Han pasado dos semanas desde las elecciones y la imagen que deja el resultado es nítida: una mayoría de argentinos eligió apostar por las ideas de la libertad. O, al menos, decidió concederle más tiempo al cambio emprendido por el jefe de Estado, confiando en que los costos actuales del cambio se materializarán en resultados positivos para Argentina.

Como consecuencia, el mapa político se cambió. Ya no estamos ante la diada —peronismo-antiperonismo— que hasta este año persistía en ciertas elecciones provinciales. Hoy la división real pasa entre el impulso libertario del cambio y el estatismo que atraviesa a todo el espectro de izquierda. El centro político, la zona cómoda y ambigua de muchos, ha devenido en la insignificancia.

Los números aclaran el panorama. Mientras La Libertad Avanza obtuvo 48 bancas, la mayoría propias; el PRO perdió 11, el peronismo no sumó ninguna y el experimento fallido Provincias Unidas apenas raspó las ocho. Si esta tendencia se confirma en 2027, estaremos frente al nacimiento de un bipartidismo imperfecto, pero funcional, con Milei como punto de gravedad de toda la derecha y la centroderecha.

El PRO, ahora, enfrenta el desafío de redefinirse: puede acompañar y ser un aliado estratégico del cambio, como apoya una parte de la dirigencia; o continuar con su declive electoral. Si logra acompañar la revolución libertaria y dotar el panorama de su visión institucionalista y republicana, podrá ser parte activa de las transformaciones estructurales que el país necesita.

El peronismo, aunque sigue sosteniendo poder territorial, ha quedado inmovilizado. Conserva lo que tiene, pero no crece, ni siquiera en su bastión: la Provincia de Buenos Aires. Sin horizonte doctrinario, narrativa convincente ni un líder definido, su fuerza se vuelve inercial.A Javier Milei le dijeron que arme un partido y gane las elecciones, y lo que hizo Milei fue armar un partido de cero y reconfigurar al resto de partidos, haciendo que Argentina, por primera vez en décadas, empieza a hablar un idioma distinto, se permite decir palabras como superávit, déficit cero y estado mínimo, palabras que con el kirchnerismo eran sinónimo de injusticia social. La palabra más importante, libertad, ya no divide: ordena. No es grito, es programa. Ese giro cultural es, quizá, el logro más profundo del Mileísmo.

Milei cuenta con dos años para demostrar que es capaz de liderar y consensuar para conseguir los cambios que necesita el país para continuar en la senda del desarrollo. Al final, lo que está en juego no es quién gobierna —únicamente—, sino qué valores gobiernan. O le va bien a LLA o el próximo gobierno será radicalmente distinto al que yace ahora en la Casa Rosada.

Milei cuenta con dos años para demostrar que puede liderar y consensuar para transformar y lograr los cambios que el país reclama. O le va bien a La Libertad Avanza, o el próximo gobierno será radicalmente distinto al que hoy habita la Casa Rosada. Al final, lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino qué valores gobiernan y que dirección marcan para el país.Si este nuevo orden político sirve para consolidar un país que valore la meritocracia, las instituciones y el orden, entonces no estaremos ante un simple reordenamiento electoral, sino ante un verdadero y duradero cambio de la cultura política. Una donde los actos pesen más que las palabras.

Más allá del color político, lo interesante de este momento es que la Argentina de 2025 es políticamente muy distinta a la de hace dos años y la de 2027 será muy distinta a la de ahora.Más allá del color político, lo trascendente de este momento es que la Argentina de 2025 es distinta a la de hace dos años, y la de 2027 será, sin duda alguna, distinta a la actual. En apenas un ciclo de elecciones, el país está dejando atrás décadas de resignación para volver a discutir las prioridades y el futuro que se quiere.

