El programa lllamado la Educación Sexual Integral inicialmente consistía en brindar a los chicos el conocimiento y los valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable integrando aspectos biológicos (reproducción, dimorfismo sexual: varones y mujeres), psicológicos (autoestima, emociones), sociales (igualdad entre varones y mujeres) y éticos (respeto, consentimiento), siempre adaptados a la edad y al desarrollo de los estudiantes.

Pero, con el tiempo, la ESI se convirtió en algo más: una herramienta de reingeniería social que busca cambiar la cultura tradicional y moldear cómo los chicos se ven a sí mismos. La implementación abarca a todos los niveles educativos, desde los iniciales hasta niveles superiores, tanto en establecimientos educativos estatales como privados según el diseño del Ministerio de Educación. Además se transversaliza a todas las asignaturas y se garantizan programas de capacitación permanente a los educadores en el marco de la formación docente continua, y la inclusión de los contenidos y didáctica de la ESI en programas de educadores.

Hoy, la ESI promueve la idea anticientífica de que el sexo puede cambiarse según la “autopercepción”. Según la Ley Nacional de Identidad de Género de 2012, se enseña que la “identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento”. Esto obliga a las escuelas a afirmar las autopercepciones de los estudiantes, incluso si van en contra de su sexo, so pena de enfrentar críticas o sanciones. La narrativa se presenta como inclusiva, como si fuera una forma de ampliar derechos y luchar contra la discriminación, pero en realidad empuja una visión que desconecta la realidad biológica de cómo uno se “siente”.

Los documentos oficiales indican que hay que “rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad”, pasando de “tolerar” lo diferente a “valorar positivamente la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos”. Suena lindo, pero en la práctica fomenta que los chicos cuestionen su cuerpo desde una perspectiva subjetiva. Por ejemplo, un manual para chicos de 12 años, en una sección llamada Mi diario de ESI, pregunta: “¿Qué cosas me preocupan o me gustaría cambiar de mi cuerpo?”. Esto invitaría a los chicos a ver su cuerpo como algo que pueden moldear según sus deseos. A esa edad, cuando están formando su identidad, esto puede generar confusión.

Este programa promociona la ideología de la identidad de género, que normaliza la idea de que el cuerpo es maleable y que, según la voluntad personal, es positivo modificarlo a través de hormonas o cirugías, tal como garantiza la ley trans. Se presenta como una forma de “respetar la diversidad sexual” y “problematizar el sentido común patriarcal” que, según dicen, oprime a mujeres, disidencias sexuales, minorías raciales, indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Esto crea una nueva jerarquía social donde el respeto a las autopercepciones está por encima de todo, incluso llevando a cambios como baños “inclusivos” en lugar de los segregados por sexo. ¿Cuál es el mensaje oficial hacia la sociedad? Que en los lugares que eran exclusivos, se debe respetar a un hombre autopercibido como mujer, ignorando el instinto innato de protección de las niñas y mujeres. Estas normativas, que priorizan a la autopercepción, pone en riesgo la seguridad de mujeres y niñas al desdibujar sus espacios seguros y deslegitimar sus derechos basados en su sexo.

La ideología de género transforma los patrones culturales a partir de un lenguaje tramposo. Con eufemismos como “transición social”, “no binario”, con palabras con doble sentido como inclusión (que suena a aceptación pero limita la libertad de expresión) o diversidad (que aparenta tolerancia a una variedad de formas de ser pero solo se trata de tener en la práctica uniformidad de opiniones alineadas con las autopercepciones); y el lenguaje inclusivo, que a propósito confunde la expresión de la diferencias biológicas de las personas con su género gramatical, para borrarlas.  

Las escuelas, muchos docentes y autoridades y hasta algunos estudiantes son dirigidos a actuar como activistas de esta agenda, ya sea por mandato oficial o por convicción en muchos casos. ¿Por qué este giro? Porque responde a una agenda global que hace de la institución del género un negocio rentable, financiado en Argentina básicamente por el Estado, en cooperación con los organismos internacionales de la ONU y otras fundaciones filantrópicas, y grupos de interés nacionales. En su diseño actual, las instituciones educativas parecen priorizar transformar la sociedad, redefiniendo cómo entendemos las relaciones humanas, la familia y el rol del Estado.

También se crea el concepto engañoso de “adultocentrismo” para cuestionar la autoridad de los padres, diciendo que priorizar la visión de los adultos es opresivo para los chicos. Según el Código Civil y las directrices educativas, esto pone al niño y su autopercepción como un derecho superior, por encima de la patria potestad de la familia. Así, la escuela, la legislación y el Estado se alinean con el menor, rompiendo la relación tradicional entre familia, niño y escuela. Este cambio da poder a la escuela para imponer la ideología de género sin el consentimiento de los padres, presentándose como un avance en los derechos de los menores.

