Argentina tiene por delante una oportunidad extraordinaria: desarrollar simultáneamente sus recursos energéticos, expandir su producción agroindustrial, industrializar sus recursos naturales y mejorar la infraestructura de sus ciudades. Pero para hacerlo de manera sostenible hay una condición que debería cumplirse durante la planificación estratégica: agua y energía deben pensarse como un único sistema.

Ambos sectores suelen ser planificados, regulados e incluso administrados como compartimentos independentes en nuestro país. Sin embargo, en todo sistema económico moderno existe una relación de dependencia permanente entre ellos. Es lo que la literatura internacional denomina Water-Energy Nexus: el agua necesita energía y la energía necesita agua.

Cuando una operadora como AySA o ABSA bombea agua desde una fuente superficial o subterránea, la transporta, la potabiliza, la distribuye o trata sus aguas residuales está utilizando energía. El bombeo es, en muchos sistemas de agua potable, uno de los principales componentes del consumo energético. A ello se agregan la aireación en plantas de tratamiento, la desinfección, la elevación de agua hacia reservorios y, cada vez más, procesos como la desalación y la reutilización avanzada. El agua es el bien o recurso más transportado del planeta.

Prácticamente todas las tecnologías de generación eléctrica tienen algún vínculo con el agua. Una central hidroeléctrica transforma directamente la energía potencial del agua en electricidad. Una central nuclear utiliza grandes cantidades de agua para sus sistemas de refrigeración. Las centrales térmicas a gas, carbón o fuel también requieren agua para refrigeración. La energía geotérmica depende de fluidos y reservorios subterráneos. Incluso las centrales de ciclo combinado, aunque son considerablemente menos intensivas en agua que otras tecnologías térmicas, pueden requerir agua para sus sistemas de refrigeración.

Aún la energía solar y eólica, que tienen un vínculo mucho menor con el agua durante la generación, no están completamente desconectadas del recurso hídrico: su fabricación requiere agua y, en algunos casos, el mantenimiento de instalaciones puede incorporar consumos hídricos.

La consecuencia es clara: una política energética que no considera la disponibilidad futura de agua puede terminar limitando la propia expansión energética; una política hídrica que no considera el costo y la disponibilidad de energía puede construir sistemas económicamente inviables.

El Organismo Internacional de Energía Atómica señala que los requerimientos de agua de las centrales nucleares dependen fuertemente de sus sistemas de refrigeración y que la selección del emplazamiento debe considerar la disponibilidad de agua y las condiciones ambientales.

En diciembre de 2024, el Sistema Argentino de Interconexión contaba con aproximadamente 9.639 MW de grandes centrales hidroeléctricas, equivalentes al 22,2% de la potencia instalada, a lo que se sumaban otros 524 MW de pequeños aprovechamientos hidráulicos.

Pero la importancia de la hidroelectricidad se observa todavía mejor cuando se mira la generación. En 2024, la hidráulica aportó aproximadamente 33.425 GWh, equivalentes al 24% de la generación eléctrica argentina, frente al 53% de generación térmica, 7% nuclear y 16% de otras renovables.

Es decir: aproximadamente uno de cada cuatro kilovatios-hora generados en Argentina en 2024 tuvo una relación directa con el agua.

El Comahue es probablemente el ejemplo más evidente. Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados forman parte de un sistema en el cual la regulación de los embalses tiene simultáneamente consecuencias energéticas, ambientales, productivas y territoriales. En 2025 el Estado argentino completó el proceso de transferencia de estas centrales a nuevos operadores privados, por un monto superior a USD 706 millones, con obligaciones de inversión y modernización de infraestructura.

Yacyretá y Salto Grande agregan otra dimensión: el agua y la energía son también asuntos de política exterior. En 2025 Argentina y Paraguay acordaron nuevas condiciones para el uso de la energía de Yacyretá, incluyendo un esquema que permite a Argentina acceder hasta al 85% de la energía disponible cuando Paraguay no la requiera.

Una represa puede generar electricidad renovable, regular caudales, contribuir al control de inundaciones y crear reservas estratégicas de agua. Pero también puede alterar ecosistemas, modificar sedimentos, afectar poblaciones, transformar actividades productivas y generar conflictos por el uso del agua.