Los colores de la bandera peruana, la blanquirroja, representan la sangre derramada (rojo) para alcanzar la paz, la justicia y la pureza (blanco). Es la historia condensada de un país que nació entre el sufrimiento y la esperanza. Hoy, los peruanos se vuelven a teñir de rojo, y este no evoca las gestas de la independencia, sino la violencia cotidiana que amenaza la convivencia.

El Perú atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de las últimas décadas. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones, hasta este domingo se registraban 1.842 homicidios, una cifra que podría duplicarse si se incluyen los casos no reportados y mal clasificados. Esto supone que hay más de 12 víctimas mortales por día, y una tasa real superior a los 13 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ante este escenario, el presidente interino José Jerí recurrió al recurso favorito de los mandatarios en crisis: declarar el estado de emergencia. Una decisión que suspende libertades, militariza las calles y busca transmitir una imagen de control. Una herramienta que podemos ver necesaria en el contexto actual, pero resulta ineficaz si no se materializa más allá del discurso. Esta nueva medida es, por un lado, un intento de Jerí por legitimarse, en medio de una presidencia frágil y cuestionada; y por el otro, una oportunidad para poner fin —al menos simbólicamente— a la crisis de seguridad.

Desde el primer día de su pasantía en la Casa de Pizarro, ha jugado muy astutamente al Bukele. Es lógico: el presidente salvadoreño, con su mezcla de mano dura y marketing digital, se convirtió en un modelo exportable en América Latina combinando popularidad y eficacia. En un continente donde la inseguridad se ha vuelto estructural, la bukelización de la política ofrece rédito rápido, sobre todo cuando la legitimidad tiembla.

Jerí lo sabe, o al menos su equipo de comunicación. Y sabe también que el miedo es un combustible poderoso. El discurso oficialista apela a la defensa del ciudadano común y al castigo de las mafias Pero también sabe que no puede fracasar en esta labor, porque más muertes lo empujan hacia el precipicio de la remoción y la brevedad de su mandato.

El nuevo estado de emergencia en Lima y Callao no es una medida inédita. En marzo, el gobierno de Dina Boluarte ya lo había aplicado, sin resultados visibles, llevándola a ser vacada.

Para poner en contexto, el decreto autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje y control, junto con la Policía. Se restringen derechos como la libertad de tránsito y reunión, aunque no se ha decretado toque de queda (por el momento). El objetivo es frenar la ola de homicidios y extorsiones que golpea la capital peruana. Hasta el momento, nada ha cambiado: hubo cinco muertos en el primer día de la medida.

Las políticas públicas de seguridad abarcan dos dimensiones: la objetiva —los resultados medibles— y la subjetiva —la sensación de protección—. En el corto plazo, el gobierno de Jerí parece apuntar a la segunda, que es innegablemente importante: que la gente «sienta» que el Estado actúa. Es un alivio simbólico, más emocional que efectivo.

Jerí tiene que demostrar que su decisión no es sólo discurso, sino una política con resultados tangibles. Si este nuevo estado de emergencia logra marcar un punto de inflexión, podrá decir que detuvo, aunque sea por un instante, la debacle en materia de seguridad; si fracasa, podemos prever una nueva sucesión constitucional.

Porque una nación sólo debe teñirse de rojo si luego puede volver a colorearse de blanco.

América Latina está cambiando. Las democracias tardías comienzan —con matices— a consolidarse. El miedo a tropezar con experiencias dictatoriales como el chavismo y el castrismo ha sido un antídoto poderoso. Pero más aún lo ha sido el testimonio vivo de millones de venezolanos que, escapando del régimen socialista de Maduro, dejaron atrás todo en busca de valores democráticos. Su exilio, disperso por países de izquierda y de derecha, se convirtió en una lección colectiva: cuando se sacrifica en nombre del pueblo, lo que desaparece es el pueblo mismo.

