.

Así las cosas, diversas organizaciones especializadas en justicia enviaron una carta a cada senador exigiendo que asuman “su responsabilidad institucional y rechacen los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla designados inconstitucionalmente como jueces de la Corte Suprema mediante el decreto 137/2025”. El documento firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS,ELA,INECIP y Poder Ciudadano cuestionó lo sostenido por el gobierno respecto de que aun con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año. Por el contrario, dijeron en el documento que la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional, incluso la citada por el propio Ejecutivo en su decreto, han sido unánimes en establecer que “un rechazo expreso del Senado pone fin de inmediato a los cargos”.

En la misiva enviada a los legisladores manifestaron que “el Senado tiene la herramienta más efectiva para frenar esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial: el rechazo inmediato de los pliegos”. Y consideraron que cualquier dilación i inacción se convertirá en una omisión inaceptable que legitima este “atropello institucional“ que abriría un precedente riesgoso para la institucionalidad democrática.  

Con este panorama el juego sigue abierto, con una Corte que le puso un límite al poder de turno y  a la espera de que la política se ponga de acuerdo por sí o por no, pero que dé respuestas en medio de una situación cada vez más conflictiva en la justicia que cuenta con un 40 por ciento de vacancias como sostuvo el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas, donde aseguró que este año mandarán pliegos para cubrir la mayoría, entre ellas la de Procurador General y Defensor del Público entre otros. Porque de nada sirve que haya leyes que eviten la puerta giratoria o que suban penas, si no hay jueces que las apliquen. 

En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei al hablar del flagelo de la inseguridad, afirmó que tenemos un sistema judicial y un código penal lleno de grietas por el que “se coló el antipunitivismo”. Hizo hincapié en el caso de Kim, la nena de siete años brutalmente asesinada por menores de 18 años en La Plata días atrás y se solidarizó con la familia de la pequeña asegurando que “ tienen el compromiso de este presidente para luchar incansablemente”.

En ese contexto cuestionó al gobernador Axel Kicillof al afirmar que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, “no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la Provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien”. 

Milei le propuso a Kicillof dos alternativas para resolver el problema: "abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros”. El gobierno considera que a ellos no les tiembla el pulso para solucionar estas cuestiones que por años, la política no castigó y logró que para los delincuentes. “ delinquir ya ni tuviera costo”.  

En materia de seguridad afirmó que con los proyectos de reiterancia y reincidencia aprobados, se terminará con la puerta giratoria. El mandatario celebró la implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país, que ya funciona en varias provincias y permite acelerar los tiempos de los procesos, aunque para una mejor eficacia del proceso penal consideró que se necesita “elevar los costos para quienes delinquen”. Por eso cree necesario aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que “quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”. A pesar de ello se lamentó que esta norma llegará tarde ya que entre los asesinos de Kim, uno de ellos por su edad no puede ser juzgado.  

El proyecto que fue presentado el año pasado, prevé la edad de 13 a 18 con un régimen especial que contempla penas hasta veinte años y prohíbe la reclusión perpetua. Además habla de alojamientos especiales. Se le comunicará a los padres de los menores involucrados en delitos la imputación y demás actos procesales y se apunta a la protección de las víctimas por las que velarán el juez y el fiscal. Además contempla sanciones a la persona mayor que actúe como instigador, que mandó a un menor a delinquir.

Ante la asamblea legislativa pidió agravar todas las penas del Código penal con una reforma que debe tratarse con carácter de urgente. Recordemos que durante 2024 una comisión trabajó para aggiornar a los tiempos actuales un código que data de 1921 y el ministro de justicia se encuentra analizando previo a enviar al congreso para su tratamiento. Allí se incluyen penas severas para el narcotráfico y el terrorismo, algo que mencionó el presidente en su discurso cuando dijo que representan un peligro claro y presente para los argentinos. “Desde ciudades tomadas por el narco , hasta la tragedia de los Bibas, todos los días nos recuerdan que los argentinos necesitamos instrumentos para luchar contra quienes quieren atentar contra nuestras vidas”. Hizo alusión allí a la ley antimafia aprobada en extraordinarias y refirió que trabajan en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado nacional, al  servicio de inteligencia y a las Fuerzas para perseguir a quienes quieren atentar contra la vida de los argentinos.

Dotar a la justicia de jueces, fiscales y defensores

Uno de los anuncios más importantes fue el de avanzar en el envío de pliegos de los cargos vacantes de la justicia federal incluidos el Procurador general, el Defensor del Pueblo, fiscales y defensores públicos que al día de hoy representan el 40 por ciento de la justicia federal. 

Javier Milei le pidió a la política que esté a la altura de esta urgencia y “no politice la aprobación de los pliegos a diferencia de lo ocurrido con los candidatos a conformar la Corte Suprema”.

En ese sentido debemos mencionar que tras varios intentos para que se aprueben los pliegos de García Mansilla y Lijo para el Máximo Tribunal, finalmente el gobierno los designó en comisión por decreto. El primero ya juró la semana pasada y estuvo sentado junto al resto de los miembros en la apertura de sesiones, mientras que Lijo espera por una resolución favorable el próximo 6 de marzo que le permita jurar. Luego el senado analizará si confirma o rechaza esos puestos. A su vez la justicia ya abrió demandas para ver si suspende las designaciones. 

Está claro que el gobierno está decidido a ir contra los delincuentes y a velar por la seguridad de los argentinos. Para ello empoderó a su ministra de seguridad Patricia Bullrich, al ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona y al de defensa Luis Petri para que hagan todo lo necesario para avanzar en políticas que permitan erradicar el delito, pero para ello todavía falta un gran camino que necesita del apoyo de la política que le dé luz verde a cada uno de los proyectos presentados. La sociedad reclama por seguridad y justicia. ¿Estarán todos a la altura?

El 14 de febrero marcó un antes y un después para el presidente Javier Milei. Un posteo en redes sociales sobre la cripto $Libra que fue borrado horas más tarde, alegando no haber estado interiorizado en el proyecto, fue el puntapié de algo inesperado para el mandatario: terminar en el ojo de la tormenta luego de que varias personas se vieran estafadas al invertir en una cripto que se desplomó y dejó a muchos en bancarrota. 

