Diego Santilli sigue dandole un aire a la gestión de Javier Milei. Esta semana el Gobierno nacional, representado por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía Luis Caputo, reunió a los gobernadores del Norte Grande: acordaron avanzar en un esquema de subsidios para los usuarios de las denominadas zonas cálidas, con el objetivo de reducir el impacto de las altas temperaturas sobre el consumo eléctrico. 

La medida contempla una segmentación tarifaria específica para estas regiones y busca ampliar el alcance de los beneficios para los hogares de menores ingresos

Una de las provincias que sería beneficiada es Corrientes. El gobiernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con Newstad, se mostró confiado en que de esta manera el poroteo alcanzaría para que, a cambio de este acuerdo de zonas cálidas, se logre el cambio en “zonas frías” sobre subsidios al gas: “El reclamo fue escuchado y vamos a continuar trabajando para que la Ley de Zona Fría pueda votarse la semana que viene en el Senado”, adelantó.

—¿Qué cambios se producirían para los usuarios de las provincias del Norte si finalmente se aprueba la ley?

Una vez que se apruebe definitivamente la Ley de Zona Fría, el Ministerio de Economía va a activar una resolución para regular los bloques de zonas cálidas y muy cálidas. Esto nos va a permitir a los correntinos tener tarifas diferenciadas para las zonas cálidas y muy cálidas.

—¿También están gestionando que toda la provincia de Corrientes sea considerada zona muy cálida?

Sí. Estamos haciendo otra gestión con el interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, para pasar toda la provincia a zona muy cálida. De esta manera, más hogares podrán contar con esta tarifa diferenciada, que es una tarifa muy importante.

—¿En qué consiste concretamente esta tarifa diferenciada y cómo impactaría en las facturas?

La tarifa diferenciada implica diferenciar el valor del costo del kilowatt, lo que permite que la factura disminuya de manera importante. Hay que aclarar que no es automático: es para quienes ya están inscriptos en el régimen de subsidios. Además, se va a aumentar la capacidad subsidiada de 300 a 500 kilovatios y, de esta forma, vamos a poder llegar a más de 180.000 hogares.

—¿Cuándo comenzaría a aplicarse el beneficio si el Senado aprueba la ley?

Si se aprueba la Ley de Zona Fría el próximo 26 de agosto, esto estaría entrando en vigencia a partir de la primera semana de septiembre. De esta manera, los hogares correntinos van a tener una baja sustancial en sus facturas.

—¿Quiénes podrán acceder a esta tarifa diferenciada?

Está destinada a las personas que tengan ingresos inferiores a tres salarios mínimos, que actualmente son alrededor de 3,7 millones de pesos. Todos los que cumplan con esa condición podrán acceder a esta tarifa. Estamos hablando de cerca del 75% de los usuarios.”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Luján, Alberto Nicosia, y la vicepresidenta de la entidad, Rosana Cordero, participaron de un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) al cual fue invitado Newstad Energía2050. Se analizaron los regímenes RIMI y RIGI para proveedores y los principales desafíos que enfrenta actualmente el proceso de transición energética.

Durante la jornada, las autoridades de la cámara empresaria compartieron experiencias desarrolladas en Luján y fortalecieron el vínculo institucional con CADER, con el objetivo de acercar a las empresas locales nuevas herramientas para reducir costos, promover inversiones y mejorar su competitividad. 

El encuentro también permitió analizar la evolución de los precios de la energía, el proceso de desregulación del mercado y los incentivos disponibles para proyectos de eficiencia, digitalización y generación renovable.

Uno de los ejes fue la experiencia de Rosana Cordero, quien presentó una hoja de ruta de descarbonización que desarrolla desde hace más de una década y que tiene como meta alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2030. 

El planteo apunta a mostrar que la transición energética excede la incorporación de fuentes renovables y requiere combinar eficiencia, renovación tecnológica, mediciones 4.0 y gestión basada en datos, además de modificaciones en los procesos productivos y en la cultura de las organizaciones.

En ese marco, también se destacó el trabajo de la Escuela Enercoop, orientado a la formación y reconversión de profesionales y técnicos para incorporarlos a la denominada economía verde. La capacitación busca responder a la creciente demanda de especialistas en eficiencia energética y en la instalación y operación de tecnologías renovables, con la expectativa de que la transición genere no solo ahorro e inversiones sino también nuevas oportunidades laborales y de desarrollo local.

Otro de los proyectos presentados fue el desarrollo de un parque de generación renovable comunitaria para Luján, una iniciativa impulsada por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios en articulación con la Cooperativa Eléctrica y el Municipio. 

El objetivo es estrictamente productivo: mejorar la competitividad de las industrias, acompañar la expansión de la actividad económica y contribuir a mejorar la calidad del suministro energético de la red local.

Durante el intercambio se analizaron los desafíos técnicos, económicos y regulatorios que presenta un proyecto de estas características. En particular, los empresarios señalaron que para la comunidad industrial de Luján la disponibilidad de potencia adquirió una importancia creciente, incluso por encima del costo de la energía consumida. Por ese motivo, el parque comunitario podría convertirse en una primera plataforma para avanzar, en futuras etapas, hacia soluciones destinadas a gestionar la potencia y mejorar la calidad energética.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparece la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante baterías, conocidos como BESS (Battery Energy Storage Systems). Su eventual implementación dependerá de la factibilidad técnica, económica y regulatoria del proyecto, pero permitiría complementar la generación renovable con herramientas para administrar de manera más eficiente la energía disponible.

De esta manera, el sector empresario de Luján busca abordar la transición energética desde una perspectiva integral, que combine generación renovable, eficiencia, innovación tecnológica, capacitación y articulación entre empresas, cooperativas y organismos públicos. 

El objetivo final es convertir las nuevas herramientas energéticas en un factor de competitividad y desarrollo productivo para la industria local.

 Cristina Kirchner avanza desde hace pocos días con una nueva estrategia judicial que apunta directamente a revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió tras la condena en la causa Vialidad. La expresidenta decidió llevar su reclamo al Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de cuestionar el proceso judicial y recuperar la posibilidad de competir en 2027. 

La presentación internacional fue realizada por su equipo de abogados, que incorporó al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España, y al brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa jurídica de Luiz Inácio Lula da Silva. La nueva defensa que sumó Cristina solicitó tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación política y flexibilizar su prisión domiciliaria. El planteo sostiene que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales y que la condena tuvo como consecuencia política su exclusión de futuras elecciones.

El objetivo político de fondo es 2027: si el organismo internacional acepta el reclamo y avanza con las medidas solicitadas, Cristina podría intentar recuperar la habilitación para presentarse como candidata.

Inclusive sus nuevos abogados lanzaron la idea de que la condenada puede participar de las elecciones PASO ya que son comicios preparatorios y no para un cargo efectivo. El objetivo sería generar presión social. Pero hasta el momento no mucho más. Una pregunta que queda en el aire y es si esta ocurrencia afectaría más a La Libertad Avanza (que además busca eliminar las PASO) o al propio peronismo. El PJ no disimula sus diferencias respecto a las posturas de “Cristina libre” o cortar el cordón umbilical con la presa. 

En las últimas horas, Santiago Cúneo, que acaba de afiliarse al peronismo, dijo que el único motivo por el cual Cristina sigue logrando alguna notoriedad es, justamente, porque está presa. 

De hecho en la cumbre Kicillof Massa Máximo junto a gobernadores candidateables del PJ el nombre de Cristina no se dijo ni por lo bajo. Se excusan diciendo que “fue una reunión de compañeros” y que no se definieron nombres propios para batallar contra Milei 2027. Las dificultades son muchas: a Sergio Tomás ninguna encuesta le da chances, al hijo de la presa mucho menos y Kicillof está, al menos por ahora. muy condicionado por el fuego amigo de La Cámpora. Esto, como explicó Newstad, le abre el juego a algún gobernador que pueda mostrar buena gestión. 

Además, volviendo al dilema Cristina, existe una discusión jurídica sobre el alcance que tendría una eventual resolución de la ONU dentro de Argentina: mientras su defensa sostiene que sería vinculante, especialistas advierten que los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos pueden ser considerados recomendaciones y no necesariamente una instancia capaz de revisar una sentencia de la Corte Suprema. 

En este contexto, Newstad dialogó con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que sin rodeos plantea que Cristina debe conducir el peronismo, la quiere de candidata pero también tira alternativas, siempre reclamando una unidad que hoy todavía está lejos de verse. 

—¿Qué contraste plantean ustedes sobre la situación actual del país y sobre el rol de las políticas públicas?

Diría “Éramos tan felices y no nos dimos cuenta”. Después está lo que pasa con el país: desde las políticas públicas, un presidente puede destruir un país, como lo está haciendo Milei. Puede disgregarlo, puede hasta poner una bandera de remate, como intentó hacerlo con la Ley de Tierras. También está la otra cara de la moneda: cómo se puede construir un país a través de políticas públicas.

— Insisten en la frase “que vuelva el peronismo, que vuelva Cristina”. ¿Tiene que ser con ella?

Si vos me decís “Cristina candidata”, firmo con las dos manos, los dos pies y con el corazón. Creo que nadie representa mejor las necesidades y la realidad de la Argentina, la resolución de los problemas de la sociedad argentina, sin perjudicar a ninguno de los sectores.

Cada vez que ha gobernado el peronismo, y sobre todo de la mano de Cristina y Néstor, todos los sectores han progresado: los trabajadores, los sectores más vulnerables, pero también la educación. Se puede gobernar con todos adentro.

—Si Cristina no pudiera ser candidata, ¿quién podría representar al peronismo?

Si Cristina no pudiera, hoy tenemos a nuestro querido gobernador, que naturalmente puede ser nuestro representante el año que viene. Pero todo con Cristina o nada, nada sin Cristina.

Pero también tenemos a Sergio Massa, que no ha sido presidente por muy poquitos puntos. Tenemos a un exgobernador como Sergio Uñac, que también es una posibilidad. Y puede haber muchas más y debe haber muchas más.

—¿Cuál debería ser entonces el camino del peronismo hacia las próximas elecciones?

Lo único que siempre tenemos que hacer es transitar el camino de la unidad, con todos adentro, con todo el campo popular, con el eje del peronismo adentro y conducido por quien hoy no puede salir de ese departamento.

El desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de petróleo y gas conviven con un escenario de fuerte preocupación por la situación de la industria argentina. Para Jorge Lapeña, ingeniero industrial y referente histórico del sector energético, esa contradicción expone una de las principales dificultades que enfrenta el país: transformar la disponibilidad de recursos hidrocarburíferos en una política de desarrollo industrial que permita generar empleo y producir bienes de mayor valor agregado.

En diálogo con Newstad, Lapeña analiza el rumbo del sector, cuestiona la persistencia de la emergencia energética y plantea la necesidad de un plan de largo plazo que contemple petróleo, gas, energía nuclear, hidroeléctrica y renovables.

—¿Cómo analiza el crecimiento de Vaca Muerta en un contexto de caída de la actividad industrial?

Es un país en el que, si bien la producción de petróleo y gas viene creciendo, tenemos una economía industrial en caída. Hay que tener en cuenta que la industria tiene una gran proporción dentro del producto que generamos. Entonces, tener una industria argentina que cierra fábricas y echa gente, que disminuye el empleo, como lo ha denunciado claramente la Unión Industrial Argentina, me parece que es una señal de alarma.

—¿Qué debería hacer la Argentina para aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta y, al mismo tiempo, fortalecer su industria?

Creo que es un llamado de atención. Por un lado, tenemos un yacimiento gigante como Vaca Muerta, produciendo con saldo positivo y pudiendo exportar; pero, por otro lado, tenemos una industria que no alcanza a competir con la industria internacional.

