Argentina, un país que alguna vez fue la potencia económica de Sudamérica, hoy está atado de pies y manos por una maraña de subsidios que han convertido la cultura del trabajo en una reliquia. Nos encontramos en una nación donde millones de personas viven del esfuerzo ajeno, sin la más mínima intención de romper con la cadena de dependencia que los mantiene cómodos en su situación. Son los “Ni-Ni”: ni trabajo, ni estudio. 

¿Cómo llegamos a esto? Fácil: décadas de gobiernos populistas que han fomentado el asistencialismo y han destruido la ética del esfuerzo. Actualmente, según datos de ANSES, 17 millones de argentinos reciben algún tipo de asistencia del Estado, y de ellos, cerca de cuatro millones dependen 100% de estos subsidios sin otra fuente de ingresos. En un país con 46 millones de habitantes, esto significa que casi uno de cada tres argentinos vive del dinero de los contribuyentes. Esta situación no solo es insostenible económicamente, sino que también es una condena social: hemos fabricado generaciones enteras sin cultura del trabajo, con abuelos, padres e hijos que jamás han conocido lo que es un empleo formal.

Los gobiernos anteriores, en lugar de tomar medidas drásticas para terminar con esta epidemia de parasitismo, han ampliado los programas sociales, repartiendo dinero como si se tratara de caramelos. La Asignación Universal por Hijo, el plan Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y otros 141 programas de asistencia no han hecho más que cronificar la pobreza. Y lo peor: han convertido la dependencia en un negocio para los punteros políticos, que utilizan estos planes como herramientas de control electoral.

Frente a esta crisis, el Estado ha implementado diversas iniciativas que, lejos de resolver el problema, parecen perpetuarlo. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se han establecido los Centros de Inclusión Social (CIS), destinados a brindar alojamiento, alimentación e higiene a personas en situación de calle, con el objetivo de promover su reinserción social. Además, se ha habilitado la Línea 108, un servicio telefónico para reportar casos de personas en situación de calle y coordinar su asistencia. 

A nivel nacional, se han propuesto revisiones en la asignación de planes sociales para hacer más eficientes los programas de asistencia y el gasto social, en línea con acuerdos internacionales. Sin embargo, estas medidas no abordan la raíz del problema: la falta de incentivos para que los desanimados abandonen la dependencia estatal y se integren al mercado laboral formal.

Los intentos del gobierno de fomentar el empleo a través de planes como Puente al Empleo han fracasado. Las empresas no contratan a aquellos que se inscriben en este programa por su incapacidad para desarrollar los distintos trabajos posibles, y los jóvenes, en su mayoría, no quieren trabajar por sueldos que consideran bajos en comparación con lo que pueden recibir de los subsidios sin mover un dedo. El propio Estado compite contra la voluntad de trabajo y sus propios proyectos de reinserción. ¿La solución? Terminar con estos beneficios indiscriminados, fomentar el trabajo y reintroducir la meritocracia como pilar fundamental de la sociedad.

Es hora de terminar con el modelo de país en el que el Estado es una niñera gigante que mantiene a millones que podrían incorporarse al mercado de trabajo. Los planes sociales deben ser eliminados progresivamente, con un límite de tiempo estricto y sin posibilidad de renovaciones infinitas. Deben reformarse con un enfoque que premie la inserción laboral, reducir la carga impositiva para empleadores que contraten beneficiarios y establecer un plazo máximo de asistencia podrían ser medidas efectivas para revertir la crisis. El trabajo debe volver a ser un valor central, y la meritocracia tiene que imponerse sobre el asistencialismo.

Si seguimos este camino de dependencia y beneficios sin fin, Argentina no tendrá futuro. Es momento de dejar de premiar la vagancia y volver a construir un país basado en el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo genuino. Basta de financiar la miseria. Basta de mantener a quienes no quieren contribuir. Es hora de despertar.

Desde hace décadas, el debate sobre el aborto en nuestro país ha sido el terreno de batalla de una verdadera lucha ideológica. Porque lo que se presenta como una respuesta a los reclamos de una supuesta mayoría es, en realidad, un ardid de la izquierda y el feminismo para reconfigurar la sociedad a su imagen y semejanza manipulando la opinión pública con la única finalidad de velar por sus intereses.