Inmediatamente las redes estallaron y las denuncias penales no se hicieron esperar. Un estudio jurídico hizo presentaciones en el departamento de justicia de los Estados Unidos. En Argentina, el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py decidió que el sorteo se hiciera por bolillero para evitar especulaciones, y que todas las denuncias se acumularan a la primera. Si bien se hablaba de un centenar de denuncias, lo cierto es que ingresaron poco más de una docena. 

Mientras tanto la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez abrió expedientes preliminares tras recibir denuncias anónimas y otro por la presentación de Graciela Ocaña que denunció el presunto cobro para reuniones organizadas con el presidente, y el exjuez Guillermo Tiscornia eligió el fuero penal económico al entender que el delito es el de agiotaje que es “ cuando una persona con el fin de no vender sino a un precio determinado, hace alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género”. 

El gobierno reaccionó rápido para calmar las aguas y por decreto Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción para que investigue, así también creó la unidad de tareas de investigación bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Dos decisiones que fueron criticadas por el arco político.

Eduardo Taiano el fiscal en quien recayó la investigación delegada por la jueza María Servini procura “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, ( quien ya designó como abogada a Yanina Nicoletti) Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho”. Karina Milei y Santiago Caputo quedaron fuera de la investigación por el momento. https://x.com/yaninanicoletti/status/1893145645680079099?s=46 

En virtud de la premura del caso, el representante del Ministerio Público Fiscal instruyó las primeras medidas para avanzar y ordenó ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para que “colaborara en la preservación y recuperación de evidencia”.

Por otra parte, y entre otras medidas, se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática. Se pidieron informes al Banco Central, a la comisión de Valores, a la IGJ y a la empresa Google, a su vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días.  

En tanto el titular del juzgado en lo Penal Económico número  6, Marcelo Aguinsky, solicitó al juzgado Federal una certificación de aquellas causas en las que se investiguen los hechos relacionados con el suceso ocurrido el 14 de febrero. La duda es si el magistrado buscará quedarse con todas las denuncias o simplemente el pedido se basa en una formalidad procesal para remitir la causa a la justicia Federal. 

Pese a la crisis institucional que se generó tras el escándalo, Javier Milei pudo surfear con los aliados una escalada del conflicto puesto que logró por falta de un voto, que en el Senado se conformara una comisión investigadora, con el dato curioso que quien firmó para armarla, el senador Eduardo Vischi, terminó votando en contra.  Mucho más lejos quedó la intención de la oposición para hacer un juicio político, aunque no dejara de insistir para lograr su cometido alegando que existen causales para ello. El panorama actual pareciera opacar todos los logros del gobierno en materia económica como legislativa, pero en las encuestas no sufrió un gran impacto. Se habla de cierta pérdida de credibilidad que aunque desde el entorno del presidente buscan minimizar, existe. Se criticó duramente al entorno de Milei por este “error” que podría convertirse en la mancha venenosa de esta gestión si la justicia comprueba que se cometió un delito. Y mientras tanto los opositores afilan los dientes porque vieron aquí, una oportunidad para fortalecerse. 

En 2024, impulsado por el gobierno, trabajó una comisión de expertos para la reforma del Código penal. El mismo data de 1921 y quedó prácticamente obsoleto en lo que hace a delitos y penas. Concluida la redacción del proyecto, fue presentado al ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona para su análisis previo a elevarlo al Congreso para su tratamiento y posterior aprobación. 

La comisión que trabajó durante seis meses para cumplir con la tarea encomendada estuvo integrada por el abogado Jorge Buonpadre, el juez Mariano Borinsky, la jueza María Eugenia Capuchetti, los jueces Ricardo Basilico y Julio Báez y las abogadas Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, el abogado Horacio Romero Villanueva y los miembros del ministerio de seguridad Fernando Soto y Carlos Manfroni.  

Los puntos destacados del proyecto El código reformado pasa de 316 a 540 artículos, tratándose de una reforma integral aggiornado a los tiempos que corren con pena de prisión perpetua efectiva de 35 años y si es reincidente 40 de cárcel efectiva.  Entre los puntos principales se encuentran:

Entre otros puntos salientes de la reforma se encuentran las usurpaciones con sus variantes y agravantes con penas que llegan a los 6 años. En el caso de los incendios y otros estragos modifica los artículos 186 y 189 eleva penas de hasta 15 años y en caso de muerte puede alcanzar los 25 en delitos dolosos y 10 en culposos. La reforma incluye los delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte con hasta 3 años para quien entorpezca la marcha sin autorización. Además incorpora las agresiones en manifestaciones públicas con penas de hasta 2 años elevadas a 3 cuando los objetos o proyectiles arrojados sean contra las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la tenencia y portación de arma de fuego eleva las escalas penales y el tráfico ilegal puede llegar a 15 años.

Delitos de corrupción y crimen organizado 

Se incorpora la figura de crimen organizado independiente a la asociación ilícita con una escala de 8 a 20 años para el que coopera en el mantenimiento de la organización.

1- corrupción: prevé un aumento en las escalas respecto a los delitos de cohecho, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito que van de 5 a 15 años de prisión e inhabilitación. Haciendo que las penas sean de cumplimiento efectivo.

2-enriquecimiento ilícito: se amplía el sujeto que hoy sólo es para funcionarios públicos. Será para todo aquel que deba presentar declaraciones juradas como por ejemplo titulares de obras sociales.

3- lavado de activos: se mantiene de 3 a 10 años y se agrava cuando esté involucrado un funcionario a 13 años y 4 meses de prisión más multa de hasta 20 veces. 

4- terrorismo y financiamiento: se incorporan nuevas figuras como asociación ilícita terrorista con pena de 5 a 20 años y una mínima de 10 para jefes u organizadores. Cuando algún delito se cometa con fines terroristas eleva la pena llegando a perpetua.