Yo creo que hay que poner la lupa en por qué la industria argentina no puede competir. El objetivo de la Argentina debe ser que, asociado a tener el yacimiento de Vaca Muerta y producir petróleo, tengamos la posibilidad de que ese petróleo sirva como un insumo para nuestro proceso industrial en todas las ramas. Es decir, que sea un producto consumido en Argentina para producir bienes industriales de alto valor agregado. Eso no existe.

—¿Cómo evalúa la política energética del Gobierno y el manejo de la emergencia energética?

El Gobierno ha manejado el sector energético en una situación de emergencia permanente, que se va renovando por decreto cada vez que vence un período de emergencia. Es un gobierno que se perfila como el gobierno de la emergencia energética permanente.

Si estamos en emergencia permanente, es porque los problemas, lejos de ser resueltos, se van acumulando con el paso del tiempo.

—¿Qué debería contemplar un plan energético para los próximos años?

Creo que es el momento de generar un plan energético bien definido, bien financiado y que cumpla con todas las condiciones que necesitamos para ser un país en expansión.

Hay que aumentar la oferta hidroeléctrica, por ejemplo. Hay que pensar en cómo sigue el plan nuclear argentino, pero no crear un plan pensado para la inteligencia artificial o para otras partes del planeta, sino un plan nuclear energético.

Estamos hablando de este tema y pareciera que no existe ningún plan de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, del Gobierno y de su Comisión Nacional de Energía Atómica, que nos diga cuál es el futuro de las centrales nucleares en la generación de energía eléctrica de la Argentina.

—¿Y qué pasa con la generación hidroeléctrica?

No se conocen proyectos hidroeléctricos nuevos como hubo en los últimos 50 años, cuando la Argentina hizo grandes obras hidroeléctricas para abastecer su propio sistema. Yacyreta, Salto Grande son ejemplos; El Chocón es otro; Piedra del Águila es otro; Cerros Colorados, Alicurá, etcétera.

Todas esas obras entraron en servicio a lo largo de más de 50 años y necesitan ser refaccionadas para extender su vida útil. Esa va a ser una inversión de magnitud en el parque hidroeléctrico que tiene la Argentina, para que pueda seguir generando en forma segura y, además, construir, en la medida en que se pueda, nuevas centrales hidroeléctricas.

Tampoco se conoce un plan energético que contemple cómo la Argentina hace su aporte a las energías que no producen gases de efecto invernadero. Pareciera que es un país que solo piensa en consumir petróleo y gas natural, a pesar de que hay un interés privado dinámico que está avanzando, aunque lo hace por sus propios medios: las centrales eólicas y las centrales solares, que están creciendo de una forma significativa.

*Jorge Lapeña fue secretario de Energía de la Nación y subsecretario de Planificación Energética durante el gobierno de Raúl Alfonsín, además de haber presidido YPF entre 1987 y 1988 y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre 2000 y 2002. Desde 1985 preside el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y actualmente se desempeña como consultor especializado en temas energéticos.

La apertura del sector nuclear a una mayor participación del capital privado podría marcar un punto de inflexión para la Argentina. Así lo indica en contacto con Newstad Julián Gadano, director del Programa de Energía e Innovación de la UNTREF y ex subsecretario de Energía Nuclear.

Gadano firma que el país cuenta con capacidades tecnológicas, recursos humanos y una cadena de proveedores consolidada para competir en el mercado internacional de los reactores modulares pequeños (SMR), aunque advierte que el principal desafío sigue siendo conseguir financiamiento. También analiza el futuro del proyecto CAREM, el rol que debería asumir el Estado y las condiciones necesarias para atraer inversiones al sector.

El Gobierno apuesta a una mayor participación privada en el desarrollo nuclear. ¿Considera que este cambio de modelo puede acelerar la construcción de nuevos reactores y convertir a la Argentina en un jugador relevante del mercado internacional de SMR?

Creo que lo que le faltaba al sistema nuclear argentino para madurar era, justamente, poder atraer inversión privada. Para que esa inversión llegue, debe destinarse a la parte comercial, es decir, a los reactores comerciales.

Entonces, sí creo que apoyar la inversión privada puede impulsar la construcción de nuevos reactores, porque la Argentina tiene todo: un regulador solvente, ingeniería y cadenas de suministro. Lo que le falta es capital.

Por eso, incentivar la inversión privada significa incorporar el elemento que hoy falta y, al mismo tiempo, hacer lo mismo que hace el resto del mundo."

¿Cómo se posiciona la Argentina a nivel mundial con este tipo de desarrollos?

Para que te des una idea, hoy hay una carrera con unos 40 o 50 proyectos en desarrollo a nivel mundial. De todos ellos, el único proyecto real del hemisferio sur que está participando en esa carrera es el argentino.

"Entonces creo que sí, efectivamente. Sin ser exageradamente optimista, y entendiendo que es un desafío, creo que la Argentina puede convertirse en un jugador relevante en el mercado de los SMR, existe una oportunidad. 

Usted planteó que el CAREM es un gran proyecto tecnológico, pero que no es un reactor comercial. ¿Qué debería hacer ahora el Estado con el conocimiento y la ingeniería acumulada durante décadas en torno al CAREM para evitar que esa inversión se pierda?

Al CAREM sería ideal terminarlo. Lo que pasa es que, para eso, más que el Estado, lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Energía Atómica es demostrar que el CAREM tiene terminada su ingeniería. Hay que congelar la ingeniería, mostrar que funciona y, a partir de ahí, buscar capital.

Faltarán entre 300 y 400 millones de dólares. Es difícil que ese dinero lo aporte el Estado. Esa sería una alternativa.

La otra sería buscar un socio compatible, probablemente extranjero, incluso otro Estado. ¿Qué tenemos para ofrecerle? Compartir la tecnología." 

El Gobierno busca atraer inversiones privadas para desarrollar reactores destinados, entre otros usos, a abastecer la creciente demanda energética de los centros de datos y la inteligencia artificial. ¿Qué condiciones debería garantizar la Argentina para que ese modelo sea realmente viable?

Una es la estabilidad macroeconómica y todo lo que la acompaña, como el RIGI, entre otras medidas. Por supuesto, la otra es que la Argentina pueda demostrar sus capacidades y que los proyectos funcionen.

Respecto de los reactores grandes, ya no creo demasiado en ese modelo. No por el tamaño de los reactores en sí, sino por el modelo de negocios que tienen detrás: grandes préstamos del Estado y una elevada inversión inicial de capital. Creo que ese fue un esquema propio del mundo de las décadas del 60, 70, 80 e incluso hasta los 90.

Hoy, los reactores modulares pequeños (SMR) hacen posible un nuevo modelo de negocios, basado en la búsqueda de financiamiento en el mercado de capitales, es decir, de capital privado. Esto es posible porque requieren una menor inversión inicial y responden a un modelo más modular, flexible y escalable.

Por eso creo que, para la Argentina y para la mayoría de los países del mundo, con algunas excepciones, este es un modelo más viable. De hecho, considero que la industria nuclear va a crecer a través de los SMR y no de los reactores grandes, que responden a un modelo que no diría que está agotado, pero sí que atraviesa un ciclo de declive.

El fuerte aumento que registró el precio de la energía eléctrica para las grandes industrias y empresas durante mayo no responde a una decisión puntual, sino a una combinación de factores estacionales e internacionales.

Esa es la principal conclusión de un informe de CAMMESA , la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el que explica por qué los costos de generación se dispararon con la llegada del invierno y cuál es la expectativa para el resto del año.

Según el documento analizado por Newstad, durante los meses más fríos aumenta de manera significativa el consumo residencial de gas natural, lo que reduce la disponibilidad de ese combustible para generar electricidad. Ante ese escenario, el sistema debe recurrir a fuentes de energía más costosas, como gas natural licuado (GNL), gasoil, fuel oil o carbón, lo que impacta directamente sobre el precio de la energía.

A ese factor se suman las bajas precipitaciones en las cuencas hidroeléctricas, que obligan a utilizar una mayor cantidad de centrales térmicas, y el incremento del precio internacional del petróleo, que elevó tanto el costo de los combustibles como el de las importaciones de electricidad desde países vecinos.

CAMMESA aclara que esta situación no representa una anomalía, sino una característica estructural del sistema eléctrico argentino, donde históricamente los costos de generación aumentan entre mayo y septiembre debido a la mayor demanda energética y a la necesidad de utilizar combustibles alternativos.

En ese contexto, el informe recuerda que desde fines de 2025 rige un nuevo esquema de comercialización establecido por la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. La normativa diferencia la energía destinada al abastecimiento residencial de la que compran los grandes usuarios, con el objetivo de acercar progresivamente los precios mayoristas a los costos reales de generación e impulsar una mayor contratación privada de energía.

Como consecuencia de ese esquema, el Mercado Spot refleja principalmente el costo que afrontan las empresas que no tienen contratos de suministro. En cambio, aquellas que compraron energía mediante contratos en el Mercado a Término (MAT) logran amortiguar el impacto de las subas estacionales.

De acuerdo con las estimaciones de CAMMESA, el precio de la energía para los grandes usuarios pasó de alrededor de 70 dólares por megavatio hora (MWh) en abril a valores cercanos a los 150 dólares por MWh durante el invierno. La empresa atribuye ese incremento al mayor uso de combustibles alternativos, las condiciones hidrológicas secas y el encarecimiento de las importaciones de energía.

Sin embargo, el organismo aclara que el análisis no debe centrarse en un solo mes, sino en el promedio anual. Según sus proyecciones, si las condiciones internacionales se estabilizan, el precio promedio del año se ubicaría entre 90 y 95 dólares por MWh, un nivel similar al registrado históricamente para el sistema.

El informe también destaca que cerca de la mitad de la demanda de los grandes usuarios ya está cubierta mediante contratos privados, una herramienta que permite fijar precios con anticipación y reducir la exposición a la volatilidad del mercado. Por ese motivo, CAMMESA recomienda ampliar el nivel de contratación para disminuir el impacto de futuras subas estacionales.

En contraste, el organismo remarca que los usuarios residenciales no deberían experimentar esa volatilidad. Explica que la energía destinada a los hogares proviene de un esquema de "generación asignada", integrado por contratos de largo plazo, centrales hidroeléctricas, nucleares, renovables e importaciones programadas, lo que permite mantener un precio más estable a lo largo del año.

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada visitó la exposición de La Rural y anticipó que durante la primera semana de agosto buscará avanzar con proyectos que considera prioritarios, entre ellos la iniciativa sobre falsas denuncias y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Además, se refirió al futuro debate sobre las PASO y defendió la necesidad de escuchar todas las posiciones antes de tomar una decisión.

La legisladora explicó que ambas iniciativas continúan siendo objeto de negociaciones con el Poder Ejecutivo y con el resto de los bloques para incorporar cambios que permitan alcanzar mayores consensos. "Algunos senadores, tengo entendido, propusieron modificaciones, además de las que ya habíamos hecho, porque hicimos muchísimas. Estamos trabajando muy bien con Patricia y con el Ejecutivo para que aquellas leyes que, de alguna manera, tienen un impacto profundo, salgan de la mejor manera posible", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el intercambio parlamentario fortalece los proyectos. "Creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre. El debate hace que la ley que pueda salir sea mejor. Todas las modificaciones que fuimos haciendo mejoran muchísimo el proyecto", señaló.

Losada estimó que tanto el proyecto sobre falsas denuncias como la iniciativa vinculada a la propiedad privada podrían obtener media sanción en la primera semana de agosto. "Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarlo. Igual que el proyecto de falsas denuncias, probablemente lo aprobemos en la primera semana de agosto. Es el 6 de agosto cuando se va a reanudar la sesión, que pasó a un cuarto intermedio por la cuestión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", indicó.

Respecto de esa última iniciativa, confirmó que respaldará nuevas modificaciones. "Vamos a apoyar otros cambios que están muy bien. A mí me parece que la ley está bien, pero sentía que faltaban algunos controles, y por eso los voy a apoyar", afirmó.

