La zona patagónica, o sea la Patagonia argentina, que incluye los ex territorios nacionales —hoy provincias— como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, ha sido beneficiada con tarifas más bajas, teniendo en cuenta que es la zona donde se produjeron los descubrimientos de petróleo y que podía ser denominada la capital histórica del petróleo y del gas en la Argentina. Las distancias allí son muy grandes, entonces la nafta y el gasoil tenían precios más baratos que en el resto del país. Otro beneficio también se daba en el caso del precio del gas natural, porque es una región que, al menos en gran parte de su territorio, está cerca de los pozos. Todo el mundo sabe que esa zona siempre ha sido beneficiada con tarifas más reducidas, teniendo en cuenta sus condiciones de extensión, baja población y su carácter histórico de productora de hidrocarburos.

Beneficiar a la zona fría de la Patagonia fue un proyecto de la época del kirchnerismo. Máximo Kirchner impulsó ese beneficio de zonas frías llevándolo a otras zonas del país que, en realidad, son templadas. Hay que tener en cuenta que la Argentina es un país de gran extensión. En el norte del país está el Trópico de Capricornio: Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero son provincias muy cálidas. Luego tenemos una franja geográfica en la que está incluida la provincia de Buenos Aires, con un clima templado. Todo el mundo sabe que en verano hace mucho calor en Córdoba, por ejemplo. El tema es que la cantidad de días fríos no tiene una extensión tan larga en el tiempo.

En el país, alrededor de la latitud 33, tenemos inviernos fríos donde todo el mundo prende la calefacción y utiliza más gas natural, pero también veranos de calor intensísimo, además de primaveras muy cálidas, como ocurre en noviembre. En el año 2020 se extendió el régimen de zonas frías llevándolo, en realidad, a lugares que no eran zonas frías en el sentido patagónico. Puede haber algunos días de frío intenso, pero son pocos días. A mi criterio, hubo un gran contenido demagógico en la propuesta de los autores de la iniciativa, que fue el kirchnerismo y que además fue acompañada por la mayoría de los gobernadores y diputados de las provincias que se beneficiaban con esta extensión de zonas frías.

Entonces pasaron a ser parte del régimen gran parte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, gran parte de Santa Fe, Mendoza, entre otras. Esto significó un mayor gasto en subsidios y benefició a una gran cantidad de población, teniendo en cuenta que no se trataba de zonas frías típicas. Esta nueva ley corrige eso y elimina esa extensión demagógica de zonas frías prácticamente en gran parte del país, incusive en provincias en donde hay incendios por clima cálido. No podemos llevar la idea de zona fría a todo el país. Hay usuarios que utilizan gas barato incluso para calefaccionar piletas de natación. Entonces me parece que es correcto volver par atrás: la idea es circunscribir la zona fría a lo que históricamente fue la Patagonia, la gran productora de hidrocarburos del país, e incorporar también algunas otras zonas que sabemos que son igualmente frías, como por ejemplo la provincia de Mendoza. Se excluyó a la provincia de Buenos Aires, que llegaba hasta Pergamino, Córdoba, Santa Fe etc. porque no tenía sentido que fueran beneficiadas. 

Creo que la medida es correcta porque la extensión de la zona fría, que se hizo en el año 2020, fue una dilapidación de recursos públicos sin mayor sentido. Además, si vamos a pensar en las zonas frías y en beneficiar a los usuarios, también habría que pensar en aquellas zonas muy cálidas del territorio nacional. Por decir algo, provincias como Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes o Santiago del Estero también tendrían derecho a recibir un subsidio, en este caso no por el frío sino por el calor. Es obvio que los comercios y los usuarios de esas zonas tan cálidas tienen que tener el aire acondicionado encendido todo el día, y esto también significa un gasto extra de energía.

Uno podría decir que esta abolición o eliminación del concepto de zonas frías en aquellas localidades que no merecen ser consideradas de temperaturas bajísimas es razonable. Lo que sí creo que va a ser tenido en cuenta, y me parece bien, es que la población argentina tiene un porcentaje de pobreza muy alto: el 28% de la población está considerada pobre”.

Esto indica una cantidad creciente de pobres en la Argentina, porque el valor del 28% de población en estado de pobreza, que es el registrado en este año 2026, es similar al que existía hace diez años, en 2017. Pero como la población ha aumentado, ese mismo porcentaje implica que hoy hay más pobres que en 2017, cuando la población era menor.

Entonces, creo que una de las contrapartidas positivas es que la población en estado de pobreza debidamente comprobada, perteneciente a las provincias que antes estaban incluidas dentro de las zonas frías y que ahora quedarían excluidas, va a tener una compensación tarifaria. Eso va a proteger a esa parte de la población para que pueda acceder a los consumos energéticos, tanto de energía eléctrica como de gas natural, sin los problemas que seguramente enfrenta una familia que vive en situación de pobreza o pobreza extrema.

La transición energética se ha convertido en uno de los principales desafíos globales del siglo XXI. El consenso científico internacional sostiene que el calentamiento global es consecuencia de causas antropogénicas, vinculadas principalmente al uso intensivo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y, en menor medida, el gas natural. La quema de estos recursos para la generación de energía y el funcionamiento de la economía produce gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, que aceleran el cambio climático.

Frente a este diagnóstico, la comunidad internacional avanzó en acuerdos y políticas orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a promover fuentes de energía más limpias. El reemplazo de los motores de combustión por vehículos eléctricos, el desarrollo de energías renovables como la solar y la eólica, la expansión de la energía hidráulica y el sostenimiento de la energía nuclear forman parte de una estrategia global destinada a modificar las matrices energéticas.