5- Narcotráfico: se aumentan las escamas de 5 a 20 años de prisión y se aumenta el tráfico de estupefacientes a 6 años cuando se trate de pasta base ( Paco). Agrega la figura vinculada con la organización internacional dedicada al narcotráfico con penas de hasta 25 años.

6- delito de trata de personas y migración ilegal: penas de hasta 15 años de prisión.

7- delitos contra el orden internacional: se incorpora en el libro tercero comprendiendo genocidio, crímenes de guerra con hasta 30 años de prisión.

El nuevo código establece entre su articulado las apuestas y juegos de azar online con penas de 3 a 6 años y multas. La pena se eleva a 8 si hay menores involucrados afectados. Incorpora también ciberdelitos entre fraude, robo y porno venganza.

Por último se destaca los delitos en el deporte incrementando la escala penal de delitos cuando se cometan en el ámbito deportivo, artístico o de concurrencia masiva y se incorporan nuevos delitos para la prevención y control de dopaje en los espectáculos deportivos. 

Sin duda alguna este proyecto simboliza el trabajo de varios intentos de reforma que son necesarios para un ordenamiento penal que esté adaptado a los tiempos que corren. El gobierno ya anunció que enviará a ordinarias para ser debatido. Esperemos que esta vez pueda ser aprobado, sino seguiremos en 2025 con un código de 1921. 

La semana pasada el expresidente recibió una buena y una mala noticia por parte de la justicia. Fernández fue noticia durante dos días seguidos en los que concurrió a Comodoro Py. El lunes pasado casi de manera sorpresiva llegó a los tribunales acompañado de su abogada Mariana Barbitta para intentar por  segunda vez apartar al juez Julián Ercolini de la causa por el escándalo de los seguros alegando una enemistad manifiesta. El juez Roberto Boico volvió a rechazar el pedido pero el viernes la noticia fue que al sortearse el juez que subrogará el juzgado federal 11 que dejó vacante en 2020 Claudio Bonadio tras su fallecimiento, la bolilla que salió de entre 3 que estaban en el bolillero fue la de Sebastián Casanello, algo que tal vez le haya traído un poco de alivio al exmandatario si es que éste acepta el cargo que actualmente está en manos de Julián Ercolini que debe resolver la situación procesal de los 39 imputados y que desde el miércoles cuando se realizó la última indagatoria, está en condiciones de hacerlo. No se sabe a ciencia cierta qué hará el magistrado que tiene 5 días para decidir. Si rechaza quedar a cargo del juzgado podría realizarse un nuevo sorteo si la cámara Federal acepta las explicaciones de la negativa. 

Ahora bien si la  novela del verano Icardi- Nara nos pareció entretenida dentro de lo doloroso que suele ser una separación, es porque no seguimos en detalle la que involucra al expresidente Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yáñez. Es que desde el 6 de agosto de 2024 cuando estalló la causa por violencia de género todos los cañones apuntaron directamente al exmandatario. El martes 4 de febrero se realizó la indagatoria donde el exjefe de Estado apuntó de lleno contra el juez y el fiscal de la causa y a través de un extenso escrito alegó haber sido él víctima de los maltratos de su pareja debido a sus adicciones y reclamó su sobreseimiento. Ercolini debe resolver por estos días si lo procesa o no por hechos de violencia de género que habrían ocurrido desde 2016.  

A la par de este expediente Fernández recurrió a la justicia de la ciudad para denunciar por hostigamiento a Yáñez y consiguió en enero pasado una perimetral digital por 90 días para que cesen dichas acciones. Y a su vez pidió la revinculación presencial con su hijo Francisco, con quien sólo mantiene algunas citas virtuales. Un informe interdisciplinario presentado el pasado 5 de febrero fue contundente y sostuvo que los encuentros presenciales entre el niño y su padre, “son de urgente necesidad”. La mala relación entre Yáñez y Fernández es indisimulable pero aquí se trata de priorizar el bienestar del menor que parece ser un objeto de disputa. Habrá que ver cómo avanza la pesquisa. 

Por otro lado, al ex jefe de Estado se le está por abrir otra disputa administrativa/judicial. El gobierno de Javier Milei tras anunciar que se retiraba de la OMS, aseguró estar dispuesto a analizar la gestión de Fernández durante la pandemia por el COVID 19 del que creen haber estirado el encierro de los argentinos en pos de un beneficio electoral dejando a la ciudadanía a la deriva. Si esto avanza y se determinan irregularidades durante la cuarentena, se abrirá otro flanco judicial para el exmandatario que hoy está al borde de dos procesamientos, uno de ellos que lo podría llevar a la cárcel con un máximo de hasta 18 años de prisión. El hombre que supo verse empoderado cuando fue nominado por Cristina Fernández de Kirchner pasó de tener una imagen positiva muy alta a caer al día de hoy en una imagen negativa de más del 80 por ciento, entre eso y el abismo hay un solo paso. 

El fallo Levinas abrió viejas heridas en el Poder Judicial, entre quienes exigen la transferencia a la Ciudad y aquellos que la resisten. En una de sus últimas decisiones del 2024 la Corte Suprema por mayoría estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA es el superior tribunal de las causas que tramitan en la justicia Nacional. Fue al resolver una cuestión de competencia en un caso concreto, destacando la situación anómala donde aún coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria ( civil, comercial, laboral y penal) a pesar de la autonomía dispuesta en la Constitución Nacional, de la ciudad y los compromisos asumidos por las autoridades legislativas para traspasar las competencias judiciales. El fallo tuvo la disidencia de Carlos Rosenkrantz que sostuvo que lo decidido por sus pares supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino. Y aunque es transitorio, no existe en el ordenamiento “ la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.

Esta decisión puso en alerta a los magistrados que consideran que es inconstitucional y que se trata de un traspaso de hecho y harán lo posible para resistir. Por su parte el presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra en diciembre pasado manifestó que este cambio implicaba la necesidad de una mesa de trabajo para simplificar la tarea de los abogados. La primera señal en 2025 la dio el Procurador general interino Eduardo Casal que el viernes le pidió a la Corte la suspensión de la aplicación del Fallo al expresar que el Ministerio Público Fiscal se vería impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar. En consonancia con este pedido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia Nacional harán el mismo reclamo.