La consolidación de esta ley en diciembre de 2020 fue presentada por el gobierno de Alberto Fernández como una respuesta a una supuesta crisis de salud pública. Sin embargo, los datos oficiales indican que las muertes maternas por interrupción de embarazos eran significativamente bajas antes de su sanción.

Según el Ministerio de Salud, en 2019 se registraron 18 muertes de madres por esta causa en todo el país, representando apenas el 0,16% de los fallecimientos de mujeres en edad fértil, cifra que se mantuvo incluso luego de su implementación estatal.  El llamado a la “libertad de elección” se revela, en realidad, como un pretexto para imponer una visión del mundo en la que la vida y la familia se relegan a un segundo plano.

En este contexto, podemos interpretar la promoción de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del gobierno de Fernández como una estrategia política para desviar la atención de otros temas críticos, como la gestión de la pandemia y la situación económica. Al centrar el debate público en torno a este tema, el gobierno buscó consolidar el apoyo de sectores progresistas y feministas, mientras relegaba a un segundo plano otras problemáticas urgentes que afectaban a la sociedad argentina en ese momento.

Esto se ve reflejado en los datos, ya que, según la Unidad de Datos de Infobae, la imagen negativa del expresidente era de un 60% fruto del descontento popular producido por la cuarentena, pero luego de esta sanción, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la aprobación de su gestión se situaba en el 48,7%, con una desaprobación del 49,4%. Detrás de la retórica de la “conquista de derechos” se oculta, en realidad, una estrategia calculada para desviar la atención de los problemas reales.

Además, el gobierno de Fernández, al impulsar esta polémica, encontró en el aborto un instrumento eficaz para movilizar a sectores progresistas y feministas, consolidando así una base de apoyo que, en otros momentos críticos, habría exigido soluciones concretas a la emergencia que atravesaba el país.

Para entonces, el debate público se ha convertido en una trampa ideológica. Los defensores de esta medida, al centrarse exclusivamente en la supuesta defensa del derecho individual, ignoraban deliberadamente las consecuencias éticas y sociales de una práctica que atenta contra el principio fundamental de la protección de la vida. Así, mientras se celebraba una victoria en el terreno de la imagen política, se ocultaban las verdaderas prioridades: el bienestar y la seguridad de las familias y de la sociedad en su conjunto.

En conclusión, es imperativo retomar el debate sobre la legalización del aborto desde una perspectiva que trascienda la retórica ideológica y se base en datos científicos y económicos precisos. No se trata únicamente de discutir derechos, sino de analizar el impacto real en el gasto público. Estudios del Ministerio de Salud sugieren que el costo promedio de esta práctica es de US$ 4.269.182, cifra que demanda una revisión exhaustiva en tiempos de restricciones presupuestarias, sobre todo teniendo en consideración que, hasta el último dato disponible, recopilado en 2023, se realizaron 245.015 interrupciones legales del embarazo, lo que evidencia su alto gasto y su pobre uso.

Es imperiosa, también, la necesidad de demandar, para acceder a un debate correcto en sus formas y contendidos, sin sesgos políticos, una información certera respecto a los riesgos de esta práctica, cuándo se concibe la vida, los métodos anticonceptivos disponibles y su respectivo uso, entre otros temas.

Los datos matan a los relatos. Solo a través de un debate informado, que integre cifras reales y argumentos científicamente sustentados, podremos garantizar que las decisiones públicas respondan a las necesidades genuinas de la sociedad y optimicen el uso de los recursos estatales.

En el sur de Argentina, particularmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, se ha consolidado un fenómeno que genera preocupación tanto por su impacto en la seguridad jurídica como en la convivencia social: la ocupación ilegal de tierras por parte de grupos que se autodenominan "mapuches", aunque en muchos casos su vínculo real con este pueblo originario es, cuanto menos, cuestionable.

Lejos de tratarse de una reivindicación legítima, estas acciones han sido aprovechadas por organizaciones extremistas que, bajo la bandera de la restitución territorial, promueven una agenda de violencia y confrontación. Su objetivo parece claro: desestabilizar el orden social y político del país. A través de actos de intimidación, como incendios, cortes de ruta y usurpaciones, estos grupos han llevado adelante una campaña que no solo afecta a productores rurales y empresarios, sino que también pone en jaque la integridad del Estado argentino.

