La discusión sobre la velocidad con la que la Argentina logrará consolidar su autonomía energética y el humor del consumidor frente a las pizarras de las estaciones de servicio encontró un baño de crudo realismo técnico. En declaraciones exclusivas para el programa Sin Verso de Ciudadano News, el ingeniero, consultor y ex secretario de Energía y Minería de la Nación, Emilio Apud, desmenuzó la compleja coyuntura que enfrenta el sector en pleno año 2026. Lejos de los discursos triunfalistas del círculo rojo, el especialista advirtió que el reciente incremento de los combustibles y el posterior acuerdo de estabilización de precios responden a una fuerte contracción del mercado interno, al tiempo que arrojó luz sobre la paradoja que obliga al país a seguir importando barcos de Gas Natural Licuado (GNL) a pesar del potencial geológico de la Cuenca Neuquina.

El impacto inmediato en los bolsillos se analizó bajo la lupa de la oferta y la demanda. Al evaluar el reciente aumento de los combustibles y el posterior entendimiento para congelar las tarifas por 45 días, Apud detalló que las refinerías y petroleras debieron recalibrar su botonera comercial al fleje. La decisión corporativa de no aplicar subas drásticas no obedeció a una concesión altruista, sino al enfriamiento directo del consumo de naftas y gasoil. Las empresas entendieron que presionar aún más los surtidores hubiese disparado una migración masiva de usuarios hacia segmentos de menor calidad o, lisa y llanamente, una parálisis mayor de la circulación, forzando un esquema de contención temporal frente al humor social general.

El verdadero debate estratégico de la temporada radica en la infraestructura de transporte antes que en la capacidad de extracción de las cuencas operadas por YPF y sus socios privados. Apud abordó con crudeza la paradoja de Vaca Muerta: cómo un yacimiento con capacidad de escala exportadora mundial convive con la necesidad de amarrar buques regasificadores para cubrir el pico de demanda residencial durante las semanas más frías del año.

"Vaca Muerta tiene todo el recurso, pero la paradoja es que seguimos dependiendo de la importación de barcos de GNL para cubrir el invierno. Esto pasa porque la finalización de las obras clave de infraestructura y las plantas de compresión no alcanzaron el ritmo necesario para procesar y distribuir el fluido hacia los grandes centros urbanos a tiempo para el inicio del ciclo estacional", puntualizó el consultor energético.

Esta restricción logística opera como un cuello de botella financiero para el Palacio de Hacienda. Si bien la balanza comercial del sector camina hacia un superávit estructural irreversible en el mediano plazo gracias al petróleo crudo, el invierno obliga a liquidar divisas de forma anticipada para adquirir cargamentos externos. La autosuficiencia absoluta y el despegue de los proyectos de licuefacción a gran escala demandarán sostener las reglas de juego y la estabilidad regulatoria para canalizar los flujos de inversión privada necesarios para ampliar la red troncal de gasoductos.

El armado de los subsidios a las tarifas públicas fue otro de los puntos álgidos analizados por el exfuncionario de la Nación. Apud plantó bandera contra el actual régimen de la denominada "Zona Fría", un beneficio que históricamente otorgó descuentos masivos en el servicio de gas por criterios estrictamente geográficos. Para el especialista, el modelo actual arrastra distorsiones de manual que asfixian el equilibrio fiscal del Estado al subsidiar de igual manera a hogares de ingresos altos y bajos dentro de una misma región de la Argentina.

La propuesta de sintonía fina que barajan los equipos técnicos del sector apunta a una reforma estructural del beneficio. La meta es migrar desde un subsidio geográfico generalizado hacia una tarifa social focalizada basada estrictamente en la situación socioeconómica verificable del usuario. Bajo este esquema, el Estado nacional mantendría el auxilio financiero únicamente para aquellos hogares e industrias que demuestren fehacientemente la imposibilidad de afrontar el costo real de la energía, desarmando un esquema general de transferencias cruzadas que el mercado energético corporativo considera indispensable corregir para limpiar los balances del sistema regulado.

Este Gobierno, con buen criterio, en su primer año de gestión utilizó el manejo de la energía para cumplir el objetivo urgente y principal, que era estabilizar la macroeconomía, como ocurrió en 2015, y también en parte por tratarse de un año electoral. 

Pero a partir de ahora creo que sería un poco riesgoso no dejar que el sector funcione de acuerdo con las reglas propias de la energía, basadas en la oferta y la demanda, con mucha competencia, porque si no va a tardar más tiempo en establecerse el equilibrio. 

En base a los resultados de los últimos veranos, cuando las temperaturas superan los 32 grados empiezan a aparecer inconvenientes, sobre todo si se trata de varios días continuos con temperaturas elevadas y, en especial, cuando la amplitud térmica es baja, es decir, cuando hay poca diferencia entre el pico diurno y la noche. En ese contexto la situación se complica bastante. A partir de los 32 grados, el sistema queda sujeto a que puedan aparecer inconvenientes por fallas en alguno de los tres segmentos que lo componen: generación, transporte y distribución.

En generación existe una capacidad que no tiene reservas suficientes. Sumando toda la potencia disponible en el país —hidroeléctrica, renovable, térmica y nuclear— apenas se llega a cubrir el pico máximo de verano, que ya está rozando los 30.000 megavatios. Un sistema no puede ser confiable si no tiene, por lo menos, un 10% de reserva disponible. Esto significa que ante la salida de una máquina, por ejemplo de Central Puerto, Dock Sud o alguna de la zona del Comahue, se genera un disturbio en el sistema que obliga a cubrir ese faltante de oferta con cortes de demanda.