El problema es que, bajo su matriz ideológica actual, se ha convertido en una imposición más que en educación, ya que no deja lugar al debate debido a su carácter autoritario. Aclaremos, la educación sexual debería volver a lo básico: una educación acorde a la edad de los chicos sobre biología, respeto, igualdad entre varones y mujeres, prevención de abusos, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. La escuela tiene que ser un lugar para aprender, no para inocular una nociva visión particular del mundo.

 Se está librando una batalla silenciosa sobre lo que denomino el "negocio de género". Este vende a la ideologí­a de la identidad de género afirmando que el sexo es mutable, pero enfrenta resistencia de gobiernos opuestos a estas polí­ticas.

Ha logrado expandirse con el apoyo de organismos internacionales bajo el pretexto de los derechos humanos. La condición para florecer es arraigarse desde dentro de las instituciones. Se instala en donde se sancionan leyes, crean burocracias y estructuras educativas, normativas médicas y líneas argumentativas para los tribunales. Sus activistas, bajo la forma de polí­ticos, especialistas y académicos, generan una demanda artificial y así­ movilizan los recursos del Estado en los paí­ses pobres.

La agenda transnacional de género beneficia a sus promotores locales a costa de los derechos de las mujeres, de sus espacios y oportunidades, así­ como de la desprotección de los niños como se viene denunciando largamente. 

El contragolpe viene con medidas como la eliminación de polí­ticas LGBT en Argentina (diciembre 2023) y restricciones en EE.UU. (enero 2025) a fondos federales activados hasta en paí­ses extranjeros. Tal es el caso de la suspensión de fondos a la publicación argentina Anfibia o de un seminario financiado por la Agencia del Departamento de Estados Unidos para la Ayuda Internacional (USAID) de u$s 55,000 solo para periodistas mujeres y LGBTQ sobre cambio climático en Argentina.

Lideran esta agenda los organismos de las Naciones Unidas (ONU) que transversalizan el tema de género en todas las instancias posibles. Estos suministran asistencia técnica, financiamiento o simplemente el respaldo de que el programa nacional sigue estándares de la ONU. En Argentina se suman otras ONGs, fundaciones por un lado, y por otro, el apoyo de la élite progresista movilizando fondos públicos. 

Aunque los ejemplos son limitados, creemos que revelan un claro patrón de influencia.

Fuerzas globales en la política argentina

Según el Global Resources Report 2021-2022 financiadores internacionales destinaron u$s 51,117,886 a proyectos LGBTI en América Latina y el Caribe, con Argentina recibiendo u$s 1,258,345. Impulsaron la agenda de género fundaciones como Wellspring Philanthropic Fund, Arcus Foundation y gobiernos como EE.UU., Canadá y Paí­ses Bajos, aunque no se detalla a las organizaciones destinatarias.

Distorsión trans: salud en riesgo

La salud de género es un rubro fundamental en el negocio. Por ejemplo, entre 2006-11, organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud apoyaron al Ministerio de Salud y la Secretarí­a de Diversidad Sexual de Rosario para la atención de personas trans. Los gobiernos confunden sexo con género, ya que registran identidades, seis años antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género de 2012 (n°26.743). UNFPA y ONUSIDA asistieron al programa VIH-sida en 2010, formando en transgenerismo, mientras que en 2012, junto a UNESCO, UNICEF y la Fundación Huésped, instruyeron a los medios de comunicación sobre cómo informar correctamente sobre las identidades de género. La PNUD impulsó Consultorios Amigables oficializando la agenda. De esta manera, con la ley trans se pone en peligro la salud de los menores con tratamientos hormonales de modificación corporal como ya se advierte en Chile, Finlandia, Reino Unido, algunos estados de EE.UU. y Noruega. Además se maximiza la penetración del producto trans en todo el sistema público, además de convertirse a los registros públicos en datos distorsionados. 

Adoctrinando con fondos globales

El sistema educativo acrecienta la demanda al presentar que la autodeterminación de la identidad de género es un DDHH. Organismos de la ONU como UNESCO y UNFPA, lideran estos proyectos junto a Spotlight (apoyada por la Unión Europea). UNICEF dicta que la ESI sea obligatoria para garantizar salud, diversidad e igualdad de género. Gobiernos como Canadá aportan u$s CAD 20 millones en 2024 para una iniciativa global de ESI (2024-27) incluyendo Argentina. 

George Soros, de Open Society Foundations con la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner en 2012.