Desde 2015, las tomas de tierras han ido en aumento, afectando miles de hectáreas tanto de propiedades privadas como fiscales. Un caso emblemático es el de la comunidad "Lof Mapuche Pu Lof en Resistencia", en Chubut, donde grupos radicalizados, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), han ocupado tierras de manera violenta, generando confrontaciones con las fuerzas de seguridad y con los habitantes de la región. La RAM, recientemente catalogada como "grupo terrorista" por las autoridades, ha sido señalada como uno de los principales actores detrás de estos hechos.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es la aparente vinculación de algunos de estos grupos con sectores de la izquierda radical, que buscan impulsar una agenda política ajena a los reclamos históricos de las comunidades mapuches. En cambio, su accionar parece orientado a desestabilizar el orden institucional. Un ejemplo de esto fue el ataque armado a la comitiva de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en 2020, que puso en evidencia el nivel de violencia que estos grupos están dispuestos a ejercer.

Según informes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, en los últimos años se ha registrado un incremento en los actos de violencia vinculados a estas ocupaciones. En 2022, por ejemplo, se documentaron más de 100 casos de ataques en el sur del país, muchos de ellos atribuidos a la RAM y a otros grupos como la comunidad Lafken Winkul Mapu. Además, en provincias como Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) ha sido señalado por acciones similares.

Frente a este escenario, es imperativo que el Estado actúe con firmeza para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad de las instituciones. La violencia y el terrorismo no pueden ser tolerados ni minimizados, ya que representan una amenaza directa a la paz y la estabilidad del país. Es fundamental que se tomen medidas concretas para desarticular estos grupos, proteger a los afectados y asegurar que la ley se cumpla en todo el territorio nacional.

La manipulación de la identidad mapuche para justificar actos de violencia no solo es un fraude, sino que también dificulta cualquier posibilidad de diálogo y solución pacífica. La única manera de avanzar es a través de un compromiso firme con la legalidad, la justicia y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos. Argentina no puede permitir que la violencia se imponga como método para resolver conflictos.

En Argentina, el debate sobre la ideologización de la infancia ha alcanzado niveles alarmantes. En nombre de la "diversidad" y la "inclusión", se está imponiendo una agenda que atenta directamente contra la inocencia y el desarrollo natural de los niños. Nos encontramos con una realidad escalofriante: ciertos sectores progresistas promueven la transición de género en menores, sin que estos tengan la capacidad de discernir las consecuencias de decisiones tan drásticas e irreversibles.

La Ley 26.743 de Identidad de Género permite que los niños cambien su identidad registral con el consentimiento de sus representantes legales y la asistencia de un abogado del niño. Esto plantea una interrogante crucial: ¿de verdad un menor tiene la capacidad de tomar una decisión de esta magnitud? En cualquier otro ámbito, la ley reconoce que un niño no puede realizar modificaciones permanentes y/o significativas en su cuerpo, como podrían ser unos tatuajes, precisamente porque no tiene la madurez suficiente. Sin embargo, cuando se trata de modificar su identidad de género, de repente se los considera plenamente capaces.

Si bien la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 26.061 dicen velar por la protección de los menores, parece que su aplicación es selectiva. La Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Argentina está suscripta, establece que se debe priorizar el bienestar del menor por sobre cualquier ideología. ¿Realmente se está priorizando su bienestar, o simplemente se los está usando como campo de experimentación socialorquestado por un sector minoritario no solamente de la sociedad, sino de la política misma?

En respuesta a esto, podemos observar que existe un ocultamiento de los datos referentes a los jóvenes que se someten a estos tratamientos irreversibles, como tampoco existen datos concretos respecto a cuántos menores se inscriben en el ojo vigilante del estado como personas trasngénero. Esto es visible en los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), ya que estos revelan que, desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, se realizaron 12.655 rectificaciones registrales. De ellas, aproximadamente el 55% correspondió a personas de entre 18 y 29 años, mientras que los datos sobre las personas no adultas no existen.