En tanto se espera que esta semana comiencen los plenarios de los presidentes de las Cámaraa Nacionales para analizar los pasos a seguir. Mientras tanto durante la feria judicial se solicitaron dos cautelares para evitar la puesta en marcha del fuero laboral en la ciudad y en el marco de un expediente laboral de la Asociación de empleados fiscales e ingresos públicos contra el Poder Ejecutivo, la Cámara Nacional del Trabajo de feria rechazó un planteo del Estado Nacional para remitir un expediente al Tribunal Superior porteño al sostener que si está demandado un órgano federal, el caso no puede estar decidido por un Tribunal local.Todo lo que se está gestando, no fue bien recibido por la Ciudad de Buenos Aires que desde hace muchos años exige la transferencia de la justicia a su órbita y que el fallo de la Corte se cumpla. Este fin de semana el Ministro de justicia de CABA, Gabino Tapia salió con los tapones de punta y expresó en redes sociales “Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el “inmovilismo” y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional”.

Además desde el Ejecutivo porteño defendieron la puesta en funcionamiento del fuero laboral aprobado en la legislatura para acelerar los procesos que en la justicia nacional “tardan cinco u ocho años”. Aseguran mantener un canal de diálogo con Nación para que se realice el traspaso de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad. El año judicial recién comienza pero esta pelea que lleva años no será sencilla de resolver, los jueces nacionales creen que van a perder privilegios y nadie está dispuesto a ceder.

Este año judicial está signado por las elecciones de medio término y la justicia se mueve con cautela

Este año judicial se encuentra marcado por las elecciones de medio término, lo que ha llevado a la justicia a actuar con especial cautela. En sesiones extraordinarias, se debaten temas cruciales como la reiterancia, el juicio en ausencia, la ley antimafia, la ley de quebrantos y los pliegos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. Este último punto, sujeto a una ardua negociación, podría debatirse el próximo 13 de febrero en el recinto si se alcanza el número necesario.

Por su parte, los Tribunales federales continuarán con investigaciones y juicios contra políticos acusados de corromper el sistema. Sin embargo, esta tarea no será sencilla, ya que existe un treinta por ciento de vacantes debido a la falta de tratamiento de pliegos o la inconclusión de concursos clave, situaciones directamente vinculadas a la política.

Designaciones clave y vacantes pendientes

La semana pasada, el gobierno designó al nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Rodolfo Barra. Santiago Castro Videla, abogado designado por el ejecutivo, asumirá el cargo, cuya función principal es "ser el abogado del Estado y defender sus intereses". No obstante, el puesto de procurador general, vacante desde 2017, sigue sin cubrirse. Ni la gestión de Mauricio Macri, que postuló a Weimberg de Roca, ni el gobierno de Alberto Fernández, que propuso al juez Daniel Rafecas, lograron ocupar el cargo, que requiere acuerdo del Senado con mayoría agravada. Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no ha presentado ningún nombre, por lo que el interino Eduardo Casal continúa a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Lo que viene en 2025

La actividad en Comodoro Py comenzará con el expresidente Alberto Fernández sentado el 4 de febrero frente al juez y fiscal para ejercer su derecho de defensa en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez. Paralelamente, el juez Ercolini debe resolver la situación procesal del exmandatario en la causa Nación Seguros, donde ya fue indagado.

A mediados de febrero, el día 20, vence el plazo para presentar recursos en la causa Vialidad, donde la expresidenta Cristina Fernández enfrenta una condena de 6 años de prisión por defraudación. Una decisión judicial favorable podría dejarla fuera de carrera política si decide presentarse a algún cargo. La fiscalía buscará agregar el delito de asociación ilícita. Además, en la causa Hotesur/Los Sauces, la Corte determinó que debe ir a juicio, y el Tribunal Federal 5 (TOF 5) iniciará las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía antes de fijar una fecha de debate oral. Por otro lado, el TOF 8 deberá establecer una fecha en la causa Memorándum.

Agenda de juicios y casos destacados

La agenda de juicios estará dominada por casos que involucran a exfuncionarios del kirchnerismo, empresarios y dirigentes sindicales. Uno de los casos que captará la atención de la opinión pública será el debate oral por la muerte de Diego Maradona, que comenzará el próximo 11 de marzo en San Isidro, con siete imputados. La enfermera Brenda Madrid optó por ser juzgada por juicio por jurados, y el 26 de febrero se realizará una audiencia para definir la fecha.

Después del 10 de febrero, se reanudará el debate por "Fútbol para Todos", que tiene en el banquillo a Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto, entre otros. El 6 de marzo, la actriz Andrea del Boca se sentará frente al estrado, acusada junto a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y otros exfuncionarios kirchneristas, de defraudar al Estado por una novela que nunca se estrenó. El TOF 7 escuchará a 97 testigos en este caso.

Juicios por corrupción y defraudación

El juicio oral por la presunta defraudación y cohecho en la construcción del Gasoducto Norte-Sur entre 2004 y 2006, que involucra al exministro Julio De Vido, al exsecretario de obras públicas José López y a directivos de la empresa Skanska, continuará su curso. El 7 de abril, se llevará a cabo el debate contra De Vido, López y los empresarios Benito Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini por el mismo delito en la contratación de las obras de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Berazategui.

El megajuicio de los cuadernos de las coimas

Uno de los juicios más esperados es el de los "cuadernos de las coimas", que comenzará en noviembre. En este megajuicio, la expresidenta Cristina Fernández, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, y 159 imputados, entre exfuncionarios y empresarios, serán juzgados. Se espera que cerca de 900 testigos declaren en este proceso.