Puntualmente sobre la iniciativa que establece prisión efectiva, es decir, más de tres años, para los y las que promueven falsas denuncias de violencia y abuso, hay optimismo entre los senadores que apoyan la causa, pero son cautos: “Los votos están, pero queremos estar más holgados”, adelantan.

Consultada sobre la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la senadora remarcó que el tratamiento legislativo todavía no comenzó y pidió que la discusión se desarrolle durante este año.

"Todavía no empezó el debate sobre ese tema. Creo que es un tema profundo e importante, y que el debate tiene que darse sí o sí este año, porque después ya va a ser un año electoral", sostuvo.

Losada dejó en claro que mantiene reparos sobre una eventual eliminación definitiva del sistema. “En lo personal, nunca estuve de acuerdo con la eliminación. Lo que podemos analizar es la suspensión”.

No obstante, aclaró que está dispuesta a evaluar propuestas alternativas si representan una mejora institucional. "La eliminación la analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador, algo que mejore el sistema. Me gustaría, antes de tomar cualquier decisión, escuchar a todos: a los que están a favor y a los que están en contra, los argumentos de cada uno. Yo nunca voy a ningún debate con una opinión cerrada, salvo que se trate de una barbaridad", afirmó.

La senadora mencionó otros proyectos que impulsa, entre ellos el que ella denomina como RIGIPYMES, en alusión a la iniciativa del Gobierno que apunta a las grandes empresas y que ya activó inversiones en energía y minera. 

"Estoy impulsando el REMIPYMES para que todas las pymes, o la mayor cantidad posible de acuerdo con su potencial y sus posibilidades, puedan acceder a esos beneficios", explicó.

En ese marco, dejó una definición sobre su futuro político: "Estoy concentrada en todas esas cosas, que me parece que es en lo que me tengo que concentrar. Si ya estoy pensando, un año antes, en lo que voy a hacer el año que viene, la estoy pifiando".

Por último, también se refirió a las negociaciones para modificar el régimen de biocombustibles y explicó que el porcentaje de corte continúa siendo uno de los principales puntos de discusión. "En mi proyecto original era el 20%. Ahora estamos pidiendo que sea el 15% y ahí estamos un poco trabados con eso. Pero yo creo que lo vamos a lograr. El porcentaje lo veremos, vamos a ir negociando", señaló.

Según explicó, el planteo cuenta con el respaldo del sector productivo santafesino. "Estamos trabajando en conjunto con todas las empresas de biocombustibles de mi provincia y lo que nos parece justo es que se haga con el bioetanol lo mismo que se hizo con el biodiésel. Lo más insólito es que las empresas más chicas y las empresas más grandes se pudieron poner de acuerdo. Entonces, me parece que hoy tenemos que oír a los productores. Si ellos tienen un acuerdo, ¿por qué no nosotros?", concluyó.

El ex secretario de Energía de la Nación, Raúl Olocco, sostuvo que el desarrollo nuclear argentino debe abandonar los proyectos que no sean económicamente viables y aplicar criterios de rentabilidad antes de avanzar con nuevas inversiones. 

En ese sentido, en contacto con Newstad consideró positivo el interés de Estados Unidos por impulsar un mini reactor nuclear en el país, aunque aclaró que mantiene reservas sobre este tipo de anuncios hasta que se traduzcan en obras concretas.

"La intervención público-privada en el área nuclear argentina siempre existió de diversas formas. Hubo desarrollos muy interesantes, como fue la repotenciación de la central nuclear Embalse, donde muchas empresas privadas participaron y con un éxito rotundo. Otras fueron un fracaso absoluto y total, como fue Atucha II, en manos de Electroingeniería y del famoso capitalismo de amigos", afirmó.

Respecto del interés estadounidense en los reactores modulares pequeños (SMR), Olocco señaló que "el hecho de que ahora Estados Unidos, en este caso concreto, esté interesado en desarrollar un mini reactor nuclear me parece interesante". Sin embargo, advirtió que "en este tipo de anuncios soy un poco escéptico porque, hasta no verlo concretado, pasa mucho tiempo y a veces sucede lo que pasó con el tren bala o con muchos proyectos, como Petronas en Vaca Muerta y demás".

El ex funcionario fue especialmente crítico con el proyecto CAREM, el reactor modular desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), al considerar que nunca estuvo acompañado por un análisis económico serio.

"El sector nuclear argentino lamentablemente nunca tuvo ideas ni quiso aplicar el famoso principio de costo-beneficio. Siempre éramos alocados para proponer cosas rimbombantes, como por ejemplo asociarnos a los chinos para nuevos reactores, pero nunca quisimos hablar del precio de la energía", sostuvo.

En esa línea, agregó que "si por ejemplo vos tenés una térmica que te produce a 70 dólares el megavatio, no podés poner una central que termine costando 120 dólares o 100 dólares. Cuando se le pregunta a alguien del sector nuclear argentino, siempre te contesta que eso no es relevante".

También cuestionó el potencial exportador que históricamente se atribuyó al CAREM. "Decían que era un proyecto extraordinario, genial para exportar al mundo, pero jamás exportamos una tuerca", remarcó.

Para Olocco, el problema de fondo es que los proyectos nucleares argentinos nunca lograron demostrar su sustentabilidad económica. "Todos los estudios siempre se basaban en el gran desarrollo nuclear argentino y los cerebros mágicos que tenemos esparcidos por todo el país, pero nunca los proyectos fueron económicamente rentables. Nunca aceptaron ese principio básico y fundamental: si vos producís algo, tiene que ser económicamente rentable", enfatizó.

Pese a sus cuestionamientos, el ex secretario de Energía se manifestó a favor de la energía nuclear como fuente de generación. "Yo personalmente creo que es una energía muy limpia, tomada con recaudos y con todas las previsiones, una de las mejores energías de base que existen en la actualidad", expresó.

No obstante, planteó que persiste una deuda histórica respecto del tratamiento de los desechos radiactivos. "Mi única preocupación es dónde terminan los residuos nucleares. Esa es otra gran pregunta que jamás nos contestamos los argentinos", afirmó.

Al recordar el frustrado proyecto para construir un repositorio de residuos en Gastre, provincia de Chubut, señaló: "Hubo una pueblada muy grande y jamás se concretó. Hoy vos preguntás por los residuos y nadie sabe dónde están o qué se ha hecho con ellos".

Finalmente, Olocco consideró que el futuro de la industria pasa por los reactores modulares pequeños y no por las grandes centrales tradicionales. "Si se sigue desarrollando la energía nuclear, los mini reactores son el futuro. Creo que ya pensar en centrales nucleares del tamaño de las que tenemos es bastante complicado por temas de seguridad y por costos", afirmó.

En ese marco, sostuvo que una tercera central en el complejo de Atucha podría ser una alternativa, aunque condicionó cualquier decisión a su viabilidad económica. "Creo que una tercera central nuclear en la zona donde están instaladas Atucha I y Atucha II sería conveniente, pero hay que hacer un estudio económico y de rentabilidad del proyecto. De lo contrario, siempre tenés otras energías alternativas, ya sean renovables o no renovables", concluyó.

Agustín Siboldi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables destacó en diálogo con Newstad la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector público y privado para impulsar las inversiones necesarias que permitan ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento de la generación eléctrica, particularmente de las energías renovables.

NEWSTAD: Sobre el plan de incorporar 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, con una inversión estimada superior a USD 6.600 millones, ¿qué plazos consideran realistas para que esas obras comiencen a ejecutarse y cuándo podrían empezar a aliviar los cuellos de botella del sistema?

AGUSTÍN SIBOLDI: Lo primero es distinguir entre el anuncio del plan, el llamado efectivo a licitación y el inicio real de ejecución de las obras. La información pública disponible —incluida la publicada por CAMMESA y por la Secretaría de Energía— confirma que el plan apunta a ampliar significativamente la red de transporte, pero el alivio de los cuellos de botella no será inmediato.

En particular, la Secretaría de Energía identificó tres primeras obras estratégicas a licitar bajo un esquema de concesión privada, con llamados nacionales e internacionales y participación de empresas con capacidad técnica y financiera. Por eso, si se habla de “las dos primeras licitaciones”, conviene aclarar si la referencia es a los dos primeros llamados efectivos que publique CAMMESA o a una selección parcial dentro de ese primer paquete de obras.

· AMBA I: busca reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra una porción muy relevante de la demanda eléctrica nacional. Su impacto esperado es mejorar la confiabilidad del SADI y reducir generación forzada o ineficiente.

· Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: apunta a ampliar la capacidad de transporte desde Cuyo, facilitando la evacuación de generación renovable y convencional y, según la información oficial, también parte de la generación vinculada al Comahue.

· Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: tendría por objetivo reforzar la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal, un punto clave para aprovechar mejor el recurso eólico patagónico.

En cuanto a plazos, aun si las licitaciones se lanzan en el corto plazo, el comienzo efectivo de obra dependerá de varios hitos previos: publicación de pliegos, consultas, presentación de ofertas, adjudicación, cierre contractual, estructuración de garantías, eventual encuadre bajo el RIGI, permisos ambientales, servidumbres, ingeniería de detalle, contratación de proveedores y disponibilidad de equipamiento crítico.

Por eso, el punto central no es solamente cuándo se publique el llamado, sino si el pliego logra resolver adecuadamente la asignación de riesgos, el mecanismo de remuneración, la identificación de los beneficiarios obligados al pago, las garantías de cobro y el tratamiento de contingencias no imputables al concesionario. Esos elementos determinarán la bancabilidad de los proyectos y la profundidad de la competencia en las ofertas.

En síntesis, las licitaciones pueden ser una señal muy relevante y una prueba de mercado del nuevo esquema. Pero el alivio efectivo de los cuellos de botella debe pensarse en un horizonte de mediano plazo, una vez que las obras estén adjudicadas, financiadas, construidas y puestas en servicio. Si las primeras convocatorias resultan exitosas, podrían acelerar la secuencia del plan; si muestran baja participación o primas de riesgo elevadas, probablemente será necesario ajustar pliegos, garantías o criterios de asignación de costos.

¿Cuántas inversiones están hoy demoradas o frenadas por la falta de capacidad de transporte eléctrico?

Es difícil cuantificarlo con precisión. El canal natural para medirlo sería el MATER y la información sobre puntos de interconexión disponible, pero el dato relevante es que la capacidad en muchos nodos informados por CAMMESA es prácticamente nula o muy limitada.

En términos prácticos, eso significa que hay proyectos renovables de magnitud que no pueden avanzar, o que solo podrían hacerlo si obtienen nueva capacidad de transporte, prioridad de despacho o soluciones complementarias. La saturación del SADI se convirtió, en los hechos, en una restricción estructural para el desarrollo de nueva generación.

Esa nueva capacidad puede provenir de dos fuentes. Por un lado, de las licitaciones públicas de expansión del transporte. Por otro, de proyectos de generación que asuman a su cargo las obras necesarias para conectarse o evacuar su energía. Este segundo camino tiene desafíos propios: la necesidad de agrupar demanda —por ejemplo, proyectos mineros—, la coordinación entre generadores y grandes usuarios, y la falta de reglas suficientemente claras sobre cómo identificar beneficiarios y distribuir los costos cuando una ampliación, aun impulsada por un proyecto específico, también beneficia a terceros mediante menores costos de suministro, mayor confiabilidad o mejor calidad de servicio.

El esquema prevé licitaciones nacionales e internacionales con fuerte participación privada. ¿Qué condiciones regulatorias y financieras deben consolidarse para que los inversores efectivamente decidan participar en estos proyectos de infraestructura?

La condición central es que el esquema sea bancable. Para eso, los inversores van a mirar especialmente la certeza del régimen de remuneración, la actualización de ingresos, las garantías de cobro, la asignación de riesgos durante construcción y operación, y la claridad sobre quiénes serán los beneficiarios obligados a pagar los cargos asociados a cada expansión.