Incluso es visible, además de la omisión ventajosa de cierta información, un ocultamiento de las consecuencias de estas prácticas. Por ejemplo, investigaciones han señalado que los bloqueadores de la pubertad pueden tener efectos negativos en diversos sistemas del cuerpo, incluyendo el esqueleto, sistema cardiovascular, tiroides, cerebro, genitales, sistema reproductivo, sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos,  sistema inmunológico; como también el uso de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) puede aumentar las posibilidades de suicidio. Sumado a esto, se realizó un estudio con 237 participantes que reveló que el 70% se arrepintió de su transición tras darse cuenta de que esta estaba relacionada con otros problemas, como condiciones de salud mental comórbidas, trastornos del espectro autista, traumas o internalización de misoginia y homofobia; cuestiones que no fueron ni son mencionadas por la política, por el Estado y sus organismos judiciales, quienesson los que autorizan estas transiciones, o por los medios masivos de comunicación, quienes se encargaron durante años de trabajar en conjunto con la izquierda con el objetivo de promover estas aberraciones.

En este contexto, la pregunta final es inevitable: ¿realmente estamos protegiendo a nuestros niños, o los estamos exponiendo y descuidando? Bajo el disfraz de "inclusión" y "respeto", se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas en desarrollo, imponiéndoles decisiones para las cuales no tienen capacidad de discernimiento. Es hora de frenar esta locura. La infancia debe ser un espacio de juego, aprendizaje y crecimiento sano, libre de manipulaciones ideológicas. Si un niño de cinco años dice que es un dinosaurio, no se lo somete a cirugías para parecerse a uno. Sin embargo, si dice que es del género opuesto, hay quienes están dispuestos a alterar su cuerpo y su vida de manera irreversible. No existen los menores trans. Jamás debemos de tolerar eso.

La delincuencia en nuestro país es un problema que hemos arrastrado durante años fruto de las ideologías populistas de izquierda, proteccionistas frente a aquellos que vulneran la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos de bien, oponiéndose a combatir directamente al criminal y proponiendo abordajes ineficientes e ineficaces, generando así una problemática de doble entrada.

El crimen, en algunos sectores de la sociedad, se transforma en el capital cultural incorporado de las nuevas generaciones, normalizándolo e incorporándolo como forma de vida. Esto se ve reflejado en las estadísticas nacionales, por ejemplo, en la Ciudad, la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) registró un total de 2.197 causas penales que involucraron a menores, los cuales el 3% de estas causas correspondió a diferentes actos contra la propiedad, principalmente robos en diversas modalidades, mientras que el 17% restante incluyó delitos contra la integridad sexual, la administración pública, las personas y la libertad. El 90% de los menores implicados fueron varones, principalmente de 16 y 17 años. 

El enfoque garantista no le permitió a las fuerzas de Seguridad hacer su trabajo, ya que, según el Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina, en el año 2023 solo nueve de las 24 jurisdicciones del país (el 37.5% de estas) lograron mantener o reducir la cifra de adolescentes en conflicto con la ley en comparación con el año anterior, reflejando que, el Estado y su monopolio de la violencia, es vencido por un grupo de menores de edad que se ganan la vida “saliendo de caño”.

Podemos ver reflejados estos números en el reciente acontecimiento del partido de Vicente López, en el que tres jóvenes ingresaron a la casa de una mujer de 92 años, la cual ataron de pies y manos y le robaron 50.000 pesos, 200 dólares, alhajas y un iPhone. Durante el robo, los delincuentes se tomaron una selfie frente a un espejo, en la que se observa a la víctima atada en la cama al fondo. Esta imagen fue publicada en redes sociales con la fría leyenda: "La chispa es una, fue".

Además, es fundamental señalar el impacto de la decisión de liberar presos durante la pandemia de COVID-19. Miles de detenidos obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria debido al riesgo sanitario, pero muchos de ellos nunca regresaron a las cárceles. Esta medida no solo generó una sensación de impunidad sino que también incrementó el nivel de inseguridad en las calles. La falta de un control efectivo sobre quienes debían cumplir condenas fuera de los penales agravó la crisis de seguridad que ya enfrentábamos.

El gobierno debe actuar con urgencia, las leyes deben endurecerse para garantizar que los responsables de estos crímenes paguen por sus actos, independientemente de su edad. La seguridad de nuestros ciudadanos, y en especial la de nuestros mayores, debe ser una prioridad. No podemos seguir permitiendo que los jóvenes criminales sigan burlándose del sistema judicial. La justicia tiene que ser firme, y nuestra sociedad no puede quedarse de brazos cruzados mientras la delincuencia se apodera de nuestra realidad.

