Río Negro es la puerta de salida del gas y petróleo que se producen en Vaca Muerta y, además, es una provincia netamente turística. Cuando uno nombra marcas como Bariloche, El Bolsón, la producción de vinos y sidras, ballenas, Las Grutas, El Cóndor, Sierra Grande, la estepa patagónica, todo eso es Río Negro.

Es como un gran shopping donde uno puede encontrar fauna marina en el mar y los mejores atractivos de montaña de la Argentina, que comparten con Neuquén. Con toda esa variedad, además de ser “la casa” de uno de los sectores más pujantes hoy de la Argentina, Río Negro mostró sus bellezas, y oportunidades para invertir y hasta quedarse a vivir. 

De todo esto conversó Newstad Energía 2050 con Leopoldo Tiberi, responsable de Comunicación de la Agencia de Turismo de Río Negro

—¿Qué lugares de Río Negro recomendarías especialmente para quienes todavía no conocen esa parte de la provincia?

Se pueden googlear Meseta de Somuncurá, Comallo, Pilcaniyeu, Ruta 23. Van a entender que se estaban perdiendo una parte increíble de la Argentina, que es muy simple de recorrer. Cuando uno viaja de Buenos Aires al sur, el error nuestro siempre es ir apurado, querer llegar a Bariloche o a algún lado.

Se puede disfrutar un viaje alucinante: Buenos Aires, las lagunas de Buenos Aires, Guaminí, toda la obra de Bajo General Roca al valle rionegrino, cruzando La Pampa por puentes, por las represas, y de ahí decidir ir al mar, de ahí a la montaña por la 23 y volver tranquilo.

—También mencionás una ruta muy particular para recorrer la costa. ¿Qué tiene de especial ese recorrido?

Hay una ruta muy puntual que hace Viedma-El Cóndor hasta San Antonio Oeste, donde están Las Grutas. Es la Ruta Escénica número 1, 200 kilómetros donde uno prácticamente, en algunos tramos, va por la playa, va por la arena. Vas conduciendo en arena, entre caracoles, entre montañas. Hay reservas de lobos marinos durante todo el año.

Hay que descubrir, hay que pensar los viajes como una experiencia completa, no como “voy a un lugar y vuelvo”, sino como que disfruto al ir, disfruto al volver y, si me gustó, me quedo.

—Se está dando, desde hace varios años y en varias provincias del país, el fenómeno de que la gente se está cansando de las grandes ciudades y se va a vivir. ¿Lo ven ustedes?

Sí. Bariloche básicamente toda su vida ha recibido un gran proceso de migración constante, porque la gente va, descubre, ve la calidad de vida, se queda y vuelve, o lo tiene imaginario: “Cuando tenga tantos años, me vengo a vivir acá”.

Lo mismo está ocurriendo en la costa atlántica y en el valle, donde además de todo eso hay trabajo y las condiciones de vida son muy buenas. La gente está buscando otras opciones para vivir feliz, para vivir contenta. Es un fenómeno no solo de Río Negro, sino, creo, de todo el interior.

Son todos aquellos que han querido buscar su futuro en grandes ciudades y, en un momento, hacen el balance: “¿Fue negocio irme? ¿Es negocio que yo, que soy de Junín, que soy de Azul, me vaya a vivir a Buenos Aires, cuando mi familia y mis amigos están del otro lado?”. Para buscar plata estoy todo el día trabajando y no tengo afectos. Eso se está dando en todo el país: ir a buscar una mejor calidad de vida o volver al lugar donde tenías tu calidad de vida.

—¿El sector energético está empujando en ese proceso?

El sector energético está dando mucho empleo, en niveles muy grandes. Mucha de la gente que va a trabajar, que está capacitada para ese trabajo, descubre lugares donde están asentados que son maravillosos.

Muchos empleados y trabajadores de todo lo que es petróleo y gas están alojados en las ciudades marítimas de Río Negro, en Playas Doradas, en Sierra Grande, en Las Grutas, y deciden quedarse a vivir ahí porque es alucinante vivir al lado del mar en esos lugares.

—¿Qué está priorizando hoy la gente a la hora de tomar esa decisión?

Son procesos migratorios, son procesos de cambio de consumo personales. Está cambiando todo muy rápido en materia de ese tipo de cosas: dónde vivo, qué priorizo, mi calidad de vida, mi trabajo y la calidad de vida de mi familia.

Todas las provincias del país y países de América Latina pasaron por la Feria Internacional de Turismo 2026  para exponer todo su potencial y conectar con toda la cadena productiva del turismo. La Ciudad de Buenos Aires aprovechó este marco para seguir posicionándose como la Ciudad de los eventos masivos, muchos de ellos públicos y al aire libre, lo que demanda toda una logística público y privada para recibir a cientos de miles de personas del país y el mundo. 

Enfocada en los eventos deportivos, la Ciudad participó, también dentro de la FIT, del Foro Internacional de Turismo Deportivo  con una agenda centrada en su impacto económico, territorial y social. Hubo debates sobre la organización de grandes eventos, el aumento de los viajes vinculados al deporte, infraestructura y modelos de negocio. Durante la cobertura de la feria en La Rural, la Directora General de Desarrollo Turístico de la Ciudad, Eugenia Wehbe, anticipó los próximos desafíos que combinan deportes, turismo, inclusión y religión.

NEWSTAD: ¿Qué significa para la Ciudad de Buenos Aires participar de esta edición de la Feria Internacional de Turismo?

EUGENIA WEHBE: Estamos en la edición número 30 de la FIT, la Feria Internacional de Turismo, que es una de las cinco ferias más importantes de turismo a nivel mundial.  tenemos el arco del Autódromo Gálvez, porque se viene el MotoGP el año que viene. Así que estamos muy contentos con esta ciudad capital del deporte, que vamos a hacer el año que viene.

—Justamente, el deporte viene teniendo un papel importante en la promoción turística de la ciudad. ¿Cómo se plantea Buenos Aires esta estrategia?

—El tema de los deportes a nosotros nos permite seguir posicionándonos como ciudad de grandes eventos masivos. El mes pasado, hace muy poquito, en realidad menos de 15 días, tuvimos la maratón de 42 kilómetros, que fue una maratón récord.

En esta maratón, el 30% de las personas que corrieron vinieron de afuera: son extranjeros que vinieron a correr a la Ciudad de Buenos Aires y que vinieron acompañados con equipos, con entrenadores, con familiares, que estuvieron varios días en la ciudad preparándose.

Eso permite que podamos romper la estacionalidad porque, más allá de los fines de semana largos o las vacaciones de invierno y de verano, tenemos grandes eventos que permiten que nos visiten muchas personas.

—En ese calendario de grandes eventos, ¿qué actividades se vienen para los próximos meses?

—Ahora, en este momento, en la FIT, estamos haciendo el primero Foro Internacional de Turismo Deportivo . Es la primera vez que hacemos un foro especial dedicado a hablar de los grandes eventos masivos, al deporte, al turismo y de cómo eso impacta en el desarrollo económico de la ciudad.

Se viene, por ejemplo, el Ironman y se viene el Abierto de Polo en noviembre. Entonces, estos eventos nos permiten seguir posicionándonos.

—También hubo una fuerte repercusión con la presencia de Franco Colapinto en la ciudad. ¿Qué impacto tuvo esa experiencia?

—Con el caso de Colapinto, también, que más de 600 mil personas estén en la avenida Libertador disfrutando de esta muestra de la Fórmula 1. Además, durante 24 horas estuvimos en las redes sociales de la Fórmula 1 y de Alpine, y todos pudieron ver las bellezas de la ciudad.

—La inclusión y la accesibilidad también forman parte de la agenda turística. ¿Qué importancia tienen para la ciudad?

—Vamos a lanzar el cuarto Foro Internacional de Turismo Inclusivo, que se va a realizar en el mes de diciembre en el Palacio Libertad, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante.

Hablar de inclusión y de accesibilidad es parte de la experiencia de quienes nos visitan. No tiene que ser algo especial que se haga para las personas que tienen movilidad reducida o que tienen visión reducida, sino que, cuando ellos visitan la ciudad, se tienen que sentir incluidos, que pueden moverse de manera autónoma y disfrutar como cualquier otra persona.

—Uno de los grandes desafíos que tendrá Buenos Aires será la visita del Papa. ¿Cómo se prepara la ciudad para ese acontecimiento?

—Sí, es un desafío la visita del Santo Padre. Vamos a estar recibiendo más de un millón de personas el día lunes 9 de noviembre y el martes 10 vamos a tener dos grandes eventos en el Monumento de los Españoles.

Así que toda la ciudad ya se está preparando para recibir de manera masiva a los feligreses, a los peregrinos que nos van a estar visitando.

Y, nuevamente, también es un posicionamiento internacional de la ciudad recibir al Santo Padre, por el impacto que tiene después de casi 40 años que no se recibe un Papa, pero también por el desafío de cómo vamos a articular la logística, el movimiento de las personas y seguir ofreciendo los productos turísticos y, en este caso, de turismo religioso para los que estén interesados que vengan a visitar la ciudad.

El próximo 5 de noviembre va a desarrollarse la primera edición de Argentina +Renovable 2026, un nuevo encuentro anual que buscará reunir a empresas, autoridades, especialistas y referentes técnicos de la industria de las energías renovables.

El evento se está organizando desde ahora por La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). A propósito, Martín Dapelo, secretario de Cader, anticipó a Newstad Energía 2050: “Es el primer evento que que va a hacer Cader y la idea es que mantenerlo despues en el tiempo. Es la primera edición de Argentina más renovable y es un evento 100% organizado con Cader con el objetivo de establecer las prioridades de la agenda energética y de la política energética y de renovables en el país”.

La jornada se desarrollará en Cyan Americas Towers, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con siete horas de programación continua y paneles temáticos dedicados a los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el sector energético.

La agenda incluirá distintas áreas vinculadas con la transición energética, entre ellas energía solar, energía eólica, bioenergías, almacenamiento, hidrógeno verde, movilidad eléctrica y generación distribuida.

El encuentro convocará a representantes de distintos segmentos de la cadena de valor, incluidos fabricantes, desarrolladores, consultoras, entidades financieras, aseguradoras, autoridades y representantes diplomáticos.