Denuncias y causas en trámite

Entre los procesos judiciales en trámite, destaca el caso de "los gerentes de la pobreza", como denominó el gobierno a algunas organizaciones sociales. La causa contra el Polo Obrero está próxima a ser elevada a juicio. Durante la feria judicial, Elisa Carrió presentó una denuncia por presunta defraudación con medicamentos oncológicos del PAMI en colaboración con laboratorios durante la gestión de Luana Volnovich. También se presentaron varias denuncias contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones en el Foro de Davos. Aunque estas expresiones no constituyen delito per se, será interesante ver cómo responde la justicia.

Conclusión

El año judicial que se inicia promete ser intenso y movido, con una agenda cargada de juicios de alto perfil y decisiones clave que podrían tener un impacto significativo en el panorama político y social del país.

No es un aniversario cualquiera, se cumplen 10 años de la desaparición física de quien en vida fuera el fiscal Natalio Alberto Nisman. Su muerte generó conmoción al punto que se realizó una masiva marcha del silencio para homenajearlo en medio de una lluvia torrencial con varios fiscales a la cabeza. Por otro lado, se abrió una grieta en la sociedad entre los que creyeron desde un primer momento que se trató de un asesinato a sangre fría y quienes en un intento por denostar su figura hablaron de un suicidio y filtraron fotos de la vida íntima. 

La investigación nació mal de entrada porque pese a tratarse de un funcionario de la justicia federal que investigaba el atentado de la AMIA y su presunto encubrimiento, fue el fuero ordinario y no el federal el que inició la investigación por la muerte. Era domingo 18 de enero de 2015. Nisman ese fin de semana estaba preparando su presentación para ir a exponer al Congreso luego de haber presentado una denuncia contra el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. Aquella noche de verano, su cuerpo yacía en medio de un charco de sangre en el baño de su departamento del piso 13 de la Torre Le Park de Puerto Madero, cuando fue encontrado por su madre y uno de los custodios que según la fiscalía lo dejó desprotegido al menos por 15 horas desde el sábado 17.

A la escena del crimen ingresaron más de ochenta personas donde todo fue pisoteado y sin ningún recaudo. Según el informe elaborado por la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano que se hizo cargo de la investigación luego de que la jueza Fabiana Palmaghini la enviara al fuero federal, desde el procedimiento inicial, estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso por parte de diferentes actores. “El expediente estuvo marcado, durante los primeros dos años aproximadamente, por vicisitudes que generaron en la opinión pública una sensación de impunidad”.

Para Taiano, que entendió que se trató de un homicidio motivado por su función en la UFI-AMIA y su accionar vinculado al Memorándum con Irán, se corroboró la participación activa de terceras personas en la muerte del Dr. Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015.

También se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como "arma amiga"-. En el caso, el plan homicida se llevó adelante con la utilización de un arma registrada a nombre de Diego Ángel Lagomarsino, (hoy procesado como partícipe necesario) colaborador cercano del fallecido fiscal y que prestaba servicios en la UFI-AMIA.

El fiscal Taiano también analizó la labor ineficiente de los custodios (hoy procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario) que debían proteger a Nisman en su departamento. Destacó en su informe de 52 páginas, que durante ese fin de semana los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados, dejándolo totalmente desprotegido.

Hoy la causa suma fojas y fojas, unas veinte mil en ciento veintiséis cuerpos. Se han solicitado nuevas medidas de prueba. Se libraron nuevas órdenes a empresas telefónicas para obtener los registros entrantes y salientes de cerca de 100 abonados. Se imputó a Luis Alberto Heiler -Prefecto General de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo-ExJefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -ExSecretario de Seguridad del Ministerio De Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -ExSecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar.

Actualmente, se siguen recibiendo testimonios de los agentes de inteligencia que mantuvieron comunicaciones relevantes el fin de semana de la muerte de Nisman y cruzando los datos que surgen con la información. Lo cierto es que a diez años de la muerte no hay certezas sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen pese al esfuerzo de la justicia de seguir juntando pruebas para llegar a la verdad. Y como dice el refrán “Tiempo que pasa, verdad que huye”.

Que existan tensiones en la Corte Suprema no es novedad. Si hacemos un racconto, desde la llegada de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la gestión de Mauricio Macri, la relación con su par Ricardo Lorenzetti no ha sido la mejor.

Las diferencias ya se palpaban en 2018 cuando este último dejó la presidencia del Máximo Tribunal que ocupó durante once años. Para entonces, el presidente saliente cuestionó duramente la resolución de Rosenkrantz de hacerse cargo del Centro de Información Judicial ( CIJ) acusando a su antecesor de dejar acéfala el área de comunicación. A partir de allí, el clima de tensión fue in crescendo al punto de mostrar su fastidio en 2021 cuando Horacio Rosatti, tras una votación, quedó a cargo del Máximo Tribunal. Fue entonces cuando Lorenzetti envió una carta a sus pares comparando ese suceso con la elección de Julio Nazareno en el año 2000 y cuestionó el “auto voto” que le permitió ganar la elección a su par, aludiendo a la necesidad de contar con tres votos para la elección ( en ese momento estaba Elena Highton de Nolasco, que no participó y había pedido una prórroga, como tampoco Lorenzetti, que se encontraba fuera de la ciudad).

La cosa fue más allá en 2022 cuando la pelea involucró a los voceros de Rosatti y Lorenzetti. Tras una serie de fallos que rechazaban planteos de Cristina Fernández de Kirchner en una nota periodística mencionaban a Silvio Robles como el hacedor de algunos párrafos. María Bourdin salió con los tapones de punta contra el ladero de Rosatti y en la red social X dejó en claro que las cosas entre ellos no estaban bien al sostener mediante la transcripción de un párrafo de la nota en cuestión “Me estaría dando vergüenza que este operador, ex Miceli, Jaime, Juan José López (actual Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz) diga que escribió una sentencia judicial. Tan bajo caímos?”.

El asunto no quedó ahí. Un año más tarde, en una extensa carta, Lorenzetti le exigió a Rosatti la renuncia de Robles por “graves faltas de ética”, según sostenía la misiva que las enumeraba punto por punto. En medio de toda esta reyerta se avanzaba en un dictamen en el Congreso por el juicio político impulsado por el Frente de Todos contra los integrantes del Máximo Tribunal que terminó siendo una nube de humo.