También hay problemas en el transporte. Hace años que no se invierte en líneas de alta tensión, no solo en las líneas y los transformadores, sino también en tecnología y sistemas de comunicación, lo que los vuelve poco confiables. Prueba de ello son los colapsos que han ocurrido a nivel nacional por fallas o accidentes en líneas y estaciones transformadoras. Además de ser un eslabón clave para la confiabilidad del servicio, el transporte es una restricción importante para el desarrollo de las energías renovables, que generalmente están lejos de los centros de demanda, como la eólica en la Patagonia y la solar en el Noroeste, donde los nodos de conexión al sistema interconectado ya están saturados.

Por último está el sistema de distribución. El único que depende del Estado nacional es el del AMBA, a través de Edenor y Edesur; el resto de las distribuidoras dependen de las provincias, ya sea como empresas provinciales o concesionarias manejadas por los gobiernos locales. Aquí también hay un atraso muy grande como consecuencia de los casi 20 años de congelamiento tarifario, que impidieron que las distribuidoras tuvieran ingresos suficientes para mejorar el servicio. 

El equilibrio sigue siendo muy inestable. En el caso del AMBA y Edesur, se recibieron mayores ingresos tras el acuerdo de actualización tarifaria integral realizado en abril, pero el atraso acumulado en equipamiento, tecnología y gestión va a requerir uno o dos años más para poder restablecerse.

Si se hacen bien las cosas, entiendo que a partir del verano 2027-2028 es muy probable que ya no haya cortes, o que los haya de manera excepcional, porque siempre existen incluso en sistemas más desarrollados, pero la frecuencia y la duración de los mismos deben estar dentro de estándares internacionales.

El populismo energético consistió en dejar contenta a la gente a través del no pago de las tarifas de electricidad. Eso produjo un efecto doble y muy nocivo: exacerbó la demanda y deterioró la oferta.

Por un lado, la gente no cuidaba el consumo ni se preocupaba por comprar artefactos o máquinas de alto rendimiento, que son más caras, pero más eficientes. Dado que la energía que iban a usar estaba prácticamente regalada, se optaba por equipamientos de bajo rendimiento. Además, no existía ningún uso racional de la energía.

En los países más avanzados —o incluso en aquellos no tan desarrollados pero donde la energía se paga a su costo— existen sistemas de construcción de viviendas, oficinas y edificios en general que prevén instalaciones orientadas al ahorro energético: mejoras en aberturas, doble orientación, aislación térmica y otras medidas para reducir el consumo, tanto lumínico como de calefacción y refrigeración.

En los cuatro gobiernos kirchneristas, con señales de precios artificialmente bajas, la demanda se exacerbó. Pero, por otro lado, lo que no pagaba la demanda —que abonaba apenas el 15% o 20%— tampoco lo pagaba el Estado en forma consistente. Si la propuesta hubiera sido seria, el Gobierno habría cubierto ese 80% restante a través de endeudamiento, recursos del Tesoro, inflación o emisión. Pero no lo hizo.

Como consecuencia, se produjo una fuerte desinversión en el sistema. Las empresas distribuidoras no tenían tarifas que permitieran invertir en redes, y las generadoras y los inversores en alta tensión no tenían incentivos, ya que no existía garantía de que esa situación se revirtiera. Un generador dependía del humor del funcionario de turno que debía otorgarle un subsidio, porque lo que no pagaba la demanda tenía que ser cubierto por el Estado para que CAMMESA pudiera pagarle al generador. Era un sistema totalmente incierto.

De este modo, por un lado se exacerbó la demanda y, por otro, cayó la oferta. Esto generó una situación muy grave que derivó en cortes salvajes de electricidad, especialmente en 2013 y 2014. En 2015 la situación mejoró levemente con la actualización tarifaria que realizó el gobierno de entonces.

Otro efecto colateral, no menos importante, fue el impacto en la balanza comercial energética, que llegó a registrar saldos negativos superiores a los 10.000 millones de dólares. Básicamente, la falta de incentivos y el fuerte intervencionismo en precios, en un contexto de alta inflación, provocaron una caída muy marcada de la exploración y, sobre todo, de la explotación de hidrocarburos, en particular en Vaca Muerta y en la producción de gas.

Además, la infraestructura no alcanzaba para cubrir los picos de consumo invernal. Más del 30% de la demanda de invierno se cubrió con importaciones de gas natural licuado, que se regasificaba en dos plantas flotantes instaladas en 2008. Aunque originalmente se preveía su uso por un año, una de ellas todavía sigue operando en Escobar, ya que la de Bahía Blanca fue retirada. Esto implicó un drenaje de divisas muy significativo.

La falta de inversión, principalmente como consecuencia de los cuatro gobiernos kirchneristas en lo que va del siglo, puede estimarse entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, distribuidos en los tres segmentos del sistema eléctrico: transporte, generación y distribución.

Para recuperar la calidad de servicio que existía en 2003 —antes del congelamiento tarifario, las intervenciones del Estado y la creación de mecanismos como el NACE— sería necesario realizar ese nivel de inversión. En aquel momento, la tarifa era plena, los usuarios pagaban lo que correspondía y el sistema venía de casi diez años de fortalecimiento sostenido del sector eléctrico y energético en general.

Por todo esto, es fundamental no repetir esta experiencia nefasta de intervencionismo y populismo en el sector energético, y dejar de utilizarlo como variable de ajuste político en lugar de económico. Incluso el gobierno actual debería avanzar en una mayor liberalización del sector energético para permitir su desarrollo sostenible.