Según agregan desde CADER, el objetivo es generar un espacio de intercambio entre los distintos actores de la industria y abordar las perspectivas de desarrollo de las energías renovables en Argentina.

La actividad será presencial y tendrá un cupo limitado, con inscripción previa. Para los socios de CADER, la participación será gratuita, mientras que para empresas y profesionales que no pertenezcan a la cámara tendrá un costo de 100 dólares por participante.

Con este encuentro de audiencias específicas, se buscaa brindarvisibilidad, posicionamiento y oportunidades de vinculación ante paneles calificados, integrada por empresas, autoridades, especialistas, referentes técnicos y tomadores de decisión de toda la cadena de valor.

Argentina +Renovable 2026 se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre en Libertad 1070, Ciudad de Buenos Aires, con el desafío de convertirse en un evento que se vuelva una tradición para el sector de renovables.

La discusión sobre las condiciones que deben cumplir las grandes inversiones mineras y energéticas volvió a instalarse a partir de los cuestionamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a las normativas provinciales y municipales que establecen preferencias para proveedores locales. 

El planteo del Gobierno apunta a evitar que esas exigencias terminen incorporando costos adicionales o restricciones que, desde la perspectiva oficial, puedan afectar la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos de gran escala.

“Muchas provincias han empezado a desarrollar leyes que dicen que los proveedores de la industria minera tienen que ser locales, provincias o municipales. Me parece que es un problema. La Argentina se merece y puede tener en varios años tener empresas mundiales que sean proveedores de servicios mineros”, afirmó días atrás el ministro desregulador durante un evento de una fundación liberal. 

En base a estas declaraciones, Newstad Energía 2050 consultó a Nicolás Malinovsky, autor de Crítica de la energía política (2025),  y magíster en Gestión de la Energía para entender la postura oficial. Según explicó, el planteo de Sturzenegger se vincula con las regulaciones locales que buscan promover el agregado de valor y el desarrollo de proveedores en los territorios donde se radican inversiones extranjeras. “Uno pensaría y aspiraría a que eso se produzca cuando hay inversiones extranjeras en los territorios”, opinó.

Malinovsky sostuvo que la posición oficial entra en tensión con las políticas provinciales que buscan generar encadenamientos productivos alrededor de la minería y la energía. Al mismo tiempo, explicó que la lógica del Gobierno se encuentra vinculada con el régimen de incentivos para grandes inversiones, que establece condiciones destinadas a otorgar previsibilidad y reducir obstáculos para los proyectos de gran escala. 

El especialista exlica que el “compre nacional” que pretenden provincias mineras “pone en disgusto al Gobierno porque va en contra de lo que se aprobó en el RIGI o en la Ley de Bases, que eximen a las empresas extranjeras que se asienten bajo esa modalidad —extranjeras o nacionales también, pero apuntado a capitales transnacionales—. Hay uno de los artículos que plantea que no necesariamente tienen que fomentar el desarrollo de proveedores locales”

“El RIGI plantea que las empresas transnacionales podrían desarrollar proveedores locales siempre y cuando no genere retardos o sobrecostos a las empresas que lo hagan. Entonces, con esa salvedad, pueden quedar eximidas”, agregó.

Desde la perspectiva del Gobierno de Javier Milei, el objetivo es evitar que las inversiones que ingresan al país bajo el RIGI enfrenten, una vez aprobadas a nivel nacional, nuevas exigencias regulatorias en las jurisdicciones donde se desarrollan los proyectos. La discusión, por lo tanto, no se limita al denominado “compre local”, sino que involucra el equilibrio entre las facultades provinciales, los incentivos nacionales a la inversión y la necesidad de garantizar condiciones homogéneas para proyectos que requieren desembolsos de gran magnitud.

Malinovsky también vinculó el planteo con las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien señaló la necesidad de profundizar las reformas en las provincias y los municipios luego de los cambios implementados a nivel nacional. El análisis introduce así una dimensión adicional al debate: el impacto que las reglas locales pueden tener sobre sectores considerados estratégicos para la inversión extranjera, particularmente minería, hidrocarburos y energía.

En ese punto aparece una particularidad del sistema argentino. Tras la reforma constitucional de 1994, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Esto significa que, mientras la Nación define marcos generales para atraer inversiones y establece regímenes como el RIGI, las provincias conservan competencias centrales sobre los recursos mineros y energéticos. 

Para Malinovsky, esa distribución de competencias explica buena parte de la disputa actual y plantea un escenario en el que Nación, provincias y municipios deben compatibilizar sus regulaciones.

La posición del Gobierno nacional parte de una premisa diferente: para atraer inversiones internacionales en sectores intensivos en capital, Argentina necesita reducir la cantidad de obstáculos regulatorios y garantizar reglas previsibles. Desde esa mirada, las exigencias de contratación de proveedores locales pueden resultar positivas cuando mejoran la integración productiva, pero se convierten en un problema cuando obligan a las compañías a contratar en determinadas condiciones aun cuando eso implique mayores costos o demoras.

El conflicto plantea, en definitiva, una discusión sobre qué tipo de desarrollo productivo busca promover la Argentina: mientras las provincias mineras y energéticas pretenden que las grandes inversiones tengan un impacto directo sobre sus empresas y trabajadores, la Nación procura que esas condiciones no se conviertan en barreras para el ingreso de capital.

Cristina Fernández de Kirchner quiere jugar en las próximas elecciones, de eso ya no cabe duda. Por eso desde hace pocos meses ha reforzado su postura respecto a una condena que está “basada en nada”, según repite su defensa. 

Hace poco inclusive plantearon que la expresidente, si quisiera, podría participar de las elecciones PASO, argumentando de que esos comicios no son para un cargo efectivo. El impacto de semejante decisión sería la presión social, en caso de obtener un resultado digno, aunque en realidad esa estrategia no resiste análisis.

Esta semana, el nuevo aporte de los abogados Carlos Berarldi junto a las incorporaciones del brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, son documentos que probarían que no hubo beneficios ni direccionamiento en obra pública en favor de Lázaro Báez. 

Inclusive uno de los datos aportados a los que accedió Newstad indican que la constructrora que más financiamiento recibió fue IECSA S.A., propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

En diálogo con Newstad, el abogado Javier Borrego, da más detalles de este nuevo paso en la estrategia de una Cristina Kirchner que no quiere soltar la lapicera. 

¿Qué es la nueva prueba que según ustedes modifica la esencia de la condena contra Cristina Kirchner?

Apareció un testigo propuesto por la Fiscalía en la causa Cuadernos. El testigo aporta una serie de datos y se observa que allí están los pagos hechos por obras viales a lo largo de esos años. Esa es la nueva prueba.

¿Por qué esta nueva prueba aparece tan tarde?

En realidad, no es nueva. El abogado Beraldi pidió esta prueba ante el Tribunal Oral Federal y le dijeron que no. El 80% de la prueba que pidió fue rechazada. Recurrió ante la Cámara Federal de Casación, y también le dijeron que no. Recurrió en queja, y nuevamente le dijeron que no. Finalmente, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que tardó tres años en decir que no. Es decir, nunca se examinaron los pagos hechos con el fideicomiso de ese decreto.

¿Qué indican esos números que están mostrando ahora?

Toda la sentencia se basa en que Cristina publicó un decreto estableciendo que ese fideicomiso sería para pagarle a Lázaro Báez. Lo que se ha demostrado es que ese fideicomiso no pagó obras de Lázaro Báez ni en un 0,83%. Es decir, todo lo que dice la sentencia sobre el fraude y el abuso de Cristina es como un azucarillo: se ha deshecho.

¿Por qué en la condena a CFK esto no fue tenido en cuenta?

La única explicación es que han querido hacer un Don Quijote al revés y han visto gigantes donde solo hay 18 millones dentro de 2.200. No hay más.

¿Con esto van a la ONU?

Esta nueva prueba va a ser puesta de manifiesto en octubre ante la ONU, a ver si nos dan tiempo de verlo.

Los abogados afirman que estos documentos van en contra de la esencia de la condena, por lo que sueñan con que la ONU tome el caso y se expida. 

Sobre esta instancia, el abogado penalista Augusto María Cassiau es tajante: “El Comite de la ONU no es un tribunal, no emite sentencias . Nada obliga a un juez argentino a modificar una sentencia porque este comité opine distinto”. 

El letrado recuerda además que el caso ya agotó todas las instancias previstas por la ley. Y respecto a la posibilidad de que CFK aún condenada igual se presente a las PASO, resalta: “Tampoco resiste análisis. La ley 26571 exige para ser oficializada como precandidata cumplir con los mismos requisitos que se piden para el cargo final. Es como si dijeran que un jugador al que le prohibieron para siempre jugar en la selección que igual puede viajar en el plantel, entrenar y estar en el banco de suplentes. Esta apelación no tiene validez, es política y simbólica”. 

En Santiago del Estero, una empresa desarrolla una alternativa para enfrentar uno de los desafíos más sensibles de la región: el acceso al agua segura. Samai Hidro impulsa un proyecto que utiliza tecnología de generación atmosférica de agua (AWG) para captar la humedad presente en el aire, transformarla en agua y someterla a un proceso de tratamiento para obtener un recurso apto para el consumo.

La iniciativa combina esta tecnología con generación de energía solar y sistemas de monitoreo digital, con pruebas que buscan determinar su capacidad de producción y sus posibilidades de implementación en distintos contextos. El objetivo es avanzar hacia un modelo descentralizado que pueda aportar una nueva fuente de abastecimiento, especialmente en zonas donde la infraestructura hídrica presenta mayores dificultades.

El desarrollo, que tiene a Santiago del Estero como punto de partida, plantea así una combinación entre innovación tecnológica, energías renovables y gestión del agua. La propuesta de Samai Hidro apunta a evaluar hasta dónde puede llegar esta tecnología y qué escala podría alcanzar como solución para comunidades y actividades productivas.