Cuando el río atraviesa fronteras, el problema adquiere dimensión geopolítica.

Yacyretá y Salto Grande son ejemplos argentinos de esa realidad. En otras regiones del mundo, las disputas vinculadas con grandes represas se multiplican: desde proyectos en el Himalaya hasta las grandes cuencas africanas y asiáticas, la discusión sobre quién controla el agua, quién recibe la electricidad y quién asume los impactos ambientales puede convertirse en una cuestión de seguridad nacional.

Por eso, una represa no puede evaluarse solamente por su costo por MW instalado. Debe evaluarse por el valor económico total del sistema hídrico que modifica.

La discusión no debería ser simplemente cuánto invertir en energía o cuánto invertir en agua. La pregunta correcta es: ¿Qué sistema de agua y energía necesita Argentina para sostener su próximo ciclo de crecimiento económico?

Eso implica incorporar una evaluación hídrica obligatoria a los grandes proyectos energéticos; considerar la demanda energética en la planificación de nuevas obras de agua; promover plantas de tratamiento capaces de recuperar energía; integrar la planificación de cuencas con la planificación eléctrica; evaluar conjuntamente infraestructura de almacenamiento, generación, riego y abastecimiento urbano; y desarrollar mecanismos financieros que permitan invertir en proyectos híbridos de agua-energía.

Una planta de tratamiento que produce biometano, una red de agua que reduce pérdidas y consumo eléctrico, una central hidroeléctrica que además optimiza usos múltiples del embalse o una desaladora alimentada con energía renovable no deberían ser considerados proyectos de sectores diferentes. Son proyectos de infraestructura estratégica.

El costo de no hacerlo es alto: activos varados, infraestructura duplicada, mayores costos energéticos, restricciones de producción, conflictos por el agua, impactos ambientales y nuevas inversiones para corregir decisiones tomadas décadas atrás.

La Argentina del siglo XXI necesita superar la lógica de los ministerios y de las industrias separadas. Vaca Muerta, el litio, la minería, la agroindustria, la hidroelectricidad, la energía nuclear, las renovables y el crecimiento urbano tienen algo en común: todos dependen del agua y de la energía.

Por eso, el verdadero desafío es entender que, para una economía que quiere crecer, agua y energía son parte de la misma ecuación de desarrollo.

Y cuanto antes comencemos a planificarlas como tal, menor será el costo de hacerlo.

*El autor es Médico Sanitarista MN 117.793 y CEO de la Cámara Argentina del Agua

En un mundo más digitalizado y con recursos estratégicos cada vez más disputados, la seguridad del agua se ha convertido en una cuestión de interés público.

Abrimos una canilla y el agua sale. Lo hacemos varias veces por día, casi sin pensar. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano existe una de las infraestructuras más complejas y estratégicas de cualquier país: plantas de energía hidráulica o hidroeléctica, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, laboratorios, centros de control, miles de kilómetros de cañerías y sistemas informáticos que trabajan las 24 horas para que millones de personas puedan acceder a agua segura.

La mayoría de las veces hablamos de las pérdidas de agua en términos de fugas o roturas de caños. Pero existe otro tipo de "leaks" mucho más preocupante: las vulnerabilidades de seguridad que pueden afectar la continuidad, calidad o disponibilidad del servicio.

Y no se trata de una hipótesis futurista.

En febrero de 2021, un operador de una planta potabilizadora en Florida, Estados Unidos, observó algo extraño en la pantalla de su computadora. Un intruso había logrado acceder remotamente al sistema y estaba modificando los niveles de hidróxido de sodio utilizados en el tratamiento del agua. De haberse concretado la maniobra, miles de personas podrían haber recibido agua contaminada. El ataque fue detectado a tiempo, pero sirvió como una advertencia para operadores de todo el mundo.

Los sistemas de agua se han convertido en objetivos potenciales porque constituyen una infraestructura crítica. Es decir, instalaciones cuya interrupción puede afectar directamente la salud pública, la economía, la seguridad y el funcionamiento de una sociedad.

La amenaza puede adoptar distintas formas. La más visible es el daño físico a la infraestructura. Estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, válvulas estratégicas o grandes conductos pueden ser objeto de vandalismo, sabotaje o ataques deliberados. La historia reciente muestra numerosos casos en los que instalaciones hídricas fueron utilizadas como objetivos en conflictos armados o disputas sociales.

