Este Gobierno, con buen criterio, en su primer año de gestión utilizó el manejo de la energía para cumplir el objetivo urgente y principal, que era estabilizar la macroeconomía, como ocurrió en 2015, y también en parte por tratarse de un año electoral. 

Pero a partir de ahora creo que sería un poco riesgoso no dejar que el sector funcione de acuerdo con las reglas propias de la energía, basadas en la oferta y la demanda, con mucha competencia, porque si no va a tardar más tiempo en establecerse el equilibrio. 

En base a los resultados de los últimos veranos, cuando las temperaturas superan los 32 grados empiezan a aparecer inconvenientes, sobre todo si se trata de varios días continuos con temperaturas elevadas y, en especial, cuando la amplitud térmica es baja, es decir, cuando hay poca diferencia entre el pico diurno y la noche. En ese contexto la situación se complica bastante. A partir de los 32 grados, el sistema queda sujeto a que puedan aparecer inconvenientes por fallas en alguno de los tres segmentos que lo componen: generación, transporte y distribución.

En generación existe una capacidad que no tiene reservas suficientes. Sumando toda la potencia disponible en el país —hidroeléctrica, renovable, térmica y nuclear— apenas se llega a cubrir el pico máximo de verano, que ya está rozando los 30.000 megavatios. Un sistema no puede ser confiable si no tiene, por lo menos, un 10% de reserva disponible. Esto significa que ante la salida de una máquina, por ejemplo de Central Puerto, Dock Sud o alguna de la zona del Comahue, se genera un disturbio en el sistema que obliga a cubrir ese faltante de oferta con cortes de demanda.

También hay problemas en el transporte. Hace años que no se invierte en líneas de alta tensión, no solo en las líneas y los transformadores, sino también en tecnología y sistemas de comunicación, lo que los vuelve poco confiables. Prueba de ello son los colapsos que han ocurrido a nivel nacional por fallas o accidentes en líneas y estaciones transformadoras. Además de ser un eslabón clave para la confiabilidad del servicio, el transporte es una restricción importante para el desarrollo de las energías renovables, que generalmente están lejos de los centros de demanda, como la eólica en la Patagonia y la solar en el Noroeste, donde los nodos de conexión al sistema interconectado ya están saturados.

Por último está el sistema de distribución. El único que depende del Estado nacional es el del AMBA, a través de Edenor y Edesur; el resto de las distribuidoras dependen de las provincias, ya sea como empresas provinciales o concesionarias manejadas por los gobiernos locales. Aquí también hay un atraso muy grande como consecuencia de los casi 20 años de congelamiento tarifario, que impidieron que las distribuidoras tuvieran ingresos suficientes para mejorar el servicio. 

El equilibrio sigue siendo muy inestable. En el caso del AMBA y Edesur, se recibieron mayores ingresos tras el acuerdo de actualización tarifaria integral realizado en abril, pero el atraso acumulado en equipamiento, tecnología y gestión va a requerir uno o dos años más para poder restablecerse.

Si se hacen bien las cosas, entiendo que a partir del verano 2027-2028 es muy probable que ya no haya cortes, o que los haya de manera excepcional, porque siempre existen incluso en sistemas más desarrollados, pero la frecuencia y la duración de los mismos deben estar dentro de estándares internacionales.

El populismo energético consistió en dejar contenta a la gente a través del no pago de las tarifas de electricidad. Eso produjo un efecto doble y muy nocivo: exacerbó la demanda y deterioró la oferta.

Por un lado, la gente no cuidaba el consumo ni se preocupaba por comprar artefactos o máquinas de alto rendimiento, que son más caras, pero más eficientes. Dado que la energía que iban a usar estaba prácticamente regalada, se optaba por equipamientos de bajo rendimiento. Además, no existía ningún uso racional de la energía.

En los países más avanzados —o incluso en aquellos no tan desarrollados pero donde la energía se paga a su costo— existen sistemas de construcción de viviendas, oficinas y edificios en general que prevén instalaciones orientadas al ahorro energético: mejoras en aberturas, doble orientación, aislación térmica y otras medidas para reducir el consumo, tanto lumínico como de calefacción y refrigeración.

En los cuatro gobiernos kirchneristas, con señales de precios artificialmente bajas, la demanda se exacerbó. Pero, por otro lado, lo que no pagaba la demanda —que abonaba apenas el 15% o 20%— tampoco lo pagaba el Estado en forma consistente. Si la propuesta hubiera sido seria, el Gobierno habría cubierto ese 80% restante a través de endeudamiento, recursos del Tesoro, inflación o emisión. Pero no lo hizo.

Como consecuencia, se produjo una fuerte desinversión en el sistema. Las empresas distribuidoras no tenían tarifas que permitieran invertir en redes, y las generadoras y los inversores en alta tensión no tenían incentivos, ya que no existía garantía de que esa situación se revirtiera. Un generador dependía del humor del funcionario de turno que debía otorgarle un subsidio, porque lo que no pagaba la demanda tenía que ser cubierto por el Estado para que CAMMESA pudiera pagarle al generador. Era un sistema totalmente incierto.

De este modo, por un lado se exacerbó la demanda y, por otro, cayó la oferta. Esto generó una situación muy grave que derivó en cortes salvajes de electricidad, especialmente en 2013 y 2014. En 2015 la situación mejoró levemente con la actualización tarifaria que realizó el gobierno de entonces.

Otro efecto colateral, no menos importante, fue el impacto en la balanza comercial energética, que llegó a registrar saldos negativos superiores a los 10.000 millones de dólares. Básicamente, la falta de incentivos y el fuerte intervencionismo en precios, en un contexto de alta inflación, provocaron una caída muy marcada de la exploración y, sobre todo, de la explotación de hidrocarburos, en particular en Vaca Muerta y en la producción de gas.

Además, la infraestructura no alcanzaba para cubrir los picos de consumo invernal. Más del 30% de la demanda de invierno se cubrió con importaciones de gas natural licuado, que se regasificaba en dos plantas flotantes instaladas en 2008. Aunque originalmente se preveía su uso por un año, una de ellas todavía sigue operando en Escobar, ya que la de Bahía Blanca fue retirada. Esto implicó un drenaje de divisas muy significativo.

La falta de inversión, principalmente como consecuencia de los cuatro gobiernos kirchneristas en lo que va del siglo, puede estimarse entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, distribuidos en los tres segmentos del sistema eléctrico: transporte, generación y distribución.

Para recuperar la calidad de servicio que existía en 2003 —antes del congelamiento tarifario, las intervenciones del Estado y la creación de mecanismos como el NACE— sería necesario realizar ese nivel de inversión. En aquel momento, la tarifa era plena, los usuarios pagaban lo que correspondía y el sistema venía de casi diez años de fortalecimiento sostenido del sector eléctrico y energético en general.

Por todo esto, es fundamental no repetir esta experiencia nefasta de intervencionismo y populismo en el sector energético, y dejar de utilizarlo como variable de ajuste político en lugar de económico. Incluso el gobierno actual debería avanzar en una mayor liberalización del sector energético para permitir su desarrollo sostenible.