Aunque el dato no mate el relato —como repiten las cuentas tecnocráticas y conservadoras—, los datos son evidentes. En apenas dos décadas, América Latina casi ha duplicado su riqueza, la pobreza se ha reducido a la mitad y la región comienza a recuperar relevancia geopolítica. Mientras Europa envejece, pierde capacidad productiva y enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, nosotros conservamos algo que allá se agota: vitalidad y juventud. Dos condiciones esenciales cuando se piensa en desarrollo e inversión. La lógica es sencilla: las grandes empresas proyectan a largo plazo, y ningún inversor serio destina capital a sociedades que ya padecen un déficit vital —más muertes que nacimientos— o están al borde de enfrentarlo. Es así que América Latina sigue siendo una promesa demográfica, una reserva de vitalidad para Occidente.

Sin embargo, el potencial demográfico y económico de nuestra región, así como el fortalecimiento de los valores democráticos, convive aún con la tentación autoritaria. Las viejas brisas bolivarianas siguen soplando, aunque cada vez con menos fuerza. En Venezuela, Maduro sostiene una dictadura que sobrevive a punta de represión y hambre; en Colombia, Gustavo Petro logró convencer a buena parte del país de que un modelo que castiga la inversión, ataca el desarrollo y polariza a la sociedad es preferible al de la libertad económica. Ambos representan el anacrónico sueño disfuncional de construir una “Patria Grande” como la que alguna vez imaginaron Chávez, Evo, los Kirchner y hasta Lula.

Pero el viento empieza a soplar en otra dirección. Países como Argentina le dieron un golpe al populismo. Rompieron con la retórica de la igualdad que justificó la decadencia, el desgobierno y el estancamiento. La reemplazaron por una lógica de resultados: el voto premia o castiga hechos, no discursos. Y son las nuevas generaciones en las que más cala este cambio: que el progreso no se decreta, se construye.

Entre jóvenes profesionales y clases medias, se consolida la idea de que la estabilidad no es un lujo, sino una condición previa para cualquier proyecto colectivo. Y esa convicción puede ser la base de una nueva etapa política.

El gran desafío que viene con todo esto es sostener la dirección que empezamos a tomar en el tiempo. Perú ofrece un ejemplo parcial de esa madurez: ha sostenido una moneda estable durante más de tres décadas e implementado múltiples candados constitucionales a la amenaza bolivariana, evitando que la volatilidad cíclica de la política rompa con los avances alcanzados. El reto de esta nueva generación de líderes será construir consensos mínimos que trasciendan la inmediatez, y —sobre todo— que los trasciendan a ellos.

Las nuevas conducciones políticas están reordenando las prioridades e identificando lo que la ciudadanía realmente demanda: seguridad, estabilidad y libertad. Por eso, los liderazgos que asumen estos objetivos ganan cada vez más relevancia y son, también, cada vez más necesarios. Cada elección se ha convertido en un balotaje entre avanzar o retroceder. La responsabilidad de los políticos es conseguir el voto para sacar el país del estacionamiento y ponerlo en marcha; la otra opción solo garantiza retroceder y empotrarse contra el cemento.

América Latina tiene, quizá por primera vez en mucho tiempo, la oportunidad para dejar de ser espectador para convertirse en protagonista. Cada una de las próximas elecciones en la región tratan entre volver al pasado o consolidar el futuro. La historia reciente dejó suficientes advertencias: cada vez que la región confió en proyectos personalistas terminó empobrecida; cada vez que eligió orden y apertura, progresó.

O sostenemos el rumbo o nos traga el retroceso. En América Latina, nunca hubo punto medio.

Desde que Kuczynski Godard llegó al Palacio de Pizarro el 28 de julio de 2016, el Perú ha tenido un total de siete presidentes. En menos de una década, hemos atravesado dos elecciones, tres vacancias y dos renuncias, un ciclo que ha convertido al país en uno de los más inestables de la región.

Para dimensionar la magnitud del problema, basta revisar los plazos: en promedio, los peruanos hemos cambiado de mandatario cada dieciséis meses y de ministros, cada dos semanas. Lejos de ser un signo de vitalidad democrática, es la más cruda expresión de una fatiga institucional profunda y un hartazgo colectivo. Las instituciones ya no sostienen a quienes las dirigen, y las calles —cansadas de la misma politiquería de siempre— quieren un cambio total de quienes gobiernan.