En 2024, el gobierno nacional propuso para sumarse a la Corte y cubrir la vacante que dejó en 2021 Elena Highton y que dejaría en diciembre Juan Carlos Maqueda -a quien decidieron no prorrogar el periodo cuando cumpliera los 75 años que marca la Constitución- al juez federal Ariel Lijo (aliado de Lorenzetti) y al abogado y académico Manuel García Mansilla. Pese a cierta resistencia de algunos sectores, los pliegos ingresaron al Senado en junio del año pasado para su tratamiento en comisión, previo a elevarlo al recinto para su votación.

Un mes antes de que esto ocurriera dentro de la Corte siguieron los tironeos. La nueva disputa tuvo que ver con la creación de la secretaría Penal Especial. Por mayoría, los jueces justificaron ello en razón del incremento de expedientes penales que ingresaban a la secretaría 3, por lo cual para “garantizar la buena administración de justicia” lo consideraban necesario. Lorenzetti votó en disidencia señalando que existían otros intereses. “Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, expresó y agregó: “siendo público y notorio que se ha nominado dos jueces para la Corte, sería de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”. Además, apuntó a sus colegas en el atraso de sentencias y la falta de justificación para crear la nueva secretaria. Meses más tarde, Lorenzetti volvió al centro de la escena tratando de marcar la cancha a Rosatti quien fue reelecto en octubre pasado por tres años más, en una elección donde se abstuvo de votar y advirtió a sus pares que en caso de que “ingresen nuevos integrantes a la Corte, habrá que elegir de nuevo a las autoridades”. En ese contexto, durante una entrevista, sostuvo que es una Corte de transición, ya que “no está bien una Corte de tres”.

Cuando promediaba diciembre, previo a la partida de Maqueda, quien dejó el Máximo Tribunal después de veintidós años en medio de una efusiva despedida, los cortesanos dictaron una serie de acordadas que tampoco tuvieron acogida favorable por parte de Lorenzetti, que volvió a cuestionar a sus colegas al sostener que desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos como nunca hubo en el Tribunal, reglas para que las causas sean juzgadas por conjueces entre otros planteos.

Entre las críticas a sus pares, Lorenzetti dijo que las peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es la de dictar sentencias en casos de trascendencia institucional y aludió a 87.218 causas que esperan un pronunciamiento. La respuesta no se hizo esperar y en un documento oficial se informó que durante 2024 la Corte dictó más de 12.250 sentencias, récord en el marco de un incremento interanual que se sostiene a lo largo de los últimos años. Y esa cifra se alcanzó según el comunicado con una dotación de personal que se mantiene estable a lo largo de los años.

Este viernes se conoció el temario de la convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias que en su punto 7 incluye la consideración de Pliegos que requieran Acuerdos para designaciones y promociones del H. Senado de la Nación, lo cual hace prever que se traten los de Lijo, García Mansilla y otros que quedaron sin analizar. ¿Se juntarán los votos necesarios para completar las vacantes que dejaron Highton de Nolasco y Maqueda en la Corte o finalmente ocurrirá que terminen siendo designados en comisión por decreto? La respuesta la tendremos entre el 20 de enero y el 21 de febrero. En el mientras tanto, la guerra interna en la Corte parece no tener fin.

Si 2024 no fue un buen año en términos judiciales para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 2025 podría catapultarla. Ello porque se reactivaron causas en las que tribunales orales habían decidido sobreseerla sin realizar un juicio oral, algo que primero la Cámara de Casación revirtió y la Corte Suprema terminó avalando este fin de año y por otro lado la confirmación del tribunal revisor de la condena en la causa Vialidad.

Como es de público conocimiento el pasado 13 de noviembre la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el marco de este expediente que investigó las irregularidades en la obra pública en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez quien también fue condenado junto a exfuncionarios del entonces gobierno de Fernández de Kirchner, las defensas solicitaron una prórroga -que les fue concedida- para recurrir el fallo, por lo que se estima las presentaciones de los recursos extraordinarios se realizarán en febrero de 2025. A partir de entonces los camaristas estarán en condiciones de definir si hacen lugar o no a los planteos y elevan la causa a la Corte Suprema o si rechazan por lo que la única instancia que les quedará a los imputados será ir en queja ( esto es acudir a la Corte para que revise el fallo cuando se rechaza la posibilidad de ir directamente).

Entonces no será hasta después de mitad de año probablemente que la causa llegue al Máximo Tribunal. De este modo hasta que la condena no quede firme, la exvicepresidenta no irá presa y por otra parte está habilitada para presentarse a las próximas elecciones legislativas en caso de decidirlo. La única traba que hubiese encontrado era si se aprobaba la ley de ficha limpia en el Congreso. Pero desde el ejecutivo sostuvieron mientras se intentaba tratar sobre tablas, que querían evitar la “victimización”. El jefe de gabinete Guillermo Francos durante una entrevista radial, a fines de noviembre pasado, aseguró que “ la victoria política o la derrota política la expresa el pueblo cuando vota”.

El fallo de Casación derivó en una resolución administrativa por la cual el Poder Ejecutivo decidió quitarle a Cristina su “jubilación de privilegio”, lo cual la exmandataria impugnó por considerarlo ilegal y llevará a la justicia en caso de la negativa de Anses de restituirla. Por lo que otro frente se abre de cara a 2025, aunque no solo eso ya que la Fundación Apolo presentó una denuncia en Comodoro Py que ya investiga el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si cometió delito al cobrar el plus por zona desfavorable al declarar domicilio en Río Gallegos cuando habita en Buenos Aires.

Con ese telón de fondo este fin de año la Corte Suprema previo a la partida de Juan Carlos Maqueda quien cumplió 75 años, resolvió en causas sensibles que tienen por protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras recibió una buena noticia en la causa “Dólar Futuro” donde se confirmó su sobreseimiento al rechazar el recurso del fiscal Raúl Pleé, el 5 de diciembre los cortesanos confirmaron la decisión de la Cámara de Casación para que se realice el juicio oral en la causa “ Memorándum con Irán”.