Existe también la posibilidad de contaminación intencional de fuentes o instalaciones. Aunque los sistemas modernos cuentan con múltiples barreras de protección y controles de calidad permanentes, la necesidad de prevenir este tipo de eventos obliga a mantener niveles crecientes de vigilancia y monitoreo.

Pero quizás el riesgo que más crece en la actualidad sea el digital. Las empresas de agua utilizan sistemas automatizados para controlar presiones, caudales, niveles de tanques, dosificación de productos químicos y calidad del agua en tiempo real. Estas herramientas permiten operar con mayor eficiencia, pero también abren nuevas puertas de entrada para actores maliciosos.

Un ciberataque exitoso podría intentar alterar parámetros operativos, interrumpir procesos, bloquear sistemas o generar información falsa para los operadores. No hace falta imaginar escenarios cinematográficos: en los últimos años se registraron incidentes en distintos países que demostraron que las infraestructuras hídricas son un objetivo atractivo para hackers, grupos criminales e incluso actores vinculados a conflictos geopolíticos.

La creciente preocupación internacional responde a una realidad simple: pocas infraestructuras tienen un impacto tan directo sobre la vida cotidiana como el agua.

Si una ciudad pierde energía eléctrica durante algunas horas, muchas actividades pueden continuar parcialmente. Si falla internet, existen alternativas temporales. Pero cuando se interrumpe el acceso al agua potable, las consecuencias aparecen rápidamente en hospitales, escuelas, industrias, comercios y hogares.

Por eso la seguridad hídrica ya no puede limitarse únicamente a garantizar la disponibilidad del recurso. También implica proteger los sistemas que permiten captarlo, potabilizarlo, distribuirlo y monitorearlo.

Esto requiere inversiones permanentes en infraestructura, actualización tecnológica, capacitación del personal, protocolos de emergencia, simulacros, sistemas de detección temprana y una estrecha cooperación entre operadores, organismos de seguridad y autoridades gubernamentales.

Argentina posee una posición privilegiada en materia de recursos hídricos. Sin embargo, contar con abundancia de agua no elimina la necesidad de proteger las infraestructuras que la hacen llegar a la población. En un contexto global donde el agua adquiere cada vez más valor estratégico, la resiliencia de estos sistemas será tan importante como la disponibilidad misma del recurso.

Quizás la mayor lección sea que los nuevos leaks del agua no siempre se encuentran bajo tierra.

A veces aparecen en una contraseña débil, en un sistema informático desactualizado, en una cámara de seguridad que dejó de funcionar o en un protocolo que nunca fue puesto a prueba.

Y cuando hablamos de agua, identificar esas vulnerabilidades antes de que se conviertan en una crisis no es solamente una cuestión tecnológica. Es una cuestión de seguridad pública.

*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua

En el contexto de los usos tradicionales del agua (consumo humano, agro, industria y recreación), existen nichos de mercado que han venido creciendo con fuerza en los últimos años y que reflejan tendencias globales como la urbanización, el cambio climático, la preocupación por la calidad del agua y la digitalización de los servicios. Estos segmentos combinan tecnología, bienes de consumo y servicios especializados.

El mercado global de purificadores de agua para hogares y oficinas es un ejemplo de esto. A nivel mundial, este segmento fue valorado en más de USD 37 mil millones en 2025, con proyecciones que lo llevan a cerca de USD 72,8 mil millones para 2034, creciendo a una tasa anual compuesta de alrededor del 7,6 % entre 2026 y 2034. El crecimiento está impulsado por una preocupación creciente por la calidad del agua, la contaminación y la salud en general, así como por la urbanización y el aumento del ingreso disponible.

Aunque no hay cifras desagregadas específicamente para Argentina, la tendencia regional de América del Sur muestra un mercado importante y en expansión, motivado por el crecimiento urbano y la percepción de que los sistemas públicos de tratamiento a veces no garantizan la calidad deseada en todos los barrios.

Este nicho incluye tecnologías variadas, desde filtros simples hasta sistemas con ósmosis inversa y luz UV, y representa una oportunidad para empresas locales y extranjeras en la comercialización de productos, servicios de instalación y mantenimiento, así como modelos de suscripción a filtros y consumibles.