También serán relevantes la estabilidad regulatoria, la coordinación con permisos provinciales y municipales, el tratamiento de servidumbres y la posibilidad de articular los proyectos con el RIGI cuando corresponda. Si esos elementos no están bien definidos, los oferentes probablemente incorporen primas de riesgo más altas o directamente reduzcan su participación.

Sobre el rol del almacenamiento de energía, la generación distribuida y herramientas como el RIGI. ¿Cómo pueden complementarse estos instrumentos con la expansión del transporte para acelerar el desarrollo del sector energético argentino?

Respuesta: Son instrumentos complementarios, no sustitutos perfectos. La expansión del transporte sigue siendo indispensable para integrar proyectos de gran escala y conectar recursos alejados de los centros de consumo. Pero el almacenamiento puede ayudar a administrar congestiones, aportar potencia y reservas, y mejorar la operación del sistema en horarios críticos.

La generación distribuida, por su parte, puede aliviar demanda en determinados puntos de la red y reducir presión sobre infraestructura existente, aunque su escala y perfil operativo no reemplazan las grandes obras de transmisión. El RIGI puede aportar un marco de estabilidad y previsibilidad para proyectos intensivos en capital, siempre que el diseño de la licitación permita articular adecuadamente ese régimen con los contratos de concesión, las garantías del proyecto y el mecanismo de repago.

¿Este plan de ampliación permitirá aprovechar plenamente recursos estratégicos como Vaca Muerta, la energía eólica de la Patagonia y la solar del NOA, o será necesario avanzar con nuevas etapas de expansión en los próximos años?

Respuesta: El plan es un paso muy relevante, pero no debería verse como una solución definitiva. Puede remover restricciones críticas y habilitar nueva capacidad de generación, especialmente en regiones con recursos renovables o energéticos de alto potencial. Sin embargo, la magnitud de los recursos disponibles en Vaca Muerta, Patagonia y el NOA probablemente exigirá nuevas etapas de planificación, expansión y coordinación regulatoria.

La clave será que las primeras licitaciones funcionen como precedente. Si logran atraer capital privado, asignar adecuadamente los riesgos y construir confianza regulatoria, pueden convertirse en la base de una política de expansión más amplia y sostenida. Si no, el país seguirá enfrentando una brecha entre su potencial energético y la infraestructura necesaria para convertirlo en energía disponible para la demanda.

El tema está instalado en la sociedad hace mucho tiempo, y como suele suceder la política y la Justicia llegan tarde, pero empiezan a llegar. Como viene contando periódicamente Newstad, el drama de las falsas denuncias también avanza en el Congreso Nacional: pronto los legisladores debatirán un proyecto de ley que agrava las penas contra quienes se haya comprobado que cometieron una falsa denuncia de violencia o abuso. También caerán los peritos y psicólogos que contribuyen en esta maquinaria perversa, que involucra a los hijos rehenes de un conficto de adultos. 

Pero como era de esperarse, este despertar en algunos sectores de la clase política generó una ofensiva por parte de otros que cruelmente ignoran a las familias destuídas por este accionar. Sectores del peronismo, la izquierda y por supuesto el feminismo que no pasaron ni por la vereda de los encuentros de agrupaciones de familias arruinadas que van a contar sus casos.

Estos encuentros también ocurrieron en la Legislatura de la Ciudad y en el Congreso de la Nación, pero a pesar de estar bien cerquita, no les interesó acercarse a tener un poquito de empatía o esa sororidad que alardean constantemente. Si, sororidad, porque las víctimas de falsas denuncias también son mujeres, o las nuevas parejas de los hombres denunciados por sus ex y, lo que más debería preocuparles: niñas manipuladas y que también sufren por una familia quebrada. 

En este contexto siempre difícil, Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres Argentinas, lanzó una nueva iniciativa que busca visibilizar casos, promover estadísticas más completas y avanzar para que el proyecto de Ley en el Congreso siga su curso.

La convocatoria reclama el tratamiento de un proyecto de ley contra las falsas denuncias de violencia de género. Se busca así instalar nuevamente el debate en el Congreso y poner el foco en las consecuencias que, según sostiene la organización, enfrentan personas que resultan absueltas tras ser denunciadas.

Andrea, esposa de Diego Guacci —quien enfrentó una denuncia de este tipo y posteriormente fue absuelto por la Justicia— explicó a Newstad que esta es la tercera campaña impulsada por el espacio. Las dos anteriores estuvieron dirigidas exclusivamente a los senadores nacionales, antes y después de la renovación de la Cámara alta, con el objetivo de que se debatiera un proyecto específico sobre falsas denuncias.

"Esta tercera campaña tiene otra mirada, quizás aún más angustiante", afirmó. Según explicó, la organización decidió ampliar el eje de la campaña tras distintos hechos ocurridos en los últimos meses que, a su entender, reflejan el impacto social del problema.

"En los últimos tiempos hemos visto trágicas muertes. En las entrevistas que dan esos papás, todos hablan de falsas denuncias y de víctimas de falsas denuncias. Sean o no ciertas esas falsas denuncias, es un tema que está instalado socialmente", sostuvo.

Entonces, para que los legisladores que aún no están en tema tomen dimensión de este drama social, se propone: “Con tu mail podés desmentir el relato”. Guacci explica que cada mail enviado a senadores y diputados “es una familia que se niega a ser silenciada”.

Esta es la carta, a la que al pie se le agrega el nombre de quien se suma a la causa: https://drive.google.com/file/d/193e1GqKoV1IJsnJIDHBlHt4xibUGApAG/view

Los mails de diputados y senadores son públicos y tambiénn están disponibles en este acceso: https://drive.google.com/file/d/15x5angWv_NYETLvvdMquEEYBgn6dYKb_/view?usp=drive_link 

https://drive.google.com/file/d/1X60qDt1om2L9esLbNjl8sCF6ph03XFHn/view?usp=drive_link 

La referente insiste en lo más importante: los niños, porque estos dramas terminan afectando el vínculo entre padres e hijos. “Hay papás que han perdido el vínculo con esos hijos que han querido proteger y que no pudieron”.

Guacci tambipen recordó lo peor: distintos episodios de suicidios que, tuvieron como protagonistas a personas que enfrentaban acusaciones penales. "Conocemos muchos casos que, desgraciadamente, por no poder asimilar una denuncia aberrante, privados de su libertad o con amenazas de privación de su libertad, no pueden soportar convivir con ese tipo de mentiras y deciden llegar a ese punto", expresó.

Como parte de la campaña, el Frente de Mujeres Argentinas eligió una consigna central: "¿Cuántas tragedias deben ocurrir para que el Estado actúe?"

Para Guacci, el reclamo excede la discusión sobre un proyecto de ley y apunta a la necesidad de abrir un debate institucional. “¿Qué es lo que hay que hacer para llegar antes que el crimen? ¿Cómo puede ser que, aun después de todo este trabajo que se hizo durante todos estos años, no se esté dando el debate legislativo?”.

En ese sentido, también planteó que las políticas públicas deberían contemplar simultáneamente la protección de las víctimas de violencia y mecanismos para investigar las denuncias que eventualmente resulten falsas.

"¿Cómo puede ser que la perspectiva de género esté por sobre la perspectiva de infancia? ¿Cómo puede ser que carezcamos de información sobre las falsas denuncias?", insistió.

Uno de los principales cuestionamientos de la dirigente estuvo dirigido al informe difundido recientemente por el Observatorio de Violencia, que sostiene que las falsas denuncias representan un porcentaje muy reducido del total de causas.

Guacci afirmó que esas estadísticas "no analizan los sobreseimientos, no hablan de los archivos ni de los casos que fueron declarados inocentes". En esa línea, sostuvo que "ningún medio se ocupó ni se preocupó por investigar qué había detrás de las falsas denuncias".

"Si hoy la mayoría de las personas con las que hablás conoce o reconoce la existencia de algún caso, no puede pensar objetivamente que ese número es real", agregó. De hecho, el último evento en el Congreso Nacional se desbordó de familias y no alcanzaron dos salones del Senado para dar lugar a todos los que acudieron. 

El objetivo de la campaña es continuar generando espacios de discusión pública y tender puentes con legisladores para avanzar con la ley: "No solamente buscamos visibilizar, sino seguir encontrando los caminos, las herramientas y tender los puentes para encontrar justicia, para sanar con justicia y para que las víctimas de falsas denuncias de violencia de género y abuso puedan encontrar justicia”.

Se presentó este miércoles la edición 138 de la tradicional Exposición Rural en Palermo, que comenzará el 16 de julio. Se confirmó la presencia del presidente Javier Milei y gobernadores y se trabajará en conjunto con YPF, la petrolera que crece y agrega unidades de negocio para distintas franjas de consumo.

Así lo ratificó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en el evento al que asistió Newstad: “Javier Milei vendrá el 26 de febrero y se espera que venga con anuncios, posiblemente sobre financiamiento para el sector”. El dirigente agropecuario destacó que “en esta nueva Argentina” el mejor lema para la edición de este año es “el campo nos une”. 

Por otro lado, Pino adelantó que el 16 de julio ofrecera un cocktail para gobernadores. Pero también habrá pedidos para ellos: “La baja de impuestos tiene que suceder lo antes posible también entendemos que no todo es nacional. Entonces entendiendo eso trabajamos también los gobernadores y con intendentes, porque todo ese combo impositivo está formado por diferentes jugadores que son los que reglamentan esos impuestos y tasas. Así que todo el tiempo machacamos en ese tema. Retenciones, bien; ingresos brutos también y tasas viales  mucho más”.

Pino también hizo un párrafo aparte para remarcar que es necesario poner en condiciones las rutas nacionales, provinciales y municipales. “Nosotros vivimos dando vueltas por todos lados y sabemos marcar dónde están las prioridades”. Al respecto, reveló que avanzan las conseciones privadas: “De 40 mil kilómetros de rutas nacionales, hay 15 mil que van a estar en condiciones para circular sin accidentes. De esos 15 mil, hay 9 mil que ya están sucediendo. Y el Gobierno me marcaba que se presentaron muchas empresas oferentes para esas concesiones”.

El siguiente en la presentación fue el director comercial de la Exposición Rural, Carlos Solanet, confirmó que la 138° edición de la muestra, que comenzará el próximo 16 de julio en el predio ferial de Palermo, ya agotó la totalidad de sus espacios comerciales y destacó el fuerte perfil federal que tendrá el evento, con la participación de empresas y provincias de todo el país.

Durante la presentación oficial de la exposición, Solanet agradeció el respaldo de los expositores y sostuvo que la organización encara una nueva etapa con una mirada de largo plazo.

"Vamos a ser grandes protagonistas de lo que viene en la Argentina. Así que muchas gracias YPF por esa confianza y por empezar este camino, para nosotros, de muy largo plazo", expresó al respecto de la alianza que se da por primera vez entre la petrolera estatal y la Sociedad Rural.

En ese marco, remarcó el nivel de convocatoria alcanzado por la muestra y reveló que el predio ya no cuenta con espacios disponibles.

"Hoy tenemos el orgullo de poder decir que estamos con más de 17.000 metros cuadrados vendidos, en metros de venta de stands. No queda un solo lugar", afirmó.

Según explicó, el interés de las empresas continuó incluso en los días previos a la inauguración. "Realmente, hasta estos últimos días seguimos recibiendo pedidos, seguimos hablando con empresas que quieren estar, que se quieren ampliar, y nos podemos dar el lujo de decir: 'No tenemos espacio'", señaló.

Incluso lamentó no poder ampliar la superficie destinada a la exposición. "La lástima y el lamento es decir: 'No podemos correr un alambrado y alargar la exposición'. O sea, hacemos la exposición en el total de nuestro recinto", indicó.

Para Solanet, la ocupación plena del predio permitirá ofrecer una edición con una importante actividad comercial. "Como verán, va a estar todo ocupado y con muchísimas empresas, muchísimos contenidos y, realmente, una esencia muy fuerte de negocios", sostuvo.