El CEO de Samai Hidro, Enzo Trungelliti, amplió a Newstad detalles del proyecto y su aporte a las energías renovables:

Justamente unos de los test que realizamos durante estos meses, fue  integrar un set de Paneles fotovoltaicos, baterias y un inversor/regulador para ocuparnos de la alimentación de los generadores de Agua. Los resultados fueron altamente positivos por lo cual ya tenemos un modelo de consumo que nos permite tabular la composicion de cada equipo solar segun el contexto donde se analice puntualmente la Generacion

Absolutamente,  lo vemos como un combo perfecto donde la tecnología de generación de agua atmosférica se nutre de 2 recursos renovables y abundantes, la luz y la humedad ambiente, para generar Agua. Simplificando en una formula fisica metaforica podemos asegurar que con nuestros generadores Samai es válido afirmar que Sol+Humedad= Agua por mas extraordinaria que suene esa formula

Efectivamente,  nuestra vision es que los generadores,  aun siendo perfectos para trabajar individualmente, se agrupen en redes de cercanía para multiplicar el efecto directo de abastecimiento y que ademas estas redes cubran cada vez mayor territorio. Ademas del lógico efecto de abastecimiento de agua segura,  contribuye ambientalmente eliminando por ejemplo la contaminación ambiental que actualmente generan los vehículos que trabajan en la logística de la distribucion, solo por citar un ejemplo

La diputada nacional por Salta Gabriela Flores destacó en comunicación con Newstad Energía 2050 el entendimiento alcanzado entre los gobernadores del Norte y el Gobierno nacional para avanzar con un esquema de compensaciones por el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas. 

El acuerdo aparece vinculado al tratamiento en el Senado de la reforma del régimen de Zonas Frías, que reduce el alcance de los subsidios al gas y cuya discusión el oficialismo busca destrabar.

Flores sostuvo que se trata de una cuestión que trasciende las diferencias partidarias y destacó especialmente la participación del gobernador Gustavo Sáenz. “Sé que el gobernador se sentó en una reunión que nos beneficia muchísimo a todos los salteños, independientemente del sector político al que pertenezcamos, beneficia a los habitantes de las zonas cálidas”, afirmó.

En ese sentido, consideró que existe “una deuda muy grande que tenemos con las regiones del norte”, al remarcar las condiciones climáticas que atraviesan esas provincias. “Hay localidades donde hacen 50 grados tres cuartas partes del año y es muy difícil vivir sin utilizar energía para las heladeras, el aire acondicionado o cualquier elemento que permita mantener condiciones básicas de supervivencia. Es la misma necesidad que tienen quienes viven en las zonas frías”, explicó.

La legisladora también valoró el diálogo entre los mandatarios provinciales y Nación: “Sé que el gobernador se sentó, dialogó y se logró el acuerdo. Esa es la forma en la que nosotros venimos trabajando”. El planteo de las provincias norteñas busca que el eventual rediseño del régimen de subsidios al gas tenga como contrapartida un mecanismo de asistencia para los usuarios del Norte, donde el consumo eléctrico se dispara durante el verano. 

Flores también se refirió al escenario político y pidió postergar la discusión electoral. “Por fuera está la política. Se habla de candidatos y, para ser honesta, yo estoy fuera de esa discusión. Estoy trabajando dentro del Congreso y pensando en la gestión”, afirmó. Y agregó: “Creo que es un grave error adelantar procesos electorales y hablar de alianzas cuando todavía falta un año, o un poco más, para las elecciones nacionales”.

Finalmente, la diputada salteña enumeró las dificultades que, según su mirada, deberían concentrar la agenda legislativa: “El país está en una situación complicada, el campo está complicado, los jubilados están complicados y los comercios están complicados. Nuestra función es abocarnos a resolver esos problemas”.

El senador correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola confirmó que trabaja para reunir los consensos necesarios y que la intención es obtener dictamen ésta semana.

Espínola remarcó la importancia de destrabar el debate y avanzar con una propuesta que contemple las distintas realidades regionales. En ese marco, sostuvo que “hay que buscar los consensos necesarios para que la próxima semana podamos tener dictamen” y planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la situación de las provincias alcanzadas por el régimen y los reclamos de las jurisdicciones del Norte.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó la estrategia de la provincia para recuperar competitividad y avanzar en la reconversión de una cuenca hidrocarburífera madura hacia el no convencional. Lo hizo durante su participación en el panel que cubrió Newstad Energía 2050, “Energía: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina” del Council of the Americas 2026, en Buenos Aires. 

Junto a otros mandatarios, sostuvo que el principal desafío es lograr que el desarrollo energético se traduzca en inversiones, infraestructura y una mejora concreta en la calidad de vida de los ciudadanos.

Torres planteó que Chubut atraviesa una situación diferente a la de Vaca Muerta debido a su ciclo geológico. “Hay dilemas que son similares en el caso de Vaca Muerta y en el caso de Chubut, que es un ciclo geológico distinto. Nosotros estamos en una etapa similar a la del 2010, aproximadamente: una cuenca madura, donde estamos camino a reconvertirla hacia el no convencional”, explicó.

En ese contexto, señaló que “el gran desafío que tenemos es un desafío de competitividad” y remarcó que para alcanzarlo deben participar distintos sectores. “Ahí tiene que estar el Estado provincial, el Estado nacional —es necesario—, pero también los sindicatos”, sostuvo. Para el mandatario, uno de los puntos centrales es “sostener la paz social” y encontrar la manera de competir con “cuencas mucho más activas, como es Vaca Muerta”.

El gobernador destacó como un aspecto central el entendimiento alcanzado entre los distintos actores de la actividad. “Nosotros logramos algo que es muy importante desde lo simbólico, en una Argentina que siempre se agrieta entre el empresariado y los trabajadores: o proempresa o sos protrabajador”, afirmó. En esa línea, valoró la mesa de diálogo en la que participaron “todos los gremios, las operadoras, el Gobierno nacional y la provincia”, donde, según remarcó, “cada uno puso su parte” para alcanzar el objetivo de recuperar competitividad.

Torres explicó que el esquema busca atraer nuevos jugadores tras la salida de YPF de algunas áreas y promover mayores inversiones en el segmento convencional. “Ante una salida de YPF, tener nuevos actores que inviertan más en el convencional”, planteó, y agregó que la provincia avanzará con una reducción de regalías “sobre todo en áreas marginales”.

El mandatario también resaltó los compromisos asumidos por las compañías para mejorar la competitividad de las operaciones. “Se comprometieron también a ser más competitivos en la forma de operar, lo que hicieron las empresas, las operadoras”, señaló. Además, destacó que “el ahorro fiscal que le generaban justamente estas medidas de alivio fiscal se reinvierte íntegramente en la cuenca”.

En ese marco, Torres destacó la incorporación de la actividad convencional al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Cuando se empezó a hablar del RIGI, la actividad no estaba incluida. Hoy podemos decir que el primer RIGI convencional, de más de mil millones de dólares en la provincia de Chubut, se va a dar justamente gracias a que el Gobierno nacional entendió que también hay oportunidades de inversiones en cuencas convencionales como la de Chubut”, afirmó.

El gobernador también puso el foco en el impacto que debe tener el desarrollo hidrocarburífero sobre las comunidades. “No es de un día para el otro”, advirtió, y sostuvo que la licencia social para avanzar con la reconversión de la cuenca debe estar acompañada por resultados concretos para la población.

“Esa licencia social que logramos para poder reconvertir la cuenca, en una ley que se aprobó el año pasado, tiene que verse reflejado en el metro cuadrado de la ciudadanía”, afirmó Torres. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tenemos que poder demostrarle a la gente que esas inversiones se ven reflejadas en mejor calidad de vida”.

Como ejemplo, mencionó la situación de Comodoro Rivadavia y cuestionó la distancia entre la riqueza generada por la actividad petrolera y la resolución de necesidades básicas. “Comodoro Rivadavia generó aproximadamente 300 mil millones de dólares solamente en producción de hidrocarburos. ¿Cuánto produjo para solucionar el problema de acceso al agua, algo tan básico?”, planteó.

Torres sostuvo que las inversiones deben estar acompañadas por infraestructura que permita transformar el desarrollo energético en crecimiento económico. “Las inversiones tienen que venir de la mano de mejor infraestructura que verdaderamente permita dinamizar la economía y diversificar la economía”, afirmó.

El gobernador cerró destacando la coordinación entre las provincias patagónicas para avanzar con obras estratégicas. “Después de muchas discusiones, hoy tengamos una agenda de desarrollo común entre los patagónicos”, señaló, y mencionó la ejecución conjunta de obras de gas y el financiamiento de infraestructura interprovincial.

Entre esas iniciativas, destacó “un gasoducto que es interprovincial para Chubut, Río Negro y Neuquén” y también obras viales vinculadas con rutas nacionales. Para Torres, este esquema representa una nueva forma de articulación entre las provincias: “Esa es la forma de trabajar entre los estados subsoberanos”.

El mandatario cerró con un mensaje de continuidad sobre esa estrategia y remarcó la necesidad de sostener la coordinación con la Nación: “Tenemos que lograr sostenerlo en el tiempo, junto con el Gobierno nacional”.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, formó parte del Council of the Americas que tuvo lugar hace pocos días en Buenos Aires y fue cubierto por Newstad.  El mandatario puso en valor el desarrollo de Vaca Muerta, al tiempo que destacó la necesidad de acompañar el crecimiento de la actividad energética con inversiones en infraestructura, educación, salud y seguridad.

Durante su exposición, Figueroa remarcó que Vaca Muerta “es necesaria, pero no suficiente” para garantizar el desarrollo. En ese sentido, cuestionó la idea de que el yacimiento sea una fuente automática de riqueza. “Cuando mencionamos a Vaca Muerta, parece que fuera la lámpara de Aladino, que uno la frota y surge riqueza”, sostuvo.

El mandatario neuquino recordó que la provincia produce gas y petróleo desde hace décadas y señaló que “hasta 2013” lo hacía “de manera convencional” y que desde entonces avanzó en la producción no convencional. Ahora, explicó, el objetivo es ampliar las posibilidades de exportación: “Estamos edificando la posibilidad de poder salir al mundo con GNL”.

Figueroa consideró que el desarrollo alcanzado fue posible porque “el ecosistema estaba armado”, pero destacó que actualmente “se han reunido todos los actores para poder hacer una propuesta exitosa, de una vez por todas”. En ese marco, valoró especialmente las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y la incorporación de la actividad energética al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Primero, aplaudo una y otra vez la iniciativa que ha tenido el Gobierno Nacional de poder escucharnos cuando nosotros pedimos que el RIGI debía contemplar también” al sector energético, afirmó. Para el gobernador, “las promociones en energía fueron, creo, la clave para que nosotros podamos salir de manera competitiva al mundo”.