El mercado global de tratamiento de agua y aguas residuales —que incluye equipos, soluciones tecnológicas y servicios para operadoras públicas y privadas— también está en fuerte expansión. Se proyecta que pase de aproximadamente USD 372 mil millones en 2025 a más de USD 713 mil millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual cercana al 7,5 %, impulsada por la necesidad de modernizar infraestructura, cumplir con estándares ambientales más exigentes y responder a eventos climáticos extremos que presionan los sistemas de suministro y saneamiento.

Este mercado abarca desde sistemas avanzados de tratamiento biológico y físico-químico, hasta tecnologías de automatización, sensores IoT, digitalización de redes, monitoreo remoto y gestión de datos. Para Argentina y la región, donde muchas ciudades enfrentan el desafío de reducir pérdidas de agua, mejorar la calidad de los suministros y ampliar cobertura, existe una oportunidad para proveedores de tecnología, ingeniería y consultoría.

Además, el segmento de equipos de tratamiento y filtración tiene una dimensión significativa: por ejemplo, el mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales fue estimado en más de USD 71 mil millones en 2025, con proyecciones de crecimiento sostenido hasta 2033 y un CAGR de más del 5 %. Esto representa oportunidades para fabricantes y distribuidores de equipos especializados en tuberías, bombas, membranas, filtros, sensores y soluciones de automatización.

El segmento de equipos y artefactos para instalaciones internas —como dispensadores, sistemas integrados de filtración, bombas domésticas, medidores inteligentes y accesorios— también está mostrando un crecimiento sólido. Por ejemplo, el mercado de dispensadores de agua domésticos a nivel global se proyecta que alcance alrededor de USD 10,27 mil millones para 2034, desde unos USD 6,34 mil millones en 2025, con un crecimiento impulsado por la demanda de soluciones más saludables, sostenibles y conectadas para el hogar.

Este tipo de productos se inscribe en un cambio mayor: los hogares conectados buscan soluciones inteligentes de monitoreo de calidad del agua, integración con sistemas domésticos y alternativas a los envases plásticos desechables, lo que genera oportunidades de innovación, diseño de producto y comercio tanto local como de importación-exportación.

Un componente transversal en todos estos nichos es la tecnología: desde plataformas de gestión de datos hídricos, software de optimización de redes y análisis predictivo frente a riesgos climáticos, hasta sensores IoT y soluciones de inteligencia artificial para monitoreo y eficiencia. Estos desarrollos no siempre se traducen en grandes volúmenes de ventas físicas, pero sí en ingresos recurrentes por licencias, servicios digitales y consultoría avanzada.

La creciente frecuencia de eventos climáticos extremos —sequías, inundaciones, olas de calor— también está impulsando la demanda de soluciones que permitan anticipar riesgos de escasez o contaminación, lo que abre espacio para empresas de tecnología, startups y centros de innovación enfocados en agua y sostenibilidad.

El comercio exterior de soluciones y tecnología vinculadas al agua está en expansión. Productos como equipos de tratamiento, purificadores avanzados, sensores inteligentes y sistemas modulares de infraestructura hídrica tienen demanda creciente en mercados maduros (EE.UU., Europa) y emergentes (África, Asia). Las ventajas comparativas de Argentina y la región pueden favorecer la exportación de bienes de capital, servicios de ingeniería y soluciones llave en mano.

Además, políticas de sostenibilidad y regulación ambiental más estrictas en múltiples países obligan a importadores y operadores a buscar tecnologías que mejoren la eficiencia y el cumplimiento de normas de calidad, lo que puede posicionar a proveedores argentinos en nichos de valor agregado con alto potencial de crecimiento.

* El autor es Médico Sanitarista MN 117.793 y Ceo Cámara Argentina del Agua

Las tensiones entre Irán y otros actores de Medio Oriente suelen analizarse desde la geopolítica energética o la seguridad militar. Sin embargo, hay otra dimensión menos visible pero profundamente estratégica: el impacto que estos conflictos pueden tener sobre el agua.

El primer punto clave es la relación entre agua y energía. Las operadoras de agua suelen ser uno de los mayores consumidores de energía de las ciudades, junto con industrias intensivas como la siderurgia o la química. Bombear agua desde ríos o acuíferos, potabilizarla, transportarla cientos de kilómetros o desalinizar agua de mar requiere enormes cantidades de electricidad y combustibles. Por eso, cuando un conflicto eleva el precio de la energía, también aumenta inmediatamente el costo del agua.