El director comercial también puso el foco en el carácter federal de la Exposición Rural y destacó el rol de las provincias para impulsar la participación de pequeñas y medianas empresas.

"Es una exposición totalmente federal. Tenemos presente a todo el país productivo, a través de sus economías regionales, de su cultura, de su turismo, a través de las provincias que nos van a estar acompañando", afirmó.

En ese sentido, explicó que los gobiernos provinciales cumplen un papel clave para que las pymes del interior puedan exhibir sus productos y establecer vínculos comerciales.

"Ellos, a su vez, van a traer a los expositores pymes que nuclea cada una de esas provincias, que por ahí no tienen la fuerza para estar presentes con un stand en ese inmenso predio que tiene la exposición, pero sí están presentes viviendo la exposición y empezando a generar negocios, a transformarse en futuras empresas, como lo vimos en casos que, al año siguiente, vienen y compran un stand por sí mismos", detalló.

Finalmente, destacó que ese trabajo conjunto apunta a fortalecer el desarrollo productivo de las economías regionales. "Necesitan crecer y, gracias a las provincias y a ese trabajo mancomunado que se hace, se va logrando que las firmas del interior vayan creciendo y vayan generando valor agregado", concluyó.

La instalación en la Argentina de las industrias del futuro, que en el mundo ya son el presente, es uno de los caballos de batalla del Gobierno. La Libertad Avanza logró para este objetivo una victoria clave en Diputados con la media sanción al Súper Rigi.

La iniciativa establece que los proyectos de industrias deberán superar los USD 1.000 millones. Apunta a industrias y tecnologías de frontera que actualmente no existen en el país, como desarrollos de Inteligencia Artificial, electromovilidad, minería avanzada y energías renovables.

El oficialismo logró los previsibles apoyos del PRO y el radicalismo. Pero también aceptó incorporaciones al proyecto que permitió engrosar el número: 130 votos a favor contra 106 negativos del “fantasma del pasado”. El MID, Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz e Innovación Federal (Misiones y Salta) fueron los partidos con los que LLA dialogó, aceptando modificaciones lógicas para un mejor Súper Rigi.

La legisladora sanjuanina Nancy Picón Martínez, del Partido Producción y Trabajo, expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por el oficialismo y destacó que el acompañamiento de su espacio estuvo condicionado a la incorporación de una serie de modificaciones vinculadas al desarrollo local, la investigación y la protección de los recursos naturales provinciales.

La diputada explicó que, desde el inicio del tratamiento parlamentario, su bloque presentó una serie de observaciones que finalmente fueron incorporadas al texto: “Entre ellas, algunas que fueron compartidas con otros bloques, como el porcentaje de participación de proveedores del lugar donde se asienta la empresa. La verdad es que ese planteo fue receptado”.

Quien propuso ese cambio fue el diputado Eduardo Falcone, del partido Movimiento de Integración y Desarrollo, quien detalló a Newstad esa modificación aceptada: “Uno de los puntos que incorporé es que de esos mil millones de dólares de inversión, al menos el 20% debe destinarse a proveedores locales. Es decir, si alguien invierte mil millones de dólares para importar equipamiento, construir un edificio o desarrollar cualquier proyecto, además de eso deberá invertir un 20% adicional en proveedores locales. Eso también genera un impacto importante en la producción y en el empleo argentino”.

El diputado del MID adelantó entonces su voto positivo al destacar que “si una empresa invierte mil millones de dólares en Argentina en cualquier proyecto que hoy no existe, esa inversión ya queda en el país. Si se desarrollara una industria vinculada a la inteligencia artificial o, hipotéticamente, una industria de trenes eléctricos de alta velocidad, algo que hoy no existe en Argentina, una inversión de mil millones de dólares tendría un impacto enorme", señaló.

La legisladora Picón Martínez destacó además que otra de las propuestas aceptadas fue la incorporación de incentivos para la investigación vinculada a los proyectos beneficiados por el régimen.

"Particularmente, también pedimos que se contemplara la inversión en investigación dentro del mismo sector y en el mismo lugar donde se radica la empresa, algo que también fue aceptado", afirmó.

Sin embargo, Picón Martínez remarcó que el principal punto de preocupación para la provincia de San Juan estaba vinculado a la preservación de las facultades provinciales sobre los recursos naturales y ambientales, una cuestión especialmente sensible para una jurisdicción con fuerte actividad minera.

"Lo más importante para nosotros era poder mantener lo que además establece la Constitución y que queríamos que quedara plasmado en la ley. Finalmente, así quedó reflejado en el inciso J del artículo 16: el poder de policía de las provincias respecto de los recursos ambientales y naturales, y sobre todo del recurso hídrico, que es tan importante para una provincia como San Juan", sostuvo.

La diputada consideró que la incorporación de ese artículo fue determinante para acompañar el proyecto y aseguró que los cambios introducidos permitieron garantizar una mayor protección de los intereses provinciales.

Si bien reconoció que hubo otros planteos realizados durante la discusión parlamentaria, insistió en que la cuestión ambiental fue el eje central de las negociaciones llevadas adelante por su espacio político.

"Si bien es cierto que también hicimos otros planteos que considerábamos importantes, el más relevante para nosotros era el cuidado de los recursos. Y la verdad es que hoy eso está contemplado en el proyecto", concluyó.

Por su parte, el diputado Falcone explicó que "la tasa general del Impuesto a las Ganancias es del 35%; en el RIGI es del 25% y en el Súper RIGI sería del 15% sobre las utilidades". No obstante, remarcó que las empresas primero deberán concretar las inversiones y generar ganancias antes de acceder a esos beneficios.

"Primero hay que invertir, luego obtener ganancias y recién entonces analizar cuánto se paga por ese concepto", argumentó. Y agregó: "Seguramente van a pagar impuestos. Además, deberán abonar regalías por lo que exporten, tributos provinciales, salarios y cargas sociales de los trabajadores".

Para Falcone, la discusión debe centrarse en los nuevos recursos que podrían generarse a partir de actividades económicas que hoy no existen en el país. "Habrá ingresos fiscales provenientes de actividades que hoy no existen. A mi entender, esto va a sumar recursos al fisco", aseguró.

Respecto de las críticas opositoras, consideró que "es una crítica lógica desde el punto de vista de la oposición, pero a mi juicio no tiene sustento". En esa línea, sostuvo que "los beneficios derivados de la inversión, el impulso a la actividad económica y todo lo que va a llegar a la Argentina serán muy superiores a cualquier eventual reducción de la recaudación por impuestos".

En esa línea, consultado sobre esos beneficios para industrias en nuevas tecnologías, el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata, resumió: “No estamos legislando para el hoy sino para el futuro. El establecimiento de condiciones para atraer inversiones que nos lleven a competir con los otros destinos de inversión a nivel mundial es muy importante. Es erronea la apreciación que dice que esto no hay que dar tantos beneficios. Mire, es preferible cobrar un poco de algo que mucho de nada”. 

Las declaraciones de Picón Martínez y Falcone reflejan la posición de un sector de los bloques dialoguistas que decidió acompañar el Súper RIGI. Pero fue gracias a la recepción de un oficialismo que tendió puentes con modificaciones específicas destinadas a reforzar la participación de proveedores locales y promover la investigación vinculada a las inversiones. Y en especial, garantizar las competencias provinciales sobre los recursos naturales, uno de los puntos más sensibles del debate que terminó cerca de las 00.00 de este jueves.

Nicolás Vergara, resonsable de Comunicación de Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) explicó en diálogo con Newstad  que el mecanismo impulsado por el Gobierno para compensar las deudas entre las distribuidoras y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) representa un "ordenamiento sectorial" que normaliza los balances de las empresas, mejora su acceso al financiamiento y pone fin a años de litigios con el Estado. Además, afirmó que el desafío ahora pasa por acelerar inversiones en digitalización, nuevas subestaciones y obras que permitan acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica en todo el país.

NEWSTAD: ¿Cómo evalúa ADEERA el mecanismo impulsado por el Gobierno para compensar las deudas con Cammesa mediante los llamados "activos regulatorios"?

Nicolás Vergara: El mecanismo impulsado por el gobierno es un esquema de ordenamiento sectorial que permite compensar creditos y deudas reciprocas que se habían acumulado por los descalces regulatorios de los últimos años.

¿Qué impacto tendrá esta medida sobre la situación financiera de las distribuidoras?

El impacto es de normalización patrimonial. Al netear las deudas por las compras de energía con los créditos que las distribuidoras tenían con el Estado por los congelamientos tarifarios previos, se regularizan los balances de manera inmediata. Esto elimina una carga financiera compleja, estabiliza el flujo de caja y dota a las empresas de previsibilidad regulatoria. 

¿Este esquema permite cerrar una discusión histórica entre las empresas y el Estado?

Si, este esquema establece un marco formal de resolución. Al exigir como condición legal la renuncia expresa a cualquier reclamo judicial previo entre las empresas y el Estado, se clausura el conflicto del pasado. Pasamos de una etapa de parches temporales a una nueva de normalización y reglas claras hacia el futuro. 

¿De qué manera este alivio financiero puede traducirse en más inversiones que mejoren el servicio? 

Sobre eso es importante aclarar que las tarifas actuales se destinan integramente a mantener la operación y el plan de obras vigente. Este ordenamiento financiero lo que hace es quitar una mochila del pasado. No reemplaza la tarifa, sino lo que permite es que la empresa califique para el financiamiento de obras de magnitud de largo plazo consolidando la estabilidad de la red que los usuarios necesitan. 

¿La regularización de las cuentas con Cammesa permitirá acceder a financiamiento para obras?

SIn dudas, ninguna empresa puede acceder a créditos con un balance condicionado por deudas de magnitudes históricas. Regularizar los estados contables mejora la calificación crediticia de las compañías y las vuelve elegibles para financiamiento a tasas competitivas. Esto permite asimilar obras de gran envergaura que no se pueden afrontar con la caja diaria. 

¿Qué inversiones prioritarias necesita hoy el sistema de distribución eléctrica argentino?

Las prioridades se centran en la digitalización y automatización de la red. Esto es la implementación de medidores inteligentes y telemandos de subestaciones para hilar fallas en segundos de manera remota. En segundo lugar la construcción de nuevas subestaciones y tendidos de cables de alta y media tensión para acompañar los nuevos nodos de consumo urbano. Y en tercer lugar la resiliencia climática, o sea la adecuación física para soportar los eventos meteorológicos extremos por el cambio climático. 

¿La red eléctrica está preparada para acompañar el crecimiento de la demanda previsto para los próximos años?

Responde a las exigencias vigentes pero para acompañar el crecimiento requiere de expansión continua. Pero el crecimiento de la demanda se planifica con años de anticipación. Ahora, con este marco regulatorio normalizado están dadas las condiciones para ejecutar obras de base que garanticen el abastecimiento y la potencia necesaria para los próximos diez o quince años. 

La discusión suele centrarse en Edenor y Edesur, pero ¿cuál es la realidad de las distribuidoras del interior del país?

La problemática del sector es federal. Las distribuidoras provinciales y cooperativas del interior sufrieron las mismas distorsiones por estos descalces entre sus costos y valores de energía de Cammesa. Estos mecanismos de activos regulatorios son de accesos nacional, entonces son igual de vitales para una empresa del norte o del sur. Esto garantiza un tratamiento equitativo de todos los usuarios de la Argentina. 

Antes de la apertura del Foro de Inversiones Vaca Muerta, el director del evento, Bruno Saltarelli, sostuvo que el desarrollo no convencional dejó de ser una apuesta exclusivamente energética para convertirse en un motor de oportunidades inmobiliarias y de servicios. En diálogo con Newstad, afirmó que el crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas, junto con las proyecciones de expansión del sector, impulsan una fuerte demanda de viviendas corporativas, hotelería, parques industriales e infraestructura urbana, especialmente en Añelo, donde el déficit habitacional y las necesidades operativas de la industria abren una nueva etapa de inversiones vinculadas al boom de Vaca Muerta.