El gobernador también destacó la importancia de que la producción de Neuquén pueda orientarse cada vez más hacia los mercados internacionales. “La productividad marginal de Neuquén va toda a exportación, con lo cual estamos mirando cuál es el precio del commodity en el mundo”, explicó. Y agregó: “Para poder lograr ese precio, creo que todos los actores nos hemos alineado para poder ser mucho más competitivos”.

En esa línea, Figueroa resaltó el rol de la estabilidad macroeconómica y planteó que las divisas generadas por la actividad energética pueden contribuir al programa económico nacional. “La mayor estabilidad también es importante, que genera un círculo virtuoso porque las divisas generadas en Neuquén, a su vez, le dan rentabilidad al programa económico”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de Vaca Muerta también implica mayores demandas sobre la infraestructura y los servicios públicos de la provincia. “No se puede dejar de mirar esto”, sostuvo, y remarcó que Neuquén debe generar “toda la sustentabilidad social” necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad.

Figueroa puso como ejemplo las obras que lleva adelante su administración. “Nos vamos a poder acercar al plato de producción que nosotros queremos lograr al 2030, y que le va a hacer muy bien a toda la Argentina”, señaló. Para alcanzar ese objetivo, destacó el esfuerzo provincial en infraestructura vial y educativa.

“Hoy estamos estamos repavimentando  650 kilómetros”, ejemplificó. Además, recordó que “en toda la historia de la provincia de Neuquén existen mil kilómetros de ruta” y sostuvo que el objetivo es realizar en cuatro años una cantidad de obras significativa para acompañar la expansión productiva.

En materia educativa, señaló que la provincia está construyendo “100 mil metros cuadrados de escuelas”, de los cuales “65 mil de esos metros cuadrados son de escuelas técnicas”. Según explicó, esto representa “diez nuevas escuelas técnicas”. Para dimensionar, comparó: “Para que tengamos noción de cuánto son 100 mil metros cuadrados: son tres estadios de River”.

El gobernador también hizo hincapié en el impacto demográfico que está teniendo el desarrollo energético. “Están llegando 70 personas por día, con cambio de domicilio a la provincia de Neuquén”, afirmó, y señaló que durante el primer semestre se registró un fuerte crecimiento de la población.

“Esas condiciones que va generando la energía evidentemente son un atractivo. Neuquén ha crecido siempre recibiendo gente, pero este fenómeno, por supuesto, es de 500%”, sostuvo Figueroa, quien remarcó que ese incremento obliga a ampliar de manera permanente la infraestructura y los servicios.

Finalmente, destacó el papel de los distintos sectores vinculados a la actividad hidrocarburífera y, particularmente, de los sindicatos. “Debo destacar el trabajo de los sindicatos, que también se han alineado con este pensamiento de poder ser” parte del proceso, afirmó.

“Somos las pequeñas empresas también. Entonces, creo que cpn toda la cadena de trabajo estamos haciendo que Vaca Muerta pueda ser exitosa”, concluyó Figueroa, al reivindicar la articulación entre el sector público, las empresas, los trabajadores y las pequeñas y medianas compañías para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta.

Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal bonaerense solicitó que se investiguen las circunstancias del viaje que la senadora provincial Malena Galmarini hizo a Barbados junto a su esposo, Sergio Massa, y otras personas.

La presentación, a la que tuvo acceso Newstad, apunta a determinar quién pagó los vuelos, cuál fue el costo real del traslado y si Galmarini abonó alguna suma por utilizar una aeronave privada que, según la denuncia, estaría vinculada al empresario Francisco de Narváez.

El abogado Leandro César Furundarena Micheli, autor de la denuncia, pide además que se investigue si el eventual beneficio pudo tener alguna relación con la función pública que desempeña la legisladora bonaerense.

El letrado recuerda en diálogo con este medio que “fueron cuatro viajes en total por una suma de 400 mil dólares”. Y resume: “Queremos que se investigue si hubo algún tipo de aceptación con motivo del cargo de la senadora Galmarini y posible violación a la ética pública. Abrimos el paraguas para que se libren los oficios necesarios para ver que estos viajes hayan sido todos en regla”. 

La presentación es explícita al aclarar que no busca dar por probado un delito. “La presente denuncia no implica afirmar anticipadamente la existencia de delito ni atribuir responsabilidad penal sin la correspondiente investigación”, sostiene el escrito, que reclama precisamente el esclarecimiento de las circunstancias denunciadas.

Según el relato incluido en la denuncia, Galmarini habría viajado durante agosto a Barbados junto a Massa y otras personas, utilizando para una parte sustancial del recorrido una aeronave privada tipo Gulfstream “perteneciente o vinculada” a Francisco de Narváez.

El denunciante sostiene que las publicaciones periodísticas que dieron origen a la presentación indicaron que el viaje habría sido una invitación. Si esa circunstancia se comprobara, plantea, debería establecerse quién afrontó el costo del traslado y cuál fue el beneficio económico eventualmente recibido por la funcionaria.

También menciona una estimación periodística de 400 mil dólares para el conjunto de los vuelos, aunque el propio escrito aclara que esa cifra “se incorpora exclusivamente como información periodística cuya comprobación se solicita y no como un hecho definitivamente acreditado”.

En otro de sus pasajes, la denuncia remarca que “el mero hecho de que una funcionaria pública viaje en una aeronave privada no constituye, naturalmente, conducta delictiva alguna”. El punto central, según la presentación, es establecer si existió un beneficio gratuito, quién lo financió y por qué motivo habría sido otorgado.

Uno de los aspectos sobre los que la denuncia pide avanzar es la eventual existencia de relaciones entre De Narváez —o empresas vinculadas a él— y el Estado bonaerense.

El escrito solicita investigar si el empresario o sociedades de su grupo mantienen o mantuvieron “contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, relaciones comerciales, intereses regulatorios o cualquier otro vínculo” con decisiones que puedan involucrar a la Provincia de Buenos Aires.

En paralelo, pide relevar la actividad legislativa desarrollada por Galmarini desde el inicio de su mandato para determinar si existió alguna vinculación funcional relevante entre la tarea de la senadora y quien eventualmente hubiera proporcionado o financiado el traslado.

La denuncia sostiene que una conexión de ese tipo podría modificar la valoración jurídica del caso, aunque no afirma que esa relación exista: justamente pide que sea la investigación la que determine si hay elementos que la acrediten o descarten.

El denunciante considera que, de manera inicial y provisoria, los hechos podrían ser analizados bajo la figura de admisión de dádivas, prevista en el artículo 259 del Código Penal.

Pero también aclara que esa calificación no es definitiva y dependerá de lo que pueda establecer la investigación. Para eso, pide determinar quién proporcionó el traslado, quién contrató y pagó los vuelos, cuál fue su valor comercial y si Galmarini realizó alguna contraprestación económica.

Entre las medidas requeridas al Ministerio Público Fiscal figuran pedidos de información a autoridades aeronáuticas, aeroportuarias y migratorias para reconstruir los vuelos, identificar las aeronaves utilizadas, conocer sus rutas, fechas y operadores.

También solicita establecer quién organizó y solventó los vuelos, quién emitió las facturas o documentos comerciales y si la senadora realizó algún pago, reintegro o compensación por su participación en el viaje.

En su petitorio final, la presentación reclama específicamente que se investigue si Francisco de Narváez o empresas vinculadas a él tuvieron relaciones económicas, contractuales o regulatorias con organismos de la Provincia y que esa información sea confrontada con la actividad legislativa de Galmarini.

Diego Santilli sigue dandole un aire a la gestión de Javier Milei. Esta semana el Gobierno nacional, representado por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía Luis Caputo, reunió a los gobernadores del Norte Grande: acordaron avanzar en un esquema de subsidios para los usuarios de las denominadas zonas cálidas, con el objetivo de reducir el impacto de las altas temperaturas sobre el consumo eléctrico. 

La medida contempla una segmentación tarifaria específica para estas regiones y busca ampliar el alcance de los beneficios para los hogares de menores ingresos

Una de las provincias que sería beneficiada es Corrientes. El gobiernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con Newstad, se mostró confiado en que de esta manera el poroteo alcanzaría para que, a cambio de este acuerdo de zonas cálidas, se logre el cambio en “zonas frías” sobre subsidios al gas: “El reclamo fue escuchado y vamos a continuar trabajando para que la Ley de Zona Fría pueda votarse la semana que viene en el Senado”, adelantó.

—¿Qué cambios se producirían para los usuarios de las provincias del Norte si finalmente se aprueba la ley?

Una vez que se apruebe definitivamente la Ley de Zona Fría, el Ministerio de Economía va a activar una resolución para regular los bloques de zonas cálidas y muy cálidas. Esto nos va a permitir a los correntinos tener tarifas diferenciadas para las zonas cálidas y muy cálidas.

—¿También están gestionando que toda la provincia de Corrientes sea considerada zona muy cálida?

Sí. Estamos haciendo otra gestión con el interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, para pasar toda la provincia a zona muy cálida. De esta manera, más hogares podrán contar con esta tarifa diferenciada, que es una tarifa muy importante.

—¿En qué consiste concretamente esta tarifa diferenciada y cómo impactaría en las facturas?

La tarifa diferenciada implica diferenciar el valor del costo del kilowatt, lo que permite que la factura disminuya de manera importante. Hay que aclarar que no es automático: es para quienes ya están inscriptos en el régimen de subsidios. Además, se va a aumentar la capacidad subsidiada de 300 a 500 kilovatios y, de esta forma, vamos a poder llegar a más de 180.000 hogares.

—¿Cuándo comenzaría a aplicarse el beneficio si el Senado aprueba la ley?

Si se aprueba la Ley de Zona Fría el próximo 26 de agosto, esto estaría entrando en vigencia a partir de la primera semana de septiembre. De esta manera, los hogares correntinos van a tener una baja sustancial en sus facturas.

—¿Quiénes podrán acceder a esta tarifa diferenciada?

Está destinada a las personas que tengan ingresos inferiores a tres salarios mínimos, que actualmente son alrededor de 3,7 millones de pesos. Todos los que cumplan con esa condición podrán acceder a esta tarifa. Estamos hablando de cerca del 75% de los usuarios.”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Luján, Alberto Nicosia, y la vicepresidenta de la entidad, Rosana Cordero, participaron de un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) al cual fue invitado Newstad Energía2050. Se analizaron los regímenes RIMI y RIGI para proveedores y los principales desafíos que enfrenta actualmente el proceso de transición energética.