Se trata nada más ni nada menos que la causa impulsada por el fallecido Fiscal Alberto Nisman, que en los próximos días cumplirá diez años de aquel fatídico día en el que fue hallado muerto en el baño de su departamento de la Torre Le Parc de Puerto Madero previo a ir al Congreso a explicar su denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado de la AMIA. El expediente de la muerte tramita en los tribunales como un homicidio. Para Nisman con la firma del memorándum se buscó encubrir a los acusados del atentado haciendo caer las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes requeridos por la justicia Argentina. En el fallo de la Corte ninguno de sus integrantes se metió en el fondo de la cuestión, simplemente descartaron la existencia de arbitrariedad o gravedad institucional alegada.

Junto a Fernández de Kirchner estarán sentados en el banquillo de los acusados Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo Zuain, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elia, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado. El excanciller Héctor Timerman falleció en el transcurso del debate. Serán los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos quienes deberán fijar fecha de inicio del debate oral que dependiendo de la agenda podría ser para este 2025 o fijarse para 2026.

La Corte también definió el pasado 16 de diciembre en una de las causas que más complican a la expresidenta y en la que compartirá banquillo junto a su hijo Máximo, entre otros, que es la conocida como “HotesurLos Sauces” donde se investiga una asociación ilícita, cohecho y lavado de activos. Allí los jueces dejaron firme la decisión de Casación que revocó los sobreseimientos dictados por el Tribunal Oral Federal 5 que por mayoría había decidido desvincular a los 38 imputados. Casación también apartó a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grümberg. Por esta razón serán Adriana Paliotti, José Michilini y Nicolás Toselli.

Esta causa tiene una estrecha relación con la de vialidad puesto que para la justicia el direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez traía aparejado el retorno a través del pago de alquileres de hoteles o departamentos de la familia Kirchner.

En este expediente el fiscal Diego Velasco había solicitado que se avance en medidas de prueba pendientes y otras nuevas pero el Tribunal no hizo lugar a la espera de la decisión de la Corte. Se espera entonces para este 2025 que ese pedido se ejecute por lo que hasta tanto no concluyan esos requerimientos no se podrá fijar fecha de inicio de juicio oral.

Así las cosas el 6 de noviembre Cristina Fernández de Kirchner volverá a estar sentada frente a un Tribunal Oral para ser juzgada como jefa de una asociación ilícita.

Un mega juicio a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero del TOF 7, que tendrá 159 imputados y cerca de 900 testigos. Un proceso que llevará mucho tiempo teniendo en cuenta que en principio serán audiencias una sola vez por semana y a la través de zoom para que puedan estar todas las partes ( no existe un salón tan grande como para que puedan estar sentados todos junto a sus defensores).

La causa estalló el 31 de julio de 2018 con la detención del chofer Oscar Centeno quien escribió en cuadernos viajes que realizaba para trasladar a Roberto Baratta ex2 del Ministerio de Planificación para recaudar dinero. Ello derivó luego en la detención de exfuncionarios y empresarios. Varios de ellos se convirtieron en arrepentidos y reconocieron haber pagado coimas en el marco de licitaciones o convenios. Fueron muchos años de vericuetos legales donde los acusados buscaron hacer caer la causa, primero intentando declarar inconstitucional la ley del arrepentido como así también derribar de todas formas los escritos del chofer Centeno denunciando irregularidades y tachaduras. Esto último más allá de generar un nuevo expediente judicial donde se trató de responsabilizar a Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer que tuvo en su poder los cuadernos hizo que el Tribunal Oral ordenara un cuerpo de escritura que se realizó con mucho hermetismo el 17 de diciembre pasado respetando los protocolos del programa de protección de testigos e imputados.

El panorama no luce de lo mejor si tenemos en cuenta que se reabrió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por decisión de la Cámara Federal que revocó el archivo dispuesto por el juez Julián Ercolini a instancias del fiscal Pollicita en una derivación de HotesurLos Sauces. En su fallo los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que había que profundizar la investigación y realizar un peritaje contable, en tanto Mariano Llorens fue más allá e insistió en que se la llamara a indagatoria analizando de forma conglobada todos los expedientes. Recordarán que la expresidenta fue investigada en distintas oportunidades junto a su marido Néstor Kirchner y sobreseída todas esas veces. El caso más escandaloso fue el que tuvo en sus manos el fallecido juez Norberto Oyarbide quien años más tarde llegó a decirle a la prensa “ me apretaron del cogote para sacar las causas de los Kirchner”.

Por último no debemos olvidarnos de la causa por la ruta del dinero K donde se investiga a la exjefa de Estado. La investigación a cargo del juez Sebastián Casanello ya se juzgó y terminó con las condenas de Lázaro Báez, Leonardo Fariña entre otros, pero un remanente la tiene en la mira. Cristina Fernández fue sobreseída por falta de acusación del fiscal Guillermo Marijuan que la investigó durante años. Tras ello la ONG Bases republicanas pidió ser querellante. Mientras el magistrado denegó esa posibilidad, la Cámara les dio la razón y no sólo los aceptó sino que también revocó el sobreseimiento de la expresidenta. La acusación ahora sólo depende de la nueva querella, mientras se seguirá profundizando en medidas para avanzar.

Cristina Fernández de Kirchner aparece como imputada en la mayoría de las causas. Por el contrario es damnificada y víctima en el juicio que se le sigue a los llamados “ copitos” por el intento de homicidio ocurrido frente a su casa en el barrio de la Recoleta el 1 de septiembre de 2022. La exvicepresidenta intentó que se investigue una conspiración en su contra acusando al diputado Gerardo Milman. Hasta el momento la justicia no encontró una sola prueba de las acusaciones y la persona que dijo haber escuchado la frase “ cuando la maten voy a estar camino a la costa” que supuestamente dijo Milman, está siendo investigado por falso testimonio.