En este contexto, la posición de la Argentina genera interrogantes, ya que actualmente su línea oficial es escéptica frente a la idea de que el cambio climático sea producto de la acción humana, una postura que se aparta del consenso científico y de las políticas que impulsa la mayoría de los países desarrollados. Esta visión introduce incertidumbre sobre el rumbo que adoptará el país en materia de transición energética y sobre la existencia de un plan de largo plazo compatible con los compromisos ambientales internacionales.

La ausencia de una estrategia clara resulta particularmente relevante en un sector que requiere planificación sostenida, inversiones de gran escala y previsibilidad. La transición energética no implica únicamente un cambio tecnológico, sino también una redefinición del rol del Estado. Históricamente, la Argentina construyó su infraestructura energética a partir de una fuerte intervención estatal. 

A lo largo del siglo XX, empresas públicas como YPF, Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica fueron pilares del desarrollo del sistema energético nacional, junto con el impulso a la energía nuclear y la construcción de grandes represas hidroeléctricas.

La transición energética demanda coordinación, planificación y decisiones estratégicas que difícilmente puedan recaer exclusivamente en el sector privado, especialmente en un país con restricciones macroeconómicas y necesidades de inversión de largo plazo.

A dos años del inicio de la gestión y con otros dos por delante, el sector energético enfrenta un escenario de incertidumbre. Sin una hoja de ruta clara hacia una matriz energética más limpia y diversificada, la Argentina corre el riesgo de quedar rezagada frente a un proceso que ya está en marcha en gran parte del mundo. 

La forma en que el país aborde este desafío será clave no solo para su inserción internacional, sino también para su desarrollo económico y su sustentabilidad futura.

El sistema energético argentino presenta un déficit crónico, sobre todo en el sector eléctrico. A través de la red nacional del país tenemos un sistema nacional de energía eléctrica que, en cada provincia, es operado por empresas eléctricas provinciales, pero que reciben la energía de un sistema nacional complejo, integrado por unos 43.000 megavatios instalados de potencia en diversas centrales y de distintos tipos.

Tenemos centrales hidroeléctricas: un gran parque hidroeléctrico en Argentina, en la zona del Comahue, con grandes centrales como El Chocón, Los Colorados, Alicurá, entre otras. Tenemos grandes centrales binacionales e hidroeléctricas internacionales como Salto Grande, que están entre las más grandes del mundo y de América. Contamos con un gran parque hidroeléctrico.

También tenemos un parque termoeléctrico muy importante, conformado por centrales térmicas. Gran parte de esas centrales están en el Gran Buenos Aires y en el resto de la provincia.

Finalmente, tenemos un creciente parque generador en base a energías renovables modernas. Es un fenómeno del siglo XXI, de los últimos 15 años, donde creció muy positivamente la instalación de centrales eólicas en zonas con vientos importantes y también la energía solar, que tiene un desarrollo muy significativo en aquellas partes del país con buen recurso solar.

Pero en la Ciudad de Buenos Aires y en parte del Gran Buenos Aires, la red de distribución en media y baja tensión tiene un grado de obsolescencia importante, sobre todo en las zonas abastecidas por instalaciones heredadas de la empresa Ítalo, que son muy viejas. Hay partes de la instalación de la Ciudad de Buenos Aires que no resisten la demanda actual. 

Es un problema múltiple que debe ser encarado con planificación, que debería estar a cargo del Estado. Esa planificación de obras debería ser ejecutada por las empresas privadas para contar con un sistema apto para funcionar en condiciones que puedan abastecer toda la demanda de los usuarios.

Este es el primer problema estructural que tiene Argentina: no puede abastecer toda la demanda. Es un problema que evidentemente está mal planteado y no vemos un discurso gubernamental claro ni un plan nacional que tenga en cuenta qué obras deberían hacerse para resolver definitivamente el problema y cuáles son las inversiones necesarias. 

Difícilmente esas decisiones del sector privado coincidan con las necesidades imperiosas de la población, que es no sufrir cortes de luz. El gobierno adopta una postura de delegar la responsabilidad en los inversores privados, y eso no resuelve el problema que la población necesita solucionar: contar con un sistema eléctrico que pueda abastecer toda la demanda en todas las épocas del año.

La salida es un plan nacional y provincial de obras impulsado por el gobierno, ejecutado por privados. Un plan nacional de inversiones. Hay obras que el sector privado no va a hacer: nadie va a invertir en centrales nucleares o grandes hidroeléctricas como El Chocón o Salto Grande. Esas son inversiones públicas que deben ser bien planificadas, financiadas y, en algunos casos, con acuerdos internacionales.

¿Qué salida hay para este laberinto? En primer lugar, el gobierno debe asumir que la responsabilidad última por la prestación de los servicios públicos es gubernamental. No puede desentenderse de los cortes. Tiene que tener una política energética, un discurso que explique el problema y una propuesta de cómo resolverlo.

El presidente es jefe de Estado, entonces debe organizarlo para resolver los problemas. Esto implica asignar funciones: hay obras que puede hacer el sector privado y otras que necesariamente debe hacer el Estado.

Es infantil pensar que un inversor privado argentino pueda construir una obra como Salto Grande. El gobierno tiene que asumir una realidad a la que todavía no llegó. No tuvo presupuesto nacional, lo que dificulta ver cuáles son las inversiones que impulsa el gobierno, cuáles hará el Estado y cuáles pueden hacer los privados.

Hay un desorden fundamental en el tema de la inversión pública: carreteras, puertos, ferrocarriles, energía eléctrica, grandes centrales eléctricas. De todo esto el presidente debe hablar.