NEWSTAD: ¿Qué cambió para que hoy atraiga a inversores inmobiliarios, financieros y desarrolladores de todo el país?

Bruno Saltarelli: Vaca Muerta dejó de ser solo una cuestión de ingenieros petroleros para convertirse en un activo estratégico de largo plazo. El cambio fundamental radica en la consolidación estructural de la cuenca como motor económico. La demanda habitacional y de servicios es ahora real, sostenida y de gran escala, lo que permite transformar la renta energética en oportunidades de inversión inmobiliaria concretas (housing corporativo, parques industriales, hoteles), algo que antes era especulativo y hoy es una necesidad operativa urgente.

Lo que cambió también es el crecimiento de la explotacion del fracking en vaca muerta. Hay cada vez mas perforaciones tanto de petróleo como de gas, proyectan aumentar el volumen de perforaciones en toda la zona. La consolidación del gasoducto Néstor Kirchner, hoy Perito Moreno también. Se proyecta que Vaca Muerta en los proximos años aporte la misma cantidad de dólares al pais que el campo. Hoy el campo aporta aproximadamente unos 30mil millones de dolares (chequear). Se espera que Vaca Muerta iguale esto y se transforme en uno de los pilares del crecimiento de Argentina.

NS¿En qué etapa del desarrollo se encuentra actualmente Vaca Muerta y por qué considera que todavía hay oportunidades?

BS: Vaca Muerta se encuentra en una fase de aceleración y consolidación. Si bien el crecimiento ha sido exponencial, los referentes del sector coinciden en que todavía no ha llegado a su pico. La oportunidad para los nuevos inversores radica en que el ecosistema requiere servicios que hoy son cuellos de botella: desde hotelería y oficinas corporativas hasta centros de salud y parques industriales. Es una etapa donde el mercado comienza a ordenarse, permitiendo ingresar con números concretos antes de que la demanda supere definitivamente a la oferta disponible.

NS: ¿Qué sectores aparecen hoy como los más atractivos para invertir?

BS: Los sectores más atractivos están directamente ligados a la logística y soluciones habitacionales. Las empresas necesitan un lugar para que sus empleados vivan. Tienen esquemas de trabajo 7x7 o 14x7 Trabajan 7 días en el pozo por ejemplo y otros 7 días se van a su casa.

Necesitan un lugar quebles resuelva todo: vivienda, servicios, limpieza, servicios tipo hoteleros de cambio de sábanas, limpieza etc. Tambien algo de ocio (por eso algunos complejos tienen cancha de padel o algún amenitie ).

Además la importancia de contar con seguridad para controlar el acceso del complejo. Tienen necesidades específicas que el desarrollador identifica y se las soluciona para ganar esa renta de las habitaciones con una empresa y generar contratos de alquiler. Housing corporativo y vivienda: La demanda de alojamiento (tanto permanente como temporario) para trabajadores es la principal urgencia. Logística y Parques Industriales: Cruciales para el soporte de la industria del Oil & Gas; se requieren naves industriales y espacios de almacenamiento. Servicios de apoyo: Hotelería, oficinas administrativas y centros de salud, los cuales son necesarios para sostener el crecimiento de Añelo y la ciudad de Neuquén. Déficit habitacional alrededor del boom Vaca Muerta: ¿Qué tipo de desarrollos son más demandados?

Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que hay que generar 40.000 puestos de trabajo netos a corto plazo, y la meta es exportar un millón de barriles diarios. Con ese telón de fondo, infraestructura y real estate ya no son sectores de apoyo. Son el negocio. Y en el centro de ese negocio está Añelo que ya tiene y tendrá una demanda habitacional enorme.

La demanda es alta tanto en vivienda permanente como en alquileres temporarios. Las empresas del sector energético buscan principalmente Housing corporativo, es decir, soluciones llave en mano para sus empleados. Hotelería y desarrollos de usos mixtos: Espacios que combinen servicios y alojamiento. Infraestructura urbana: Desarrollos que faciliten la vida cotidiana en una ciudad (Añelo) que ha visto un crecimiento acelerado y hoy enfrenta necesidades habitacionales críticas. Los proyectos que se destacan son Fincas de Añelo, IDERO, EVERHAUS, Grupo VISCA, NEOS, Grupo EDISUR, DISTRITO ENERGETICO VACA MUERTA

NS: Si tuviera que convencer a un inversor que aún mira a Vaca Muerta con cautela, ¿cuál sería hoy el principal argumento para participar?

BS: El principal argumento es la integración entre la energía y el territorio. A diferencia de años anteriores, hoy la viabilidad de la inversión está respaldada por la producción real de hidrocarburos y una articulación público-privada que busca ordenar la planificación urbana. El Foro ofrece "números concretos" y reuniones uno a uno, eliminando la incertidumbre mediante el contacto directo con quienes lideran los proyectos, permitiendo participar de un negocio que ya está en marcha y que es indispensable para el desarrollo energético nacional.

Este evento es, en esencia, una oportunidad para acceder a una radiografía completa de la inversión en Real Estate de Neuquén, conectando la liquidez de inversores con las necesidades operativas de la producción hidrocarburífera.

* Bruno Saltarelli es Director del Foro de Inversiones Vaca Muerta.

En distinos casos de falsas denuncias relatados en Newstad se habló sobre relatos implantados, en especial en niños, e inclusive Cámaras Gesell construidas para entrenar al niño en la mentira. ¿Qué esta faltanto entonces para detectar estos patrones que se repiten?.

La psicología del testimonio, una disciplina poco desarrollada en Argentina pero con más de un siglo de trayectoria internacional, puede aportar herramientas clave para analizar la fiabilidad de los relatos en causas judiciales, especialmente cuando involucran a niños. En esta entrevista con Newstad, el perito psicólogo e investigador forense, Pablo Martínez Soares de Lima, explica los alcances y límites de esta especialidad, advierte sobre los riesgos de la sugestión en los testimonios infantiles, cuestiona la "psicologización de la Justicia" y sostiene que, sin una investigación criminalística que contraste los relatos con evidencia objetiva, es imposible determinar científicamente si una persona miente o dice la verdad.

NEWSTAD: ¿Qué es la psicología del testimonio o de la memoria?

PABLO MARTÍNEZ SOARES DE LIMA: Es una subdisciplina de la psicología jurídica que existe en el mundo desde finales del siglo XIX. Pensemos que el criminólogo Lombroso ya había escrito un libro sobre psicología del testimonio para el ámbito penal. Estamos hablando de finales del siglo XIX.

En Argentina no se escuchaba hablar de psicología del testimonio hasta hace menos de 20 años. En 2010 comencé a capacitarme en psicología del testimonio con unas psicólogas del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación que habían ido a España a formarse y dieron aquí un curso para un grupo reducido de peritos. A partir de ahí empecé a formarme.

NS: ¿Por qué en Argentina hay tanto desconocimiento de la psicología del testimonio? 

PMSL: Tiene que ver con fundamentos epistemológicos de la psicología del testimonio que adhieren a la psicología cognitiva y experimental, que en nuestro país es casi inexistente, porque el dominio es psicoanalítico. Entonces existe una colisión epistemológica: un dominio del psicoanálisis que rechaza lo cognitivo. Eso es lo que frena y casi impide las formaciones en psicología del testimonio.

Sin embargo, últimamente las cosas vienen cambiando y hay algunos lugares donde formarse. Yo recomiendo la Diplomatura en Psicología del Testimonio que ofrece el Colegio de Abogados de Tucumán, que tuvo su primera edición el año pasado y este año tendrá una segunda edición. Pero, si bien es una muy buena formación, todavía no alcanza el nivel de especialización. Falta mucho para que la psicología del testimonio se instale como una verdadera especialización.

NS: ¿Por qué es tan importante esta herramienta en eventuales causas de falsas denuncias? 

PMSL: La capacitación en psicología del testimonio, al trabajar sobre la memoria, porque la psicología del testimonio implica un análisis profundo de cómo funciona la memoria humana, permite estudiar cómo está influido un relato. Permite detectar si un relato es el resultado de una experiencia que alguien vivenció o si no es una vivencia, sino algo construido.

La diferencia es muy importante: una ficción o una realidad. Por supuesto, no es una ciencia exacta como para poder determinarlo con certeza, pero sí ayuda a detectar influencias y, de ahí, las posibilidades de que un relato haya sido implantado, es decir, introducido por otra persona. Pensemos en niños, por ejemplo, de forma voluntaria o involuntaria, que suelen ser los casos más comunes.

Cuando los niños escuchan conversaciones y están en un entorno de adultos, van adquiriendo información que hacen propia. Después, cuando se les pregunta sobre determinados hechos, hacen una mezcla de situaciones que han vivido y de cosas que han escuchado. Entonces, la psicología de la memoria, especializada para los juicios a través de la psicología del testimonio, permite detectar estas posibles influencias existentes en la memoria.

NS: ¿En qué edades se debe ser todavía más cauto a la hora de tomar un testimonio? ¿En qué detalles puede detectarse una narración construída?

PMSL: Enfocando más en los niños, sobre todo cuando son preescolares, es muy importante comprender la posibilidad de la sugestión. La sugestionabilidad es la capacidad que tiene un adulto o un tercero de sugestionar a un niño de esa edad. No es lo mismo la etapa preescolar, hasta los seis años, que un niño de diez años, un adolescente o un adulto.

Si bien todo ser humano es sugestionable, las etapas de la niñez temprana son especialmente sensibles a la sugestión. Los niños pequeños, cuando cuentan algo, pueden relatarlo como si lo hubiesen vivido ellos y, en realidad, lo vivió un hermanito, un compañerito o lo vieron en un personaje de televisión o en un cuento, y lo cuentan como propio.

Tampoco pueden contextualizar, secuencializar ni construir una línea temporal adecuada. Estos factores son fundamentales en la toma de la Cámara Gesell. Muchas veces los niños relatan allí determinados hechos y quienes no están capacitados en psicología del testimonio creen estar obteniendo una narración válida, cuando en realidad, si se comprende esta capacidad de sugestionabilidad, se debe entender que el relato no es fiable.

Nunca va a ser completamente fiable el relato de un preescolar, sobre todo si pasó el tiempo y si se le preguntó con anterioridad muchas veces. Entonces, el relato no es fiable, lo que no significa que no sea creíble, que es otra cosa. La credibilidad se analiza en una instancia posterior; aquí estamos hablando de la fiabilidad.

Supongamos una adolescente que ya tiene una capacidad diferente respecto de la sugestión y nos brinda un relato. Ese relato puede tener una consistencia distinta y ahí sí podemos discutir si es creíble o no, utilizando criterios de credibilidad que existen para ello.

Es importante destacar que, aun con la mejor capacitación en psicología del testimonio, esta disciplina no detecta mentiras. No existe hasta el momento una forma científica de diferenciar la mentira de la verdad en un relato. Esto es fundamental porque muchas veces se cree que se podrá detectar si alguien miente o dice la verdad, ya sea en el análisis de testimonios o en los relatos obtenidos en pericias psicológicas o psiquiátricas. No existe una forma científica de hacerlo.

NS ¿A qué error te referís cuando hablás de una “psicologización de la Justicia”? ¿Qué está faltando?

PMSL: La Justicia muchas veces deposita en la psicología la esperanza o la creencia de que la psicología va a poder resolver si una víctima es una verdadera víctima o no. Y esto no es así; es una fantasía.

Lo que está faltando, en realidad, es un cuerpo de investigadores que vaya a las escenas donde supuestamente ocurrieron los hechos, que conozca otras actividades objetivas de la presunta víctima y que contraste esa información con los relatos que la persona brinda. Es decir, una verdadera investigación, como la realiza un criminalista.

Pensemos que el buen investigador en este tipo de casos sería también un criminalista, pero que además tenga formación, o cuente en su equipo, con un especialista en psicología del testimonio o en psicología de la memoria. Esta formación adicional permitiría arribar a conclusiones más certeras que una simple pericia psicológica en la que el perito entrevista a una presunta víctima y elabora una versión sin contrastar la información para detectar verdaderas mentiras.