Durante la jornada, las autoridades de la cámara empresaria compartieron experiencias desarrolladas en Luján y fortalecieron el vínculo institucional con CADER, con el objetivo de acercar a las empresas locales nuevas herramientas para reducir costos, promover inversiones y mejorar su competitividad. 

El encuentro también permitió analizar la evolución de los precios de la energía, el proceso de desregulación del mercado y los incentivos disponibles para proyectos de eficiencia, digitalización y generación renovable.

Uno de los ejes fue la experiencia de Rosana Cordero, quien presentó una hoja de ruta de descarbonización que desarrolla desde hace más de una década y que tiene como meta alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2030. 

El planteo apunta a mostrar que la transición energética excede la incorporación de fuentes renovables y requiere combinar eficiencia, renovación tecnológica, mediciones 4.0 y gestión basada en datos, además de modificaciones en los procesos productivos y en la cultura de las organizaciones.

En ese marco, también se destacó el trabajo de la Escuela Enercoop, orientado a la formación y reconversión de profesionales y técnicos para incorporarlos a la denominada economía verde. La capacitación busca responder a la creciente demanda de especialistas en eficiencia energética y en la instalación y operación de tecnologías renovables, con la expectativa de que la transición genere no solo ahorro e inversiones sino también nuevas oportunidades laborales y de desarrollo local.

Otro de los proyectos presentados fue el desarrollo de un parque de generación renovable comunitaria para Luján, una iniciativa impulsada por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios en articulación con la Cooperativa Eléctrica y el Municipio. 

El objetivo es estrictamente productivo: mejorar la competitividad de las industrias, acompañar la expansión de la actividad económica y contribuir a mejorar la calidad del suministro energético de la red local.

Durante el intercambio se analizaron los desafíos técnicos, económicos y regulatorios que presenta un proyecto de estas características. En particular, los empresarios señalaron que para la comunidad industrial de Luján la disponibilidad de potencia adquirió una importancia creciente, incluso por encima del costo de la energía consumida. Por ese motivo, el parque comunitario podría convertirse en una primera plataforma para avanzar, en futuras etapas, hacia soluciones destinadas a gestionar la potencia y mejorar la calidad energética.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparece la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante baterías, conocidos como BESS (Battery Energy Storage Systems). Su eventual implementación dependerá de la factibilidad técnica, económica y regulatoria del proyecto, pero permitiría complementar la generación renovable con herramientas para administrar de manera más eficiente la energía disponible.

De esta manera, el sector empresario de Luján busca abordar la transición energética desde una perspectiva integral, que combine generación renovable, eficiencia, innovación tecnológica, capacitación y articulación entre empresas, cooperativas y organismos públicos. 

El objetivo final es convertir las nuevas herramientas energéticas en un factor de competitividad y desarrollo productivo para la industria local.

 Cristina Kirchner avanza desde hace pocos días con una nueva estrategia judicial que apunta directamente a revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió tras la condena en la causa Vialidad. La expresidenta decidió llevar su reclamo al Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de cuestionar el proceso judicial y recuperar la posibilidad de competir en 2027. 

La presentación internacional fue realizada por su equipo de abogados, que incorporó al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España, y al brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa jurídica de Luiz Inácio Lula da Silva. La nueva defensa que sumó Cristina solicitó tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación política y flexibilizar su prisión domiciliaria. El planteo sostiene que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales y que la condena tuvo como consecuencia política su exclusión de futuras elecciones.

El objetivo político de fondo es 2027: si el organismo internacional acepta el reclamo y avanza con las medidas solicitadas, Cristina podría intentar recuperar la habilitación para presentarse como candidata.

Inclusive sus nuevos abogados lanzaron la idea de que la condenada puede participar de las elecciones PASO ya que son comicios preparatorios y no para un cargo efectivo. El objetivo sería generar presión social. Pero hasta el momento no mucho más. Una pregunta que queda en el aire y es si esta ocurrencia afectaría más a La Libertad Avanza (que además busca eliminar las PASO) o al propio peronismo. El PJ no disimula sus diferencias respecto a las posturas de “Cristina libre” o cortar el cordón umbilical con la presa. 

En las últimas horas, Santiago Cúneo, que acaba de afiliarse al peronismo, dijo que el único motivo por el cual Cristina sigue logrando alguna notoriedad es, justamente, porque está presa. 

De hecho en la cumbre Kicillof Massa Máximo junto a gobernadores candidateables del PJ el nombre de Cristina no se dijo ni por lo bajo. Se excusan diciendo que “fue una reunión de compañeros” y que no se definieron nombres propios para batallar contra Milei 2027. Las dificultades son muchas: a Sergio Tomás ninguna encuesta le da chances, al hijo de la presa mucho menos y Kicillof está, al menos por ahora. muy condicionado por el fuego amigo de La Cámpora. Esto, como explicó Newstad, le abre el juego a algún gobernador que pueda mostrar buena gestión. 

Además, volviendo al dilema Cristina, existe una discusión jurídica sobre el alcance que tendría una eventual resolución de la ONU dentro de Argentina: mientras su defensa sostiene que sería vinculante, especialistas advierten que los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos pueden ser considerados recomendaciones y no necesariamente una instancia capaz de revisar una sentencia de la Corte Suprema. 

En este contexto, Newstad dialogó con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que sin rodeos plantea que Cristina debe conducir el peronismo, la quiere de candidata pero también tira alternativas, siempre reclamando una unidad que hoy todavía está lejos de verse. 

—¿Qué contraste plantean ustedes sobre la situación actual del país y sobre el rol de las políticas públicas?

Diría “Éramos tan felices y no nos dimos cuenta”. Después está lo que pasa con el país: desde las políticas públicas, un presidente puede destruir un país, como lo está haciendo Milei. Puede disgregarlo, puede hasta poner una bandera de remate, como intentó hacerlo con la Ley de Tierras. También está la otra cara de la moneda: cómo se puede construir un país a través de políticas públicas.

— Insisten en la frase “que vuelva el peronismo, que vuelva Cristina”. ¿Tiene que ser con ella?

Si vos me decís “Cristina candidata”, firmo con las dos manos, los dos pies y con el corazón. Creo que nadie representa mejor las necesidades y la realidad de la Argentina, la resolución de los problemas de la sociedad argentina, sin perjudicar a ninguno de los sectores.

Cada vez que ha gobernado el peronismo, y sobre todo de la mano de Cristina y Néstor, todos los sectores han progresado: los trabajadores, los sectores más vulnerables, pero también la educación. Se puede gobernar con todos adentro.

—Si Cristina no pudiera ser candidata, ¿quién podría representar al peronismo?

Si Cristina no pudiera, hoy tenemos a nuestro querido gobernador, que naturalmente puede ser nuestro representante el año que viene. Pero todo con Cristina o nada, nada sin Cristina.

Pero también tenemos a Sergio Massa, que no ha sido presidente por muy poquitos puntos. Tenemos a un exgobernador como Sergio Uñac, que también es una posibilidad. Y puede haber muchas más y debe haber muchas más.

—¿Cuál debería ser entonces el camino del peronismo hacia las próximas elecciones?

Lo único que siempre tenemos que hacer es transitar el camino de la unidad, con todos adentro, con todo el campo popular, con el eje del peronismo adentro y conducido por quien hoy no puede salir de ese departamento.

El desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de petróleo y gas conviven con un escenario de fuerte preocupación por la situación de la industria argentina. Para Jorge Lapeña, ingeniero industrial y referente histórico del sector energético, esa contradicción expone una de las principales dificultades que enfrenta el país: transformar la disponibilidad de recursos hidrocarburíferos en una política de desarrollo industrial que permita generar empleo y producir bienes de mayor valor agregado.

En diálogo con Newstad, Lapeña analiza el rumbo del sector, cuestiona la persistencia de la emergencia energética y plantea la necesidad de un plan de largo plazo que contemple petróleo, gas, energía nuclear, hidroeléctrica y renovables.

—¿Cómo analiza el crecimiento de Vaca Muerta en un contexto de caída de la actividad industrial?

Es un país en el que, si bien la producción de petróleo y gas viene creciendo, tenemos una economía industrial en caída. Hay que tener en cuenta que la industria tiene una gran proporción dentro del producto que generamos. Entonces, tener una industria argentina que cierra fábricas y echa gente, que disminuye el empleo, como lo ha denunciado claramente la Unión Industrial Argentina, me parece que es una señal de alarma.

—¿Qué debería hacer la Argentina para aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta y, al mismo tiempo, fortalecer su industria?

Creo que es un llamado de atención. Por un lado, tenemos un yacimiento gigante como Vaca Muerta, produciendo con saldo positivo y pudiendo exportar; pero, por otro lado, tenemos una industria que no alcanza a competir con la industria internacional.

Yo creo que hay que poner la lupa en por qué la industria argentina no puede competir. El objetivo de la Argentina debe ser que, asociado a tener el yacimiento de Vaca Muerta y producir petróleo, tengamos la posibilidad de que ese petróleo sirva como un insumo para nuestro proceso industrial en todas las ramas. Es decir, que sea un producto consumido en Argentina para producir bienes industriales de alto valor agregado. Eso no existe.

—¿Cómo evalúa la política energética del Gobierno y el manejo de la emergencia energética?

El Gobierno ha manejado el sector energético en una situación de emergencia permanente, que se va renovando por decreto cada vez que vence un período de emergencia. Es un gobierno que se perfila como el gobierno de la emergencia energética permanente.

Si estamos en emergencia permanente, es porque los problemas, lejos de ser resueltos, se van acumulando con el paso del tiempo.

—¿Qué debería contemplar un plan energético para los próximos años?

Creo que es el momento de generar un plan energético bien definido, bien financiado y que cumpla con todas las condiciones que necesitamos para ser un país en expansión.

Hay que aumentar la oferta hidroeléctrica, por ejemplo. Hay que pensar en cómo sigue el plan nuclear argentino, pero no crear un plan pensado para la inteligencia artificial o para otras partes del planeta, sino un plan nuclear energético.

Estamos hablando de este tema y pareciera que no existe ningún plan de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, del Gobierno y de su Comisión Nacional de Energía Atómica, que nos diga cuál es el futuro de las centrales nucleares en la generación de energía eléctrica de la Argentina.