Todas estas decisiones judiciales en contra de los designios de la presidenta del PJ volvieron a poner sobre el tapete la discusión sobre un posible Lawfare desde los sectores que la apoyan. Acusan a la justicia estar en convivencia con la política para proscribirla. Lejos de ello como ya hemos mencionado. No hubo ficha limpia, no habrá una decisión judicial que impida a Cristina presentarse a elecciones y tampoco irá presa hasta tanto no se confirme la condena. El panorama es incierto, pero no lo es el trabajo que tendrán sus abogados para intentar revertir la situación procesal de su defendida. Porque hasta que no haya condena firme, “ se presume inocente”.

Que existen tensiones en la Corte Suprema no es novedad. Si hacemos un racconto, desde la llegada de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la gestión de Mauricio Macri, la relación con su par Ricardo Lorenzetti no ha sido la mejor. Lasdiferencias ya se palpaban en 2018 cuando este último dejó la presidencia del Máximo Tribunal que ocupó durante once años. Para entonces el presidente saliente cuestionó duramente la resolución de Rosenkrantz de hacerse cargo del Centro de Información Judicial ( CIJ) acusando a su antecesor de dejar acéfala el área de comunicación. A partir de allí, el clima de tensión fue in crescendo al punto de mostrar su fastidio en 2021 cuando Horacio Rosatti, tras una votación, quedó a cargo del Máximo Tribunal. Fue entonces cuando Lorenzetti envió una carta a sus parescomparando ese suceso con la elección de Julio Nazareno en el año 2000 y cuestionó el “auto voto” que le permitió ganar la elección a su par, aludiendo a la necesidad de contar con tres votos para la elección ( en ese momento estaba ElenaHighton de Nolasco, que no participó y había pedido una prórroga, como tampoco Lorenzetti, que se encontraba fuera de la ciudad).La cosa fue más allá en 2022 cuando la pelea involucró a los voceros de Rosatti y Lorenzetti. Tras una serie de fallos que rechazaban planteos de Cristina Fernández de Kirchner en una nota periodística mencionaban a Silvio Robles como el hacedor de algunos párrafos. María Bourdin salió con los tapones de punta contra el ladero de Rosatti y en la red social X dejó en claro que las cosas entre ellos no estaban bien al sostener mediante la transcripción de un párrafo de la nota en cuestión “Me estaría dando vergüenza que este operador, ex Miceli, Jaime, Juan José López (actual Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz) diga que escribió una sentencia judicial. Tan bajo caímos?”.El asunto no quedó ahí. Un año más tarde, en una extensa carta, Lorenzetti le exigió a Rosatti la en cuestión “Me estaría dando vergüenza que este operador, ex Miceli, Jaime, Juan José López (actual Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz) diga que escribió una sentencia judicial. Tan bajo caímos?”.El asunto no quedó ahí. Un año más tarde, en una extensa carta, Lorenzetti le exigió a Rosatti la 

En 2024, el gobierno nacional propuso para sumarse a la Corte y cubrir la vacante que dejó en 2021 Elena Highton y que dejaría en diciembre Juan Carlos Maqueda -a quien decidieron no prorrogar el periodo cuando cumpliera los 75 años que marca la Constitución- al juez federal Ariel Lijo (aliado de Lorenzetti) y al abogado y académico Manuel García Mansilla. Pese a cierta resistencia de algunos sectores, los pliegos ingresaron al Senado en junio del año pasado para su tratamiento en comisión, previo a elevarlo al recinto para su votación.Un mes antes de que esto ocurriera dentro de la Corte siguieron los tironeos. La nueva disputa tuvo que ver con la creación de la secretaría Penal Especial. Por mayoría, los jueces justificaron ello en razón del incremento de expedientes penales que ingresaban a la secretaría 3, por lo cual para “garantizar la buena administración de justicia” lo consideraban necesario. Lorenzetti votó en disidencia señalando que existían otros intereses. “Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, expresó y agregó: “siendo público y notorio que se ha nominado dos jueces para la Corte, sería de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”. Además, apuntó a sus colegas en el atraso de sentencias y la falta de justificación para crear la nueva secretaria.Meses más tarde, Lorenzetti volvió al centro de la escena tratando de marcar la cancha a Rosatti quien fue reelecto en octubre pasado por tres años más, en una elección donde se abstuvo de votar y advirtió a sus pares que en caso de que “ingresen nuevos integrantes a la Corte, habrá que elegir de nuevo a las autoridades”. En ese contexto, durante una entrevista, sostuvo que es una Corte de transición, ya que “no está bien una Corte de tres”.Cuando promediaba diciembre, previo a la partida de Maqueda, quien dejó el MáximoTribunal después de veintidós años en medio de una efusiva despedida, los cortesanos dictaron una serie de acordadas que tampoco tuvieron acogida favorable por parte de Lorenzetti, que volvió a cuestionar a sus colegas al sostener que desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos como nunca hubo en el Tribunal, reglas para que las causas sean juzgadas por conjueces entre otros planteos.Entre las críticas a sus pares, Lorenzetti dijo que las peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es la de dictar sentencias en casos de trascendencia institucional y aludió a 87.218 causas que esperan un pronunciamiento. La respuesta no se hizo esperar y en un documento oficial se informó que durante 2024 la Corte dictó más de 12.250 sentencias, récord en el marco de un incremento interanual que se sostiene a lo largo de los últimos años. Y esa cifra se alcanzó, según el comunicado, con una dotación de personal que se mantiene estable a lo largo de los años. 

Este viernes se conoció el temario de la convocatoria del gobierno a sesionesextraordinarias que en su punto 7 incluye la consideración de Pliegos que requieranAcuerdos para designaciones y promociones del H. Senado de la Nación, lo cual haceprever que se traten los de Lijo, García Mansilla y otros que quedaron sin analizar. ¿Se juntarán los votos necesarios para completar las vacantes que dejaron Highton deNolasco y Maqueda en la Corte o finalmente ocurrirá que terminen siendo designadosen comisión por decreto? La respuesta la tendremos entre el 20 de enero y el 21 defebrero. En el mientras tanto, la guerra interna en en la Corte parece no tener fin.