La Open Society Foundations (OSF) de George Soros es una de las ONG más conocidas por llevar adelante la agenda de las causas progresistas. OSF colaboró con el Ministerio de Educación argentino, cuyo ministro reafirmó la igualdad de género como prioridad. Asimismo subvenciona con u$s 200.000 al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) para educación en igualdad, con becas de u$s 40.000 a jóvenes feministas para ESI, y con u$s 200.000 en 2023 a Mujeres Trans Argentina para derechos LGBTQ, entre otras. Estas organizaciones parecerí­an depender de fondos externos, ¿sin ellos este activismo perderí­a fuerza?

Leyes a medida con dinero extranjero

Para imponer la idea de la identidad de género, se usan los litigios estratégicos a fin de desafiar leyes y quitar trabas. Ese es el caso del conductor mediático Flor de la V, que en 2011 logró que se aceptara cambiar el sexo en sus documentos solo con su declaración. Lo apoyaron la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA). No hay pruebas claras de quién puso el dinero, pero como la FALGBT forma parte de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), pudieron recibir ayuda o fondos de grupos extranjeros que empujan estos temas. Además, el gobierno de ese momento animaba fervientemente a estas ideas, lo que facilitó las cosas sin necesitar grandes desembolsos económicos. OSF ha apoyado largamente a la ONG argentina llamada Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Solo en este último perí­odo ha comprometido u$s 2.500.000 en concepto de apoyo institucional 2022-25. Una de las más recientes acciones es impulsar un amparo de trece varones, “trece travestis y mujeres trans”, para lograr una pensión por discriminación y violencia institucional. 

ONU Mujeres, que se supone que defiende a las mujeres y niñas, también financia a estos juicios por la agenda de género. En 2020, entregó 150.000 dólares a la Fundación Andhes (Abogados) y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (sic) un grupo de abogadas del Noroeste argentino, para defender a mujeres cis, trans y lesbianas que enfrentan violencia. En 2022, dio 117.500 dólares a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para un proyecto llamado "Maravilla de Mujeres contra la Violencia", que ayuda a mujeres con discapacidad, trans, no binarias y migrantes. Este grupo trabaja con otros como la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), ATTTA y la Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias. 

Empleo por ideología

Otra área de explotación de género es el fomento de los espacios inclusivos al Estado y empresas, financiado desde el exterior. ONUsida, UNFPA, PNUD lo movilizan en Argentina a través de la asociación civil Impacto Digital. En 2023 estas entidades más el gobierno del Reino de los Paí­ses Bajos financiaron el 49% del programa con u$s 23.520.591, más un 43% es decir u$s 63.490.936 provenientes de Fundaciones y empresas. En 2024 Argentina se destaca que en 55 de las 82 organizaciones participantes obtuvieron la designación "Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ 2024". El impacto alcanzó a 224,649 empleados, un aumento del 120% respecto al año anterior. El número de empresas participantes creció de 76 a 82 (un 8% más). Todo este esquema deriva en la ley nacional de cupo trans en 2021 (n° 27.636) como otras similares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, además de empleo trans en universidades nacionales, entre otros. La estrategia es generar más burocracia que privilegie las identidades de género por sobre las habilidades y méritos necesarios para el trabajo.

¿Es fácil distinguir entre organismos internacionales, fundaciones privadas y gobiernos locales? Evidentemente no y esa parece ser la naturaleza del negocio. Estos múltiples jugadores operan en una red global de alianzas con nombres diferentes que se coordinan con un plantel de políticos-especialistas-activistas ocupando simultáneamente espacios en organizaciones internacionales y nacionales, el gobierno y medios de comunicación. 

Medios alineados

La idea de los derechos trans se amplifica mediante inversiones en medios de comunicación. Estos promueven una demanda artificial de identidades de género presionando a la corrección política de los medios. El gobierno de Canadá, por ejemplo,entregó u$s 15.535 dólares entre 2020 y 2021 al medio periodístico Presentes: géneros y derechos humanos. Su meta es “visibilizar a través de piezas de comunicación digital y redes sociales cómo las mujeres indí­genas y las personas LGBTI se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 en Argentina y Paraguay”.  Mientras tanto, OSF subvenciona a los medios Anfibia y Cosecha Roja. Además gestiona becas para formar periodistas, que cubran temas como violencia contra las mujeres, crímenes de odio y ataques contra la comunidad LGTTBIQ. Otro caso es la ONG Chequeado.com que dice combatir la desinformación siguiendo esta misma agenda. Recibe fondos de la UNESCO, Endowment for Democracy, las embajadas de Canadá, EE.UU., así­ como universidades, asociaciones civiles y empresas argentinas, entre otras. 