Esta relación se vuelve aún más crítica en regiones áridas. En muchos países del Golfo, gran parte del agua potable proviene de plantas desalinizadoras gigantes, que dependen directamente del suministro energético. En un escenario de guerra, estas instalaciones pueden convertirse en objetivos estratégicos o quedar paralizadas por cortes de energía o problemas logísticos.

A esto se suma la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales. Uno de los puntos más sensibles del planeta es el Estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Por allí circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa cerca del 20 % del consumo mundial de petróleo y más de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo.

Si ese paso se bloquea o se vuelve inseguro, se encarece el transporte marítimo global y se dispara el precio de la energía. Eso repercute directamente en el agua: desde el costo de operación de los sistemas urbanos hasta el transporte de equipos, productos químicos y membranas utilizadas en la potabilización y la desalinización.

Pero el agua también puede ser un objetivo o incluso un arma en los conflictos. La contaminación deliberada de fuentes de agua —reservorios, ríos o redes de distribución— es una amenaza reconocida en escenarios de guerra y terrorismo. Atacar la calidad del agua puede generar crisis sanitarias masivas con relativamente pocos recursos, lo que convierte al agua en una infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad.

Además, los conflictos suelen provocar movimientos masivos de población. Cuando millones de personas se desplazan por guerras o crisis humanitarias, los sistemas de agua de las regiones receptoras pueden verse rápidamente desbordados, especialmente en zonas con estrés hídrico.

También hay un impacto menos visible pero muy importante en el comercio internacional: el llamado “agua virtual”, es decir, el agua utilizada para producir alimentos y bienes agrícolas. Si una guerra altera los mercados de energía o fertilizantes, los países pueden cambiar sus patrones de producción agrícola, modificando indirectamente los flujos globales de agua.

Sin embargo, el agua no solo genera tensiones; también puede impulsar cooperación entre países. Existen casos en los que el abastecimiento compartido de agua obliga a mantener mecanismos de cooperación incluso en contextos políticos complejos.

Uno de los ejemplos más conocidos es el acuerdo entre Malasia y Singapur, donde este último depende en parte del agua proveniente del estado malasio de Johor, lo que ha llevado a décadas de acuerdos bilaterales de suministro.

Otro caso relevante es el tratado hídrico entre Israel y Jordania, firmado en el marco del acuerdo de paz de 1994, que regula el uso del río Jordán y otros recursos compartidos, y ha sido ampliado con intercambios de agua y energía en los últimos años.

Estos ejemplos muestran que el agua puede ser tanto un factor de conflicto como una base para la cooperación. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos regionales pueden tener efectos sistémicos sobre la seguridad hídrica global.

Por eso, entender la geopolítica del agua no es solo una cuestión ambiental o técnica. Es también una cuestión estratégica. En un planeta donde el acceso al agua es cada vez más crítico, proteger la infraestructura hídrica y fortalecer la cooperación internacional será tan importante como garantizar la seguridad energética o alimentaria.

*Gonzalo Meschengieser es Médico Sanitarista (MN 117.793) y CEO de la Cámara Argentina del Agua

Durante décadas, Argentina fue sinónimo de país rescatado. Rescates financieros, claro. Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID. Del megacanje de comienzos de siglo al swap con China. Más recientemente, del respaldo explícito de Estados Unidos y de organismos multilaterales para evitar defaults en cascada. La historia económica argentina está atravesada por salvatajes, renegociaciones y respiradores financieros externos.

Hoy, sin embargo, el mundo enfrenta otro tipo de bancarrota. No monetaria. Hídrica.

El reciente informe de Naciones Unidas —Global Water Bankruptcy— utiliza deliberadamente ese lenguaje: países, regiones y ciudades que han “gastado” más agua de la que pueden reponer, que hipotecaron sus ríos y acuíferos, y que ya no pueden sostener su desarrollo económico sin endeudarse ambientalmente. “El mundo está entrando en una era en la que la escasez de agua dejará de ser una amenaza futura para convertirse en una restricción estructural del crecimiento”, advierte Kaveh Madani, coordinador del informe.