En los últimos años, hemos sido testigos de un fenómeno alarmante que demuestra la destrucción parcial y la manipulación del sistema judicial en favor de la mujer. A medida que se han incrementado los casos de divorcios, disputas de custodia y denuncias por violencia doméstica, surge un patrón preocupante: madres que, en lugar de buscar la verdad y el bienestar de los infantes, los utilizan como un escudo en sus enfrentamientos legales con sus padres en favor de su propio beneficio, sin considerar siquiera el deseo de sus hijos.

Esta circunstancia no es un simple accidente, sino una estrategia premeditada que está siendo aprovechada por muchas en su afán de obtener ventajas legales o económicas a costa del hombre, sin tener en cuenta el daño que esto provoca. La ley debería ser un garante de la justicia imparcial; sin embargo, se ha convertido en un arma de doble filo, donde la maternidad se erige como un garante del éxito en la corte.

El caso de Sebastián Domenech, quien desde 2015 no ha podido ver a sus hijos debido a una denuncia desestimada pero con restricciones cautelares vigentes, es solo uno de muchos. En paralelo, el sistema que debería proteger a los menores muestra su parcialidad, como quedó evidenciado en el caso de Lucio Dupuy. Este niño de 5 años fue asesinado por su madre y su pareja en 2021, luego de que el sistema judicial le otorgara la custodia a la madre pese a múltiples denuncias por violencia. Lucio es el rostro más trágico de un sistema que prioriza la formalidad sobre el bienestar infantil.

El presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ascendió en 2023 a $20.000 millones de pesos, destinado mayormente a campañas de visibilización. Mientras tanto, un estudio de 2020 de la Defensoría del Pueblo reveló que el 25% de las denuncias de violencia en disputas legales terminan desestimadas, pero no sin antes haber destruido vínculos familiares.

Es urgente que la sociedad, y particularmente las autoridades judiciales, tomen medidas para que la ley deje de ser el refugio de aquellos que buscan destruir la vida del otro sin considerar el daño colateral (angustia, problemas de identidad, sociabilización, aprendizaje, autoestima, de confianza, entre otros) que infligen hacia los más inocentes de todos: los hijos. Los derechos de los jóvenes no deben estar sujetos a los intereses personales de sus padres. 

La justicia debe ser imparcial, y el bienestar de los niños debe ser lo único que verdaderamente importe. Como sociedad, también tenemos la tarea y el deber de condenar este tipo de accionar, velar por la presunción de inocencia del denunciado y, sobre todas las cosas, exigir reformas en el código penal para velar, no solamente por los más vulnerables, sino por la propia legalidad. Una reforma efectiva sumada a una doble condena (social y judicial) frente a estas aprovechadoras son los factores clave para poder erradicar este nuevo fenómeno que es tan perjudicial para todos.

La irrupción del feminismo de cuarta ola ha traído consigo una serie de propuestas que, a simple vista, podrían parecer razonables, pero que, en realidad, esconden una agenda que va mucho más allá de la simple lucha por la igualdad de género. Lejos de abogar por un trato equitativo entre hombres y mujeres, este movimiento ha comenzado a adoptar posiciones que, a lo largo de los años, se han convertido en un claro intento de establecer la superioridad femenina a través de una “igualdad de a ratos”, una “igualdad por conveniencia”.

¿Qué se entiende hoy por "igualdad"? Para este nuevo feminismo, la respuesta parece ser que la igualdad no es simplemente dar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, sino que, bajo su discurso, los hombres deben ser despojados de ciertos “privilegios” para ceder espacio a una mujer que, según dicen, ha estado oprimida durante siglos. Ahora bien, ¿quién determina esos "privilegios"? ¿Acaso no estamos hablando de una inversión de roles donde se favorece a un grupo por encima del otro? En este escenario, en lugar de remover privilegios, los hombres se ven despojados de sus derechos básicos, incluso en ámbitos donde no ha existido una discriminación sistemática. Un ejemplo de esto sería el ámbito judicial, en el que, según el género del denunciado/denunciante el castigo será uno u otro.