Vender la transversalización como innovación 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó en 2018 un préstamo de u$s 44.300 millones que impulsó la transversalización de género con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, ampliando la agenda en toda la estructura estatal. Esto derivó en la Ley Micaela (n 27.499) de 2019, que obliga a capacitar en perspectiva de género a los tres poderes del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo), extendiéndose a provincias y universidades nacionales.

En 2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportó u$s 50 millones para mitigar la violencia de género y promover la equidad. El programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se sirve de estos fondos. Este beneficia directamente a 258,000 personas con acceso a justicia y acompañamiento. Además abarca a las 24 jurisdicciones, formando a un nuevo rubro laboral: capacita a 35,840 facilitadores y equipa a 12,000 promotores, además de construir Centros Territoriales Integrales. Estas medidas consolidan burocracias de género en todos los niveles de gobierno, generando un mercado laboral permanente que depende del erario público.

Solidaridad forzada, negocio asegurado

Otra fuente de financiación surge del “aporte extra solidario” obligatorio del 0,5% del sueldo bruto de trabajadores afiliados o no, que sirve de sustento a sus lineamientos transactivistas de los gremios. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es uno de los dos sindicatos más grandes, que representa a trabajadores de la administración nacional, provincial y municipales. La ATE celebra el aporte con lenguaje inclusivo: “Crecemos entre todes: el aporte solidario de les trabajadores se utilizará para iniciativas de capacitación y distintas acciones sociales”. En el caso de los gremios docentes, prácticamente todos son transactivistas como se resume en este gráfico. 

Asimismo, los sindicatos de docentes de establecimientos educativos privados continúan movilizándose contra el gobierno anti-LGBT aunando fuerzas con FALGBT. 

El género se queda sin negocio

La agenda, antes rica en fondos e influencia, se está frenando con Milei. Como representante del poder ejecutivo desmantela el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI y elimina el lenguaje inclusivo de las comunicaciones oficiales. También recortó la aplicación de la ley Micaela, que obligaba a participar a empleados públicos en temas de género a violencia familiar y se reduce a solo los organismos específicos. Además no aplica el cupo trans y, con dos decretos 61/2025 y 62/2025, limita la ley trans. Ahora las cárceles se asignan según el sexo de nacimiento y se prohibirí­an los tratamientos de género a menores.

El poder judicial y legislativo también están dejando de apoyar estas ideas. El Congreso ha eliminado para ambas cámaras los cursos impartidos con contenido transgenerista, como antes.  Y el poder judicial que daba muchos cursos a los trabajadores judiciales, ahora solo ofrece tres cursos sobre justicia y género, lo que muestra que el interés está cayendo. 

Las provincias no sueltan el negocio

Mientras que en la actualidad el gobierno nacional pone freno al progresismo institucional, a nivel provincial sus polí­ticas siguen presentes. Probablemente mantenerlas les da votos y mantiene también contenta a su burocracia transgenerista ya que muchos viven del empleo público. 

La agenda de género persiste en las provincias. Para solo nombrar unos pocos, en el norte, la provincia de Jujuy tiene el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades y la provincia de Salta cuenta con su Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En el sur, Tierra del Fuego apuesta con su Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades y hasta la Ciudad de Buenos Aires sigue con la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretarí­a de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos. 

Vemos el caso de la provincia más populosa del paí­s. Desde la creación en 2019, del Ministerio de Mujeres y Diversidad lidera el camino extendiendo su influencia en cada rincón de la gestión pública. Lo respaldan cuatro subsecretarí­as clave que transversalizan el género y amplifican su mensaje mediante direcciones especializadas. La PBA tampoco ha puesto el freno en el área de salud. Para este año 2025 se septuplicaron los centros de hormonización desde 13 años en adelante de 20 a 141. En 2020 y 2023 gastaron aproximadamente más de u$d 2.000.000 en tratamientos hormonales, incluso para menores. En educación, el derroche continúa con la instrucción en la ideologí­a de la identidad de género. Se invirtieron $ 4.385 millones en libros para la adquisición de 1.218.000 ejemplares en el marco de la ESI y pese a la polémica y denuncias se distribuyeron en la provincia.

En síntesis

Los ejemplos analizados, como el financiamiento de organizaciones de la ONU, fundaciones como la de Soros y la coordinación de actores nacionales, demuestran que la supuesta demanda por la identidad de género no surge de una realidad histórica, sino de una estrategia de lucro impuesta desde arriba. 

La ideologí­a de género insiste en que las personas transgénero han existido siempre, silenciadas por un sistema opresor, pero el sexo, como hecho biológico inmutable, desmiente esta narrativa. Lejos de reflejar una verdad universal, esta agenda obliga a todos a aceptarla, sirviendo a los intereses de grupos que manipulan emociones para consolidar su poder.

(*) La autora es residente en Japón, Profesora de la Universidad Kwansei Gakuin.