—¿Y qué pasa con la generación hidroeléctrica?

No se conocen proyectos hidroeléctricos nuevos como hubo en los últimos 50 años, cuando la Argentina hizo grandes obras hidroeléctricas para abastecer su propio sistema. Yacyreta, Salto Grande son ejemplos; El Chocón es otro; Piedra del Águila es otro; Cerros Colorados, Alicurá, etcétera.

Todas esas obras entraron en servicio a lo largo de más de 50 años y necesitan ser refaccionadas para extender su vida útil. Esa va a ser una inversión de magnitud en el parque hidroeléctrico que tiene la Argentina, para que pueda seguir generando en forma segura y, además, construir, en la medida en que se pueda, nuevas centrales hidroeléctricas.

Tampoco se conoce un plan energético que contemple cómo la Argentina hace su aporte a las energías que no producen gases de efecto invernadero. Pareciera que es un país que solo piensa en consumir petróleo y gas natural, a pesar de que hay un interés privado dinámico que está avanzando, aunque lo hace por sus propios medios: las centrales eólicas y las centrales solares, que están creciendo de una forma significativa.

*Jorge Lapeña fue secretario de Energía de la Nación y subsecretario de Planificación Energética durante el gobierno de Raúl Alfonsín, además de haber presidido YPF entre 1987 y 1988 y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre 2000 y 2002. Desde 1985 preside el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y actualmente se desempeña como consultor especializado en temas energéticos.

La apertura del sector nuclear a una mayor participación del capital privado podría marcar un punto de inflexión para la Argentina. Así lo indica en contacto con Newstad Julián Gadano, director del Programa de Energía e Innovación de la UNTREF y ex subsecretario de Energía Nuclear.

Gadano firma que el país cuenta con capacidades tecnológicas, recursos humanos y una cadena de proveedores consolidada para competir en el mercado internacional de los reactores modulares pequeños (SMR), aunque advierte que el principal desafío sigue siendo conseguir financiamiento. También analiza el futuro del proyecto CAREM, el rol que debería asumir el Estado y las condiciones necesarias para atraer inversiones al sector.

El Gobierno apuesta a una mayor participación privada en el desarrollo nuclear. ¿Considera que este cambio de modelo puede acelerar la construcción de nuevos reactores y convertir a la Argentina en un jugador relevante del mercado internacional de SMR?

Creo que lo que le faltaba al sistema nuclear argentino para madurar era, justamente, poder atraer inversión privada. Para que esa inversión llegue, debe destinarse a la parte comercial, es decir, a los reactores comerciales.

Entonces, sí creo que apoyar la inversión privada puede impulsar la construcción de nuevos reactores, porque la Argentina tiene todo: un regulador solvente, ingeniería y cadenas de suministro. Lo que le falta es capital.

Por eso, incentivar la inversión privada significa incorporar el elemento que hoy falta y, al mismo tiempo, hacer lo mismo que hace el resto del mundo."

¿Cómo se posiciona la Argentina a nivel mundial con este tipo de desarrollos?

Para que te des una idea, hoy hay una carrera con unos 40 o 50 proyectos en desarrollo a nivel mundial. De todos ellos, el único proyecto real del hemisferio sur que está participando en esa carrera es el argentino.

"Entonces creo que sí, efectivamente. Sin ser exageradamente optimista, y entendiendo que es un desafío, creo que la Argentina puede convertirse en un jugador relevante en el mercado de los SMR, existe una oportunidad. 

Usted planteó que el CAREM es un gran proyecto tecnológico, pero que no es un reactor comercial. ¿Qué debería hacer ahora el Estado con el conocimiento y la ingeniería acumulada durante décadas en torno al CAREM para evitar que esa inversión se pierda?

Al CAREM sería ideal terminarlo. Lo que pasa es que, para eso, más que el Estado, lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Energía Atómica es demostrar que el CAREM tiene terminada su ingeniería. Hay que congelar la ingeniería, mostrar que funciona y, a partir de ahí, buscar capital.

Faltarán entre 300 y 400 millones de dólares. Es difícil que ese dinero lo aporte el Estado. Esa sería una alternativa.

La otra sería buscar un socio compatible, probablemente extranjero, incluso otro Estado. ¿Qué tenemos para ofrecerle? Compartir la tecnología." 

El Gobierno busca atraer inversiones privadas para desarrollar reactores destinados, entre otros usos, a abastecer la creciente demanda energética de los centros de datos y la inteligencia artificial. ¿Qué condiciones debería garantizar la Argentina para que ese modelo sea realmente viable?

Una es la estabilidad macroeconómica y todo lo que la acompaña, como el RIGI, entre otras medidas. Por supuesto, la otra es que la Argentina pueda demostrar sus capacidades y que los proyectos funcionen.

Respecto de los reactores grandes, ya no creo demasiado en ese modelo. No por el tamaño de los reactores en sí, sino por el modelo de negocios que tienen detrás: grandes préstamos del Estado y una elevada inversión inicial de capital. Creo que ese fue un esquema propio del mundo de las décadas del 60, 70, 80 e incluso hasta los 90.

Hoy, los reactores modulares pequeños (SMR) hacen posible un nuevo modelo de negocios, basado en la búsqueda de financiamiento en el mercado de capitales, es decir, de capital privado. Esto es posible porque requieren una menor inversión inicial y responden a un modelo más modular, flexible y escalable.

Por eso creo que, para la Argentina y para la mayoría de los países del mundo, con algunas excepciones, este es un modelo más viable. De hecho, considero que la industria nuclear va a crecer a través de los SMR y no de los reactores grandes, que responden a un modelo que no diría que está agotado, pero sí que atraviesa un ciclo de declive.

El fuerte aumento que registró el precio de la energía eléctrica para las grandes industrias y empresas durante mayo no responde a una decisión puntual, sino a una combinación de factores estacionales e internacionales.

Esa es la principal conclusión de un informe de CAMMESA , la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el que explica por qué los costos de generación se dispararon con la llegada del invierno y cuál es la expectativa para el resto del año.

Según el documento analizado por Newstad, durante los meses más fríos aumenta de manera significativa el consumo residencial de gas natural, lo que reduce la disponibilidad de ese combustible para generar electricidad. Ante ese escenario, el sistema debe recurrir a fuentes de energía más costosas, como gas natural licuado (GNL), gasoil, fuel oil o carbón, lo que impacta directamente sobre el precio de la energía.

A ese factor se suman las bajas precipitaciones en las cuencas hidroeléctricas, que obligan a utilizar una mayor cantidad de centrales térmicas, y el incremento del precio internacional del petróleo, que elevó tanto el costo de los combustibles como el de las importaciones de electricidad desde países vecinos.

CAMMESA aclara que esta situación no representa una anomalía, sino una característica estructural del sistema eléctrico argentino, donde históricamente los costos de generación aumentan entre mayo y septiembre debido a la mayor demanda energética y a la necesidad de utilizar combustibles alternativos.

En ese contexto, el informe recuerda que desde fines de 2025 rige un nuevo esquema de comercialización establecido por la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. La normativa diferencia la energía destinada al abastecimiento residencial de la que compran los grandes usuarios, con el objetivo de acercar progresivamente los precios mayoristas a los costos reales de generación e impulsar una mayor contratación privada de energía.

Como consecuencia de ese esquema, el Mercado Spot refleja principalmente el costo que afrontan las empresas que no tienen contratos de suministro. En cambio, aquellas que compraron energía mediante contratos en el Mercado a Término (MAT) logran amortiguar el impacto de las subas estacionales.

De acuerdo con las estimaciones de CAMMESA, el precio de la energía para los grandes usuarios pasó de alrededor de 70 dólares por megavatio hora (MWh) en abril a valores cercanos a los 150 dólares por MWh durante el invierno. La empresa atribuye ese incremento al mayor uso de combustibles alternativos, las condiciones hidrológicas secas y el encarecimiento de las importaciones de energía.

Sin embargo, el organismo aclara que el análisis no debe centrarse en un solo mes, sino en el promedio anual. Según sus proyecciones, si las condiciones internacionales se estabilizan, el precio promedio del año se ubicaría entre 90 y 95 dólares por MWh, un nivel similar al registrado históricamente para el sistema.

El informe también destaca que cerca de la mitad de la demanda de los grandes usuarios ya está cubierta mediante contratos privados, una herramienta que permite fijar precios con anticipación y reducir la exposición a la volatilidad del mercado. Por ese motivo, CAMMESA recomienda ampliar el nivel de contratación para disminuir el impacto de futuras subas estacionales.

En contraste, el organismo remarca que los usuarios residenciales no deberían experimentar esa volatilidad. Explica que la energía destinada a los hogares proviene de un esquema de "generación asignada", integrado por contratos de largo plazo, centrales hidroeléctricas, nucleares, renovables e importaciones programadas, lo que permite mantener un precio más estable a lo largo del año.

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada visitó la exposición de La Rural y anticipó que durante la primera semana de agosto buscará avanzar con proyectos que considera prioritarios, entre ellos la iniciativa sobre falsas denuncias y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Además, se refirió al futuro debate sobre las PASO y defendió la necesidad de escuchar todas las posiciones antes de tomar una decisión.

La legisladora explicó que ambas iniciativas continúan siendo objeto de negociaciones con el Poder Ejecutivo y con el resto de los bloques para incorporar cambios que permitan alcanzar mayores consensos. "Algunos senadores, tengo entendido, propusieron modificaciones, además de las que ya habíamos hecho, porque hicimos muchísimas. Estamos trabajando muy bien con Patricia y con el Ejecutivo para que aquellas leyes que, de alguna manera, tienen un impacto profundo, salgan de la mejor manera posible", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el intercambio parlamentario fortalece los proyectos. "Creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre. El debate hace que la ley que pueda salir sea mejor. Todas las modificaciones que fuimos haciendo mejoran muchísimo el proyecto", señaló.

Losada estimó que tanto el proyecto sobre falsas denuncias como la iniciativa vinculada a la propiedad privada podrían obtener media sanción en la primera semana de agosto. "Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarlo. Igual que el proyecto de falsas denuncias, probablemente lo aprobemos en la primera semana de agosto. Es el 6 de agosto cuando se va a reanudar la sesión, que pasó a un cuarto intermedio por la cuestión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", indicó.