No basta con la psicología. Esto lo saben los investigadores y los agentes de inteligencia: la forma de saber si una persona miente o dice la verdad es obteniendo información objetiva sobre los pasos que da y las actividades que realiza. No guiándose tanto por lo que la persona dice, sino por lo que hace.

Para saber lo que hace una persona se requiere una investigación de sus actividades, de los recorridos que ha realizado, de la mensajería que tenga en su celular, de sus gustos y de otros elementos objetivos. En definitiva, una verdadera investigación de la persona para contrastarla con el relato.

Eso, por supuesto, no suele hacerse en las causas por denuncias de abuso, donde simplemente se toma como ocurrido lo que una persona dice que ocurrió.

NS: ¿Qué le contestarías a quien te palentea que esta indagación en sus actividades es una revictimización del denunciante?

PMSL: Toda actividad investigativa en este tipo de causas va a generar una inevitable revictimización, pero es necesaria para la investigación. Esto es algo que hay que explicarle a quienes denuncian.

A quienes denuncian se les debe explicar que se van a aplicar protocolos cuyo objetivo es comprobar lo que se está diciendo y que ello es necesario para la investigación. Por lo tanto, en las víctimas reales va a haber una revictimización que es inevitable.

Por otro lado, en los casos donde se denuncia de forma falsa o equivocada, también existe una victimización directa, que es la del propio proceso judicial. Todas estas actividades investigativas generan una victimización en las personas que están siendo investigadas, aun cuando sean inocentes o incluso ajenas a la relación entre víctima y supuesto victimario.

Esto genera daños psicológicos que pueden ser mínimos si se ajustan adecuadamente a los protocolos. Cuanto menos se respeten los protocolos y cuanto menos eficientes sean los procedimientos, mayores serán los efectos que sufrirán los involucrados.

Pero esos efectos nunca van a ser cero. Siempre va a haber una revictimización. La idea es reducirla al mínimo.

El 12 y 13 de agosto se realizará en el Hotel Hilton de Buenos Aires el Foro de Inversiones Vaca Muerta, un encuentro que reunirá a los principales referentes del sector energético, desarrolladores inmobiliarios, economistas e inversores. La iniciativa busca conectar capitales con proyectos concretos en una región que proyecta inversiones por más de US$ 200.000 millones en los próximos ocho años.

El crecimiento sostenido de Vaca Muerta ya no solo genera oportunidades para las empresas petroleras. La expansión de la actividad hidrocarburífera comenzó a impactar con fuerza en sectores vinculados a la vivienda, la logística y la infraestructura, impulsando nuevos negocios inmobiliarios en la cuenca neuquina.

Con ese objetivo, el 12 y 13 de agosto se realizará en el Hotel Hilton de Buenos Aires el Foro de Inversiones Vaca Muerta, un encuentro organizado por Grupo SG que por primera vez reunirá en un mismo espacio a los protagonistas del Oil & Gas y del mercado inmobiliario.

Lejos del formato tradicional de feria o conferencia académica, el foro estará enfocado en la concreción de negocios. Durante dos jornadas se desarrollarán rondas de inversión, presentaciones de emprendimientos inmobiliarios listos para recibir capital y reuniones privadas entre inversores, desarrolladores y ejecutivos de empresas vinculadas a la actividad energética. Además, el evento contará con transmisión en vivo para toda América Latina.

Vaca Muerta alberga la cuarta reserva mundial de shale oil y la segunda de shale gas, distribuidas sobre una superficie cercana a los 30.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, detrás del crecimiento de la producción petrolera y gasífera emergen desafíos que exceden al sector energético.

La llegada constante de trabajadores especializados, la instalación de compañías multinacionales y la expansión de localidades estratégicas como Añelo y Neuquén capital generaron una creciente demanda de viviendas, servicios hoteleros, oficinas y espacios logísticos.

"Vaca Muerta no solo transforma la energía argentina; también está transformando el mapa de oportunidades inmobiliarias. Los grandes ciclos de inversión se detectan antes de que sean masivos. El nuevo hotspot del real estate argentino no está donde uno se imagina: está donde crece la energía", anticipó a Newstad Bruno Saltarelli, director del Foro de Inversiones Vaca Muerta.

Según los organizadores, la escasez de oferta habitacional y de infraestructura en la región está generando oportunidades de inversión con rentabilidades en dólares de dos dígitos, superiores a las que ofrecen muchas plazas inmobiliarias tradicionales.

La agenda del foro estará centrada en cuatro ejes principales:

Los números que exhibe Vaca Muerta explican el interés creciente de inversores y desarrolladores. Entre 2013 y 2023 se acumularon inversiones por aproximadamente US$ 47.000 millones. Solo en 2024 se sumaron otros US$ 11.500 millones.

Las proyecciones indican que el ritmo de desembolsos podría alcanzar los US$ 22.500 millones anuales, llevando la inversión total por encima de los US$ 200.000 millones en los próximos ocho años.

Entre los principales indicadores del sector se destacan:

El foro contará con más de 50 expositores y referentes del sector. Entre los participantes confirmados figuran:

El encuentro tendrá como sponsors principales a Pampa Energía y Tecpetrol, además del respaldo institucional de la Municipalidad de Añelo, la CEDU, la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), CEDU Mendoza, la Sociedad Central de Arquitectos y Real Estate Business Tour.

"Hay oportunidades que se ven tarde. Vaca Muerta todavía está a tiempo. Diseñamos este foro para ordenar el mercado y presentar propuestas seleccionadas con números concretos, tickets y modalidades de negocio", adelantó Saltarelli.

Oscar Alberto Carod lleva doce años privado de su libertad por una causa que, como ya se contó en exclusivo en Newstad, se originó a partir de una falsa denuncia realizada por su propia hija. En estos casos que destruyen mentes y familias, Oscar intenta superarse a pesar de momentos de flaqueza inevitables. Y lo hace formándose e intentando transmitirlo a otros internos.

Desde la prisión vuelve a hablar con Newstad esta vez para destacar ese lado del duro y largo derrotero judicial que sigue atravesando. Actualmente Oscar estudia abogacía desde la cárcel y ya tuvo otras certificaciones: PAP (Primeros Auxilios Psicológicos), Coaching integral, Neuropsicología y Coaching Ontológico Profesional. 

Es por estos logros que Oscar cuestionó los proyectos que buscan restringir el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios y defendió esa herramienta como un instrumento de educación y reinserción.

“Me ha tocado atravesar la falsa denuncia y estar en contexto de encierro y, como bien sabes, somos muchos”, afirmó Carod, quien suele visibilizar su situación y la de otros detenidos que aseguran haber sido condenados injustamente.

Al referirse al debate sobre los celulares en las cárceles, reconoció que existen casos de personas que delinquen utilizando esos dispositivos, pero advirtió que una prohibición generalizada terminaría perjudicando a quienes los utilizan para estudiar y capacitarse.

“Muchos de nosotros lo hemos usado para formarnos, para capitalizar el tiempo en contexto de encierro, para ir adquiriendo conocimientos que obviamente serán herramientas para utilizar en el egreso”, explicó.

Según relató, durante estos años aprovechó la tecnología para completar diversas instancias de formación. “El celular ha sido y es una herramienta muy útil para la formación de las personas en contexto de encierro”, sostuvo.

Carod reconoció que dentro de las cárceles existen personas que utilizan los teléfonos para cometer delitos, pero consideró que la respuesta no debería ser la eliminación total de su uso.

“También somos conscientes de que hay muchos que lo utilizan para la problemática que últimamente estuvo en boga en los medios. Pero la cuestión es que pagan santos por pecadores”, señaló.

En ese sentido, propuso implementar sistemas de control más efectivos para identificar a quienes realizan actividades ilícitas desde prisión.

“Habría que buscar herramientas de contralor para ver quiénes delinquen con el celular dentro de las cárceles y desde las cárceles. Obviamente, aplicar algún tipo de sanción concreta y directa de no tener acceso más”, planteó.

Sin embargo, insistió en que restringir el acceso a la tecnología afectaría directamente los procesos educativos. “La realidad de este impulso de querer quitar celulares es que somos muchos los que nos veríamos limitados para poder avanzar dentro de los cánones de lo que la ley manda, que tiene que ver con la educación”, afirmó.

Carod explicó que actualmente cursa estudios superiores y que gran parte de su formación fue posible gracias al acceso a internet mediante el teléfono celular.

“Hoy por hoy, con la tecnología y cómo ha evolucionado la cuestión de los celulares, uno puede ingresar desde una universidad, como en mi caso, y poder buscar alternativas de estudio”, expresó.

Además, destacó las capacitaciones que realizó durante su estadía en prisión. “Me formé como coach integral, como coach ontológico, estudié neuropsicología, primeros auxilios psicológicos y otros conocimientos que adquirí y que obviamente aplico acá dentro”, relató.

Según explicó, esos aprendizajes no solo le permitieron afrontar su propia situación, sino también colaborar con otros internos. “Los aplico no solo para poder sostenerme desde la realidad que me ha tocado, sino también para acompañar el proceso de más personas, lo cual ha repercutido de manera muy útil en la parte convivencial”, aseguró.

El detenido sostuvo que existe una visión homogénea sobre la población carcelaria que no refleja la diversidad de situaciones que conviven dentro de los penales. “Es importante también que se sepa. La sociedad debe saber que no todas las personas privadas de libertad son delincuentes”, afirmó.

Y agregó: “Hay hombres o mujeres, jóvenes o adultos, que atraviesan una falsa denuncia. También hay muchos casos de personas que cometieron un acto ilícito, que ya están pagando su pena y buscan reinsertarse”.

Finalmente, diferenció esos casos de quienes continúan delinquiendo desde prisión. “También hay un grupo que está muy claro que son delincuentes y que obviamente delinquen con el celular. Con ellos entiendo yo que debería aplicarse una sanción más rígida”, concluyó.

Mientras continúa reclamando la revisión de su condena, Carod sostiene que la educación y el acceso a herramientas tecnológicas representan una oportunidad concreta para quienes buscan reconstruir su vida tras las rejas y prepararse para su eventual regreso a la sociedad.

Carod también buscó impactar en los demás internos de la Unidad Penitenciaria 59. Con su formación, ya más de 300 presos asistieron a su taller “Un día a la vez”, sobre gestión emocional, control de impulsos y construcción de propósitos en contexto de encierro. Los asistentes le aseguraron a Carod que sus cursos ayudaron a mejorar la convivencia y fortalecer la autoestima.

El ex titular de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, se presentó de manera espontánea ante la Justicia federal para rechazar “de modo terminante” las acusaciones formuladas en su contra en la causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Una de tantas. En el escrito, Reidel destaca que la experiodista se convirtió en mejor operadora judicial que legisladora: es que Pagano lleva radicadas más de treinta denuncias penales en lo que va del año, sólo ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Lo que en boca de un particular no pasaría de un rumor de pasillo, deslizado por una legisladora podría proyectarse sobre el buen funcionamiento de las instituciones de la República”, sostuvo Reidel en el escrito. Además, calificó como “denuncias seriales” las presentaciones impulsadas por la diputada y afirmó que responden a “una línea de montaje fordista” destinada al “desgaste político”.

El carpetazo que en este caso le tocó a Reidel es, según puede saber este medio, otro coletazo de las internas que se agitan desde el entorno de Santiago Caputo y que no hacen otra cosa que exponer innecesariamente al Gobierno. Caputo sumó un funcionario técnico más afuera del Gobierno, a pesar de la confianza y amistad con Karina y Javier Milei.

En el escrito judicial, Reidel pidió que se avance “con la investigación más profunda y exhaustiva que pueda concebirse” y aseguró que no tiene “nada que ocultar”.