Madani es explícito: “La crisis del agua ya no es un problema ambiental; es un problema macroeconómico, de seguridad y de estabilidad social”. Y agrega algo aún más inquietante: “Muchos países están operando en déficit hídrico crónico, como si el agua fuera infinita, cuando en realidad están acumulando una deuda que no podrán pagar”.

El informe menciona a Argentina en un lugar incómodo pero estratégico. No como país sin agua, sino como país con enormes asimetrías internas: regiones con abundancia relativa y otras con estrés creciente; zonas urbanas con consumo elevado y millones de personas aún sin acceso seguro a agua potable y saneamiento. Argentina no está exenta de riesgo, pero tampoco está en bancarrota hídrica.

Y ahí aparece la paradoja: un país acostumbrado a pedir auxilio financiero podría, en el nuevo tablero global, convertirse en parte de la solución.

Mientras países del norte de África, Medio Oriente o incluso del sur de Europa enfrentan límites físicos al desarrollo —simplemente no tienen agua suficiente—, Argentina cuenta con cuencas, acuíferos, climas y territorios donde el agua, bien gestionada, sigue siendo un activo estratégico. No infinito, no gratuito, pero sí disponible.

Madani lo plantea con crudeza: “El comercio global ya es, en gran medida, comercio de agua virtual. La pregunta no es si eso va a profundizarse, sino quién lo va a hacer de manera inteligente y sostenible”.

Pensar en “rescatar” a países sin agua no implica, necesariamente, exportar agua a granel. Acueductos transfronterizos o barcos cisterna existen, pero son costosos, complejos y políticamente sensibles. Hay otra vía, más silenciosa y probablemente más efectiva: exportar agua incorporada en bienes y procesos productivos.

Ofrecer territorio, infraestructura y reglas claras para que industrias intensivas en agua —alimentos, bebidas, biotecnología, farmacéutica, hidrógeno verde— se instalen donde el recurso existe. Producir en Argentina lo que otros países ya no pueden producir sin colapsar sus sistemas hídricos.

El informe de la ONU lo señala con claridad: relocalizar producción será una de las grandes tendencias de las próximas décadas. Y los países que logren hacerlo de manera sostenible no solo atraerán inversiones, sino también poder geopolítico.

Pero ningún “Plan Marshall hídrico” argentino tendría legitimidad si no resuelve primero sus propias deudas internas. Millones de argentinos aún viven sin agua potable segura o sin cloacas. El informe es contundente: la desigualdad en el acceso al agua es una bomba social de tiempo.

Aquí aparece una oportunidad virtuosa: extraer parte de las ganancias generadas por estas nuevas actividades para financiar la expansión del acceso al agua y saneamiento en las comunidades locales. No como gesto filantrópico, sino como condición estructural del modelo.

Los datos más recientes muestran que la preocupación global por el agua ya no es abstracta ni futurista, sino una realidad tangible de nuestro tiempo. Un análisis publicado recientemente revela que la mitad de las 100 ciudades más grandes del planeta están ubicadas en zonas de alto o extremadamente alto estrés hídrico, donde la demanda de agua se acerca —e incluso supera en algunos casos— a la disponibilidad natural de recursos, afectando metrópolis como Beijing, Delhi, Los Ángeles o Río de Janeiro.

Paralelamente, en el Foro Económico Mundial en Davos se lanzó la iniciativa Get Blue™, que une a grandes marcas globales como Gap, Amazon, Starbucks y Ecolab para acelerar el acceso a agua y saneamiento seguro a través de alianzas empresariales y modelos de financiación sostenibles. Estos dos hechos, ocurridos mientras el mundo debate el informe de la ONU, subrayan que la crisis hídrica ya no es un problema marginal, sino un tema urgente en la agenda pública, corporativa y geopolítica global.

Tal vez el mundo esté entrando en una etapa donde los países ya no se clasifiquen solo por su riesgo crediticio, sino por su riesgo hídrico. Donde el agua sea tan determinante como la energía o la estabilidad macroeconómica.

Argentina conoce bien lo que significa necesitar ayuda externa para seguir funcionando. Justamente por eso, quizá esté en mejores condiciones de entender lo que hoy enfrentan los países que se están quedando sin agua.