El caso de Lucio Dupuy refleja claramente esto: Dupuy fue un niño de 5 años que falleció el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, como resultado de graves abusos físicos y psicológicos por parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez, quienes, incluso habiendo señales claras y registros médicos de lesiones previas denunciadas por el padre para recuperar su tenencia, eran las adultas responsables del menor. A pesar de esto, la justicia negó transferir la tenencia al padre, incluso ante las evidencias presentadas, y se hizo presente solamente cuando Lucio ya había sido asesinado.

El feminismo actual no solo ha perdido el rumbo, sino que ha comenzado a tener un impacto negativo sobre el diálogo entre los géneros y en el funcionamiento de la sociedad contemporánea. De seguir por este camino, corremos el riesgo de que esta fomente supremacías basadas en el género. En lugar de crear un mundo de igualdad, este movimiento está sembrando el terreno para un conflicto innecesario, uno que favorece a un sexo sobre el otro y que distorsiona la verdadera lucha por la equidad. Casos como el de Lucio nos recuerdan que debemos fomentar la protección de los más vulnerables, sin importar el género de quienes estén involucrados. Que la igualdad sea siempre para todos, y en todos los casos.

La Educación Sexual Integral (ESI) se presenta con una premisa que, a primera vista, representaría la solución a ciertas fallas que posee la Educación Sexual tradicional, ya que esta se enfoca únicamente en la biología y en la prevención de enfermedades o embarazos no deseados, dejando de lado distintas cuestiones igual de importantes; ya sea la necesidad de consentir, qué hacer y a quién acudir ante una situación de violencia o abuso, entre otros. De esta forma, logra asentarse como algo que debe de ser un axioma en la sociedad contemporánea; no debe de ser cuestionada bajo ningún aspecto, y el que lo haga estaría “atentando contra los derechos adquiridos de las minorías y perjudicando la educación de las nuevas generaciones”.

Es aquí cuando se genera esta problemática, y es que ante esta imposibilidad social de ser cuestionada es cuando las agendas políticas comienzan a aprovecharla para imponer sus agendas, sexualizando y adoctrinando a los menores de todas las edades y de todos los ciclos escolares (inicial, primaria y secundaria). Repasemos dos ejemplos:

•En la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof se ha usado la ESI para difundir una visión particular sobre la sexualidad y los géneros en 2021, distribuyéndole a los docentes de educación primaria y secundaria distintos textos los cuales incluían conceptos como “autogestión de la sexualidad” y “diversidad de género”. Estos textos, lejos de limitarse a proporcionar información objetiva sobre el cuerpo humano la prevención de enfermedades o cómo atravesar los cambios propios de esas edades, introducían una serie de nociones filosóficas y políticas que apelaban a un concepto de género fluido y a la necesidad de cuestionar la tradición heterosexual. Estos textos fueron repartidos en todas las escuelas, generando un gasto enorme que llega a la cifra de $4.385.048.920 pesos.

•En la provincia de Mendoza, en el año 2024, se generó un gran escándalo cuando se proporcionó a los menores una colección de novelas llamada “Identidades bonaerenses” regulada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, altamente explícitas con frases como estas: “Apoyó el hueco de su c… en la punta de la mía y empezó a moverse”; “...contó que sexo oral significa que el hombre le ponga el pito en la boca a la mujer y que ella chupe…”; “Sacó su p… por encima del bóxer y me la acercó a la boca…”

Es por esto que resulta urgente pensar en una ESI descentralizada, que no dependa exclusivamente de los vaivenes políticos o de la agenda de turno. La ESI debe mantenerse dentro de un marco que sea genuinamente científico y objetivo, respetuoso de la diversidad de opiniones y contextos, y que busque siempre priorizar el bienestar de los jóvenes sin la imposición de dogmas ideológicos. El respeto por los valores familiares, culturales y religiosos también debe ser considerado, permitiendo que cada comunidad tenga voz en la manera en que se aborda la educación sexual. Solo así podremos garantizar que la ESI cumpla con su verdadero propósito: educar para el respeto, el conocimiento y la libertad, sin dejar espacio para la manipulación ni la imposición de ideologías ajenas al interés y aptitudes de los niños, niñas y adolescentes. ¡Con los niños NO! No naturalicemos la perversión con menores. Son el futuro. Cuidemos a nuestros niños.