Respecto de esa última iniciativa, confirmó que respaldará nuevas modificaciones. "Vamos a apoyar otros cambios que están muy bien. A mí me parece que la ley está bien, pero sentía que faltaban algunos controles, y por eso los voy a apoyar", afirmó.

Puntualmente sobre la iniciativa que establece prisión efectiva, es decir, más de tres años, para los y las que promueven falsas denuncias de violencia y abuso, hay optimismo entre los senadores que apoyan la causa, pero son cautos: “Los votos están, pero queremos estar más holgados”, adelantan.

Consultada sobre la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la senadora remarcó que el tratamiento legislativo todavía no comenzó y pidió que la discusión se desarrolle durante este año.

"Todavía no empezó el debate sobre ese tema. Creo que es un tema profundo e importante, y que el debate tiene que darse sí o sí este año, porque después ya va a ser un año electoral", sostuvo.

Losada dejó en claro que mantiene reparos sobre una eventual eliminación definitiva del sistema. “En lo personal, nunca estuve de acuerdo con la eliminación. Lo que podemos analizar es la suspensión”.

No obstante, aclaró que está dispuesta a evaluar propuestas alternativas si representan una mejora institucional. "La eliminación la analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador, algo que mejore el sistema. Me gustaría, antes de tomar cualquier decisión, escuchar a todos: a los que están a favor y a los que están en contra, los argumentos de cada uno. Yo nunca voy a ningún debate con una opinión cerrada, salvo que se trate de una barbaridad", afirmó.

La senadora mencionó otros proyectos que impulsa, entre ellos el que ella denomina como RIGIPYMES, en alusión a la iniciativa del Gobierno que apunta a las grandes empresas y que ya activó inversiones en energía y minera. 

"Estoy impulsando el REMIPYMES para que todas las pymes, o la mayor cantidad posible de acuerdo con su potencial y sus posibilidades, puedan acceder a esos beneficios", explicó.

En ese marco, dejó una definición sobre su futuro político: "Estoy concentrada en todas esas cosas, que me parece que es en lo que me tengo que concentrar. Si ya estoy pensando, un año antes, en lo que voy a hacer el año que viene, la estoy pifiando".

Por último, también se refirió a las negociaciones para modificar el régimen de biocombustibles y explicó que el porcentaje de corte continúa siendo uno de los principales puntos de discusión. "En mi proyecto original era el 20%. Ahora estamos pidiendo que sea el 15% y ahí estamos un poco trabados con eso. Pero yo creo que lo vamos a lograr. El porcentaje lo veremos, vamos a ir negociando", señaló.

Según explicó, el planteo cuenta con el respaldo del sector productivo santafesino. "Estamos trabajando en conjunto con todas las empresas de biocombustibles de mi provincia y lo que nos parece justo es que se haga con el bioetanol lo mismo que se hizo con el biodiésel. Lo más insólito es que las empresas más chicas y las empresas más grandes se pudieron poner de acuerdo. Entonces, me parece que hoy tenemos que oír a los productores. Si ellos tienen un acuerdo, ¿por qué no nosotros?", concluyó.

El ex secretario de Energía de la Nación, Raúl Olocco, sostuvo que el desarrollo nuclear argentino debe abandonar los proyectos que no sean económicamente viables y aplicar criterios de rentabilidad antes de avanzar con nuevas inversiones. 

En ese sentido, en contacto con Newstad consideró positivo el interés de Estados Unidos por impulsar un mini reactor nuclear en el país, aunque aclaró que mantiene reservas sobre este tipo de anuncios hasta que se traduzcan en obras concretas.

"La intervención público-privada en el área nuclear argentina siempre existió de diversas formas. Hubo desarrollos muy interesantes, como fue la repotenciación de la central nuclear Embalse, donde muchas empresas privadas participaron y con un éxito rotundo. Otras fueron un fracaso absoluto y total, como fue Atucha II, en manos de Electroingeniería y del famoso capitalismo de amigos", afirmó.

Respecto del interés estadounidense en los reactores modulares pequeños (SMR), Olocco señaló que "el hecho de que ahora Estados Unidos, en este caso concreto, esté interesado en desarrollar un mini reactor nuclear me parece interesante". Sin embargo, advirtió que "en este tipo de anuncios soy un poco escéptico porque, hasta no verlo concretado, pasa mucho tiempo y a veces sucede lo que pasó con el tren bala o con muchos proyectos, como Petronas en Vaca Muerta y demás".

El ex funcionario fue especialmente crítico con el proyecto CAREM, el reactor modular desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), al considerar que nunca estuvo acompañado por un análisis económico serio.

"El sector nuclear argentino lamentablemente nunca tuvo ideas ni quiso aplicar el famoso principio de costo-beneficio. Siempre éramos alocados para proponer cosas rimbombantes, como por ejemplo asociarnos a los chinos para nuevos reactores, pero nunca quisimos hablar del precio de la energía", sostuvo.

En esa línea, agregó que "si por ejemplo vos tenés una térmica que te produce a 70 dólares el megavatio, no podés poner una central que termine costando 120 dólares o 100 dólares. Cuando se le pregunta a alguien del sector nuclear argentino, siempre te contesta que eso no es relevante".

También cuestionó el potencial exportador que históricamente se atribuyó al CAREM. "Decían que era un proyecto extraordinario, genial para exportar al mundo, pero jamás exportamos una tuerca", remarcó.

Para Olocco, el problema de fondo es que los proyectos nucleares argentinos nunca lograron demostrar su sustentabilidad económica. "Todos los estudios siempre se basaban en el gran desarrollo nuclear argentino y los cerebros mágicos que tenemos esparcidos por todo el país, pero nunca los proyectos fueron económicamente rentables. Nunca aceptaron ese principio básico y fundamental: si vos producís algo, tiene que ser económicamente rentable", enfatizó.

Pese a sus cuestionamientos, el ex secretario de Energía se manifestó a favor de la energía nuclear como fuente de generación. "Yo personalmente creo que es una energía muy limpia, tomada con recaudos y con todas las previsiones, una de las mejores energías de base que existen en la actualidad", expresó.

No obstante, planteó que persiste una deuda histórica respecto del tratamiento de los desechos radiactivos. "Mi única preocupación es dónde terminan los residuos nucleares. Esa es otra gran pregunta que jamás nos contestamos los argentinos", afirmó.

Al recordar el frustrado proyecto para construir un repositorio de residuos en Gastre, provincia de Chubut, señaló: "Hubo una pueblada muy grande y jamás se concretó. Hoy vos preguntás por los residuos y nadie sabe dónde están o qué se ha hecho con ellos".

Finalmente, Olocco consideró que el futuro de la industria pasa por los reactores modulares pequeños y no por las grandes centrales tradicionales. "Si se sigue desarrollando la energía nuclear, los mini reactores son el futuro. Creo que ya pensar en centrales nucleares del tamaño de las que tenemos es bastante complicado por temas de seguridad y por costos", afirmó.

En ese marco, sostuvo que una tercera central en el complejo de Atucha podría ser una alternativa, aunque condicionó cualquier decisión a su viabilidad económica. "Creo que una tercera central nuclear en la zona donde están instaladas Atucha I y Atucha II sería conveniente, pero hay que hacer un estudio económico y de rentabilidad del proyecto. De lo contrario, siempre tenés otras energías alternativas, ya sean renovables o no renovables", concluyó.

Agustín Siboldi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables destacó en diálogo con Newstad la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector público y privado para impulsar las inversiones necesarias que permitan ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento de la generación eléctrica, particularmente de las energías renovables.

NEWSTAD: Sobre el plan de incorporar 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, con una inversión estimada superior a USD 6.600 millones, ¿qué plazos consideran realistas para que esas obras comiencen a ejecutarse y cuándo podrían empezar a aliviar los cuellos de botella del sistema?

AGUSTÍN SIBOLDI: Lo primero es distinguir entre el anuncio del plan, el llamado efectivo a licitación y el inicio real de ejecución de las obras. La información pública disponible —incluida la publicada por CAMMESA y por la Secretaría de Energía— confirma que el plan apunta a ampliar significativamente la red de transporte, pero el alivio de los cuellos de botella no será inmediato.

En particular, la Secretaría de Energía identificó tres primeras obras estratégicas a licitar bajo un esquema de concesión privada, con llamados nacionales e internacionales y participación de empresas con capacidad técnica y financiera. Por eso, si se habla de “las dos primeras licitaciones”, conviene aclarar si la referencia es a los dos primeros llamados efectivos que publique CAMMESA o a una selección parcial dentro de ese primer paquete de obras.

· AMBA I: busca reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra una porción muy relevante de la demanda eléctrica nacional. Su impacto esperado es mejorar la confiabilidad del SADI y reducir generación forzada o ineficiente.

· Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: apunta a ampliar la capacidad de transporte desde Cuyo, facilitando la evacuación de generación renovable y convencional y, según la información oficial, también parte de la generación vinculada al Comahue.

· Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: tendría por objetivo reforzar la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal, un punto clave para aprovechar mejor el recurso eólico patagónico.

En cuanto a plazos, aun si las licitaciones se lanzan en el corto plazo, el comienzo efectivo de obra dependerá de varios hitos previos: publicación de pliegos, consultas, presentación de ofertas, adjudicación, cierre contractual, estructuración de garantías, eventual encuadre bajo el RIGI, permisos ambientales, servidumbres, ingeniería de detalle, contratación de proveedores y disponibilidad de equipamiento crítico.

Por eso, el punto central no es solamente cuándo se publique el llamado, sino si el pliego logra resolver adecuadamente la asignación de riesgos, el mecanismo de remuneración, la identificación de los beneficiarios obligados al pago, las garantías de cobro y el tratamiento de contingencias no imputables al concesionario. Esos elementos determinarán la bancabilidad de los proyectos y la profundidad de la competencia en las ofertas.

En síntesis, las licitaciones pueden ser una señal muy relevante y una prueba de mercado del nuevo esquema. Pero el alivio efectivo de los cuellos de botella debe pensarse en un horizonte de mediano plazo, una vez que las obras estén adjudicadas, financiadas, construidas y puestas en servicio. Si las primeras convocatorias resultan exitosas, podrían acelerar la secuencia del plan; si muestran baja participación o primas de riesgo elevadas, probablemente será necesario ajustar pliegos, garantías o criterios de asignación de costos.