Volviendo sobre el accionar en serie de Pagano, Reidel sostiene que “recae sobre quien ostenta una banca un deber de prudencia y diligencia notoriamente mayor al del común de los habitantes”. Sin embargo, explica que "cuando una misma persona, de forma cuasi sistemática, suscribe y promueve más de treinta denuncias penales, varias de ellas reiterativas sobre idénticas personas por hechos sustancialmente análogos, la Jurisdicción dispone de un dato concreto para advertir que no se está ante un ejercicio razonable del deber cívico de denunciar sino, antes bien, frente a un patrón de presentaciones seriales que obedecerían a delirios querulantes, cuyo escrutinio reclama un rigor aún mayor.

La presentación fue realizada en el expediente CFP 2339/2026, donde el ex funcionario sostuvo que afrontará el proceso “sin reservas” y anticipó que más adelante ampliará su defensa con documentación respaldatoria. 

En su descargo, Reidel negó cada uno de los hechos atribuidos en la denuncia. Respecto de la acusación de enriquecimiento ilícito, aseguró que “no existe incremento patrimonial inexplicado o injustificado” y afirmó que los fondos cuestionados provienen de “tres cesiones onerosas de participación en el Fideicomiso Uruguay 6060 - San Isidro”, por un total de 770 mil dólares.

Según explicó, esa operación está “documentada mediante instrumentos privados con intervención notarial” y será acreditada ante el juzgado con certificaciones específicas.

El ex titular de Nucleoeléctrica también rechazó irregularidades vinculadas a la supuesta migración del sistema SAP/HANA. En ese punto, sostuvo que nunca existió adjudicación ni erogación de fondos y que únicamente se realizó “un análisis técnico preliminar de factibilidad” debido a la obsolescencia tecnológica del sistema.

Otro de los puntos centrales del escrito apunta a la contratación del servicio de limpieza de la empresa estatal. Allí, Reidel aseguró que la adjudicación “nunca fue concretada” y que, por el contrario, fue él mismo quien resolvió revocar el procedimiento antes de que se perfeccionara.

En relación con la contratación de pintura epoxi, negó que la firma Consulper S.A. hubiera sido favorecida. Según indicó, la empresa recomendada para adjudicación en el expediente oficial fue otra compañía, CIMSA Servicios S.R.L., por lo que consideró que la denuncia “atribuye a una firma un resultado que ni siquiera se compadece con el curso oficial del trámite”.

También rechazó la acusación sobre el supuesto cobro de comisiones del 5% a proveedores. “El suscripto no exigió, no recibió, no toleró ni consintió comisión alguna de proveedor alguno de NA-SA”, afirmó. Y agregó que la denuncia “no aporta el nombre de un solo proveedor, ni una cuenta receptora, ni una transferencia, ni una factura, ni una fecha”.

Reidel volvió a reclamar de esta manera que la investigación avance sin restricciones. Días atrás, ante las versiones periodísticas sobre supuestos gastos personales con tarjetas corporativas, había asegurado: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”.

“Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta”, había señalado el ex funcionario, quien insistió en que su actividad “fue exclusivamente laboral”.

En el escrito judicial reiteró ese posicionamiento y pidió medidas de prueba concretas, entre ellas informes a Banco Macro sobre sus operaciones crediticias, requerimientos a proveedores de Nucleoeléctrica y la remisión de expedientes administrativos vinculados a las contrataciones cuestionadas.

“Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso”, había manifestado previamente Reidel, una línea que ahora replicó ante la Justicia al reclamar “celeridad” y un pronunciamiento judicial expreso que descarte las acusaciones.

Oscar Alberto Carod asegura que lleva 12 años detenido por una denuncia falsa realizada por una de sus hijas adolescentes. Según relató, el conflicto comenzó entre 2013 y 2014, cuando su hija “se puso de novia con un mayor de edad que era consumidor y un aprendiz de narco”, situación a la que tanto él como la madre de la joven se opusieron.

“Como padre puse límites a esa situación, incluso la madre también. Eso nos llevó a una denuncia que terminó en un juzgado de familia”, explicó Carod. Según sostiene, durante ese proceso su hija “confesó que había sido toda mentira porque estaba enojada con la madre y conmigo, porque no le permitíamos sostener la relación con este muchacho”.

Carod afirmó que decidió mantenerse firme en su oposición debido a información que, según dijo, había surgido durante la investigación sobre el entorno del joven. “No fue más que acompañada por él y por otras personas que la llevaron a hacer una denuncia de abusos, lesiones que jamás existieron”, aseguró.

El hombre remarcó que existen “pruebas irrefutables” que demostrarían su inocencia. “Están las certificaciones médicas correspondientes que avalan lo que hablo”, indicó. Además, mencionó a sus abogados, la doctora Elisa San Gregorio y el doctor Paglia, quienes —según dijo— “están dispuestos a hablar con quien sea”.

Carod cuestionó duramente el accionar del Departamento Judicial de Mercedes. “El 9 de mayo de 2014 me presenté pidiendo ayuda. No fui con abogados; fui solo, con un escrito para que se investigara a todo el núcleo familiar, a mí y a personas allegadas”, relató.

Sin embargo, sostuvo que el accionar judicial de Mercedes fue “inepto, perverso y hasta corrupto”. También denunció que estuvo “cinco años, cinco meses y siete días con prisión preventiva”.

“Fuimos al debate y se demostró con creces mi inocencia, con pruebas irrefutables”, afirmó. Según explicó, sus abogados grabaron audios del juicio oral que, asegura, “dejan en evidencia la perversa convivencia que hubo entre el fiscal y los jueces del Tribunal Oral N°4”.

En ese sentido, cuestionó que el mismo fiscal que intervino en la etapa de instrucción haya actuado también durante el juicio oral. “Se manejó con total perversidad para impedir que saliera a la luz la verdad”, sostuvo.

Carod fue condenado a 21 años de prisión, aunque aclaró que continúa en condición de procesado debido a que apeló el fallo en todas las instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires.

“Llegamos hasta la Suprema Corte bonaerense y nunca quisieron escuchar nada, ni tener en cuenta las pruebas ni los audios del debate”, afirmó.

Actualmente, su caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Desde marzo del año pasado estamos esperando que alguien simplemente lea la causa. Eso no ocurrió ni en las instancias inferiores ni en la provincia”, manifestó.

El detenido aseguró que mantiene la esperanza de que el máximo tribunal revise el expediente y “pueda ver el daño tremendo” que, según él, le ocasionó el sistema judicial. “Nunca atinaron a escuchar nada de lo que yo ofrecía para poder evaluar si yo fui responsable de los delitos que se me imputan”. 

Carod afirmó que durante sus casi 12 años de detención comenzó a estudiar abogacía y a interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema judicial. También destacó el acompañamiento del psicólogo forense Pablo Martínez Soares de Lima, que “detectó el mal funcionamiento” de sus colegas dentro del ámbito judicial.

Martínez Soares de Lima hace un panorama que explica la problemática y el modus operandi que contamos casi en soledad en Newstad: “En nuestro país casi no existe capacitación en psicología del testimonio. Hay una deficiencia muy grande. La mayoría de los peritos ni siquiera sabe lo que es".

“No saben tomar el relato ni analizarlo. Luego de eso, se podrían haber hecho las pericias psicológicas de la chica y también del entorno. Estas investigaciones deberían enfocarse mucho en el contexto, en las historias alrededor de toda la familia. Eso, por supuesto, no se hace. Se cree y se acreditan únicamente los dichos de quien denuncia, y nada más”, enfatiza el especialista que acompaña a Carod.

El detenido explica que “la idea de hacer pública mi causa no es solamente por lograr mi libertad, sino también para evidenciar cómo funciona este sistema”, expresó.

Carod consideró que existe una “responsabilidad compartida” entre quienes realizan falsas acusaciones y quienes administran justicia. “Quien miente tiene responsabilidad, pero más responsabilidad tienen quienes ejercen dentro del ámbito judicial, porque o no saben diferenciar cuándo alguien miente o, como pasó en mi caso, sabían que mentían y aun así hicieron prosperar una causa”, denunció.

En el tramo final de su testimonio, Carod apuntó contra lo que definió como una lógica corporativa dentro de la Justicia: “Siempre escuché esa famosa frase de que son ‘una gran familia’. El punto es que esta gran familia está destruyendo muchas familias”.

También aseguró haber conocido durante su encierro a personas que “no soportaron la situación y se quitaron la vida”. Y admitó: “Es algo que me ha pensado, pensar ‘para qué vivir", debido a  haber atravesado momentos ”de agotamiento emocional y mental producto del “injusto encierro”.

“Me sostengo por el apoyo que tuve desde adentro y desde afuera, confiando en que esto va a terminar y en que los responsables van a tener que hacerse cargo”, concluyó.

El Gobierno sigue adelante con su agenda y uno de los temas que ya sacó a la cancha en las últimas horas es la Reforma Electoral Integral. No es un tema de casta, también finalmente involucra al contribuyente, a vos: el objetivo es lograr que el Estado se corra al menos un poco del financiamiento partidario, y que deje de bancarse con el dinero de todos a partidos que son solamente un sello de goma. 

Todo comenzó a exponerse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, con la presencia de legisladores de todos los partidos. Estuvo presente Patricia Bullrich, que quiere llevarse otro poroto a su lista y una revelación: María Luz Alegría Landivar, una asesora del ministero del Interior de la Nación que respondió de manera llana pero cercana todas las dudas de los presentes.

Entre sus argumentos, la asesora detalló que en las últimas PASO utilizaron “$1.240.000.000 en diez agrupaciones políticas y que entre todas ellas juntas no sumaron ni el 2% de los votos”. Y precisó que un espacio político “recibió $131.000.000 de pesos y solo sacó 23.554 votos”.

Al respecto, Bullrich resumió uno de los objetivos centrales de la reforma: la cuestión del financiamiento. El Gobierno cree que para ello los partidos políticos deben volver a ser un espacio con vida, promovido por los ciudadanos: “Nosotros queremos que se involucren en mantener la política, y si no es muy fácil, el Estado pone la plata y los ciudadanos no se involucran. Por eso esto es una novedad muy importante en la discusión”. 

Landivar detalló que se pretende pasar del denominado Fondo Partidario Permanente a un “Aporte Público Anual” que “viene aparejado de un mayor control porque deberán rendir cuentas semanalmente en la Justicia” sobre quienes hacen aportes a los partidos.

Se trata de una limpieza de partidos con el objetivo elemental de que no se gasten recursos públicos en partidos que no son representativos: explica el oficialismo que debe terminarse con los espacios pequeños que “se cuelgan” de los grandes para poder sobrevivir. 

Al respecto, Bullrich anticipó: “Tenemos que hablar de que los partidos tienen que tener condiciones  más estrictas para ser partidos porque sino hay un montón de partidos sellos que no tienen votos y que participan en las elecciones al solo efecto de sacar dinero”. 

Otro de los objetivos centrales es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), promovidas por el gobierno anterior: “Nosotros queremos eliminarlas y que haya libertad de selección de candidatos en cada uno de los partidos con sistemas más modernos”, dijo la jefa de senadores libertarios. 

Sin embargo, ya desde este primer encuentro el oficialismo tendió un puente con sus aliados e inclusive la oposición para que este paquete de reformas avancen. La opción más viable para negociar es que se pase de unas PASO a unas PAS, es decir que como sucede por ejemplo en Estados Unidos, los ciudadanos se anoten voluntariamente para participar en esas primarias. 

Para el espacio libertario, el peor escenario sería la continuidad de las PASO, por lo tanto en los pasillos del Senado esta semana ya se escucha que “hay que negociar”. Y ese sistema mixto de primarias a la americana sería un buen trato. 

El objetivo es que haya media sanción a mitad de año, entre junio y julio, precisó una Bullrich candidata que, con un posteo en X, jugó a que se lanzó para la Ciudad, pero en realidad piensa más grande. Un sueño que dependerá del destino de la imagen de Javier Milei, por ahora en baja.