El pasado 10 de octubre agregamos un nombre más a nuestra ya interminable lista de presidentes: José Jerí. Su llegada, consecuencia de la vacancia de Dina Boluarte —exvicepresidenta de Pedro Castillo—, nos obliga a detenernos y mirar hacia dentro. ¿Quiénes sostienen —o provocan— esta crisis que se volvió endémica?

La respuesta es simple: todos. Por un lado, los grupos de poder quieren llevar agua para su molino; por el otro, la política se ha tornado en una casta oligárquica. Pero los mayores culpables son los que, con su voto, siguen premiando la mediocridad. El electorado peruano es inmaduro: no ha entendido las reglas de la democracia y no admite su error al emitir el voto.

Asomándose desde afuera, uno puede concluir que el problema es meramente político; sin embargo, más allá de lo que se vislumbra evidente, hay un fenómeno estructural: una ciudadanía que elige sin convicción racional y que se niega a asumir las consecuencias de sus errores.

En el Perú, la elección presidencial se ha transformado en un acto de catarsis colectiva más que en un deber cívico. Se vota con el hígado antes que con la cabeza, “contra” alguien y no “por” algo. Así, el voto —que debería ser la herramienta para cambiar el rumbo— termina siendo el arma que nos condena.

Los ejemplos sobran en cada una de las siete gestiones presidenciales. Kuczynski llegó con un discurso tecnocrático, pero sin partido ni convicción política que lo sostuviera. Vizcarra, su vicepresidente, gobernó entre la popularidad y el cinismo, terminando hundido en la corrupción, el descontrol y la insignificancia.

Merino apenas resistió cinco días en el cargo: volviéndose un símbolo de que legalidad es distinto a legitimidad. Sagasti encarnó una transición correcta pero sin rumbo. Luego vino Pedro Castillo, que llevó la improvisación al extremo, la corrupción a su faceta más impúdica y hasta ecos de la ideología terrorista a Palacio de Gobierno.

Su sucesora, Dina Boluarte, representó la indiferencia y la incapacidad convertidas en gobierno. Y hoy, José Jerí asume el poder como una nueva anomalía en la norma, con denuncias que lo acompañan incluso antes de jurar.

En ese sentido, Jerí personifica el agotamiento de una clase política que hace tiempo perdió el sentido de la decencia pública. Su llegada al poder no representa un relevo, sino la confirmación de una élite que ya no distingue entre servir y servirse del Estado. Llega sin programa y sin horizonte; tras dos días en el cargo, sus tuits hacen más bulla que sus no seleccionados ministros.

Lejos de ser una solución a la crisis agravada por su predecesora, es un nuevo baluarte de la decadencia que, cada cierto tiempo, arriba al Palacio. Entre una denuncia por agresión sexual, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y publicaciones en X que develan su pobrísima opinión sobre el papel de la mujer en la sociedad, estamos ante un nuevo ancla para el desarrollo del país, incrustada al fondo de su estancamiento.

Vivimos un patrón que se repite independientemente de la ideología. Ni la derecha tecnocrática, ni la izquierda populista, ni los autodenominados “centristas” han logrado construir una narrativa de Estado. La política peruana se volvió un mecanismo de supervivencia y no uno de conducción. Se gobierna al día.

El país necesita una restauración del sentido del orden, un gobierno que recupere la idea de autoridad como servicio y no como botín. El sentido del deber tiene que ser la regla de quien pisa el Palacio en lugar de la excepción nunca conocida, y eso solo se logra votando con convicción y sin odio.

El año entrante el país andino tiene la posibilidad de girar el timón, pero la única forma de lograr dicho cometido es recordar quiénes son los responsables y asumir que una mala elección puede terminar asomándonos al abismo.