¿Cuántas inversiones están hoy demoradas o frenadas por la falta de capacidad de transporte eléctrico?

Es difícil cuantificarlo con precisión. El canal natural para medirlo sería el MATER y la información sobre puntos de interconexión disponible, pero el dato relevante es que la capacidad en muchos nodos informados por CAMMESA es prácticamente nula o muy limitada.

En términos prácticos, eso significa que hay proyectos renovables de magnitud que no pueden avanzar, o que solo podrían hacerlo si obtienen nueva capacidad de transporte, prioridad de despacho o soluciones complementarias. La saturación del SADI se convirtió, en los hechos, en una restricción estructural para el desarrollo de nueva generación.

Esa nueva capacidad puede provenir de dos fuentes. Por un lado, de las licitaciones públicas de expansión del transporte. Por otro, de proyectos de generación que asuman a su cargo las obras necesarias para conectarse o evacuar su energía. Este segundo camino tiene desafíos propios: la necesidad de agrupar demanda —por ejemplo, proyectos mineros—, la coordinación entre generadores y grandes usuarios, y la falta de reglas suficientemente claras sobre cómo identificar beneficiarios y distribuir los costos cuando una ampliación, aun impulsada por un proyecto específico, también beneficia a terceros mediante menores costos de suministro, mayor confiabilidad o mejor calidad de servicio.

El esquema prevé licitaciones nacionales e internacionales con fuerte participación privada. ¿Qué condiciones regulatorias y financieras deben consolidarse para que los inversores efectivamente decidan participar en estos proyectos de infraestructura?

La condición central es que el esquema sea bancable. Para eso, los inversores van a mirar especialmente la certeza del régimen de remuneración, la actualización de ingresos, las garantías de cobro, la asignación de riesgos durante construcción y operación, y la claridad sobre quiénes serán los beneficiarios obligados a pagar los cargos asociados a cada expansión.

También serán relevantes la estabilidad regulatoria, la coordinación con permisos provinciales y municipales, el tratamiento de servidumbres y la posibilidad de articular los proyectos con el RIGI cuando corresponda. Si esos elementos no están bien definidos, los oferentes probablemente incorporen primas de riesgo más altas o directamente reduzcan su participación.

Sobre el rol del almacenamiento de energía, la generación distribuida y herramientas como el RIGI. ¿Cómo pueden complementarse estos instrumentos con la expansión del transporte para acelerar el desarrollo del sector energético argentino?

Respuesta: Son instrumentos complementarios, no sustitutos perfectos. La expansión del transporte sigue siendo indispensable para integrar proyectos de gran escala y conectar recursos alejados de los centros de consumo. Pero el almacenamiento puede ayudar a administrar congestiones, aportar potencia y reservas, y mejorar la operación del sistema en horarios críticos.

La generación distribuida, por su parte, puede aliviar demanda en determinados puntos de la red y reducir presión sobre infraestructura existente, aunque su escala y perfil operativo no reemplazan las grandes obras de transmisión. El RIGI puede aportar un marco de estabilidad y previsibilidad para proyectos intensivos en capital, siempre que el diseño de la licitación permita articular adecuadamente ese régimen con los contratos de concesión, las garantías del proyecto y el mecanismo de repago.

¿Este plan de ampliación permitirá aprovechar plenamente recursos estratégicos como Vaca Muerta, la energía eólica de la Patagonia y la solar del NOA, o será necesario avanzar con nuevas etapas de expansión en los próximos años?

Respuesta: El plan es un paso muy relevante, pero no debería verse como una solución definitiva. Puede remover restricciones críticas y habilitar nueva capacidad de generación, especialmente en regiones con recursos renovables o energéticos de alto potencial. Sin embargo, la magnitud de los recursos disponibles en Vaca Muerta, Patagonia y el NOA probablemente exigirá nuevas etapas de planificación, expansión y coordinación regulatoria.

La clave será que las primeras licitaciones funcionen como precedente. Si logran atraer capital privado, asignar adecuadamente los riesgos y construir confianza regulatoria, pueden convertirse en la base de una política de expansión más amplia y sostenida. Si no, el país seguirá enfrentando una brecha entre su potencial energético y la infraestructura necesaria para convertirlo en energía disponible para la demanda.

El tema está instalado en la sociedad hace mucho tiempo, y como suele suceder la política y la Justicia llegan tarde, pero empiezan a llegar. Como viene contando periódicamente Newstad, el drama de las falsas denuncias también avanza en el Congreso Nacional: pronto los legisladores debatirán un proyecto de ley que agrava las penas contra quienes se haya comprobado que cometieron una falsa denuncia de violencia o abuso. También caerán los peritos y psicólogos que contribuyen en esta maquinaria perversa, que involucra a los hijos rehenes de un conficto de adultos. 

Pero como era de esperarse, este despertar en algunos sectores de la clase política generó una ofensiva por parte de otros que cruelmente ignoran a las familias destuídas por este accionar. Sectores del peronismo, la izquierda y por supuesto el feminismo que no pasaron ni por la vereda de los encuentros de agrupaciones de familias arruinadas que van a contar sus casos.

Estos encuentros también ocurrieron en la Legislatura de la Ciudad y en el Congreso de la Nación, pero a pesar de estar bien cerquita, no les interesó acercarse a tener un poquito de empatía o esa sororidad que alardean constantemente. Si, sororidad, porque las víctimas de falsas denuncias también son mujeres, o las nuevas parejas de los hombres denunciados por sus ex y, lo que más debería preocuparles: niñas manipuladas y que también sufren por una familia quebrada. 

En este contexto siempre difícil, Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres Argentinas, lanzó una nueva iniciativa que busca visibilizar casos, promover estadísticas más completas y avanzar para que el proyecto de Ley en el Congreso siga su curso.

La convocatoria reclama el tratamiento de un proyecto de ley contra las falsas denuncias de violencia de género. Se busca así instalar nuevamente el debate en el Congreso y poner el foco en las consecuencias que, según sostiene la organización, enfrentan personas que resultan absueltas tras ser denunciadas.

Andrea, esposa de Diego Guacci —quien enfrentó una denuncia de este tipo y posteriormente fue absuelto por la Justicia— explicó a Newstad que esta es la tercera campaña impulsada por el espacio. Las dos anteriores estuvieron dirigidas exclusivamente a los senadores nacionales, antes y después de la renovación de la Cámara alta, con el objetivo de que se debatiera un proyecto específico sobre falsas denuncias.

"Esta tercera campaña tiene otra mirada, quizás aún más angustiante", afirmó. Según explicó, la organización decidió ampliar el eje de la campaña tras distintos hechos ocurridos en los últimos meses que, a su entender, reflejan el impacto social del problema.

"En los últimos tiempos hemos visto trágicas muertes. En las entrevistas que dan esos papás, todos hablan de falsas denuncias y de víctimas de falsas denuncias. Sean o no ciertas esas falsas denuncias, es un tema que está instalado socialmente", sostuvo.

Entonces, para que los legisladores que aún no están en tema tomen dimensión de este drama social, se propone: “Con tu mail podés desmentir el relato”. Guacci explica que cada mail enviado a senadores y diputados “es una familia que se niega a ser silenciada”.

Esta es la carta, a la que al pie se le agrega el nombre de quien se suma a la causa: https://drive.google.com/file/d/193e1GqKoV1IJsnJIDHBlHt4xibUGApAG/view

Los mails de diputados y senadores son públicos y tambiénn están disponibles en este acceso: https://drive.google.com/file/d/15x5angWv_NYETLvvdMquEEYBgn6dYKb_/view?usp=drive_link 

https://drive.google.com/file/d/1X60qDt1om2L9esLbNjl8sCF6ph03XFHn/view?usp=drive_link 

La referente insiste en lo más importante: los niños, porque estos dramas terminan afectando el vínculo entre padres e hijos. “Hay papás que han perdido el vínculo con esos hijos que han querido proteger y que no pudieron”.

Guacci tambipen recordó lo peor: distintos episodios de suicidios que, tuvieron como protagonistas a personas que enfrentaban acusaciones penales. "Conocemos muchos casos que, desgraciadamente, por no poder asimilar una denuncia aberrante, privados de su libertad o con amenazas de privación de su libertad, no pueden soportar convivir con ese tipo de mentiras y deciden llegar a ese punto", expresó.

Como parte de la campaña, el Frente de Mujeres Argentinas eligió una consigna central: "¿Cuántas tragedias deben ocurrir para que el Estado actúe?"

Para Guacci, el reclamo excede la discusión sobre un proyecto de ley y apunta a la necesidad de abrir un debate institucional. “¿Qué es lo que hay que hacer para llegar antes que el crimen? ¿Cómo puede ser que, aun después de todo este trabajo que se hizo durante todos estos años, no se esté dando el debate legislativo?”.

En ese sentido, también planteó que las políticas públicas deberían contemplar simultáneamente la protección de las víctimas de violencia y mecanismos para investigar las denuncias que eventualmente resulten falsas.

"¿Cómo puede ser que la perspectiva de género esté por sobre la perspectiva de infancia? ¿Cómo puede ser que carezcamos de información sobre las falsas denuncias?", insistió.

Uno de los principales cuestionamientos de la dirigente estuvo dirigido al informe difundido recientemente por el Observatorio de Violencia, que sostiene que las falsas denuncias representan un porcentaje muy reducido del total de causas.

Guacci afirmó que esas estadísticas "no analizan los sobreseimientos, no hablan de los archivos ni de los casos que fueron declarados inocentes". En esa línea, sostuvo que "ningún medio se ocupó ni se preocupó por investigar qué había detrás de las falsas denuncias".

"Si hoy la mayoría de las personas con las que hablás conoce o reconoce la existencia de algún caso, no puede pensar objetivamente que ese número es real", agregó. De hecho, el último evento en el Congreso Nacional se desbordó de familias y no alcanzaron dos salones del Senado para dar lugar a todos los que acudieron. 

El objetivo de la campaña es continuar generando espacios de discusión pública y tender puentes con legisladores para avanzar con la ley: "No solamente buscamos visibilizar, sino seguir encontrando los caminos, las herramientas y tender los puentes para encontrar justicia, para sanar con justicia y para que las víctimas de falsas denuncias de violencia de género y abuso puedan encontrar justicia”.